Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07038-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Relevancia constitucional: se acudió a la acción de tutela con el propósito de
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07038-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07038-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
9 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07038-00
Accionado: MARÍA EMILCE AMAYA CAMPOS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Procedencia
excepcional / REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL -
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Se acudió a la acción de tutela con el propósito de
reabrir la discusión definida en el proceso ordinario. REQUISITO DE INMEDIATEZ – No se
cumple porque la demanda de tutela se presentó después de cumplido el término
considerado como razonable para cuestionar una providencia judicial
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada
por la señora María Emilce Amaya Campos, de conformidad con lo consagrado en
el artículo 86 de la Constitución Política, en los artículos 29 y 37 del Decreto 2591
de 19911.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 7 de noviembre de 2025, la señora María Emilce Amaya Campos, mediante
apoderado2, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Magdalena, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, el acceso a la administración de justicia, la igualdad, la
seguridad social y el mínimo vital.
Hechos relevantes
2. El señor Germán Said Chacón Serrato era pensionado por vejez de la Caja
Nacional de Previsión Social. A través de resolución No. 2494 del 12 de mayo de
2003, dicha Caja extinta reconoció y pagó la pensión de vejez a ese señor.
3. Asimismo, el 27 de mayo de 1972, el señor Chacón Serrato y la señora María
Emilce Amaya Campos contrajeron matrimonio en la parroquia de San Pedro en
Bogotá, el cual fue registrado en la Notaría Octava del Círculo de Bogotá.
1 Que ingresó para fallo el 21 de noviembre de 2025.
2 El abogado es el señor Carlos Andrés Rodríguez Moreno.
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07038-00
Accionante: María Emilce Amaya Campos
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
4. No obstante, desde el 15 de mayo de 1990, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá decretó la separación de cuerpos entre estos. Además, los
cónyuges liquidaron la sociedad matrimonial el 28 de octubre de 1992 ante la
Notaría Trece del Círculo de Bogotá a través de escritura No. 3876. De igual modo
terminaron su relación desde agosto de 1989.
5. Por otra parte, el señor Chacón Serrato y la señora Margarita Rosa Rozo Chacón
convivieron en unión marital de hecho entre el 29 de agosto de 1989 hasta el 7 de
mayo de 2016, misma fecha en la que falleció el señor en mención. Es decir que
convivieron bajo el mismo techo, compartiendo techo, lecho y mesa, así como la
vocación de auxilio mutuo, estabilidad y permanencia. De allí tuvieron a Marlon Said
y Ana Fernanda Chacón Rozo como hijos.
6. Ante el fallecimiento del señor Germán Said Chacón Serrato, la señora Rozo
Chacón solicitó ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) el
reconocimiento de pensión de sobrevivientes. Misma que fue resuelta de manera
favorable el 10 de agosto de 2016 a través de la Resolución No. RDP 029362 del
mismo mes y año.
7. A través de acto administrativo No. RDP 39429 del 18 de octubre de 2017, la
UGPP resolvió suspender el reconocimiento realizado en la anterior resolución
debido a que la señora María Emilce Amaya Campos solicitó el reconocimiento de
la pensión por haber sido la esposa del pensionado. Por tanto, una vez se
presentaron los recursos administrativos, quedó en firme la decisión a través de la
manifestación de voluntad de la administración No. RDP003810 del 2 de febrero de
2018.
8. Motivo por el cual, la señora Margarita Rosa Rozo Chacón presentó demanda de
nulidad y restablecimiento de derecho con el fin que se declarara la nulidad de las
resoluciones RDP 039429 del 18 de octubre de 20173, RDP 047719 del 22 de
diciembre de 20174 y RDP 003810 del 2 de febrero de 20185 y se declarara que la
señora María Emilce Amaya Campos no tenía derecho a la pensión de
sobrevivencia reclamada del señor Germán Said Chacón Serrato, por no tener
ningún derecho a reclamar. Por lo anterior, la UGPP debía reconocer y pagar la
pensión de sobreviviente a favor de la señora Margarita Rozo Chacón, incluyendo
las mesadas ordinarias y adicionales a partir del 1° de diciembre de 2017. Misma
fecha en la que se suspendió el pago. Así como las sumas que resultaran a su favor
3 “Por medio de la cual la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, suspende el reconocimiento
realizado con la resolución No. RDP 029362 del 10 de agosto de 2016 y deja en suspenso el posible
derecho y el porcentaje del 100% que le pudiera corresponder respecto a la pensión de
sobrevivientes con ocasión al fallecimiento del señor GERMAN SAID CHACON SERRATO”.
4 “Por medio de la cual la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, resuelve un recurso de
Reposición y confirma la Resolución RDP 039429 del dieciocho (18) de octubre de dos mil diecisiete
(2017)”.
5 “Por medio de la cual la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, resuelve un recurso de
apelación en contra de la Resolución RDP 039429 del dieciocho (18) de octubre de dos mil diecisiete
(2017), confirmándola en su integridad”.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07038-00
Accionante: María Emilce Amaya Campos
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
y devengaran intereses moratorios de acuerdo con el artículo 192 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante
CPACA), así como los intereses moratorios correspondientes en el artículo 141 de
la Ley 100 de 1993.
9. En primera instancia fue conocido por el Juzgado Segundo Administrativo Oral
del Circuito de Santa Marta, quien a través de sentencia del 29 de septiembre de
2023 adoptó las siguientes determinaciones: (i) declaró la nulidad de las
resoluciones RDP 039429 del 18 de octubre de 2017, RDP 047719 del 22 de
diciembre de 2017 y RDP 003810 del 2 de febrero de 2018 y la nulidad parcial de
la resolución RDP 029362 del 10 de agosto de 2016 que le reconoció la pensión de
sobreviviente a la señora Rozo Chacón en un porcentaje del 100% de lo que
devengaba el señor Chacón Serrato; (ii) ordenó a la UGPP el reconocimiento y
pago de la sustitución pensional a partir del día siguiente al fallecimiento del
causante (a) María Emilce Amaya Campos, el 41% de la pensión de jubilación; y
(b) Margarita Rosa Rozo Chacón el 59% de la pensión de jubilación. Lo anterior de
acuerdo con el parágrafo del artículo 8 del Decreto 1160 de 1989 reglamentario de
la Ley 71 de 1988. Entre otras decisiones.
10. Durante el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, la
señora Margarita Rosa Rozo Chacón falleció6.
11. Inconforme con la decisión, tanto la parte demandante como la parte
demandada interpusieron recurso de apelación. Mismo que fue conocido por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, que a través de sentencia del 26 de febrero
de 2025 determinó revocar parcialmente la sentencia de primera instancia y en
consecuencia: (i) declarar la nulidad de la Resolución No. RDP 039429 del 18 de
octubre de 2017 que suspendió la pensión reconocida a la señora Margarita Rozo,
la Resolución RDP 047719 del 22 de diciembre de 2017 que resuelve el recurso de
reposición y la No. RDP 003810 del 2 de febrero de 2018 que resuelve el recurso
de apelación; (ii) ordenó a la UGPP que reconozca y pague en favor de la sucesión
procesal, es decir que la asignación solo pueda hacerse a través del respectivo
juicio de sucesión de la señora Margarita Rosa Rozo Chacón en calidad de
compañera permanente del señor Chacón Serrato, una pensión de sobreviviente a
partir del día siguiente al fallecimiento del causante y hasta el 2 de octubre de 2023,
fecha del deceso de la señora Rozo Chacón; (iii) las sumas a que se condena a la
entidad demandada por medio de la providencia, aplicando la fórmula indicada en
la parte motiva de esa sentencia; (iv) no declarar la prescripción de las mesadas
pensionales; (v) entre otros.
Pretensiones
12. La parte accionante solicitó lo siguiente (se transcribe textualmente):
“Primero. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, acceso a la justicia, seguridad social y mínimo vital de la
señora MARÍA EMILCE AMAYA CAMPOS, vulnerados por las
providencias judiciales cuestionadas.
6 Específicamente el 2 de octubre de 2023.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07038-00
Accionante: María Emilce Amaya Campos
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Segundo. Dejar sin efectos la sentencia del 26 de febrero de 2025 proferida
por el Tribunal Administrativo del Magdalena – Despacho 01 y, dentro del
medio de control radicado No. 47001333300220190021801.
Tercero. Ordenar al Tribunal Administrativo del Magdalena – Despacho
01 que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del fallo de
tutela, profiera nueva sentencia respetando el precedente
constitucional, con carga argumentativa reforzada, y que:
a) Reconozca el 100 % de la sustitución pensional a favor de la
accionante, ante la ausencia de convivencia simultánea y el
fallecimiento de la cónyuge durante el proceso; o, en subsidio,
b) Motive de manera expresa, suficiente y estricta cualquier eventual
apartamiento del precedente, so pena de nulidad por defecto sustantivo
y desconocimiento del precedente.
Cuarto. Ordenar a la UGPP que, a la notificación del fallo de tutela,
reconozca y pague a favor de la accionante:
a) Las mesadas pensionales completas (100 %) a partir del nuevo fallo
del Tribunal; Los retroactivos e indexación desde el día siguiente al
fallecimiento del causante es decir, desde el 18 de mayo de 2016; y
b) Los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de
1993, hasta el pago efectivo.
Quinto. Oficiar a la UGPP y al Tribunal para que informen dentro de las 48
horas el inicio de cumplimiento y, dentro del término de la orden, anexen
soportes del pago y de la reexpedición del fallo;
Sexto. Exhortar a las autoridades judiciales accionadas a observar el
precedente constitucional y la carga argumentativa reforzada cuando
pretendan apartarse de él en materia de sustitución pensional,
especialmente frente a sujetos en situación de vulnerabilidad ”7(Negrita
dentro del texto).
Fundamentos de la demanda de tutela
13. La parte demandante indicó que la acción de tutela cumple con los requisitos
generales de procedencia porque (i) la relevancia constitucional se en el momento
en el cual se afectaron sus derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital
y seguridad social denegando cualquier ingreso pensional tras la decisión de
segunda instancia; (ii) la subsidiariedad, porque de acuerdo con la sentencia T-504
de 2000, se surtió la doble instancia y no existe otro medio judicial ordinario para
restablecer los derechos vulnerados; (iii) la inmediatez, de acuerdo con la sentencia
T-315 de 2005, es inmediata la vulneración al debido proceso; (iv) la irregularidad
procesal se genera de acuerdo con las sentencias T-008 de 1998 y la SU-159 de
2000; (v) hay una clara identificación de los hechos de acuerdo con la sentencia T-
658 de 1998 y (vi) no se presenta contra otra tutela, según lo analizado en la
sentencia T-522 de 20018.
7 Pág. 3 del escrito de tutela. Visible a índice 2 de Samai.
8 Las sentencias traídas a colación no fueron explicadas porque eran aplicable a su caso ni de que
se trataban las mismas.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07038-00
Accionante: María Emilce Amaya Campos
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
14. En cuanto a los requisitos específicos adujo que la autoridad accionada incurrió
en un defecto fáctico por la valoración indebida de (a) la resolución RDP 029362
de 2016 que reconoció la pensión a la compañera (sic); (b) el registro civil de
defunción de Margarita Rozo Chacón 02 de octubre de 2023 y (c) las constancias
de separación y liquidación conyugal desde 1992, que acreditan ausencia de
convivencia simultánea. Pero no fundamentó el motivo por el cual se presentaba
dicha valoración.
15. De igual modo, se configuró el defecto sustantivo porque el tribunal interpretó
y aplicó erróneamente las normas de seguridad social y los precedentes sobre
sustitución pensional entre cónyuge y compañera permanente. Así como también
ignoró los criterios fijados por la Corte Constitucional en las sentencias SU-540 de
2012, T-707 de 2013 y T-495 de 2017 a través de las cuales se establece que una
vez fallecida la compañera permanente, debe reasignarse en un 100% a la cónyuge
sobreviviente, siempre que no haya convivencia simultánea. Pero a pesar dicha
autoridad a pesar de conocer el fallecimiento de la compañera el 2 de octubre de
2023, le otorgó el 100% de la pensión a los herederos, desconociendo la vigencia
pensional.
16. Expuso que se presentó un desconocimiento del precedente porque se
apartó el tribunal accionado se apartó injustificadamente de la línea jurisprudencial
relacionada con el tema de la situación pensional y omitió los pronunciamientos del
Consejo de Estado y la Corte Constitucional sobre la prohibición de sustitución post
mortem a herederos de una persona fallecida antes del reconocimiento pensional9.
Así como también un defecto procedimental absoluto porque omitió aplicar el
principio de congruencia y contradicción al no resolver de manera motivada las
pretensiones ni la apelación interpuestas por la señora Amaya Campos.
Trámite procesal
17. Mediante auto del 11 de noviembre de 2025, el despacho sustanciador admitió
la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Tribunal Administrativo del
Magdalena como accionado y al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Santa Marta, a la (UGPP) y al Ministerio Público, como terceros con interés, para
que ejercieran su derecho de defensa; Lo mismo ocurrió con los miembros de la
sucesión procesal de la señora Margarita Rozo Chacón, para esos efectos
comisionó al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Santa Marta para que
por su conducto, realizara la notificación de dichos sujetos procesales. Por lo que
solicitó que la Secretaría General librara el oficio correspondiente dirigido a ese
Juzgado, quien debía acreditar el cumplimiento. De otra parte, negó la medida
provisional solicitada; requirió al Tribunal Administrativo del Magdalena y a la
(UGPP) para que informara quienes integraban la sucesión procesal de la señora
Margarita Rozo Chacón dentro del proceso identificado con el radicado 47001-33-
33-002-2019-00218-00/01 e indicara si existían personas beneficiarias de la
sustitución pensional de la cual fue titular. Asimismo, ordenó al tribunal accionado
y al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Santa Marta que remitiera en
9 No precisó a que jurisprudencia se refería.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07038-00
Accionante: María Emilce Amaya Campos
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
calidad de préstamo el expediente anteriormente mencionado y reconoció
personería adjetiva al abogado Carlos Andrés Rodríguez Moreno.
Intervenciones
18. El Tribunal Administrativo del Magdalena a través del Secretario General
adjunto la sentencia de segunda instancia del proceso identificado con el radicado
47001-33-33-002-2019-00218-00/01, para indicar que en el folio 19 se encuentra
todo lo relacionado con la sucesión procesal de la señora Margarita Rosa Rozo
Chacón (Q.E.P.D) y se precisan las demás personas beneficiadas.
19. La Unidad Administrativa Especial de la Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) expresó que la
acción de tutela no cumple con los requisitos generales de procedencia, en este
caso la inmediatez10 ni subsidiariedad, y lo pretendido por la parte accionante es
sustituir una decisión judicial ejecutoriada proferida por el juez natural de la causa.
Además, consideró que no se puede catalogar como una vía de hecho. Lo anterior
debido a que tampoco se logra demostrar como la autonomía del juez de la causa
y su decisión judicial vulnera los derechos al debido proceso, igualdad y acceso a
la administración de justicia.
20. En lo que se refiere al requisito de subsidiariedad, explicó que no se evidencia
que se hubiere iniciado el recurso extraordinario de revisión donde deberá ser el
medio en el que se controvierta las inconformidades que indica en la acción de
tutela. Ahora bien, la decisión adoptada dentro de la acción judicial no solo
garantizó el debido proceso, sino que se enfocó tanto en las normas, la
jurisprudencia que regula el tema como a las pruebas debidamente aportadas al
proceso las cuales fueron debidamente analizadas por el estrado judicial accionado
para decidir el caso de la parte accionante y que culminó con la decisión hoy no
aceptada por quien acciona, por tanto, no existe un defecto fáctico ni sustantivo.
Sumado a que la acción de tutela de no es el mecanismo pertinente para obtener
un reconocimiento pensional sin el lleno de los requisitos exigidos por las normas
que la regularon y menos a desconocer el trámite judicial que se surtió ante el juez
natural de la causa y que culminó en una negativa de las pretensiones.
21. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Magdalena – Santa
Marta notificó al apoderado de la señora Margarita Rosa Rozo Chacón (Q.E.P.D),
a la hija Ana Fernanda Chacón Rozo y a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de Protección con el fin de dar
alcance al auto admisorio proferido el 11 de noviembre de 2025 del despacho
sustanciador.
22. La señora Ana Fernanda Chacón Rozo hija de la señora Margarita Rosa
solicitó que se negara la acción de tutela. Lo anterior debido a que lo que busca la
parte accionante es convertir en una tercera instancia. Además, señaló que para
atacar una providencia judicial a través de acción de tutela debe identificar uno de
los vicios o defectos materiales correspondiente a las distintas modalidades
10 No precisó porque no se cumple con este requisito.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07038-00
Accionante: María Emilce Amaya Campos
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
tipificadas por la jurisprudencia constitucional pero no alegó específicamente
ninguna de estas. También señaló que la actora no identificó ninguna de las
modalidades de defecto fáctico.
23. De otra parte, mencionó que, si bien la accionante intervino en el proceso
administrativo adelantado por la UGPP, pero en sede judicial guardó silencio y se
abstuvo de presentar pruebas, en general, no aportó ningún elemento de convicción
que permitiera ilustrar a los falladores de instancia sobre sus afirmaciones. Incluso
no existe ninguna manifestación que aparentemente el Tribunal accionado omitió
resolver en sede de apelación, ya que esta nunca existió. De otra parte, mencionó
que no se cumple con el requisito de la inmediatez pues las sentencias fueron
proferidas el 29 de septiembre de 2023 y el 26 de febrero de 2025, mientras que la
acción de tutela fue radicada el 7 de noviembre de la misma anualidad, es decir, 9
meses después.
24. Por último, hizo precisión a que, decisiones citadas en el escrito de tutela como
las sentencias T-707 de 2013, T-495 de 2017 no tienen relación con el objeto de
debate. En cuanto a la sentencia C-590 de 2005, T-292 de 2006, SU-195 de 2012
no ofreció argumentos o parámetros específicos aplicables a su caso.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
25. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
26. En primer lugar, la Subsección debe establecer si la acción de tutela de la
referencia satisface los requisitos de procedibilidad formal, por tratarse de una
tutela contra providencias judiciales. En tal sentido, debe evaluar si se
supera la relevancia constitucional. Lo anterior debido a que, la actora ya contó con
la posibilidad de acceder a las dos instancias dentro del proceso ordinario, lo que
permite determinar que la tutela podría estar orientada a reabrir un debate
previamente resuelto por el juez natural de la controversia. Además, esta Sala debe
verificar si la demanda de amparo de derechos fundamentales se ejerció en un
tiempo razonable, contado a partir de la decisión del 26 de febrero de 2025 proferida
por el Tribunal Administrativo de Magdalena.
27. Con el objetivo de resolver el problema jurídico, la Subsección adoptará la
siguiente ruta de análisis: (i) se reseñarán los requisitos generales para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; en particular se
abordará: (ii) la relevancia constitucional; (iii) la inmediatez en las acciones de tutela
contra providencia judicial; y (iv) se aplicará al caso concreto.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07038-00
Accionante: María Emilce Amaya Campos
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
28. Conforme el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de 200511,
reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que la actora
satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis
causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.
29. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar12; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela13, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional14 o el Consejo de Estado15,
ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-16; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable17 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
30. Una vez superado los requisitos anteriores, la jurisprudencia propone estudiar
los defectos específicos, los cuales cuestionan la sentencia por yerros en su
configuración. Estos son los siguientes:
i.Defecto orgánico, que se genera cuando la sentencia acusada es
expedida por un funcionario judicial que carecía de competencia18.
11 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
12 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
13 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
14 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
15 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
17 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
18 Ver, por ejemplo, las Sentencias SU-041 de 2018, SU-373 de 2019 y SU-388 de 2021.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07038-00
Accionante: María Emilce Amaya Campos
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
ii.Defecto procedimental absoluto, que se produce cuando la autoridad
judicial actuó por fuera del procedimiento establecido para
determinado asunto.19
iii.Defecto fáctico, que se presenta cuando la providencia acusada tiene
problemas de índole probatorio, como la omisión del decreto o práctica de
pruebas, la valoración de pruebas nulas de pleno derecho o la realización
indebida y contraevidente de pruebas existentes en el proceso20.
iv.Defecto material o sustantivo, que ocurre cuando la decisión judicial se
toma con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o
cuando existe una clara contradicción entre los fundamentos de la
decisión21.
v.Error inducido, que se genera cuando la autoridad judicial vulnera los
derechos fundamentales del afectado producto de un error al que ha sido
inducido por factores externos al proceso, y que tienen la capacidad de
influir en la toma de una decisión contraria a derecho o a la realidad fáctica
probada en el caso22.
vi.Decisión sin motivación, que supone que el juez no cumplió con su deber
de expresar los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión23.
vii.Desconocimiento del precedente, que se genera cuando frente a un caso
con los mismos hechos una autoridad se aparta de los procedimientos
establecidos por los tribunales de cierre (precedente vertical) o por los
dictados por ellos mismos (precedente horizontal), sin cumplir con la carga
de justificar de forma suficiente y razonada por qué se cambia de
precedente24.
viii.Violación directa de la Constitución, que se genera cuando una
providencia judicial desconoce por completo un postulado de la
Constitución, le atribuye un alcance insuficiente o lo contradice25.
31. A esta altura se examinará si la acción de tutela de la referencia satisface el
requisito de relevancia constitucional y la inmediatez.
Del requisito de relevancia constitucional
32. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.
19 Esto es, cuando el juez desconoce las formas propias del proceso cuyo desconocimiento implica
la amenaza o violación de los derechos fundamentales. Para que este defecto se configure se exige
que este no sea atribuible al afectado, que sea manifiesto y capaz de influir en la decisión final. Ver,
por ejemplo, Sentencias: SU-424 de 2012 y SU-454 de 2016.
20 Ver, por ejemplo, las Sentencias: SU-842 de 2013; SU-355 de 2017 y SU-129 de 2021.
21 Ver, por ejemplo, las Sentencias: SU-556 de 2016 y SU-261 de 2021.
22 Ver, por ejemplo, las Sentencias T-145 de 2014 y SU-261 de 2021.
23 Ver, entre otras, las Sentencias SU- 424 de 2012 y T-041 de 2018.
24 Ver, al respecto, las Sentencias: T-459 de 2017 y SU-918 de 2013
25 Ver, por ejemplo, las Sentencias: SU-542 de 2016 y SU-873 de 2014.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07038-00
Accionante: María Emilce Amaya Campos
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
33. La Corte Constitucional indicó14 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias, ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de
los derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.
34. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción
de amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el
eventos en que se pretende reabrir el debate15: (i) el debate debe recaer sobre un
asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre al contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.
35. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
trasgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia16.
Estudio del requisito en el caso en concreto
36. En primer lugar, la Sala de Subsección considera que no hay lugar a hacer un
estudio de fondo en el presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito
de carga argumentativa exigida para cuestionar una decisión adoptada por un juez
de lo contencioso-administrativo de manera previa. De conformidad con el escrito
contentivo de la demanda, esta Subsección no encuentra que la accionante
desarrollara alguna causal específica de procedibilidad en la que hubiese
podido incurrir el Tribunal Administrativo de Magdalena, con ocasión de la
sentencia de segunda instancia del 26 de febrero de 2025, de manera que cumpla
con los requisitos específicos para la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
37. Al contrario, revisados los fundamentos de la acción, se tiene que
la accionante se limitó a realizar un recuento de las actuaciones que obraban
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, sin que especificara
en qué consistía la vulneración ni las causales específicas de procedibilidad que se
configuran en las providencias judiciales enjuiciadas. Así como también mencionó
diferentes sentencias sin explicar el motivo por el cual eran aplicables a su caso en
específico. Frente a ello la Corporación ha señalado:
“[…] que el principio de informalidad que gobierna a la acción de tutela no puede
considerarse absoluto, pues es necesario satisfacer ciertos presupuestos
básicos que le permitan al Juez conocer con claridad aspectos como la acción
o la omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o amenazado
y, de ser posible, el nombre de la autoridad pública o del órgano autor de la
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Accionante: María Emilce Amaya Campos
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
amenaza o del agravio, el señalamiento de las causales especiales de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales lo que implica cumplir
con la carga argumentativa para demostrar su configuración en el caso
concreto, entre otros aspectos. […]”25.
38. En este orden de ideas, de conformidad con lo expuesto en el escrito de tutela,
se tiene que la parte accionante no cumplió con la carga argumentativa requerida
para la procedencia de la acción, pues no desarrolló una fundamentación dirigida a
establecer por qué la sentencia del 26 de febrero de 2025, proferida por el
Tribunal accionado, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, igualdad, seguridad social y mínimo vital.
39. Con fundamento en los antecedentes del caso y en la jurisprudencia
constitucional, no se advierte vulneración alguna de las dimensiones
fundamentales del derecho debido proceso. En efecto, durante el trámite ordinario
el actor contó con todas las garantías procesales esenciales: (i) fue debidamente
notificada durante el trámite de las dos instancia del proceso ordinario; (ii) podía
ejercer su derecho de defensa dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, sin embargo, no intervino durante el trámite; (iii) en
igual sentido podía presentar y controvertir pruebas pero no lo hizo; (iv) contó con
una decisión motivada en doble instancia; y (v) se garantizó la publicidad y
contradicción de las actuaciones. La sola discrepancia con la valoración probatoria
o con la interpretación jurídica adoptada por el juez natural no implica la vulneración
del debido proceso, pues este derecho no otorga una garantía de acierto judicial,
sino de procedimiento regular y de decisión fundada.
40. Tampoco se afectó el derecho de acceso a la administración de justicia, en
tanto la accionante fue incluida en el proceso tramitado ante la jurisdicción
contencioso-administrativa, obtener pronunciamientos de fondo y agotar los
recursos ordinarios previstos en la ley. El acceso a la justicia no comporta el
derecho a obtener un fallo favorable, sino a que las pretensiones sean estudiadas
conforme a las reglas procesales y materiales vigentes. En este caso, el Tribunal
competente actuó dentro del marco de sus competencias, analizó los elementos
probatorios y fundamentó razonadamente sus decisiones. Por ello, no se configura
denegación de justicia ni arbitrariedad judicial que justifique la intervención del juez
constitucional mediante la acción de tutela.
41. En cuanto a los requisitos de igualdad, seguridad social y mínimo vital no explicó
los motivos por los cuales fueron vulnerados o se afectaron de alguna manera
específica.
42. En definitiva, la parte actora no cumplió con la carga argumentativa exigida para
promover la acción de tutela, dado que no expresó en concreto cuáles fueron los
yerros que cometió la autoridad judicial accionada al resolver su amparo inicial,
motivo por el cual se carece de elementos para que esta Sala examine de fondo el
asunto. Incluso, ni siquiera puede considerarse que reabrió un debate del juicio
cuestionado.
43. En conclusión, la Subsección considera que la intención de la parte
demandante es someter a un nuevo análisis lo que ya ha sido definido de manera
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07038-00
Accionante: María Emilce Amaya Campos
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
válida y razonable por el juez natural de la causa, lo que lleva a la improcedencia
de la acción de tutela debido al incumplimiento del requisito mencionado
anteriormente.
Del requisito de la inmediatez
44. La Corte Constitucional ha establecido que la acción de tutela carece un plazo
objetividad de caducidad para su interposición. Sin embargo, debe formularse en
un plazo razonable. Para ello, ha definido los siguientes criterios orientadores con
el propósito de determinar, en cada caso, si se cumplió o no con el requisito de
inmediatez: i) la situación personal del peticionario; ii) el momento en el que se
produce la vulneración; iii) la naturaleza de la misma; iv) la actuación contra la que
se dirige la tutela y v) los efectos de la tutela26.
45. Dicho requisito puede llegar a flexibilizarse siempre y cuando se acredite que
(i) existe un motivo válido para la inactividad del accionante, (ii) la inactividad
injustificada podría causar lesión a derechos fundamentales de terceros y (iii) existe
un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los
derechos de los interesados27.
46. Aunque el tribunal constitucional considera que la acción de tutela no está
sujeta a un término de caducidad, señala que su interposición debe realizarse
dentro de un plazo razonable y proporcional, contando a partir del hecho que origina
la presunta vulneración de derecho fundamental. Tratándose de providencias
judiciales, dicho término se computa desde el momento que la decisión es
notificada y en consecuencia es de conocimiento por las partes.
47. En esa línea, en la sentencia SU-108 de 2018, estableció que le corresponde
al Juez Constitucional evaluar las circunstancias particulares de cada caso en
concreto, para determinar si la demora en la interposición de la acción se encuentra
justificada:
“(i) [Ante] La existencia de razones válidas para la inactividad, como
podría ser, por ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o
caso fortuito, la incapacidad o imposibilidad del actor para interponer la
tutela en un término razonable, la ocurrencia de un hecho
completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado
drásticamente las circunstancias previas, entre otras.
(ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración
o amenaza de los derechos fundamentales del accionante permanece,
es decir, su situación desfavorable como consecuencia de la afectación
de sus derechos continúa y es actual. Lo que adquiere sentido si se
recuerda que la finalidad de la exigencia de la inmediatez no es imponer
un término de prescripción o caducidad a la acción de tutela sino
asegurarse de que se trate de una amenaza o violación de derechos
fundamentales que requiera, en realidad, una protección inmediata.
26 Corte Constitucional, Sentencia SU-391 de 2016.
27 Corte Constitucional, Sentencia T-546 de 2014.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07038-00
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(iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un
plazo razonable resulta desproporcionada dada la situación de
debilidad manifiesta en la que se encuentra el accionante, lo que
constituye un trato preferente autorizado por el artículo 13 de la
Constitución que ordena que ‘el Estado protegerá especialmente a
aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los
abusos o maltratos que contra ellas se cometan’.” (Subrayas fuera del
texto original)
48. En ese sentido, el Juez de tutela puede considerar procedente la acción de
tutela, incluso si hubo inactividad por parte del accionante, siempre que existan
razones válidas que justifiquen la demora. Por tanto, no basta con que haya
transcurrido un tiempo considerable desde la ocurrencia del hecho, sino que debe
evaluarse si dicha tardanza se debió a las circunstancias razonables que expliquen
la falta de acción oportuna.
Estudio del requisito en el caso en concreto
49. La señora María Emilce Amaya Campos solicita la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, el acceso a la administración de justicia,
igualdad, seguridad social y mínimo vital. Estos presuntamente vulnerados con
ocasión de la sentencia proferida el 26 de febrero de 2025 por parte del Tribunal
Administrativo de Magdalena. Lo anterior debido a que no le fue reconocida la
pensión de sobreviviente derivada del fallecimiento del señor Germán Said Chacón
Serrato.
50. La Sala advierte que, el 2 de abril de 2025, la parte accionante fue notificada de
la sentencia de segunda instancia, proferida el 26 de febrero de 2025, dentro
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
47001-33-33-002-2019-00218-01, tal como se ve en el índice 15 de Samai. A saber:
51. Tal como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional28, el requisito de la
inmediatez protege los derechos de terceros “que pueden ser vulnerados por una
tutela ejercida en un plazo irrazonable29” y garantiza la seguridad jurídica, al impedir
que el amparo se convierta en un factor que atente contra ese principio 30. Asimismo,
con ello también se frena el abuso del derecho al “evitar el uso de este mecanismo
constitucional de acción de tutela como herramienta supletiva de la propia
negligencia en la agencia de los derechos31”.
28 Corte Constitucional. Sentencia T-217 de 2013.
29 Corte Constitucional, Sentencias T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-654 de 2006, T-890 de 2006,
T-905 de 2006, T-1084 de 2006, T-1009 de 2006, T-792 de 2007, T-594 de 2008 entre otras.
30 Corte Constitucional, Sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-692 de 2006,
T-890 de 2006, T-905 de 2006, T-1009 de 2006, T-1084 de 2006, T-825 de 2007, T-299 de 2009,
T-691 de 2009 y T-883 de 2009, entre otras
31 Corte Constitucional, Sentencia T-594 de 2008. En el mismo sentido sentencias T-526 de 2005,
T-016 de 2006, T-692 de 2006, T-1009 de 2006, T-299 de 2009, T-691 de 2009, T-883 de 2009,
entre otras
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Accionante: María Emilce Amaya Campos
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
52. Dicho precedente se fundamenta en lo señalado por la jurisprudencia del
Consejo de Estado37, la cual señala que el principio de inmediatez, que opera de
forma general frente a todas las acciones de tutela, es más estricto cuando se
interpone contra providencias judiciales, por lo que, como lo ha sostenido la Corte
Constitucional, “si se deja pasar un tiempo significativo desde el hecho vulneratorio
de los derechos, resulta claramente desproporcionado el control constitucional de
una providencia judicial por la vía de tutela”32.
53. A partir de lo anterior, en el caso concreto, se encuentra que ha transcurrido
alrededor de siete meses desde que la accionante conoció la decisión impugnada
y la interposición de la acción de tutela el 7 de noviembre de la presente anualidad.
A juicio de esta Sala, en el asunto analizado, se estima que se ha superado un
plazo considerado como razonable para la interposición de la tutela. De igual forma,
tampoco se identifica ni evidencia una justificación para la tardanza en utilizar el
mecanismo constitucional, lo cual acarrea un incumplimiento del requisito de la
inmediatez.
54. De conformidad con lo anterior, la Subsección declarará improcedente la
petición de amparo por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional
e inmediatez.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. R E S U E L V E
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela por no cumplir
con los requisitos de relevancia constitucional y de inmediatez, de acuerdo con la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
32 Corte Constitucional, En la sentencia se cita la providencia SU-961 de 1999 y T-189 de 2009.
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Accionante: María Emilce Amaya Campos
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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