Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-07063-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-07063-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2025-07063-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
22 de enero de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07063-00
Demandante: Franklin Cabarcas Cabarcas
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., 22 de enero de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07063-00
Demandante: FRANKLIN CABARCAS CABARCAS
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO
Temas: Contra providencias dictadas en proceso disciplinario. Improcedencia
de la acción de tutela. Relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Franklin Cabarcas Cabarcas,
contra la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba y la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 10 de noviembre de 2025, en ejercicio de la acción de tutela, en nombre propio, el
señor Franklin Cabarcas Cabarcas, pidió la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y presunción de inocencia.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta en ocasión de las providencias del
3 de julio de 2025 y 22 de octubre de 2025, dictadas por la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Córdoba y Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
respectivamente, dentro del proceso disciplinario 23001-25-02-000- 2023-00090-00/01.
2. Pretensiones
1.Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, legalidad y acceso a la justicia del
accionante.
2. Dejar sin efectos la sentencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial del 22 de octubre de
2025, y, en consecuencia, la decisión de la Comisión Seccional de Córdoba del 3 de julio de 2025 que
impuso la sanción.
3. Ordenar la exclusión de la anotación sancionatoria del Registro Nacional de Abogados.
4. Disponer que se remita copia del fallo de tutela a la Unidad de Registro Nacional de Abogados para
la actualización correspondiente.
5. Ordenar la eliminación inmediata de la anotación de sanción en el Registro Nacional de Abogados.
6. Decretar la medida cautelar de suspensión de la sanción mientras se decide de fondo.
Pretensión subsidiaria.
Subsidiariamente, solicito que se declare la nulidad de lo actuado en la Comisión Seccional y Nacional
de Disciplina Judicial, a fin de que se rehaga el debate probatorio valorando el audio de la audiencia del
13 de febrero de 2023, prueba omitida que demuestra la falta de competencia y objeto de la diligencia.
De manera subsidiaria, para el evento en que el despacho considere que no procede la anulación directa
de las sanciones disciplinarias, solicito que se declare la nulidad de lo actuado dentro del proceso
disciplinario adelantado por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba y la Comisión
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Nacional de Disciplina Judicial, con el fin de que se rehaga el debate probatorio y se valore integralmente
el contenido del audio de la audiencia preliminar celebrada el 13 de febrero de 2023, en la cual se
evidencia que la motivación del juez para compulsar copias no obedeció a una inasistencia del suscrito,
sino a las manifestaciones del fiscal, carentes de soporte objetivo.
Esta pretensión subsidiaria se formula bajo el entendido de que ninguna de las Comisiones escuchó el
registro audiovisual completo, incumpliendo los principios de oralidad, inmediación y valoración integral
de la prueba, lo que conllevó una errónea comprensión de los hechos y la imposición de una sanción
sobre una audiencia que no tenía vocación de prosperidad, por carecer de competencia funcional y
objeto jurídico.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
El 10 de febrero de 2022, la Fiscalía 21 Especializada de la Dirección contra Delitos
Fiscales presentó escrito de acusación en contra de los señores José de Jesús Robledo
Pauth, Raúl Yepes Julio, Víctor Manuel Díaz Banda, Rubén Darío Gómez Julio, Eugenio
Cardozo González, Iván Darío Cassiani Naar, Bladimir Gómez Valeta, José Osmin Rossi
Fajardo y Fernando Mercado Murillo por el delito de contrabando.
El 8 de septiembre de 2022, el abogado Franklin Cabarcas Cabarcas, en calidad de
apoderado de un tercero de buena fe, solicitó realizar audiencia de entrega de vehículo
– embarcación marítima; petición que correspondió conocer al Juzgado Primero
Promiscuo Municipal de Lorica.
En diligencia realizada el 2 de febrero de 2023 con presencia del señor Franklin Cabarcas
Cabarcas, el juez determinó su falta de competencia, en razón a que los hechos
ocurrieron en el Municipio de Moñitos, motivo por el cual ordenó remitir el expediente al
juzgado promiscuo de esa municipalidad. Debido a que el disciplinado se opuso, el asunto
fue enviado al Juzgado Penal del Circuito de Lorica para que dirimiera la competencia, y
mediante auto del 7 de febrero de 2023, se declaró fundada la manifestación y ordenó
asignar el expediente al Juzgado Promiscuo Municipal de Moñitos, despacho que fijó para
el 13 de febrero siguiente la audiencia preliminar de entrega de embarcación. La decisión
fue notificada al investigado al correo electrónico «franklin.cabarcas4@gmail.com»,
mismo que informó dentro del proceso penal.
El 13 de febrero de 2023, el Juzgado Promiscuo Municipal de Moñitos, Córdoba, dentro
del proceso penal 11001-60-993-66-2021-00014-00, ordenó la compulsa de copias al
abogado Franklin Cabarcas Cabarcas por no asistir a la diligencia ni justificar su ausencia.
En audiencia del 17 de abril de 2023, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Córdoba abrió proceso disciplinario contra Franklin Cabarcas con radicado No. 23001-
25-02-000-2023-00090-01, y ante su no comparecencia a las diligencias programadas
para los días 16 de mayo, 22 de junio y 10 de octubre de 2023, el magistrado instructor
aplicó lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 104 de la Ley 1123 de 2007, lo declaró
persona ausente y nombró defensora de oficio.
El 20 de febrero, 23 de abril y 12 de agosto de 2024, la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Córdoba celebró audiencia de pruebas y calificación provisional en la que le
formuló al abogado Franklin Cabarcas un único cargo por la probable infracción prevista
en el numeral 10 del artículo 28 y el numeral 1° del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007,
por no asistir a la audiencia programada para el 13 de febrero de 2023, destinada a
resolver la entrega de la embarcación.
De manera posterior, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial llevó a cabo el 7 de
octubre y el 5 de noviembre de 2024, audiencia de juzgamiento, en la que Franklin
Cabarcas rindió versión libre en la que explicó que la audiencia preliminar había sido
asignada al Juzgado Promiscuo Municipal de Moñitos, debido a un conflicto de
competencias cuya decisión afirmó no haber conocido. Señaló que los correos enviados
por ese despacho llegaron a la carpeta de spam y se eliminaron automáticamente, lo que
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le impidió conocer la fecha de la diligencia. Que su ausencia no afectó el trámite, porque
para la fecha en que fue citado ya existía una sentencia. Añadió que, por ello, no era
procedente solicitar la entrega del bien ante el juez de control de garantías.
El 3 de julio de 2025, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba dictó
sentencia de primera instancia dentro del proceso disciplinario No. 23001-001-11-02-001-
2023-00090-00 y sancionó al abogado con suspensión del ejercicio profesional por el
término de dos meses, al encontrarlo responsable de la falta imputada. Estableció que
la solicitud de audiencia preliminar para la entrega de una embarcación, presentada el 8
de septiembre de 2022, pasó inicialmente al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de
Lorica, que el 2 de febrero de 2023 se declaró incompetente. Que, tras la oposición del
solicitante, el Juzgado Penal del Circuito de Lorica asignó el asunto al Juzgado Promiscuo
Municipal de Moñitos el 7 de febrero de 2023.
Señaló que el abogado debía hacer seguimiento adecuado al trámite, que, aunque recibió
notificación para la audiencia de solicitud de entrega de embarcación dentro del proceso
penal del 13 de febrero de 2023, no asistió ni justificó su ausencia, lo que confirmó la falta
prevista en el numeral 1° del artículo 37 del Código Disciplinario del Abogado.
Respecto de la antijuridicidad, concluyó que su actuación generó un desgaste
institucional evitable y que vulneró un deber esencial del abogado conforme al artículo
28, numeral 10 del Código Disciplinario del Abogado.
Inconforme, el abogado Franklin Cabarcas presentó recurso de apelación. Señaló que su
inasistencia no podía reprocharse porque, según la jurisprudencia, solo es sancionable
cuando es reiterada, de modo que su ausencia no podía generar responsabilidad,
máxime cuando no tenía vínculo procesal con el Juzgado de Moñitos y nunca recibió
notificación válida. Afirmó que los correos enviados no ingresaron a su bandeja y que,
incluso si se hubieran remitido, no tenían relevancia al no existir proceso a su cargo ante
ese despacho.
Cuestionó que la citación, aunque fue enviada a su correo, no generó confirmación de
entrega y el juez no dejó constancia de la notificación, con lo que desconoció el artículo
171 del Código de Procedimiento Penal, lo que vulneró el principio de publicidad. Añadió
que el acta mostraba la inasistencia de defensores y procesados, quienes tenían
obligación de asistir a la audiencia preliminar, por lo que, aun si él hubiera comparecido,
la diligencia no habría podido realizarse.
Señaló también que no se aportó el audio de la audiencia, lo que impedía verificar la
presencia del fiscal, y consideró improcedente tomar esa diligencia como soporte de la
compulsa de copias. Afirmó que la audiencia tampoco tenía vocación de prosperidad,
porque la Fiscalía ya había informado que el bien solicitado estaba en comiso, de acuerdo
con lo señalado por la representante de víctimas. Por ello, estimó desproporcionada e
injusta la sanción, al no generarse daño antijurídico.
Mediante providencia del 22 de octubre del 20251, la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial confirmó la decisión de primera instancia. Básicamente por las mismas razones
del a quo.
La magistrada Magda Victoria Acosta Walteros aclaró su voto frente a la decisión
mayoritaria de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que confirmó la sanción
impuesta al señor Franklin Cabarcas Cabarcas por incurrir en las faltas previstas en el
numeral 1° del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007. Rechazó el argumento del apelante
según el cual su inasistencia no afectaba la audiencia porque tampoco asistieron los
imputados ni sus defensores. Señaló que, en esa diligencia, la presencia del imputado
1
La providencia se notificó el 6 de noviembre de 2025 a través de mensaje de datos a los correos electrónicos
informados para tal fin.
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no era necesaria, ya que el debate se centraba en la devolución del bien y en la legalidad
de la medida real, asunto promovido por un tercero.
Además, precisó que, al margen de quién debía comparecer según la Ley 906 de 2004,
el abogado tenía el deber de atender con diligencia sus compromisos profesionales, lo
que incluía asistir a la audiencia o justificar oportunamente su ausencia. En
consecuencia, sin importar la presencia o no de imputados o defensores, el disciplinado
debía cumplir su deber profesional y acudir a la diligencia para la cual fue citado.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, la parte actora manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, señaló que las providencias cuestionadas
incurrieron en:
Defecto sustantivo Consideró que las autoridades judiciales demandadas aplicaron el
numeral 1° del artículo 137, sin que existiera un deber jurídico exigible, ya que, a su juicio,
no se configuró negligencia ni omisión voluntaria, sino un evento fortuito derivado de la
indebida notificación de la providencia que fijó fecha para llevar a cabo la audiencia de
entrega de embarque. Asimismo, señaló que se inaplicó el artículo 155 de la Ley 906 de
2004, que dispuso que las audiencias preliminares se deben desarrollar con la presencia
del imputado o de su defensor y que, sin este último, no podría realizarse la audiencia.
Defecto fáctico porque la autoridad disciplinaria no valoró adecuadamente la grabación
de la audiencia del 13 de febrero de 2023, la cual demostraba (i) la falta de competencia
funcional del Juzgado Promiscuo Municipal de Moñitos para conocer sobre el proceso
penal; (ii) la indebida notificación del auto que avocó conocimiento y fijó fecha para
celebrar la audiencia de embarque y que las autoridades judiciales demandadas se
limitaron a inferir de manera presuntiva la existencia de la supuesta notificación; (iii) que
la audiencia celebró con ausencia de sus procesados y defensores. Que la autoridad
judicial demandada se limitó a analizar el acta escrita, que, en su opinión, no reflejaba
fielmente lo ocurrido.
Desconocimiento del precedente judicial, pues, a su juicio, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional2 ha señalado que existe vulneración al debido proceso cuando se
sanciona a un sujeto sin acreditarse notificación efectiva y oportuna de las actuaciones
judiciales. También indicó que se desconoció la jurisprudencia constitucional3 y de la
Corte Suprema de Justicia4 en la que se determinó que el juez de control de garantías,
al actuar fuera del marco de sus competencias, afecta el principio de legalidad, lo que
conllevaría a la nulidad de las actuaciones.
5. Trámite procesal
Por auto del 19 de noviembre de 2025, el Despacho sustanciador admitió la demanda
de tutela y negó la solicitud de medida provisional;5 entre otras cosas, ordenó notificar,
en calidad de demandados, a los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba.
En cumplimiento de lo anterior, la Secretaría de esta Corporación practicó las
notificaciones correspondientes por correos electrónicos de las partes el 25 de
noviembre de 2025.
2 T- 760 de 2001, 013, T- 744 de SU 424 de 2016, T-212 de 2018, T033 de 2022, T 302 de 2023.
3 T-161 de 2017 y C.-591 de 2014.
4 Auto AP-2951, radicado: 58579
5 Solicitó la suspensión de la ejecución de la sanción impuesta por las providencias cuestionadas, hasta que se resuelva
la presente acción de tutela, comoquiera que dicha sanción afecta su mínimo vital y la manutención de sus tres menores
hijos.
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6. Intervenciones
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción de tutela por carecer de relevancia constitucional, pues el
actor pretendió reabrir un debate ya resuelto en la jurisdicción disciplinaria.
Indicó que los argumentos expuestos en el recurso de apelación fueron los mismos que
el actor replicó en la tutela, sin fundamento sólido. Señaló que las pruebas demostraron
que el señor Cabarcas solicitó la audiencia de entrega de la embarcación el 8 de
septiembre de 2022 y que el asunto pasó al Juzgado Promiscuo Municipal de Moñitos,
que fijó fecha de audiencia para el 13 de febrero de 2023 y lo notificó a su correo
electrónico, el mismo que usó en el trámite disciplinario.
Afirmó que la responsabilidad disciplinaria se basó únicamente en la omisión de asistir a
la audiencia y de justificar su inasistencia, lo que motivó la compulsa de copias y la
sanción. Sostuvo que el archivo de la actuación penal derivó exclusivamente de su
desatención, y no de intervenciones de otras partes. Que la conducta censurada no
recaía en la viabilidad de la solicitud presentada ante el juez, sino en la negligencia del
tutelante frente a sus deberes profesionales.
Destacó que los argumentos del actor sobre supuestos errores en el acta, ausencia de
audio o falta de claridad en la comparecencia de la Fiscalía no desvirtuaban las
conclusiones disciplinarias, porque el acta constituía prueba suficiente y porque la
asistencia del demandante era el hecho relevante.
La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba, relató las actuaciones que
cursaron dentro del proceso disciplinario en primera instancia.
Precisó que en el trámite garantizó al disciplinado todas las facultades procesales y
permitió su intervención en cada etapa, incluso con múltiples reprogramaciones para
asegurar su defensa material. Sostuvo que la decisión se apoyó en hechos corroborados
y en estricto apego al marco legal aplicable, por lo cual no advirtió vulneración de los
derechos fundamentales invocados por el accionante.
Finalmente, indicó que anexaba el enlace de la investigación disciplinaria para que se
revisara el trámite y las decisiones adoptadas.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
La Sala empieza por precisar que, si bien la parte actora cuestiona las providencias del
3 de julio de 2025 y 22 de octubre de 2025, dictadas por la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Córdoba y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
respectivamente, el análisis se centrará en la última providencia por ser la que confirmó
la decisión de primera instancia y decidió de manera definitiva sobre la acción
disciplinaria.
Siendo así, corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela interpuesta
por Franklin Cabarcas Cabarcas, para dejar sin efectos la providencia del 22 de octubre
de 2025, dictada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en el proceso
disciplinario con radicado No. 23001-25-02-000-2023-00090-00/01.
La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela porque no cumple con el
requisito general de relevancia constitucional, comoquiera que, la parte actora la utiliza
como una instancia adicional del proceso disciplinario e insiste en argumentos que ya
fueron resueltos por el juez natural.
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Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional, y, finalmente, (iii)
analizará el caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de2005,5 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales6 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos7 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-006, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.
Frente al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una instancia
adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
4. Análisis del caso concreto
El señor Franklin Cabarcas Cabarcas cuestiona la providencia del 22 de octubre de 2025,
dictada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que confirmó la decisión que lo
sancionó con suspensión de dos meses en el ejercicio de la profesión dentro del proceso
23001-25-02-000-2023-00090-00/01.
Ahora bien, del examen de la solicitud de amparo se observa que los argumentos
expuestos son los mismos formulados en el proceso disciplinario. La parte actora afirmó
que la autoridad judicial demandada incurrió en (i) defecto sustantivo por aplicar
indebidamente el numeral 1° del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007; (ii) defecto fáctico
porque no valoró correctamente la grabación de la audiencia del 13 de febrero de 2023,
la cual, según afirmó, demostraba la falta de competencia del Juzgado de Moñitos, la
indebida notificación del auto que avocó conocimiento y fijó fecha para celebrar la
audiencia y que la misma se realizó sin la presencia de procesados ni defensores y (iii)
desconocimiento del precedente judicial, porque conforme a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional7, existe vulneración al debido proceso cuando se sanciona a un sujeto sin
6 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
7 T- 760 de 2001, T-212 de 2018, SU 424 de 2016, T033 de 2022, T 302 de 2023.
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acreditarse notificación efectiva y oportuna de las actuaciones judiciales. Que también
desconoció la jurisprudencia constitucional8 y de la Corte Suprema de Justicia9 en la que
se determinó que el juez de control de garantías, al actuar fuera del marco de sus
competencias, afecta el principio de legalidad, lo que conllevaría la nulidad de las
actuaciones.
En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por el disciplinado contra la providencia
del 3 de julio de 2025, dictada por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Córdoba, se lee lo siguiente:
«destacó que de acuerdo con “el criterio jurisprudencial”, para que la inasistencia a una audiencia se
considere reprochable debe ser reiterada a fin de que “denote la negligencia y la desidia por parte del
profesional del derecho”, de suerte que no era posible configurar un reproche disciplinario en un caso
en el cual era el solicitante y su incomparecencia estuvo justificada en que nunca tuvo vínculo procesal
con el Juzgado Municipal de Moñitos, ni fue notificado, “simplemente porque esos correos en caso de
haber sido enviados no pasaron a la carpeta de spam, y obviamente para el suscrito no era relevante
correos que vinieran de una célula judicial con la cual no tenía ningún proceso”.
Por otra parte, de acuerdo con la certificación allegada por el juzgado, cuya información no fue
verificada, si bien la citación se remitió a su dirección de correo electrónico, el servidor no envió
confirmación de entrega, desconociendo lo preceptuado en el artículo 171 del Código de Procedimiento
Penal, aunado a que el juez no dejó constancia de la debida notificación, lo que violaba el principio de
publicidad.
Remarcó, que en el acta figuraba que no comparecieron los defensores ni las personas privadas de la
libertad, cuya asistencia era obligatoria por tratarse de una audiencia preliminar- artículo 155 del C.P.P.,
“y debe tenerse en cuenta que el suscrito es abogado de un tercero con interés, siendo necesario que
fueran citados … por lo tanto, aunque el suscrito abogado hubiere comparecido a la diligencia, la misma
no hubiere podido realizarse ante la inasistencia de la defensa de los procesados”.
En adición, criticó el hecho de que no se hubiera allegado al expediente el audio de la diligencia, lo que
impedía verificar la asistencia del fiscal, y por esa razón, “mal se hace con tomar esa audiencia como
medio válido para enervar una compulsa de copias y acreditar una presuntafalta disciplinaria, pues es
bien sabido que de lo ilegal no se puede extraer nada lícito”
En igual sentido, adujo que la diligencia no tenía vocación de prosperidad, ya que la fiscalía en audiencia
anterior había informado que el bien objeto de petición fue dado en comiso, situación que advirtió la
representante de víctimas, y demostraba que la compulsa de copias se hizo por una conducta que no
generó ningún daño antijurídico, resultando por ello desproporcionada e injusta la sanción impuesta.
Por último, resaltó que hubo un falso juicio de reproche y la responsabilidad fue edificada en
afirmaciones ajenas a la realidad, dado que no era cierto que actuara como apoderado del procesado
José Osmin Rossi Fajardo, pues sus intervenciones fueron en representación de un tercero que no
estaba vinculado al proceso penal.» (Sic para toda la cita)
Por su parte, en la acción de tutela, la parte actora argumenta lo siguiente:
« VII. Hechos relevantes de la acta de audiencia ante el juez promiscuo municipal de Moñitos.
22. El juez constata la no comparecencia del abogado solicitante (tú) y deja constancia de que “a pesar
de estar debidamente notificados” no asistieron —aunque, como alegas, esa notificación nunca se
materializó válidamente.
23. El juez declara fracasada la audiencia, señalando expresamente que “era el abogado solicitante
quien tenía la carga de sustentar la solicitud”, pero además, concede tres días para justificar la
inasistencia, bajo advertencia de compulsa de copias.
24. El apoderado de la DIAN aclara en la diligencia que la embarcación ya fue objeto de aprehensión y
decomiso administrativo firme, es decir, el bien ya estaba en poder del Estado.
25. En consecuencia, el mismo juez de Moñitos reconoce en el acta que “carece de competencia para
seguir conociendo de la presente solicitud de entrega de embarcación”.
VIII. Valor probatorio del acta de audiencia del 13 de febrero de 2023
26. Del acta de la audiencia de solicitud de entrega de embarcación (SPOA
11001609936620210001400), celebrada el 13 de febrero de 2023 ante el Juzgado Promiscuo Municipal
de Moñitos, se desprende que el propio despacho judicial reconoció que “carece de competencia para
8 T-161 de 2017 y C.-591 de 2014.
9 Auto AP-2951, radicado: 58579
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seguir conociendo de la presente solicitud de entrega de embarcación”, toda vez que la misma ya había
sido objeto de aprehensión y decomiso administrativo firme por parte de la DIAN.
27. De igual forma, el juez dejó constancia de la no comparecencia del abogado solicitante,
concediéndole un término para justificar su ausencia, sin que de ello se infiera dolo o culpa disciplinaria.
Así, la sanción impuesta por las Comisiones de Disciplina se funda en una audiencia carente de objeto
jurídico y competencia funcional, reconocida como tal en el propio desarrollo del acto procesal.
Sancionar una inasistencia a una diligencia jurídicamente inexistente implica un defecto sustantivo y
orgánico, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional (T-161/17, SU-817/20) y la Corte
Suprema (AP-2951/21).
El acta —documento público con plena validez jurídica— demuestra que no existía actuación válida ni
perjuicio procesal, por lo que la conducta imputada es materialmente atípica (art. 103 Ley 1123 de 2007).
IX. Falta de constancia de notificación válida y acuse de recibo
26. Según los correos electrónicos remitidos por el Juzgado Promiscuo Municipal de Moñitos los días 7
y 14 de febrero de 2023, tanto para el auto que avoca conocimiento y fija audiencia, como para la
remisión del acta donde se declara fracasada la diligencia, se deja constancia expresa de lo siguiente:
“Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información
de notificación de entrega: FRANKLIN CABARCAS CABARCAS (franklin.cabarcas4@gmail.com)”
Dicha advertencia —contenida en el encabezado técnico del correo oficial del Cendoj— demuestra que
no se generó acuse de recibido ni confirmación de lectura, lo cual impide tener por surtida la notificación
electrónica, conforme al artículo 171 de la Ley 906 de 2004, que exige constancia verificable de
recepción y conocimiento.
En el expediente disciplinario no obra constancia de notificación efectiva ni de apertura o lectura del
mensaje en la cuenta institucional del destinatario, limitándose la Comisión Seccional a inferir la
supuesta notificación de manera meramente presuntiva.
Además, el correo fue remitido desde un despacho judicial (Moñitos) con el cual el accionante nunca
había tenido vínculo procesal previo, circunstancia que provocó que el mensaje fuera redirigido
automáticamente a la bandeja de “correo no deseado (spam)”, situación demostrable a través de los
registros de la cuenta y plenamente compatible con la falta de acuse.
Conforme al artículo 104 de la Ley 1123 de 2007, las comunicaciones procesales deben garantizar la
recepción efectiva y oportuna del acto, y ante la ausencia de constancia verificable, no puede afirmarse
válidamente que el disciplinado fue citado ni que incurrió en inasistencia injustificada.
En consecuencia, la actuación disciplinaria se sustenta en un acto de comunicación inexistente,
configurándose un defecto procedimental absoluto, tal como lo ha reconocido la Corte Constitucional en
las sentencias T-760/01, SU-424/16 y T-302/23, que declaran vulnerado el derecho al debido proceso
cuando se sanciona a un sujeto sin acreditarse notificación efectiva oportuna.
XII. HECHO ADICIONAL – OMISIÓN EN LA VALORACIÓN DEL INFORME PRESENTADO ANTES
DEL FALLO DISCIPLINARIO
Previo a la decisión de fondo, el suscrito presentó ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Córdoba – Montería, un informe fechado el 8 de octubre
ACCIÓN DE TUTELA CON SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR URGENTE
de 2024, en el que expuse con detalle las circunstancias que rodearon la audiencia objeto de reproche
disciplinario:
•Que la diligencia fue inicialmente solicitada ante el Juzgado de Lorica, no ante el de Moñitos.
•Que nunca fui notificado válidamente de la citación, dado que el correo institucional del Juzgado de
Moñitos fue dirigido a la carpeta de spam, y jamás he litigado ante esa célula judicial.
• Que para la fecha de la citación la audiencia había perdido objeto jurídico, pues el bien (embarcación)
ya había sido objeto de comiso administrativo firme, reconocido incluso por la Fiscalía y por el apoderado
de víctimas.
• Que mi actuación en modo alguno generó agravio al proceso ni a las partes.
Pese a ello, ni la Comisión Seccional ni la Comisión Nacional realizaron pronunciamiento alguno sobre
dicho informe, incurriendo así en un defecto fáctico por omisión probatoria y en una violación directa del
derecho al debido proceso y a la defensa, conforme a los precedentes T-212/18, SU-424/16, T-302/23
y T-033/22.» (sic para toda la cita)
No obstante, esa discusión ya fue resuelta por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
en la decisión del 22 de octubre de 2025, en la que se consideró:
«[…] se establece que el apelante erra al sostener sin ningún soporte que la inasistencia a una audiencia
es reprochable en la medida que sea reiterada, pues lo cierto es que conforme a lo previsto en el
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numeral 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, el deber de diligencia obliga a atender con celo y
cuidado los asuntos encomendados, de manera que la reiteración o singularidad de la conducta no son
factores determinantes para la configuración de la falta, toda vez que contrario a lo afirmado, una sola
ausencia denota el incumplimiento del deber ético.
En lo referente al envío de la citación a su correo electrónico para la audiencia del 13 de febrero de
2023, el servidor de Microsoft Outlook sí envió la confirmación de entrega al destinatario “FRANKLIN
CABARCAS CABARCAS (franklin.cabarcas4@gmail.com)”, por lo que la aseveración de que el
mensaje llegó a la bandeja de spam carece de soporte y no puede alegar entonces el desconocimiento
de formalidades establecidas en el artículo 171 del C.P.P.
Sostener que no eran “relevantes” los correos provenientes de “células judiciales” con las cuales no
tenía ningún proceso, lejos de excusar su comportamiento reafirma la falta de diligencia, ya que al ser
enterado de la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo Municipal de Moñitos, no podía pasar
por alto las comunicaciones enviadas por ese despacho, máxime cuando estaba pendiente por
programarse la fecha en la cual se realizaría una audiencia que él mismo solicitó, circunstancia que
acentúa el descuido con el que atendió el asunto encomendado.
Sobre la necesidad de contar con la presencia de los procesados o sus defensores, debe señalarse
que en el marco de la Ley 906 de 2004, las audiencias preliminares comprenden, además de controles
dirigidos a la protección de derechos fundamentales del imputado, múltiples asuntos de naturaleza
patrimonial (p. ej., medidas cautelares reales, legalización de incautaciones, y solicitudes de
devolución), cuya tramitación se asigna al juez de control de garantías y no depende, per se, de la
comparecencia del imputado cuando no está en juego una restricción a sus derechos fundamentales y
no exista una medida que limite su libertad personal.
Al respecto, el artículo 154 de la precitada codificación prevé, de modo enunciativo, estos asuntos -
incluidas medidas reales y comisos-, siendo entonces función del juez en preliminares verificar la
validez formal y material de las actuaciones sometidas a sucontrol; por tanto, en la devolución de
bienes, el centro del debate es el interés del tercero solicitante y la legalidad de la aprehensión o
subsistencia de la medida real, no la comparecencia del imputado.
Desde esa lógica, no es de recibo por esta Comisión la afirmación del disciplinado, según la cual
“aunque el suscrito abogado hubiere comparecido a la diligencia, la misma no hubiere podido realizarse
ante la inasistencia de la defensa de los procesados”, sí como consta, tanto la Fiscalía como el
representante de la DIAN (víctima) acudieron a la diligencia, y en tal medida, el juez podía instalarla y
oír las sustentaciones (incluida la intervención del solicitante prevista en la audiencia de devolución) y
decidir de fondo o, en su defecto, negarla por falta de soporte, pero no estaba jurídicamente impedido
para realizarla por la sola inasistencia de los imputados o sus apoderados.
En otras palabras, lo que frustró la finalidad perseguida por el tercero fue la conducta omisiva de su
representante, quien promovió la audiencia y, por ende, estaba llamado a sustentarla, mas no una
imposibilidad normativa o material de llevarla a cabo.
De igual forma, el hecho de que no se allegara el audio en la audiencia, en nada desvirtúa la presencia
del delegado de la F.G.N, pues el acta de la diligencia firmada por el secretario del juzgado es prueba
suficiente para demostrar la comparecencia del doctor Richard Miranda Guerrero, en su condición de
Fiscal 21 Especializado de la Unidad de Delitos Fiscales.
Su deber profesional era asistir y propugnar por la devolución de la embarcación, al margen de que se
hubiese ordenado la suspensión del poder dispositivo con fines de comiso, pues como bien ha aclarado
la Corte Constitucional en la sentencia C-591 de 2014, esta medida es procedente y “debe efectuarse
sin perjuicio de los derechos de las víctimas o de los terceros de buena fe”, por lo que nada impedía
alegar la defensa de los intereses agenciados a efectos de que el juez de control de garantías definiera
lo correspondiente.
Si bien alega el investigado que la compulsa de copias se ordenó por una conducta que no generó
ningún daño antijurídico, en el ámbito del derecho disciplinario de los abogados, para establecer el
elemento de la antijuridicidad basta acreditar la violación injustificada de los deberes contenidos en el
estatuto deontológico de la profesión, con lo cual, “(…) por regla general las faltas disciplinarias son de
mera conducta, de manera que el abogado incurre en la infracción cuando su comportamiento -activo
u omisivo- recorre todos los elementos e ingredientes señalados en el tipo sin importar si se causaron
efectos nocivos”10»
Como se observa, la discusión propuesta por la parte actora ya fue resuelta por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que concluyó que: (i) una sola inasistencia
configuraba incumplimiento del deber de diligencia del artículo 28 numeral 10 de la Ley
10 Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Sentencia del 10 de agosto de 2022, Rad. No. 17011102000201700069-
01. (Cita original del texto)
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1123 de 2007; (ii) la citación a la audiencia del 13 de febrero de 2023 sí fue entregada al
correo del disciplinado, por lo que era infundado alegar que llegó a spam o que
desconocía el artículo 171 del Código de Procedimiento Penal; (iii) El argumento sobre
la irrelevancia de los correos de «células judiciales» reafirmó la falta de diligencia, pues
el abogado conocía la remisión del proceso al Juzgado Promiscuo Municipal de Moñitos
y estaba a la espera de la audiencia que él mismo solicitó; (iv) que, conforme a la Ley
906 de 2004, las audiencias preliminares incluían asuntos patrimoniales que no exigían
la comparecencia del imputado ni de su defensor cuando no se discutían restricciones a
derechos fundamentales; (v) desestimó la afirmación de que la diligencia no podía
realizarse por la inasistencia de los procesados o sus defensores, dado que la Fiscalía y
la DIAN comparecieron y el juez estaba habilitado para instalar la audiencia y decidir y
(vi) estableció que la frustración de la audiencia obedeció a la omisión del disciplinado,
quien promovió la diligencia y debía sustentarla y (vii) que en materia disciplinaria
bastaba la violación injustificada de los deberes éticos, por tratarse de faltas de mera
conducta, sin exigencia de daño antijurídico.
En el escenario que propone el demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por las autoridades demandadas en el proceso
disciplinario, finalidad para la que no está previsto este mecanismo constitucional.
Justamente por lo anterior, se precisa que, la acción de tutela es un valioso instrumento
para proteger derechos fundamentales, que no puede utilizarse como una instancia
adicional para obtener una opinión jurídica diversa o tratar de imponer una decisión
distinta a la adoptada por las autoridades jurisdiccionales de instancia.
Las anteriores razones son suficientes para declarar improcedente la presente acción de
tutela, por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
III. FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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