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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07065-00

Fecha
24 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07065-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo, para conocer la acción de tutela de la referencia, por las expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. SEPARAR del conocimiento de este trámite constitucional a la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo. TERCERO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y administración de justicia, invocados por la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - Batallón de Artillería de Campaña No. 5 “Ct. José Antonio Galán”, a través del mayor Andrés Felipe Flórez Vargas, contra el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y términos previstos en el Decreto 2591 de 1991. QUINTO. De no ser impugnada, y una vez quede ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-07065-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

24 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2025-07065-001
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional –
Accionante : Batallón de Artillería de Campaña No. 5 “CT. José Antonio
Galán”
Accionado : Tribunal Administrativo de Santander
Vinculados : Jainer de Jesús Hernández García y Luz Dary Ruiz Mojica
Acción : Tutela
Derechos : Debido proceso y acceso a la administración de justicia
Tutela contra providencia judicial, solicitud de copia de
Tema :
indagación disciplinaria, reserva legal
Decisión : Sentencia de primera instancia

Procede la Sala, a dictar sentencia de primera instancia, en la acción de tutela incoada
por la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - Batallón de Artillería
de Campaña No. 5 “Ct. José Antonio Galán”, a través del mayor Andrés Felipe Flórez
Vargas, contra el Tribunal Administrativo de Santander, por la presunta vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico

1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por

la entidad accionante, frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se
revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará
lo que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela

2. El 10 de noviembre de 2025, la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército

1
Expediente digital disponible en Samai.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-07065-00
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander

Nacional - Batallón de Artillería de Campaña No. 5 “Ct. José Antonio Galán”, a través del
mayor Andrés Felipe Flórez Vargas, interpuso el presente recurso de amparo, con el fin
de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de
Santander.

3. Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos la providencia de 28 de octubre de 2025 y,

en consecuencia, en atención a lo establecido en la Ley 1712 de 2014, artículo 6 literal
d, negar la expedición de copias a los señores Janer de Jesús Hernández García y Luz
Dary Ruiz Mojica, teniendo en cuenta que son terceros no intervinientes dentro de la
indagación disciplinaria No. 34870-2024.

1.3 Hechos2

4. La entidad accionante relató que, la señora Luz Dary Ruiz Mojica3, por intermedio de

apoderado judicial, radicó derecho de petición ante la entidad, en procura de obtener
copia de la indagación disciplinaria 34870 de 2024; la cual, fue resuelta mediante oficio
2025874001807071 de 16 de julio de 2025, indicando que no era posible acceder
favorablemente a lo requerido, dado el carácter «reservado» de las copias solicitadas, ello
con fundamento en la Ley 1862 de 2017 «Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares».

5. Inconforme con la respuesta, la señora Luz Dary Ruiz, instauró acción de tutela, la cual

fue declarada improcedente, por el Juzgado Segundo Promiscuo de Saravena (Arauca),
mediante sentencia de 20 de agosto de 2025. No obstante, la Unidad Militar, profirió una
nueva respuesta a la peticionaria, en la que se profundizaron, punto por punto, las
razones de la negativa e imposibilidad de otorgar las copias pretendidas por ella.

6. Luego, la interesada presentó una nueva petición que se resolvió desfavorablemente

mediante radicado 2025874031488733 de 8 de octubre de 2025; por lo que, ante la
negativa, el 9 de los mismos mes y año, radica recurso de insistencia ante las peticiones
resueltas en varias ocasiones, las cuales, además, habían sido objeto de un fallo de
tutela.

2
Visibles en el expediente digital en SAMAI, índice 00002, archivo 4.
3
Quien actúa en calidad de «madre del soldado profesional Janer Hernández Ruiz […]», el cual, a su vez falleció en los hechos
ocurridos el 15 de octubre de 2024, que dieron origen a la indagación disciplinaria radicada bajo el N°. 34870 de 2024, respecto de la
que, la señora Luz Dary Ruiz Mojica pretende obtener copia, con el recurso de insistencia objeto de la presente acción constitucional.
2

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Demandante: Nación – Ministerio de Defensa y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander

7. Precisó que, el recurso de insistencia fue decido por el Tribunal Administrativo de
Santander, mediante sentencia de 28 de octubre de 2025, en la que, en un claro
desconocimiento, omite tener en cuenta el carácter especial que reviste la normatividad
disciplinaria para las Fuerzas Militares en sentencia C-370 de 2021 y, la Ley 1862 de
2017 que en el artículo 142, establece que en la actuación disciplinaria «está sometida a
reserva la indagación disciplinaria, las audiencias y las juntas disciplinarias militares […]» .

8. Enfatizó que la peticionaria, no es considerada en la indagación disciplinaria 34870 de

2024, como «interviniente o parte» y, es por esa razón, que su solicitud de copias se
constituye como si lo hiciera «cualquier particular», requiriendo información, que no solo está
resguardada por el contenido del artículo 142 de la Ley 1862 de 2017, sino también por
lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015.

9. Aseguró que acatar la orden impartida por el tribunal accionado le acarrearía, como

empleado público en representación del Ministerio de Defensa Nacional, una
investigación disciplinaria y penal por un presunto «prevaricato», pues, entre otros, se
ordenó «suministrar a los peticionarios las funciones y obligaciones del soldado Janer Hernández Ruíz
de acuerdo con el manual de funciones y competencias de la unidad», lo cual no es posible cumplir,

y no por capricho del funcionario, sino, porque existen preceptos legales y
constitucionales que salvaguardan la «reserva de la información», en la medida que, dentro
del Ejército Nacional, las funciones que se asignan a los soldados profesionales, no se
consignan dentro de ningún manual de funciones, para el caso particular, como integrante
«de la escolta», se encuentran estipuladas dentro de una orden del día, expedida por el

Comando del Batallón, la cual ostenta el carácter de documentación «pública reservada»,
en virtud de lo establecido en la Ley 1712 de 2014, artículo 6 literal d.

10. Conforme a todo lo anterior, acusa la sentencia de 28 de octubre de 2025, de incurrir

en defecto procedimental absoluto, defecto material o sustantivo, decisión sin motivación
y violación directa de la Constitución (artículo 29), por desconocimiento del artículo 142
de la Ley 1862 de 2017 «Código Disciplinario Militar», el cual dispone que, en la actuación
disciplinaria, solo los fallos son públicos.

II. TRÁMITE PROCESAL

11. Una vez fue subsanada la falencia advertida en el auto de 12 de noviembre de 2025,

por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto de 26 del mismo
mes y año, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se (i) ordenó notificar
3

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Demandante: Nación – Ministerio de Defensa y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander

al Tribunal Administrativo de Santander; (ii) negó la medida provisional; y (iii) dispuso
vincular los señores Jainer de Jesús Hernández García y Luz Dary Ruiz Mojica, en los
términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

2.1 Contestaciones de la acción

12. 2.1.1 El Tribunal Administrativo de Santander4, en el escrito de contestación informó

el trámite adelantado en el recurso de insistencia con radicado 68001-23-33-000-2025-
00652-00 y adujo que la acción de la referencia resulta improcedente por no acreditar la
totalidad de los requisitos generales para su procedencia, no obstante, aseguró que la
decisión objeto de tutela se adoptó conforme a los mandatos constitucionales, legales y
jurisprudenciales aplicables a la materia.

13. 2.1.2 Los señores Jainer de Jesús Hernández García y Luz Dary Ruiz Mojica5,

guardaron silencio durante el trámite constitucional.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia

14. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela, en virtud

de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333
de 2021.

3.2 Cuestión previa – Manifestación de impedimento

15. El Decreto 2591 de 1991 «[p]or el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo

86 de la Constitución Política», dispone en el artículo 39 que, «[e]l juez deberá declararse impedido
cuando concurran las causales de impedimento del Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en
la sanción disciplinaria correspondiente».

16. En la acción constitucional de la referencia, la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo,

del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, manifestó su impedimento6
para conocer del asunto de la referencia, por cuanto, la providencia objeto de esta tutela,
«fue suscrita por la magistrada María Eugenia Carreño Gómez, como ponente de la Sala de Decisión del
Tribunal Administrativo de Santander, con quien [la] une una relación de amistad íntima […]» . Situación

4
Expediente digital en SAMAI, índice 0013.
5
Quienes fueron notificados por aviso. Expediente digital en SAMAI, índice 0021.
6
Actuaciones de Samai, índice 00033.
4

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que, la hace incursa en la causal establecida en el numeral 5, del artículo 56 del Código
de Procedimiento Penal7.

17. Conforme a lo anterior, la Sala Dual, constata que, la sentencia proferida por el Tribunal

Administrativo de Santander, el 28 de octubre de 2025, es con ponencia de la magistrada
María Eugenia Varreño Gómez. Por lo que, se encuentra configurada la causal de
impedimento referida en el párrafo que antecede.

18. En consecuencia, la Subsección declarará fundado el impedimento manifestado por la

magistrada Elizabeth Becerra Cornejo y, la separará del conocimiento del trámite
constitucional de la referencia.

3.3 La acción

19. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y

reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de
2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.

3.4 Problema jurídico

20. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el eventual

quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo de 28 de octubre de
2025, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Santander, resolvió el recurso de
insistencia promovido por los señores Luz Dary Ruiz Mojica y Jainer de Jesús Hernández
García [expediente 68001-23-33-000-2025-00652-00]; y, en caso afirmativo, si se han
vulnerado las garantías superiores al debido proceso y acceso a la administración de
justicia.

3.5 La acción de tutela contra providencias judiciales

7
«ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento:
[…]
5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial.
[…]»
5

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Demandado: Tribunal Administrativo de Santander

21. El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales

tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la
inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte
permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el
reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo
judicial se adoptó, en apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía
una vía de hecho.

22. La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de

todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra
decisiones judiciales, dado que, no obstante, el reconocimiento del principio de
autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una
providencia judicial, derechos fundamentales.

23. La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994 se

determinaran cuáles defectos podían conducir a que, una sentencia fuera calificada como
vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se presenta, al menos,
uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se
produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente
inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece
de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y
(iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actúa
completamente al margen del proceso establecido.

24. Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante sentencia C-
590 de 2005, se destacó su carácter excepcional, vale decir cuando de manera
protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.

25. Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción

de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos
excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar
cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente
constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia
6

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constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de
actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

26. Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate
de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla
el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en
el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible; (vi) que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.

27. Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la excepcionalidad de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, la cual, solamente cuando tenga indudable
relevancia constitucional resulta procedente.

28. Al respecto, la Corte indica que, los defectos o vicios que debe presentar la decisión

que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental
absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento
establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión;
(iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las
consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que
afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la
Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
7

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la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión
judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no
se está ante una burda transgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.

29. Por otra parte, se destaca que, la sala plena de lo contencioso administrativo del

Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba
improcedente para controvertir decisiones judiciales8, rectificó su posición mediante
sentencia de 31 de julio de 20129, en el sentido de disponer que la acción constitucional
es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos fundamentales, con
observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al
fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos10.

3.6 Caso concreto

30. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra

providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado comporta
relevancia constitucional, en la medida en que recae sobre la presunta vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso y la administración de justicia de la entidad
tutelante, originada en el aparente desconocimiento, por parte del Tribunal Administrativo
de Santander, de la Ley 1862 de 2017 «Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares»,
respecto de la reserva que recae sobre la actuación disciplinaria; (ii) contra la decisión
objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos que
originaron el supuesto quebranto de los aludidos derechos; (iv) el requisito de inmediatez
se satisface, por cuanto la providencia atacada quedó ejecutoriada el 10 de noviembre
de 202511 y la solicitud de amparo se presentó el mismo día, es decir, dentro de los 6

8
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de
Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín
Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela
Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-
01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre
de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
9
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
10
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre
de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp.
2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30
de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo
de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
11
Notificada electrónicamente el 31 de octubre de 2025. Expediente digital de única instancia. Radicado 68001233300020250065200.
Consecutivo índice 0009.
8

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meses; y (v) la sentencia acusada no es de tutela.

31. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo del

asunto bajo las causales específicas denominadas defecto procedimental absoluto y
defecto sustantivo, además de la decisión sin motivación y violación directa de la
constitución, invocadas por la entidad accionante.

32. Sin perjuicio de lo anterior, al analizar los fundamentos con los que la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional, desarrolla los defectos en los que presuntamente
incurrió la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 28 de
octubre de 2025, se evidencia que estos se subsumen en el defecto material o sustantivo,
por lo que, el estudio de fondo se centrara en este.

3.6.1 Defecto sustantivo

33. Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que los

jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato, las
autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas que
regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.

34. La jurisprudencia constitucional12 ha estimado que la providencia judicial proferida con

desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado defecto sustantivo, que
se configura cuando la controversia es decidida con fundamento en una disposición legal
inaplicable al caso concreto, bien porque fue derogada, declarada inexequible, versa
sobre otro asunto que no tiene relación con el decidido, la interpretación que hace de ella
el juez es paradójica o simplemente se omite aplicarla. Al respecto, la Corte
Constitucional sostuvo:

Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o yerro en
una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación de las
disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar
a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta
trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de los
derechos constitucionales 13.

35. En el asunto sub examine, la inconformidad de la entidad accionante radica en que,

desde su criterio, el tribunal accionado en la sentencia objeto de reproche, omitió dar
aplicación al artículo 142 de la Ley 1862 de 2017 «Código Disciplinario Militar», así como

12
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
13
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
9

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incumplió lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014, artículo 6 literal d y los artículos 29 y 229
de la Carta Política; lo que generó que el pronunciamiento se emitiera sin motivación
alguna, desconociendo por completo los anexos que se allegaron al trámite, ya que, de
hacerlo habría «comprendido el alcance que reviste la “reserva” en materia disciplinaria militar», el cual,
es claro en indicar «que solamente los fallos son públicos». Enfatizó que la autoridad judicial
interpretó erradamente la disposición normativa aplicable al caso, ya que, en ningún
aparte de aquella, dice que la reserva aplica «únicamente en caso de haberse surtido la etapa de
descargos al interior del proceso».

36. Al respecto, la Sala advierte que, contrario a lo anterior, el Tribunal Administrativo de

Santander, realizó un estudio detallado, entre otras, de las Leyes 1712 de 2014 y 1862
de 2017, del que se destaca lo siguiente:

2.6.1. De copia del expediente del proceso de indagación disciplinaria radicado 34870 de
2024:

[…] [H]a reconocido dicha Corporación que la reserva de la información relativa a la
indagación disciplinaria se mantiene vigente hasta tanto se presentan los descargos,
momento a partir del cual es posible ejercer control público sobre las actuaciones estatales.
Tal precepto obedece a que, una vez formulados y debatidos los cargos el proceso alcanza
un grado de publicidad que permite el escrutinio ciudadano respecto del ejercicio del poder
disciplinario, sin comprometer el éxito de la investigación. En este contexto y con
fundamento en la jurisprudencia analizada y en las pruebas que obran en el expediente, la
Sala considera que, respecto del proceso disciplinario radicado bajo el número 34870 de
2024, adelantado por el Ejército Nacional con ocasión del fallecimiento del soldado
profesional Janer Hernández Ruiz, la reserva legal encuentra sustento en una disposición
normativa que obedece a razones constitucionalmente válidas orientada a garantizar el
desarrollo adecuado y efectivo de la investigación.

No obstante, en el presente caso no obra prueba que permita determinar el estado actual
del proceso, ni se acredita si actualmente se presentaron los descargos al interior del
proceso. En consecuencia, la Sala considera que si el proceso correspondiente al radicado
34870 de 2024 se encuentra en etapa de indagación estará amparado por reserva legal
hasta tanto se presenten los descargos por parte de los investigados. En ese orden de ideas,
se ordenará al Ejército Nacional que remita copia del expediente a los solicitantes,
únicamente, en caso de que actualmente se hayan presentado los referidos descargos por
parte del o los investigados.

2.6.2. De la información sobre las funciones y obligaciones del soldado Janer Hernández
Ruiz

El Ejército Nacional indicó que la información solicitada se encuentra contenida en un
documento público reservado, específicamente, en una Orden del Día expedida por el
comando del Batallón, en virtud de razones de defensa y seguridad nacional y pública,
conforme a lo dispuesto en el artículo 6 literal d) de la Ley 1712 de 2014.

De acuerdo con los artículos 6 literal d) y 19 de la citada norma, la información pública
reservada constituye una excepción legítima al principio de transparencia y acceso a la
información estatal, aplicable únicamente cuando su divulgación pueda ocasionar un daño
real y comprobable a los intereses públicos. No obstante, la reserva solo resulta procedente
si se encuentra expresamente sustentada en una norma legal o constitucional y debe ser
motivada y comunicada por escrito, con el fin de garantizar el control y la proporcionalidad
de la restricción.
[…]

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-07065-00
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander

En el caso concreto, cursa proceso disciplinario relacionado con el fallecimiento del soldado
Janer Hernández Ruiz, bajo el radicado 34870 de 2024. En principio, dicha circunstancia
podría enmarcar la información solicitada dentro de las causales legalmente previstas de
reserva por motivos de interés público. Sin embargo, del análisis de la petición elevada
por los recurrentes se advierte que la información requerida sobre las funciones del
soldado se solicita en el contexto de su vinculación con el Ejército Nacional, de
manera general y no específicamente respecto de las funciones u obligaciones
asignadas mediante la Orden del Día expedida por el comandante del Batallón,
documento que guarda relación con los hechos objeto del asunto disciplinario
radicado 34870 de 2024.
[…]

2.6.3. Del informe sobre informe completo y detallado de los hechos objeto de la
investigación

La Sala advierte que los puntos sobre los cuales los recurrentes solicitan información
corresponden, en su mayoría, a datos y documentos que integran los hechos objeto del
proceso disciplinario. Dicho expediente, conforme se precisó en el numeral 2.6.1., se
encuentra amparado por reserva legal, siempre que estuviere en etapa de indagación y
hasta que se surtan los descargos. Entre los aspectos solicitados se identifican los
siguientes: (i) relación cronológica de los acontecimientos; (ii) unidad militar involucrada y
personal presente; (iii) parte militar del día respectivo (registro de operaciones o incidentes);
(iv) orden de operaciones o patrullaje correspondiente al día de los hechos; (v) bitácora de
movimientos y nómina del personal desplegado en la zona; (vi) registro de armamento y
municiones utilizadas; (vii) declaraciones rendidas por personal militar ante la jurisdicción
penal militar o disciplinaria; y (viii) información sobre la eventual remisión de la investigación
a la Fiscalía General de la Nación o a la Justicia Penal Militar.
[…]

Adicionalmente, en relación con la solicitud de los reportes de inteligencia militar vinculados
a la investigación, la Sala observa que conforme al marco normativo aplicable —en
particular, el artículo 2.2.3.4.2. del Decreto 1070 de 2015 y el artículo 33 de la Ley Estatutaria
1621 de 2013—, la información asociada a la defensa y seguridad nacional se encuentra
exceptuada del principio constitucional de publicidad. Dicha reserva se fundamenta en la
protección de bienes jurídicos superiores, como la seguridad del Estado, la integridad de
sus agentes y la eficacia de las operaciones de inteligencia y contrainteligencia, de manera
que los productos derivados de las referidas operaciones de inteligencia gozan de una
reserva legalmente justificada, razonable y proporcional. Además, el artículo 36 de la Ley
1621 de 2013 delimita los sujetos receptores autorizados de la información de inteligencia y
contrainteligencia, dentro de los cuales no se encuentran los solicitantes.

En consecuencia, respecto de la información relacionada con los reportes de inteligencia, la
Sala considera que, en virtud de lo expuesto y en atención a que el documento hace parte
del expediente de la etapa de indagación del proceso disciplinario, se encuentra amparado
por reserva legal, hasta tanto se surta la etapa de descargos.

Finalmente, en relación con la solicitud de información sobre el estado actual del proceso
de indagación disciplinaria 34870 de 2024, adelantado con ocasión del fallecimiento del
soldado Janer Hernández Ruiz, la Sala considera que dicha información no está sujeta a
reserva legal, por cuanto no corresponde a elementos sustanciales del proceso que puedan
afectar su desarrollo o comprometer la investigación. Además, como se indicó previamente,
del estado procesal depende la eventual entrega del expediente disciplinario. Por lo anterior,
se ordenará al Ejército Nacional informar a los solicitantes el estado actual del proceso
disciplinario radicado 34870 de 2024.

[…] [Negrillas fuera del texto].

37. Conforme a los argumentos expuestos, el Tribunal Administrativo de Santander,
concluyó lo siguiente:

i) La reserva legal prevista en el artículo 142 de la Ley 1862 de 2017 resulta plenamente

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aplicable al proceso de indagación disciplinaria radicado bajo el número 34870 de 2024,
adelantado por el Ejército Nacional, comoquiera que encuentra sustento en razones
constitucionalmente legítimas, orientadas a preservar la eficacia de la investigación y a
evitar que la publicidad prematura de las pruebas y actuaciones pueda afectar el
esclarecimiento de los hechos o la determinación de responsabilidades. Sin embargo, dicha
reserva se aplica hasta tanto se presenten los descargos por parte de la parte investigada,
momento en el cual se podrá ejercer el debido control por parte de los interesados. En
atención a lo expuesto, la Sala considera que si el proceso correspondiente al radicado
34870 de 2024 se encuentra en etapa de indagación estará amparado por reserva legal
hasta tanto se presenten los descargos por parte de los investigados. En ese orden de ideas,
se ordenará al Ejército Nacional que remita copia del expediente a los solicitantes,
únicamente, en caso de que actualmente se hayan presentado los referidos descargos por
parte del o los investigados.

ii) La información relativa a las funciones y obligaciones del soldado profesional Janer
Hernández Ruiz no se encuentra sujeta a reserva cuando se refiere de manera general a
sus deberes institucionales conforme al Manual de Funciones y Competencias del Ejército
Nacional. En consecuencia, la entidad deberá suministrar dicha información en los términos
generales previstos por el mencionado manual, sin divulgar datos específicos contenidos en
documentos reservados ni aquellos directamente vinculados con los hechos objeto de la
investigación disciplinaria.

iii) Los documentos y datos solicitados por los recurrentes que se relacionan con las
actuaciones probatorias y los informes de inteligencia militar se encuentran amparados por
reserva legal en virtud de lo dispuesto en los artículos 142 de la Ley 1862 de 2017, 2.2.3.4.2.
del Decreto 1070 de 2015 y 33 de la Ley Estatutaria 1621 de 2013. Dicha reserva constituye
una excepción legítima al principio de publicidad, necesaria para garantizar la seguridad
nacional y la integridad de las operaciones militares. No obstante, la información
concerniente al estado actual del proceso disciplinario carece de carácter reservado, motivo
por el cual deberá ser comunicada a los solicitantes.

38. De lo expuesto se colige que, la autoridad accionada realizó un análisis normativo

acorde a las pretensiones del recurso de insistencia, con el que concluyó, que procedía
la entrega parcial de las copias solicitadas, pero, condicionado a la etapa procesal a la
que se encontrara la indagación disciplinaria; además, negó algunas de las piezas e
información requerida, pues determinó que no era procedente dado el carácter de
reservado de aquella; también, en cuanto a las funciones se limitó a ordenar que estas
fueran las generales de los soldados profesionales, es decir, en ningún momento dispuso
que las funciones fuera específicas a las dadas en las órdenes del día expedidas por el
comandante del Batallón como integrante «de la escolta».

39. Así las cosas, para la Sala no se advierte que la sentencia objeto de reproche haya

incurrido en un defecto sustantivo, así como tampoco que su decisión careciera de
fundamentos, o vulnerara el debido proceso; pues, por el contrario, se constató que se
llevó el procedimiento correspondiente y, realizó un estudio adecuado de la normatividad
aplicable al caso particular, amparada, además, con jurisprudencia de la Corte
Constitucional, referente a la materia.

40. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que, el razonamiento que efectúa

el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía e
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independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no observa
vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su intervención.

IV. DECISIÓN

41. Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto la entidad

accionante no acreditó que la providencia del 28 de octubre de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, hubiere incurrido en defecto procedimental
absoluto y defecto sustantivo, además de la decisión sin motivación y violación directa de
la constitución. Por tal motivo, se negará la solicitud de amparo.

42. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por la magistrada
Elizabeth Becerra Cornejo, para conocer la acción de tutela de la referencia, por las
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. SEPARAR del conocimiento de este trámite constitucional a la magistrada
Elizabeth Becerra Cornejo.

TERCERO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y
administración de justicia, invocados por la Nación - Ministerio de Defensa Nacional -
Ejército Nacional - Batallón de Artillería de Campaña No. 5 “Ct. José Antonio Galán”, a
través del mayor Andrés Felipe Flórez Vargas, contra el Tribunal Administrativo de
Santander, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y
términos previstos en el Decreto 2591 de 1991.

QUINTO. De no ser impugnada, y una vez quede ejecutoriada esta providencia, como lo
prevé el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con impedimento

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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