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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-07057-01

Fecha
13 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-07057-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR el fallo dictado el 11 de diciembre de 2025 por la Sección Quinta del Consejo de Estado. En su lugar, DECLARAR improcedente la acción de tutela, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión. Radicación: 11001-03-15-000-2025-07057-01 Accionante: Gerardo Alonso Herrera Hoyos Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-07057-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

13 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., trece (13) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07057-01
Accionante: Gerardo Alonso Herrera Hoyos
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Declara
improcedencia por falta de subsidiariedad

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2025 por la Sección Quinta del Consejo
de Estado, mediante la cual se negó el amparo solicitado.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 10 de noviembre de 2025, Gerardo Alonso Herrera Hoyos instauró demanda de

tutela contra el Tribunal Administrativo de Risaralda, con el fin de obtener el amparo
de su derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.

2. Como sustento fáctico, relató que promovió una acción popular cuyo conocimiento

correspondió a la autoridad judicial accionada, bajo el radicado 6001-23-33-000-
2025-00033-00. Señaló que, desde entonces, han transcurrido meses “y no ha
logrado que se admita”.

3. Según afirmó, el Tribunal le indicó que debía agotar la reclamación administrativa

en relación con la Cooperativa de Cafeteros de Santa Rosa de Cabal, pese a que -a
su juicio- dicho requisito sólo se exige respecto a entidades públicas, mas no frente
a particulares, como ocurre con la mencionada cooperativa.

4. Expuso que, junto a la demanda, elevó una solicitud de medida cautelar orientada

a evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable para la salud, en conexidad con la
vida, derivado de la ausencia de una unidad sanitaria pública apta para usuarios de
sillas de ruedas, población que, además, es sujeto de especial protección
constitucional.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07057-01
Accionante: Gerardo Alonso Herrera Hoyos
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

5. Por otra parte, manifestó que la autoridad accionada incurrió en un exceso ritual

manifiesto al negar la solicitud de amparo de pobreza, la cual fue presentada
precisamente con la finalidad de que un profesional del derecho atendiera las
exigencias efectuadas por el Tribunal.

6. Con fundamento en lo expuesto, adujo que la autoridad enjuiciada ha sido
“renuente”, cuando lo cierto es que en los procesos de esa naturaleza debe primar
el derecho sustancial, así como los principios de celeridad y economía procesal.

7. En ese sentido, las pretensiones se orientaron a que se ordenara al Tribunal
Administrativo de Risaralda admitir la acción popular y conceder el amparo de
pobreza solicitado, en garantía de su derecho de acceso a la administración de
justicia.

B. Sentencia de primera instancia

8. Mediante sentencia del 11 de diciembre de 2025, la Sección Quinta del Consejo

de Estado negó el amparo solicitado. Para tales efectos, analizó las actuaciones
adelantas en el trámite de la acción popular objeto de reproche. A partir de ello,
concluyó que los reparos de la accionante carecen de sustento, comoquiera que el
Tribunal efectuó el estudio de admisión de la demanda, incluso con anterioridad a la
interposición de la tutela. Cosa distinta es que hubiese decidido inadmitirla por no
haberse agotado el requisito de procedibilidad y que, ante la falta de subsanación,
hubiese procedido a su consecuente rechazo.

9. De esta manera, señaló que el accionante pretendía desconocer las decisiones

adoptadas en el medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos, bajo el argumento de que no se había admitido la demanda, ni se había
emitido algún pronunciamiento sobre la medida cautelar y la solicitud de amparo de
pobreza.

10. En todo caso, destacó que en la providencia de rechazo la autoridad accionada

precisó que el accionante podía formular nuevamente el medio de control para
reclamar la protección de los derechos colectivos que consideraba lesionados,
siempre que acreditara el cumplimiento de los requisitos legales.

11. En razón a lo expuesto, el a quo estimó que no acreditó la configuración de la

mora judicial alegada.

C. Impugnación

12. La parte accionante alegó que en la mentada acción popular no se han cumplido

los términos perentorios establecidos en la Ley 472 de 19981.

1 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de

las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.”

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07057-01
Accionante: Gerardo Alonso Herrera Hoyos
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

13. Agregó que el ejercicio de la acción de tutela se fundamentó en las sentencias

SU-333 de 2020 y SU-048 de 2021, según las cuales el actor “(…) no tiene la
obligación de agotar ningún mecanismo judicial (…) porque (…) solo entraría a
aumentar la mora judicial y agudizar la tardanza”.

II. CONSIDERACIONES

D. Competencia

14. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar

su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

E. Análisis del caso concreto

15. Aunque la parte actora invocó la vulneración de su derecho a la administración

de justicia con fundamento en una presunta dilación injustificada derivada de la
supuesta falta de pronunciamiento respecto a la admisión de la acción popular, y el
a quo determinó que no se configuró la mora judicial alegada, la Sala advierte que,
más que censurar una tardanza en la actuación judicial, los reproches de la parte
actora se dirigen a controvertir las decisiones de inadmisión y rechazo del medio de
control.

16. En efecto, de la lectura íntegra del escrito de tutela, en contraste con el acervo

probatorio obrante en el expediente, se infiere que el accionante, al afirmar que “no
ha logrado que se admita” la acción popular, en realidad, está haciendo un reproche
a las providencias mediante las cuales el Tribunal resolvió su inadmisión y,
posteriormente, su rechazo. Así se desprende del hecho de que el actor haya
expresado su inconformidad sobre “las exigencias del Tribunal”, relacionadas con el
agotamiento del requisito de procedibilidad, así como con la valoración del alegado
perjuicio irremediable, aspectos que fueron objeto de análisis por la autoridad judicial
accionada en los referidos autos, como se expondrá más adelante.

17. A ello, se suma que, al momento de presentación del mecanismo de amparo,

dichas decisiones ya habían sido proferidas y notificadas al accionante, por lo que
resulta claro que tenía conocimiento de aquellas. De hecho, es precisamente el
contenido de tales providencias el que se cuestiona en la presente acción, aun
cuando no se hayan identificado o mencionado expresamente en el escrito de tutela.

18. Por ende, la Sala encuentra que, si bien la demanda se planteó en términos de

vulneración de derechos con ocasión de una presunta mora judicial, en realidad, la
controversia gira en torno a la alegada afectación del derecho fundamental invocado
a causa de las decisiones adoptadas por el Tribunal accionado en el marco de la
referida acción popular.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07057-01
Accionante: Gerardo Alonso Herrera Hoyos
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

19. En este punto es importante recordar que la jurisprudencia constitucional 2 ha

indicado que el juez de tutela cuenta con amplias facultades para determinar el
problema jurídico a resolver, que incluyen la de interpretar la demanda a efectos de
dilucidar el asunto que motiva la controversia. De manera que, no está limitado
estrictamente a lo que indiquen las partes y puede fijar el alcance real del litigio, de
conformidad con los presupuestos fácticos puestos a su consideración; tal y como
sucede en esta oportunidad en la que el reproche fue encausado como una acción
de tutela por mora judicial, pese a tratarse de una acción de tutela contra providencia
judicial.

20. En ese orden, teniendo en cuenta que la solicitud de amparo busca, en realidad,

censurar unas decisiones judiciales, previo abordar el fondo del asunto, corresponde
determinar si la presente acción satisface los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, en particular, el de la
subsidiariedad.

21. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, previo acudir al juez

constitucional, el interesado debe haber agotado todos los instrumentos idóneos y
eficaces que tenía a su alcance para remediar la situación que amenaza o lesiona
sus derechos, salvo que la acción de tutela se utilice como mecanismo transitorio
para evitar la configuración de un perjuicio irremediable.

22.Este presupuesto de procedencia se torna aún más excepcional tratándose de
acciones de tutela contra autos interlocutorios, habida cuenta que los sujetos
procesales cuentan con diversos recursos para controvertir tales decisiones en el
marco del proceso judicial en el cual fueron proferidas, que precisamente es el
escenario natural para ventilar ese tipo de controversias.

23. En ese sentido, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que cuando el

interesado no ha hecho uso de todos los medios de defensa judicial que ha puesto
a su disposición el ordenamiento jurídico para debatir el proveído que pretende
cuestionar en sede de tutela, la solicitud de amparo deviene improcedente3.

24. Como ya se anotó, en el caso bajo estudio el actor cuestiona los autos del 3 de

agosto y 30 de octubre de 2025, proferidos por el Tribunal Administrativo de
Risaralda dentro de la acción popular que promovió contra el Ministerio de Salud y
Protección Social y la Cooperativa de Cafeteros de Santa Rosa de Cabal.

25. De la revisión del expediente, se tiene que dicho medio de control se ejerció en

defensa de los derechos colectivos al goce del espacio público, así como a la
seguridad y salubridad pública, con el propósito de que se ordenara la construcción
de una unidad sanitaria apta para personas que se movilizan en sillas de ruedas en
las instalaciones del establecimiento de comercio abierto al público perteneciente a
la aludida Cooperativa.

2 Entre otras decisiones, se puede consultar las sentencias SU-222 de 2016 y SU-150 de 2021.
3 Al respecto, ver sentencias SU-695 de 2015, T-511 de 2020 y T-575 de 2023, entre otras.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07057-01
Accionante: Gerardo Alonso Herrera Hoyos
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

26. A través del proveído del 3 de agosto de 2025, el Tribunal inadmitió la demanda,

para que la parte actora procediera a su corrección en un término de tres (3) días,
so pena de rechazo. Lo anterior, por cuanto no se acreditó la reclamación previa
ante las entidades demandadas presuntamente responsables de hacer cesar la
afectación o amenaza a los derechos e intereses colectivos invocados, como
requisito de procedibilidad, ni se probó la ocurrencia de un perjuicio irremediable que
justificara prescindir de dicho presupuesto.

27. Vencido el término concedido para subsanar la demanda, la autoridad judicial

accionada, por medio de auto del 30 de octubre de 2025, dispuso su rechazo, tras
considerar que la parte actora no cumplió con los requerimientos efectuados en el
auto inadmisorio.

28. Para tales efectos, el juzgador señaló que el actor no aportó prueba de haber

agotado el requisito de procedibilidad. Por el contrario, en el memorial allegado con
posterioridad a la inadmisión, hizo referencia a establecimientos de naturaleza y
denominación distinta a la de los accionados en el proceso sometido a su
conocimiento, pues aludió a entidades bancarias y afines, mas no a una cooperativa
de cafeteros.

29. Aunado a lo anterior, estimó que no se acreditó la existencia de un perjuicio

irremediable respecto a los derechos colectivos invocados, que habilitara prescindir
del agotamiento del requisito de procedibilidad. Precisó que el accionante planteó
una supuesta flexibilización en el cumplimiento del requisito de procedibilidad del
artículo 144 de la Ley 1437 de 2011, con fundamento en un supuesto fáctico que no
era aplicable al caso concreto, pues este se refería a situaciones en las cuales la
acción se presenta inicialmente ante la jurisdicción ordinaria. No obstante, en el
asunto bajo estudio la demanda fue radicada desde un inicio en la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo.

30. De esta manera, se tiene que la providencia del 30 de octubre de 2025 fue la que

zanjó de manera definitiva la discusión sobre la admisibilidad de la acción por falta
de agotamiento del requisito de procedibilidad. Sin embargo, dicha decisión no fue
objeto de recurso alguno, pese a que era susceptible de ser controvertida a través
del recurso de reposición, conforme lo previsto en el artículo 36 de la Ley 472 de
1998.

31. Dichoinstrumento resultaba idóneo y eficaz para que el actor ventilara su
inconformidad respecto a la exigencia de agotar el requisito de procedibilidad, si
consideraba que no resultaba aplicable al caso concreto.

32. Lo propio ocurre con el reproche relativo al amparo de pobreza, pues si bien el

Tribunal no efectuó un pronunciamiento expreso sobre dicha solicitud, en el auto de
rechazo se citó textualmente el escrito presentado por el actor en el que se formuló
tal pedimento, por lo que bien pudo haber solicitado la adición de la providencia o

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incluso interponer el recurso correspondiente con el fin de obtener un
pronunciamiento al respecto. No obstante, omitió hacerlo, aun cuando contaba con
la oportunidad para ello.

33. Cabe precisar que si bien el accionante afirmó haber solicitado el amparo de

pobreza, con el propósito de contar con un profesional del derecho que atendiera
las exigencias del Tribunal, la acción popular no requiere de apoderado para su
ejercicio, por tratarse de una acción pública, cuya finalidad es la protección de los
derechos e intereses colectivos. Sin embargo, esto no significa que dicho medio de
control esté exento del cumplimiento de unos requisitos mínimos de procedencia
que han sido establecidos por el legislador.

34. En todo caso, si el accionante consideraba que necesitaba asesoría jurídica para

ejercer sus derechos de defensa y contradicción en el proceso, conviene recordar
que la figura de amparo de pobreza no constituye el único mecanismo para tener
acceso a orientación jurídica de forma gratuita, pues los consultorios jurídicos de las
instituciones universitarias, así como la Defensoría del Pueblo -entre otras
entidades- prestan asesoría sin costo.

35. Así las cosas, la Sala concluye que la solicitud de amparo carece de
subsidiariedad, por cuanto no se agotaron los mecanismos ordinarios idóneos y
eficaces que se encontraban a disposición de la parte actora para obtener la
protección del derecho fundamental que invoca, lo que conduce a la improcedencia
de la acción de tutela.

36. Por lo expuesto, la Sala modificará la sentencia proferida el 11 de diciembre de

2025 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se negó el
amparo solicitado. En su lugar, declarará su improcedencia por no cumplir con el
requisito de subsidiariedad.

37. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR el fallo dictado el 11 de diciembre de 2025 por la Sección
Quinta del Consejo de Estado. En su lugar, DECLARAR improcedente la acción de
tutela, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07057-01
Accionante: Gerardo Alonso Herrera Hoyos
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE4
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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