Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07049-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07049-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07049-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
21 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07049-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: EDUARDO ANDRÉS ABAD NAVARRO
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ
QUE NO CUMPLE CON EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL, PUES LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE DE
ASPECTOS QUE FUERON RESUELTOS DE FORMA ADMISIBLE POR LA
AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA. ADEMÁS, TAMPOCO CUMPLE CON EL
REQUISITO GENERAL DE LA SUBSIDIARIEDAD, PUES EL MEDIO DE CONTROL
OBJETO DE ESTUDIO SE ENCUENTRA EN CURSO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE
SANTANDER1.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
El señor EDUARDO ANDRÉS ABAD NAVARRO, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
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En adelante el Tribunal.
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Actor: EDUARDO ANDRÉS ABAD NAVARRO
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y al principio de moralidad administrativa,
los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL, al haber proferido la
providencia de 2 de octubre de 2025 dentro del medio de control de
nulidad identificado con el número único de radicación 2025-00085-
01, al cual se acumuló el expediente número 2025-00110-00.
I.2. Hechos
Adujo que junto con los señores JORGE RODRÍGUEZ CARRILLO,
YESID AVELLA MARTÍNEZ y CARLOS FERNANDO SÁNCHEZ,
promovieron demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
contra el MUNICIPIO2 y el CONCEJO DE PAMPLONA3, con el fin
de obtener la nulidad del Acuerdo núm. 005 de 28 de abril de 2025,
“Por medio del cual se autoriza al alcalde para contratar un
empréstito con destino a la ejecución de proyectos de inversión
contemplados en el plan de desarrollo Pamplona cívica, ordenada y
segura para el periodo 2024-2027”.”
Manifestó que al proceso le fue asignado el número único de
radicación 2025-00085-004 y le correspondió por reparto en primera
2
En adelante MUNICIPIO.
3
En adelante CONCEJO.
4
Al cual se le acumuló el expediente número 2025-00110-00.
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instancia al JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE PAMPLONA5 que, mediante auto de 23 de julio de
2025, suspendió provisionalmente los efectos del acto administrativo
demandado.
Advirtió que inconforme con lo anterior, el MUNICIPIO interpuso
recurso de apelación ante el TRIBUNAL que, mediante auto de 2 de
octubre de 2025, revocó la decisión del a quo y, en su lugar, denegó
la solicitud de medida cautelar.
I.3. Fundamentos de la solicitud
A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en
defecto fáctico, en la medida en que no valoró en debida forma las
pruebas documentales que reposaban en el expediente ordinario,
entre ellas, la notificación del auto proferido por el JUZGADO que
decretó la medida cautelar solicitada, previo al desembolso del dinero
correspondiente al empréstito por parte de BANCOLOMBIA S.A.
Sostuvo que también incurrió en defecto sustantivo al
desnaturalizar la finalidad preventiva de las medidas cautelares
dentro de los procesos ordinarios, puesto que suprimió y/o pasó por
5
En adelante Juzgado.
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alto la obligatoriedad de los efectos de la suspensión provisional
dictada por el JUZGADO.
Adujo que la providencia judicial cuestionada incurrió en defecto
procedimental, dado que fue notificada de manera extemporánea,
esto es, 35 días después de la fecha en que fue proferida, lo cual le
impidió ejercer los recursos previstos en el ordenamiento jurídico.
Por último, aseguró que el TRIBUNAL incurrió en violación directa
de la Constitución, por cuanto dejó de lado los artículos 209 y 334
y desconoció el principio de moralidad administrativa.
I.4.- Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y,
en consecuencia:
“[…] PRIMERO: ADMITIR la presente Acción de Tutela por la
configuración de la Vía de Hecho Judicial en sus causales
concurrentes de defecto fáctico, sustantivo y procedimental
absoluto.
SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al Debido
Proceso (Art. 29 C.P.), Acceso a la Administración de
Justicia (Art. 229 C.P.) y el principio de Moralidad
Administrativa (Art. 209 C.P.) del accionante y de la comunidad
pamplonesa.
TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS el Auto
Interlocutorio proferido por la Sala Primera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 02 de octubre
de 2025, que revocó la medida cautelar.
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Actor: EDUARDO ANDRÉS ABAD NAVARRO
CUARTO: RESTITUIR Y ORDENAR LA VIGENCIA INMEDIATA
de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del
Acuerdo 005 de 2025, del contrato de empréstito con
Bancolombia S.A. y de la pignoración de rentas futuras, decretada
por Auto N.º 304 del 23 de julio de 2025 (y ratificada por Auto
N.º 364 del 12 de agosto de 2025), MANTENIENDO SUS
EFECTOS INELUDIBLES HASTA LA SENTENCIA DE FONDO.
QUINTO: ORDENAR a la Sala Accionada que, en un término no
superior a cuarenta y ocho (48) horas, profiera una nueva
decisión con valoración integral del acervo probatorio y
documental de los expedientes acumulados (Auto 260), con base
en la cronología probada de la notificación, y con plena
observancia de los Arts. 229-231 y 233 del CPACA, y la
jurisprudencia constitucional. […]
SÉPTIMO: EXHORTAR Y ORDENAR a la Alcaldía de Pamplona y
a Bancolombia S.A. al cumplimiento estricto e inmediato de la
restituida medida cautelar, previniéndolos de las consecuencias
penales, disciplinarias y fiscales que implica su desacato. […]”.
(Destacado pertenece al texto).
I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL solicitó desestimar la acción de tutela de la
referencia, toda vez que no se configuraron los defectos
manifestados por el actor que haga procedente su estudio.
I.6.- Intervinientes
I.6.1.- El MUNICIPIO señaló que no está legitimado en la causa por
pasiva, por lo que solicitó su desvinculación, puesto que el presunto
responsable de la trasgresión de los derechos fundamentales
alegados es el TRIBUNAL.
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I.6.2.- BANCOLOMBIA S.A. solicitó que se declare la
improcedencia de la acción constitucional de la referencia, por cuanto
no ha vulnerado derecho fundamental alguno en sus actuaciones.
I.6.3.- Los señores JORGE RODRÍGUEZ CARRILLO, YESID
AVELLA MARTÍNEZ, CARLOS FERNANDO SÁNCHEZ, el
CONCEJO y el JUZGADO, a pesar de ser notificados en debida
forma, guardaron silencio
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Cuestión previa
La Sala advierte que el MUNICIPIO solicitó ser desvinculado de la
presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por
pasiva.
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Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
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omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que el MUNICIPIO funge como demandado dentro del
medio de control objeto de tutela, la Sala concluye que le asiste
interés directo en la acción constitucional de la referencia, razón por
la que se denegará la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en
la parte resolutiva de la presente providencia.
Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
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C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable . De allí que sea un deber del actor
[5]
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se
correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes
a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
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c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.
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a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[11].
i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
deje sin efecto la providencia de 2 de octubre de 2025, proferida
por el TRIBUNAL, que revocó la decisión de 23 de julio de este año
dictada por el JUZGADO y, en su lugar, denegó la medida cautelar
solicitada dentro del medio de control de nulidad identificado con el
número único de radicación 2025-00085-01.
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A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, habida cuenta que, a juicio del actor, incurrió en defecto
fáctico, en la medida en que no valoró en debida forma las pruebas
documentales que reposaban en el expediente ordinario, entre ellas,
la notificación del auto proferido por el JUZGADO que decretó la
medida cautelar solicitada, previo al desembolso del dinero
correspondiente al empréstito por parte de BANCOLOMBIA S.A.
Sostuvo que también incurrió en defecto sustantivo al
desnaturalizar la finalidad preventiva de las medidas cautelares
dentro de los procesos ordinarios, puesto que suprimió y/o pasó por
alto la obligatoriedad de los efectos de la suspensión provisional
dictada por el JUZGADO.
Adujo que el TRIBUNAL incurrió en defecto procedimental, dado
que la providencia cuestionada fue notificada de manera
extemporánea, esto es, 35 días después de la fecha en que fue
proferida, lo cual le impidió ejercer los recursos previstos en el
ordenamiento jurídico.
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Por último, aseguró que el TRIBUNAL incurrió en violación directa
de la Constitución, por cuanto pasó por alto los artículos 209 y 334
y desconoció el principio de moralidad administrativa.
Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe
resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial; y ii) de superarse tal derrotero,
establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados e incurrió en los defectos alegados.
De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,
la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, los requisitos de
la relevancia constitucional y la subsidiariedad.
• De la relevancia constitucional
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
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expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional6, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».7
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación8, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
6
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [10].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [11].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [12].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
[9] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[10] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[11] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[12] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [13]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [14].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [15]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
[13] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[14] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[15] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho
requisito tiene como finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
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constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales; y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
ordinario.
Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la
controversia que propone el actor implica la reapertura de un asunto
que ya fue resuelto en sede ordinaria y del cual se pretende constituir
una instancia adicional, comoquiera que los argumentos expuestos
en el escrito de tutela están dirigidos a demostrar la procedencia de
la medida cautelar solicitada dentro del medio de control de nulidad
objeto de tutela.
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En efecto, revisada la providencia cuestionada, se advierte que las
inconformidades que ahora trae el accionante a esta sede
constitucional ya fueron resueltas de forma admisible por el
TRIBUNAL, al realizar un análisis del asunto así:
“[…]Entrando al estudio del caso concreto, corresponde
determinar si en la decisión apelada se acreditó debidamente
la violación de normas superiores por parte del Acuerdo
Municipal 005 de 2025, de forma tal que justificara la
suspensión provisional de sus efectos; la parte actora invocó
principalmente la Ley 2140 de 2021 y, subsidiariamente,
disposiciones en materia fiscal, mientras que el a quo tuvo por
aplicable aquella ley y reputó incompleto el soporte fiscal del
acto, razones por las que accedió a la medida cautelar.
Así las cosas, tras revisar el contenido del Acuerdo 005 de
2025, los documentos allegados al expediente y el marco
normativo pertinente, esta Sala no advierte la configuración de
la violación alegada y sí, en cambio, yerros de juicio en la
valoración de la procedencia de la suspensión.
En efecto, la Ley 2140 de 2021 modificó el inciso séptimo del
artículo 48 de la Ley 1551 de 2012 para establecer un
procedimiento específico de acreditación de posesión y
destinación pública de bienes inmuebles, con el único propósito
de habilitar inversiones cuando una entidad de otro orden exija
a los municipios, como requisito para financiar o cofinanciar
proyectos, la prueba de la propiedad del bien objeto de
intervención; es decir, se trata de un instrumento probatorio
para escenarios de financiación conjunta y no de una regla
habilitante o restrictiva de las autorizaciones de crédito público.
Ahora bien, el Acuerdo 005 de 2025 se limita a autorizar una
operación de crédito por una cuantía determinada para
financiar proyectos incorporados al plan de desarrollo
municipal; no dispone la celebración de convenios
interadministrativos de cofinanciación ni compromete, por sí
mismo, la ejecución material de obras sobre predios
específicos. Por tanto, la condición que activa la Ley 2140;
exigencia de un tercero financiador, no se verifica en el
supuesto del acuerdo demandado, mal podía, entonces, el a
quo erigir su legalidad sobre la previa expedición de un acto
administrativo de acreditación de posesión, requisito ajeno a la
fase legislativa de autorización de empréstito.
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Con todo, aun si se proyectaran aportes de otras entidades o
se encontraran en curso trámites de adquisición o donación de
predios, ello no vicia ipso facto la validez del acuerdo de
autorización, porque las definiciones sobre título y uso del bien
pertenecen, en principio, a la etapa de ejecución presupuestal
y contractual; de hecho, el ordenamiento prevé instrumentos
para invertir en bienes de terceros, bajo figuras lícitas y con
salvaguardas, sin que la ausencia de perfeccionamiento en ese
momento arrastre la nulidad de la autorización crediticia.
De otra parte, se advierte una incongruencia relevante: la
suspensión provisional debe fundarse en la confrontación del
acto con las normas invocadas por quien la solicita, no
obstante, el a quo construyó la medida sobre la Ley 2140 de
2021 sin que tal parámetro hubiese sido claramente propuesto
por el actor como soporte de la cautelar, desbordando así el
marco del debate y afectando la debida contradicción.
Con todo, en sede cautelar la duda no habilita la suspensión de
los efectos de un acto administrativo, ya que, los artículos 229
y 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo exigen una violación clara y directa
que surja del cotejo normativo o de prueba allegada por quien
la pide; la carga es consolidada y el juez no puede suplirla.
Cuando el soporte probatorio solo plantea hipótesis o
discrepancias técnicas, opera la presunción de legalidad del
acto y la cautelar deviene en su negativa, pues equivaldría a
un prejuzgamiento sobre materias que requieren un debate de
fondo, propio de la sentencia judicial.
Por lo demás, la apelación demuestra que el Municipio cumplió
con los requisitos fiscales exigidos para expedir el Acuerdo:
obra la certificación de capacidad de endeudamiento expedida
por la Secretaría de Hacienda, con verificación de los límites de
la Ley 358 de 1997; consta el análisis de impacto fiscal previsto
en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, con identificación de
costos y fuentes de financiación compatibles con el Marco Fiscal
de Mediano Plazo; y se allegaron los conceptos técnicos de
planeación y, cuando resulta exigible, la intervención sectorial
correspondiente. Tales soportes no fueron desvirtuados por la
parte actora y, por el contrario, robustecen la presunción de
legalidad del acuerdo.
Igualmente, el Acuerdo no comprometió vigencias futuras, no
era exigible la intervención del CONFIS en la fase de
autorización; ese control aplica cuando se pretende afectar
apropiaciones plurianuales, supuesto inexistente en este
expediente, de suerte que no puede fundarse la suspensión en
una exigencia impertinente para la etapa legislativa.
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En ese orden de ideas, los reparos del demandante; sobre
presuntas sobreestimaciones de ingresos, inconsistencias en
actas internas o insuficiencia de estudios específicos, no
revelan una violación frontal y nítida de las Leyes 819 o 358,
ni del régimen orgánico presupuestal, sino que plantean
discrepancias técnicas que, de existir, requieren un debate
probatorio propio del fallo de mérito.
Las medidas cautelares no pueden convertirse en un juicio
anticipado de legalidad ni desplazar la carga argumentativa y
probatoria que recae en quien las pide.
Además, la discusión sobre la clasificación de ciertos rubros;
adquisición de maquinaria destinada a la ejecución de obras y
mantenimiento vial, no desvirtúa, prima facie, la destinación a
inversión exigida para las operaciones de crédito público,
cuando se acredita su vinculación funcional con proyectos de
infraestructura y mejora de capacidad operativa, conforme a
los criterios presupuestales aplicables, menos aun cuando no
se comprometieron vigencias futuras que exigieran trámites
adicionales.
De igual modo, el reparo relativo a una presunta “hipoteca”
genérica carece, por ahora, de entidad para una medida
cautelar, porque la simple habilitación para constituir garantías,
cuyas fuentes, montos y condiciones se precisarán en los actos
contractuales, no configura, en abstracto, infracción palmaria
de la Ley 358 de 1997. Cualquier tensión con los principios de
especificidad y control fiscal exige examinar los textos
contractuales y la concreta afectación de rentas, cuestión
propia del juicio de fondo, no de un incidente cautelar.
Adicionalmente, la ponderación propia de la medida exige
considerar el interés público y la autonomía territorial: la
suspensión del acuerdo paraliza proyectos de evidente utilidad
colectiva; actualización catastral, mejoramiento vial,
equipamientos urbanos y espacios deportivos y turísticos, con
efectos negativos ciertos sobre la comunidad y sobre la
sostenibilidad fiscal local, mientras que el supuesto “perjuicio”
que se dice evitar es eventual y depende de que, en sentencia,
se acredite una ilegalidad que hoy no luce manifiesta. La
intervención judicial en las decisiones de endeudamiento local
solo se justifica para conjurar infracciones ostensibles del
ordenamiento, no para sustituir la valoración de conveniencia
de las autoridades municipales ni para anticipar escenarios
hipotéticos.
Finalmente, ya habiendo desembolso, la medida cautelar
resulta inocua y potencialmente gravosa, configurándose un
periculum in mora, ante la parálisis de proyectos de inversión,
frente a un riesgo de ilegalidad que no luce manifiesto.
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Por consiguiente, al no acreditarse un conflicto normativo
pertinente con la Ley 2140 de 2021, al constatarse un soporte
fiscal suficiente conforme a las Leyes 819 de 2003 y 358 de
1997, y al verificarse que los cuestionamientos del actor no
alcanzan el umbral de claridad exigido para una suspensión
provisional, la medida cautelar no puede mantenerse sin
desnaturalizar su finalidad.
En consecuencia, se impone revocar la decisión apelada y negar
la suspensión provisional del Acuerdo 005 de 2025, con la
advertencia de que el proceso continuará hacia el examen
integral de legalidad en la sentencia, instancia en la que, con
el acervo probatorio desarrollado y el debate propio del mismo,
podrá definirse de fondo lo que en derecho corresponda […]”.
De los apartes trascritos de la decisión cuestionada, se extrae que el
TRIBUNAL estudió la normativa y la jurisprudencia aplicable al
asunto y la posibilidad de suspender el acto administrativo acusado;
sin embargo, no logró determinar a prima facie su ilegalidad y la
presunta transgresión del ordenamiento jurídico, además de que el
actor no cumplió con la carga de demostrar tal situación, y el
desembolsó del empréstito que pretendía se suspendiera por parte
de BANCOLOMBIA S.A., ya se había efectuado, por lo que la medida
resultaba inocua y potencialmente gravosa ante la parálisis de
proyectos de inversión en el MUNICIPIO.
Además, en la decisión cuestionada se corroboró que la parte allí
demandada cumplió con los requisitos fiscales exigidos para expedir
el acto acusado y no había comprometido vigencias futuras, por lo
que no era exigible la intervención del CONFIS en la fase de
autorización de la contratación del empréstito, por lo que no se
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acreditaba un desconocimiento de lo previsto en las leyes 358 de 30
de enero de 199716, 819 de 13 de junio de 200317 y 2140 de 10 de
agosto de 202118, situación que evidencia que no se incurrió en los
defectos fáctico, sustantivo y violación de la Constitución Política,
alegados por el actor.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que la autoridad judicial
accionada se pronunció frente a los aspectos que la parte actora
alude como desconocidos, sin que se vislumbre que pudo haber
actuado de forma abiertamente arbitraria o desbordado los límites
del principio de la autonomía judicial, por lo que el asunto carece
del requisito general de la relevancia constitucional.
Situación distinta es que la parte actora no comparta la tesis allí
dispuesta, lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que
de conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de
conocimiento, el TRIBUNAL decidió el asunto sometido a su
consideración.
16
“Por la cual se reglamenta el artículo 364 de la Constitución y se dictan otras disposiciones en materia
de endeudamiento”.
17
“Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones urbanísticas y
algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictan otras disposiciones”.
18
“Por la cual se modifica el artículo 48 de la ley 1551 de 2012 y se dictan otras disposiciones”.
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En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte
actora, sino una divergencia que obedece a la interpretación dada
por el juez natural del asunto a las pruebas allegadas al proceso, en
el cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a
la acción de tutela el carácter de un recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales y de paso invadir la competencia
y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
Ahora, el actor también alegó que el TRIBUNAL incurrió en defecto
procedimental, dado que la providencia cuestionada se notificó de
manera extemporánea, esto es, 35 días después de la fecha en que
se profirió, situación que le impidió ejercer los recursos previstos en
el ordenamiento jurídico.
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Sobre el particular, para la Sala no es de recibo tal afirmación, por
cuanto si bien la providencia censurada se dictó el 2 de octubre de
2025 y se notificó por estado el 5 de noviembre de este año, esto
ocurrió por que el expediente pasó a Secretaría hasta esta última
fecha. Además, el cuaderno contentivo de la medida cautelar fue
devuelto al JUZGADO el 12 siguiente, sin que el actor hubiese
presentado escrito o recurso alguno, según se evidencia del
aplicativo de consulta de procesos SAMAI19.
• De la subsidiariedad
Aunado a lo anterior, la Sala encuentra que la acción de tutela de la
referencia tampoco cumple con el requisito general de la
subsidiariedad, toda vez que el medio de control de nulidad dentro
del que se profirió la decisión cuestionada se encuentra en curso,
pues hasta la fecha el JUZGADO20 no ha dictado el fallo de primera
instancia.
En efecto, el proceso que motivó la instauración de esta acción
constitucional aún se encuentra en trámite y, por ende, la
intervención del juez constitucional se encuentra vedada. Ello, por
cuanto, se reitera, es el mismo proceso ordinario el adecuado para
19
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=545183333001202500
08501.
20
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085005451833
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hacer valer los derechos que la parte actora estima vulnerados y mal
haría el juez de tutela en suplantar las competencias que le están
dadas al juez de conocimiento21.
Aunado a lo anterior, con el fin de analizar si en el presente caso se
configura la existencia de un perjuicio irremediable que haga
procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, la Sala
se remite a lo dispuesto por la Corte Constitucional 22 que frente al
tema ha sostenido lo siguiente:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta
Corporación ha precisado que éste debe reunir las
siguientes características: “debe ser inminente o próximo a
suceder. Este exige un considerable grado de certeza y
suficientes elementos fácticos que así lo demuestren,
tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el
perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un
detrimento sobre un bien altamente significativo para la
persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas
urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una
doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a
la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice
con las particularidades del caso. Por último, las medidas
de protección deben ser impostergables, esto es, que
respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de
evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable
[…]”.
21
Se resalta que en un asunto similar la sala se pronunció en el mismo sentido, esto es, en sentencia
de 13 de noviembre de 2025, expediente número 2025-6812-0021, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón,
en la que se dijo: “[…] Aunado a lo anterior, la Sala encuentra que la acción de tutela de la
referencia tampoco cumple con el requisito general de la subsidiariedad, toda vez que el
medio de control de nulidad dentro del que se profirió la decisión cuestionada se encuentra
en curso, pues hasta la fecha el JUZGADO21 no ha dictado el fallo de primera instancia.
En efecto, el proceso que motivó la instauración de esta acción constitucional aún se
encuentra en trámite y, por ende, la intervención del juez constitucional se encuentra
vedada. Ello, por cuanto, se reitera, es el mismo proceso ordinario el adecuado para hacer
valer los derechos que la actora estima vulnerados y mal haría el juez de tutela en suplantar
las competencias que le están dadas al juez de conocimiento […]”. (Resaltado fuera del texto
original).
22
Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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De acuerdo con lo expuesto en precedencia, la Sala no advierte la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción
de tutela de la referencia como mecanismo transitorio, dado que
sobre tal aspecto ni siquiera se hace mención en el escrito
introductorio, sin que en todo caso de las circunstancias fácticas
probadas se pueda advertir tal situación.
Por último, se observa del escrito de tutela que el actor solicitó que
investigue y/o se compulsen copias a la FISCALÍA y a la
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN de las actuaciones
surtidas dentro del proceso ordinario objeto de controversia; sin
embargo tal pretensión resulta improcedente, por cuanto la acción
de tutela no está instituida para resolver tales asuntos, además de
que dichos escenarios deben ser puestos en conocimiento
directamente ante las mencionadas autoridades judicial y
disciplinaria, en atención a sus facultades establecidas en los
artículos 250 y 277 de la Constitución Política23.
En consecuencia, se declarará improcedente la solicitud de amparo
presentada por la parte actora por falta de los requisitos de
relevancia constitucional y subsidiariedad, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de
agosto de 2025, expediente identificado con el único de radicación 2025-04570-00, M.P. Nubia Margoth
Peña Garzón.
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Actor: EDUARDO ANDRÉS ABAD NAVARRO
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por el MUNICIPIO
DE PAMPLONA, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 21 de noviembre de 2025.
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Actor: EDUARDO ANDRÉS ABAD NAVARRO
NUBIAMARGOTHPEÑAGARZÓN PABLOANDRÉSCÓRDOBAACOSTA
Presidenta
CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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