Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07099-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-07099-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07099-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07099-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
10 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., diez (10) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-07099-00
Demandante ROBERTO LAUREANO TATIS PARRA
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA, SALA TERCERA DE
DECISIÓN
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Causales generales de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial. Requisito de
inmediatez. Proceso ejecutivo.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera
instancia la acción de tutela instaurada por Roberto Laureano Tatis Parra, de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 10 de noviembre de 20251, el señor Roberto Laureano Tatis Parra, a través de
apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Córdoba, Sala Tercera de Decisión, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, con
ocasión de la decisión adoptada a través de la providencia proferida el 31 de marzo
de 2025, dentro del proceso ejecutivo identificado con el radicado No. 23001-33-33-
001-2020-00202-01.
En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones2:
«Por lo tanto, conforme a los hechos y fundamentos expuestos, suplico, con el mayor respeto,
la protección de los derechos fundamentales de mi defendido invocados como vulnerados, y
en consecuencia, ruego se sirva ordenar al HONORABLE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, SALA TERCERA DE DECISIÓN, para que deje sin efectos
la sentencia de fecha 31 de marzo de 2025, proferida dentro del proceso ejecutivo de
sentencia, de radicado No. 23-001-33-33-001-2020-00202-01; dirigido contra la Nación-
Ministerio de Defensa- Policía Nacional; y se prosiga el Proceso Ejecutivo adelantado contra
dicha entidad; por lo que se ha de proferir una nueva decisión acogiendo las directrices que
ordene el despacho».
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. Roberto Laureano Tatis Parra promovió un proceso ejecutivo en contra de la
Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, con sustento en el
cumplimiento del pago de una condena impuesta a través de una sentencia
judicial a su favor.
1
SAMAI, índice 1.
2
Página 6 de la acción de tutela. SAMAI, índice 2.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07099-00
Demandante: Roberto Laureano Tatis Parra
2.2. Al proceso se le asignó el radicado No. 23001-33-33-001-2020-00202-01 y su
conocimiento le correspondió al Juzgado Quinto Administrativo de Montería,
que, mediante auto del 24 de septiembre de 2021, libró mandamiento ejecutivo
por la suma de $52’393.828.
2.3. La entidad demanda contestó la demanda y entre las excepciones propuestas,
se refirió a la compensación, en tanto que, de conformidad con lo dispuesto en
la resolución No. 1091 del 11 de marzo de 2019 de la dirección General de la
Caja de sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se estableció que el
ejecutante debía devolver la suma de $271’.167.872 a CASUR, por concepto
de asignación mensual de retiro pagado a favor del señor Laureano Tatis
Parra.
2.4. En la audiencia de la que tratan los artículos 372 y 373 del CGP, el Juzgado
Quinto Administrativo de Montería negó la excepción de compensación
alegada por la entidad ejecutada, al considerar que CASUR era una entidad
diferente a la condena en la sentencia judicial, por lo que ordenó seguir
adelante con la ejecución.
2.5. La anterior decisión fue objeto de recurso de apelación porque la parte actora
consideró que las dos entidades relacionadas para sustentar la compensación,
CASUR y la Policía Nacional, hacían parte del Ministerio de Defensa y, por
tanto, a su parecer, debía prosperar la excepción planteada. El recurso fue
concedido en el efecto devolutivo.
2.6. De igual forma, con posterioridad a lo narrado, la entidad ejecutada presentó
una solicitud de terminación del proceso por pago total de la obligación y, para
sustentar su petición, allegó la resolución No. 02600 del 21 de octubre de 2022,
a través de la cual dio cumplimiento a la sentencia judicial condenatoria en su
contra y en favor del señor Roberto Laureano Tatis Parra (incluyendo en este
acto de ejecución la compensación con CASUR).
2.7. El Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión, a través de
providencia del 31 de marzo de 2025, revocó la decisión del a quo y, en su
lugar, declaró probada la excepción de pago, por lo que dio por terminado el
proceso.
2.8. La referida providencia se notificó a través de mensaje de datos remitido al
correo electrónico de las partes el 3 de abril de 2025, razón por la cual, se
entiende que la notificación se surtió el 7 de abril de 2025, en virtud de lo
previsto en el artículo 205 del CPACA3.
3. Fundamentos de la acción
3.1. La parte actora argumentó que su demanda era procedente porque no
cuestionaba una sentencia de tutela; además, por no contar con otros medios
ordinarios o extraordinarios para recurrir la decisión cuestionada y porque el
hecho que generó la violación de los derechos invocados proviene de un error
judicial por no valorarse debidamente el material probatorio, el cual fue
inducido por la entidad ejecutada.
De igual forma, planteó varias incongruencias en relación con la liquidación,
los descuentos, las compensaciones y los trámites que adelantó la Policía
Nacional en cuanto al reconocimiento de sus derechos económicos, para
advertir que, eventualmente se produjo un enriquecimiento sin causa.
3
SAMAI del proceso ejecutivo en segunda instancia, índice No. 14.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07099-00
Demandante: Roberto Laureano Tatis Parra
Frente a estas inconsistencias, señaló que el Tribunal Administrativo de
Córdoba, Sala Tercera de Decisión, no se percató que, al aplicar de manera
oficiosa la terminación del proceso por el pago de la obligación, por considerar
que en el caso en particular se estaría percibiendo una doble asignación del
erario, se aplicó de cierta forma la figura de la compensación de deudas, frente
a la cual, contradictoriamente, señaló en la misma providencia que no era
procedente.
A juicio de la parte actora, no era viable declarar probado el pago de la
obligación por la incertidumbre de la supuesta doble asignación que recibió el
beneficiario de la sentencia judicial que sirvió de título ejecutivo, por lo que, al
proferir esa decisión, la autoridad judicial accionada incurrió en un error
judicial.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. El 14 de noviembre de 2025, el despacho ponente admitió la acción de tutela
interpuesta por el señor Roberto Laureano Tatis Parra, por conducto de
apoderado judicial, en contra del Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala
Tercera de Decisión y, además, vinculó, en calidad de terceros con interés, a
la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, como entidades ejecutadas
y al Juzgado Quinto Administrativo de Montería, que conoció del proceso en
primera instancia.
De igual forma, se reconoció como apoderado judicial de la parte actora al
abogado Francisco Javier Herrera.
4.2. El Ministerio de Defensa – Policía Nacional solicitó no conceder las
pretensiones de la demanda, al considerar la improcedencia de la acción, en
tanto que no se advirtió ninguna vulneración de derechos fundamentales ni
ningún hecho constitutivo de un perjuicio irremediable.
Ni la parte demandada ni la autoridad judicial vinculada como tercero con
interés se manifestaron frente a la presente acción constitucional.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19914, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales5
4
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
5
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07099-00
Demandante: Roberto Laureano Tatis Parra
y especiales6 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional7 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por ello, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.
3. Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con lo anterior y por tratarse de una acción de tutela contra providencias
judiciales, la Sala deberá determinar, en primer lugar, si la acción de tutela supera
el examen general de procedibilidad, en especial el requisito de inmediatez.
En caso de superar dicho examen, el problema jurídico se dirigirá a establecer si el
Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión, incurrió en la
vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte actora al proferir
la providencia que es objeto de cuestionamiento, en el proceso ejecutivo identificado
con el radicado No. 23001-33-33-001-2020-00202-01.
4. Alcance del requisito general de procedibilidad de la inmediatez y
análisis en el caso en concreto
4.1. La Corte Constitucional8 ha señalado que si bien no es posible establecer un
término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela, debe
existir un término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en
riesgo de los derechos fundamentales del actor y la presentación de la
demanda, ya que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no
sólo tiene que ver con la urgencia en la protección de las garantías
constitucionales de una persona, sino también con el respeto de la seguridad
jurídica y de los derechos de los terceros afectados9.
En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca
que la acción se presente en un término razonable contado desde el
momento en que se tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los
derechos fundamentales y no un término de caducidad. Justamente, porque
la tutela es un medio excepcional para la protección pronta y eficaz, es que
se requiere que se ejerza en un tiempo prudencial.
Precisamente, en razón a que el análisis de la procedencia de tutela contra
providencias judiciales debe ser más riguroso, la Sala Plena del Consejo de
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
6
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
7
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
8
Corte Constitucional, sentencia T- 123 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
9
Corte Constitucional. sentencia T-594 de 2008: «el requisito de inmediatez tiene una relevancia particular en los casos de
tutela contra providencias judiciales, de manera que la verificación de su cumplimiento debe ser aún más estricta que en
otros casos, por cuanto la firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente».
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07099-00
Demandante: Roberto Laureano Tatis Parra
Estado 10 fijó como plazo razonable para la interposición de la acción, un
término de seis meses contados a partir de la notificación de la providencia
judicial enjuiciada, por considerarlo un término prudencial para que el
interesado interponga la acción. Límite temporal que también ha sido acogido
por la Corte Constitucional11.
Dicho término razonable para ejercer la acción de tutela se estableció en
consideración a «la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la
interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la
tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza
y estabilidad»12.
Sin embargo, dicha providencia también acudió a unas pautas, para examinar
las excepciones a esa regla general, indicando que se debe analizar también
«(…) (i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad
justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión;
(iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los
derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió
después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier
forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición».
Sobre este punto, en la sentencia SU-391 de 2016, la Corte Constitucional
aseguró que «No existen reglas estrictas e inflexibles para la determinación de la
razonabilidad del plazo, sino que es al juez de tutela a quien le corresponde evaluar, a la luz
de las circunstancias de cada caso concreto, lo que constituye un término razonable»13. Por
ende, para analizar si este requisito se cumple o no, la Corte Constitucional
brindó cinco criterios: (i) la situación personal del peticionario; (ii) si la
vulneración de derechos fundamentales se extiende en el tiempo; (iii) la
naturaleza de la vulneración; (iv) la actuación contra la que se dirige la tutela;
y (v) los efectos de la tutela.
Así las cosas, tanto las reglas fijadas en la sentencia SU-391 de 2016 como
en la providencia del Consejo de Estado son válidas para estudiar el
presupuesto de la inmediatez. Por esto, el estudio del requisito de inmediatez,
además de considerar el lapso de seis meses, debe consultar los demás
criterios establecidos en la jurisprudencia constitucional, de manera tal, que
caso a caso se estudie el cumplimiento de este requisito, atendiendo a sus
particularidades, sin que el solo paso del tiempo constituya el criterio exclusivo
para efectuar ese estudio.
4.2. Descendiendo al caso en concreto, se evidencia que el accionante cuestionó
la providencia dictada por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera
de Decisión, el 31 de marzo de 2025, dentro del proceso ejecutivo identificado
con el radicado 23001-33-33-001-2020-00202-01, a través de la cual revocó
la decisión del a quo y, en su lugar, declaró probada la excepción de pago, por
lo que dio por terminado el proceso. Esta decisión se notificó mediante
mensaje de datos remitido al buzón de correo electrónico de las partes, el 3
de abril de 2025, de conformidad con los registros y la constancia que reposa
en el sistema de gestión SAMAI14, por lo que, en virtud de lo previsto en el
artículo 205 del CPACA, se entiende como notificada el 7 de abril de 2025.
Así las cosas, como la demanda de tutela se radicó el 10 de noviembre de
2025, si se tiene en cuenta la fecha en la que se notificó la providencia
proferida en el proceso ejecutivo en segunda instancia, para la Sala es claro
que se excedió el término considerado como razonable para acceder a la tutela
10
Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
11
Sentencia T-031 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
12
Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014.
13
Corte Constitucional. Sentencia de unificación SU-391 de 2016.
14
SAMAI del proceso ejecutivo en segunda instancia, índice No. 14.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07099-00
Demandante: Roberto Laureano Tatis Parra
como mecanismo de protección de derechos fundamentales, cuando lo que se
cuestiona es el contenido de providencias judiciales, en tanto que
transcurrieron 7 meses y 2 días desde que el accionante tuvo conocimiento
del supuesto escenario de vulneración y la fecha en la que ejerció la acción
constitucional.
4.3. Al respecto, conviene recordar que la tesis pacífica de esta Sala consiste en
que el requisito de inmediatez, cuando la acción de tutela se interpone contra
providencias judiciales, se computa desde que el accionante tuvo
conocimiento de la decisión que acusa, es decir, desde la notificación de la
providencia judicial que se cuestiona, pues es en ese momento en el que
adquiere conocimiento del presunto escenario de vulneración
iusfundamental15.
En línea con lo expuesto y de conformidad con la jurisprudencia, tanto de la
Corte Constitucional como del Consejo de Estado, esta Sala no desconoce
que el solo paso del tiempo no es requisito suficiente para declarar la
interposición tardía de la acción de amparo dado que pueden existir
situaciones que justifiquen la inacción de la parte demandante, esto al
reconocer que no existen reglas inflexibles; no obstante, al analizar las
particularidades del asunto objeto de estudio, según lo esgrimido en la
demanda de tutela, no se evidencia argumento alguno dirigido a justificar la
inacción de los demandantes por más de 6 meses, considerado este como el
término razonable para ejercer la acción constitucional.
Como consecuencia de lo anterior, al revisar las pautas establecidas por la
Sala Plena del Consejo de Estado y por la Corte Constitucional 16 no se
encuentra acreditada en este caso una situación que justifique la interposición
de la acción de tutela por fuera de término establecido como razonable para
ello, por lo que resulta evidente que la acción interpuesta no cumplió con el
requisito de procedibilidad de inmediatez.
5. Conclusión
Por todo lo expuesto, la Sala considera que la acción de tutela no supera el requisito
de inmediatez, en la medida en que se interpuso por fuera del término de 6 meses,
considerado por la jurisprudencia como razonable para acudir al juez constitucional
en procurar de la protección de derechos fundamentales, con ocasión de la
expedición de providencias judiciales y, además, porque tampoco se acreditó una
circunstancia particular que le impidiera a la parte actora acudir a este mecanismo
constitucional, razón por la cual se declarará la improcedencia del amparo
solicitado.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por Roberto
Laureano Tatis Parra, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte
considerativa de este fallo.
15
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta del Consejo de Estado. Sentencia de tutela
del 21 de agosto de 2019. Proceso Nro. 11001-03-15-000-2019-01555-01. M.P. Julio Roberto Piza; sentencia de tutela
del 8 de octubre de 2020. Proceso Nro. 11001-03-15-000-2020-03474-00. M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez (e).
16
Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU-391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, sentencia T-246 de 2015
M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, sentencia T-594 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño, sentencia T-158 de 2006
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T-1110 de 2005 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia SU-961
de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07099-00
Demandante: Roberto Laureano Tatis Parra
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.