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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07056-00

Fecha
11 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07056-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta por TECS SAS en Reorganización por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Accionante: TECS SAS en Reorganización Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-07056-00 TERCER: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07056-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

11 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07056-00
Accionante: TECS SAS EN REORGANIZACIÓN
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial – acumulación de
pretensiones - medio de control de controversias
contractuales y reparación directa - declara improcedencia por
no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo de Santander
y del Juzgado 1 Administrativo del Circuito Judicial de Barrancabermeja. Lo
anterior, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto 1069 de 2015 (modificado por los decretos 333 de
2021 y 799 de 2025), así como con el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.

Por auto del 11 de noviembre de 20252, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. TECS SAS en Reorganización, actuando por medio de apoderado judicial,
interpuso acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Santander y
del Juzgado 1 Administrativo del Circuito Judicial de Barrancabermeja. Con la
solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.

2. La trasgresión de las anteriores garantías constitucionales se las adjudica
a las providencias dictadas al interior del proceso identificado con el radicado

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 5 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionados al

Tribunal Administrativo de Santander y del Juzgado 1 Administrativo del Circuito Judicial de
Barrancabermeja. Asimismo, se ordenó la vinculación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado, esta última según lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso.

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68081-33-33-001-2023-00296-00/01: (i) auto del 11 de junio de 2024, mediante
el cual se rechazó la demanda por haber operado la caducidad; (ii) proveído del
5 de septiembre de 2024, que decidió no reponer el auto de rechazo; y (iii)
decisión del 25 de abril de 2025, que resolvió el recurso de apelación en el sentido
de confirmar la providencia del 11 de junio de 2024.

3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. Conceder el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a
la igualdad y al acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados
por las providencias proferidas por el honorable Tribunal Administrativo de
Santander y el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de
Barrancabermeja, por medio de las cuales se rechazó la demanda administrativa
presentada por la accionante contra la Empresa Colombiana de Petróleos
ECOPETROL S.A. y otra.

2. Dejar sin efectos la providencia proferida por el honorable Tribunal
Administrativo de Santander, con fecha del 25 de abril de 2025, así como las
demás decisiones judiciales que se deriven de la misma, incluyendo la
providencia proferida el 05 de septiembre de 2024 y el auto de rechazo del 11 de
junio de 2024 del Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de
Barrancabermeja, en el marco del proceso de Reparación Directa 68-081-33-33-
001-2023-00296-00 iniciado por TECS S.A.S. contra Ecopetrol S.A. y la DIAN.

3. Ordenar al honorable Tribunal Administrativo de Santander que dentro del
término razonable que se conceda y siguiente a la notificación de la sentencia
que se emita dentro del presente trámite, proceda a emitir una nueva decisión
que resuelva el recurso de apelación presentado en contra de la decisión de
primera instancia que rechazó la demanda de Reparación Directa presentada por
TECS S.A.S. contra Ecopetrol S.A. y la DIAN, disponiendo la admisión de la
misma tal y como dicho Tribunal ha procedido con la admisión de la demanda de
similar contenido y naturaleza presentada por la Estatal Petrolera contra la
accionante, así como de otras empresas, disponiendo que el juzgado de origen
proceda a darle el trámite correspondiente.

4. En subsidio de lo anterior ordenar al honorable Tribunal Administrativo de
Santander que dentro de un plazo razonable contado a partir de la notificación de
la sentencia que ponga fin al presente trámite, proceda a emitir nuevamente
decisión de fondo que resuelva el recurso de apelación presentado por la
accionante en contra del auto que rechazó su demanda de reparación directa
presentada contra Ecopetrol S.A., y tenga en cuenta para ello las consideraciones
de índole constitucional y de derecho que se expongan en el fallo de tutela, el
estudio pormenorizado de la caducidad del medio de control de cara al caso
particular sometido a su conocimiento y los principios de igualdad, debido
proceso y acceso a la administración de justicia.

5. Ordenar cualquier otra medida necesaria para restablecer de manera
efectiva los derechos fundamentales conculcados3.

3 Transcripción literal que puede contener errores.

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1.2. Hechos

1. La sociedad TECS SAS y Ecopetrol SA, suscribieron los contratos n. °
4022405 el 30 de abril de 20094 y n. ° 4022971 el 17 de junio de 20095, los cuales
fueron liquidados de mutuo acuerdo el 20 de noviembre y 20 de agosto, de 2009,
respectivamente.

2. Los contratos fueron identificados por Ecopetrol como contratos de
construcción, circunstancia que llevó a TECS SAS a liquidar el IVA conforme a
esa clasificación. En consecuencia, la empresa calculó y pagó el impuesto
tomando como base la utilidad obtenida y no el valor total ejecutado, pues la
orden de servicios indicaba que la actividad correspondía a un contrato de
construcción y que la propuesta debía presentarse bajo el esquema de
administración, imprevistos y utilidad propio de esa modalidad contractual.

3. En el año 2012, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN,
profirió las Liquidaciones Oficiales de Revisión n. ° 292412012000016,
292412012000017 del 30 de noviembre de 2012 y «292412012000015 del 30 de
noviembre de 2012», mediante las cuales se modificó la liquidación del impuesto
sobre las ventas del año 2009 declarados por TECS SAS.

4. En dichos actos administrativos la DIAN determinó un mayor valor a pagar
y aplicó sanción por inexactitud al concluir que los contratos suscritos con
Ecopetrol no correspondían a contratos de construcción, sino a contratos de
prestación de servicios de mantenimiento, razón por la cual el impuesto debía
liquidarse sobre el valor total ejecutado y no sobre la utilidad. Estas liquidaciones
fueron posteriormente confirmadas mediante las resoluciones que decidieron los
recursos de reconsideración en el año 2013.

5. Inconforme con lo decidido, la tutelante presentó demanda contencioso-
administrativa en la que acumuló las siguientes pretensiones: (i) controversias
contractuales contra Ecopetrol SA, con el fin de que se declarara la
responsabilidad de dicha entidad por los pagos efectuados a la DIAN, los cuales,
a su juicio, se originaron en la denominación errónea de los contratos n. °
4022971 y 4022405 del 2009; y (ii) reparación directa contra la DIAN, para que
se declarara la responsabilidad de esa entidad por los valores exigidos por
concepto de IVA en los periodos 4, 5 y 6 del año 2009, conforme a las
liquidaciones oficiales de revisión que fueron confirmadas en sede administrativa.

6. Del proceso conoció el Juzgado 1 Administrativo del Circuito Judicial de
Barrancabermeja con radicado 68081-33-33-001-2023-00296-00. Mediante auto

4 El objeto del contrato fue la realización de «obras de mantenimiento técnico de equipos
eléctricos e instrumentos durante las paradas de planta lado frío Cracking Ortho Flow y Tooping
U-2100 de la Gerencia Refinería Barrancabermeja de Ecopetrol SA, ubicada en
Barrancabermeja- Santander».
5 Cuyo objeto fue la realización de «obras de prefabricación y montaje de facilidades mecánicas

y de tubería, para mejorar la operación del sistema de bombeo SP3205 de casa de bombas No,
2, ubicado en la Gerencia Refinería Barrancabermeja de Ecopetrol S.A»

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del 11 de junio de 2024, rechazó la demanda al verificar que las pretensiones de
controversias contractuales dirigidas contra Ecopetrol SA estaban afectadas por
la caducidad. Asimismo, tras precisar el alcance de las pretensiones formuladas
contra la DIAN y determinar que el medio de control adecuado era el de nulidad
y restablecimiento del derecho, concluyó que frente a este también se había
configurado el fenómeno de la caducidad.

7. Contra el anterior proveído la sociedad TECS SAS interpuso recurso de
reposición y en subsidio de apelación6. Por medio de auto del 5 de septiembre
de 2024, el Juzgado 1 Administrativo del Circuito Judicial de Barrancabermeja
decidió no reponer la decisión proferida el 11 de junio de 2024 y ordenó remitir el
expediente al Tribunal Administrativo de Santander para que se tramitara el
recurso de apelación7.

8. Mediante auto del 25 de abril de 20258, el Tribunal Administrativo de
Santander confirmó la decisión proferida por el Juzgado 1 Administrativo del
Circuito de Barrancabermeja el 11 de junio de 2024, el cual rechazó la demanda
por haber operado la caducidad.

9. Para sustentar la decisión, el tribunal precisó que la demanda fue
presentada de manera extemporánea y que los medios de control ejercidos se
encontraban afectados por la caducidad, circunstancia que impedía cualquier
examen de fondo sobre las pretensiones formuladas.

10. En este sentido, señaló que las pretensiones relacionadas con los
contratos celebrados con Ecopetrol estaban afectadas por el fenómeno de la
caducidad, debido a que ambos contratos fueron liquidados de mutuo acuerdo
en 2009 y, conforme a lo previsto en el artículo 141 de la Ley 1437 de 2011, el
término para ejercer el medio de control de controversias contractuales venció
dos años después de la firma de las actas de liquidación.

11. Aclaró además que, incluso si se analizaba el reclamo desde la
perspectiva de la reparación directa, la conclusión no variaba. Señaló que, si el
objeto del reclamo no era el desequilibrio económico del contrato, sino la

6 La sociedad accionante sostuvo que el juez de primera instancia ignoró que el daño alegado no

surgió cuando se liquidaron los contratos en 2009, sino con las liquidaciones oficiales que la DIAN
profirió y confirmó en 2012 y 2013, las cuales elevaron el IVA a cargo de la empresa. Indicó que
esos actos fueron objeto de demandas de nulidad y restablecimiento del derecho y que su
situación jurídica quedó definida años después mediante sentencias ejecutoriadas. Afirmó que
solo a partir de la firmeza de esas decisiones la empresa obtuvo certeza sobre la validez de las
liquidaciones tributarias y sobre la obligación de pagar los valores discutidos, lo que permitió
identificar el daño y su cuantía. Con base en lo anterior, concluyó que el término de caducidad
debía iniciar desde la ejecutoria de dichas sentencias y no desde la expedición de los actos
administrativos ni desde la liquidación de los contratos.
7 En auto del 20 de junio de 2024 el Juzgado 1 Administrativo del Circuito de Barrancabermeja

concedió el recurso de apelación, pero omitió resolver el recurso de reposición interpuesto por la
accionante. En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Santander, mediante providencia del
19 de julio de 2025, devolvió el expediente al juzgado para que se pronunciara sobre la reposición.
8 Expediente proceso ejecutivo con radicado 05001-23-33-000-2024-00761-00. Índice Samai No.

38.

4
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imputación de responsabilidad por la supuesta denominación errónea de los
contratos, el término aplicable era el previsto en el artículo 164 de la Ley 1437 de
2011, y el resultado seguía siendo el mismo, toda vez que la demandante tuvo
conocimiento del daño alegado desde la notificación de las resoluciones que
decidieron los recursos de reconsideración contra las liquidaciones oficiales de
revisión, de modo que, desde ese momento, comenzó a correr el plazo de dos
años para demandar, lo que también hacía evidente la caducidad.

12. A su vez, indicó que las pretensiones dirigidas contra la DIAN también
caducaron, porque la sociedad demandante conoció en 2013 las liquidaciones
oficiales que aumentaron el IVA, fecha en la cual esos actos adquirieron firmeza
y generaron conocimiento pleno del daño alegado. Explicó que la ley exigía
contar el término desde la firmeza de los actos administrativos y no desde las
sentencias dictadas años después dentro de los procesos de nulidad promovidos
por la empresa.

13. Añadió que la legalidad de las liquidaciones oficiales expedidas por la
DIAN ya había sido examinada y decidida dentro de los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho promovidos por la propia empresa, por lo cual esas
actuaciones administrativas contaban con un pronunciamiento definitivo.

1.3. Sustento de la vulneración

14. La parte accionante sostuvo que en el asunto objeto de estudio se
acreditan las causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales. En particular, refirió que el caso reviste de
relevancia constitucional, dado que se vulneraron sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia por
cuenta de las decisiones adoptadas por el Juzgado 1 Administrativo del Circuito
de Barrancabermeja y el Tribunal Administrativo de Santander.

15. Señaló que las autoridades judiciales incurrieron en una aplicación
desigual de las normas sobre caducidad, lo cual configuró una violación directa
de la Constitución. Expuso que, mientras su demanda fue rechazada por
considerarse extemporánea, el Tribunal Administrativo de Santander sí admitió
la demanda de reparación directa presentada por Ecopetrol el «20 de mayo de
2025», fundada en los mismos contratos liquidados en 2009 y en actos
administrativos de la DIAN de 2013 y 2014. Indicó que dicha acción fue admitida
mediante auto del 4 de septiembre de 2025 sin formular cuestionamientos sobre
la caducidad, a diferencia de lo ocurrido en su caso9.

16. Añadió que esa diferencia se reiteró en otros procesos, pues las
autoridades accionadas admitieron demandas idénticas promovidas por
Ecopetrol sin realizar el análisis estricto que sí desplegó frente a la demanda
presentada por TECS SAS. Precisó que el Juzgado 2 Administrativo Oral del

9 Ello dentro del proceso de reparación directa con radicado 68001-23-33-000-2025-00331–00.

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Circuito de Barrancabermeja admitió el 17 de junio de 2025 otra demanda de
Ecopetrol, pese a que los actos de la DIAN que la sustentaban databan
igualmente de los años 2013 y 2014. Indicó que el Tribunal Administrativo de
Santander adoptó la misma postura el 19 de septiembre de 2025 en otro proceso
promovido por la empresa estatal.

17. Manifestó que el trato desigual se evidenció con mayor claridad al observar
que el mismo Juzgado 1 Administrativo del Circuito de Barrancabermeja que
rechazó su demanda sí admitió, el 7 de julio de 2025, una demanda promovida
por Ecopetrol contra varias uniones temporales, aun cuando se sustentaba en
contratos liquidados en 2008, 2009 y 2010 y en resoluciones de la DIAN
notificadas entre 2013 y 201410. Sostuvo que, en ese proceso, el juzgado no
realizó el examen detallado de fechas, actos y supuestos de caducidad que sí
invocó para negar el trámite de su demanda, lo cual evidenció una disparidad
injustificada en el juicio de admisión.

18. Afirmó que esta actuación judicial configuró una vulneración al principio de
igualdad, porque las mismas autoridades aplicaron criterios opuestos en casos
materialmente idénticos. Explicó que, mientras a TECS SAS se le exigió
demostrar que su demanda se presentó dentro del término contado desde las
resoluciones de 2013, a Ecopetrol no se le reprochó haber presentado sus
demandas en 2025 pese a haber conocido desde hace más de una década los
mismos actos de la DIAN. Indicó que esa contradicción reveló un ejercicio
desigual y arbitrario de la potestad judicial.

19. Indicó además que las decisiones adoptadas desconocieron el precedente
judicial aplicable, porque las autoridades omitieron aplicar los mismos criterios
sobre caducidad que habían invocado rigurosamente para rechazar su demanda.
Señaló que, si ese precedente se hubiera aplicado de forma uniforme, las
demandas presentadas por Ecopetrol también habrían sido consideradas
extemporáneas. Afirmó que esta falta de coherencia vulneró el derecho al debido
proceso y el principio de seguridad jurídica.

20. Finalmente, expuso que la vulneración se agravó porque los operadores
judiciales no aplicaron el principio iura novit curia en su caso. Arguyó que, aunque
la demanda inicial invocó un medio de control equivocado, el juez tenía el deber
de adecuarlo al mecanismo procedente, tal como sí ocurrió en los procesos
iniciados por Ecopetrol. Afirmó que esta aplicación selectiva de las reglas
procesales afectó su derecho de acceso a la administración de justicia y reforzó
el trato desigual que denunció.

1.4. intervenciones

21. Juzgado 1 Administrativo del Circuito Judicial de Barrancabermeja.

10 Ello, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el radicado 68081-33-

33-001-2025-00082-00.

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Realizó un recuento de las actuaciones adelantadas dentro del proceso ordinario
y señaló que la decisión proferida se ajustó a las normas aplicables al caso
concreto. Indicó que la parte accionante pretendía convertir la acción de tutela en
una tercera instancia con el fin de reabrir un debate que ya había sido analizado
y resuelto en el proceso ordinario, razón por la cual no se configuraba una
vulneración de derechos fundamentales atribuible a la autoridad judicial.

22. Tribunal Administrativo de Santander. Se refirió a los hechos y
circunstancias que dieron origen a esta controversia constitucional, y concluyó
que la solicitud de amparo es improcedente.

23. Indicó que el proceso 68001-23-33-000-2025-00331-00 no es un caso
análogo al aquí cuestionado. Este último correspondió a una demanda de TECS
SAS por controversias contractuales y reparación directa, relacionada con pagos
de IVA frente a Ecopetrol SA y la DIAN. La demanda se presentó
extemporáneamente, dado que los contratos se liquidaron en 2009 y la acción se
interpuso en 2023, superando los términos legales.

24. En cambio, el proceso 68001-23-33-000-2025-00331-00 consistió en una
demanda de reparación directa interpuesta por Ecopetrol SA contra TECS SAS
y otros, derivada de pagos realizados en cumplimiento del artículo 370 del
Estatuto Tributario. La caducidad se calculó desde los pagos efectuados,
conforme a precedentes del Tribunal.

II. CONSIDERACIONES

25. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo presentada
por TECS SAS en Reorganización. Para ello, esta Sección explicará las razones
por las cuales el asunto objeto de estudio no supera el requisito general de
procedencia de tutela contra providencia judicial de relevancia constitucional.

2.1. Cuestión previa

26. La Sala advierte que la actora adjudica tanto al del Tribunal Administrativo
de Santander como al Juzgado 1 Administrativo del Circuito Judicial de
Barrancabermeja, la vulneración de sus garantías constitucionales con ocasión
del: (i) auto del 11 de junio de 2024, mediante el cual se rechazó la demanda por
haber operado la caducidad; (ii) proveído del 5 de septiembre de 2024, que
decidió no reponer el auto de rechazo; y (iii) decisión del 25 de abril de 2025, que
resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la providencia del 11
de junio de 2024.

27. No obstante, esta Sección se limitará a analizar la providencia proferida el
25 de abril de 2025 por el del Tribunal Administrativo de Santander, comoquiera
que fue la que puso fin a la discusión debatida dentro del proceso con radicado
68081-33-33-001-2023-00296-00/01.

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2.2. Caso concreto

La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales

28. El Consejo de Estado11 y la Corte Constitucional12, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales13 y a la configuración de algún
defecto especial14 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.

29. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

30. En este orden, la Sección pasará a estudiar los requisitos generales de
procedencia referidos, en el caso sub examine.

31. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).

32. La Sala advierte que la la sociedad TECS SAS en Reorganización está
legitimada en la causa por activa, porque conformó el extremo activo del proceso
en el que se dictó la providencia que se reprocha mediante esta vía.

33. Asimismo, se evidencia que el Tribunal Administrativo de Santander, está
legitimado en la causa por pasiva por haber proferido las decisiones
controvertidas dentro del trámite objeto de la litis.

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
12 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;

SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
13 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)

efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
14 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material

o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.

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34. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional15, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.

35. Como se expuso previamente, la parte accionante cuestiona el auto del 25
de abril de 2025 proferido por el Tribunal Administrativo de Santander. Mediante
esta providencia, confirmó la decisión de primera instancia dictada por el Juzgado
1 Administrativo del Circuito Judicial de Barrancabermeja, que rechazó la
demanda, al establecer que tanto las pretensiones relacionadas con el medio de
control de controversias contractuales contra Ecopetrol SA como las de
reparación directa contra la DIAN estaban caducadas de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

36. A su juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en una violación directa
de la Constitución y en un trato desigual, al aplicar criterios distintos sobre
caducidad en casos materialmente idénticos. Señaló que su demanda fue
rechazada por considerarse extemporánea, mientras que demandas similares
presentadas por Ecopetrol en 202516, basadas en los mismos contratos y actos
administrativos de la DIAN de 2013 y 2014, fueron admitidas sin
cuestionamientos. Esta disparidad evidenció, según la parte accionante, un
ejercicio arbitrario de la potestad judicial que afectó sus derechos al debido
proceso, a la igualdad y a la seguridad jurídica.

37. Asimismo, sostuvo que el tribunal desconoció su propio precedente
judicial, al no aplicar de manera uniforme los criterios sobre caducidad que había
invocado para rechazar su demanda. Afirmó que, de haberse seguido dicho
precedente de manera coherente, las demandas presentadas por Ecopetrol SA
también habrían sido consideradas extemporáneas, lo que generó incertidumbre
sobre la aplicación de la norma y afectó el principio de seguridad jurídica.

38. Finalmente, indicó que la autoridad accionada no aplicó el principio iura
novit curia en su caso. Argumentó que, aunque su demanda inicial invocó un
medio de control incorrecto, el juez tenía la obligación de adecuarla al mecanismo
procedente, tal como ocurrió en los procesos de Ecopetrol SA. Esta omisión limitó

15 Sentencia SU-215 de 2022.
16 Proceso de reparación directa con radicado 68001-23-33-000 - 2025 - 00331 – 00

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su derecho de acceso a la administración de justicia y reforzó el trato desigual
denunciado.

39. De lo expuesto anteriormente, y en relación con el defecto de violación
directa de la constitución y desconocimiento del precedente por la presunta
vulneración del principio de igualdad, esta Sección, luego de revisar el expediente
y los argumentos presentados por el tutelante, no estima que estos versen sobre
una cuestión de relevancia constitucional, que amerite un estudio de fondo por
parte de esta corporación, por las siguientes razones.

40. La solicitud de amparo no cumple con la carga argumentativa requerida
para que proceda un cargo por desconocimiento del precedente horizontal. En
efecto, aunque el actor alega la presunta vulneración del derecho a la igualdad,
lo cierto es que dicha vulneración se la atribuye a la existencia de decisiones
disímiles por parte del tribunal accionado, en casos que, a su juicio son análogos,
por lo que debió aplicarse la misma regla de derecho.

41. Sin embargo, precisamente por tratarse de un cargo por desconocimiento
del precedente, su procedencia general —como requisito previo a un estudio de
fondo— exige que se cumpla con la carga argumentativa requerida en la
jurisprudencia de esta Sección. Al respecto, de conformidad con la postura de la
Sala, por regla general, se entiende como precedente aquella decisión o conjunto
de decisiones que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de estudio en
materia de supuestos fácticos, problemas jurídicos y la ratio decidendi que fija
una regla para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el caso
reciente.

42. Lo anterior supone que es deber del accionante cumplir con dicha carga,
es decir, identificar con precisión las decisiones frente a las cuales se formula el
cargo, explicar la identidad fáctica y jurídica entre ellas, establecer cuáles es la
ratio decidendi o regla aplicable al caso, a fin de exponer en qué sentido fueron
desconocidas.

43. No obstante, en este caso, el accionante no desarrolló por qué en el auto
de 25 de abril de 2025 debió aplicarse la misma regla de decisión que adoptó en
un caso posterior un magistrado ponente distinto a quienes firmaron la decisión
que, en el marco del recurso de apelación, confirmó el rechazo de la demanda
promovida por TECS SAS en Reorganización en el proceso 68081-33-33-001-
2023-00296-01.

44. En efecto, esta Sala advierte que el auto del 25 de abril de 2025 fue
expedido por una sala de decisión del Tribunal Administrativo de Santander,
integrada por los magistrados Luisa Fernanda Flórez Reyes, Hugo Nelson Trujillo
Gutiérrez y Claudia Patricia Peñuela Arce. Por otra parte, la providencia del 4 de
septiembre de 2025 dentro del proceso radicado 68001-23-33-000-2025-00331-
00 —frente a la cual se construye el cargo sub examine— fue suscrita por el
magistrado Julio Edisson Ramos Salazar.

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45. Así las cosas, al tratarse de salas de decisión distintas, el cargo no reviste
de relevancia constitucional. Ciertamente, como lo ha señalado esta Sección en
otras oportunidades17,uno de los presupuestos para poder proceder con el
estudio de fondo de este cargo es que las decisiones hayan sido proferidas por
la misma sala de decisión en todos los casos.

46. Ello, pues, en virtud del principio de autonomía e independencia judicial,
las decisiones adoptadas por una sala de decisión no generan un efecto
vinculante frente a los demás despachos que integran la corporación, máxime
cuando no existe prueba de que exista una posición uniforme al respecto en el
mismo tribunal. De allí que una decisión proferida por un despacho distinto y, por
demás, de forma posterior a la providencia aquí reprochada, no obligara al
Tribunal Administrativo de Santander a replicar tal criterio.

47. Ahora bien, en cuanto a los demás cargos planteados por la sociedad
accionante, relativos al desconocimiento del principio iura novit curia y la
valoración de las normas de caducidad en su caso —que formuló dentro del
defecto por violación directa de la Constitución—, esta Sala considera que
tampoco superan el requisito de relevancia constitucional. Esto, por cuanto los
reparos de la sociedad accionante son simples inconformidades con el criterio
judicial adoptado por el Tribunal Administrativo de Santander para confirmar el
rechazo de la demanda,

48. Al revisar la providencia sub judice, se observa que el tribunal señaló que,
respecto del medio de control de controversias contractuales ejercido frente a
Ecopetrol S.A., el término de caducidad debía contarse desde la fecha de
liquidación de los contratos, conforme a lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley
1437 de 2011. Indicó que dichos contratos fueron liquidados en 2009 y que, por
tanto, el plazo de dos años para promover ese medio de control feneció desde
2011, lo que impedía cualquier estudio de fondo sobre esa pretensión.

49. Asimismo, precisó que, aún si la demanda se interpretaba como una
solicitud de responsabilidad extracontractual por la supuesta denominación
errónea de los contratos, también habría operado la caducidad. Al respecto,
refirió que la actora conoció el hecho que consideró dañoso cuando recibió las
resoluciones que resolvieron los recursos de reconsideración contra las
liquidaciones oficiales de revisión, esto es en 2013, de manera que el término de
dos años previsto en el artículo 164 de la ley 1437 de 2011 para el proceso de

17 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 24 de abril de 2025, Rad. 11001-03-15-000-

2025-01617-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia
de 18 de septiembre de 2025, Rad. 11001-03-15-000-2025-05074-00, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 16 de octubre de 2025, Rad. 11001-03-15-
000-2025-03081-01, M.P. Gloria María Gómez Montoya; Consejo de Estado, Sección Quinta,
Sentencia de 30 de octubre de 2025, Rad. 11001-03-15-000-2025-04403-01, M.P. Pedro Pablo
Vanegas Gil; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 20 de noviembre de 2025, Rad.
11001-03-15-000-2025-05224-01, M.P. Omar Joaquín Barreto Suárez.

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reparación directa había transcurrido ampliamente para la fecha en que se
presentó la demanda.

50. Finalmente, el tribunal concluyó que las pretensiones formuladas contra la
DIAN también estaban afectadas por la caducidad. Explicó que las liquidaciones
oficiales de revisión quedaron en firme en 2013, y que ello permitió a la
demandante conocer de manera cierta la carga económica que le fue impuesta.

51. De lo expuesto anteriormente, esta Sección evidencia que todos los
reproches formulados por la parte actora, más allá de pretender demostrar el
presunto defecto por violación directa de la constitución y desconocimiento del
presente en el que incurrió el Tribunal Administrativo de Santander, reflejan una
mera inconformidad con la decisión a la que llegó el juez ordinario, la cual se
fundamentó en las normas que estimó eran aplicables al caso.

52. Por lo anterior, se advierte que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento revista
necesariamente relevancia constitucional. En estos asuntos, se requiere que en
el escrito inicial medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la
controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un derecho
fundamental.

53. Esto, debido a que la competencia de este juez se restringe a la protección
efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal o a
estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales.

54. Así las cosas, esta Sección declarará la improcedencia de la acción de
tutela de la referencia por no superar el requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta
por TECS SAS en Reorganización por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

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TERCER: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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