Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07064-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07064-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07064-00
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
10 de diciembre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07064-00
Demandante: Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta
ESSMAR E.S.P.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., diez (10) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07064-00
Demandante: Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta –
ESSMAR E.S.P.
Demandado: Tribunal de Arbitramento constituido en la Cámara de
Comercio de Bogotá
Temas: Contra providencia judicial de nulidad y restablecimiento del
derecho. Relevancia constitucional.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada, a través de apoderado, por la
Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta - ESSMAR E.S.P. contra
el Tribunal de Arbitramento constituido en la Cámara de Comercio de Bogotá, de
conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 10 de noviembre de 2025, la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa
Marta - ESSMAR E.S.P., por medio de apoderado, interpuso acción de tutela contra
el Tribunal de Arbitramento constituido en la Cámara de Comercio de Bogotá por
estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a
la igualdad, de acceso a la administración de justicia y al principio de publicidad. En
consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«1. CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
DERECHO DE DEFENSA, IGUALDAD DE ARMAS, PRINCIPIO DE PUBLICIDAD y
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
2. HACER la debida interpretación normativa, respecto del vacío que se encuentra en la
norma Ley 1563 de 2012, referida a la notificación de las audiencias en sesión privada,
armonizando la norma arbitral, con las normas procesales vigentes.
3. Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS los Autos No 8 (del 06 -10-
2025) y No, 10 (del 22-10-2025) proferidos por el Tribunal de Arbitramento.
4. ORDENAR al Tribunal de Arbitramento que corrija o rehaga la actuación, al determinar
que el Auto No. 7 del 3 de septiembre de 2025, al haber sido adoptado en sala privada,
debía remitirse al día siguiente (4 de septiembre de 2025); y el término para subsanar el
llamamiento en garantía debía computarse a partir del día siguientes (sic) a la remisión
formal del auto, esto es, el 5 de septiembre de 2025.
5. ORDENAR al Tribunal de Arbitramento, admitir el llamamiento en garantía formulado
por la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta – ESSMAR E.S.P. contra
Seguros del Estado S.A., y ordenar su trámite conforme al Código General del Proceso.»
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Demandante: Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta
ESSMAR E.S.P.
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes1 los siguientes:
La Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta, ESSMAR E.S.P., en
desarrollo del contrato de suministro suscrito con la firma LLC Oil Company S.A.S.,
acudió al mecanismo arbitral previsto en la cláusula compromisoria para resolver
las controversias surgidas durante su ejecución.
En el trámite asignado por la Cámara de Comercio de Bogotá, el Tribunal de
Arbitramento, el 3 de septiembre de 2025, inadmitió el llamamiento en garantía de
la sociedad Seguros del Estado S.A. y concedió término de cinco días para
subsanar. La notificación se realizó por correo electrónico el mismo día, y la citada
autoridad computó el término desde el 4 hasta el 10 de septiembre de 2025.
La parte actora subsanó el 11 de septiembre del mismo año, esto es, el primer día
hábil siguiente, porque el plazo debía contarse conforme con las reglas del Código
General del Proceso. Sin embargo, el 6 de octubre de 2025, el Tribunal rechazó la
solicitud por extemporánea, interpretación que fue confirmada el 22 de octubre de
2025 al negar el recurso de reposición interpuesto. Esta actuación se fundamentó
en la aplicación estricta del artículo 23 de la Ley 1563 de 2012, que asimiló la
notificación electrónica al efecto inmediato de una audiencia pública.
3. Argumentos de la acción de tutela
La parte actora afirmó que el Tribunal de Arbitramento profirió el auto del 3 de
septiembre de 2025, mediante el que inadmitió el llamamiento en garantía en sesión
privada, sin presencia de las partes, y lo notificó por correo electrónico el mismo día,
a lo que se le otorgó efectos inmediatos.
Sostuvo que esa práctica constituyó una notificación «ficticia» que vulneró el
principio de publicidad y el derecho de defensa, pues la jurisprudencia constitucional
exige la existencia material del acto y su conocimiento efectivo antes de producir
efectos jurídicos.
A su juicio, la aplicación automática del artículo 23 de la Ley 1563 de 2012 en estos
casos desconoció que las decisiones adoptadas en sala privada requieren un
proceso formal de comunicación que garantice la contradicción y la transparencia.
Adujo que la entidad demandada computó de manera incorrecta el plazo para
subsanar el llamamiento en garantía, pues, le dio inicio desde el envío del correo
electrónico y no desde la notificación efectiva, lo que redujo el término legal y
vulneró el principio de irrenunciabilidad del derecho de defensa.
Afirmó que, esa interpretación desconoció las reglas del Código General del
Proceso y la jurisprudencia constitucional, que exigen contar los términos a partir
del conocimiento real del acto, lo que considera afectó gravemente la oportunidad
procesal de la parte accionante.
1
Resumen de los hechos de la sentencia proferida dentro del expediente 1001-33-42-050-2019-00534-01 de nulidad y
restablecimiento de derecho.
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Sostuvo que la autoridad arbitral aplicó indebidamente el efecto «en estrados» a
una decisión adoptada en sesión privada, lo equiparó a la notificación electrónica
enviada el mismo día a la presencia real de las partes en audiencia pública.
A su juicio, se vulneró el principio de publicidad y el derecho de defensa, pues la
decisión impidió el conocimiento inmediato y la posibilidad de contradicción,
atributos propios de las audiencias públicas. Agregó que extender este efecto a
actos privados desconoció la naturaleza del arbitraje y las garantías
constitucionales, lo que generó un estado de indefensión para la parte afectada.
Indicó que la celeridad procesal no puede prevalecer sobre las garantías
constitucionales en el arbitraje, que, justificar notificaciones ficticias y cómputos
abreviados en nombre de la eficiencia implica sacrificar derechos irrenunciables
como el debido proceso y de defensa. La jurisprudencia ha reiterado que la
autonomía del arbitraje debe armonizarse con los principios constitucionales, evitó
interpretaciones mecánicas que generaron indefensión y vulneraron la publicidad y
contradicción, pues la rapidez nunca puede convertirse en un fin que desconozca la
protección efectiva de los derechos fundamentales.
Manifestó que la decisión de rechazar la subsanación por presunta
extemporaneidad careció de fundamento jurídico, pues la actuación se presentó
dentro del plazo legal, por lo que, adujo que el Tribunal aplicó de manera errónea
las normas procesales, vulneró principios como el debido proceso y la defensa, «lo
que configura una nulidad que debe ser corregida».
Mencionó que el artículo 23 de la Ley 1563 de 2012 regula las notificaciones
electrónicas en el arbitraje, en el sentido de señalar que se entienden surtidas el
mismo día del envío. Sin embargo, expresó que esta disposición no distingue entre
decisiones adoptadas en audiencia pública y aquellas dictadas en sesión privada,
lo que generó un vacío normativo. A su juicio, aplicar la regla de manera literal a
actos privados implica una notificación instantánea sin garantizar el conocimiento
efectivo, vulneró principios como el debido proceso y la contradicción.
Dijo, además, que para llenar este vacío, debe aplicarse el sistema de fuentes que
combina la especialidad del Estatuto Arbitral con la subsidiariedad del derecho
procesal común, pues el Código General del Proceso establece que las decisiones
en audiencia se notifican en estrados, mientras que las adoptadas en sesión privada
requieren comunicación posterior. Con fundamento en lo cual, sostuvo que la
notificación electrónica adquiere relevancia sustancial, pues es el acto que
materializa el conocimiento de la providencia y habilita el ejercicio del derecho de
defensa.
Finalmente, mencionó que, en armonía con lo anterior, el artículo 8 de la Ley 2213
de 2022 dispone que las notificaciones electrónicas se entienden surtidas al día
siguiente del envío, criterio que debe aplicarse supletoriamente al arbitraje por ser
compatible con su naturaleza. Esta interpretación preserva la distinción entre
notificación en estrados y notificación electrónica, evita efectos procesales
instantáneos sin conocimiento real y garantiza la protección de los derechos
fundamentales consagrados en la Constitución.
4. Trámite previo
En providencia del 12 de noviembre de 2025, el despacho sustanciador admitió la
tutela, ordenó notificar al actor y al Tribunal de Arbitramento constituido en la
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Cámara de Comercio de Bogotá en calidad de demandado, y como tercero
interesado en las resultas del proceso a LLC Oil Company S.A.S.
5. Oposiciones
El Tribunal de Arbitramento constituido en la Cámara de Comercio de Bogotá
explicó que la acción de tutela no cumplió los requisitos generales y específicos
establecidos por la Corte Constitucional para proceder contra providencias
judiciales.
Argumentó que no existe relevancia constitucional ni irregularidad procesal, pues
las consecuencias que la accionante calificó como vulneración derivaron de su
propia omisión o actuación extemporánea. Además, dijo que la tutela no puede ser
usada como una instancia adicional para modificar decisiones desfavorables, ya
que su finalidad es excepcional y se limitada a graves falencias incompatibles con
la Constitución.
En cuanto a los hechos, el Tribunal explicó que mediante del 3 de septiembre de
2025 inadmitió el llamamiento en garantía por incumplir los requisitos del artículo 82
del CGP, otorgó cinco días para subsanar. La providencia fue adoptada en
audiencia sin presencia de las partes, conforme con el artículo 31 de la Ley 1563 de
2012, y notificada electrónicamente el mismo día, en aplicación del artículo 23 del
Estatuto Arbitral, que establece que la notificación se entiende surtida en la fecha
del envío, salvo para el auto admisorio de la demanda.
Aclaró que el término para subsanar inició el 4 de septiembre y venció el 10 de
septiembre de 2025, por lo que la subsanación presentada el 11 fue extemporánea,
por lo que, mediante providencias del 6 de octubre de 2025, confirmada por el auto
del 10 mismo mes y año, se rechazó el llamamiento en garantía.
Enfatizó que las normas aplicadas son especiales, de orden público y obligatorias,
por lo que el Tribunal actuó conforme a derecho, que la notificación electrónica y el
cómputo del término se realizaron según lo dispuesto en la Ley 1563 de 2012,
garantizó el debido proceso y el derecho de defensa de ambas partes. Afirmó que
la supuesta vulneración alegada por ESSMAR obedeció exclusivamente a su
incumplimiento procesal, no a una actuación irregular del Tribunal.
Solicitó que se nieguen las pretensiones de la tutela, porque no se vulneraron
derechos fundamentales y que las decisiones impugnadas se ajustaron a la
normativa aplicable, porque la consecuencia del rechazo del llamamiento en
garantía es resultado de la extemporaneidad en la subsanación, lo cual constituyó
una carga procesal de la parte y no una limitación al acceso a la justicia.
Mediante memorial presentado el 26 de noviembre de 2025, la señora Tatiana
López Romero, en su calidad de secretaria del Tribunal de Arbitramento
constituido en la Cámara de Comercio de Bogotá informó que mediante
providencia del 25 de noviembre de 2025, se declararon extintos los efectos del
pacto arbitral contenido en la cláusula vigésima del Contrato de Suministro
celebrado el 11 de enero de 2022 por Empresa de Servicios Públicos del Distrito de
Santa Marta – ESSMAR ESP y LLC OIL Company SAS, lo que afectó los hechos,
pretensiones y controversias consignados en la reforma de la demanda, sometidos
a la decisión de ese Tribunal.
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Asimismo, informó que se declararon terminadas las funciones del Tribunal de
Arbitramento conformado para dirimir las controversias entre Empresa de Servicios
Públicos del Distrito de Santa Marta – ESSMAR ESP, en su calidad de convocante,
y LLC OIL Company SAS, en su condición de convocada.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Problema jurídico
A la Sala le corresponde determinar si en el presente caso se encuentran
vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la
igualdad y de acceso a la administración de justicia por parte del Tribunal de
Arbitramento constituido en la Cámara de Comercio de Bogotá con la decisión que
rechazó una subsanación.
La Sala anticipa que declarará carencia actual de objeto, porque con posterioridad
a la interposición de la presente acción de tutela, mediante providencia del 25 de
noviembre de 2025 se declararon extintas las funciones del Tribunal de
Arbitramento constituido en la Cámara de Comercio de Bogotá.
(i) De la carencia de objeto
El fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza principalmente por hacer
que la orden impartida por el juez en la sentencia tutela se torne inocua. Es decir,
que resulta intrascendente que el juez de tutela se pronuncie de fondo frente a la
vulneración o amenaza de derechos fundamentales. En reiterada jurisprudencia, la
Corte Constitucional ha establecido que la carencia actual de objeto se materializa
en las siguientes circunstancias: el daño consumado2, el hecho superado3, y el
acaecimiento de una situación sobreviniente4.
2
Daño consumado Es aquel que se presenta cuando se ejecuta el daño o la afectación que se pretendía evitar con la acción
de tutela, de tal manera que, el juez no puede dar una orden al respecto con el fin de hacer que cese la vulneración o impedir
que se materialice el peligro. Así, al existir la imposibilidad de evitar la vulneración o peligro, lo único procedente es el
resarcimiento del daño causado por la violación de derecho. No obstante, la Corte ha indicado que, por regla general, la
acción constitucional es improcedente cuando se ha consumado la vulneración pues, esta acción fue concebida como
preventiva mas no indemnizatoria. Ver, sentencia SU-225 de 2013 de la Corte Constitucional.
3
Hecho superado Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposición de la acción de tutela y el fallo, se
evidencia que, como consecuencia del obrar de la accionada, se superó o cesó la presunta vulneración de derechos
fundamentales alegada por el accionante, resultando inocuo cualquier intervención del juez constitucional en aras de proteger
derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha garantizado. Ver, entre otras, las sentencias: T-970 de 2014, T-597
de 2015, T-669 de 2016, T-021 de 2017, T-382 de 2018.
4
Se presenta en aquellos casos en que tiene lugar una situación sobreviviente, que, a diferencia del escenario anterior, no
debe tener origen en una actuación de la accionada, y que hace que ya la protección solicitada no sea necesaria, ya sea
porque el accionante asumió la carga que no le correspondía, o porque la nueva situación hizo innecesario conceder el
derecho.
Ver, entre otras, las sentencias: T-988 de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013, T-481 de 2016 y T-038 de 2019.
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En sentencia T-242 de 2025, la Corte Constitucional reiteró la postura que ha
mantenido en relación con la figura de la carencia actual de objeto5, en el sentido
de indicar que se configura cuando el objeto jurídico de la acción de tutela ha
desaparecido6, de manera que «la orden del juez constitucional no tendría efecto
alguno»7.
Precisó que lo anterior puede suceder: (i) porque se obtuvo lo pedido –hecho
superado–; (ii) porque se consumó la afectación que pretendía evitarse –daño
consumado–, o (iii) porque ocurrieron hechos a partir de los cuales se pierde
interés en la prosperidad del amparo –situación sobreviniente–8.
En esa misma oportunidad, explicó que, en lo referente al hecho superado9 la Corte
Constitucional ha señalado que este fenómeno ocurre cuando «durante el trámite de
la acción de tutela, esto es, entre la interposición de la acción y el momento en que el juez
profiere el fallo, la accionada atiende las pretensiones que motivaron la solicitud de
amparo»10, es decir que, «por razones ajenas a la intervención del juez constitucional,
desaparece la causa que originó la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales
del peticionario»11. Aquí debe revisarse: «(i) que efectivamente se haya satisfecho por
completo lo que se pretendía mediante la acción de tutela (ii) y que la entidad demandada
haya actuado o cesado en su accionar voluntariamente»12.
En efecto, cuando la satisfacción de los derechos del accionante se logra debido a
la actuación de la parte demandada en virtud de una orden judicial y no de manera
voluntaria, no se puede declarar la configuración de un hecho superado. Esto es
así, porque en ese caso «de lo que se trata no es de la superación del hecho vulnerador,
sino de su salvaguarda por parte del operador judicial que, en últimas, actuó en ejercicio de
la jurisdicción para resolver el conflicto constitucional integrado en la petición de amparo,
susceptible de valoración integral por parte la instancia posterior o en sede de revisión,
según corresponda»13.
La jurisprudencia constitucional ha señalado que en los casos en que se configure
un hecho superado no es necesario que el juez de tutela realice un pronunciamiento
de fondo pero que puede «pronunciarse sobre el caso para realizar observaciones sobre
los hechos que dieron origen a la interposición de la tutela, si así lo considera»14. Así, la
Corte podrá, «entre otros: a) llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional
de la situación que originó la tutela y tomar medidas para que los hechos vulneradores no
se repitan; b) advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones
pertinentes; c) corregir las decisiones judiciales de instancia; o d) avanzar en la
comprensión de un derecho fundamental»15.
Por su parte, en lo relacionado con el daño consumado, dijo que, se configura
cuando «se ha producido la afectación o vulneración que la tutela pretendía evitar, por lo
que no es posible que el juez dé una orden para retrotraer la situación y solo es posible el
resarcimiento del daño originado en la vulneración del derecho fundamental»16.
5
Al efectó citó apartes de la sentencia T-154 de 2024 de la Corte Constitucional. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
6
Corte Constitucional. Sentencia T-450 de 2023. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
7
Corte Constitucional. Sentencia T-086 de 2020. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
8
Corte Constitucional. Sentencia T-450 de 2023. M.P. Alejandro Linares Cantillo. Ver también sentencia T-086 de 2020.
9
Regulado en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991.
10
Corte Constitucional. Sentencia T-450 de 2023. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
11
Corte Constitucional. Sentencia T-715 de 2017. M.P. Carlos Bernal Pulido.
12
Corte Constitucional. Sentencia SU-522 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera.
13
Corte Constitucional. Sentencia T-216 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera.
14
Corte Constitucional. Sentencia T-086 de 2020. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
15
Corte Constitucional. Sentencia SU-522 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera.
16
Corte Constitucional. Sentencia T-219 de 2023. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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Sobre esta figura, la Corte ha precisado que «(i) si al presentar la tutela es claro que el
daño ya ocurrió, el juez, en principio, debe declarar improcedente el amparo, pero si este
se consuma durante el trámite de primera o segunda instancia o en sede de revisión, el
juez puede dictar órdenes adicionales a fin de proteger la dimensión objetiva del derecho,
evitar repeticiones o identificar a los responsables; y (ii) el daño debe ser irreversible, pues,
de lo contrario, si es posible interrumpirlo, retrotraerlo o mitigarlo por orden judicial, no
puede decretarse la carencia de objeto»17.
Respecto de la situación sobreviniente, la Corporación, en sentencia T-248 de
2021, señaló que esta categoría fue diseñada con la finalidad de «cubrir escenarios
que no encajan en las categorías» de daño consumado o de hecho superado18. En ese
sentido, «remite a cualquier ‘otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden
del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y
por lo tanto caiga en el vacío’»19. Por tanto, no es «una categoría homogénea y
completamente delimitada»20. Este evento puede configurarse, por ejemplo, en los
siguientes supuestos: (i) el accionante «asumió la carga que no le correspondía»21, (ii)
el accionante perdió el interés en el resultado del proceso22 o (iii) «un tercero –distinto
al accionante y a la entidad demandada– ha logrado que la pretensión de la tutela se
satisfaga en lo fundamental»23.
(ii) Caso concreto
La Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta, ESSMAR E.S.P.
solicitó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa,
a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y al principio de publicidad
que consideró vulnerados por el Tribunal de Arbitramento, constituido en la Cámara
de Comercio de Bogotá, con ocasión a la notificación del auto del 3 de septiembre
de 2025, que inadmitió un llamamiento en garantía.
Al respecto, la Sala anota que, sería del caso entrar a determinar si el Tribunal de
Arbitramento constituido en la Cámara de Comercio de Bogotá incurrió en la
vulneración de los derechos invocados, de no ser porque, de la revisión del
expediente, se advierte que el 26 de noviembre de 2025, la señora Tatiana López
Romero, en su calidad de secretaria del citado Tribunal informó a esta Corporación
el 25 de noviembre de 2025, se declararon extintos los efectos del pacto arbitral
contenido en la cláusula vigésima del Contrato de Suministro celebrado el 11 de
enero de 2022 por Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta –
ESSMAR ESP y LLC OIL Company SAS, lo que afectó los hechos, pretensiones y
controversias consignados en la reforma de la demanda, y que fueron sometidos a
la decisión de ese Tribunal; igualmente, declaró terminadas las funciones del
Tribunal que se conformó con el objeto de dirimir las controversias entre las
mencionadas compañías.
La Sala observa que en el caso de estudio existe carencia actual de objeto, porque
con posterioridad a la interposición de la presente acción de tutela, mediante el auto
17 del 25 de noviembre de 2025, los árbitros Carlos Polo García, Adolfo Suárez
Eljach y Omar Rodríguez Turriago, que componían el Tribunal de Arbitramento
conformado en la Cámara de Comercio de Bogotá con el objeto de dirimir las
controversias entre la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta –
17
Corte Constitucional. Sentencia T-401 de 2024. M.P. Diana Fajardo Rivera.
18
Corte Constitucional, sentencia SU-522 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera.
19
Corte Constitucional, sentencia SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.
20
Ibídem.
21
Corte Constitucional, sentencias T-481 de 2016 y T-149 de 2018.
22
Corte Constitucional, sentencia SU-522 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera.
23
Corte Constitucional, sentencia T-248 de 2021. M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
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ESSMAR ESP y LLC OIL Company SAS declaró extinto el pacto arbitral y cesó sus
funciones tal como se pasa a ver a continuación:
«ACTA No. 9
En la ciudad de Bogotá D.C., el 25 de noviembre de 2025, sesionaron los doctores Carlos
Polo García, Adolfo Suárez Eljach y Omar Rodríguez Turriago, árbitros designados para
integrar el Tribunal de Arbitramento convocado para dirimir las controversias surgidas
entre las partes de la referencia. También se hizo presente Tatiana López Romero, en su
calidad de secretaria del Tribunal.
La presente audiencia del Tribunal Arbitral, realizada a través de medios electrónicos, se
celebra sin la presencia de las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de
la Ley 1563 de 2012, según el cual el Tribunal en pleno: “puede realizar las audiencias que
considere necesarias con o sin participación de las partes”.
Iniciada la audiencia la secretaria posesionada presentó el siguiente:
INFORME SECRETARIAL
El 7 de noviembre de 2025 se notificó por estrados el Auto No. 13 de la misma fecha,
mediante el cual se fijaron los honorarios del Tribunal, así como los gastos de
funcionamiento y administración del Centro de Arbitraje. Igualmente, en esa misma fecha
se envió copia a las partes de dicha providencia mediante correo electrónico.
Que el término para realizar el pago de lo que correspondía a cada parte, de conformidad
con el primer párrafo del artículo 27 de la Ley 1563 de 2012, vencía el 24 de noviembre
de 2025.
Que dentro del término referido no se acreditó el pago de los honorarios y gastos del
Tribunal por ninguna de las partes.
A continuación, el Tribunal Arbitral profirió el siguiente:
Auto No. 17
Como ninguna de las partes realizó el pago del porcentaje que le correspondía de los
honorarios del Tribunal y de los gastos de funcionamiento y administración del Centro de
Arbitraje, dentro del término de diez (10) días siguientes a la ejecutoria del Auto No. 13
mediante el cual se fijaron dichas sumas, al Tribunal le corresponde dar aplicación a lo
establecido en el cuarto párrafo del artículo 27 de la Ley 1563 de 2012 que dispone
“Vencidos los términos previstos para realizar las consignaciones sin que estas se
hubieren efectuado, el tribunal mediante auto declarará concluidas sus funciones y
extinguidos los efectos del pacto arbitral para el caso”.
En consecuencia, el Tribunal
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR EXTINGUIDOS los efectos del pacto arbitral contenido en la
cláusula vigésima del Contrato de Suministro No. 10 celebrado el 11 de enero de 2022 por
Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta – ESSMAR ESP y LLC OIL
Company SAS, que afecta única y exclusivamente los hechos, pretensiones y
controversias consignados en la reforma de la demanda, sometidos a la decisión de este
Tribunal.
SEGUNDO: DECLARAR TERMINADAS las funciones del Tribunal de Arbitramento
conformado para dirimir las controversias entre Empresa de Servicios Públicos del
Distrito de Santa Marta – ESSMAR ESP, en su calidad de convocante, y LLC OIL
Company SAS, en su calidad de convocada. […]»
Con fundamento en lo expuesto, la Sala considera que la acción de tutela carece de
objeto por hecho o situación sobreviniente, en razón a que el Tribunal de Arbitramento
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07064-00
Demandante: Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta
ESSMAR E.S.P.
cesó sus funciones por cuanto las partes no dieron cumplimiento al auto del 7 de
noviembre de 2025 mediante el cual se fijaron los honorarios del Tribunal, así como
los gastos de funcionamiento y administración del Centro de Arbitraje, término que
vencía el 24 de noviembre de 2025 según lo contempla el artículo 27 de la Ley 1563
de 2012.
Como se explicó previamente, la institución del hecho o situación sobreviniente no es
una «categoría homogénea y completamente delimitada»24; por el contrario, cobija
cualquier circunstancia acaecida luego de la interposición de la tutela, en virtud de la
cual lo solicitado en la demanda caiga en el vacío.
En el presente caso, en atención a que el Tribunal de Arbitramento cesó sus
funciones y declaró extinto el pacto arbitral, no hay lugar a emitir decisión de fondo
sobre la situación que calificó como vulneradora de derechos fundamentales: la
indebida notificación del auto que inadmitió el llamamiento en garantía, pues,
precisamente la inexistencia del Tribunal impediría dar una orden en el sentido
pretendido por el actor.
En esa medida, en el presente caso, se declarará la existencia de la carencia actual
de objeto por situación sobreviniente, por considerar que la tutela perdió su finalidad
dada la terminación de las funciones del Tribunal de Arbitramento.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar la carencia actual de objeto por situación sobreviniente, en el presente
caso.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
24
Corte Constitucional. Sentencia SU-522 de 2019.
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