Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07088-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07088-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-07088-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
9 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07088-00 (11240)
Accionante: Constructora Valle Real SA
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Quinta de
Decisión, y Juzgado Quince Administrativo de Cali
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de
controversias contractuales. Subtema 2: cumplimiento de obligaciones dinerarias
derivadas de convenio asociativo. Subtema 3: defecto fáctico.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
solicitud de amparo interpuesta por la Constructora Valle Real SA en contra del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Quinta de Decisión, y el Juzgado
Quince Administrativo de Cali.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La Constructora Valle Real SA presentó acción de tutela con la pretensión de amparo
de su derecho fundamental al debido proceso, que consideró vulnerado con ocasión
de las sentencias del 19 de septiembre de 2022 y 29 de abril de 2025, proferidas por
el Juzgado Quince Administrativo de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, Sala Quinta de Decisión1, respectivamente, dentro del medio de control de
controversias contractuales identificado con el radicado núm. 76001-33-33-015-2014-
00198-00/01, en el que solicitó declarar el incumplimiento de la obligación contenida
en el «Convenio Asociativo Municipio de Vijes, Valle – Constructora Valle Real S.A. –
1 Integrada por los magistrados Katia Alexandra Domínguez Garcés, Gabriel Ernesto Figueroa Bastidas y Paola
Andrea Gartner Henao.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07088-00 (11240)
Accionante: Constructora Valle Real SA
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Urbanización Balcones de Vijes Etapa Manuel José Reina Collazos», relacionada con
el pago del aporte económico para su financiamiento a cargo de dicho ente territorial.
2. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela2 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional3, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
2. El 24 de abril de 2008 la Constructora Valle Real SA y el municipio de Vijes (Valle
del Cauca) celebraron el «Convenio Asociativo Municipio de Vijes, Valle - Constructora
Valle Real S.A. – Urbanización de Vijes Etapa Manuel José Reina Collazos», que tenía
por objeto la construcción de 112 unidades urbanas o soluciones de vivienda de interés
prioritario en dicho ente territorial.
3. El municipio de Vijes no efectuó la liquidación del mencionado convenio, por lo
que adeudaba a la Constructora Valle Real SA, por concepto de su ejecución, la suma
de $ 122.810.179. Por lo tanto, presentó demanda en ejercicio del medio de control de
controversias contractuales contra esa entidad territorial, en la que solicitó declararla
administrativamente responsable por el incumplimiento del convenio y, en
consecuencia, ordenar pagarle el aludido monto.
4. En el escrito de demanda realizó juramento estimatorio conforme al artículo 206
del CGP por la mencionada suma, frente al cual el municipio de Vijes y el departamento
del Valle del Cauca no se pronunciaron; este último vinculado al proceso en condición
de llamado en garantía.
5. El Juzgado Quince Administrativo de Cali, mediante sentencia del 19 de
septiembre de 2022, negó las pretensiones de la demanda, al estimar que no existía
documento alguno que soportara las obligaciones a cargo del departamento del Valle
del Cauca, como tampoco se consignó en el convenio que el municipio de Vijes tuviera
a su cargo el trámite para la obtención de subsidios departamentales. De igual modo,
la parte demandante no aportó las cuentas de cobro dirigidas al municipio de Vijes,
pues solo allegó una lista de 42 viviendas, sin constancia de haber sido presentada
ante la administración, y una certificación de la revisora fiscal de la constructora, en la
que se consignaban las sumas indicadas en la demanda, pero esta carecía de valor
probatorio, toda vez que no fue anexada con los soportes correspondientes.
6. Contra la anterior decisión, la constructora interpuso recurso de apelación, en el
que afirmó que no se analizaron todos los elementos probatorios, tales como el
«Convenio Asociativo Municipio de Vijes, Valle - Constructora Valle Real S.A. –
Urbanización de Vijes Etapa Manuel José Reina Collazos» y sus otrosíes; la «Carta
de Compromiso GV-SVD-012 de fecha 30 de abril de 2008 del Departamento del Valle
2 Samai, índice 2.
3 Samai, índice 9.
2
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Accionante: Constructora Valle Real SA
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
del Cauca»; el juramento estimatorio y las actas de entrega de viviendas.
7. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Quinta de Decisión, a través
de la providencia del 29 de abril de 2025, confirmó el fallo de primera instancia; en la
que concluyó que «al no encontrarse una correspondencia entre lo que se pide como
sumas pendientes de pago derivadas de la presunta falta de entrega del aporte
económico por parte del municipio de Vijes y lo efectivamente acreditado con las
pruebas allegadas al plenario, no resulta posible tener por demostrado el
incumplimiento obligacional que se le pretende endilgar al referido ente territorial en el
presente caso».
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
8. La Constructora Valle Real SA solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:
[S]e conceda el Amparo del Derecho Fundamental del Debido Proceso consagrado
dentro del artículo 29 de la Constitución Nacional a CONSTRUCTORA VALLE REAL
S.A., y para tal efecto, se ordene a la JUZGADO QUINCE ADMINISTRATIVO DE
ORALIDAD DE CALI y a el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA.
1. Dejar sin efecto la Sentencia de Primera Instancia No. 154 de fecha 19 de septiembre
de 2022 del JUZGADO QUINCE ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE CALI y la
Sentencia de Segunda Instancia No. 105 de fecha 29 de abril de 2025 del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA.
2. Se ordene proferir una decisión de remplazo que en derecho corresponde, esto es,
accediendo a las pretensiones de la demanda de CONSTRUCTORA VALLE REAL
S.A.4 [sic para toda la cita]
9. Como fundamento de sus pretensiones, la Constructora Valle Real SA aseveró
que las sentencias censuradas incurrieron en defecto fáctico porque al momento de
presentar el respectivo «incidente de perjuicios», cumplió con lo dispuesto en el
artículo 206 del Código General del Proceso (en adelante CGP), por cuanto realizó el
correspondiente juramento estimatorio, del cual se corrió traslado, sin que la parte
demandada lo objetara.
10. Afirmó que el juramento estimatorio es un medio de prueba autónomo, el cual
mientras no sea objetado por la parte contraria, «hace plena prueba y cuantía, en su
contra, tal como sucedió dentro del trámite adelantado ante el Juzgado Accionado».
De igual modo, advirtió que dentro del proceso obran las actas de entrega de los
inmuebles desarrollados por la Constructora Valle Real SA, que se encuentran
elaboradas en el formato del municipio de Vijes y suscrita por sus funcionarios a entera
satisfacción.
11. Concluyó que las autoridades accionadas omitieron dar aplicación al medio de
4 Se transcribe incluso con errores.
3
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prueba establecido en el artículo 206 del CGP, el cual surtía plenos efectos ante el
silencio de la parte demandada.
2.3. Trámite procesal
12. El despacho ponente, mediante auto del 13 de noviembre de 20255, admitió la
demanda, ordenó la notificación a las autoridades accionadas, es decir, al Juzgado
Quince Administrativo de Cali y al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y puso
en conocimiento el escrito de tutela al departamento del Valle del Cauca y al municipio
de Vijes, en su condición de terceros con interés.
2.4. Intervenciones
13. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Quinta de Decisión 6,
manifestó que el fallo cuestionado por la demandante, contrario a comportar una
violación al derecho al debido proceso, se halla fundado en las pruebas válidamente
allegadas al expediente ordinario, en los lineamientos jurisprudenciales vigentes y en
la normativa aplicable al caso. Por ende, la acción de tutela no es procedente cuando
la censura de la actora radica exclusivamente en la discrepancia con la decisión
adoptada, pues en este asunto la parte accionante pretende que se profiera un nuevo
fallo en el que se acceda a las pretensiones de la demanda, ya que no comparte las
consideraciones que resolvieron el recurso de apelación contra el fallo de primera
instancia.
14. El Juzgado Quince Administrativo de Cali7 remitió, a esta corporación, el
expediente del medio de control de controversias contractuales, sin pronunciarse sobre
los hechos y pretensiones del escrito de tutela.
15. El municipio de Vijes8 aseveró que la acción de tutela resulta improcedente,
porque la accionante cuenta con otros mecanismos ordinarios y extraordinarios de
defensa, como la nulidad procesal, la acción de revisión y el medio de control de
reparación directa por error judicial. Así mismo, carece de relevancia constitucional,
toda vez que el debate planteado se circunscribe a la interpretación del convenio
asociativo, la valoración probatoria y el cumplimiento de las obligaciones contractuales,
aspectos de carácter legal, mas no constitucional, que ya fueron analizados por los
jueces naturales, por lo que la tutela no puede convertirse en una tercera instancia.
16. Agregó que, en todo caso, no existe el defecto fáctico alegado, habida cuenta
que las autoridades judiciales valoraron en forma completa, razonable y motivada el
acervo probatorio, por lo que no se acreditó omisión, arbitrariedad y desconocimiento
alguno. En consecuencia, la tutela no puede ejercerse para reabrir el litigio.
5 Samai, índice 4.
6 Samai, incide 8.
7 Samai, índice 9.
8 Samai, índice 10.
4
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17. El departamento del Valle del Cauca9 pidió declarar su falta de legitimación en la
causa por pasiva y la improcedencia de la acción de tutela por inexistencia de
vulneración de derechos fundamentales por parte de la gobernación del Valle del
Cauca. Igualmente, afirmó que en las providencias censuradas se abordaron todos los
temas objeto de apelación, apoyadas y sustentadas en la jurisprudencia aplicables;
por ende, no se configuró ninguno de los eventos de violación del derecho fundamental
al debido proceso invocado por la Constructora Valle Real SA.
3. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
18. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por la Constructora Valle Real SA en contra
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Quinta de Decisión, y el Juzgado
Quince Administrativo de Cali.
3.2. Legitimación en la causa
19. La legitimación en la causa por activa de la Constructora Valle Real SA está
acreditada porque fue la demandante en el medio de control de controversias
contractuales en el que fueron expedidas las providencias que, a su juicio,
desconocieron su derecho fundamental al debido proceso.
20. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Sala Quinta de Decisión, y del Juzgado Quince
Administrativo de Cali, debido a que fueron las autoridades que dictaron las sentencias
objeto de controversia.
3.3. Cuestión preliminar
21. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela se dirige a
cuestionar las providencias proferidas por el Juzgado Quince Administrativo de Cali y
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Quinta de Decisión, dentro del
medio de control de controversias contractuales, lo cierto es que los argumentos que
sustentan las pretensiones de la parte actora guardan unidad de materia y se dirigen
en similares términos frente a las dos decisiones cuestionadas.
22. Por consiguiente, el estudio del presente asunto se centrará en la providencia de
segunda instancia expedida el 29 de abril de 2025 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, Sala Quinta de Decisión, toda vez que esta decisión fue la que puso
fin a la actuación judicial promovida por la Constructora Valle Real SA en contra del
municipio de Vijes.
9 Samai, índice 11.
5
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23. Por otra parte, se advierte que el departamento del Valle del Cauca solicitó su
desvinculación, al considerar que no está llamado a responder por la vulneración del
derecho fundamental al debido proceso de la parte accionante.
24. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad de
tercero, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción, toda vez que
fue llamado en garantía en el proceso de controversias contractuales con radicado
núm. 76001-33-33-015-2014-00198-00/01. Por los motivos expuestos, se negará su
solicitud.
3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
25. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado10 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede de
manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en
procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional11.
26. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
27. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales12 y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado
núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
11 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
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28. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución13.
3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
29. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional14 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que
ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
30. Así pues, la Corte Constitucional15 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en
un caso en concreto, los cuales son los siguientes:
i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico»16 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental»17;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente
un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de
interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa
sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los
particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que
permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en
una afectación grave de derechos fundamentales.
31. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la Constructora Valle Real SA, más allá de mencionar que
existió una afectación de su derecho fundamental al debido proceso, indicó
expresamente que en la decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del
ordenamiento jurídico en la valoración probatoria que, a su juicio, impidió que se
expidiera una providencia ajustada a derecho.
32. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la parte
actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
13
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
14 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
15 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
16 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
17 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
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dentro del medio de control de controversias contractuales en el que se profirió la
decisión objeto de tutela.
33. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia proferida el 29 de abril de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, Sala Quinta de Decisión, quedó ejecutoriada el 10 de mayo siguiente18, y la
demanda de tutela se presentó el 10 de noviembre de 202519, esto es, dentro del plazo
de seis meses previsto por la jurisprudencia constitucional20 y del Consejo de Estado21
como razonable.
34. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del proceso
objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra de
la decisión que le puso fin a la actuación judicial.
35. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de controversias contractuales.
36. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con el defecto fáctico y, en ese orden,
continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.
3.5. Problema jurídico
37. De acuerdo con los antecedentes expuestos, el problema jurídico a resolver es
el siguiente:
38. ¿El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Quinta de Decisión, incurrió
en defecto fáctico y, en consecuencia, vulneró el derecho fundamental al debido
proceso de la Constructora Valle Real SA, con la sentencia del 29 de abril de 2025,
que confirmó el fallo del 19 de septiembre de 2022, proferido por el Juzgado Quince
Administrativo de Cali, en el medio de control de controversias contractuales
promovido por ella y orientado a obtener el pago de las obligaciones adquiridas por el
municipio de Vijes mediante el convenio asociativo que suscribieron el 24 de abril de
2008 para el desarrollo del proyecto de «Urbanización Balcones de Vijes Etapa Manuel
José Reina Collazos»?
18 Samai, índice 9, 17Constancia Ejecutoria. Según constancia emitida por el secretario del Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, la sentencia fue «notificada a las partes personalmente el día 02 de mayo de 2025, de
conformidad con lo establecido en el artículo 52 del decreto 2080 de 2021 que modificó el artículo 205 del CPACA,
el término de dos días transcurrió durante los días 05 y 06 de mayo de 2025, por lo que el término [de ejecutoria]
corrió los días 07, 08 y 09 de mayo de 2025 (Los días 03 y 04 de mayo no fueron laborales)».
19 Samai, índices 1 y .2
20 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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39. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades del defecto fáctico invocado; y
ii) el caso concreto.
3.6. Generalidades del defecto fáctico invocado
40. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»22. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia directa
en la decisión23» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos dimensiones:
una positiva y otra negativa.
41. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia
y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa
una valoración por “completo equivocada”»24. Por su parte, la dimensión negativa se
presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran los
medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del
caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes que
sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en aquellos
casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»25.
42. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:
(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones en
contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de
conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del
proceso26.
43. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial27, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma concreta,
las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez que este
«no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
22 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
23
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
24 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
25 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
26 Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
27 Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
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probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas
generales de competencia»28.
44. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas en
cada caso:
50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta –
siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los materiales
probatorios. […]
51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento objetivo.
Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio capricho o
voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas de manera
integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna prueba en
relación con otras, sin que exista justificación para ello.
52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]29.
3.7. Caso concreto
45. En el asunto bajo estudio, la Constructora Valle Real SA presentó demanda de
controversias contractuales en contra del municipio de Vijes, con el propósito de que
(i) se declarara que este incumplió la obligación de ejecutar el «Convenio Asociativo
Municipio de Vijes, Valle – Constructora Valle Real S.A. – Urbanización Balcones de
Vijes Etapa Manuel José Reina Collazos» suscrito el 24 de abril de 2008, cuyo objeto
era desarrollar el proyecto de vivienda de interés prioritario denominado «Urbanización
Balcones de Vijes Etapa Manuel José Reina Collazos», conformado por 112 unidades
de vivienda; y (ii) se ordenara pagar la suma de $ 122.810.179, por concepto del aporte
económico al que el ente territorial se comprometió, que también la estableció en el
acápite de juramento estimatorio y la discriminó, en síntesis, así:
Concepto Valor
44 subsidios de vivienda no entregados de $2.000.000 cada uno $ 88.000.000
«Inconveniente jurídico» con la vivienda 39 $ 10.931.800
Subsidio en reposición de la vivienda de la señora Alicia López $ 15.444.524
Saldo pendiente de la casa 78 de la manzana E $ 829.200
Mano de obra $ 5.064.000
Subsidio municipal de 5 viviendas $ 2.540.655
Total $ 122.810.179
28 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010, criterio reiterado en sentencia SU-048 de 2022.
29 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
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Accionante: Constructora Valle Real SA
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
46. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Quinta de Decisión, emitió
sentencia de segunda instancia el 29 de abril de 2025, en la que confirmó el fallo
proferido por el Juzgado Quince Administrativo de Cali. Para efectos de determinar el
incumplimiento contractual alegado, esa corporación, en primer lugar, advirtió:
[S]e encontró acreditado con las actas aportadas al plenario por la sociedad
demandante, que si bien esta última en su calidad de constructora aportó unas actas
llamadas de entrega de 27 unidades de vivienda de interés prioritario del proyecto
«Urbanización Balcones de Vijes Etapa Manuel José Reina Collazos» en el año 2011 a
los habitantes del municipio de Vijes, lo cierto es que solo fueron allegadas al expediente
las actas de «recibo a satisfacción» de 19 de aquellos, es decir, se evidencia una falta
de correspondencia entre lo aparentemente ejecutado y lo efectivamente recibido;
aunado al hecho de que esta diferencia se incrementa si se compara con las 112
unidades habitacionales objeto del negocio jurídico celebrado por las partes. Lo que
revela una falta de cumplimiento total del objeto del negocio jurídico celebrado por la
constructora demandante, esto es, la construcción y entrega de 112 viviendas de interés
prioritario.
47. Así mismo, el tribunal estimó que no obraba prueba alguna que acreditara que el
municipio de Vijes se encontraba en mora de entregar el aporte económico a que este
se comprometió como contraprestación por la construcción de las unidades
habitacionales de interés prioritario materia del contrato celebrado, en particular por
las 19 unidades con acta de recibo a satisfacción.
48. Acto seguido, el tribunal analizó cada uno de los conceptos que la sociedad
constructora dijo que aún le eran debidos por el municipio de Vijes y que en su totalidad
ascienden a la suma pretendida en la demanda, en los siguientes términos:
-Como primer concepto se menciona «cuarenta y cuatro (44) subsidios de vivienda no
entregados por valor de $88.000.000», pero no se allegó al plenario prueba alguna que
demostrara el origen de su causación, es decir, cuáles fueron las viviendas construidas
y entregadas cuya financiación por la vía de los subsidios, quedó incompleta; adicional
a ello, no puede dejarse de lado que dicho número (44) no coincide con el número de
viviendas construidas y entregadas por la demandante a los habitantes del municipio de
Vijes, que se reitera, correspondieron a 19.
• Se enlistan tres viviendas, cinco casas y una cuenta de cobro por mano de obra
respecto de las cuales se señalan saldos pendientes de pago por «inconvenientes
jurídicos, subsidio en reposición y aporte subsidio municipal», conceptos todos estos de
carácter indeterminado, ya que no se allegó al plenario documento alguno en donde
reposen y de los cuales se pueda verificar si el valor que se reclama por estos como
saldo insoluto en realidad corresponde al señalado en la demanda o si por el contrario
es menor o lo supera.
49. En relación con el llamado en garantía (departamento del Valle del Cauca), el
tribunal precisó que si bien se aportó «la carta de compromiso SV-SVD012» del 30 de
abril de 2008, con la que el llamado en garantía manifestó que financiaría en la suma
de $ 2.000.000 a cada familia postulada en el mencionado proyecto habitacional, lo
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Accionante: Constructora Valle Real SA
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cierto es que su efectividad, según se mencionó en el oficio SVD del 7 de marzo de
2011 por parte de la secretaría de vivienda y desarrollo departamental, se encontraba
supeditada a la «firma de un convenio interadministrativo entre el departamento del
Valle del Cauca y el municipio de Vijes, cuyo objeto fuera cofinanciar el proyecto
referido», pero este nunca se celebró, por lo que no se cumplió el presupuesto para la
efectividad de la obligación de cofinanciación.
50. A partir de la anterior valoración probatoria, el tribunal accionado concluyó que al
no encontrarse una correspondencia entre lo que se pidió como sumas pendientes de
pago derivadas de la presunta falta de entrega del aporte económico por parte del
municipio de Vijes y lo efectivamente acreditado con las pruebas allegadas, no
resultaba posible tener por demostrado el incumplimiento obligacional que se le
pretendía endilgar al referido ente territorial.
51. Por su parte, en el escrito de tutela la Constructora Valle Real SA sostuvo, en
resumen, que la autoridad judicial accionada no valoró el juramento estimatorio
conforme al artículo 206 del CGP, ni las actas de entrega de los inmuebles
desarrollados por la Constructora Valle Real SA, que se encuentran elaboradas en el
formato del municipio de Vijes y suscritas por sus funcionarios a entera satisfacción.
52. Sobre el particular, sea lo primero precisar que el artículo 167 del CGP prevé que
«Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el
efecto jurídico que ellas persiguen», es decir, que compete a la parte probar los hechos
sobre los cuales soporta sus pretensiones o argumentos de defensa, según el caso30.
Por lo tanto, en el asunto bajo examen a la Constructora Valle Real SA le correspondía
demostrar los elementos de la responsabilidad contractual, esto es, no solo el perjuicio
aducido, sino además el incumplimiento de la obligación a cargo del municipio
demandado.
53. Ahora bien, en lo relacionado con las actas de entrega de los inmuebles a cargo
de la Constructora Valle Real SA31, que alega no fueron valoradas, se advierte que en
la solicitud de amparo únicamente se afirmó sobre la existencia de aquellas dentro del
proceso, «las cuales se encuentran elaboradas en el formato del Municipio de Vijes y
suscrita por sus funcionarios a entera satisfacción», sin presentar reparos concretos
respecto del examen probatorio que realizó el tribunal en torno a tales documentos,
puesto que, como se trascribió en líneas precedentes, esa corporación consideró que
solo se allegaron las actas de entrega de 27 unidades de vivienda a los ciudadanos
beneficiarios del proyecto en el 2011, pero solo 19 tenían recibo de satisfacción,
cuando el objeto del negocio jurídico se contraía a 112 unidades habitacionales, lo que
evidenciaba también un incumplimiento de la demandante.
54. Así mismo, en dicha valoración probatoria se integraron las demás pruebas
obrantes en el expediente ordinario, para colegir que no existía alguna que acreditara
30 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de enero de 2024, proceso con radicado
25000-23-36-000-2012-00568-02 (61269). M. P. Nicolás Yepes Corrales.
31 Samai, índice 9, 01ExpedienteDigital-Folios1a85, pp. 44 a 116.
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que el municipio de Vijes se abstuvo de entregar el aporte económico que le
correspondía respecto de las aludidas 19 unidades de vivienda, cuyas actas de
entrega sí tenían recibo de satisfacción. Igualmente, estudió cada uno de los
conceptos reclamados en la demanda, para deducir que tampoco se allegó prueba que
corroborara su causación y, por ejemplo, de los subsidios solicitados por 44 viviendas
construidas, este número no correspondía al de las actas aportadas. Por consiguiente,
se concluyó que no era posible determinar el incumplimiento obligacional por parte del
ente territorial demandado.
55. En efecto, dentro del proceso de controversias contractuales no se evidencian
las pruebas documentales pertinentes que den certeza acerca de que el municipio de
Vijes se abstuviera de realizar los pagos reclamados frente a cada uno de los
conceptos aducidos por la constructora demandante, habida cuenta que no obran
siquiera cuentas de cobro dirigidas a esa entidad territorial por esas obligaciones que
aseguró haber ejecutado y frente a las cuales no recibió el correspondiente aporte
económico.
56. En este orden de ideas, a juicio de esta Sala, el análisis probatorio realizado por
la autoridad judicial accionada respecto de las mencionadas actas de entrega de los
inmuebles lejos de mostrar alguna situación indebida por acción u omisión, lo que en
realidad revela es que fue estricto, objetivo y apegado al contenido de los documentos
aportados a la actuación judicial, por lo que no es posible inferir que la decisión objeto
de tutela fue abiertamente contraria a derecho.
57. Por otra parte, en lo referente al juramento estimatorio32 para comprobar los
perjuicios solicitados, aunque en el fallo censurado el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, Sala Quinta de Decisión, no emitió pronunciamiento sobre el particular, en
todo caso, pese a ser un medio de prueba establecido por el CGP, lo cierto es que la
jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado33 ha sido reiterativa en
precisar que no tiene aplicación en los procesos que se adelantan ante la jurisdicción
contencioso-administrativa, en los siguientes términos:
13. Además de que la jurisprudencia ha sostenido de manera reiterada que el juramento
estimatorio no es un requisito de las demandas que se presentan ante la jurisdicción
contenciosa administrativa, el Consejo de Estado también ha dicho que el juramento
estimatorio como medio de prueba autónomo tampoco tiene aplicación en esta
jurisdicción.
En efecto, la Sección Tercera de esta Corporación, al resolver un recurso extraordinario
de revisión de una sentencia, en donde se alegaba vulneración al debido proceso, entre
otros puntos, porque no se tuvo en cuenta la tasación de perjuicios prevista en el
32
Código General del Proceso, artículo 206: «JURAMENTO ESTIMATORIO. Quien pretenda el reconocimiento de
una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento
en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba
de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se
considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación».
33 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11 de diciembre de 2024, proceso con
radicado 25000-23-36-000-2015-00812-02 (67845). M. P. William Barrera Muñoz.
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juramento estimatorio dispuesto en el artículo 206 del CGP, señaló que no es medio de
prueba para acreditar los perjuicios causados, dado que dicha norma no rige en materia
contenciosa. El punto quedó resuelto así:
“36. Por otro lado, en cuanto al argumento según el cual el fallo impugnado
desconoció el debido proceso en la medida en que no se aplicó lo dispuesto en el
artículo 206 del CGP, referente al juramento estimatorio como prueba del monto de
la indemnización pretendida por perjuicios materiales, debe advertirse que esta no
aplica al proceso contencioso administrativo.
37. El juramento estimatorio no está establecido como requisito formal de la demanda
en el artículo 162 del CPACA. Este artículo hace referencia a la estimación razonada
de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia -numeral 6
ejusdem-. Así, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo se acude a la
estimación razonada de la cuantía, pero para efectos de fijar la competencia funcional
(artículo 157 del CPACA), y no es medio de prueba para acreditar los perjuicios
causados, por manera que, al contar esta jurisdicción especializada con una
regulación expresa y propia, hace improcedente la aplicación residual del estatuto
procesal civil en lo atinente al juramento estimatorio” 34.
[…]
El juramento estimatorio como medio de prueba en el campo del derecho administrativo,
no puede tener el mismo alcance, tratamiento y aplicación que en el derecho privado,
máxime cuando la norma señala que el juramento estimatorio hará prueba del monto de
la indemnización cuando su cuantía no sea objetada por la parte contraria, por cuanto
no puede perderse de vista que está de por medio el patrimonio público como derecho
colectivo que se integra al interés general.
58. Así las cosas, no es dable únicamente con fundamento en el juramento
estimatorio tener por acreditado los perjuicios reclamados ni mucho menos los
elementos de la responsabilidad contractual, en particular el supuesto incumplimiento
de las obligaciones asumidas por el municipio de Vijes atinentes a los aportes
económicos para la financiación del proyecto de vivienda de interés prioritario, pues
dicho medio de prueba, previsto en el CGP, resulta incompatible con los intereses
generales involucrados en el proceso contencioso-administrativo, al estar concernido
el patrimonio estatal, que corresponde a un derecho colectivo.
59. Por lo tanto, aunque el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Quinta
de Decisión, no hizo referencia alguna al juramento estimatorio contenido en la
demanda interpuesta por la Constructora Valle Real SA, este hecho no tiene la entidad
suficiente de invalidar la sentencia controvertida en este trámite constitucional, toda
vez que ese medio de prueba no tiene aplicación en los procesos contencioso-
administrativos y, además, dicha corporación realizó una valoración integral de todos
los demás elementos probatorios allegados al expediente.
60. A partir de lo anterior, la Sala considera que no se configuró el defecto fáctico
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de
diciembre de 2022, Rad. 67811, M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
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invocado por la sociedad accionante, pues el estudio probatorio se desarrolló conforme
a los principios de autonomía judicial, independencia y sana crítica, en el que se
examinó el material probatorio en armonía con la normativa aplicable al caso. El hecho
de que la decisión no fuere favorable a la parte demandante no convierte la valoración
probatoria en arbitraria ni constituye, por sí sola, una vulneración del derecho
fundamental al debido proceso.
61. En este punto conviene recordar que Corte Constitucional ha precisado que: «las
diferencias en la apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico, pues
precisamente la práctica judicial demanda que los jueces adopten posturas en
circunstancias en las que se le presentan “dos interpretaciones de los hechos, diversas
pero razonables”. En esos casos, el juez natural es autónomo, su actuación se
presume de buena fe y puede valorar los elementos materiales probatorios y
decantarse por el que le resulte convincente»35.
62. En consecuencia, la valoración efectuada por el juez natural no evidencia una
omisión o apreciación arbitraria que quebrante el derecho fundamental al debido
proceso de la parte accionante.
63. En este orden de ideas, resulta oportuno precisar que los cargos de la tutela, lejos
de exponer la posible configuración del defecto fáctico, realmente están orientados a
reabrir el debate jurídico y probatorio que se surtió en el trámite de la demanda de
controversias contractuales, como si la acción de tutela se tratara de una instancia
adicional, con el único propósito de obtener un pronunciamiento que se acomode a
sus intereses y pretensiones.
4. CONCLUSIÓN
64. Por lo anterior, la sentencia del 29 de abril de 2025, dictada por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Sala Quinta de Decisión, no vulneró el derecho
fundamental al debido proceso invocado por la Constructora Valle Real SA, por cuanto
no se evidencia en su contenido un análisis arbitrario, infundado o caprichoso, ajeno a
preceptos jurídicos de orden constitucional y legal, que constituya una vía de hecho
por el defecto fáctico, que exija la intervención del juez de tutela. Por tal motivo, se
negará la solicitud de amparo invocada por la sociedad accionante.
5. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
35 Corte Constitucional, sentencia T-625 de 2016, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
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FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del departamento del Valle del
Cauca, de acuerdo con lo expuesto en esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por la
Constructora Valle Real SA en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
Sala Quinta de Decisión, y el Juzgado Quince Administrativo de Cali, de conformidad
con la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
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