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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07056-01

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07056-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia impugnada del 11 de diciembre de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, y, en su lugar, negar la acción de tutela 17 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-07056-01 Demandante: Tecs S.A.S. en Reorganización instaurada por Tecs S.A.S. en Reorganización, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07056-01

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

23 de abril de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07056-01
Demandante: Tecs S.A.S. en Reorganización

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07056-01
Demandante: Tecs S.A.S. en Reorganización
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro

Tema: Tutela contra providencia judicial. Acumulación de pretensiones de
controversias contractuales y reparación directa. Defectos de
violación directa de la Constitución y desconocimiento del
precedente horizontal.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de
tutela del 11 de diciembre de 2025, dictada por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, que resolvió:

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta por
TECS SAS en Reorganización por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 7 de noviembre de 2025, por conducto de apoderado, Tecs S.A.S. en
Reorganización (en adelante Tecs) interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Santander y el Juzgado Primero Administrativo de Barrancabermeja,
por estimar vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad, de acceso a la
administración de justicia y al debido proceso. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:
PRIMERO: Conceder el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y al acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por las
providencias proferidas por el honorable Tribunal Administrativo de Santander y el
Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Barrancabermeja, por medio de las
cuales se rechazó la demanda administrativa presentada por la accionante contra la
Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL S.A. y otra.

SEGUNDO: Dejar sin efectos la providencia proferida por el honorable Tribunal
Administrativo de Santander, con fecha del 25 de abril de 2025, así como las demás
decisiones judiciales que se deriven de la misma, incluyendo la providencia proferida el
05 de septiembre de 2024 y el auto de rechazo del 11 de junio de 2024 del Juzgado
Primero Administrativo Oral del Circuito de Barrancabermeja, en el marco del proceso de
Reparación Directa 68-081-33-33 001-2023-00296-00 iniciado por TECS S.A.S. contra
Ecopetrol S.A. y la DIAN.

TERCERO: Ordenar al honorable Tribunal Administrativo de Santander que dentro del
término razonable que se conceda y siguiente a la notificación de la sentencia que se
emita dentro del presente trámite, proceda a emitir una nueva decisión que resuelva el
recurso de apelación presentado en contra de la decisión de primera instancia que
rechazó la demanda de Reparación Directa presentada por TECS S.A.S. contra
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07056-01
Demandante: Tecs S.A.S. en Reorganización

Ecopetrol S.A. y la DIAN, disponiendo la admisión de la misma tal y como dicho Tribunal
ha procedido con la admisión de la demanda de similar contenido y naturaleza
presentada por la Estatal Petrolera contra la accionante, así como de otras empresas,
disponiendo que el juzgado de origen proceda a darle el trámite correspondiente.

CUARTO: En subsidio de lo anterior ordenar al honorable Tribunal Administrativo de
Santander que dentro de un plazo razonable contado a partir de la notificación de la
sentencia que ponga fin al presente trámite, proceda a emitir nuevamente decisión de
fondo que resuelva el recurso de apelación presentado por la accionante en contra del
auto que rechazó su demanda de reparación directa presentada contra Ecopetrol S.A., y
tenga en cuenta para ello las consideraciones de índole constitucional y de derecho que
se expongan en el fallo de tutela, el estudio pormenorizado de la caducidad del medio
de control de cara al caso particular sometido a su conocimiento y los principios de
igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia.

QUINTO: Ordenar cualquier otra medida necesaria para restablecer de manera efectiva
los derechos fundamentales conculcados.

2. Hechos

De la lectura del expediente de tutela, se advierten como hechos relevantes los
siguientes:

De la situación que da origen al medio de control

La sociedad Tecs y Ecopetrol S.A. celebraron los contratos: (i) 4022405 de 30 de abril
de 20091 y (ii) 4022971 de 17 de junio de 20092. Como consecuencia de la ejecución
de esos contratos, Tecs generó facturas de cobro 450, 451 y 462. Esos contratos se
liquidaron de mutuo acuerdo el 20 de noviembre y 20 de agosto de 2009,
respectivamente.

Ecopetrol identificó los anteriores contratos como de construcción (de obra) y bajo esa
nominación Tecs liquidó y pagó el IVA con base en la utilidad obtenida.

Tres años después, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) modificó
las declaraciones del IVA presentadas por Tecs, para los periodos 4°, 5° y 6° del año
2009. En concreto, profirió las Liquidaciones Oficiales de Revisión 292412012000015,
292412012000016 y 292412012000017, todas del 30 de noviembre de 2012.
Confirmadas mediante Resoluciones 900027 de 24 de septiembre de 2013, 900026
de 20 de septiembre de 2013 y 900031 de 26 de noviembre de 2013, respectivamente.

En los citados actos administrativos la DIAN determinó un mayor valor a pagar y aplicó
sanción por inexactitud al advertir que los contratos que Tecs celebró con Ecopetrol
no eran de construcción sino de prestación de servicios de mantenimiento, por lo que
el IVA debió liquidarse sobre el valor total ejecutado y no sobre la utilidad.

Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra las
Liquidaciones Oficiales de Revisión expedidas por la DIAN

1
El objeto del contrato fue la realización de «obras de mantenimiento técnico de equipos eléctricos e instrumentos durante las
paradas de planta lado frío Cracking Ortho Flow y Tooping U-2100 de la Gerencia Refinería Barrancabermeja de Ecopetrol SA,
ubicada en Barrancabermeja- Santander». [Tomado de los hechos de la demanda de controversias contractuales y de reparación
directa presentada por Tecs]
2
El objeto fue la realización de «obras de prefabricación y montaje de facilidades mecánicas y de tubería, para mejorar la
operación del sistema de bombeo SP3205 de casa de bombas No, 2, ubicado en la Gerencia Refinería Barrancabermeja de
Ecopetrol S.A» [Tomado de los hechos de la demanda de controversias contractuales y de reparación directa presentada por
Tecs]

2
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07056-01
Demandante: Tecs S.A.S. en Reorganización

Tecs, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
demandó los anteriores actos de manera separada correspondiéndoles los radicados
68081-33-33-751-2014-00032-00/01 (periodo 4°), 68081-33-33-751-2014-00031-
00/01 (periodo 5°) y 68081-33-33-751-2014-00143-00/01 (periodo 6°), adelantados,
en primera instancia, por el Juzgado Único Administrativo Oral de Barrancabermeja y,
en segunda instancia, por el Tribunal Administrativo de Santander.

En sede judicial solo prosperó el proceso 68081-33-33-751-2014-00143-00/01, en el
que en segunda instancia se declaró la nulidad de los actos acusados, respecto del
IVA-periodo 6° de 2009 y, a título de restablecimiento del derecho se declaró la firmeza
de la liquidación privada, al considerar que la actividad de mantenimiento técnico
realizado por Tecs, en virtud del contrato 4022405 corresponde a un contrato de
construcción.

En marzo y junio de 2020, Tecs se acogió al principio de favorabilidad y pagó a la
DIAN por concepto del IVA modificado para el año 2009, las siguientes sumas: (i)
$81.600.000 (periodo 4°), (ii) $25.2010.000 (periodo 6°) y (iii) $150.678.000 (periodo
5°).

Del medio de control de controversias contractuales y de reparación directa
(acumulado)

El 6 de diciembre de 2023, Tecs radicó demanda en la que acumuló pretensiones: (i)
principales de controversias contractuales contra Ecopetrol S.A. «con el fin de
restablecer el DESEQUILIBRIO ECONÓMICO causado en la ejecución de los
CONTRATOS No. 4022971 y 4022405 de 2009, en virtud del impuesto del IVA
determinado por dicha empresa» y (ii) subsidiarias de reparación directa contra la
DIAN para «recuperar lo pagado y daño causado por concepto de impuestos del IVA
derivado de las LIQUIDACIONES OFICIALES DE REVISION Nos. 292412012000017
del 30-11-21, 292412012000016 del 30-11-21 y 292412012000015 del 30-11-12 y las
RESOLUCIONES No. 900031 DEL 26-11- 13,900026 del 20-09-12 y 900027 del 24-
09-13, liquidación de impuestos causado en la ejecución de los CONTRATOS No.
4022971 y 4022405 de 2009».

Tecs en la demanda sostuvo que Ecopetrol es responsable por la actividad irregular
que realizó al nominar los contratos Nos. 4022971 y 4022405 del 2009 como de
construcción y con esa naturaleza se celebraron, ejecutaron y liquidaron. Esa
nominación determinó el IVA que debía pagar la contratista. En ese entendido, Tecs
consideró que Ecopetrol debía ser condenada al pago de los valores que esa sociedad
pagó a la DIAN por IVA, periodos 4° a 6° de 2009.

En relación con la DIAN, Tecs advirtió que esa entidad es administrativamente
responsable por el daño antijurídico causado con la expedición de los actos que
modificaron las liquidaciones privadas de los periodos 4° a 6° del IVA de 2009, los que
son ilegales. Indicó que, sin ningún medio de prueba conducente y pertinente, como
un estudio técnico que determinara la esencia del trabajo realizado, la DIAN cambió
la nominación jurídica de los contratos estatales, pues el único fundamento fue la
literalidad del objeto contractual y los conceptos unificados de esa misma entidad. A
juicio de Tecs, la DIAN incurrió en un error de hecho al cambiar la naturaleza de los
contratos, a pesar de que el único facultado para ello es el juez del contrato.

Al proceso se le asignó el radicado 68081-33-33-001-2023-00296-00 y el Juzgado
Primero Administrativo de Barrancabermeja, en auto del 11 de junio de 2024,
rechazó de plano la demanda.
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Demandante: Tecs S.A.S. en Reorganización

En la referida providencia, el juez verificó que las pretensiones de controversias
contractuales dirigidas contra Ecopetrol S.A. caducaron. Advirtió que como los
perjuicios reclamados se derivan de los contratos Nos. 4022971 y 4022405 de 2009,
el conteo del término de caducidad debe hacerse a partir de la liquidación de estos.
En relación con el primer contrato, liquidado el 21 de agosto de 2009, explicó que Tecs
tenía hasta el 21 de agosto de 2011 para demandar. Y frente al segundo contrato,
liquidado el 20 de noviembre de 2009, dijo que la sociedad tenía hasta el 20 de
noviembre de 2011 para presentar la demanda. Sin embargo, la demanda de
controversias contractuales se radicó el 17 de junio de 20223.

Explicó que, si en gracia de discusión, el conteo se hiciera desde la notificación de los
actos modificatorios de las declaraciones privadas del IVA, también operó la
caducidad.

Frente a las pretensiones contra la DIAN, advirtió que el daño antijurídico invocado en
la demanda se originaba en las decisiones administrativas que determinaron la
obligación impositiva y no en un hecho, omisión u operación administrativa, por lo que
el medio de control adecuado es el de nulidad y restablecimiento del derecho. Y al
efectuar el conteo concluyó que frente a este también se había configurado el
fenómeno de la caducidad porque los actos administrativos son de 2013. Aunado a
que esos actos administrativos ya habían sido objeto de control judicial, por lo que no
era posible reabrir la controversia jurídica por existir cosa juzgada, según el artículo
189 del CPACA.

Tecs interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación para advertir que
frente al medio de control de controversias contractuales no había operado la
caducidad. Señaló que para la fecha en la que los contratos se liquidaron no tenía
conocimiento de las modificaciones que la DIAN haría a las declaraciones privadas de
IVA de 2009, ante el cambio de naturaleza de los referidos contratos.

Explicó que fue solo hasta la finalización de los procesos de nulidad y restablecimiento
del derecho que se consolidó el daño en el entendido de que, de los tres juicios
promovidos por los mismos hechos, fundamentos y pretensiones, el Estado (a través
de la administración de justicia) resolvió en uno de forma diferente a como decidió los
otros dos.

En cuanto a las diferentes orientaciones en torno a la legalidad de los actos de
liquidación oficial, Tecs sostuvo que el término de caducidad debía contabilizarse
desde la fecha de ejecutoria de las sentencias de segunda instancia que resolvieron
los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de las tres resoluciones que
originaron el daño, para lo que debe tenerse en cuenta el tiempo de suspensión de
los términos de caducidad ordenados por el Consejo Superior de la Judicatura por
pandemia.

De ahí que, a, su juicio, a partir de ese momento tuvo certeza de la legalidad de esos
actos y nació la posibilidad de ejercer los medios de control de forma adecuada para
la reparación del daño.

En cuanto al medio de control de reparación directa contra la DIAN, Tecs indicó que
esa entidad le causó un daño al obligarla a pagar el mayor valor del IVA determinado

3
En la providencia se incurrió en un error de transcripción. La fecha correcta de radicación de la demanda es 6 de diciembre de
2023, según consulta en la plataforma SAMAI del proceso 68081-33-33-001-2023-00296-00 en el Juzgado Primero
Administrativo Oral de Barrancabermeja, índice 1.
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en la Liquidación Oficial de Revisión 292412012000017 de 30 de noviembre de 2012
y la Resolución confirmatoria 900031 del 26 de noviembre de 2013, a pesar de que
esos actos los anuló el Tribunal Administrativo de Santander en segunda instancia en
el proceso 68081-33-33-001-2014-00143-01. Por ello, sostuvo que la caducidad debía
contabilizarse desde la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia que resolvió
la legalidad del acto administrativo.

En auto del 5 de septiembre de 2024, el Juzgado Primero Administrativo Oral de
Barrancabermeja no repuso la decisión recurrida y ordenó remitir el expediente al
Tribunal Administrativo de Santander para tramitar el recurso de apelación.

Por auto del 25 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo de Santander confirmó la
decisión que rechazó de plano la demanda. Señaló que la demandante alegó un
desequilibrio económico frente a los contratos firmados con Ecopetrol al pagar un
mayor valor a la DIAN como consecuencia de las liquidaciones oficiales de IVA,
periodos 4° a 6° de 2009. Para esa reclamación el medio idóneo es el de controversias
contractuales, cuyo plazo para demandar es de dos años a partir de la firma del acta
de liquidación de mutuo acuerdo (art. 164, num. 2, lit j, inc. 3, iii) CPACA).

En este caso, advirtió que la demandante tenía hasta el 21 de agosto de 2011,
(contrato 4022971) y 21 de noviembre de la misma anualidad (contrato 4022405) para
radicar la demanda, pero lo hizo hasta el 6 de diciembre de 2023.

Precisó que si lo que Tecs pretendía no era el desequilibrio económico, sino que se
declarara la responsabilidad de Ecopetrol al hacerla incurrir en error en la nominación
de los contratos, esa situación la conoció con la notificación de los actos que
confirmaron las liquidaciones oficiales.

Bajo el anterior supuesto, el Tribunal indicó que la demandante tenía también dos
años para demandar a partir de esa notificación (art. 164, núm. 2, lit. i) CPACA); sin
embargo, al verificar las notificaciones encontró que se surtieron el 9 de octubre y el
4 de diciembre de 2013 y que transcurridos dos años desde esas fechas no había
instaurado la demanda.

El Tribunal no compartió el argumento de apelación referido a que la caducidad debe
contabilizarse a partir de la ejecutoria de las sentencias de segunda instancia en los
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho porque el momento en el que
conoció del daño fue con la notificación de las liquidaciones oficiales expedidas por la
DIAN.

Por último, en lo atinente a las pretensiones dirigidas contra la DIAN, el ad quem indicó
que la legalidad de los actos administrativos proferidos por esa entidad ya fue objeto
de control por esta jurisdicción a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Y en este caso no es predicable que los actos
declarados legales produzcan un daño antijurídico susceptible de reclamación a través
del medio de control de reparación directa.

3. Argumentos de la acción de tutela

La actora sustentó la solicitud de tutela con los siguientes argumentos:

Aseguró que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela. Frente a los requisitos específicos alegó como defectos la violación directa de
la Constitución y el desconocimiento del precedente.

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Violación directa de la Constitución. Alegó que el Juzgado Primero Administrativo
de Barrancabermeja y el Tribunal Administrativo de Santander incurrieron en violación
directa del artículo 13 de la Constitución al «aplicar criterios procesales diferenciados para
situaciones jurídicas idénticas, generando un trato discriminatorio injustificado que vulnera el
derecho fundamental a la igualdad y compromete gravemente el acceso a la administración
de justicia».

En concreto, sostuvo que esas autoridades judiciales al rechazar de plano la demanda
de controversias contractuales y reparación directa (proceso rad. 68081-33-33-001-
2023-00296-00) hicieron una interpretación diametralmente opuesta sobre el
momento en que se configuró el daño y el inicio del cómputo de la caducidad, si se
compara con otros procesos con identidad de hechos y fundamentos jurídicos
promovidos por Ecopetrol.

Explicó que Ecopetrol también promovió medio de control de reparación directa en su
contra para recuperar el valor pagado por la contribución de obra pública generada
como consecuencia del contrato No. 4022405 y que fue liquidada oficialmente por la
DIAN, mediante Resolución 900077 de 2013, correspondiente al 5% del valor del
contrato ($124.992.000) y que debió retener.

Informó que ese acto administrativo no fue recurrido ni demandado ante la jurisdicción
de lo contencioso-administrativa y la suma que la administración tributaria determinó
por concepto de contribución de obra pública solo fue pagada por Ecopetrol hasta el
30 de mayo de 2023, para lo que se acogió a unos beneficios económicos.

Informó que la referida demanda de reparación directa se presentó ante el Tribunal
Administrativo de Santander y se le asignó el radicado 68001-23-33-000-2025-00331-
00. Y, que mediante auto de 4 de septiembre de 2025 se admitió, sin reproche alguno
por la caducidad. En ese caso, consideró que el juzgador aplicó «implícitamente un
criterio que reconoce que el daño o su consolidación definitiva ocurrió en momento posterior,
habilitando así el ejercicio de la acción dentro del término legal», a pesar de que Ecopetrol
pagó la contribución muchos años después de que conoció el daño.

Por lo anterior, advirtió que el Tribunal Administrativo de Santander frente a su
demanda dirigida contra Ecopetrol actuó de forma diferente al exigirle que demostrara
que el conocimiento del daño surgió en momento posterior a 2013.

A continuación, indicó que entre los procesos 68081-33-33-001-2023-00296-00 y el
68081-23-33-000-2025-00331-00 existe identidad fáctica y jurídica porque: (i) en
ambos se discuten los pagos realizados por Ecopetrol a la DIAN por contribución de
obra pública derivada de los contratos suscritos con Tecs; (ii) los hechos generadores
son los mismos; (iii) las partes involucradas son las mismas (Tecs, Ecopetrol y la
DIAN), y (iv) las pretensiones aunque se formularon desde posturas procesales
opuestas, versan sobre el mismo sustento fáctico y económico.

Ante procesos análogos, advirtió que no es aceptable la disparidad de criterios, la que
en esta oportunidad no obedece a diferencias sustanciales entre los casos ni a una
evolución jurisprudencial justificada, sino a una aplicación «arbitraria y selectiva» de las
reglas procesales que es constitucionalmente inadmisible.

Así que, señaló que debe garantizarse el derecho a la igualdad ante la ley y ante la
jurisdicción lo que implica que casos sustancialmente iguales deben ser resueltos de
manera igual, y que cualquier diferenciación debe obedecer a criterios objetivos,
razonables y proporcionados.

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Resaltó que la vulneración de los derechos a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia se agrava porque el desequilibrio procesal generado le
impide la defensa judicial de sus derechos patrimoniales y la posibilidad de obtener
una decisión de fondo sobre sus pretensiones legítimas dirigidas a la reparación de
un daño antijurídico. Aunado a que debe soportar las consecuencias de una acción
judicial en su contra sin que se le haya permitido ejercer su propio derecho de acción
sobre el mismo objeto.

Alegó que la interpretación diferenciada de criterios en uno y otro caso compromete
también los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y coherencia del
sistema judicial

Desconocimiento del precedente judicial. Advirtió que las autoridades judiciales
demandadas desconocieron el precedente jurisprudencial consolidado de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado sobre el momento a partir del cual inicia el
cómputo del término de caducidad del medio de control de reparación directa,
específicamente en lo relativo al criterio de certeza del daño.

Sostuvo que el término de caducidad en esa clase de acciones se cuenta desde el
momento en que el demandante tuvo o debió tener conocimiento cierto y definitivo del
daño y no desde el momento en que se emitió un acto administrativo que
posteriormente podría ser controvertido y eventualmente anulado por la jurisdicción
de lo contencioso-administrativa.

Sobre ese punto, indicó que las sentencias T-075 de 2014, SU-659 de 2015, T-238 de
2023 y T-376 de 2024 de la Corte Constitucional, así como la sentencia de unificación
del Consejo de Estado del 29 de enero de 2021 [sin radicado], han precisado que la
certeza del daño no se adquiere con la simple expedición de un acto administrativo
susceptible de controversia judicial, sino hasta el momento en que se agota la vía
jurisdiccional y el asunto adquiere la fuerza de cosa juzgada, o cuando de manera
razonable la víctima puede tener plena convicción de la existencia, magnitud y
consolidación definitiva del daño.

En virtud de lo señalado, concluyó que las autoridades judiciales acusadas incurrieron
en un error al considerar que Tecs adquirió certeza del daño desde la notificación de
las resoluciones de liquidación oficial de la DIAN o desde la resolución de los recursos
administrativos. Alegó que dicha interpretación desconoce que las resoluciones
administrativas fueron objeto de tres procesos de nulidad y restablecimiento del
derecho ante la jurisdicción de lo contencioso- administrativa, los cuales se
encontraban en trámite y no habían adquirido firmeza al momento de los hechos que
se reclaman.

Además, sostuvo que los jueces no tuvieron en cuenta que en uno de los procesos de
nulidad y restablecimiento del derecho la jurisdicción le dio la razón al anular el acto
administrativo demandado. Por lo anterior, consideró que se demuestra que no tenía
certeza del daño desde la notificación de los actos administrativos de la DIAN, pues
la propia administración de justicia reconoció que, al menos en uno de los casos, la
determinación de la autoridad tributaria era ilegal.

Reiteró que las mismas autoridades judiciales aplicaron un criterio opuesto en el
proceso iniciado por Ecopetrol contra Tecs (rad. 68001-23-33-000-2025-00331-00),
en el que se admitió la demanda al considerar que el término de caducidad debía
contarse desde la fecha en que se realizaron los pagos a la DIAN y no desde la fecha
de expedición de los actos administrativos ni desde su notificación.

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Advirtió que, si el precedente establece que el término de caducidad se cuenta desde
el momento del conocimiento cierto del daño, y en el caso de Ecopetrol se consideró
que dicho momento era la fecha del pago efectivo, por aplicación del principio de
igualdad y respeto al precedente horizontal, ese mismo criterio debió aplicarse a Tecs.

En su caso, consideró que debió aplicarse el principio pro actione al existir duda sobre
el cómputo del término de caducidad, interpretación favorable al derecho de acceso a
la administración de justicia. Indicó que las sentencias SU-659 de 2015 y T-376 de
2024, entre muchas otras, han precisado que el término de caducidad no puede
aplicarse de manera absoluta y rígida, sino atendiendo a las particularidades del caso,
y que, ante la existencia de múltiples momentos posibles para iniciar el cómputo, debe
privilegiarse aquel que garantice el derecho fundamental de acceso a la justicia.

Sostuvo que, en el presente caso, existían al menos tres momentos razonables para
iniciar el cómputo de la caducidad: (i) la notificación de los actos administrativos de
liquidación oficial; (ii) la resolución de los recursos administrativos; (iii) la ejecutoria de
las sentencias que resolvieron los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho,
o (iv) la fecha de los pagos efectivos realizados a la DIAN. A pesar de ello, las
autoridades judiciales accionadas, optaron por la interpretación más restrictiva, por lo
que desconocieron el precedente constitucional sobre la materia.

En el acápite de hechos de la demanda de tutela, además del proceso 68081-23-33-
000-2025-00331-00, informó que Ecopetrol también promovió demanda contra los
señores Manuel José López López, Eusebio Manuel Herrera Moreno y Carlos Gómez
Plata. Anotó que el Juzgado Segundo Administrativo de Barrancabermeja admitió ese
asunto por auto de 17 de junio de 2025, a pesar de que las resoluciones de la DIAN
son de 2013 y 2014 (proceso rad. 680813333002-2025-00062-00).

Agregó que Ecopetrol demandó a varios consorcios y uniones temporales ante el
Tribunal Administrativo de Santander que, por auto de 19 de septiembre de 2025,
admitió la demanda, sin tener en cuenta que las resoluciones de la DIAN son de 2013
y 2014 (proceso rad. 680012333000-2025-00329-00).

Y resaltó que incluso el Juzgado Primero Administrativo de Barrancabermeja,
autoridad que rechazó la demanda en su caso, en otro juicio promovido por Ecopetrol
contra varias uniones temporales admitió la demanda en auto de 7 de julio de 2025,
sin que hiciera un estudio juicioso sobre la fecha de liquidación de los contratos que
se dio entre 2008 y 2010 ni sobre la notificación de las resoluciones de determinación
de la contribución, expedidas por la DIAN en 2013 y 2014 y que tuvo que pagar
Ecopetrol y ahora pretende su recobro a través de demandas de reparación directa
(proceso rad. 68081-33-33-001-2025-00082-00).

De las referidas admisiones en los procesos iniciados en 2025 por Ecopetrol, concluyó
que recibió un trato desigual y diferente de la norma procesal que regula la caducidad,
pues Ecopetrol conoció el daño desde hace más de una década. De esa manera,
sostuvo que «es una abierta y sesgada forma de administrar justicia».

Por último, aclaró que en la demanda inicial se invocó formalmente el medio de control
de controversias contractuales contra Ecopetrol S.A. y de reparación directa contra la
DIAN, pero se cometió un error en la calificación como de controversias contractuales,
puesto que los hechos, pretensiones y causa petendi que estructuran la acción frente
a Ecopetrol corresponden materialmente al medio de control de reparación directa.

Por ello, afirmó que el juez administrativo, en aplicación del principio iura novit curia
tiene el deber de adecuar el medio de control invocado a aquel que corresponda según
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los hechos y pretensiones expuestos en la demanda, sin que la errónea denominación
efectuada por la parte actora constituya un obstáculo para el acceso efectivo a la
administración de justicia.

4. Trámite procesal de la acción de tutela

En auto del 11 de noviembre de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la parte demandante, al Tribunal
Administrativo de Santander y al Juzgado Primero Administrativo Oral de
Barrancabermeja, en calidad de demandados y vinculó a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.

5. Oposición

El Tribunal Administrativo de Santander señaló que la acción de tutela no cumple
con los requisitos excepcionales que habilitan su procedencia, pues lo que pretende
la actora es reabrir un debate ya resuelto en primera y segunda instancia en el proceso
con radicado 680813333001-2023-00296-00/01, lo cual desborda su finalidad
constitucional y legal.

Acudió a las consideraciones contenidas en el auto de 25 de abril de 2025
confirmatorio de la providencia del 11 de junio de 2024 que rechazó de plano la
demanda con pretensiones acumuladas de controversias contractuales y de
reparación directa.

Frente al proceso 68001-23-33-000-2025-00331-00, sostuvo que no es análogo, ni
siquiera similar al radicado 68081-33-33-001-2023-00296-00/01, dado que es una
demanda de reparación directa interpuesta por Ecopetrol contra Tecs y otros, cuya
causa proviene de los pagos realizados por Ecopetrol en cumplimiento del artículo 370
del Estatuto Tributario.

Sobre ese punto, precisó que existe precedente horizontal en el que ese tribunal ha
considerado que el conteo de la caducidad inicia a partir del daño alegado en la
demanda, que surge en la fecha del pago efectuado por Ecopetrol SA al no ejercer el
debido recaudo de las obligaciones de agente retenedor. Como soporte citó las
sentencias dictadas en los procesos con radicado 68081-33-33-001-2021-00068-01,
68081-33-33-001-2021-00071-01 y 68081-33-33-001-2021-00073-01.

El Juzgado Primero Administrativo de Barrancabermeja sostuvo que en el trámite
del proceso con radicado 68081-33-33-001-2023-00296-00 se respetaron el debido
proceso y los principios de legalidad, proporcionalidad e imparcialidad. Para sustentar
su afirmación, se remitió a las motivaciones que sustentaron los autos de 11 de junio
de 2024, dictado por ese despacho y de 25 de abril de 2025, proferido por el Tribunal
Administrativo de Santander.

Advirtió que lo que busca la actora es convertir la acción de tutela en una instancia o
recurso adicional para discutir las decisiones proferidas por los jueces ordinarios, por
lo que el presente medio constitucional resulta improcedente.

6. Sentencia de primera instancia

El 11 de diciembre de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió
sentencia de primera instancia, en la cual declaró improcedente la solicitud de tutela
por falta de relevancia constitucional.

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Precisó que el estudio se limitaría a analizar la providencia de 25 de abril de 2025 del
Tribunal Administrativo de Santander por ser la que puso fin a la discusión debatida
en el proceso radicado 68081-33-33-001-2023-00296-00/01.

En relación con el desconocimiento del precedente, precisó que requiere de una carga
argumentativa de la parte actora con la que identifique con precisión las decisiones
frente a las cuales se formula el cargo, explique la identidad fáctica y jurídica entre
ellas y establezca cuál es la ratio decidendi o regla aplicable al caso, de manera que
pueda entenderse cómo fueron desconocidas.

Advirtió que la actora no explicó el por qué en el auto de 25 de abril de 2025 debió
aplicarse la misma regla de decisión que adoptó en un caso posterior un magistrado
ponente distinto a quienes firmaron la decisión que, en el marco del recurso de
apelación, confirmó el rechazo de la demanda promovida por Tecs en el proceso
68081-33-33-001-2023-00296-01.

Sobre el particular, encontró que el auto del 25 de abril de 2025 lo expidió una sala de
decisión del Tribunal Administrativo de Santander, integrada por los magistrados Luisa
Fernanda Flórez Reyes, Hugo Nelson Trujillo Gutiérrez y Claudia Patricia Peñuela
Arce; y, en cambio, la providencia del 4 de septiembre de 2025 dictada en el proceso
radicado 68001-23-33-000-2025-00331-00 -frente a la cual se construye el cargo
analizado- la suscribió el magistrado Julio Edisson Ramos Salazar.

Precisó que esa Sección ha considerado en oportunidades anteriores que para
estudiar el desconocimiento del precedente horizontal las decisiones deben haberse
dictado por la misma sala de decisión y, en este caso, se trata de salas de decisión
distintas, razón por la que el cargo tampoco reviste relevancia constitucional.

Explicó que, en virtud del principio de autonomía e independencia judicial, las
decisiones adoptadas por una sala de decisión no generan un efecto vinculante frente
a los demás despachos que integran la corporación, más aún si no existe prueba de
una posición uniforme en el mismo tribunal. Concluyó que «una decisión proferida por
un despacho distinto y, por demás, de forma posterior a la providencia aquí reprochada, no
obligara al Tribunal Administrativo de Santander a replicar tal criterio».

Ahora, en cuanto a los demás cargos relativos al desconocimiento del principio iura
novit curia y la valoración de las normas de caducidad que sustentaron el defecto por
violación directa de la Constitución, consideró que son simples inconformidades con
el criterio judicial adoptado por el Tribunal Administrativo de Santander para confirmar
el rechazo de la demanda, por lo que tampoco cumplen con el requisito de relevancia
constitucional.

7. Impugnación

Tecs impugnó la decisión de primera instancia por considerar que el asunto reviste de
relevancia constitucional. Como argumentos de impugnación expuso los siguientes:

Insistió en que el asunto tiene relevancia constitucional porque se acredita la violación
directa del derecho a la igualdad, manifestada en el tratamiento discriminatorio
injustificado entre Tecs y Ecopetrol, dos sujetos procesales que se encuentran en
condiciones jurídicas análogas.

Señaló que esa discriminación afecta además el debido proceso y el acceso a la
administración de justicia porque a Tecs se le cerró la puerta del aparato jurisdiccional

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con el argumento de la caducidad, mientras que a Ecopetrol se le abrió esa misma
puerta bajo circunstancias idénticas.

Sostuvo que el presente caso no versa sobre derechos legales ni económicos, ni sobre
valoraciones probatorias complejas, ni sobre la aplicación de normas procesales de
carácter técnico, pues el núcleo de la controversia planteada es la violación al derecho
fundamental a la igualdad.

Advirtió que el a quo equipara toda controversia relacionada con decisiones judiciales
en procesos ordinarios con «meras inconformidades» que carecen de relevancia
constitucional.

Manifestó que esa postura es contraria a la jurisprudencia constitucional que ha
distinguido dos situaciones: (i) las inconformidades subjetivas con decisiones
judiciales, que efectivamente no tienen relevancia constitucional, y; (ii) las violaciones
objetivas y demostrables de derechos fundamentales cometidas por autoridades
judiciales, que tienen relevancia constitucional.

Señaló que el presente caso se ubica en la segunda categoría, porque se dio un
tratamiento judicial discriminatorio por el mismo tribunal al rechazar la demanda de
una parte, pero admitir la demanda de la otra parte, sin importar que hayan sido salas
distintas.

Aseguró que el Tribunal Administrativo de Santander tiene el deber de garantizar
coherencia y no discriminación en el ejercicio de la función jurisdiccional. Indicó que
no se trata de exigir que una sala replique criterios interpretativos de otra, sino de
corregir una discriminación objetiva y demostrable, que no puede predicarse como
una «diferencia interpretativa legítima» amparada por la autonomía judicial.

En relación con el argumento de que no existe prueba de que exista una posición
uniforme en el mismo tribunal, alegó que se invirtió la carga de la prueba y desconoció
la naturaleza de la violación denunciada, toda vez que no le corresponde demostrar
que existe uniformidad jurisprudencial para que proceda la protección del derecho a
la igualdad. De modo que es al Tribunal al que le incumbe justificar por qué dio trato
diferente a dos situaciones idénticas.

Agregó que el juez de primera instancia sugirió implícitamente que la acción de tutela
pretende reabrir debates que ya fueron resueltos en el proceso ordinario. Sin
embargo, en el proceso ordinario no se discutió ni se resolvió el problema
constitucional que plantea en esta tutela.

Al respecto explicó que en el proceso ordinario se discutió si había operado la
caducidad de la acción de Tecs y el juez concluyó que sí, pero no se discutió el hecho
de que el mismo tribunal había admitido la demanda de Ecopetrol bajo circunstancias
idénticas.

En ese entendido, aclaró que la acción de tutela no busca que se revise nuevamente
si operó o no la caducidad, lo que busca es que se corrija la discriminación judicial
denunciada consistente en que frente a situaciones idénticas se adoptaron decisiones
completamente distintas.

Advirtió que el escrito inicial contiene más de 40 páginas de argumentación, por lo que
no puede afirmarse que faltó ejercicio argumentativo cuando la tutela desarrolla
extensamente cada defecto con observancia de la metodología establecida por la
jurisprudencia constitucional. Concluyó que el problema no es la ausencia de
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argumentación, sino que el juez de primera instancia no valoró ni examinó el contenido
sustancial de lo argumentado.

Citó como precedente que debió tener en cuenta la autoridad judicial la sentencia SU-
204 de 2025 de la Corte Constitucional (en el que estudió una acción de tutela
interpuesta contra un auto de pruebas en un proceso de reparación directa), en la cual
encontró relevancia constitucional. De ahí que, en el presente asunto debe
encontrarse la relevancia constitucional, pues se trata de un caso en el cual se
denuncia una violación al principio de igualdad.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Problema jurídico

De conformidad con lo alegado en el escrito de impugnación, corresponde a la Sala
determinar si se confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia, que declaró
improcedente la acción de tutela promovida por Tecs S.A.S. en Reorganización contra
el Juzgado Primero Administrativo Oral de Barrancabermeja y el Tribunal
Administrativo de Santander por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y al debido
proceso al proferir las providencias de 11 de junio de 2024, 5 de septiembre de 2024
y 25 de abril de 2025, por las cuales se rechazó de plano la demanda que acumuló
pretensiones de controversias contractuales y de reparación directa promovida por la
ahora tutelante (rad. 68081-33-33-001-2023-00296-00/01).

Para realizar un estudio de fondo, respecto de la configuración de los defectos
específicos de violación directa de la Constitución y por desconocimiento del
precedente horizontal, de manera previa la Sala deberá analizar si la presente solicitud
de amparo cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales.

La Sala anticipa que revocará la sentencia impugnada y, en su lugar, negará el amparo
solicitado.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes aspectos: (i) la acción
de tutela contra providencias judiciales; (ii) el cumplimiento de los requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela en el presente caso y (iii) los defectos de
violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente en el caso
concreto.

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Al respecto, es del caso precisar que, dada la íntima relación fáctica y argumentativa
que existe entre los reproches formulados por la parte accionante, los defectos de
violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente horizontal serán
abordados y resueltos de manera conjunta.

(i) Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la «procedencia excepcional» 4, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales5 y específicas6 de procedencia de la
acción de tutela.

(ii) Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela en el presente caso

La acción de tutela cumple con el (i) requisito de relevancia constitucional porque se
invoca la protección de derechos fundamentales a la igualdad, de acceso a la
administración de justicia y al debido proceso, se sustentan con suficiencia las razones
por las que la decisión judicial cuestionada afecta dicho derecho, no se trata de un
asunto de mera legalidad o económico y los cuestionamientos tienen que ver con la
ratio decidendi de la decisión.

Tampoco se advierte que la acción de tutela se utilice como una instancia adicional,
toda vez que, el reproche se centra en la configuración de presunto desconocimiento
del precedente judicial (que generó un trato discriminatorio) en la providencia de
segunda instancia que confirmó el rechazó de plano la demanda por haber operado
el fenómeno de la caducidad. En efecto, lo que habilita el estudio por parte del juez de
tutela es la necesidad de verificar si, como lo advierte la actora, el tribunal accionado
incurrió en una disparidad de criterios injustificada al contabilizar el término de
caducidad frente a situaciones que alega idénticas.

Además, de configurarse alguno de los requisitos especiales de procedencia de la
tutela contra providencias judiciales, se vería comprometido el derecho fundamental
al debido proceso y a la igualdad de la sociedad actora. Lo anterior, por cuanto la
autoridad judicial demandada habría realizado una interpretación de las normas sobre
4
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
5
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
6
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
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caducidad que, según se alega, resulta discriminatoria frente al trato brindado a otros
sujetos en condiciones similares, lo que habría cercenado definitivamente la
posibilidad de obtener una decisión de fondo sobre sus pretensiones.

Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad porque los argumentos
invocados no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de revisión o de
algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos que invoca
vulnerados. En igual sentido, el (iii) Requisito general de inmediatez se satisface. El
ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno, toda vez que el auto que
puso fin a la actuación se profirió el 25 de abril de 2025, y los oficios para su
notificación se enviaron el 29 de abril siguiente, y el ejercicio de la acción de tutela se
dio el 7 de noviembre de 2025.

En lo demás, la Sala encuentra que están satisfechos los requisitos generales de
procedencia, si se tiene en cuenta que la parte actora: (iv) alega una irregularidad que
genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales invocados; (v)
identificó de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y, (vi) no se
cuestionan sentencias de tutela.

Por lo que la Sala pasa a analizar si se configuran los defectos alegados.

(ii) Los defectos de violación directa de la Constitución7 y por
desconocimiento del precedente8 en el caso concreto

Tecs dirige la acción de tutela contra el auto de 25 de abril de 2025 del Tribunal
Administrativo de Santander, mediante el cual confirmó la decisión de 11 de junio de
2024 del Juzgado Primero Administrativo Oral de Barrancabermeja, que rechazó de
plano la demanda que acumuló pretensiones de controversias contractuales y de
reparación directa presentada por esa sociedad (rad. 68081-33-33-001-2023-00296-
00/01).

Como quedó expuesto en los antecedentes de esta providencia, los jueces de
instancia rechazaron la demanda interpuesta el 6 de diciembre de 2023 porque
encontraron superado el término máximo de dos años que tenía la demandante para

7
En sentencia SU-069 de 2018 la Corte Constitucional, en cuanto a la violación directa de la Constitución, precisó que el
desconocimiento de la Constitución puede producirse por diferentes hipótesis. Así, se ha sostenido que esta figura se estructura
cuando el juez en la decisión desconoce la Carta. Ello puede ocurrir, primero, porque no se aplica una norma fundamental al
caso en estudio, lo cual se presenta porque: (a) en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de
conformidad con el precedente constitucional; (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata; y (c) en las
decisiones se vulneraron derechos fundamentales y no se tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la
Constitución. En segundo lugar, porque se aplica la ley al margen de los preceptos consagrados en la Constitución. En este caso,
se ha señalado que los jueces, en sus fallos, deben tener en cuenta la excepción de inconstitucionalidad contenida en el artículo
4 Superior, en tanto la Carta es norma de normas y, cuando existe incompatibilidad con las disposiciones legales, debe aplicarse
de preferencia las constitucionales.
34. En suma, esta causal de procedencia específica de la acción de tutela se genera a partir del desconocimiento de los jueces
de aplicar la Constitución, conforme con el mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta que antepone de manera preferente
la aplicación de sus postulados.
8
Cuando se hace referencia al precedente judicial se alude a la forma en que un caso similar ya ha sido resuelto en el pasado
y que sirve como referente para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser
considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso. El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye
las decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está conformado por las decisiones de los
jueces de superior jerarquía, en especial, las decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
Dicho de otro modo: las situaciones fácticas iguales deben decidirse conforme con la misma solución jurídica que ha previsto el
órgano de cierre de cada jurisdicción, a menos que el juez competente exprese razones serias y suficientes para apartarse del
precedente. Cuando un juez no aplica la misma razón de derecho ni llega a la misma conclusión jurídica al analizar los mismos
supuestos de hecho, incurre en la violación al derecho a la igualdad. No obstante, la importancia de la regla de vinculación del
precedente judicial, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que esa sujeción no es absoluta, pues no se puede
desconocer la libertad de interpretación que rige la actividad judicial. Simplemente se busca armonizar y salvaguardar los
principios de igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la misma forma y, por esa razón, se ha
advertido que el funcionario judicial puede apartarse de su propio precedente o del precedente fijado por el superior jerárquico,
siempre que explique de manera expresa, amplia y suficiente las razones por las que modifica su posición, de ahí que al juez
corresponde la carga argumentativa de la separación del caso resuelto con anterioridad.
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acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa con pretensiones de
controversias contractuales y de reparación directa.

Frente a las pretensiones de controversias contractuales dirigidas contra Ecopetrol por
el desequilibrio económico respecto del mayor valor pagado a la DIAN por concepto
de IVA, periodos 4° a 6° de 2009, determinado por los contratos No. 4022971 y
4022405 de 2009, el Tribunal, tal como lo había considerado el a quo, sostuvo que
esos contratos fueron liquidados por mutuo acuerdo el 20 de agosto y el 20 de
noviembre de 2009, respectivamente, por lo que según el conteo dispuesto en el
artículo 164, num. 2, lit j)- iii) el plazo para demandar ya había transcurrido.

Precisó que sí lo que pretendía Tecs no era declarar el desequilibrio económico [como
inicialmente lo planteó] sino la responsabilidad de Ecopetrol por hacerla incurrir en
error en la forma en que liquidó el IVA en las declaraciones privadas, fundada en la
nominación de los contratos realizada por la contratante (Ecopetrol), en ejercicio del
medio de control de reparación directa, también operó la caducidad porque conoció la
situación que generó el presunto daño cuando le notificaron los actos de
determinación oficial del IVA, periodos 4° a 6° de 2009; así que el término de dos años
para incoar la demanda de reparación directa inició a partir de dicha notificación. Y
para que el conteo de la caducidad fuera claro, el Tribunal incluyó el siguiente cuadro:

Acto Administrativo Resolución recurso de reconsideraci Término
ón
Liquidación Oficial de Revisión 292412012000 Resolución 900031 del 26 4
017 del 30 de noviembre de 2012 de noviembre de 2013 de diciembre d
– notificada por aviso el 3 e 2016
de diciembre de 2013
Liquidación Oficial de Revisión Resolución 900026 del 20 9
292412012000016 del 30 de noviembre de de septiembre de 2013 - notificada el 8 de octubre de
2012 de octubre de 2013 2015
Liquidación Oficial de Revisión 292412000015 Resolución 900027 del 24 9
del 30 de noviembre de 2012 de septiembre de 2013 -notificada el 8 de octubre de
de octubre de 2013 2015

El Tribunal concluyó que, como la demanda se interpuso el 6 de diciembre de 2023,
esta era extemporánea y no aceptó el cargo de apelación referido a que el conteo de
la caducidad debía hacerse a partir de la ejecutoria de las sentencias que pusieron fin
a los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho promovidos contra esos
actos de liquidación oficial porque solo hasta ese momento Tecs tuvo certeza de la
legalidad de estos. Para el ad quem el término de caducidad en el medio de control
de reparación directa se contabiliza desde el momento en el que se conoce el daño,
que en este caso fue cuando se notificaron las liquidaciones oficiales expedidas por
la DIAN.

Ahora, en relación con las pretensiones de reparación directa dirigidas contra la DIAN,
el Tribunal resaltó que la legalidad de las liquidaciones oficiales ya fue objeto de
control a través de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho promovidos
por Tecs. Y, que no se está ante un daño antijurídico producto de esos actos.

Frente a la anterior providencia, la sociedad actora alega los defectos de violación
directa de la Constitución y por desconocimiento del precedente horizontal por la
presunta vulneración de su derecho fundamental a la igualdad ante el trato diferente
y discriminatorio dado por el Tribunal Administrativo de Santander que, en otro
proceso de identidad fáctica y jurídica admitió la demanda, al adoptar una postura
diferente frente al momento en que se configuró el daño y el cómputo de la caducidad.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07056-01
Demandante: Tecs S.A.S. en Reorganización

A su juicio, también cercena los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.

El proceso al que hace referencia la actora es el de reparación directa, con radicado
68001-23-33-000-2025-00331-00, promovido por Ecopetrol contra varias sociedades,
entre las que se incluyó a Tecs, y su inconformidad radica en que, mediante auto de
4 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Santander admitió la demanda.
Es precisamente, frente a esa decisión que predica un trato desigual.

En el escrito de tutela, la actora aseguró que existe identidad de ese proceso con el
68081-33-33-001-2023-00296-00, por lo que en su caso debe aplicarse el mismo
criterio para el conteo del término de caducidad y, en ese entendido debe resolverse
de la misma manera que lo hizo el Tribunal en la referida providencia que admitió la
demanda de Ecopetrol.

De entrada, la Sala advierte que no es posible sustentar la configuración de los
defectos alegados frente a una providencia que se dictó con posterioridad a la aquí
cuestionada.

En efecto, el auto que admitió la demanda de reparación directa promovida por
Ecopetrol es de 4 de septiembre de 2025 (rad. 68001-23-33-000-2025-00331-00) y
los autos que rechazaron la demanda que acumuló pretensiones de controversias
contractuales y reparación directa, y su confirmatorio, se dictaron el 11 de junio y 5 de
septiembre de 2024 y el 25 de abril de 2025, respectivamente (rad. 68081-33-33-001-
2023-00296-00/01)

Es importante precisar que cuando se pide acoger un precedente judicial, ello se
refiere a que uno o varios casos judiciales similares resueltos en el pasado sirvan de
referencia para que los jueces decidan nuevas controversias que guardan identidad
fáctica y jurídica con las ya definidas. Significa que necesariamente el precedente
judicial cuya aplicación se solicite debe ser anterior al caso en el que se pide tenerlo
en cuenta.

En conclusión, no es dable exigir la aplicación de una postura judicial acogida en una
providencia posterior a la decisión objeto de tutela, pues ello no constituye un
precedente, en el entendido que no es anterior.

Adicionalmente, cabe recordar que un auto admisorio obedece a un análisis preliminar
del asunto. De modo que este tipo de decisiones no resuelve el fondo de la
controversia ni establece una regla de derecho para solucionar un problema jurídico.
Por lo tanto, la sola admisión de una demanda en otro proceso no crea una regla
jurisprudencial que permita configurar el defecto alegado.

Por estas mismas razones, tampoco prospera el cargo por violación directa de la
Constitución basado en el derecho a la igualdad. Para demostrar un trato
discriminatorio, es necesario probar que, al momento de dictar la decisión, el juez se
apartó sin justificación de un criterio que ya venía aplicando para resolver casos
idénticos.

En consecuencia, la argumentación de la actora resulta inviable, pues no solo intenta
derivar un trato desigual de un auto admisorio que no fija subreglas, sino que le
reclama al Tribunal haber dictado una decisión discriminatoria frente a una postura de
admisión que ni siquiera existía cuando resolvió esta controversia (abril de 2025).

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Demandante: Tecs S.A.S. en Reorganización

Ahora bien, la actora también alegó desconocimiento del precedente de la Corte
Constitucional por parte de las autoridades judiciales accionadas por no tener en
cuenta la postura jurisprudencial consolidada sobre el momento a partir del que
comienza a contarse el término de caducidad del medio control de reparación directa.

En concreto citó las sentencias T-075 de 2014, SU-659 de 2015, T-238 de 2023 y T-
376 de 2024, según las cuales «la certeza del daño no se adquiere con la simple
expedición de un acto administrativo susceptible de controversia judicial, sino hasta el
momento en que se agota la vía jurisdiccional y el asunto adquiere la fuerza de cosa juzgada,
o cuando de manera razonable la víctima puede tener plena convicción de la existencia,
magnitud y consolidación definitiva del daño.»

En ese entendido, Tecs advierte que el Tribunal Administrativo de Santander incurrió
en un yerro al considerar que tuvo certeza del daño desde la notificación de las
resoluciones que resolvieron el recurso contra las liquidaciones oficiales de la DIAN.

Para verificar el alegado desconocimiento se revisan las citadas sentencias de tutela
de la Corte Constitucional; sin embargo, se observa que, aunque revisaron
providencias dictadas en medios de control de reparación directa y se abordó la
ocurrencia de la caducidad, en esas no se resolvió un asunto similar al aquí debatido.

En las sentencias T-075 de 2014 y T-238 de 2023 se estudió la caducidad en procesos
de reparación directa por falla en el servicio médico. La sentencia SU-659 de 2015 se
refería a la muerte de una menor y, a partir de qué momento en ese caso particular
debía hacerse el conteo de la caducidad. Y en la T-376 de 2024 se abordó el término
de caducidad de la acción de reparación directa en caso de lesiones personales.
Significa que no es predicable el desconocimiento frente a esos pronunciamientos, en
el entendido que no existe similitud fáctica ni jurídica, lo que desvirtúa la configuración
de ese defecto.

En relación con la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 29 de enero de
2021, no es posible hacer verificación del presunto desconocimiento porque la actora
no indicó número de radicado, sala o sección, ni ponente, datos necesarios para su
consulta.

En los anteriores términos, quedan desvirtuados los cargos que sustentaban los
defectos de violación directa de la Constitución y el desconocimiento del precedente
contra el auto de 25 de abril de 2025, por el cual el Tribunal Administrativo de
Santander confirmó la decisión de rechazar la demanda interpuesta por Tecs contra
Ecopetrol y la DIAN.

En consecuencia, al quedar desvirtuados los defectos alegados y la posible
vulneración de los derechos fundamentales invocados se impone negar el amparo.
Entonces, se revocará el fallo de primera instancia que declaró improcedente la
solicitud de tutela promovida por Tecs y, en su lugar, se negará por las razones
previamente expuestas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Revocar la sentencia impugnada del 11 de diciembre de 2025, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, y, en su lugar, negar la acción de tutela
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Demandante: Tecs S.A.S. en Reorganización

instaurada por Tecs S.A.S. en Reorganización, conforme con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Fimado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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