Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07040-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07040-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07040-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
3 de diciembre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07040-00
Demandante: José Gabriel Zuluaga Castaño y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07040-00
Demandante: JOSÉ GABRIEL ZULUAGA CASTAÑO Y OTROS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se cumplió el requisito de subsidiariedad / SUBSIDIARIEDAD – Los reproches
formulados en sede de tutela no fueron sometidos a consideración del juez de la causa y tampoco
se demostró la configuración de un posible perjuicio irremediable.
La Sala1 resuelve la demanda de tutela instaurada por José Gabriel Zuluaga Castaño y
otros contra el Tribunal Administrativo del Quindío.
I. ANTECEDENTES
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela
1. El 7 de noviembre de la presente anualidad, el señor José Gabriel Zuluaga Castaño,
abogado y agente especial liquidador designado por la Alcaldía de Armenia 2, actuando
en nombre propio y en representación de las sociedades Grupo Natura Constructora
S.A.S. en liquidación y Natura Constructora S.A.S. en liquidación, interpuso acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo del Quindío, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso, defensa, intimidad, buen nombre, honra y
dignidad humana y profesional, así como los derechos de las sociedades a la defensa,
debido proceso, intimidad comercial y reserva empresarial. En consecuencia, solicitó: (i)
la adopción de una medida provisional para suspender el recaudo de pruebas ordenado
1
Se advierte que el 25 de noviembre de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente,
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 La legitimación del accionante para representar a las sociedades se acredita en los certificados de
existencia y representación legal obrantes en el expediente digital. En dichos documentos consta que el
señor José Gabriel Zuluaga Castaño fue designado como agente especial liquidador por la Resolución No.
080 del 25 de marzo de 2022, expedida por la Alcaldía de Armenia – Departamento Administrativo de
Planeación, inscripción efectuada en la Cámara de Comercio bajo el número 56787 del Libro IX del
Registro Mercantil el 20 de abril de 2022, respecto de la sociedad Grupo Natura Constructora S.A.S. en
liquidación. Asimismo, se acredita que fue nombrado agente especial liquidador de la sociedad Natura
Constructora S.A.S. en liquidación, mediante la Resolución No. 244 del 22 de junio de 2022, inscrita en la
Cámara de Comercio el 19 de julio de 2022 con el número 58029 del Libro IX. (Samai, índice 2. Expediente
Digital, archivo “3ED_ANEXOS_7_11_20252_44(.pdf) NroActua 2(.pdf)”, folios 3 – 11). De acuerdo con lo
previsto en el artículo 238 del Código de Comercio, así como en la Ley 1116 de 2006 y el Decreto 2130
de 2015, el liquidador ejerce la representación legal plena de la sociedad durante el proceso liquidatorio,
con facultades para realizar todos los actos necesarios para la liquidación, incluidos aquellos de carácter
judicial y constitucional.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07040-00
Demandante: José Gabriel Zuluaga Castaño y otros
en la audiencia inicial del 6 de noviembre de 2025 que acusa como vulnerador de sus
derechos, por estimar que de incorporarse la prueba documental decretada al expediente
público se consumaría un perjuicio irremediable; y (ii) el amparo definitivo, consistente
en dejar sin efectos el decreto probatorio por considerarlo impertinente, inconducente,
arbitrario, innecesario y desproporcionado.
2. De la demanda de tutela y de los medios probatorios obrantes en el expediente, se
extraen los siguientes hechos y argumentos jurídicamente relevantes:
3. El 17 de mayo de 2024, la señora Isabel Cristina Rincón Velandia presentó demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de Armenia, con el
propósito de que se declarara la nulidad de:
(i) La Resolución No. 080 del 25 de marzo de 2022 «por medio de la cual se
resuelve el proceso administrativo sancionatorio No. 003 de 2021 y se ordena
la intervención forzosa administrativa con fines de liquidación y la toma de
posesión de los negocios, bienes y haberes de la sociedad Grupo Natura
Constructora S.A.S. (…) en desarrollo y venta del proyecto Parque Residencial
Natura; y de la persona natural Isabel Cristina Rincón Velandia, (…) en calidad
de titular de las licencias de construcción, permiso de enajenación del proyecto
Parque Residencial Natura y titular del dominio del predio de mayor
extensión».
(ii) La Resolución No. 244 del 22 de junio de 2022 «por medio de la cual se
resuelve un recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No.
080 del 25 de marzo de 2022».
(iii) La Resolución No. 065 del 24 de marzo de 2023 «por medio de la cual se
prorroga el término de la toma de posesión para liquidar los negocios, bienes
y haberes de la sociedad Grupo Natura Constructora S.A.S., Natura
Constructora S.A.S. y la persona natural Isabel Cristina Rincón Velandia y se
aportan otras disposiciones».
(iv) El oficio DP-POT-14398 del 14 de diciembre de 2023 expedido por el
subdirector del Departamento Administrativo de Planeación de Armenia,
mediante el cual se niega la declaratoria de pérdida de fuerza ejecutoria de la
Resolución No. 080 del 25 de marzo de 2022 y la Resolución No. 244 del 22
de junio de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo
91 de la ley 1437 de 20113.
4. Mediante auto del 11 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo del Quindío admitió
parcialmente la demanda, circunscribiendo el debate a la legalidad del oficio DP-POT-
14398 del 14 de diciembre de 2023, y declaró la caducidad de la acción respecto de las
demás resoluciones demandadas4. En la misma providencia, dispuso la vinculación del
3 Samai del proceso 63001-23-33-000-2024-00059-00, índice 3.
4 La decisión sobre la caducidad fue impugnada. Mediante auto del 12 de agosto de 2024, el Tribunal
Administrativo del Quindío resolvió no reponer la providencia y ordenó remitir el expediente al Consejo de
Estado para que se surtiera la apelación subsidiaria (Samai, proceso 63001-23-33-000-2024-00059-00,
índice 12). Posteriormente, en auto del 31 de octubre de 2024, la Sección Primera del Consejo de Estado
confirmó la decisión de rechazar parcialmente la demanda (Samai, proceso 63001-23-33-000-2024-00059-
00, índice 18).
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Demandante: José Gabriel Zuluaga Castaño y otros
señor José Gabriel Zuluaga Castaño en calidad de agente especial liquidador dentro del
proceso de intervención forzosa administrativa5.
5. En la audiencia inicial celebrada el 6 de noviembre de 20256, se fijó el litigio en los
siguientes términos: «¿Está viciado de nulidad el oficio DP-POT -14398 del 14 de
diciembre de 2023, mediante el cual se niega la declaratoria de pérdida de fuerza
ejecutoria de la Resolución 80 del 25 de marzo de 2022 y Resolución 244 del 22 de junio
de 2022, proferido por el MUNICIPIO DE ARMENIA? En caso afirmativo, deberá
determinarse si es viable el restablecimiento de derecho en los términos solicitados en
el escrito de demanda, en el sentido de declarar, entre otras cosas, que la accionante no
es responsable del incumplimiento de las causales 1, 3 y 5 del artículo 12 de la Ley 66
de 1968, y que no es solidariamente responsable de las obligaciones contraídas en la
ejecución del proyecto, Parque Residencial Natura, y así mismo, ordenar la terminación
de la intervención forzosa administrativa y el consecuente levantamiento de la toma de
posesión de los negocios, bienes y haberes de la demandante».
6. En la misma audiencia, el Tribunal decretó las pruebas documentales solicitadas por
la parte actora, consistentes en (transcripción literal):
• Hoja de vida y soportes de estudios y experiencia del agente especial JOSÉ
GABRIEL ZULUAGA CASTAÑO, que fueron acreditados para su nombramiento.
-Todos los informes de ejecución de su labor de agente especial y liquidador
presentados por el señor JOSÉ GABRIEL ZULUAGA CASTAÑO ante el Municipio de
Armenia, respecto a la señora ISABEL CRISTINA RINCÓN VELANDIA y la sociedad
GRUPO NATURA CONSTRUCTORA S.A.S.
• Relación de bienes y activos que haya presentado el señor JOSÉ GABRIEL
ZULUAGA CASTAÑO ante el Municipio de Armenia, respecto a la señora ISABEL
CRISTINA RINCON VELANDIA y la sociedad GRUPO NATURA CONSTRUCTORA
S.A.S.
• Discriminación de todos los gastos, costos y pasivos que haya reportado el señor
JOSE GABRIEL ZULUAGA CASTAÑO ante el Municipio de Armenia, respecto al
proceso de intervención y liquidación de la señora ISABEL CRISTINA RINCON
VELANDIA y la sociedad GRUPO NATURA CONSTRUCTORA S.A.S.
• Informar qué bienes de los que fueron intervenidos o embargados por parte del
Municipio de Armenia, han sido vendidos, permutados o enajenados a cualquier
título, aportando los respectivos soportes documentales como promesas de
compraventa, escrituras públicas y certificados de tradición o calificación en que se
observe el acto jurídico y su valor.
7. Contra esta decisión, el señor José Gabriel Zuluaga Castaño interpuso recurso de
reposición, alegando que el decreto probatorio carecía de conducencia y pertinencia, por
cuanto las pruebas ordenadas estaban relacionadas con la nulidad de actos
administrativos respecto de los cuales ya se había declarado la caducidad (Resoluciones
No. 080 del 25 de marzo de 2022 y No. 244 del 22 de junio de 2022), siendo ajenas al
objeto procesal delimitado, circunscrito a la legalidad del Oficio DP-POT-143987.
5 Samai del proceso 63001-23-33-000-2024-00059-00, índice 6.
6 Samai del proceso 63001-23-33-000-2024-00059-00, índice 45.
7 Grabación de la audiencia inicial, minuto 35:00 – 36:50, obrante en el link: https://etbcsj-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/des03taqnd_cendoj_ramajudicial_gov_co/IQBrnA8d7upRRJDlRlnLn6S
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Demandante: José Gabriel Zuluaga Castaño y otros
8. El recurso fue tramitado con traslado a las partes y al Ministerio Público, y resuelto
desfavorablemente por el Tribunal, que confirmó la decisión al considerar que cada una
de las pruebas documentales decretadas guardaba una vinculación estrecha con el
debate. En particular, argumentó que:
(i) La hoja de vida del agente liquidador se relaciona con su calidad para haber
adelantado la liquidación o la intervención correspondientes.
(ii) Los informes de ejecución permiten examinar la forma en que se desarrolló la
intervención.
(iii) La relación de bienes y activos son pertinentes para establecer la magnitud del
perjuicio reclamado.
(iv) La discriminación de gastos, costos y pasivos en que se incurrió en el proceso
de intervención también son situaciones que ameritan estudiarse respecto del
acto administrativo cuestionado.
(v) La información sobre bienes intervenidos, enajenados o permutados
contribuye a determinar el eventual restablecimiento del derecho.
9. En último término, puntualizó que ratificaba la decisión, dada la conducencia y
pertinencia de las pruebas decretadas, y que el análisis probatorio se realizaría con miras
a esclarecer la legalidad del acto administrativo objeto de estudio8.
10. En el escrito de tutela, el señor José Gabriel Zuluaga Castaño sostiene que el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho tiene por objeto determinar la validez
del oficio DP-POT-14398 del 14 de diciembre de 2023, que negó la pérdida de fuerza
ejecutoria de actos anteriores. Sin embargo, afirma que las pruebas decretadas se
orientan a evaluar su gestión como agente especial liquidador, aspecto ajeno al objeto
procesal delimitado, lo que las torna impertinentes e inconducentes, pues no guardan
relación directa con la nulidad del oficio ni son aptas para demostrar la legalidad o
ilegalidad del acto administrativo demandado.
11. En este sentido, considera que la decisión vulnera sus derechos fundamentales al
debido proceso, defensa, intimidad, buen nombre, honra y dignidad humana y
profesional, así como los de sus representadas a la defensa, intimidad comercial y
reserva empresarial. Ello, por cuanto amplía indebidamente el objeto del litigio y ordena
la divulgación de información sensible que ocasionaría un perjuicio desproporcionado
frente a la finalidad probatoria, máxime cuando dichas sociedades no son parte
demandante ni se cuestiona la legalidad de su intervención.
12. Sustenta la vulneración en la configuración de tres defectos: fáctico, sustantivo y
procedimental. En cuanto al primero –defecto fáctico- atribuye su configuración al
decreto de pruebas impertinentes e inconducentes respecto del objeto del proceso, por
cuanto, a su juicio, no guardan relación con la causa petendi ni son aptas para demostrar
la legalidad o ilegalidad del acto demandado. Además, se orientan a evaluar su gestión
personal como agente liquidador e introducir hechos ajenos al litigio, desnaturalizando el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, alterando el marco del
contradictorio y generando una amenaza cierta e inminente a sus derechos
8 Grabación de la audiencia inicial, minuto 39:53 - 42:40.
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Demandante: José Gabriel Zuluaga Castaño y otros
fundamentales por la incorporación pública de información sensible que no se justifica
en el objeto procesal delimitado.
13. Respecto del defecto sustantivo, sostiene que el Tribunal desconoció los principios
de pertinencia, conducencia y proporcionalidad previstos en el artículo 165 del Código
General del Proceso y el artículo 180 del CPACA, al decretar pruebas que exceden el
objeto del litigio, que además, (i) no son necesarias para esclarecer la validez del oficio
demandado; y (ii) imponen un sacrificio desmedido a derechos fundamentales como la
intimidad, buen nombre y reserva empresarial, frente a un beneficio probatorio nulo.
14. En cuanto al defecto procedimental, indica que el Tribunal alteró el marco del
contradictorio al decretar pruebas orientadas a evaluar su gestión personal como agente
liquidador y a actos administrativos respecto de los cuales ya se declaró la caducidad, lo
que vulnera el principio de congruencia procesal y la garantía del juez natural, impidiendo
el ejercicio pleno del derecho de defensa frente a un eventual juicio de responsabilidad
no previsto en la demanda.
15. Finalmente, señala que no existe otro medio judicial eficaz, pues el auto de pruebas
fue notificado en audiencia y solo procedía el recurso de reposición.
B. Trámite impartido e intervenciones
16. Mediante auto del 12 de noviembre de 20259, se admitió la acción de tutela y ordenó
notificar, como parte demandada, al magistrado Luis Javier Rosero Villota, integrante del
Tribunal Administrativo del Quindío. Además, se dispuso notificar a la señora Isabel
Cristina Rincón Velandia y al alcalde del Municipio de Armenia, en calidad de terceros
con interés.
17. Igualmente, se negó la medida provisional solicitada, por cuanto los argumentos
expuestos por el solicitante corresponden al núcleo del debate que debe resolverse en
la decisión de fondo. Además, no se acreditó la apariencia de buen derecho ni la certeza
sobre la afectación de los derechos invocados, dado que el auto cuestionado se
fundamentó en razones que, prima facie, resultan razonables y guardan relación directa
con el objeto del litigio.
18. El Tribunal Administrativo del Quindío solicitó que se declare improcedente la
acción de tutela, por considerar que se está empleando este mecanismo como un
recurso adicional para controvertir decisiones judiciales adoptadas dentro de un proceso
contencioso en curso, máxime cuando la orden cuestionada se limita al recaudo de
pruebas solicitadas por la parte demandante, las cuales se consideran pertinentes para
esclarecer los hechos.
19. Argumentó que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental, pues se garantizó
el debido proceso mediante providencias motivadas y recursos oportunos; asimismo, la
información requerida no afecta la intimidad ni la reserva empresarial, dado que
corresponde a documentos relacionados con la labor del agente liquidador y el principio
de transparencia que rige los procesos liquidatorios. En último término, adujo que
9 Samai, índice 4.
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Demandante: José Gabriel Zuluaga Castaño y otros
cualquier dato sensible puede ser protegido mediante mecanismos de reserva en la
plataforma judicial10.
20. El Municipio de Armenia manifestó que no interpuso recurso contra el auto que
decretó las pruebas, pero considera que la documentación solicitada podría ser
inconducente, pues se relaciona con actos administrativos respecto de los cuales ya
operó la caducidad. Señaló que las pruebas decretadas —informes del agente especial,
relación de bienes, costos y pasivos— no serían determinantes para el objeto del litigio
y, además, contienen información sensible y reservada del proceso de intervención, la
cual ha tenido manejo confidencial. Por ello, coadyuvó la posición del accionante,
solicitando que se proteja dicha información y se evite su exposición en el trámite
judicial11.
21. No hubo más intervenciones.
II. CONSIDERACIONES
C. Competencia
22. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991,
en armonía con los artículos 13 y 17 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del
Consejo de Estado).
D. Problema jurídico
23. La Sala determinará, en primer lugar, si la solicitud de amparo satisface los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
particular el de subsidiariedad. Solo en el evento de que se cumplan tales exigencias, se
abordará el fondo del asunto, con el fin de establecer si la decisión del tribunal
demandado, consistente en el decreto de las pruebas documentales solicitadas por la
parte actora dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
implicó la configuración de algún defecto o causal específica de procedibilidad y, por
ende, vulneró los derechos fundamentales del señor José Gabriel Zuluaga Castaño y de
las sociedades Grupo Natura Constructora S.A.S. en liquidación y Natura Constructora
S.A.S. en liquidación.
E. Análisis de la Sala: improcedencia de la acción por falta de subsidiariedad
24. La acción de tutela, conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 86 de la
Constitución Política12 y el numeral 1° del artículo 6° del Decreto Ley 2591 de 1991 13,
tiene un carácter subsidiario, motivo por el cual resulta improcedente ante la existencia
10 Samai, índice 9.
11 Samai, índice 11.
12
De conformidad con dicho inciso, la acción de tutela «solo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable».
13
Según dicho numeral, la acción de tutela no procederá «[c]uando existan otros recursos o medios de
defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable».
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Demandante: José Gabriel Zuluaga Castaño y otros
de otros mecanismos de defensa judicial, salvo que estos no sean eficaces o idóneos, o
que sea necesario evitar la concreción de un perjuicio irremediable14.
25. Por ello, los interesados deben agotar todos los recursos ordinarios y extraordinarios
previstos en el ordenamiento jurídico para remediar la situación que amenaza o vulnera
sus derechos fundamentales, pues, lo contrario implicaría utilizar la tutela como una vía
preferente o como una instancia judicial adicional de protección, que vaciaría de
contenido las competencias de los jueces naturales y convertiría al juez constitucional en
un revisor general de todas las controversias jurídicas, desnaturalizando su función
excepcional en la protección de derechos fundamentales.
26. En desarrollo de este requisito, la jurisprudencia ha precisado que la subsidiariedad
debe valorarse bajo criterios más estrictos, identificando escenarios concretos en los que
su incumplimiento conduce a la improcedencia del amparo15. Esto ocurre, entre otros
eventos, cuando «el asunto que dio lugar al defecto no haya sido previamente
alegado»16, lo que implica que la controversia formulada en sede constitucional debió ser
oportunamente puesta en conocimiento del juez natural, salvo que su planteamiento
previo no hubiere sido posible por circunstancias ajenas a la voluntad del actor.
27. Desde esta perspectiva, el requisito de subsidiariedad no se satisface con la mera
interposición formal de los recursos, pues la carga procesal del interesado le impone el
deber de exponer ante el juez ordinario los mismos argumentos que posteriormente
pretende esgrimir en sede de tutela, en cuanto esto hubiere sido posible. Si un argumento
no fue sometido a discusión ante el juez ordinario, no es la acción de tutela la vía procesal
adecuada para abrir dicho debate por primera vez, puesto que, se itera, este mecanismo
no puede emplearse para revivir oportunidades procesales perdidas, ni para subsanar
omisiones argumentativas en las que incurrió la parte interesada. Permitir que se
introduzcan argumentos nuevos en el trámite constitucional desnaturalizaría la acción,
convirtiéndola en una instancia adicional y atentando contra la seguridad jurídica y la
competencia del juez natural.
28. Al respecto, la jurisprudencia indica que la rigidez del requisito de subsidiariedad
protege el debido proceso dentro de cada actuación judicial, toda vez, que «[l]as etapas,
recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer espacio de
protección de los derechos fundamentales de los asociados, especialmente en lo que
tiene que ver con las garantías del debido proceso. Es en este sentido que la sentencia
C-543/92 puntualiza que: ‘tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los
derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus
14
En la sentencia T-1190 de 2024, la Corte Constitucional explicó que, para concluir que un perjuicio es
irremediable, es necesario verificar lo siguiente: «(i) que sea inminente, es decir, que se trate de una
amenaza que está por suceder prontamente; (ii) que sea grave, esto es, que el daño o menoscabo material
o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) que las medidas que se requieren
para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) que la acción de tutela sea impostergable a fin
de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad (énfasis
añadido)».
15 En la sentencia de unificación 062 de 2018, la Sala Plena de la Corte Constitucional precisó que existen
cuatro eventos que conllevan la improcedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales por no
cumplir con el requisito de subsidiariedad: «(i) que el asunto esté en trámite; (ii) que no se hayan agotado
los medios de defensa judiciales ordinarios y extraordinarios, (iii) que se utilice la acción de tutela como un
instrumento para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el
sistema jurídico y (iv) que el asunto que dio lugar al defecto no haya sido previamente alegado».
16 Corte Constitucional, sentencia de unificación 062 de 2018.
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Demandante: José Gabriel Zuluaga Castaño y otros
remotos orígenes»17. Adicional a ello, protege la autonomía e independencia judicial, en
atención a que «[c]uando la acción de tutela se instaura como recurso alternativo o como
último recurso judicial para obtener una decisión favorable en cualquier materia, se
desconoce la división de competencias que la misma Carta ha delineado, y se niega el
principio de especialidad de la jurisdicción»1819.
29. En el caso concreto, se advierte con claridad que el asunto carece de subsidiariedad,
toda vez que los reproches formulados en la tutela para sustentar la existencia de
defectos o vicios en la providencia acusada no fueron sometidos a consideración del juez
de la causa.
30. Tras revisar el expediente 63001-23-33-000-2024-00059-00, correspondiente al
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora
Isabel Cristina Rincón Velandia, dentro del cual fue vinculado el señor José Gabriel
Zuluaga Castaño como agente especial liquidador de las sociedades Grupo Natura
Constructora S.A.S. en liquidación y Natura Constructora S.A.S. en liquidación, la Sala
advierte que, si bien el accionante interpuso formalmente el recurso de reposición contra
el auto del 6 de noviembre de 2025 que decretó las pruebas, único mecanismo de
defensa ordinario a su disposición conforme a los artículos 242 y 243 del CPACA20, no
satisfizo la carga de agotar materialmente la controversia en los términos exigidos por el
principio de subsidiariedad, pues limitó su argumentación a cuestionar la pertinencia y
conducencia de las pruebas, alegando que se relacionaban con actos administrativos
respecto de los cuales ya se había declarado la caducidad (Resoluciones Nos. 080 y
244 de 2022) y no con el objeto del litigio, circunscrito a la nulidad del oficio DP-POT-
14398, sin plantear los reproches adicionales que ahora formula en sede constitucional.
31. En efecto, el escrito de tutela introduce alegatos sustancialmente diferentes y
novedosos frente a los planteados en el recurso ordinario. Además de reiterar la
impertinencia e inconducencia de las pruebas, la parte accionante ahora sostiene que el
Tribunal incurrió en defectos fácticos, sustantivos y procedimentales, al ampliar
indebidamente el litigio, orientándolo hacia un juicio de responsabilidad en su contra
centrado en evaluar su gestión como agente liquidador, y al ordenar la entrega de
información sensible cuya difusión implicaría un sacrificio desproporcionado frente a la
finalidad probatoria perseguida, vulnerando sus derechos fundamentales al debido
proceso, defensa, intimidad, buen nombre y honra, así como la reserva empresarial y la
intimidad comercial de las sociedades representadas. Tales cuestionamientos no fueron
sometidos a consideración del juez natural en el escenario procesal idóneo —el recurso
de reposición—, lo que impidió que este pudiera pronunciarse sobre ellos y,
eventualmente, reconsiderar la decisión.
32. Cabe recordar que el artículo 318 del Código General del Proceso, aplicable por
remisión del artículo 306 del CPACA, exige que el recurso de reposición se interponga
«con expresión de las razones que lo sustenten». Esta previsión no se limita a la mera
17 Corte Constitucional, Sentencia T-211 de 2009. Reiterada en las sentencias T-649 de 2011, T-103 de
2014, T-401 de 2019, entre otras.
18 Ibidem.
19 Postura reiterada en la sentencia T-177 de 2025.
20 De conformidad con el artículo 242 del CPACA, «el recurso de reposición procede contra todos los autos,
salvo norma legal en contrario». A su vez, el artículo 243 del mismo estatuto establece cuáles autos son
apelables, listado en el que no se incluye aquel que decreta las pruebas.
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presentación formal del recurso, sino que impone al recurrente la carga de exponer de
manera completa y suficiente los fundamentos de inconformidad frente a la decisión
cuestionada. En el caso concreto, el accionante omitió incluir en su recurso ante el
Tribunal Administrativo del Quindío los argumentos relacionados con la afectación de
derechos fundamentales, la reserva de la información solicitada y la supuesta desviación
del objeto procesal hacia un juicio de responsabilidad personal, lo que evidencia un uso
incompleto e inadecuado del mecanismo ordinario previsto por la ley.
33. Esta omisión resulta decisiva para el análisis de procedencia, pues la Corte
Constitucional ha reiterado que la tutela contra providencias judiciales solo es viable
cuando el actor demuestra haber agotado todos los medios de defensa judicial y haber
planteado oportunamente las irregularidades ante el juez natural (Sentencias SU-813 de
2014, T-173 de 2013). Pretender introducir en sede constitucional reproches que no
fueron expuestos en el escenario procesal idóneo desvirtúa el carácter subsidiario de la
acción y la convierte en una instancia adicional para reabrir debates ya cerrados. En
consecuencia, la falta de diligencia en la formulación integral del recurso impide
considerar la tutela como mecanismo procedente, pues no puede emplearse para
subsanar actuaciones deficientes en sede ordinaria a través de la intervención del juez
constitucional.
34. Los anteriores argumentos sobre la falta de subsidiariedad se extienden al municipio
de Armenia, quien manifestó coadyuvar la posición del accionante solicitando la
protección de la información relacionada con los informes del agente especial liquidador,
los bienes, costos y pasivos de las sociedades en liquidación y evitar su exposición en
el trámite judicial. Sin embargo, pese a ser parte del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se produjo el decreto de pruebas cuestionado,
no interpuso el recurso ordinario procedente en la oportunidad procesal prevista para
advertir sobre la posible vulneración de los derechos a la intimidad y reserva comercial.
Esta omisión ratifica que el juez natural no tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre
tales cuestionamientos, lo que refuerza la improcedencia de la tutela por incumplimiento
del principio de subsidiariedad, conforme a lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto
2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional.
35. En todo caso, la Sala no advierte que la providencia cuestionada carezca de
razonabilidad, por el contrario, se observa que el auto del 6 de noviembre de 2025,
contiene una motivación suficiente y razonable sobre la pertinencia de las pruebas
decretadas, dado que explica la relación que cada una guarda con el objeto del litigio
fijado en el proceso contencioso, consistente en determinar la legalidad del oficio DP-
POT-14398 del 14 de diciembre de 2023 y, en caso de prosperar, el consecuente
restablecimiento del derecho. En ese contexto, en el auto cuestionado se argumentó que
las pruebas decretadas resultaban pertinentes para examinar aspectos directamente
vinculados con dicho objeto, tales como: (i) la idoneidad del agente liquidador para
adelantar la intervención; (ii) la forma en que se desarrolló el proceso de liquidación; y
(iii) la magnitud del perjuicio reclamado por la demandante.
36. Adicionalmente, debe resaltarse que los documentos solicitados corresponden a
información relacionada con la labor del agente especial liquidador en el marco del
proceso de intervención forzosa administrativa, la cual se encuentra sometida al principio
de transparencia y publicidad que rige la función administrativa y los procesos
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liquidatorios, conforme a los artículos 209 de la Constitución Política 21, 322 y 24 del
CPACA23, y 2 de la Ley 1712 de 201424 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso
a la Información Pública). Dicho principio impone que las actuaciones y documentos que
reflejan la gestión de los agentes liquidadores sean accesibles y verificables, salvo las
excepciones expresamente previstas en la ley, lo que refuerza la pertinencia de las
pruebas decretadas para esclarecer la legalidad del acto administrativo demandado y
comprender el contexto en que fue proferido.
37. Asimismo, la consideración introducida en sede de tutela por el señor Zuluaga
Castaño, relativa a que se trata de «información personal y profesional sensible», no
impide al juez natural ordenar su recaudo, máxime cuando el Tribunal tiene la posibilidad
de garantizar la reserva de los datos en el aplicativo judicial Samai, en caso de que ello
proceda. Por lo mismo, tampoco se acredita la existencia de un perjuicio irremediable
que justifique la intervención del juez constitucional, pues aun cuando el accionante
sostiene que la incorporación de información sensible ocasionaría una afectación grave
a sus derechos, lo cierto es que tal alegación carece de soporte probatorio y legal, pues,
se itera, los documentos solicitados corresponden, en principio, a información pública
relacionada con la gestión del agente liquidador, sometida al principio de transparencia
y publicidad que rige la función administrativa. Y, en caso de requerirse reserva, esta
puede garantizarse mediante los mecanismos de confidencialidad previstos en la
plataforma judicial, lo que descarta la inminencia y gravedad del daño alegado.
38. En suma, la solicitud de amparo del señor José Gabriel Zuluaga Castaño, Grupo
Natura Constructora S.A.S. en liquidación y Natura Constructora S.A.S. resulta
improcedente, en razón del incumplimiento del requisito de subsidiariedad, por cuanto
la circunstancia que ahora se invoca como vulneradora de derechos fundamentales no
fue alegada en el recurso de reposición, y tampoco se demostró una situación que
permita deducir la configuración de un perjuicio irremediable. En consecuencia, se
impone declarar la improcedencia de la acción de tutela, sin abordar el estudio de fondo,
y negar el amparo solicitado.
39. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo constitucional presentada por
José Gabriel Zuluaga Castaño, en nombre propio y en representación de las sociedades
Grupo Natura Constructora S.A.S. en liquidación y Natura Constructora S.A.S. en
liquidación.
21 «La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante
la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones».
22 «Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia,
publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad».
23 «Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva
por la Constitución Política o la ley (...)».
24 «[T]oda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser
reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, de conformidad con la presente ley».
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SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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