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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-07034-01

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-07034-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Confirmar la sentencia de 11 de diciembre de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas. Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-07034-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

12 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07034-01
Accionante: OMAR SEGUNDO RODRÍGUEZ AYALA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Temas: Tutela contra fallo de la misma naturaleza. Cosa juzgada constitucional
fraudulenta -fraus omnia corrumpit-. Reglas precisadas en la
jurisprudencia constitucional

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte demandante contra la sentencia de 11 de diciembre de 2025,
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la que se declaró
improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 7 de noviembre de 2025, la parte actora interpuso acción de tutela en la que solicitó
al juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la seguridad social, a la vida, a la protección reforzada y al principio de
legalidad, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“Señor Juez, ruego a usted se sirva ordenar la suspensión inmediata de la acción
perturbadora de mi derecho, ordenando al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SANTANDER revocar o anular el fallo de tutela de Segunda Instancia de fecha 23 de
Septiembre de 2025, en su lugar se me amparen mis derechos fundamentales como son:
El derecho al DEBIDO PROCESO, derecho al PRINCIPIO DE LEGALIDAD, derecho A
LA SEGURIDAD SOCIAL, derecho al CUMPLIMIENTO DE FALLOS JUDICIALES,
derecho a la PROTECCIÓN REFORZADA DEL ADULTO MAYOR, derecho a la vida
digna, derecho al principio de la Buena Fe, confianza legítima, y demás derechos conexos
y complementarios, para el cumplimiento de la providencia del JUZGADO SEGUNDO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA, de fecha trece (13) de
febrero de dos mil veinticinco (2025) correspondiente al proceso ejecutivo para el
cumplimiento del proceso ordinario para obtener el pago por concepto del incremento de
la pensión de vejez”.

2. Hechos

De las pruebas que obran en el expediente de tutela se advierte lo siguiente:

El señor Omar Segundo Rodríguez Ayala promovió acción de tutela en contra de la
Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones), con el fin de

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Accionante: Omar Segundo Rodríguez Ayala

que se ordenara el cumplimiento inmediato de lo dispuesto en la providencia del 13
de febrero de 2025, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Bucaramanga dentro del proceso ejecutivo 68001-33-33-013-2018-00375-00,
mediante la cual se dispuso la actualización del crédito a su favor en la suma de
$24.110.122.

El asunto correspondió en primera instancia al Juzgado Catorce Administrativo del
Circuito Judicial de Bucaramanga, bajo el radicado n.º 68001-33-33-014-2025-
00175-00, que mediante sentencia del 1 de septiembre de 2025 declaró la
improcedencia de la acción de tutela y negó la pretensión de amparo relacionada
con el derecho fundamental de petición. Ello, luego de considerar que no se cumplía
con el requisito de subsidiariedad, en tanto el actor contaba con el incidente de
desacato y otras medidas coercitivas para asegurar el cumplimiento de la orden
judicial. Además, encontró que Colpensiones había dado respuesta de fondo a lo
solicitado mediante el oficio BZ2025_12055013-1844418 del 16 de junio de 2025.

Contra dicha decisión, el actor interpuso impugnación en la que manifestó que los
términos judiciales para realizar la actualización del crédito ya habían fenecido y que
la respuesta brindada no era de fondo, clara ni congruente con lo solicitado.

El Tribunal Administrativo de Santander mediante sentencia del 23 de septiembre de
2025, confirmó la decisión impugnada, acogiendo las mismas consideraciones del
juez de primera instancia.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora hizo referencia a los artículos 23, 29, 48 y 86 de la Constitución
Política y expuso que la autoridad judicial accionada incurrió en un error al considerar
que existía otro mecanismo de defensa, por tratarse del cumplimiento de una orden
impartida en el proceso ejecutivo, sin que se cuente con otra instancia judicial para
la protección de sus derechos fundamentales.

4. Oposición

4.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Santander

La magistrada ponente de la decisión objeto de reproche solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela, al considerar que mediante esta se pretende
cuestionar un fallo de la misma naturaleza. Asimismo, hizo referencia a las
actuaciones procesales que se surtieron y a los motivos por los cuales se resolvió
declarar improcedente la solicitud de tutela.

4.2. Respuesta del Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de
Bucaramanga

La titular del despacho judicial solicitó que se declarara improcedente la solicitud o,
en su defecto, que se negaran las pretensiones de la demanda, al considerar que no
se vulneraron los derechos fundamentales alegados por el actor.

4.3. Respuesta de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones

La directora de Acciones Constitucionales de la entidad solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela, luego de exponer que esta pretende controvertir un
fallo de la misma naturaleza constitucional.

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Accionante: Omar Segundo Rodríguez Ayala

4.4. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bucaramanga envío
copia del expediente digital del proceso ejecutivo identificado con radicado n.°
68001-33-33-013-2018-00375-00.

5. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Quinta del Consejo de Estado por medio de sentencia del 11 de
diciembre de 2025, declaró improcedente la acción de tutela, bajo el argumento de
que no se configuraba la excepción de procedencia para controvertir un fallo de la
misma naturaleza, dado que no se alegó ni se probó una situación de cosa juzgada
fraudulenta, sino un simple desacuerdo con la decisión adoptada por el juez de tutela,
con el propósito de reabrir un debate ya zanjado.

6. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el accionante
impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se revocara la decisión para, en
su lugar, conceder el amparo de los derechos fundamentales alegados.

Manifestó que se presentó una interpretación errónea respecto de la procedencia de
la acción de tutela para cuestionar providencias de la misma naturaleza, a lo que
agregó que no se valoró adecuadamente la vulneración de sus derechos
fundamentales ni la configuración de los defectos sustantivo, procedimental o por
desconocimiento del precedente judicial.

Argumentó que se pasó por alto lo dispuesto en las sentencias T-606 de 2010 y
SU-556 de 2019, relacionadas con el incumplimiento de fallos judiciales. Añadió que,
dado que es una persona adulta mayor, la decisión cuestionada compromete su
mínimo vital y su derecho a la seguridad social, y que, en su caso, debía garantizarse
la protección reforzada de las personas mayores, incluso cuando existan otros
mecanismos de defensa judicial.

Trajo a consideración las sentencias de 15 de mayo de 2018 y 12 de junio de 2019,
proferidas por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en las que se estableció la
obligatoriedad de cumplir las órdenes judiciales. Adicionalmente, mencionó las
sentencias T‑183 de 2017, SU‑627 de 2015, T‑426 de 1992 y SU‑388 de 2021 de la
Corte Constitucional.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
se debe revocar la sentencia de 11 de diciembre de 2025 proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción de tutela, y

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si se debe acceder al amparo constitucional en los términos propuestos por el
accionante.

3. Improcedencia general de la acción de tutela contra providencias de la
misma naturaleza

La Sala, en principio, había sostenido que la acción de tutela contra fallos de la
misma naturaleza era improcedente, en virtud de las diferentes sentencias de la
Corte Constitucional que tuvieron como sustento la sentencia SU-1219 de 2001.

Esa Corporación judicial en la sentencia T-272 de 20141, indicó:

“3.1. La Corte Constitucional ha consolidado una extensa línea de precedentes, en
donde ha fundamentado la posibilidad de interponer una acción de tutela contra
providencias judiciales cuando éstas vulneran derechos fundamentales, especialmente
el debido proceso o el acceso a la administración de justicia.
(…)

3.2. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional también ha precisado que la
posibilidad de interponer una acción de tutela contra providencias judiciales no incluye
aquellos casos en los cuales la providencia judicial es otra tutela. Es decir, los
precedentes han establecido que la acción de tutela dirigida contra otra tutela no es
procedente. El criterio unificado de la Corte frente a la improcedencia general de la
acción de tutela contra fallos de tutela, fue precisado en la sentencia SU-1219 de 2001.
En dicha providencia se reiteraron las razones constitucionales por las cuales no
procede la acción de tutela contra fallo de tutela.

En síntesis, en esa decisión la Corte indicó que no es procedente la tutela contra tutela
porque de lo contrario (i) implicaría instituir un recurso adicional para insistir en la revisión
de tutelas que con anterioridad no fueron seleccionadas, (ii) supondría crear una cadena
interminable de demandas, con lo cual resultaría afectado el principio de seguridad
jurídica, (iii) se afectaría el mecanismo de cierre hermenéutico de la Constitución,
confiado a la Corte Constitucional, y (iv) la tutela perdería su efectividad, pues “quedaría
indefinidamente postergada hasta que el vencido en un proceso de tutela decidiera no
insistir en presentar otra tutela contra el fallo que le fue adverso para buscar que su
posición coincida con la opinión de algún juez. En este evento, seguramente el
anteriormente triunfador iniciará la misma cadena de intentos hasta volver a vencer”.

3.3. Así mismo, la sentencia de unificación de la Corte antes citada, precisó que cuando
un juez de tutela falla en la interpretación de la Constitución, incurre en una arbitrariedad
o afecta el debido proceso por configurar una vía de hecho, éstos pueden resolverse en
el proceso de eventual revisión ante la Corte Constitucional, consagrado en el artículo
241 Superior. En otras palabras, una interpretación errada o incompleta de la
Constitución puede ser ajustada en sede de revisión”.
(…)

Con posterioridad, en la sentencia SU-627 de 20152 la Corte Constitucional, rectificó
su jurisprudencia e indicó que excepcionalmente, la acción de tutela procede contra
sentencias de tutela, cuando se adviertan casos de fraude, supuesto que se agrega
a los dos que habían sido contemplados por la jurisprudencia: irregularidad grave en
el curso de una acción de tutela e incidente de desacato, con la precisión que la
improcedencia absoluta, sin ninguna excepción, recae en las sentencias de tutela
que dicte la Sala Plena o las Salas de Revisión de esa Corporación. En esa ocasión,
la Corte expresó:

1
M. P. María Victoria Calle Correa.
2
Sentencia de 1º de octubre de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.

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“4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un
proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia
proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que
no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida
por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de
Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que
debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista
fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre
y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad
procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y
suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una
situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.

4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes
a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con
posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión
del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que
serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte
Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el
cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no
procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que
habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional.”

Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia T-313 de
3
2018 , consideró que la acción de tutela es procedente contra la providencia que
rechaza la impugnación en un trámite de la misma naturaleza. Al respecto, sostuvo:

“En el asunto que se examina, la acción de tutela no se dirige contra un fallo de tutela,
sino contra ciertos autos proferidos en el curso del trámite de amparo. La Corte
Constitucional unificó su jurisprudencia en la sentencia SU-627 de 2015, en la que
consideró que la tutela sí era procedente frente a actuaciones arbitrarias de los jueces
de tutela, que se hubieran realizado antes o después de proferir el fallo, por lo que este
requisito de procedencia se encuentra superado”.

El citado criterio jurisprudencial ha sido acogido por esta Sala, teniendo en cuenta
que la unificación realizada por la Corte Constitucional trasciende del caso concreto
y fija reglas de derecho que deben ser acatadas por todas las autoridades públicas.
4
De otra parte, en la sentencia T-322 de 2019 , la Corte Constitucional resaltó que
previó a la verificación de la existencia de un fraude, es pertinente constatar si el fallo
de tutela reprochado ya fue objeto de la eventual revisión que le ha sido atribuida a

3
M.P. Carlos Bernal Pulido.
4
M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

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esa corporación judicial, pues de lo contrario tornaría improcedente la solicitud de
amparo.

Ahora bien, superada la revisión ante la Corte Constitucional, ya sea porque fue
seleccionado o, en su defecto, porque no se seleccionó, le corresponde a la parte
accionante demostrar el fraude en la sentencia de tutela. Sobre este particular, la
Corte Constitucional en la referida sentencia T-322 de 20195, con el fin de identificar
los criterios seguidos por las diferentes Salas de Revisión, precisó de manera
indicativa en qué casos existe una situación de fraude, para lo cual elaboró el
siguiente cuadro:

Jurisprudencia constitucional y cosa juzgada constitucional fraudulenta

Improcedencia de la Procedencia de la acción de tutela
acción de tutela
• La acción de tutela Condiciones necesarias
no se soporta en Actuación prima facie dolosa o Decisión judicial Indicios de la existencia de una
hechos objetivos (T- gravemente culposa. evidentemente incorrecta situación de fraude.
951/13).
Esta calificación puede Esta calificación puede 81. Evidencia de que el
4 El fundamentarse fundamentarse fallo de tutela fue
accionante proferido sin que se
discrepa sobre 63 En la 73. En la verificaran las
una decisión de existencia de condiciones de
interpretación autoridad una procedibilidad de este
sustantiva competente interpretación mecanismo excepcional
o donde se declare normativa (T-218/12, T- 399/13, T-
probatoria (T- laconducta abiertamente 272/14 y T-073/19)
373/14,T- dolosa del juez contraria a los
093/18 y T- (T- 218/12) postulados 82. Ausencia de
470/18) constitucional certeza del derecho
64 En la esy a la reconocido (T-218/12, T-
5 Se apertura de buena fe 399/13)
incumple con la investigaciones judicial (T-
carga de disciplinarias o 073/19). 83. Protección de un
demostrar la penales acerca elevado número de
existencia de de la 74. En la peticionarios, cuya
fraudulenta (T- configuración afectación del situación individual no
072/18). del delito (T- patrimonio alcanza a ser
399/13) público (T- debidamente examinada
218/12, T- dentro del término de
65 En la 399/13, T- diez
materialización del 272/14 y T- (10) días del que dispone el juez para
dolo enla sentencia 073/19). decidir (T-272/14).
judicial (T-218/12,
T- 951/13, T- - Se presenta acción de tutela contra
373/14, T-427/17 y una entidad que, por estar sumida en
T- 470/18) un estado de cosas inconstitucional,
presenta una limitada capacidad para
ofrecer respuesta oportuna a las
demandas de sus afiliados y
beneficiarios (T-272/14).
• El cumplimiento del fallo de tutela
proferido en las circunstancias
descritas amenaza el goce efectivo de
derechos fundamentales de terceros
(T-272/14).

• El reconocimiento de una prestación
de forma manifiestamente ilegal.

Adicionalmente, la Corte Constitucional ha considerado que quien pretenda la
revocatoria de una sentencia de tutela que ha hecho tránsito a cosa juzgada
constitucional debido a su no selección, debe cumplir con una exigente carga
argumentativa dirigida a demostrar i) que el juez de tutela incumplió un deber básico
de conducta que se opone a los requerimientos medulares que se anudan a la tarea
de administrar justicia, manifiesta en una actuación dolosa o extremadamente
negligente y ii) que el fallo de tutela objetado no pueda ser admitido debido a que
resulta evidentemente incorrecto, implicando, además, una afectación grave del
patrimonio público.

Así mismo, “la parte interesada debe demostrar, con base en fundamentos claros, ciertos,
serios y coherentes la situación de fraude alegada, la incidencia en la decisión adoptada, la
evidente violación de un derecho fundamental y que la afectación sea significativa y
trascendental (trasgredir de manera grave el patrimonio público). En este sentido, no serán

5
M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

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de recibo razones o interpretaciones que obedezcan al disgusto o inconformismo del
solicitante por la sentencia atacada. Ese presupuesto tiene fundamento en el principio de
seguridad jurídica y cosa juzgada constitucional”.

Con todo, la jurisprudencia constitucional ha precisado las subreglas que determinan
la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias que se dicten
dentro de un trámite tutelar, a saber: (i) cuando la providencia acusada haya sido
proferida por otro juez o tribunal diferente a la Corte Constitucional (ii) que la decisión
superó el trámite de la revisión ante esa corporación judicial, es decir, que no hubiera
sido seleccionada para revisión y (iii) que en ésta se configure el fenómeno de la
cosa juzgada fraudulenta, a partir de las particularidades mencionadas en
precedencia.

4. Estudio y solución del caso concreto

El señor Omar Segundo Rodríguez Ayala, quien actúa en nombre propio, interpuso
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander, al considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a
la vida, a la protección reforzada y al principio de legalidad, con ocasión de la
sentencia de tutela de 23 de septiembre de 2025, en la que se resolvió confirmar la
decisión que declaró improcedente la solicitud de amparo.

En consecuencia, el accionante solicitó que se deje sin efectos la decisión proferida
en la acción de tutela por considerar que la misma incurrió en un error al considerar
que existía otro mecanismo de defensa, por tratarse del cumplimiento de una orden
impartida en el proceso ejecutivo, sin que se cuente con otra instancia judicial para
la protección de sus derechos fundamentales.

La Sección Quinta del Consejo de Estado mediante sentencia de 11 de diciembre
de 2025, declaró improcedente la solicitud de amparo, al considerar que la parte
actora no demostró que en el asunto se configurara la cosa juzgada fraudulenta,
sino que, por el contrario, los argumentos denotaban la inconformidad con el fallo de
tutela que no accedió a la protección solicitada.

En primer lugar, la Sala destaca que en el caso de la referencia la Corte
Constitucional excluyó del trámite de revisión eventual la acción de tutela n.° 68001-
33-33-014-2025-00175-00 interpuesta por el señor Omar Segundo Rodríguez Ayala
contra la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, mediante la cual
se profirió la sentencia de 23 de septiembre de 2025, controvertida por el accionante.
Ello se evidencia en la siguiente imagen, tomada de la página web de la Corte
Constitucional:

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La información anterior resulta relevante, pues en la sentencia T-023 de 2023 la
Corte Constitucional estableció que, en principio, las acciones de tutela contra
decisiones de tutela son improcedentes mientras no se haya surtido el trámite de
selección y revisión eventual.

Por lo tanto, dado que la acción de tutela interpuesta por el accionante no fue
seleccionada por la Corte Constitucional para revisión eventual, se procederá a
analizar los demás requisitos de procedencia de la tutela frente a actuaciones dentro
de un proceso de tutela, conforme a lo establecido en la sentencia SU-627 de 2015,
la cual tiene carácter unificador en esta materia.

Así las cosas, se destaca que en la sentencia SU-627 de 2015 la Corte Constitucional
unificó su jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela contra
providencias emitidas en el marco de otra acción de la misma naturaleza. En dicha
sentencia se explicó la necesidad de distinguir entre dos supuestos: cuando la tutela
se interpone contra una sentencia de tutela y cuando se interpone contra una
actuación anterior o posterior a dicha providencia.

En el caso de acciones de tutela que impugnan fallos de tutela, como el presente, la
Corte Constitucional estableció que, cuando la acción de tutela se interpone contra
una sentencia dictada por un juez de tutela (distinto a la Corte Constitucional), la
acción de amparo puede ser procedente de manera excepcional si se cumplen los
siguientes requisitos:

(i) El cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales.
(ii) La acción de tutela presentada no comparte identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada.
(iii) Se demuestre de manera clara y suficiente que la decisión adoptada en la sentencia fue
producto de una situación de fraude (cometida por una de las partes, por las dos o,
incluso, con anuencia del juez).
(iv) No exista otro mecanismo judicial eficaz para conjurar la situación.

De conformidad con lo anterior, la Sala precisa que comparte el análisis realizado
por el a quo al establecer que lo pretendido por el demandante se torna
improcedente, debido a que en el caso no se advierte cumplido el requisito de la
relevancia constitucional como pasa a explicarse.

La jurisprudencia ha reiterado que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está condicionada a que el asunto tenga una evidente
relevancia constitucional, con el fin de proteger la autonomía funcional y la
independencia judicial, dado que los jueces de tutela no tienen competencia para
sustituir al juez natural del proceso ni para resolver la controversia que debe ser
dirimida mediante los procedimientos ordinarios o especiales, pues su función se
limita a proteger derechos fundamentales vulnerados y a emitir órdenes orientadas
a su restablecimiento.

Para determinar cuáles casos revisten relevancia constitucional y cuáles no, esta
Sala de Decisión ha adoptado, como guía, los criterios establecidos por la Sala Plena
del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 y por

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la Corte Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, entre otras decisiones, a
saber:

“Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».
Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que
considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales”.

De acuerdo con lo anterior, la Sala observa que, aunque el accionante no explicó de
manera suficiente las razones que sustentan la vulneración alegada, pues se limitó
a indicar que la decisión reprochada incurrió en un error al señalar que existía otro
mecanismo de defensa judicial, sin indicar en que defecto incurre la misma y cuál es
la afectación que se deriva del mismo. Este aspecto, se precisa se torna más
riguroso al pretender controvertir una decisión judicial dictada en el marco de una
acción de tutela dado que las discusiones no pueden quedar en estado de
indefinición porque se comprometen los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica.

Así las cosas, la Sala aclara que no se observa por parte del accionante una
argumentación suficiente que permita demostrar una posible vulneración de
derechos fundamentales, pues lo que realmente se evidencia es una manifestación
de inconformidad con la decisión de 23 de septiembre de 2025, que confirmó la
sentencia del 1° del mismo mes y año, al concluir que no existía vulneración al
derecho fundamental de petición y que lo concerniente al cumplimiento de la orden
judicial -actualización del crédito por parte de Colpensiones- podía ser objeto de
controversia a través de otro mecanismo de defensa judicial y ante el juez natural,
sin que ese debate fuera propio del juez de tutela.

Adicionalmente, la Sala reitera que la exigencia de la carga argumentativa se justifica
porque la acción de tutela contra providencias judiciales es excepcional, es decir,
procede únicamente bajo los supuestos especiales desarrollados por la
jurisprudencia. En consecuencia, el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos
se limita a los argumentos presentados por las partes intervinientes en el proceso.

Asimismo, ese carácter excepcional es aún más riguroso, se reitera, cuando se trata
de una tutela contra una providencia dictada en el trámite de una acción de tutela de
la misma naturaleza, como es el caso que ocupa la atención de esta Sección.

Así las cosas, la Sala encuentra que el actor no argumentó de manera mínima y
razonable la relevancia superior de la acción de tutela frente a la supuesta
vulneración de sus derechos, por lo que se reitera que no basta aducir la afectación
de garantías iusfundamentales para cumplir este requisito de procedencia de la tutela
contra providencias de tutela, sino que es imperativo que el interesado exponga de
manera clara las razones por las cuales las considera vulneradas, lo que no ocurre
en esta oportunidad.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala encuentra que la inconformidad de la demandante
relacionada con la afectación a su mínimo vital no comporta la carga argumentativa
que se exige para quien pretende la revocatoria de sentencias de tutela, pues no se
constata una situación de fraude que configure lo que la jurisprudencia constitucional
ha denominado la cosa juzgada fraudulenta.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07034-01
Accionante: Omar Segundo Rodríguez Ayala

Si bien la tutela contra providencia judicial exige una mayor cualificación en la carga
argumentativa, cuando se cuestionan decisiones de tutela es aún mayor, no solo
porque se ha configurado la cosa juzgada constitucional material -cuando la Corte
Constitucional excluye de revisión un caso-, sino porque las discusiones no pueden
quedar en un estado de indefinición, pues ello compromete seriamente la presunción
de legalidad y acierto de las decisiones judiciales.

Los argumentos propuestos no se dirigen a demostrar una actuación dolosa o
extremadamente negligente por parte del juez de tutela, como tampoco que se trate
de unas decisiones incorrectas que conlleven la afectación grave del patrimonio
público.

Por el contrario, se insiste, se trata de inconformidades respecto de la declaratoria
de improcedencia de la acción de tutela, pero que no tienen la entidad suficiente para
que la Sala analice de fondo la sentencia de tutela cuestionada. Por lo tanto, al no
prosperar los argumentos de la impugnación, procede confirmar la decisión de
primera instancia.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA

Primero.- Confirmar la sentencia de 11 de diciembre de 2025, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas.

Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx .
.

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