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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07114-01

Fecha
20 de abril de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07114-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR el fallo dictado el 29 de enero de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-07114-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

20 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07114-01
Accionante: César Augusto Ramírez Rodríguez
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Declara
improcedencia por falta de inmediatez y relevancia constitucional

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia proferida el 29 de enero de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 11 de noviembre de 2025, el señor César Augusto Ramírez Rodríguez instauró

acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Meta, la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado, la Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones- y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, en busca
de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso
a la administración de justicia, dignidad humana, igualdad, seguridad social, así
como los principios de seguridad jurídica y legalidad.

2. Como sustento fáctico, relató que en ejercicio del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho, promovió demanda1 contra Colpensiones, con el
propósito de que se declarara la nulidad del acto administrativo mediante el cual se
negó la reliquidación de su pensión de vejez, que pretendía se efectuara con
inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios.

3. Señaló que en la sentencia de 29 de julio de 2019, el Tribunal Administrativo del

Meta revocó la decisión de primera instancia2 que accedió a las pretensiones de la
demanda. En su lugar, dispuso negarlas, tras estimar que al accionante no le asistía
el derecho a la reliquidación pensional en los términos solicitados.

1 Con radicado número 50001-33-33-003-2017-00182-01.
2 El fallo fue dictado el 3 de julio de 2018 por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07114-01
Accionante: César Augusto Ramírez Rodríguez
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

4. Contra dicha decisión, el actor interpuso recurso extraordinario de revisión3, con
fundamento en la causal 7 del artículo 250 del CPACA.

5. Indicó que a través de fallo del 2 de octubre de 2025, la Subsección B de la Sección

Segunda del Consejo de Estado declaró infundado el recurso. Para tal efecto, la
autoridad judicial precisó que la causal invocada solo procede contra sentencias que
reconozcan una prestación económica a favor de una persona que no tenía derecho
a ella o que lo hubiese perdido con posterioridad a la adopción de esa decisión,
supuesto que no se configuraba en el caso concreto, toda vez que en la providencia
objeto de revisión no se debatió el derecho del actor a acceder a la pensión, sino la
forma de calcular su cuantía.

6. En el escrito de tutela, la parte accionante cuestionó tanto la sentencia del 29 de

julio de 2019, como la del 2 de octubre de 2025.

7. En lo que respecta a la primera de ellas, sostuvo que el Tribunal accionado incurrió

en un defecto sustantivo, por cuanto desconoció el parágrafo 5º del artículo 48 de la
Constitución, así como lo dispuesto en la Ley 33 de 1985. A su juicio, la debida
aplicación de dichas normas llevaba a considerar que su pensión debía ser liquidada
con base en los factores salariales devengadas en el último año de servicios. Ello,
por cuanto su vinculación al INPEC ocurrió con anterioridad a la entrada en vigencia
del Decreto 2090 de 2003, razón por la cual no le era aplicable el régimen previsto
en la Ley 100 de 1993 para determinar el ingreso base de liquidación de su mesada
pensional.

8. Afirmó que el Tribunal fundamentó su decisión en una circular de Colpensiones

sustentada en la sentencia C-258 de 2013, la cual se refirió al régimen pensional de
los congresistas y no al de los funcionarios del INPEC, por lo que, en su criterio,
dicha providencia tampoco resultaba aplicable a su caso.

9. Agregó que en la sentencia T-012 de 2022, la Corte Constitucional se pronunció

sobre el régimen pensional aplicable al personal del INPEC y, con fundamento en
ello, concluyó que el Tribunal Administrativo del Meta incurrió en un defecto
sustantivo al exigir el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Decreto
2090 de 2003 y en la Ley 100 de 1993, en lugar de aplicar las previstas en el
parágrafo 5º del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005, resaltando la prevalencia
del principio de favorabilidad en materia laboral.

10. Indicó que el caso analizado en dicha providencia guarda identidad fáctica con el

suyo, comoquiera que allí se estudió la situación de una persona que laboró en el
INPEC, en condiciones similares de cargo, grado y funciones, con la diferencia de
que aquella se posesionó el 18 de agosto de 1993, es decir, dos años después de
su vinculación.

3 Tramitado bajo el radicado 11001-03-25-000-2020-00722-00.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07114-01
Accionante: César Augusto Ramírez Rodríguez
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

11. Arguyó que, pese al cambio jurisprudencial, su pensión no ha sido reliquidada, lo

que implica que persista la vulneración de sus derechos fundamentales. Por ende,
aseveró que mientras subsista la afectación alegada, no puede predicarse la
existencia de una cosa juzgada.

12. Añadió que el Tribunal Administrativo del Meta modificó su postura sobre el asunto

en cuestión en la sentencia del 14 de agosto de 2025, proferida dentro del proceso
50001-33-33-008-2023-00287-01.

13. Bajo ese escenario, manifestó que en el presente asunto no resulta exigible el

cumplimiento del requisito de inmediatez, a la luz del precedente constitucional
referido.

14. En cuanto a la sentencia del 2 de octubre de 2025, reprochó que la Subsección B

de la Sección Segunda de esta Corporación haya desestimado la causal de revisión,
sin otorgarle la posibilidad de controvertir la decisión mediante recurso alguno,
coartando su derecho a la réplica y a la doble instancia.

15. Con fundamento en lo expuesto, solicitó que se dejara sin efectos la sentencia del

29 de julio de 2019. De forma subsidiaria, pidió que se ordenara tramitar y decidir
nuevamente el recurso extraordinario de revisión.

B. Sentencia de primera instancia

16. Mediante providencia del 29 de enero de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de

Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela. En cuanto a los reparos
formulados en contra de la providencia del 29 de julio de 2019, consideró que no se
cumplía el requisito de inmediatez.

17. Lo anterior, por cuanto la demanda se presentó más de seis años después de

haberse notificado dicha decisión, sin que el actor hubiese acreditado razones que
justificaran el ejercicio tardío de la acción. Al respecto, señaló que la interposición
del recurso extraordinario de revisión no le impedía promover oportunamente el
mecanismo de amparo, en tanto los defectos endilgados en el escrito de tutela no se
enmarcan en ninguna de las causales de procedencia del recurso.

18. A su vez, estimó que no era posible contabilizar el término de inmediatez desde

la providencia que declaró infundado el recurso, comoquiera que este constituye un
trámite autónomo al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

19. En lo que respecta a los cuestionamientos dirigidos contra la sentencia del 2 de

octubre de 2025, concluyó que no satisfacían el presupuesto de relevancia
constitucional, dada su insuficiencia argumentativa.

C. Impugnación

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07114-01
Accionante: César Augusto Ramírez Rodríguez
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

20. La parte accionante sostuvo que, al declarar la improcedencia del mecanismo de

amparo por falta de inmediatez, el juez de primera instancia desconoció que
previamente ya había interpuesto una acción de tutela contra la sentencia del 29 de
julio de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, la cual fue tramitada
en esta Corporación bajo el radicado 11001-03-15-000-2019-04604-00/01. En ese
orden, afirmó que en su momento acudió oportunamente al juez constitucional, por
lo que no resultaba exigible nuevamente el cumplimiento del requisito de inmediatez.

21. Agregó que, en todo caso, resultaba razonable esperar el pronunciamiento del

Consejo de Estado en sede del recurso extraordinario, por cuanto no se trataba de
un asunto ajeno o independiente, sino de un mismo problema jurídico que se ha
mantenido desde el inicio del reconocimiento pensional y que ha sido objeto de
debate en las distintas instancias judiciales.

22. Manifestó que el presupuesto de inmediatez no fue establecido por el legislador,

sino jurisprudencialmente, por lo que no puede erigirse en una barrera formal que
impida el estudio de fondo sobre la vulneración alegada. Ello, en aplicación del
principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas.

23. Por otro lado, reiteró que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de

Estado, al declarar infundado el recurso extraordinario de revisión, no le permitió
impugnar la decisión, cercenando su derecho a la doble instancia.

II. CONSIDERACIONES

D. Competencia

24. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar

su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

E. Análisis del caso concreto

25. Esta Subsección confirmará el fallo impugnado, tras constatar que la solicitud de

amparo resulta improcedente, por las razones que se exponen a continuación.

26. En lo que atañe a los planteamientos formulados contra el fallo del 29 de julio de

2019 dictado por el Tribunal Administrativo del Meta, la Sala considera oportuno
precisar que si bien en la impugnación el accionante manifestó haber interpuesto
previamente una acción de tutela contra dicha decisión, en el presente asunto no se
configura la cosa juzgada constitucional, ni se advierte un actuar temerario.

27. Según la jurisprudencia constitucional, la cosa juzgada constitucional se presenta

cuando concurren los siguientes elementos: (i) que el accionante acuda nuevamente
al juez constitucional alegando la vulneración de derechos fundamentales por parte
de una misma autoridad, con fundamento en los mismos hechos y persiguiendo un

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07114-01
Accionante: César Augusto Ramírez Rodríguez
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

objeto idéntico; (ii) que la nueva tutela se haya instaurado con posterioridad a la
ejecutoria de la sentencia que resolvió el fondo del asunto; y (iii) que en el proceso
de tutela anterior se hubiera surtido el trámite de selección ante la Corte
Constitucional4.

28. No obstante, el Alto Tribunal ha admitido, de forma excepcional, la posibilidad de

desvirtuar la cosa juzgada constitucional, aunque se compruebe la triple identidad,
cuando se acreditan hechos nuevos que justifiquen la procedencia de una nueva
acción. En todo caso, ha sido enfática en precisar que no cualquier circunstancia
sobreviniente habilita un nuevo pronunciamiento de fondo, pues ello implicaría
permitir el uso indefinido del mecanismo de amparo con el solo transcurso del
tiempo, en detrimento de los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. En tal
sentido, los hechos nuevos deben tener una incidencia directa y relevante en las
razones que sustentaron la decisión previamente adoptada.

29. Por su parte, la actuación temeraria se configura cuando una misma persona o

su representante interpone la misma demanda de tutela ante varias autoridades
judiciales, de manera simultánea o sucesiva, sin que medie una justificación
razonable para ello, conforme lo establecido en el artículo 38 del Decreto 2591 de
1991.

30. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional5, a efectos de examinar el
ejercicio temerario en la acción de tutela, se debe verificar la concurrencia de dos
elementos: (i) la identidad de partes, objeto y causa respecto al proceso de tutela
anterior; y (ii) la ausencia de justificación válida que explique la presentación de una
nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de mala fe por parte del
demandante.

31. En esa línea, la Corte ha precisado que pueden existir eventos en los que aun

cuando se presenta la triple identidad no se configura un actuar temerario por parte
del demandante, debido a que la acción de tutela interpuesta por segunda vez se
presenta de buena fe.

32. En suma, la cosa juzgada constitucional y la temeridad constituyen dos
fenómenos jurídicos distintos que se configuran a partir de la presentación reiterada
de acciones de tutela por la misma persona, fundada en los mismos hechos y las
mismas pretensiones. Sin embargo, para que se acredite un ejercicio temerario se
requiere la constatación del ejercicio abusivo del amparo constitucional.

33. De los elementos de juicio obrantes en el plenario, se constata que con
anterioridad a la interposición de la presente acción, el demandante ya había
acudido al juez de tutela invocando la protección de sus derechos fundamentales,
con fundamento en la sentencia del 29 de julio de 2019 proferida por el Tribunal

4 Al respecto, ver sentencias T-219 de 2018, SU-027 de 2021, T-504 de 2024 y T-093 de 2025.
5 Al respecto, ver sentencias T-548 de 2017, SU-027 de 2021 y T-434 de 2022, entre otras.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07114-01
Accionante: César Augusto Ramírez Rodríguez
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

Administrativo del Meta, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho que impetró contra Colpensiones.

34. En esa oportunidad, el actor sustentó la vulneración alegada en un presunto
desconocimiento del precedente, particularmente de la sentencia de unificación del
4 de agosto de 2010 dictada por la Sección Segunda de esta Corporación. En
consecuencia, solicitó dejar sin efectos la providencia cuestionada.

35. El conocimiento de dicha acción correspondió a la Sección Quinta del Consejo de

Estado, la cual, mediante sentencia del 14 de noviembre de 2019, negó la solicitud
de amparo, tras no encontrar acreditada la vulneración de los derechos invocados.
Esa decisión fue confirmada por la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación, a través de fallo del 20 de enero de 2020.

36. Visto lo anterior, en lo que respecta a los reproches formulados contra la sentencia

del 29 de julio de 2019, si bien existe identidad de partes y de objeto entre el proceso
de tutela anterior y el que ahora es objeto de estudio, no ocurre lo mismo en relación
con los hechos que sustentan la solicitud de amparo, pues en el presente asunto el
actor alegó la existencia de circunstancias nuevas que habilitan nuevamente el
ejercicio del mecanismo de amparo.

37. En su relato, el accionante puso de presente los siguientes hechos ocurridos con

posterioridad a la interposición de la primera acción: la expedición de la sentencia
T-012 de 2022 de la Corte Constitucional, el fallo del 14 de agosto de 2025 dictado
por el Tribunal Administrativo del Meta, así como la providencia del 2 de octubre de
2025, a través de la cual al Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación
declaró infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la decisión
que objeta nuevamente en sede de tutela.

38.La jurisprudencia constitucional6 ha precisado que, cuando se invoca como hecho

nuevo la expedición de una sentencia, no cualquier decisión tiene la entidad para
desvirtuar la cosa juzgada.

39. Las providencias a las que se hace mención en la tutela, dictadas por la Corte

Constitucional y el Tribunal Administrativo del Meta, no tienen la entidad suficiente
para desvirtuar la cosa juzgada, en tanto no se precisa, respecto a la primera, la
razón por la cual puede ser considerada como precedente. Se omite acreditar que
aborde una situación fáctica y jurídica asimilable, y que desarrolle una ratio
decidendi novedosa y relevante para el caso. En cuanto a la proferida por el
Tribunal, no es de recibo que un cambio en el criterio de dicho órgano colegiado o
de alguna de sus salas, habilite un nuevo estudio de casos ya resueltos.

40. La decisión que resolvió el recurso extraordinario de revisión sí constituye un

hecho nuevo para el caso concreto, pues incide de manera directa y relevante en la
situación del accionante, como quiera que en dicho trámite se controvirtió la

6 Al respecto, ver sentencias SU-027 de 2021 y T-093 de 2025, entre otras.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07114-01
Accionante: César Augusto Ramírez Rodríguez
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

sentencia cuestionada, aunque no bajo los mismos cargos planteados en esta
acción.

41. En tales condiciones, se descarta la presencia de la cosa juzgada e, incluso, de

la temeridad, pues fue precisamente la convicción del accionante de que la referida
circunstancia sobreviniente lo facultaba para acudir nuevamente al juez
constitucional, lo que denota un proceder de buena fe. Si bien el actor no mencionó
en la demanda la existencia del proceso de tutela anterior, si lo puso de presente en
el escrito de impugnación, de ahí que no se evidencie un interés en ocultar esa
situación o una mala intención.

42. No obstante, aun cuando para esta Sala no se configura la cosa juzgada, ni la

temeridad, el amparo solicitado con ocasión del fallo del 29 de julio de 2019 deviene
improcedente por no satisfacer el requisito de inmediatez.

43. Según la información que reposa en la página web de consulta de procesos de la

Rama Judicial, dicha sentencia fue notificada a los sujetos procesales el 12 de
septiembre de 2019, mientras que la demanda de tutela se presentó el 11 de
noviembre de 2025, es decir, más de seis años después, lo que excede de manera
considerable el término que la jurisprudencia de esta Corporación ha estimado como
plazo razonable para acudir al juez constitucional.

44. Aunado a lo anterior, el accionante no ofreció alguna razón válida que justificara

el ejercicio tardío de la acción.

45. El hecho de que la acción de tutela anterior se hubiera presentado oportunamente

no implica, como pretende el actor, que en esta nueva solicitud no resulte exigible el
cumplimiento del requisito de inmediatez. Dicho presupuesto constituye una
condición de procedencia que debe verificarse de manera autónoma en cada caso
concreto, de modo que la circunstancia de haber acudido previamente al juez
constitucional no exonera al accionante de acreditar su cumplimiento en una nueva
acción.

46. Tampoco puede sostenerse que no hay lugar a exigir la acreditación de dicho

requisito por el hecho de haber sido desarrollado vía jurisprudencia y no consagrado
expresamente por el legislador, habida cuenta que el precedente también tiene
carácter vinculante, por lo que resulta de obligatorio cumplimiento.

47. La circunstancia de que se encontrara en curso el recurso extraordinario de
revisión interpuesto contra la sentencia cuestionada tampoco constituye una razón
suficiente para excusar la tardanza en la interposición de la acción de tutela, pues,
como ya se anotó, en dicho trámite se plantearon cargos distintos a los que se
formularon en la presente acción.

48. Enel recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, el demandante
invocó la configuración de la causal 7 del artículo 250 del CPACA, bajo el argumento
de que, de no haber sido por las sentencias de la Corte Constitucional, en las cuales

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07114-01
Accionante: César Augusto Ramírez Rodríguez
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

el Tribunal Administrativo del Meta sustentó su decisión, se habría ordenado la
reliquidación de su prestación, con la aplicación integral del régimen especial.

49. A juicio del recurrente, aunque adquirió el estatus de pensionado el 19 de agosto

de 2013, fecha en la cual únicamente se exigía como requisito 20 años de servicio,
conforme la Ley 33 de 1985, con posterioridad a ello, sobrevinieron, como causales
legales para la pérdida del derecho a la reliquidación, las sentencias dictadas por la
Corte Constitucional.

50. En contraste, en la presente acción se alegó la ocurrencia de un defecto
sustantivo por el presunto desconocimiento del parágrafo 5º del artículo 48 de la
Constitución, así como lo dispuesto en la Ley 33 de 1985.

51. Aunque el tutelante también sustentó su pretensión en la supuesta existencia de

un cambio de jurisprudencia, lo cierto es que el defecto sustantivo que ahora alega
podía haber sido planteado desde un inicio. En ese sentido, no se explica por qué
debía supeditar la interposición del mecanismo de amparo a la decisión del referido
recurso, cuando lo cierto es que en ese trámite no se iban a examinar los mismos
reproches que ahora se someten a consideración del juez constitucional.

52. Por consiguiente, aun cuando se controvertía la misma providencia, el hecho de

que los cuestionamientos fueran distintos descartaba la necesidad de esperar su
resolución, máxime si se tiene en cuenta que la acción de tutela fue concebida como
un mecanismo de protección inmediata y urgente de los derechos fundamentales.

53. Bajo ese escenario, la Sala no encuentra razones para flexibilizar el requisito de

inmediatez de cara a las objeciones planteadas en contra de la sentencia del 29 de
julio de 2019, lo que conduce a la improcedencia del mecanismo de amparo en lo
que atañe a dicho aspecto.

54. De igual forma, los reparos dirigidos contra el fallo del 2 de octubre de 2025,

dictado por la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación resultan
improcedentes, por no satisfacer el requisito general de relevancia constitucional,
dada su falta de carga argumentativa.

55. Para fundamentar la vulneración alegada, el accionante se limitó a afirmar que en

dicha providencia la autoridad judicial declaró infundado el recurso extraordinario de
revisión sin otorgarle la posibilidad de interponer recursos contra esa decisión. No
obstante, omitió exponer de manera concreta y precisa la norma procesal
presuntamente desatendida que sustentaría tal afirmación, es decir, no explicó en
qué consistía la irregularidad procedimental alegada ni identificó las disposiciones
que, en su criterio, imponían la posibilidad de recurrir la decisión.

56. Cabe recordar que, tratándose de acciones de tutela contra providencias
judiciales, no basta con alegar la configuración de un yerro en la decisión
impugnada, sino que este debe estar justificado, lo que impone el deber de exponer
con suficiencia los motivos que, desde una perspectiva constitucional, revelen una

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Accionante: César Augusto Ramírez Rodríguez
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

afectación a los derechos fundamentales cuya protección se reclama, lo que se echa
de menos en esta oportunidad.

57. Esa insuficiencia argumentativa cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta

que la sentencia objetada fue proferida por una Alta Corte, cuyas decisiones gozan
de un margen interpretativo amplio que obliga a aceptar sus interpretaciones, incluso
cuando el juez de tutela discrepe de ellas, lo que a su vez impone al actor una carga
argumentativa aún más exigente, encaminada a demostrar la ocurrencia de un vicio
de tal magnitud que resulte manifiestamente contrario al mandato superior.

58. Por lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia del 29 de enero de 2026 proferida

por la Sección Cuarta de esta Corporación.

59. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo dictado el 29 de enero de 2026 por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE7
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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