Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07055-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-07055-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07055-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07055-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
26 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07055-01
Accionante: Gerardo Alonso Herrera Hoyos
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia
Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos
generales de procedibilidad – relevancia constitucional. Decisión: Se confirma el fallo
de primera instancia.
La Sala decide la impugnación 1 presentada, en calidad de convocante, por
Gerardo Alonso Herrera Hoyos en contra del fallo de tutela proferido el 20 de
marzo de 20262 por la Sección Tercera – Subsección B, del Consejo de Estado.
I.- ANTECEDENTES
1.1.- La solicitud de amparo constitucional
El 10 de noviembre de 20253, el accionante radicó acción de tutela4 en procura
de la protección de sus derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados por el auto del 30 de
octubre de 20255 que rechazó la acción popular con radicado 66001-23-33-000-
2025-00019-00, proferido por el Tribunal Administrativo de Risaralda.
1 Obra impugnación en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 44, con certificado
D9F6683AA2508E04 82AE48FA49646482 984608CC72C5EDF9 58C4B5A46BF98E11, del expediente de
primera instancia.
2 Obra sentencia en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 40, con certificado 143EE4840C431776
01BDC94F399328C8 B1998E4FED08ADEE 208E5F211BFAA76C, ibíd.
3 Obra en el índice 1 de SAMAI, ibíd “REPARTO Y RADICACION DEL PROCESO REALIZADAS EL lunes,
10 de noviembre de 2025 con secuencia: 11391”.
4 Obra escrito de tutela en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado
174F130BCAFCFC6A A76FC0947D02CB83 772D85C6F07746B2 BB2534DEC71C4A7A, ibíd.
5 Obra auto que rechaza en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 27, certificado
86837C90B682BB81 395A0439D537FF53 25CD106C6A3851FA 354ED4BB49E37E15, del expediente de
la acción popular.
2
Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07055-01
Accionante: Gerardo Alonso Herrera Hoyos
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
1.2.- Hechos
1.2.1.- El 29 de enero de 20256, el actor radicó demanda en ejercicio del medio
de control de protección de derechos e intereses colectivos en contra del
Ministerio de Salud y Protección Social y de Calzado BATA Santa Rosa de
Cabal, para que adelantaran los trámites administrativos con el fin de garantizar
la construcción de un baño público apto para ciudadanos en silla de ruedas. La
acción fue identificada bajo el Radicado No. 66001-23-33-000-2025-00019-00.
1.2.2.- Mediante auto del 2 de septiembre de 20257, el Tribunal Administrativo
de Risaralda inadmitió la demanda porque no se acreditó, en atención a la
pretensión principal, que se hubiera agotado la solicitud previa a las demandadas
ni que existiera un inminente perjuicio irremediable.
1.2.3.- En consecuencia, le otorgó al accionante un término para corregirla en el
sentido de aportar copia de los requerimientos previos a los organismos
demandados, de conformidad con lo previsto en el inciso 3 del artículo 144 de la
Ley 1437 de 2011.
1.2.4.- El actor presentó un escrito dentro del término otorgado, pero no subsanó
la demanda en los términos indicados en el proveído.
1.2.5.- Por auto del 30 de octubre de 2025 8 , el Tribunal Administrativo de
Risaralda rechazó la demanda, dado que el actor popular no la subsanó.
1.3.- Fundamentos de la acción de tutela
El demandante señaló que presentó una acción popular y esta no ha sido
admitida porque se le exige que agote la vía gubernativa, cuando ese requisito
solamente es obligatorio frente a entidades estatales y no ante establecimientos
comerciales particulares, como lo es Calzado BATA. Asimismo, manifestó que
6 Obra información en el índice 1, Ibíd.
7 Obra auto que inadmite en el índice 20, certificado 44497AE5CDD3C496 A0D1AA474F0C7381
7BD36AA5D539BFBC B24A45DA154DEB8A, Ibíd.
8 Obra auto que rechaza en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 27, certificado
86837C90B682BB81 395A0439D537FF53 25CD106C6A3851FA 354ED4BB49E37E15, Ibíd.
3
Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07055-01
Accionante: Gerardo Alonso Herrera Hoyos
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
se le negó el amparo de pobreza pese a que no tiene trabajo y lo poco que
percibe económicamente lo utiliza para su subsistencia.
1.4.- Pretensiones de la acción de tutela
La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:
“SE ORDENE ADMITIR MI ACCION POPULAR INMEDIATAMENTE
AMPARADO DERECHO SUSTANCIAL SE CONCEDA EL AMPARO DE
POBREZA QUE EN DERECHO NUEVAMENTE PIDO A FIN Q SE ME
GARANTICE MI ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN MI
ACCION CONSTITUCIONAL SE IMPIDA SE COMETA UN EXCESO
RITUAL MANIFIESTO SENTENCIA H CC SU 061 DE 2018.
SE ORDENE SIEMPRE AL TRIBUNAL DETERMINAR EL TIPO DE
ACCION QUE TRAMITA LLAMANDOLA ACCION POPULAR, PUES NO LE
DETERMINA POR SU NOMBRE de negar mi acción, desisto de todas mis
acciones populares que pudieran estar en este tribunal contencioso
administrativo en Pereira Rda, pues me canse de perder mi tiempo sin eco
alguno en derecho. pido comparta todos lso (sic) link de todas las populares
que actualmente trámite el tribunal tutelado, independiente quien les
presentó PRUEBAS se comparta el link”9.
2.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia
2.1.- Mediante auto del 04 de marzo de 202610, la Sección Tercera – Subsección
B del Consejo de Estado admitió la acción de tutela, ordenó la notificación del
accionado y vinculó —en calidad de terceros con interés directo en el resultado
del proceso— al Ministerio de Salud y Protección Social y al Gerente de la
sociedad MANISOL S.A.S. para que ejercieran su derecho de defensa.
2.2.- Tanto el Tribunal Administrativo de Risaralda como los vinculados en
calidad de terceros guardaron silencio, a pesar de haber sido notificados en
debida forma.
9 Folio 2 del certificado 174F130BCAFCFC6A A76FC0947D02CB83 772D85C6F07746B2
BB2534DEC71C4A7A, índice 2, del expediente de tutela de primera instancia.
10 Obra auto que admite en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 16, con certificado
C05723C84E9EF047 992FEE363DB853B9 BCAEAE70A16E222D DF6509BE6B7D4BAA, ibíd.
4
Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07055-01
Accionante: Gerardo Alonso Herrera Hoyos
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
3.- Fallo de tutela de primera instancia
La Sección Tercera – Subsección B del Consejo de Estado, mediante sentencia
del 20 de marzo de 2026, declaró improcedente el amparo tras determinar que
la solicitud no cumple con el requisito de subsidiariedad. Consideró la Sala que
el actor disponía de mecanismos ordinarios de defensa judicial idóneos y
eficaces para controvertir la decisión que dispuso el rechazo de la demanda
dentro del trámite de la acción popular. Puntualmente, para el caso concreto
procedía el recurso de apelación previsto en el artículo 243 de la Ley 1437 de
2011, medio previsto por el legislador para impugnar la determinación adoptada
por la autoridad judicial accionada, sin que se hubiera acreditado su ejercicio
oportuno ni justificación alguna que explique su inactividad procesal.
De otra parte, en lo concerniente a la inconformidad relativa a la negativa del
amparo de pobreza, se observa que dicha solicitud debió ser promovida y
sustentada al interior del mismo proceso judicial para que el Tribunal efectuara
el análisis de procedencia a partir de los elementos probatorios allegados; sin
embargo, el actor no lo solicitó. Por tanto, el juez constitucional no puede resolver
materias que no son de su resorte.
4.- Razones de la impugnación
En contra de la providencia referida, el accionante presentó impugnación11. El
actor consideró que se inaplicó el derecho sustancial, se desconoció la sentencia
T-201 de 2015 y se presentó un exceso ritual manifiesto; asimismo, sostuvo que
se le ha negado el acceso a la administración de justicia. Adicionalmente, insistió
en su petición de amparo de pobreza, la cual fue alegada desde la presentación
de la demanda de tutela.
11 Obra impugnación en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 44, con certificado
D9F6683AA2508E04 82AE48FA49646482 984608CC72C5EDF9 58C4B5A46BF98E11, del expediente de
primera instancia.
5
Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07055-01
Accionante: Gerardo Alonso Herrera Hoyos
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
II.- CONSIDERACIONES
1.- Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada en contra
del fallo de tutela proferido el 20 de marzo de 2026 por la Sección Tercera –
Subsección B del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en los
artículos 86 de la Constitución, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo
No. 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.- Problema jurídico
En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con
los requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si
se vulneraron los derechos alegados.
3.- La acción de tutela en contra de providencias judiciales
La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, reconoció que la acción
de tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de
rigurosos requisitos de procedibilidad 12 y de procedencia 13 , con el fin de
determinar si se vulneraron o no los derechos de orden superior.
4.- El requisito de relevancia constitucional en el caso concreto
4.1.- Sobre el requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha
señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no
12 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del
juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez;
que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en
forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
13 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto
procedimental; defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de
motivación; defecto por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
6
Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07055-01
Accionante: Gerardo Alonso Herrera Hoyos
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse
en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”14.
En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber 15 : (i) que el actor cumpla con su carga
argumentativa y justifique suficientemente la relevancia constitucional por
vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta que se aduzca la
transgresión de aquellos y (ii) que la acción de tutela no se convierta en una
instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia
acusada, puesto que este mecanismo especial constitucional está constituido
para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el
actor tenga frente a la decisión judicial.
Por su parte, la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 16 , al
pronunciarse sobre el requisito sub judice, advirtió que era necesario verificar:
“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales”.
4.2.- En el caso concreto, el tutelante cuestiona, en esencia, que (i) se le ha
negado el acceso a la administración de justicia; (ii) se configuró un exceso ritual
manifiesto; y (iii) se negó injustificadamente su petición de amparo de pobreza,
alegada en la demanda de tutela.
4.3.- La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia que declaró
la improcedencia de la acción, pero por razones disímiles a las expuestas por el
a quo constitucional, pues esta no satisface el requisito de relevancia
constitucional, tal y como se expone a continuación.
14 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
15 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
16 Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
7
Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07055-01
Accionante: Gerardo Alonso Herrera Hoyos
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
4.4.- Para la Sala, ab initio, se torna evidente que los cargos elevados por la
parte actora no satisfacen el requisito de relevancia constitucional, por cuanto,
además de no haberse explicado en debida forma, se advierten como un medio
dirigido a revivir el análisis jurídico efectuado por el Tribunal Administrativo de
Risaralda en la acción popular identificada con el radicado 66001-23-33-000-
2025-00019-00, como si la acción de tutela fuera una instancia adicional a ese
trámite, según se explicará.
4.5.- Al verificar los argumentos de la providencia proferida el 30 de octubre de
2025, se dilucida el siguiente análisis textual:
“Como se puede constatar, no presentó escrito de subsanación en el cual
se cumpliera con lo ordenado; esto es, el requerimiento previo, máxime si
se tiene en cuenta que, el oficio aportado hace alusión a establecimientos
diferentes de diferente naturaleza y denominación al accionado en este
proceso, pues se refiere a entidades bancarias y afines, lo que difiere de un
establecimiento comercial de venta de calzado.
En virtud de lo expuesto, dado que la parte no aportó prueba de su
agotamiento, se debe rechazar el presente medio de control, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 472 de 1998, ni los requisitos de
la demanda, por cuanto en el término concedido no subsanó la demanda.
Aunado a ello se tiene que el auto inadmisorio no fue objeto de reproche a
través del recurso pertinente, en el evento que no estuviese de acuerdo con
la irregularidad advertida en dicha providencia. Conforme lo anterior, es
procedente advertir que la decisión de rechazar la demanda se toma en
observancia de la protección ponderada de todos los bienes jurídicos
implicados, con el objeto de asegurar precisamente la primacía del derecho
sustancial, sin que se pueda entender de esta manera, que se está
denegando el acceso a la administración de justicia, por cuanto la misma
Constitución Política en su artículo 228, dispone que los términos judiciales
deberán ser observados con diligencia y su incumplimiento será sancionado.
Por tal razón para esta Colegiatura, resulta claro que el ordenamiento
jurídico señala los términos cuya observancia por las partes se hace
imperativa al ser aquellos preclusivos, recordemos entonces que en el
presente caso la parte actora contaba con tres (03) días para subsanar las
falencias que presentó la demanda, a riesgo de soportar las consecuencias
jurídicas desfavorables si se actuaba dejándolos vencer, constituyéndose de
esta manera en una carga procesal, de cuya inobservancia se pueden
derivar consecuencias desfavorables, por lo que la desidia en el
cumplimiento de la carga señalada por la ley, sólo afecta al interesado, en
este caso la parte actora. (…)
De lo anterior se puede afirmar que, para que un perjuicio sea irremediable,
deben concurrir las características de ser inminente, grave y urgente; sin
embargo, los argumentos expuestos en la acción popular no ofrecen la
certeza de la configuración de un perjuicio irremediable; es así que para el
caso concreto, no se demostró el peligro referido, ni se cumplió con la carga
8
Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07055-01
Accionante: Gerardo Alonso Herrera Hoyos
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
procesal señalada en el auto inadmisorio, que lleven a concluir la existencia
de un peligro inminente o irreparable para demostrar la configuración de la
excepción contenida en el inciso tercero del artículo 144 de la ley 1437 de
2011. (…)
Sin embargo, con la expedición del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo –CPACA-, se incluyó una nueva causal
de rechazo de la demanda, la cual se encuentra consagrada en el numeral
tercero del artículo 144 y con respecto a dicho requisito de procedibilidad,
basta con que el o los accionantes reclamen la adopción de las medidas
necesarias para superar las conductas violatorias de los derechos, pero
debe existir certeza de dicha reclamación pues al actor le asistía la carga de
probar que requirió a las autoridades demandadas y en el caso particular al
no cumplirse con el requisito antes enunciado, a pesar de haberse dado la
oportunidad procesal para tal acreditación, no queda otra decisión distinta a
rechazar el líbelo como lo imponen las normas transcritas.
Por lo demás, en relación con los hechos relacionados con la presunta
vulneración de los derechos colectivos ya reseñados, la Sala le pone de
presente a la parte actora que, pese a que la acción popular fue rechazada
por no agotar el requisito de procedibilidad exigido en el artículo 144 del
CPACA; puede acercarse nuevamente a la Jurisdicción para reclamar la
protección de los derechos colectivos que estime vulnerados, pero esta vez
con el lleno de los requisitos exigidos en la norma ibidem y en la Ley 472.
Finalmente; debe resaltar esta sala de decisión, que el accionante plantea
una supuesta flexibilización en el cumplimiento del requisito ausente de
procedibilidad del artículo 144 de la Ley 1437 de 2011, citando un escenario
que NO es el que se presenta en el caso concreto, en el cual la acción se
radica inicialmente ante la justicia ordinaria, cuando lo cierto y relevante para
el presente contexto, es que la demanda de la referencia se presentó desde
el inicio, ante la justicia contencioso administrativa.”17.
4.6.- En atención a lo anterior, se observa que el cuerpo colegiado abordó con
suficiencia los argumentos por los cuales se rechazó la acción popular. En tal
sentido, la decisión adoptada el 30 de octubre de 2025 no es una denegación
del acceso a la administración de justicia del actor, sino que la providencia
fundamentó en el ordenamiento jurídico las razones para que la acción fuera
rechazada. Además de ello, el actor tuvo la posibilidad de subsanar el medio de
control, pero no lo hizo, así como el auto inadmisorio no fue objeto de debate.
Finalmente, la Sala no encontró un perjuicio irremediable que permitiera la
procedencia de la acción sin haberse agotado las solicitudes ante la autoridad
pública accionada en el trámite.
17 A folios 10-14 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 27, certificado 86837C90B682BB81
395A0439D537FF53 25CD106C6A3851FA 354ED4BB49E37E15, del expediente de la acción popular.
9
Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07055-01
Accionante: Gerardo Alonso Herrera Hoyos
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
4.7.- De igual manera, el Tribunal advirtió al señor Herrera Hoyos que, una vez
cumplidos los requisitos, puede acercarse de nuevo a la Jurisdicción
Contencioso Administrativa.
4.8.- Por otra parte, en relación con la inconformidad relativa a la negativa del
amparo de pobreza, la Sala comparte lo considerado por el a quo constitucional.
Por tanto, se observa que dicha solicitud debió ser promovida y sustentada al
interior del mismo proceso judicial para que el Tribunal efectuara el análisis de
procedencia a partir de los elementos probatorios allegados; sin embargo, el
actor no lo solicitó. Por tanto, el juez constitucional no puede resolver materias
que no son de su resorte.
4.9.- Resulta claro, entonces, que el peticionario pretende utilizar este
mecanismo constitucional como si la tutela se tratara de una instancia adicional,
pues como se vio, la autoridad convocada revisó con detenimiento las razones
por las cuales el medio de control debía ser rechazado. Por ende, resulta diáfano
que las quejas sub examine se limitan a criticar lo resuelto en el proceso No.
66001-23-33-000-2025-00019-00 con el fin de que se desconozca la decisión del
Tribunal Administrativo de Risaralda.
En este orden de ideas, y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la tutela, se debe acotar que no basta con
manifestar inconformidades respecto a las decisiones judiciales objeto de
censura o alegar la configuración de los requisitos especiales de procedencia,
ya que, de esa forma, la discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad
que no trascienden al plano constitucional.
4.10.- Al respecto, se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en
contra de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para
desconocer la autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de
validez” y no como un “juicio de corrección” de la decisión cuestionada18, lo que
se opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para la
18 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
10
Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07055-01
Accionante: Gerardo Alonso Herrera Hoyos
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
discusión de los asuntos de índole probatorio o de interpretación del derecho que
se resolvieron previamente por el juez de la causa19.
5.- En consecuencia, se observa que ninguno de los cargos formulados en la
solicitud de amparo satisface el requisito general de relevancia constitucional,
razón por la cual se confirmará el fallo impugnado, aunque por las razones aquí
lucidas.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III.- RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 20 de marzo de 2026 por la Sección
Tercera – Subsección B, del Consejo de Estado, de conformidad con las razones
expuestas ut supra.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado
19 Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.