RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-07078-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07078-00

Fecha
9 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07078-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo promovido por la parte actora, debido a que no satisfizo el requisito de subsidiariedad. SEGUNDO: ORDENAR por secretaría informar a las partes por el medio más expedito. TERCERO: En caso de no ser impugnado REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07078-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

9 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07078-00
Accionante: SANTIAGO GONZÁLEZ CHICA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia de segunda instancia proferida por
Tribunal Administrativo, en sede de acción popular. Improcedencia por no satisfacer
el requisito de subsidiariedad. No se agotó el mecanismo eventual de revisión.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Antecedentes

1. El actor promovió acción de tutela contra la sentencia de 9 de mayo de 2025,
proferida por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas
proferida dentro del trámite de la acción con el número 17001-33-33-002-2024-
00132-00/01. Con el fin de facilitar la exposición de los antecedentes, en primer
lugar, se reseña el decurso del proceso judicial que llevó a la sentencia atacada; y
en segundo lugar, se presentarán los fundamentos del escrito de tutela.

Antecedentes del proceso de acción popular 17001-33-33-002-2024-00132-
00/01

2. El actor manifestó que es una persona con discapacidad visual, habitante de la
ciudad de Manizales y usuario del sistema público de transporte municipal. El 16 de
febrero de 2024, presentó requerimiento a la Alcaldía Municipal de Manizales y a la
Secretaría de Movilidad para que protegiera los intereses y derechos colectivos con
el fin de que adoptara políticas para eliminar las barreras de acceso y garantizar la
movilidad segura de las personas con discapacidad.

3. Su petición fue resuelta el 1 de marzo de 2024, a través de respuesta en la que,
grosso modo, se indicó que la administración municipal trabaja constantemente para
mejorar las condiciones de movilidad de las personas con discapacidad. Ante la
anterior situación, el tutelante, el 14 de marzo de 2024, formuló demanda de acción
popular la cual fue repartida al juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Manizales.

4. En la demanda solicitó la protección de los derechos colectivos de las personas
en condición de discapacidad, y reprochó que la administración municipal de
Manizales no garantiza la prestación efectiva en condiciones de igualdad el sistema
de transporte municipal, puesto que los buses que hacen parte de dicho sistema no
cuentan con las adecuaciones necesarias para permitir el ingreso de las personas

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07078-00
Accionante: Santiago González Chica
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela

con discapacidad, carecen de señalización auditiva y lenguaje braille. Informó que
durante el desarrollo de la acción popular, enfrentó barreras de acceso a la
administración de justicia, pues el sistema Samai, tampoco está adecuadamente
ajustado para que personas en condición de discapacidad ejerza el derecho de
defensa.

5. En sede de primera instancia, el juez popular accedió parcialmente a las
pretensiones y declaró que el municipio de Manizales incurrió en violación al
derecho colectivo al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea
eficiente y oportuna. En consecuencia ordenó: “al sr alcalde de Manizales, que en
el término de un mes a partir de la ejecutoria de esta providencia, proceda a diseñar
un plan de trabajo para la verificación tanto documental como visual de las
condiciones de accesibilidad a los vehículos de transporte a cargo de las empresas
que prestan en la ciudad el servicio público colectivo urbano de transporte de
pasajeros, de modo que al menos el 80% de los vehículos de cada empresa
cumplan con las mismas, según las normas técnicas aplicables. También verificará
los planes de capacitación al personal de la empresa en materia de atención a
personas con discapacidad. Vencido dicho término, procederá a ejecutarlo en un
plazo máximo de dos meses, dentro del cual ejercerá los correctivos que como
autoridad de tránsito le competen, frente a los incumplimientos hallados. Todo lo
anterior deberá quedar documentado para informar al Juzgado al vencimiento del
último plazo mencionado, sobre el cabal cumplimiento de lo ordenado”.

6. Apelada la providencia, en sentencia de 9 de mayo de 2025, la Sala Quinta del
Tribunal Administrativo de Caldas revocó la providencia de primera y en su lugar
declaró probada la excepción de carencia de prueba que constituya vulneración de
los derechos colectivos. Además, negó las demás pretensiones.

Fundamentos de la acción de tutela.

7. Sostiene que la providencia de 9 de mayo de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas incurrió en los defectos fáctico y procedimental. Sobre el
particular, indicó que el tribunal desvió la valoración integral y razonada de los
medios de prueba, puntualmente de informes oficiales emitidos por la autoridad
territorial en al que se daba cuenta del estado de los buses de los cuales se
desprende que la gran mayoría no cuenta con rampas ni plataformas de acceso o
señalización en lenguaje braille. Indicó que, según la información contenida en el
expediente, de los 887 buses, únicamente 97 contaban con rampa o plataformas de
acceso. El juez de primera instancia dio credibilidad a dicho informe y concluyó que
se presentaba vulneración, mientras que el juez de segunda instancia determinó
que la sola cifra no implicaba una vulneración a un derecho colectivo.

8. Argumentó que conforme las resoluciones del ministerio de transporte y de la
superintendencia de transporte los buses del sistema de transporte de Manizales
no cuentan con los mínimos requeridos. Sostuvo que, un análisis en conjunto en
relación con las aspectos no meramente jurídicos y legales, sino de carácter social
pues, se omite la valoración de la histórica segregación de la administración a las
personas con discapacidad.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07078-00
Accionante: Santiago González Chica
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela

9. Adicionalmente señaló que el juez popular incurrió en una omisión al deber de
ejercer sus facultades oficiosas, en particular la prevista en el artículo 30 de la Ley
472 de 1998. Pues, el tribunal no distribuyó la carga de la prueba a la entidad
accionada, reconociendo la dificultad de acceso a información estatal para una
persona en condición de discapacidad. Añadió que la providencia incurrió en un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto pues el Tribunal exigió cargas
probatorias desproporcionadas al tutelante, sin tener en cuenta que carece de las
capacidades técnicas y económicas para poder demostrar la totalidad de las
vulneraciones a los derechos colectivos.

Trámite de la acción de tutela.

10. Una vez admitida, se vinculó al tribunal accionado, al Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Manizales, a la Defensoría del Pueblo, al Municipio de
Manizales, a la Empresa de Transportes Gran Caldas S.A., a la Cooperativa
Unitrans, al ministerio Público, y a Jorge Amido Castaño y Carolina Valencia
Mosquera, así como a los demás intervinientes dentro de la acción popular radicada
núm. 17001-33-33-002-2024-00132-00/01 en calidad de terceros con interés.

11. El Juzgado Segundo Administrativo de Manizales1 remitió acceso digital al
expediente de la acción popular identificado con número 2024-00132. La empresa
de transporte gran Caldas SA2 intervino con el fin de solicitar que se niegue o se
declare improcedente el amparo por no existir vulneración a algún derecho
fundamental. Solicitó que se la desvincule del trámite de amparo. Igualmente, el
Municipio de Manizales3 solicitó que se declare la improcedencia de la acción y de
manera subsidiaria que se niegue, pues la providencia cuestionada no incurrió en
los yerros alegados por el tutelante.

12. El tribunal Administrativo de Caldas4 solicitó que se declare la improcedencia
del amparo, pues los argumentos muestran que se utiliza el medio constitucional
como una instancia adicional para reabrir un debate que fue examinado en dos
instancias. La defensoría regional del pueblo de Caldas5 indicó que no cuenta con
material probatorio adicional al que ya reposa en el expediente. Reiteró su
compromiso con la defensa de los derechos humanos de las personas en condición
de discapacidad, pero no realizó petición concreta respecto de las peticiones del
amparo. La Cooperativa Unitrans6 intervino con el fin de indicar que el amparo
solicitado reabre el debate resuelto en dos instancias por el Tribunal Administrativo,
además señaló que existen otros medios judiciales pendientes de agotar como la
acción de cumplimiento o “la vigilancia de políticas públicas por parte de la autoridad
territorial”. Además, no se satisface el requisito de inmediatez, pues la sentencia
atacada data del 9 de mayo de 2025, notificada el 12 del mismo mes, y la acción de
amparo fue admitida el 12 de noviembre de 2025, es decir, meses después y “el
actor no explicó causa objetivas para la inactividad procesal”. Solicitó que se declare

1 Índice Samai 10
2 Índice Samai 11.
3 Índice samai 12.
4 Índice samai 14
5 Índice samai 16.
6 Índice samia 17.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07078-00
Accionante: Santiago González Chica
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela

improcedente el amparo y que de manera subsidiaria se niegue. Argumentó que la
flota de buses cumple la reglamentación vigente para el momento de inicio de
operaciones y que estima inconstitucional que se apliquen retroactivamente
regulaciones más exigentes, en caso de amparar algún derecho, las órdenes deben
ser progresivas y no retroactivas.

CONSIDERACIONES

Competencia

13. Esta Subsección es competente para conocer de esta acción de tutela, en
primera instancia, conforme el artículo 37 del decreto ley 2591 de 1991 y el artículo
13 del Acuerdo 080 de 2019, reglamento del Consejo de Estado.

Problema jurídico

14. En primer lugar, la Subsección debe establecer si, en relación con la sentencia
de 9 de mayo de 2025, proferida por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Caldas, la acción de tutela promovida por el Santiago González
Chía resulta formalmente procedente por satisfacer las causales genéricas de
procedencia. En caso de concluir que si es procedente se deberá establecer si la
providencia censurada incurrió en los defectos fácticos y procedimental por exceso
ritual manifiesto, al hacer una valoración incompleta o sesgada del material
probatorio y por no haber aplicado las reglas de carga dinámica de la prueba
prevista en la Ley 472 de 1998.

15. Con el fin de resolver los dos anteriores problemas jurídicos, se reiterará el
precedente judicial respecto a la acción de tutela contra providencias judiciales.

Causales genéricas y específicas de procedencia de procedencia de tutela
contra providencia.

16. Conforme el precedente fijado en la C-590 de 20057, reiterado de manera
consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una importante
carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales genéricas de
procedencia, y al menos una específica.

17. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar8; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela9, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de

7 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
8 Se sigue la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU-215 de

2022.
9 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el

principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07078-00
Accionante: Santiago González Chica
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela

constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional10 o el Consejo de Estado11,
ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP-12; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable13 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

18. La jurisprudencia constitucional ha insistido en que, el examen que realiza el
juez constitucional a una providencia judicial no examina la corrección jurídica o el
criterio de una autoridad o funcionario judicial, sino que se centra en determinar si
la decisión adolece de una característica que afecte su validez. En consecuencia,
se trata de verificar si el fallo contiene yerros incompatibles con las garantías
constitucionales14.

19. La jurisprudencia constitucional ha insistido en que, el examen que realiza el
juez constitucional a una providencia judicial no examina la corrección jurídica o el
criterio de una autoridad o funcionario judicial, sino que se centra en determinar si
la decisión adolece de una característica que afecte su validez. En consecuencia,
se trata de verificar si el fallo contiene yerros incompatibles con las garantías
constitucionales15.

20. En cuanto a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la Sentencia C-590 de 2005 precisó que la tutela se
concederá si se presenta al menos uno de los siguientes defectos. A continuación,
se enuncian los defectos específicos explicados por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, profundizando en el defecto invocado por la parte actora.

10 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
11 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,

SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
13 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
14 Cfr. SU-215 de 2022 M.P. Natalia Ángel Cabo. “La Corte ha sido enfática en señalar, que la tutela

contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial”.
15 Cfr. SU-215 de 2022 M.P. Natalia Ángel Cabo. “La Corte ha sido enfática en señalar, que la tutela

contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial”.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07078-00
Accionante: Santiago González Chica
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela

i. Defecto orgánico, que se genera cuando la sentencia acusada es
expedida por un funcionario judicial que carecía de competencia;

ii. Defecto procedimental absoluto, que se produce cuando la autoridad
judicial actuó por fuera del procedimiento establecido para determinado
asunto;

iii. Defecto fáctico, que se presenta cuando la providencia acusada tiene
problemas de índole probatorio, como la omisión del decreto o práctica de
pruebas, la valoración de pruebas nulas de pleno derecho o la realización
indebida y contraevidente de pruebas existentes en el proceso;

iv. Defecto sustantivo, que ocurre cuando la decisión judicial se toma con
fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que no estaban
llamadas a gobernar el caso o a partir de interpretaciones jurídicas contrarias
a la garantía de los derechos fundamentales.

v. Error inducido, que se genera cuando la autoridad judicial vulnera los
derechos fundamentales del afectado producto de un error al que ha sido
inducido por factores externos al proceso, y que tienen la capacidad de influir
en la toma de una decisión contraria a derecho o a la realidad fáctica probada
en el caso;

vi. Decisión sin motivación, que supone que el juez no cumplió con su
deber de expresar los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión;

vii. Desconocimiento del precedente, que se genera cuando frente a un
caso con los mismos hechos una autoridad se aparta de los procedimientos
establecidos por los tribunales de cierre (precedente vertical) o por los
dictados por ellos mismos (precedente horizontal), sin cumplir con la carga
de justificar de forma suficiente y razonada por qué se cambia de precedente.

viii. Violación directa de la Constitución, que se genera cuando una
providencia judicial desconoce por completo un postulado de la Constitución,
le atribuye un alcance insuficiente o lo contradice.

21. Conforme las consideraciones anteriores, en el acápite de caso concreto, se
examinará si la acción de tutela de la referencia satisface las causales genéricas de
procedencia y al menos una específica.

Caso concreto.

22. Descendiendo al caso concreto, esta subsección estima que la acción de tutela
de la referencia no satisface las causales genéricas de procedencia formal. En el
caso del requisito de inmediatez, el medio de amparo fue radicado ante la
corporación el 10 de noviembre de 2025, cuando la providencia cuestionada tiene
como fecha de suscripción el 9 de mayo del mismo mes, pero notificada el día 12.
En esa medida, el medio de amparo se presentó dentro del plazo razonable fijado
por la Corte Constitucional como adecuado.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07078-00
Accionante: Santiago González Chica
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela

23. En contraste, no se satisface el requisito de subsidiariedad, toda vez que los
artículos 273 y 274 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 36A de
la Ley 270 de 1996, establecen el mecanismo eventual de revisión de sentencias
de procesos de acción popular, el cual, en el caso concreto resulta idóneo, de
acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencias C-713 de 2008
y SU-686 de 2015, y T-176 de 2016), para cuestionar las sentencias de segunda
instancia dentro de procesos de acción popular.

24. En particular, la Sentencia T-176 de 2016 resolvió una acción de tutela contra
una sentencia de un proceso de acción popular proferida por un Tribunal
Administrativo. En esa ocasión, la Sala Quinta de Revisión indicó que, el examen
de la obligación de agotar el mecanismo eventual de revisión se debía realizar caso
a caso, dado que el mismo, prima facie, es idóneo y eficaz para la protección de
derechos fundamentales. Se indicó que no resultaba obligatorio acudir al
mecanismo de revisión eventual, cuando la finalidad no era la unificación de la
jurisprudencia, y cuando, los derechos fundamentales presuntamente afectados
requieren una intervención inmediata por vía de tutela, y existe conexidad con
derechos fundamentales16.

25. Si bien el caso reviste relevancia constitucional, puesto que se trata de una
acción constitucional dirigida a cuestionar una providencia judicial en la que se
resolvió la petición de protección del derecho colectivo al acceso al servicio público
de transporte para personas con discapacidad, grupo poblacional que goza de
protección constitucional reforzada en virtud de tratados internacionales de
derechos humanos, tales como la Convención sobre los Derechos de las personas
con discapacidad, aprobada mediante Ley 1346 de 2009 y la Ley estatutaria de
1618 de 2013, referida a los derechos de las personas con discapacidad, lo cierto,
es que el mecanismo judicial extraordinario pendiente de agotar es un medio judicial
idóneo y eficaz para solicitar la protección de estas garantías superiores. Estos
importantes derechos pueden ser invocados a través de las causales del
mecanismo eventual de revisión, en particular, la causal primera del artículo 273,
conforme a la cual, resulta posible acudir al mecanismo fundado en razones
referidas a la interpretación de la ley aplicada por el tribunal, en este caso, el artículo
14 de la Ley 1618 de 2013.

26. La sentencia cuestionada sostuvo una especial interpretación de la obligación
estatal respecto de la adecuación del sistema de transporte de la ciudad de
Manizales, mientras que el actor sostiene que la interpretación de la norma
estatutaria resulta contraria a la garantía de acceso universal del servicio público.
Estas razones pueden ser tramitadas a través del medio de eventual revisión.
Motivo por el cual, en el caso concreto, tenía el deber de acudir al mismo, antes de
promover el medio constitucional de amparo.

27. En el caso concreto, esta subsección concluye que no se satisface el requisito
de subsidiariedad pues no se observan razones puntuales que justifiquen que el
actor no acudió al mecanismo eventual de revisión. En el escrito de amparo el
tutelante simplemente afirmó que no tenía que agotar ningún otro mecanismo

16 Corte Constitucional, Sentencia T-176 de 2016.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07078-00
Accionante: Santiago González Chica
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela

judicial. Sin embargo, como se acabó de señalar, existe un medio judicial idóneo y
eficaz. No se observan razones iusfundamentales relacionados con amenazas o
riesgos concretos en cabeza del titular que permitan, en el caso sub lite, concluir
que el juez constitucional desplace el mecanismo ordinario. Al respecto, no se
identifican argumentos que muestran una vulneración individual de derechos
fundamentales que torne procedente el amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo promovido por la parte
actora, debido a que no satisfizo el requisito de subsidiariedad.

SEGUNDO: ORDENAR por secretaría informar a las partes por el medio más
expedito.

TERCERO: En caso de no ser impugnado REMITIR a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con aclaración de voto

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.