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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07062-00

Fecha
4 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07062-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Departamento de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07062-00 referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-07062-00

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

4 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Parte actora: Yolanda Sierra Nempeque
Parte accionada: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección C
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07062-00
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por falta de
relevancia constitucional

Sentencia de primera instancia

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. La accionante en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho presentó demanda contra la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, con el fin de que se declarara nulo el acto
administrativo por medio del cual se le negó la pensión de jubilación por
aportes y, a título de restablecimiento del derecho, se ordenara el
reconocimiento y pago de dicha prestación económica a partir del 16 de
junio de 2021.

1.2. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Facatativá, mediante
sentencia de 19 de noviembre de 2024, accedió parcialmente a las

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pretensiones de la demanda.

1.3. Contra la decisión de primera instancia la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio presentó recurso de apelación.

1.4. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante decisión de 7 de mayo de 2025, revocó la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de
la demanda, al considerar que “[…] la demandante para el 1º de abril de
1994, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, sólo
acreditaba una edad de 28 años (nació el 16 de junio de 1966) y no
contaba con más de 750 semanas cotizadas, de manera que es evidente
que NO CUMPLE con la condición que permitiría la aplicación favorable
de la Ley 71 de 1988, como es ser beneficiaria del régimen de transición
del Sistema General de Pensiones y en ese contexto, esta Colegiatura,
concluye que la pensión bajo este régimen tampoco le es aplicable a la
actora la pluricitada pensión por aportes […]”.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que la autoridad accionada incurrió en defecto
fáctico porque con los elementos de pruebas allegados se demostraba la
existencia de una relación laboral y el hecho de haber ejercido funciones de
docencia entre los años 2001 a 2003 para el Departamento de Cundinamarca
quedaba desvirtuada la afirmación del tribunal consistente en que “[…] la
señora Yolanda Sierra Nempeque no había acreditado la forma, modo y lugar
en que se desarrolló la labor docente […]”.

La accionante manifestó que el tribunal accionado incurrió en defecto
sustantivo y en desconocimiento del precedente porque si ben en la sentencia
cuestionada se hizo referencia a un fallo de la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado en el cual se exigía “[…] la demostración de
aportes como condición para acceder al beneficio pensional, lo cierto es que

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dicha tesis fue reconsiderada, dando lugar a la postura vigente que reconoce
los períodos laborados mediante contratos de prestación de servicios,
independientemente de la cotizaciones al sistema pensional y, que faculta a la
autoridad competente para efectuar el recobro ante la entidad previsión o
descontar los valores adeudados por aportes a pensión, de modo que la
controversia sobre este aspecto se encontraba plenamente superada […]”.

Asimismo, trajo a colación la sentencia proferida el 11 de febrero de 2021 por
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado “[…] Rad. No.
81001-23-33-000-2013-00079-01, demandante Carmen Gabriela Loyo De
Arrieta contra Nación - MEN - Fomag y Otros […]”, la cual reconoció la pensión
de jubilación a una docente cuyo tiempo de servicios incluía períodos
laborados bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA en sentencia proferida el día 7 de mayo de 2025 dentro
del medio de control con radicado No. 25269-33-33-002-2023-00137-01,
transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA, CONFIANZA LEGÍTIMA, IGUALDAD y SEGURIDAD
JURÍDICA de la señora YOLANDA SIERRA NEMPEQUE, por
desconocimiento del precedente jurisprudencial vigente por el Honorable
Consejo de Estado en materia de la aplicación del régimen pensional del
personal docente oficial.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA dejar sin efectos la providencia
referida en el numeral anterior y, se profiera una nueva con fundamento
en la normatividad aplicable al caso de la parte actora, esto es, Ley 33 de
1985, en los términos solicitados en la demanda y, atendiendo al
precedente jurisprudencial del Máximo Órgano de lo Contencioso
Administrativo […]”.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Mediante auto de 14 de noviembre 2025, se admitió la presente acción de
tutela y se vinculó a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo

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Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al Departamento de
Cundinamarca - Secretaría de Educación y al Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito Judicial de Facatativá, en calidad de terceros con interés directo
en el resultado del proceso.

III. INTERVENCIONES

1. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca solicitó declarar la improcedencia de la presente acción
constitucional toda vez que lo pretendido por la accionante es que se surta una
tercera instancia.

Afirmó que la providencia cuestionada fue proferida con prevalencia de los
principios de la sana crítica y buena fe, puesto que si bien se observa que la
accionante prestó sus servicios desde el 16 de julio de 2001 hasta el 5 de
diciembre de 2003 como docente en calidad de contratista, lo cierto es que
para efectos de computar “[…] los lapsos temporales alegados, a juicio de la
Sala, de un lado, es necesario que previamente se constituya la existencia de
una relación laboral durante los años predicados y de otro lado, acreditarse los
aportes pensionales mientras la docente estuvo vinculada mediante contrato
de prestación de servicios, para efectos de financiar la pensión […]”.

2. El Ministerio de Educación Nacional rindió informe en el que manifestó que
carece de legitimación en la causa por pasiva para emitir un pronunciamiento
de fondo por cuanto esa entidad no profirió la sentencia atacada. Finalmente,
solicitó declarar la improcedencia de la presente acción constitucional porque
no vulneró ningún derecho fundamental.

3. El Departamento de Cundinamarca solicitó declarar la improcedencia de la
presente acción de tutela al considerar que no se encuentra acreditado los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
Igualmente, pidió su desvinculación de la presente acción constitucional al
considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva.

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IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Cuestión previa

La Sala advierte que el Departamento de Cundinamarca solicitó su
desvinculación del presente trámite de tutela.

La Sala considera que, comoquiera que el Departamento de Cundinamarca
fue parte dentro del proceso objeto de tutela, le asiste interés directo en la
decisión de la acción constitucional de la referencia, razón por la que se negará
la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

3. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:

B) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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4. Caso concreto

4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela

La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional2 como del Consejo
de Estado3 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos
requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de alguno de
los requisitos especiales para dicha procedencia.

Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental4 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces5.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha

2
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
3
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01,
respectivamente. Entre otras.
4
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente:
Dr. Jaime Córdoba Triviño.
5
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.

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afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.

En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.

En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la
competencia y la independencia del juez ordinario.

Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrió la autoridad accionada no devela que el
presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental, sino,
únicamente, frente a la mera inconformidad con la decisión adoptada en el
marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación núm. 25269-33-33-002-2023-00137-01.

Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que la autoridad judicial haya incurrido en una
arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual se
evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar

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la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental” y
mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales”.

Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora está asociada
a que, la autoridad accionada inaplicó la Ley 33 de 1985 y dio una interpretación
errónea a la postura vigente del Consejo de Estado que permite computar los
tiempos laborados con independencia de la realización de cotizaciones,
circunstancia que se traduce en la reapertura de un asunto que ya fue resuelto
por el juez natural de la causa judicial.

Por tanto, se considera que los argumentos de la parte actora más que develar
la existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia constitucional”
que conlleve la presunta trasgresión de derechos fundamentales, demuestra
una inconformidad con la decisión adoptada por la autoridad accionada como
si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, por lo cual el
juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la
acción de tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso
invadir la competencia y la independencia del juez natural.

Bajo los anteriores argumentos, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el
Departamento de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la

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referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta
sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

CARLOS FERNANDO MANTILLA GERMÁN EDUARDO OSORIO
NAVARRO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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