Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07043-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07043-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07043-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
5 de marzo de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, cinco (5) de marzo dos mil veintiséis (2026).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07043-01
Demandante: LORENA ANDREA VEJARANO ROMERO Y OTRA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
CONTROVERSIA DE RESPONSBAILIDAD MÉDICA. SE
CONFIRMA LA DECISIÓN QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA ACCIÓN POR FALTA DE
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL.
Síntesis del caso: las actoras cuestionaron la sentencia de segunda instancia que, en el marco
de un proceso de reparación directa por responsabilidad médica, confirmó la negativa de las
pretensiones encaminadas a obtener la reparación del daño por la muerte de su familiar. No
obstante, se confirmará la decisión de primera instancia que declaró improcedente el mecanismo
por no encontrar acreditado el requisito de relevancia, toda vez que los argumentos en que se
sustentó pretenden atacar la valoración probatoria para imponer su criterio sobre el particular.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la demandante contra la sentencia del 21
de noviembre de 2025 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado mediante
la cual se dispuso:
“SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta sentencia”. (Negrillas y mayúsculas fijas del original - archivo disponible en
medio magnético a través del aplicativo SAMAI).
I. ANTECEDENTES
Los hechos de la demanda
Mediante escrito presentado el 10 de noviembre de 2025, las señoras Lorena Andrea
Vejarano Romero y Luz Dary Romero promovieron proceso de acción de tutela en contra
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07043-01
Actor (a): Lorena Andre Vejarano Romero y otro
Acción de tutela
del Tribunal Administrativo del Cauca para que le sean amparados los derechos
fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia,
presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia del 8 de mayo de 2025.
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) Las actoras presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación
directa en contra de la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social y la EPS
CAPRECOM EICE, en Liquidación (en adelante CAPRECOM), para que se declarara la
responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado por la muerte del señor Reinaldo
Armando Vejarano.
2) Según la demanda, la víctima directa, quien era padre y compañero permanente de
las accionantes, respectivamente, padecía de enfermedades cardiacas de carácter
crónico, por lo cual, como parte del tratamiento de soporte vital, le fue prescrito oxígeno
domiciliario a cargo de la EPS CAPRECOM, hoy patrimonio autónomo de remanentes de
CAPRECOM liquidado.
3) Pese a lo anterior, CAPRECOM y el Hospital Universitario San José de Popayán
omitieron proveer oportunamente el suministro del oxígeno, situación que generó una
progresión aguda de su estado de salud, lo que condujo a que, el 26 de septiembre de
2015, luego de ser remitido a la Clínica Santa Gracia, falleciera a pesar de los intentos
de reanimación que le practicaron en dicho centro de salud.
4) Mediante sentencia del 31 de enero del 2022, el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito Judicial de Popayán negó las pretensiones, porque no se probó que la conducta
de las demandadas estuviera relacionada directa o indirectamente con la muerte del
señor Vejarano, pues su deceso se produjo por causas naturales.
5) La demandantes apelaron con sustento en que la falta de suministro de oxígeno
domiciliario por tres días le privó de una oportunidad razonable de mejorar o estabilizar
su salud, especialmente dada su condición pulmonar y cardíaca delicada; tal omisión
afectó gravemente su cuadro clínico y, aunque no se puede determinar con exactitud
cuánto tiempo más habría vivido, era evidente que la falta de oxígeno fue un factor que
agravó su condición, lo cual le generó una pérdida de oportunidad de sobrevida.
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Actor (a): Lorena Andre Vejarano Romero y otro
Acción de tutela
6) A través de fallo del 8 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo del Cauca confirmó
la decisión porque no se aportó al expediente un dictamen pericial que evaluara
técnicamente la atención, las patologías y los posibles escenarios en que pudo haberse
actuado con mejor eficiencia en procura de proveer al paciente de todos los insumos,
atenciones y procedimientos requeridos para atender su enfermedad.
7) Si bien la historia clínica es un documento que contiene registros técnicos de la
atención brindada, su interpretación y evaluación no podía hacerse directamente, sino
que era necesaria la introducción de experticias que soportaran la hipótesis planteada
por las recurrentes, según la cual, la carencia de oxígeno domiciliario, atribuido a las
entidades demandadas, contribuyó al deterioro de la salud del señor Vejarano o, en su
defecto, condujo a una pérdida de oportunidad en la mejoría.
8) La parte demandante tenía de la carga de demostrar los elementos constitutivos de la
responsabilidad médica por pérdida de oportunidad y no lo hizo, de modo que la falta de
certeza probatoria no permitía a la Sala evaluar si hubo una oportunidad no aprovechada
para atajar el resultado mortal, así como tampoco podía establecerse cuáles fueron las
consecuencias de la falta de oxígeno domiciliario.
Fundamento de la vulneración
La parte accionante sostuvo que el tribunal accionado incurrió en un defecto fáctico por
omitir valorar adecuadamente el testimonio rendido por la señora Gloria Segovia Campo,
quien afirmó conocer directamente las circunstancias que rodearon la atención médica
del señor Vejarano.
Según expuso, dicha testigo señaló que el paciente tenía prescrita terapia de oxígeno
domiciliario, que inicialmente fue asumida por la familia y que, una vez agotado el
suministro adquirido por esta, la EPS no lo repuso oportunamente, situación que derivó
en la descompensación del paciente y su posterior reingreso hospitalario.
Ese testimonio resultaba coherente con la historia clínica y con la secuencia de los
hechos acreditados en el expediente, razón por la cual debía ser valorado como un
elemento relevante para establecer la presunta omisión en la prestación del servicio de
salud, sin embargo, el tribunal omitió referirse a dicha prueba, debido a que centró su
análisis en la ausencia de un dictamen pericial concluyente.
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Asimismo, se desconoció el precedente jurisprudencial establecido frente a la pérdida de
oportunidad como fuente de responsabilidad patrimonial del Estado, desarrollada en la
sentencia de 26 de enero de 20121, proferida por la Sección Tercera del Consejo de
Estado, en la que se señaló que, ante la ausencia de certeza plena sobre la evitabilidad
del daño final, hay lugar a imputarle responsabilidad a la administración, siempre que se
pruebe la frustración de una expectativa médica razonable.
En tercer lugar, la parte actora también sostiene que el tribunal accionado desconoció el
principio de carga dinámica de la prueba y, en cuarto lugar, se presentó un defecto
sustantivo porque el tribunal no consideró adecuadamente el conocimiento científico
básico sobre las consecuencias de la hipoxia.
También afirmaron que el tribunal omitió analizar el contexto estructural en el que
ocurrieron los hechos, particularmente la crisis institucional que atravesaba la EPS
CAPRECOM.
Por último, cuestionaron que se haya considerado determinante la ausencia de un
dictamen pericial médico para establecer la responsabilidad estatal, pues, en su criterio,
la responsabilidad por pérdida de oportunidad puede acreditarse mediante diversos
medios de prueba.
Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:
“1. Que se declare procedente la presente acción de tutela contra providencia
judicial.
2. Que se deje sin efectos la Sentencia No. 247 del 8 de mayo de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo del Cauca.
3. Que se ordene emitir una nueva providencia con sujeción a los principios de
verdad material, precedente judicial, equidad probatoria, y protección de los
derechos fundamentales invocados.
4. Que se disponga, como medida de justicia restaurativa, el reconocimiento
simbólico del daño causado a las accionantes y a la memoria de REINALDO
ARMANDO VEJARANO.
1 19001-23-31-000-1998-01005-01(21726).
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Acción de tutela
5. Que se oficie copia de esta sentencia a la Defensoría del Pueblo y al
Ministerio de Salud, a fin de tomar nota de las omisiones sistémicas aquí
evidenciadas”. (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI
• índice 2).
Actuación procesal
Mediante auto del 12 de noviembre de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela y ordenó la notificación al presidente y a los magistrados
integrantes del Tribunal Administrativo del Cauca, al tiempo que se vinculó como tercero
con interés, al Ministerio de Salud y Protección Social, al Patrimonio Autónomo de
Remanentes de Caprecom Liquidado y a La Fiduprevisora SA, con el fin de que allegaran
un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción (índice 05 de Samai).
Sentencia de primera instancia
Mediante providencia del 21 de noviembre de 2025, la Sección Primera del Consejo de
Estado declaró improcedente la acción de tutela por no cumplirse el requisito de
relevancia constitucional, ya que el mecanismo fue utilizado para reabrir un debate que
se dio en las instancias del proceso ordinario y frente al cual la autoridad judicial
accionada ya se había pronunciado (índice 14 de Samai).
Impugnación
En la impugnación la parte actora manifestó su desacuerdo con que el a quo
constitucional haya declarado la falta de relevancia, pues, a su juicio, la decisión no ofrece
un desarrollo específico sobre la dimensión material de los derechos alegados, ya que se
limitó a declarar improcedente la acción, sin responder a la pregunta central de si la
negativa a declarar la responsabilidad por pérdida de oportunidad, en un contexto de
omisión en el suministro de oxígeno vital, es compatible con los estándares de protección
de la vida digna, la salud, el debido proceso y el acceso a la justicia (índice 18 de Samai).
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Actor (a): Lorena Andre Vejarano Romero y otro
Acción de tutela
II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo del Cauca con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con ocasión de la
providencia del 8 de mayo de 2025.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia, la Sala confirmará la decisión
de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional, por las razones que procederán a exponerse:
2.1 La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias
judiciales
Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su
procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez
constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.
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Actor (a): Lorena Andre Vejarano Romero y otro
Acción de tutela
En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no todos
los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la competencia de
los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional como la
seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.
Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de la
Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de
requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientados a
preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales se
la imperiosa necesidad de constatar que el debate que se propone reviste una genuina,
verdadera y marcada relevancia constitucional ocupa un lugar central.
En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que
el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades
concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios,
impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii)
restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos
fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se
convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales ejecutoriadas.
En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente2, la Corte ha reiterado
que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un
medio para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del juez
natural o reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez constitucional
sólo puede intervenir cuando la controversia planteada trasciende el ámbito de la
legalidad y se proyecta como un problema genuinamente constitucional que afecte
derechos fundamentales de las partes involucradas.
De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional
enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de índole
constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de un
derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la
interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de
2 Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07043-01
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manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos legales
de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma
procesal3”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se acredite de
manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos fundamentales.
En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se había
planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este
presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto
constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora “busca
una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos con la
intención de revivir los términos procesales”.
En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña una
exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con invocar,
en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste la carga de
explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada comporta una
restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado por el Consejo
de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la que se dispuso
que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales 4”, enfatizando
en que corresponde al demandante justificar por qué su pretensión tiene tal entidad, so
pena de rechazo o improcedencia.
En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento más
exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las
mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte Constitucional
fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se presume por la sola
invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de un derecho
fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema jurídico de
naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos que se pretenden atribuir
a la providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre el por qué estos
desbordan el margen de interpretación y conducen a la vulneración concreta de un
3 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez,
sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07043-01
Actor (a): Lorena Andre Vejarano Romero y otro
Acción de tutela
derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del requisito “más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con
derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada” de tales derechos:
“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el
asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales”.5
En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de
tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o simples
desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela
no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección jurídica de la
decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni reabrir litigios
legalmente concluidos.
Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019, determinó
que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de las decisiones
de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta diáfano que la
intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único fin de cuestionar
la interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente por encontrarse en
desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho mecanismo carece de
una verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.
El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo del
actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario con miras
a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura, específicamente,
con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la consecuencia lógica
es que es que el amparo así deprecado se torna a todas luces improcedente pues en esa
hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no compromete directamente
5 Idem.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07043-01
Actor (a): Lorena Andre Vejarano Romero y otro
Acción de tutela
mandatos superiores y cuya resolución compete únicamente a los jueces ordinarios,
quienes fueron investidos por el legislador de precisas facultades para ello.
El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces ordinarios,
de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten una genuina
y marcada importancia desde el punto de vista de los derechos fundamentales, en orden
a evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte, so pena de vaciar de
contenido las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol del juez de tutela no
puede ni debe confundirse con el de una instancia revisora de las providencias proferidas
por los jueces naturales en su ejercicio de tal y cualquier intento dirigido a reemplazar o
arrogarse competencias de juez ordinario, desde luego, debe ser contenido.
En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-128
de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la acción de tutela
reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción de tutela debe
trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación, aplicación
o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia no puede
limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de proyección
constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación grave,
concreta y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una decisión
judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una pretensión
dirigida a replantear discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y resueltas en el
proceso ordinario, mediante los recursos propios de la jurisdicción competente.
Tales criterios, además, son aún más rigurosos cuando se pretenda emplear la acción
para cuestionar una decisión de una Alta Corte, pues, de conformidad con lo establecido
por la propia Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019, esta hipótesis
comporta un escrutinio aún más estricto, en el que se “exige valorar, prima facie, si la
decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial,
violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de acción tanto
de los jueces constitucionales, como de las demás jurisdicciones’ en estricto respeto a la
independencia de los jueces ordinarios6” (negrillas adicionales).
6 Criterio que, a su vez fue ratificado en la sentencia SU-215 de 16 de junio de 2022, MP Natalia Ángel
Cabo.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07043-01
Actor (a): Lorena Andre Vejarano Romero y otro
Acción de tutela
En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio que
condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
en tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación clara y específica,
que la providencia cuestionada desborda el margen de interpretación razonable y
comporta una afectación grave e injustificada de derechos fundamentales.
En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga al
juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se pretende
emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear discusiones probatorias
o jurídicas ya zanjadas, o perseguir fines meramente económicos o privados; únicamente
cuando se supera este umbral es legítimo avanzar.
2.2 El análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto
1) En síntesis, para la parte actora, el tribunal incurrió en defecto fáctico porque se centró
en la ausencia de un dictamen pericial concluyente, en lugar de otorgarle valor probatorio
al testimonio de la señora Gloria Segovia Campo, quien fue testigo del estado de salud
del fallecido.
2) A su vez, alegó que se desconoció el precedente judicial contenido en la sentencia del
26 de enero de 20127 sobre pérdida de oportunidad pues el tribunal “exigió una prueba
pericial concluyente que acreditara con certeza que el suministro del oxígeno habría
evitado su fallecimiento, aplicando así un estándar inadecuado, contrario al que rige en
los casos de pérdida de oportunidad”.
3) Finalmente, también señaló que se desconocieron los principios constitucionales como
la carga dinámica de la prueba e interpretación del principio pro persona, el
desconocimiento del hecho notorio sobre las consecuencias de la hipoxia, la continuidad
del tratamiento médico y la omisión del contexto estructural sobre la crisis de
CAPRECOM, reproches que se encauzarán como un defecto sustantivo.
4) Sin embargo, de entrada, la Sala encuentra que le asiste razón al a quo constitucional
en cuanto a que el asunto bajo examen no satisface el requisito de relevancia
7 Sobre el particular, citó este acápite “lla pérdida de la oportunidad se traduce en un perjuicio autónomo,
diferente del daño final al que realmente se vio sometido el paciente (...) No es dable al fallador desestimar
dicha posibilidad con base en criterios de mayor o menor probabilidad”.
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constitucional, en razón a que los tres defectos formulados por la parte accionante se
orientan esencialmente a cuestionar la valoración probatoria realizada por el juez natural
y las conclusiones jurídicas a las que arribó dentro del proceso de reparación directa,
particularmente, en cuanto consideró necesario contar con el concepto de un experto en
la materia, así:
“2.5.2.2. Una vez acreditada la existencia del daño padecido por la parte actora,
resulta necesario determinar si el mismo puede ser imputable a las entidades
demandadas, bajo la premisa de la pérdida de oportunidad.
Para dar inicio al análisis en mención, es menester acotar que no se aportó al
expediente una valoración de expertos que evalúe técnicamente la atención, las
patologías y los posibles escenarios en que podría haberse actuado con mejor
eficiencia en procura de proveer al paciente de todos los insumos, atenciones y
procedimientos requeridos para atender su enfermedad.
Resalta la Sala el valor probatorio de la prueba pericial de conformidad con su
contenido y finalidad en el caso específico, debiendo adoptar los marcos
jurisprudenciales elaborados por el Consejo de Estado, en sentencia del 31 de
octubre de 2007, expediente 1999-01954-01, MP. Mauricio Fajardo Gómez, a
saber: (…).
Esta misma posición jurisprudencial ha replicado la definición de la naturaleza
de la prueba pericial según la Corte Constitucional en sentencia T-496-06,
donde explica que tiene una naturaleza dual como: a) aquella que la configura
como un verdadero medio de prueba, ya que tiende a la fijación de la certeza
positiva o negativa de unos hechos; y b) aquella que la configura como un
mecanismo auxiliar del juez, porque no se aportan hechos distintos de los
discutidos en el proceso sino que se complementan los conocimientos
necesarios para su valoración por parte del juez.
Debido a que la Historia Clínica es un documento que contiene registros
técnicos de la atención brindada, su interpretación y evaluación no puede
hacerse directamente, sino que es necesaria la introducción de
experticios que soporten la hipótesis planteada por el recurrente según la
cual, la carencia de oxígeno domiciliario, atribuido a las entidades
demandadas, contribuyó al deterioro de la salud del señor REINALDO
ARMANDO VEJARANO o, en su defecto, condujo a una pérdida de
oportunidad en la mejoría.
El demandante tiene la carga probatoria para demostrar los elementos
constitutivos de la responsabilidad médica por pérdida de oportunidad,
indicando de qué forma la provisión de oxígeno otorgaba al paciente una
mejor posibilidad de mejoría. La falta de certeza probatoria no permite a la
Sala evaluar si en el presente caso hubo ciertamente una oportunidad no
aprovechada para atajar el resultado mortal, así como tampoco puede
establecerse cuáles fueron las consecuencias de la falta de oxígeno
domiciliario.
Como consecuencia de esa falencia, la conducta de las entidades demandadas
no puede ser relacionada con el resultado dañino y, por lo tanto, no puede
establecerse un juicio de responsabilidad en su contra, como lo estableció́ el A
quo”. (negrillas de la Sala)
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07043-01
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Acción de tutela
5) En efecto, a partir de la cita expuesta se encuentra que, en realidad, lo que se plantea
en la acción de tutela bajo la apariencia de los defectos fáctico, sustantivo y
desconocimiento del precedente es un desacuerdo con la conclusión del tribunal sobre
la base de que se otorgue un mayor valor probatorio al aludido testimonio, prescindiendo
de un dictamen pericial que respalde la tesis de la demanda sobre la pérdida de
oportunidad.
6) En este contexto, debe recordarse que la acción de tutela no procede para imponer
una determinada valoración probatoria ni para obligar al juez natural a adoptar una
específica conclusión jurídica, pues admitir lo contrario implicaría convertir este
mecanismo excepcional en una instancia adicional para revisar el mérito de las
decisiones judiciales.
7) Adicionalmente, la invocación de principios constitucionales como la carga dinámica
de la prueba e interpretación del principio, el desconocimiento del hecho notorio sobre
las consecuencias de la hipoxia, la continuidad del tratamiento médico y la omisión del
contexto estructural sobre la crisis de CAPRECOM no transforma el desacuerdo
probatorio en un problema de relevancia constitucional, ya que la decisión fue adoptada
en armonía de los principios de autonomía e independencia judicial de los que están
investidos los jueces constitucionales para resolver las controversias, de cara a lo
probado en los procesos.
8) Por último, también conviene precisar que aspectos como la carga de la prueba, la
determinación del daño y su imputación a las demandadas, la crisis institucional de la
demandada y el nexo de causalidad de esa situación y de la supuesta falta de oxígeno
con el daño son propios del debate en el proceso ordinario, que como se observa en la
sentencia de segundo grado, en realidad no fueron evaluados ante la ausencia de un
dictamen pericial y no trascienden al ámbito constitucional, de manera que el juez de
tutela no puede inmiscuirse en tales debates.
9) Esta acción tampoco fue concebida como un juicio de validez y de corrección de las
decisiones judiciales, pues, su finalidad no puede consistir en que las partes, o incluso el
propio juez constitucional, realicen una nueva lectura del expediente que, en el caso
concreto, se circunscribe a la valoración de las pruebas obrantes y a aquellas cuya
ausencia se alega, pues ello desconocería los principios de seguridad jurídica y de cosa
juzgada de los que están revestidas las providencias judiciales.
14
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07043-01
Actor (a): Lorena Andre Vejarano Romero y otro
Acción de tutela
10) Por consiguiente, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la referencia
no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir un debate
meramente legal y probatorio que era propio del trámite del proceso ordinario y al juez
constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su
competencia.
11) En consecuencia, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, por las razones hasta aquí expuestas.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de
tutela de la referencia, por incumplimiento del requisito de relevancia, de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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