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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07061-00

Fecha
29 de enero de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07061-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Ministerio del Trabajo - Dirección Territorial Guainía, el Departamento del Guainía, el Ministerio de Minas y Energía, el Tribunal Superior Especializado en Restitución de Tierras de Bogotá, la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana - OPIAC, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Unidad de Restitución de Tierras, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Agencia Nacional de Minería, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio del Interior, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado frente a la presunta mora judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela frente a las demás pretensiones, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 18 Radicación: 11001-03-15-000-2025-07061-00 Accionante: Cabildo Resguardo Indígena Remanso Chorrobocón CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07061-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

29 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-07061-00
Accionante: CABILDO RESGUARDO INDÍGENA REMANSO
CHORROBOCÓN
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META Y OTRO
Tema: MORA JUDICIAL – TUTELA CONTRA TUTELA. Se declara la
carencia actual por hecho superado frente a la mora judicial – Se declara
improcedente la acción de tutela porque no se probó la cosa juzgada
fraudulenta – El amparo constitucional es improcedente porque no cumple
con el requisito general de subsidiariedad.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el accionante contra el Tribunal
Administrativo del Meta y el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Inírida.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El Cabildo Resguardo Indígena Remanso Chorrobocón solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida, dignidad humana, debido
proceso, “[…] LA SUPERVIVENCIA, LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, […] A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ESPECIAL INDÍGENA […]”, cuya vulneración
le atribuyó i) al Tribunal Administrativo del Meta por la presunta mora judicial
dentro del medio de control de nulidad con el número de radicación 50001-23-33-
000-2025-00086-00 y, ii) al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Inírida con
la providencia de 17 de marzo de 2025 proferida dentro de la acción de tutela con
número de radicación 94001-40-89-001-2025-00038-00.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Señaló que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible instauró la acción
de tutela núm. 94001-40-89-001-2025-00038-00 contra el Cabildo Gobernador del
Resguardo Remanso Chorrocobón, por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales a la vida, al medio ambiente sano, agua y debido proceso.

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Accionante: Cabildo Resguardo Indígena Remanso Chorrobocón

2.2. Refirió que el conocimiento de la acción de tutela le fue asignado al Juzgado
Primero Promiscuo Municipal de Inírida, autoridad judicial que mediante sentencia
de 17 de marzo de 2025 tuteló de manera transitoria los derechos fundamentales
de la Amazonía Colombiana y ordenó:

“[…] SEGUNDO: DEJAR SIN NINGÚN EFECTO JURÍDICO la Resolución No.
009 de 22 de enero de 2025, “Por medio de la cual se aprueba una sustracción
de área de la reserva forestal de la amazonia establecida en la ley 2ª de 1959,
solicitada por la comunidad del Resguardo Remanso Chorrobocón de acuerdo
al radicado 94001786-20241020 y se dictan otras disposiciones”, proferida por
el Cabildo Gobernador del Resguardo Remanso Chorrobocón.

La suspensión de los efectos jurídicos del acto administrativo mencionado,
durará hasta el momento en que se cuente con una sentencia en firme por parte
de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, respecto a la validez de la
Resolución No. 009 de 22 de enero de 2025. Se exhorta al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible a coadyuvar (si así lo estima pertinente) la
demanda de nulidad simple presentada por la Procuraduría General de la
Nación, o acudir por su propia cuenta ante la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa, si así lo considera jurídicamente viable.

TERCERO: ORDENAR al Cabildo Gobernador del Resguardo Remanso
Chorrobocón abstenerse de efectuar cualquier tipo de acto (jurídico o, de
hecho) que se traduzca en la explotación de minerales dentro de su jurisdicción.
Esta prohibición implica que no se podrá adelantar ninguna actividad minera
por miembros de la comunidad, o por terceros, y que tampoco se podrá expedir
algún acto administrativo, resolución o similar, que habilite la explotación
mineral presente o futura; ni se podrán firmar o suscribir contratos o convenios
que tengan como fin la práctica de actividades mineras.

QUINTO: ORDENAR al Ministerio del Interior (cuya misión es “liderar la
formulación, implementación y evaluación de políticas públicas orientadas a
garantizar la gestión política del Gobierno, la protección, el goce efectivo de los
derechos y las libertades de los ciudadanos, fortaleciendo el diálogo social e
intercultural Estado – Comunidades, la democracia, la participación, la
seguridad y la convivencia ciudadana, promoviendo así el desarrollo y la
equidad de los grupos étnicos, minorías y poblaciones vulnerables en el marco
de la legalidad, el emprendimiento y la equidad”), realizar una mesa técnica con
la comunidad que conforma el Resguardo Remanso Chorrobocón, en un
término no superior a un (1) mes, con el fin de escucharlos y de manera
conjunta evaluar la aplicación de programas que, dentro del respeto de sus
usos y costumbres, les permitan generar fuentes dignas de ingreso diferentes
a la minería ilegal.

SEXTO: EXHORTAR a la Corporación para el Desarrollo del Norte y Oriente
Amazónico – CDA, el Municipio de Inírida, el Departamento del Guainía, y el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para que, dentro del marco de
sus competencias y funciones, realicen actividades tendientes a evitar la
minería ilegal en el río Inírida y sus zonas aledañas. Respetando las estrategias
que estimen pertinentes, se les exhorta a adelantar labores educativas en las
que se expliquen las consecuencias negativas de la minería ilegal, y a abordar
de raíz los problemas estructurales que llevan a las personas a ejercer
actividades de minería ilegal.

SÉPTIMO: EXHORTAR a los Capitanes de las comunidades que conforman el
Resguardo Remanso Chorrobocón y a los Cabildos Gobernadores del
Resguardo Almidón – La Ceiba, el Resguardo Río Atabapo – Inírida, el
Resguardo El Venado, el Resguardo Cuenca Media Alta Río Inírida (CMARI) y

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Accionante: Cabildo Resguardo Indígena Remanso Chorrobocón

el Resguardo Caranacoa Yuri Laguna Morotocoto, para que en ejercicio de sus
competencias como autoridades ambientales, dentro del respeto de la
Constitución y la ley, y en su jurisdicción territorial, realicen las actividades que
estimen necesarias para evitar la minería ilegal en el río Inírida y sus zonas
aledañas […]”. [negrilla del texto].

2.3. Indicó
que el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Minero
Energéticos y Agrarios presentó la demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad núm. 50001-23-33-000-2025-00086-00 contra el Cabildo Gobernador del
Resguardo Remanso Chorrobocón, con el fin de que se declarara la nulidad de la
Resolución núm. 009 de 22 de enero de 20251.

2.4. Señaló que el conocimiento del medio de control le fue asignado al Tribunal
Administrativo del Meta, autoridad judicial que no ha emitido pronunciamiento
alguno y que “[…] a la luz del ordenamiento jurídico y constitucional vigente no
puede ser demandado ante la Justicia Contenciosa porque no cumple con lo
establecido en el artículo 152 del CPACA […]”.

2.5. Precisó que “[…] [e]sa dilación injustificada por parte de la Magistrada del
tribunal administrativo del Meta, afecta gravemente al Resguardo Remanso
Chorrobocón, pues impide la adopción de medidas de defensa jurídica,
mientras se mantiene vigente una amenaza jurídica sobre su autonomía, recursos
y decisiones internas, relacionadas directamente con la seguridad alimentaria,
la economía comunitaria y la subsistencia física y cultural del pueblo
indígena. […]”. [negrilla del texto].

2.6. Manifestó que la falta de pronunciamiento por parte de la autoridad judicial “[…]
nos perjudica en la ejecución del proyecto […]”, dado que “[…] venimos trabajando
desde el año 2007 y que se convierte en el modelo de vida de supervivencia para
más de 2400 indígenas en cuatro localidades que conforman el Resguardo
Remanso Chorrobocón […]”.

2.7. Señaló que la demanda de nulidad debe ser tramitada por el ordenamiento
jurídico indígena, dadas las facultades que les fueron asignadas mediante la
Constitución Política de 1991.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Que se amparen los derechos fundamentales al MINIMO VITAL CON
CONEXIÓN A LA VIDA, LA VIDA DIGNA, LA SUPERVIVENCIA, LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA, AL DEBIDO PROCESO, A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ESPECIAL INDÍGENA, A LA DEFENSA Y
A LA CONTRADICCIÓN.

2. Que se aplique la sentencia C-254 de 2025 “Normas expedidas por
autoridades indígenas no tienen jerarquía constitucional”.

1
“[…] por medio de la cual se aprueba una sustracción de área de la reserva forestal de la amazonia establecida en la ley
2ª de 1959, solicitada por la comunidad del Resguardo Remanso Chorrobocón de acuerdo al radicado 94001786-20241020
y se dictan otras disposiciones […]”.

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Accionante: Cabildo Resguardo Indígena Remanso Chorrobocón

3. Que se revoquen todas las medidas cautelares establecidas por los
Juzgados municipales pertinentes en sus fallos de tutela relacionados con el
tema que fallaron en contra del Resguardo.

4. Que la comunidad del Resguardo Remanso Chorrobocón sea autorizada
para proseguir con la solicitud de la licencia ambiental para la explotación
minera del bloque III de los cuales se cuenta con los títulos mineros y
contratos de concesión expedidos por la Agencia Nacional de Minería.

5. Que en la revisión de la presente acción de tutela, el Consejo de Estado
declare la falta de competencia de la Justicia Contenciosa Especializada para
la demanda interpuesta por la Procuraduría Delegada para Asuntos
Ambientales y Mineros al trámite del documento Interno denominado
“Resolución 009 de 2025” al pedir la nulidad simple ante el Tribunal
Administrativo del Meta. Y si es posible ordenar la investigación disciplinaria
y penal del Procurador II delegado por extralimitación de funciones
establecidas en el artículo 6º de la Constitución Política de Colombia al violar
nuestra autonomía de justicia especial indígena otorgada por organizaciones
nacionales e internacionales […]”.

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 13 de noviembre de 2025, el Despacho sustanciador requirió
al accionante para que i) indicara las entidades contra las que dirige la acción
constitucional, ii) señalara la actuación de dichas entidades que considera
vulneradora de sus derechos fundamentales y, iii) precisara las pretensiones a
obtener a través del mecanismo de amparo.

5. Cumplido lo anterior, a través de auto de 28 de noviembre de 2025, el Despacho
sustanciador admitió la presente acción de tutela y negó la medida provisional
solicitada. Asimismo, ordenó vincular en calidad de terceros con interés directo en
el resultado del proceso a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales,
Minero Energéticos y Agrarios, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
a la Corporación para el Desarrollo del Norte y Oriente Amazónico - CDA, al
Municipio de Inírida, al Departamento del Guainía, a los Capitanes de las
comunidades que conforman el Resguardo Indígena Remanso Chorrobocón, a la
Asociación del Consejo Regional Indígena del Guainía - Asocrigua, a la
Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana -
OPIAC, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, a la Agencia Nacional
de Minería, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al Ministerio
del Interior - Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, al Ministerio
de Minas y Energía, a la Defensoría del Pueblo - Regional Guainía, a la
Procuraduría General de la Nación, al Tribunal Superior Especializado en
Restitución de Tierras de Bogotá, a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia, al Ministerio de Defensa Nacional - Armada Nacional de Colombia -
Batallón Fluvial de Infantería de Marina núm. 50, al señor Cristian Danilo
Avendaño Fino, al Ministerio del Trabajo - Dirección Territorial Guainía y Dirección
de Derechos Fundamentales del Trabajo, a la Asamblea General y Consejos de
Ancianos del Resguardo Indígena Puinave Remanso Chorrobocón, a la Unidad
de Restitución de Tierras, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, al
Personero Municipal de Inírida, al Resguardo Almidón - La Ceiba, al Resguardo

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Accionante: Cabildo Resguardo Indígena Remanso Chorrobocón

Río Atabapo - Inírida, al Resguardo El Venado, al Resguardo Cuenca Media Alta
Río Inírida, al Resguardo Caranacoa Yuri Laguna Morotocoto y al Instituto
Geográfico Agustín Codazzi.

V. INTERVENCIONES

6. Efectuada la notificación a las autoridades accionadas y vinculadas, se allegaron
los siguientes informes:

6.1. El
Ministerio del Trabajo - Dirección Territorial Guainía informó que el
Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Inírida mediante sentencia de 12 de
mayo de 2025 profirió sentencia de segunda instancia dentro de la acción de tutela
núm. 94001-40-89-001-2025-00038-00, razón por la cual la presente acción
constitucional resulta improcedente.

6.2. Solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, a su
vez solicitó declarar la improcedencia del mecanismo de amparo.

6.3. El Departamento del Guainía a través de la Secretaría de Asuntos Indígenas,
solicitó su desvinculación, dado que del escrito de tutela no se observa la
existencia de la vulneración de los derechos fundamentales atribuible a esa
entidad territorial.

6.4. El Ministerio de Minas y Energía solicitó se declare la falta de legitimación en
la causa por pasiva de ese ministerio, debido a la ausencia de competencia
funcional y la inexistencia del nexo causal entre las funciones de ese ministerio y
la presunta vulneración de derechos fundamentales solicitados por el accionante.

6.5. El Tribunal Superior Especializado en Restitución de Tierras de Bogotá
solicitó su desvinculación, dado que, de las pretensiones solicitadas por la parte
accionante, no hacen mención alguna a esa sala especializada.

6.6. Informó que esa colegiatura conoció en primera instancia la acción de tutela núm.
11001220300020180031900, en la cual se estudió “[…] un caso emblemático en el
que se reconoció a la Amazonía colombiana como sujeto de derechos y se ordenó
la construcción del Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas Colombiano
(PIVAC), entre otras medidas, conforme a la sentencia STC 4360 de 2018 […]”.

6.7. La
Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía
Colombiana - OPIAC solicitó su desvinculación, en razón a que la presunta
vulneración de los derechos fundamentales solicitados por la parte actora
corresponde a la presunta mora judicial del Tribunal Administrativo del Meta dentro
del medio de control de nulidad 2025-00086-00 y en ese orden la OPIAC no es la
llamada a garantizar los derechos del accionante.

6.8. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado informó que, para el
caso en concreto, la Agencia Nacional no ejercerá intervención discrecional de que

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Accionante: Cabildo Resguardo Indígena Remanso Chorrobocón

trata el artículo 610 del C.G.P., en razón a que el asunto en debate no involucra
intereses litigiosos de la Nación. Solicitó su desvinculación.

6.9. ElMinisterio de Defensa Nacional señaló que la problemática a dirimir
respecta únicamente por parte de la rama judicial y dado que en el escrito de tutela
no se hace mención de una presunta acción u omisión por parte de ese Ministerio,
solicitó su desvinculación.

6.10. ElMinisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitó su
desvinculación, toda vez que no existe actuación u omisión por parte de ese
Ministerio que afecte los derechos fundamentales de la parte actora.

6.11. Señaló que frente a la acción de tutela núm. 94001408900120250003800
existe cosa juzgada constitucional, dado que, la Corte Constitucional excluyó de
revisión el mecanismo de amparo y, frente a la presunta mora del medio de control
de nulidad 50001-23-33-000-2025-00086-00 la acción de amparo resulta
improcedente, por cuanto la tutela no puede usarse para sustituir las competencias
del juez natural.

6.12. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN solicitó declarar
la falta de legitimación en la causa por pasiva, en la medida en que no cuenta con
la aptitud procesal para responder por la presunta vulneración alegada por el
accionante.

6.13. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales solicitó su desvinculación,
en razón a que, de los hechos señalados en el escrito de tutela, en ninguno de
estos se hace referencia a la acción u omisión de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales.

6.14. La Unidad de Restitución de Tierras manifestó que esa Unidad carece de
legitimación en la causa por pasiva, teniendo en cuenta que los hechos narrados
por la parte accionante no corresponden a acciones u omisiones atribuibles a esta
entidad y, en todo caso, la Unidad carece de capacidad legal para atender las
pretensiones de la parte accionante.

6.15. ElInstituto Geográfico Agustín Codazzi solicitó declarar la falta de
legitimación en la causa por pasiva, en razón a la inexistencia de nexo causal entre
la vulneración de los derechos del accionante y la acción u omisión de ese instituto.

6.16. El
Tribunal Administrativo del Meta informó que mediante auto de 5 de
diciembre de 2025 inadmitió el medio de control de nulidad radicado núm.
5001233300020250008600, donde funge como demandante la Procuraduría
Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios.

6.17. Por lo anterior, indicó que la presente acción de tutela carece de objeto, en razón
a que se dio impulso procesal al medio de control sobre el cual se alegaba la presunta
mora judicial.

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Accionante: Cabildo Resguardo Indígena Remanso Chorrobocón

6.18. La Agencia Nacional de Minería solicitó su desvinculación, toda vez que esa
Agencia no interviene, ni tiene potestad alguna sobre los aspectos que son objeto
de reproche en la presente acción de tutela.

6.19. La Procuraduría General de la Nación solicitó declarar la falta de legitimación
en la causa por pasiva de esa entidad, dado que las pretensiones de la parte
accionante no guardan relación con funciones constitucionales o legales
asignadas a la Procuraduría General de la Nación, ni puede ser atribuida a una
actuación u omisión propia de la entidad.

6.20. El
Ministerio del Interior indicó que ante la inexistencia de relación de
causalidad entre su actuar y la vulneración alegada por el accionante, se configura
una falta de legitimación en la causa por pasiva de ese ministerio.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

7. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20214 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20255, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20196, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20247.

VI.2. Cuestión previa

8. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de las solicitudes de
desvinculación procesal presentadas por el Ministerio del Trabajo - Dirección
Territorial Guainía, el Departamento del Guainía, el Ministerio de Minas y Energía,
el Tribunal Superior Especializado en Restitución de Tierras de Bogotá, la
Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana –
OPIAC, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Ministerio de
Defensa Nacional, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales, la Unidad de Restitución de Tierras, el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la Agencia Nacional de Minería, la Procuraduría General de la Nación y
el Ministerio del Interior.

2
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
3
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
4
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
6
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
7 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.

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Accionante: Cabildo Resguardo Indígena Remanso Chorrobocón

9. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la
Corte Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20068, señaló lo siguiente:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en
la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. […].

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción
[…]”. [subrayado fuera del texto].

10. Teniendo en cuenta que el Ministerio del Trabajo - Dirección Territorial Guainía,
el Departamento del Guainía, el Ministerio de Minas y Energía, el Tribunal Superior
Especializado en Restitución de Tierras de Bogotá, la Organización Nacional de
los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana – OPIAC, la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – DIAN, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Unidad de
Restitución de Tierras, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Agencia
Nacional de Minería, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio del
Interior, fueron parte dentro de la acción de tutela núm. 94001-40-89-001-2025-
00038-00 en la que se profirió la sentencia objeto del presente mecanismo de
amparo, la Sala considera que a esas entidades sí les asiste el interés jurídico
para ser vinculadas a esta acción constitucional.

11. Por lo anterior, se denegarán las solicitudes de desvinculación elevadas, como
en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia

VI.3. Problemas jurídicos

12. De acuerdo con la situación fáctica planteada la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos de procedencia de la
acción de tutela. Y, si ello es así, se deberá determinar:

b) Si las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales
solicitados por la parte accionante con ocasión a: i) la presunta mora judicial
en el trámite del proceso de nulidad radicado número 50001-23-33-000-
2025-00086-00 y, ii) la providencia de 17 de marzo de 2025 proferida dentro

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Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

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Accionante: Cabildo Resguardo Indígena Remanso Chorrobocón

de la acción de tutela con número de radicación 94001- 40-89-001-2025-
00038-00.

13. Con el fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: (i) los presupuestos para que se configure la mora judicial
en el interior de los procesos judiciales; para posteriormente, (ii) resolver el caso
concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando se satisfagan a
cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.4. Los presupuestos para que se configure la mora judicial en el interior
de los procesos judiciales

14. La Corte Constitucional ha definido la mora judicial como un “[…] fenómeno
multicausal y estructural […]”9, que se presenta en razón al “[…] alto número de
procesos en curso, los engorrosos diligenciamientos y la consiguiente congestión
judicial […]”10.

15. En atención al sistemático incumplimiento de los términos procesales, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, sin desconocer las circunstancias en las
que se desarrolla la función judicial en Colombia, ha reconocido que en
determinados eventos la mora judicial vulnera gravemente “[…] los derechos
fundamentales como el debido proceso y el acceso a la administración de justicia,
que la carta política expresamente consagra, exige y trata de proteger […]”.11

16. Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia T-186 de 28 de marzo
de 201712 precisó lo siguiente:

“[…] [P]ara definir la existencia de una lesión de los derechos fundamentales
ante el retardo judicial, se requería valorar la razonabilidad del plazo y el
carácter injustificado del incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora
lesiva del ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los
términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable, lo que
implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad procesal del
interesado, la conducta de la autoridad competente y la situación global
del procedimiento, y (iii) la falta de motivo o justificación razonable de la
demora. Advirtió, además, que (iv) el funcionario incumplido debía
demostrar el agotamiento de todos los medios posibles para evitar el
detrimento de las garantías de acceso a la administración de justicia y
debido proceso, concluyendo que:

[…]

[L]a mora judicial se justifica cuando:

-Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera
integral una diligencia razonable del juez que los atiende,

9
Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. sentencia T-186 de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa; 28 de marzo
de 2017.
10
Corte Constitucional. Sala Sexta de Revisión. Exp. T-2302967. Sentencia T-1019 de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; 9
de diciembre de 2010.
11
Ibidem.
12
Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. Exp. acumulados T-5896866 y T-5915213, M.P. María Victoria Calle
Correa; 28 de marzo de 2017.

10
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Accionante: Cabildo Resguardo Indígena Remanso Chorrobocón

-Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga
laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles
e ineludibles. Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en
aquellos eventos en los que se comprueba que el funcionario no ha sido
diligente y su comportamiento ha obedecido a una omisión sistemática de sus
deberes.”13

13.5. En la providencia T-230 de 2013, que abordó un caso de presunta mora
judicial injustificada por parte de la Corte Suprema de Justicia – Sala de
Casación Laboral dentro de un proceso ordinario que tenía por objeto el
reconocimiento de una sustitución pensional, la Sala afirmó que tal fenómeno,
contrario a los derechos fundamentales y debido proceso, se evidencia
cuando: (i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley
para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que
justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de
trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de
funciones por parte de una autoridad judicial. Precisó la Sala, además, que
ante casos de mora judicial injustificada, la acción de tutela era procedente
cuando (1) se cumpliera el requisito de subsidiariedad y (2) se acreditara
la existencia de un perjuicio irremediable, advirtiendo que, (iii) el
remedio, consistente en la alteración del turno era, excepcional […].

13.6. Reiterando de manera importante el anterior precedente, la Sala Plena
de la Corte Constitucional en la sentencia SU-394 de 201614, destacó que el
derecho al debido proceso en un plazo razonable, por desconocimiento del
término, es objeto de amparo constitucional cuando quiera que (i) se incurre
en mora judicial injustificada y (ii) se está ante un caso en el que puede
materializarse un daño que genera perjuicios no subsanables.

La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera que (i) existe
un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no existe un motivo
razonable que justifique la dilación; y, (iii) la tardanza sea imputable a la
falta de diligencia y omisión sistemática de los deberes del funcionario
judicial […]”. [Negrilla fuera del texto].

17. De acuerdo con lo transcrito, para que se estructure una violación del debido
proceso y al acceso a la administración de justicia por la falta de resolución
oportuna del asunto sometido a conocimiento de un servidor judicial resulta
imprescindible analizar: (i) el volumen de trabajo y el nivel de congestión judicial
de la respectiva dependencia; (ii) el desarrollo y cumplimiento de las funciones del
cargo; (iii) la complejidad del caso sometido a decisión judicial, y (iv) el
cumplimiento por las partes de sus deberes de impulso procesal15.

VI.5. El caso concreto

18. El Cabildo Resguardo Indígena Remanso Chorrobocón solicitó el amparo de
sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida, dignidad humana, debido
proceso, “[…] LA SUPERVIVENCIA, LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, […] A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ESPECIAL INDÍGENA […]”, cuya vulneración
le atribuyó i) al Tribunal Administrativo del Meta por la presunta mora judicial
dentro del medio de control de nulidad con el número de radicación 50001-23-33-

13
“En esta providencia prosperó la acción constitucional invocada, por considerarse que en la providencia judicial atacada
la autoridad no había valorado que la mora en la que había incurrido el sancionado se encontraba justificada”.
14
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
15
Corte Constitucional. Sentencia T-220 de 22 de marzo 2007. M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra.

11
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Accionante: Cabildo Resguardo Indígena Remanso Chorrobocón

000-2025-00086-00 y, ii) al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Inírida con
la providencia de 17 de marzo de 2025 proferida dentro de la acción de tutela con
número de radicación 94001-40-89-001-2025-00038-00.

19. Se advierte que lo previamente expuesto fue señalado por el accionante en su
escrito de tutela como constitutivo de la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales. No obstante, al examinar el acápite de pretensiones, se advierte
que el actor solicitó: i) el estudio de la competencia del juez contencioso
administrativo frente a la demanda de nulidad, ii) la aplicación de la sentencia C-
254 de 2025 a su caso concreto y, iii) la autorización al resguardo Chorrocobón
para continuar con la explotación minera. En consecuencia, la Sala procederá a
realizar el análisis correspondiente.

VI.5.1. De la carencia actual de objeto por hecho superado en el sub examine

20. La Corte Constitucional, en sentencia T-054 de 14 de febrero de 202016,
sostuvo que “[…] la carencia actual de objeto por hecho superado tiene lugar
cuando, entre la interposición de la acción de tutela y la decisión del juez
constitucional17, desaparece la afectación al derecho fundamental alegada y se
satisfacen las pretensiones del accionante18, debido a “una conducta desplegada
por el agente transgresor”19 […]”.

21. Lo anterior, en razón a que el fin último de la acción de tutela, conforme con el
artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, el Decreto Ley 2591 de 1991
y la doctrina constitucional, es lograr la protección efectiva y cierta de los derechos
fundamentales vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una
autoridad pública o privada. Sin embargo, en el evento que la situación que origina
la violación o amenaza sea superada la tutela pierde su objeto y razón de ser20.

22. En ese sentido, cuando se encuentra demostrada tal situación, el juez de tutela
no está obligado a pronunciarse de fondo21, sino que en esos casos le
corresponde declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez
que de realizar lo contrario sus decisiones y/u órdenes carecerían de sentido, ante
“[…] la superación de los hechos que dieron lugar al recurso de amparo o ante la
satisfacción de las pretensiones del actor […]”22.

16
Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. Sentencia T-054 de 14 de febrero de 2020, Exp. T-7629444, M.P. Carlos
Bernal Pulido.
17
Corte Constitucional, sentencias T-238 de 2017 y T-047 de 2016. Asimismo, ver, Corte Constitucional, Sentencia T-358
de 2014.
18
Corte Constitucional. Sentencia SU-540 de 2007: “el hecho superado se presenta cuando, por la acción u omisión (según
sea el requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal manera que ‘carece’ de objeto el
pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión hecho superado en el sentido obvio
de las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en la tutela”.
19
Corte Constitucional, sentencias T-238 de 2017 y T-011 de 2016.
20
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia de unificación 771 de 16 de octubre de 2014. Exp. T-2894421, M. P. Martha
Victoria Sáchica Méndez.
21
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-011 de 22 de enero de 2016, M. P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
22
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de unificación 771 de 16 de octubre de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica
Méndez.

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Accionante: Cabildo Resguardo Indígena Remanso Chorrobocón

23. Descendiendo al caso concreto, se tiene que el Cabildo Resguardo Indígena
Remanso Chorrobocón solicitó la protección de sus derechos fundamentales
citados supra, cuya vulneración le atribuyó al Tribunal Administrativo del Meta por
la presunta mora judicial dentro del medio de control de nulidad con número de
radicación 50001-23-33-000-2025-00086-00.

24. Como fundamento de la solicitud de amparo, el accionante señaló que el
Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Inírida, mediante sentencia de 17 de
marzo de 2025 proferida en la acción de tutela núm. 94001- 40-89-001-2025-
00038-00, dejó sin efectos jurídicos de manera transitoria la Resolución 009 de
2025 “[…] hasta que el juez contencioso administrativo emita una sentencia en
firme […]”.

25. La Sala observa que, en el trámite23 de la presente acción constitucional el
Tribunal Administrativo del Meta, mediante auto de 5 de diciembre de 2025,
inadmitió el medio de control de nulidad, decisión que fue debidamente notificada
por estado de 9 de diciembre de 202524.

26. Así las cosas, y comoquiera que en el caso sub examine la parte actora
manifestó que el Tribunal “[…] al no pronunciarse en el trámite de la demanda
instaurada por la Procuraduría Delegada para los Asuntos Ambientales y Mineros
de la Procuraduría General de la Nación, nos perjudica en la ejecución del
proyecto y máxime que lleva 240 días aproximadamente y no se toma ninguna
decisión por parte de la magistrada Teresa Herrera Andrade […]”, la Sala
considera que al respecto se ha satisfecho el objeto de la presente acción de
amparo, en la medida en que el Tribunal profirió un auto mediante el cual impartió
trámite a la demanda, superándose así la situación que dio lugar a la interposición
de la tutela.

27. En ese orden de ideas, se resalta que la Corte Constitucional, ha entendido el
concepto de la carencia actual de objeto por hecho superado como “[…] el
supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda
de amparo y el fallo se evidencia que, como producto del obrar de la entidad
accionada, se eliminó la vulneración a los derechos fundamentales del actor
[…]”3.

28. Por todo lo anterior la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado frente a la mora judicial alegada, tal como se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.

VI.5.2. De la improcedencia de la acción de amparo por dirigirse contra una
sentencia de tutela

23
La presente acción de tutela fue radicada el 10 de noviembre de 2025. Ver índice 001 del expediente Samai.
24
Índice 17 Samai. Expediente núm. 5001233300020250008600 Tribunal Administrativo del Meta.

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Accionante: Cabildo Resguardo Indígena Remanso Chorrobocón

29. Respecto de la procedencia de la acción de tutela contra una sentencia dictada
en otro proceso de tutela, se destaca que la Corte Constitucional, en la sentencia
SU-627 de 2015, unificó criterio y precisó lo siguiente:

“[…] 4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata
de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra
la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es
la de que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas
de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de
dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de
la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional,
cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos
genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la
acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud
de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que
la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación
de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación […]”.25. [Negrilla fuera del
texto].

30. En el caso bajo estudio, el accionante solicitó “[…] se revoquen todas las
medidas cautelares establecidas por los Juzgados municipales pertinentes en sus
fallos de tutela relacionados con el tema que fallaron en contra del Resguardo
[…]”, adicionalmente solicitó se aplique la sentencia C-254 de 2025 a su caso en
concreto y se autorice al Resguardo Remanso Chorrobocón “[…] proseguir con la
solicitud de la licencia ambiental para la explotación minera […]”.

31. La Sala advierte que, una vez revisado el expediente de la acción de tutela núm.
94001-40-89-001-2025-00038-00, se profirieron las sentencias de 17 de marzo y
12 de mayo de 2025, por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Inírida y el
Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Inírida, respectivamente. En las que
se ampararon los derechos fundamentales de la Amazonía Colombiana y se
ordenó al accionante:

“[…] abstenerse de efectuar cualquier tipo de acto (jurídico o, de hecho) que se
traduzca en la explotación de minerales dentro de su jurisdicción. Esta
prohibición implica que no se podrá adelantar ninguna actividad minera por
miembros de la comunidad, o por terceros, y que tampoco se podrá expedir
algún acto administrativo, resolución o similar, que habilite la explotación
mineral presente o futura; ni se podrán firmar o suscribir contratos o convenios
que tengan como fin la práctica de actividades mineras. […]”.

32. Asimismo, se pone de presente que la acción de tutela fue remitida ante la Corte
Constitucional el 4 de septiembre de 2025, bajo el radicado núm. T-11456138, y

25
Corte Constitucional. Sala Plena. Exp. T- 4.496.402, M.P. Mauricio González Cuervo; 1 de octubre de 2015.

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que dicha Corporación, mediante auto de 31 de octubre de 2025, resolvió excluirla
del trámite de revisión.

33. Esta Sección considera que, la acción de tutela resulta improcedente porque se
dirige contra una sentencia de tutela y no se demostró que la decisión mencionada
haya sido expedida con ocasión de un fraude; sino que lo pretendido por la parte
accionante es que se expida una nueva sentencia de tutela favorable a sus
intereses.

34. Con fundamento en lo anterior, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela en razón a que se dirige contra una sentencia dictada en otro proceso de
igual naturaleza y no está acreditado el supuesto previsto en la sentencia SU-627
de 2015.

35. La Sala procederá a estudiar el cumplimiento del requisito general de
procedencia de subsidiariedad frente a la pretensión de “[…] declare la falta de
competencia de la Justicia Contenciosa Especializada […]” respecto del medio de
control de nulidad 5001-23-33-000-2025-00086-00.

VI.5.3. Del incumplimiento del requisito general de procedencia de
subsidiariedad

36. La acción de tutela es un medio de defensa judicial que, de conformidad con el
artículo 86 de la Constitución Política, tiene carácter subsidiario, excepcional y
residual. Esto significa que por regla general este instrumento de protección de
derechos fundamentales solo será procedente cuando se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial previstos por el legislador o cuando los mismos no sean
idóneos para la protección de los derechos fundamentales que se consideran
vulnerados.

37. Se destaca que este carácter excepcional y residual se encuentra previsto en
el artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. La norma aludida dispone:

“[…] CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela
no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante […]”.

38. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado
debe agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal (acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su
naturaleza26), lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.

26
Corte Constitucional. Sala Plena. Auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 16 de abril de 2015.

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39. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de
la acción de tutela, en los siguientes términos:

“[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado
sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la
protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción
constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho.”

“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se
encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber
agotado los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.

Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito,
que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí
misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de
defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un
camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los
procesos judiciales […]”27.

40. En este mismo sentido se pronunció esta Sala de Decisión, en sentencia de 25
de abril de 2019, al respecto expuso lo siguiente: “[…] la tutela no puede ser
utilizada como acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios,
salvo que estos medios ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los
derechos fundamentales controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]”28.

41. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991 señalan
una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que cuando se trate
de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de tutela sin agotar
los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es necesario, bajo este supuesto
excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando con la acción de
tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.

42. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.

43. En relación con tales criterios interpretativos se ha definido lo siguiente:

“[…] la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto
de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos,

27
Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencias T-890 de 24 de noviembre de 2011, Magistrado Ponente: Dr. Jorge
Iván Palacio Palacio y T-580 de 26 de julio de 2006, Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de abril de 2019, expediente
número 11001-03-15-000-2018-04033-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Accionante: Cabildo Resguardo Indígena Remanso Chorrobocón

que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como un mecanismo
necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales
fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve
la necesidad de considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela,
como mecanismo transitorio y como medidas precautelativas para garantizar la
protección de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran
amenazados […]”.29

44. Además de lo anterior, esta Sección30 ha indicado que el requisito de
subsidiariedad tampoco se cumple cuando se encuentra en trámite el proceso
donde se profirió la decisión objeto de tutela. Al respecto, señaló que:

“[…] Es necesario reiterar que, por regla general, cuando el proceso se
encuentra en curso, la acción de tutela no es procedente para cuestionar
cualquier decisión adversa a las partes, aún luego de agotados los recursos
que contra ellas proceden dentro del proceso, si el desarrollo del medio de
control no ha finalizado y, por tanto, no se puede tener certeza de la
trascendencia de esa presunta irregularidad procesal en la decisión que pone
fin al proceso.

Lo anterior atiende, además, a la imposibilidad de acudir a la acción de tutela
como una tercera instancia ante decisiones que no convienen a las partes en
el trámite de los procesos, cuyos efectos en la decisión definitiva son inciertos,
y que, además, no generan ningún perjuicio ius fundamental irremediable.

En este sentido, solo en el evento en que las presuntas irregularidades en el
curso del proceso impidan el acceso a la administración de justicia y el
derecho a la tutela judicial efectiva de la parte accionante, y ésta carezca de
medios judiciales de defensa al interior del proceso, resultaría procedente
asumir su estudio en sede de tutela, situación que no se presenta en el caso
sub judice por cuanto, el medio de control aún está en trámite […]”.
[Subrayado fuera del texto].

45. Con fundamento en las anteriores premisas, la Sala procede a analizar si la
presente solicitud de amparo cumple o no el requisito general de procedibilidad
de subsidiariedad.

46. Aplicando lo expuesto al caso concreto, se tiene que la parte accionante le
atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales a la demanda del medio
de control de nulidad núm. 50001-23-33-000-2025-00086-00, asignada al Tribunal
Contencioso Administrativo del Meta, al considerar que la Resolución 009 de 2025
“[…] no cumple con lo establecido en el artículo 152 del CPACA […]”.

47. De lo anterior, la Sala advierte que el medio de control al cual la parte actora
atribuye la afectación de sus garantías fundamentales se encuentra en etapa de
admisibilidad y, en consecuencia, no resulta procedente la intervención del juez
constitucional. Ello, por cuanto, como se indicó previamente, es el proceso
ordinario el escenario idóneo para la defensa y protección de los derechos que las
partes consideran afectados.

29
Sentencia T-225 de1993, reiterado en la sentencia SU-617 de 2013.
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2017, C.P.
doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-000-2017-03006-00.

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48. Así las cosas, y teniendo en cuenta que el proceso dentro del cual se alega la
presunta afectación de las garantías fundamentales de la parte actora aún se
encuentra en trámite, la presente solicitud de amparo resulta en improcedente por
no satisfacer el requisito de subsidiariedad. Ello, máxime cuando del análisis del
escrito de tutela no se advierte la configuración de un perjuicio irremediable que
habilite la intervención del juez constitucional como mecanismo transitorio.

49. Por lo expuesto, se declarará la improcedencia de la solicitud de tutela respecto
de la pretensión encaminada a que se “[…] declare la falta de competencia de la
Justicia Contenciosa Especializada […]”, por cuanto no se satisface el requisito
general de procedencia de subsidiariedad, en la medida en que el medio de control
de nulidad núm. 50001-23-33-000-2025-00086-00, aún se encuentra en trámite.

50. Finalmente, en relación con la solicitud de que se adelante investigación
disciplinaria y penal contra el Procurador II Delegado para Asuntos Ambientales y
Mineros, por la presunta “[…] extralimitación de funciones establecidas en el artículo
6º de la Constitución Política de Colombia […]”, la acción de tutela deviene
igualmente improcedente, toda vez que el amparo constitucional no constituye un
mecanismo sustitutivo de los medios ordinarios previstos por el ordenamiento
jurídico para la activación de las correspondientes acciones disciplinarias o penales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el
Ministerio del Trabajo - Dirección Territorial Guainía, el Departamento del Guainía,
el Ministerio de Minas y Energía, el Tribunal Superior Especializado en Restitución
de Tierras de Bogotá, la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la
Amazonía Colombiana - OPIAC, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales, la Unidad de Restitución de Tierras, el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Agencia Nacional de Minería, la
Procuraduría General de la Nación y el Ministerio del Interior, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado frente
a la presunta mora judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela frente a
las demás pretensiones, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

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Accionante: Cabildo Resguardo Indígena Remanso Chorrobocón

CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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