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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-07123-01

Fecha
20 de abril de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2025-07123-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

20 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07123-01 (3473)
Accionante: Ángela del Socorro Galvis Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de reparación directa.
Subtema 2: caducidad. Subtema 3: defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento
del precedente.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por Ángela del Socorro Galvis Rodríguez, en contra de
la sentencia del 19 de febrero de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Cuarta.

1. Síntesis del caso

La señora Ángela del Socorro Galvis Rodríguez presentó acción de tutela con la
pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso
a la administración de justicia y a la igualdad, que consideró vulnerados con ocasión
de la sentencia del 8 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del
Cauca, dentro del expediente de reparación directa con radicado núm. 19001-33-
33-001-2016-00101-02.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07123-01 (3473)
Accionante: Ángela del Socorro Galvis Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca

2. El señor Rubén Darío Fernández González fue miembro de la junta municipal
del partido político Unión Patriótica y se desempeñó como concejal del municipio de
Santander de Quilichao desde el año 1986 hasta el momento de su fallecimiento.

3. El señor Fernández González falleció, el 7 de noviembre de 1989, debido a los
disparos que recibió por parte de hombres armados que irrumpieron en su vivienda.
En los mismos hechos resultaron heridos uno de sus hijos y su cuñado, quienes
también se encontraban en el lugar.

4. La tutelante, 28 de agosto de 2025, presentó solicitud de conciliación
extrajudicial ante la Procuraduría General de la República. Dicho trámite finalizó con
la constancia emitida el 11 de noviembre de 2015.

5. La señora Ángela del Socorro Galvis Rodríguez, junto con su grupo familiar, el
26 de febrero de 2016, presentaron demanda de reparación directa en contra de la
Nación, Ministerio de Defensa Nacional, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la
Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el
departamento del Cauca y el municipio de Santander de Quilichao, con el fin de que
se declarara la responsabilidad de las demandadas y se ordenara el reconocimiento
y pago de los perjuicios causados por el fallecimiento del señor Rubén Dario
Fernández González.

6. El Juzgado Primero Administrativo de Popayán, mediante sentencia del 28 de
febrero de 2022, declaró probada la excepción de caducidad del medio de control
de reparación directa, por considerar que no se presentó la demanda dentro de los
2 años siguientes a la ocurrencia de los hechos, pues los demandantes tenían pleno
conocimiento de quién había perpetrado el asesinato del concejal desde el momento
en se causó el daño.

7. La parte actora presentó recurso de apelación contra la anterior decisión, bajo
el argumento de que para el momento en que se radicó el escrito inicial existía la
posibilidad de demandar en cualquier tiempo la reparación por acciones y omisiones
relacionadas con delitos de lesa humanidad, conforme distintos pronunciamientos
del Consejo de Estado sobre la materia, de manera que, a su juicio, la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020 no resultaba aplicable en su caso.

8. El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante providencia del 8 de mayo de
2025, confirmó en todas sus partes el fallo de primera instancia, al considerar que
los demandantes no acudieron oportunamente a la jurisdicción. Dicha conclusión se
sustentó en el análisis del caso a partir de dos escenarios temporales: el primero,
contado desde la ocurrencia de los hechos en 1989, y el segundo, un tanto más
favorable para los demandantes, calculado a partir del año 2009, fecha en la cual
se presentó la correspondiente reclamación ante la Fiscalía General de la Nación.

9. Además, la sentencia del Tribunal explicó que: (i) no había lugar a readecuar el
trámite en los términos de la sentencia SU-167 de 2023, pues las razones de la
apelación propuestas recaían en la inaplicación de la sentencia de unificación del
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07123-01 (3473)
Accionante: Ángela del Socorro Galvis Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca

Consejo de Estado en materia de caducidad, (ii) en esa misma sentencia la Corte
validó la aplicación del término de caducidad en casos en los se persigue la
reparación del daño ocasionado por delitos de lesa humanidad y (iii) reiteró que la
decisión de unificación de la Sección Tercera de 29 de enero de 2020 era aplicable
al caso.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

10. La parte actora solicitó en el escrito de tutela1 lo siguiente:

PRIMERO: Dejar sin efecto la sentencia del 08 de mayo de 2025, proferida por el
Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca - Sala de Decisión No. 006 -Sistema
Oral, dentro del proceso de Reparación Directa con radicación 19-001-33 33-001-2016-
00101-02.

SEGUNDO: Ordenar al Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca Sala de
Decisión No. 006- Sistema Oral que, en un término perentorio, profiera una nueva
sentencia en la que, aplicando el precedente Constitucional y Jurisprudencial, declare
que NO operó el fenómeno de la caducidad y, por lo tanto, FALLE DE FONDO EL
PROCESO reconociendo, si a ello hubiere lugar, la responsabilidad del Estado. […]2.

11. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante manifestó que la
sentencia del Tribunal Administrativo del Cauca incurrió en defecto sustantivo, por
cuanto declaró la caducidad del medio de control de reparación directa con
fundamento en el literal i), numeral 2, del artículo 164 del CPACA, sin tener en
cuenta que dicha norma no era aplicable a su caso, debido a que el daño reclamado
provenía de un hecho considerado como un «crimen de lesa humanidad».

12. Asimismo, indicó que la providencia acusada incurrió en desconocimiento del
precedente, porque no tuvo en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en la decisión del 27 de julio de 2022, caso de integrantes y militantes de
la Union Patriótica vs Colombia, declaró la responsabilidad internacional del Estado
colombiano por graves violaciones a los derechos humanos.

13. De igual manera, refirió que la Corte Constitucional en la sentencia T-202 de
2025, manifestó que en casos relacionados con presuntas ejecuciones
extrajudiciales (análogo a la persecución sistemática) deben aplicarse criterios
flexibles sobre la caducidad de las acciones judiciales, con el fin de garantizar el
acceso efectivo a la justicia y el debido proceso. Agregó que en dicha sentencia se
estableció que el término de caducidad debe contarse desde el momento en que la
víctima tiene elementos de juicio suficientes para inferir la responsabilidad del
Estado.

1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-07123-01, índice 2, certificado núm. DF285516977C47D5 86771C3D8B908274
80BE4303E6809A39 99CAB6475EE7BB00.
2
Se transcribe incluso con errores
3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07123-01 (3473)
Accionante: Ángela del Socorro Galvis Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca

14. También mencionó que, al momento de presentación de la demanda, la
jurisprudencia del Consejo de Estado3 establecía que las acciones de reparación
directa por delitos de lesa humanidad podían presentarse en cualquier tiempo.

15. De esta manera, precisó que el Consejo de Estado ha realizado un Control de
Convencionalidad y Constitucionalidad para inaplicar la caducidad (artículo 164
CPACA) cuando el daño antijurídico es consecuencia de un crimen de lesa
humanidad o de una grave violación, la caducidad no opera en el caso de la UP, al
tratarse de un patrón sistemático de persecución política que implica una grave
vulneración de derechos humanos.

16. Por otro lado, afirmó que la decisión cuestionada desconoció el precedente
horizontal, pues en un caso análogo, el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante
sentencia del 5 de junio de 2025 (proceso con radicado núm. 19001-33-33-003-
2019-00047-01), revocó la providencia que declaró la caducidad y ordenó continuar
con el trámite.

17. Finalmente, expuso que en el presente asunto se configuró un defecto fáctico,
porque, en su criterio, la autoridad judicial ignoró las dificultades de acceso a
documentos esenciales para confirmar los hechos (como los expedientes de la
investigación penal).

2.3. Trámite procesal

18. El despacho ponente de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante
auto del 19 de noviembre de 20254, admitió la solicitud de amparo, ordenó la
notificación al Tribunal Administrativo del Cauca y, puso en conocimiento el escrito
de tutela al Juzgado Primero Administrativo de Popayán, a la Presidencia de la
República, a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Policía
Nacional, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia, al departamento del
Cauca, al municipio de Santander de Quilichao y a las señoras Angela Isadora
Fernández Galvis y María Teresa Fernández Galvis, en su condición de terceros
con interés.

2.4. Intervenciones

19.El Tribunal Administrativo del Cauca5 afirmó que la tutela no cumple el requisito
de relevancia constitucional, pues no describe alguna situación particular que
demuestre una afectación de los derechos fundamentales de la parte actora.

20. Agregó que la accionante pretende utilizar este mecanismo constitucional para
obtener un nuevo pronunciamiento sobre aspectos de naturaleza legal que ya
fueron estudiados por los jueces naturales bajo criterios jurídicos razonables en la

3
Se debe aclarar que la accionante no identificó providencias del Consejo de Estado sobre la materia objeto de estudio.
4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-07123-00, índice 5, certificado FE51A733E18ABBFA AA569B746DDFCF93
041AB6737D1AAA12 7F3884C11C4A74CD.
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-07123-00, índice 12, certificado 28CB13AB62AF972E 8A825B4D4AA1F51F
0809C42E95EE8D9A 4DDADDF4244E6A11.
4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07123-01 (3473)
Accionante: Ángela del Socorro Galvis Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca

referida decisión.

21. Resaltó que en el proceso se demostró que, desde el mismo momento del
deceso de Rubén Darío Fernández González en el año 1989, e inclusive en el año
2009, la accionante tuvo conocimiento que agentes estatales tuvieron participación
en el hecho dañoso; por lo tanto, pese a tratarse de un delito de lesa humanidad, la
demandante debió ejercer oportunamente el medio de control judicial.

22.Por lo anterior, consideró que la decisión de declarar la caducidad no
desconoció los derechos fundamentales de la parte accionante.

23.El Juzgado Primero Administrativo de Popayán6 solicitó que se declare la
improcedencia o, en su defecto, se nieguen las pretensiones de la tutela, debido a
que la decisión cuestionada no vulneró derecho fundamental alguno.

24. Indicó que la providencia objeto de tutela fue proferida conforme a la
jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado, la cual sirvió de sustento para
concluir que la familia de la víctima, en particular su cónyuge, tenía, para la fecha
de los hechos, plena convicción sobre la posible participación de agentes estatales
en lo ocurrido. Por ello, debió presentar la demanda de reparación directa dentro
del término de dos años siguientes a su acaecimiento, esto es, hasta antes del 7 de
noviembre de 1991.

25. Manifestó que el proceso ordinario se tramitó con la debida cautela para no
vulnerar los derechos fundamentales de las partes, pues se garantizó el debido
proceso, así como los derechos de defensa y contradicción de las partes. Añadió
que, en ejercicio de la autonomía judicial, se verificaron los presupuestos procesales
y se aplicaron la normatividad y los precedentes jurisprudenciales pertinentes al
caso concreto.

26. El Ejército Nacional7 pidió que se declare improcedente la solicitud de amparo,
por cuanto la señora Ángela del Socorro Galvis no acreditó los requisitos de
procedencia de este mecanismo constitucional contra providencia judicial ni
demostró la vulneración de los derechos fundamentales que consideró afectados;
por el contrario, pretende a través de esta instancia plantear una situación jurídica
y probatoria que debió proponer al interior del proceso ordinario.

27. La Policía Nacional8 sostuvo que la sentencia cuestionada por la tutelante se
ajustó al criterio definido por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del
29 de enero de 2020, en materia de caducidad por daños derivados de delitos de
lesa humanidad; en consecuencia, no concurre ninguna de las causales específicas
de procedibilidad invocadas en la solicitud de amparo.

28. Además, expuso que la tutela es improcedente, porque no se acreditó un
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-07123-00, índices 11, 77DE01C1C71B54F8 295DB353D261DAE6
633797B1F71E3DDC 2456C097250EA5A5.
7
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8
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D4585578ED7E2F6C 01F044EFE9ABBADA
5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07123-01 (3473)
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perjuicio grave e inminente que amerite la intervención del juez constitucional.

29. El municipio de Santander de Quilichao9 informó que el objeto de la acción de
tutela se limitó a cuestionar la legalidad procesal de la decisión dictada por el
Tribunal Administrativo del Cauca, y no a la responsabilidad patrimonial de la
entidad territorial. En consecuencia, solicitó que se le desvincule del presente
trámite constitucional, en tanto no expidió el acto judicial objeto de cuestionamiento.

30. El Ministerio del Interior10 afirmó que carece de legitimación en la causa por
pasiva, por cuanto los argumentos de la tutela se dirigen a cuestionar una decisión,
en cuya expedición no tuvo participación alguna. Por consiguiente, solicitó su
desvinculación del presente trámite.

31. Los demás sujetos vinculados a la acción constitucional guardaron silencio.

2.5. Sentencia de primera instancia

32. El Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante sentencia del 19 de febrero de
202611, negó las solicitudes de desvinculaciones propuestas por el municipio de
Santander de Quilichao y el Ministerio del Interior. Además, negó la solicitud de
amparo, al considerar que no se configuraban los defectos alegados por la parte
tutelante en el escrito de tutela.

33. Al respecto, precisó que la autoridad judicial consideró que el conocimiento de
las causas del fallecimiento era una circunstancia en la que coincidía la sentencia
de unificación del Consejo de Estado con la jurisprudencia de la Corte Constitucional
para identificar el momento en que se debía ejercer el medio de control judicial, por
lo que no era posible que el cómputo de la caducidad iniciara desde una fecha
distinta.

34. Así pues, indicó que el Tribunal Administrativo del Cauca, al declarar la
caducidad del medio de control de reparación directa promovido por la tutelante,
actuó conforme al precedente judicial, pues aplicó correctamente la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020, que define las reglas para acudir a la
jurisdicción, conforme lo previsto en el artículo 164 del CPACA, por lo que no se
configuró un desconocimiento del precedente ni un defecto sustantivo.

35. En este sentido, explicó que la aplicación del literal i) del numeral 2 del artículo
164 del CPACA por parte de la autoridad accionada resultó razonable y no configuró
una actuación arbitraria, en tanto la decisión fue adoptada conforme a los principios
de autonomía e independencia judicial.

9
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CFDB8A546645DF24.
10
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11
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36. De igual manera, expuso que en la sentencia objeto de tutela no se configuró
defecto fáctico, ya que el término de caducidad se contó desde el fallecimiento del
señor Rubén Darío Fernández González, pues se demostró que su familia conocía
previamente las amenazas en su contra, lo cual fue probado mediante denuncias y
declaraciones dentro del proceso.

37. Resaltó que la autoridad judicial accionada también efectuó una interpretación
probatoria más favorable, al contabilizar el término de caducidad a partir del año
2009, cuando la parte demandante denunció los hechos ante la Fiscalía General de
la Nación. Ello le permitió concluir que, aun bajo ese parámetro temporal, la
demanda fue presentada de manera extemporánea, dado que se radicó el 26 de
febrero de 2016.

2.6. Impugnación

38. La parte actora presentó impugnación12 contra la sentencia del Consejo de
Estado, Sección Cuarta. En su escrito mencionó que la decisión impugnada ignoró
que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y que la caducidad no debe
afectar a las víctimas de persecución sistemática.

39. Insistió en que la jurisprudencia de la Corte Constitucional13 ha establecido que
el término de caducidad debe iniciar cuando la víctima tiene elementos para inferir
responsabilidad estatal, no desde el hecho violento, y la aplicación rígida de la
caducidad puede vulnerar derechos fundamentales.

40. Así pues, indicó que la acción de tutela es procedente contra providencias que
desconocen decisiones sobre la caducidad y su flexibilización, como lo han
señalado sentencias recientes que exigen motivación para apartarse del
precedente.

41. Afirmó que la providencia objeto de impugnación no valoró que el fallo objeto
de tutela desconoció los precedentes constitucionales y convencionales, como el
caso UP contra Colombia y las sentencias de la Corte Constitucional14 y el Consejo
de Estado, que indican la imprescriptibilidad de acciones por crímenes de lesa
humanidad y la inaplicación de la caducidad cuando impide el acceso a la justicia.

42. Reiteró que se aplicó incorrectamente el artículo 164 del CPACA, sin tener en
cuenta las dificultades objetivas de las víctimas para acceder a la justicia debido a
la persecución y el desplazamiento.

43. Expuso que la parte tutelante estuvo sometida a una situación personal como
víctima, quien, como madre soltera y viuda, tuvo que esconderse y desplazarse
constantemente por temor a la persecución estatal y las consecuencias sufridas,
como el exterminio sistemático de miembros de la UP.

12
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-07321-00, índice 40, certificado 35280E5F7EFCD470 58ADABE9143EA8D5
AF03851F3A1FC46A 9D5D570EC13FEC4C.
13
Sentencias T-210 de 2022 y T-271 de 2020.
14
Sentencias T-004 de 2025 y T-459 de 2025.
7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07123-01 (3473)
Accionante: Ángela del Socorro Galvis Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca

44. Con fundamento en lo anterior, solicitó que se revoque el fallo de primera
instancia y, en su lugar se acceda a las pretensiones de la solicitud de amparo.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

45. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta contra la sentencia del 19 de febrero
de 2026, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

3.2. Legitimación en la causa

46. La legitimación en la causa por activa de la señora Ángela del Socorro Galvis
Rodríguez está acreditada, porque fue la demandante en el proceso de reparación
directa en el que fue expedida la providencia que, a su juicio, desconoció sus
derechos fundamentales.

47. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Cauca, debido a que fue la autoridad que profirió la decisión,
objeto de estudio.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

48. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado15, y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional16.

49.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;

15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
8

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v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

50. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales17 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

51. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: (i) orgánico;
(ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a
la autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución18.

3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

52. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional19 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

53. Así pues, la Corte Constitucional20 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico»21 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»22;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute
la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la
controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y

17
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
18
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
19
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
20
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
21
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
22
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
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iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

54. En el caso particular, la cuestión que se discute tiene de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que la
decisión cuestionada se profirió con desconocimiento del ordenamiento jurídico que,
a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.

55. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de reparación directa del derecho en el que se profirió
la decisión objeto de tutela.

56. Seguidamente, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que
la sentencia proferida el 8 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo del Cauca,
fue notificada el 19 de mayo siguiente23, y la demanda de tutela se presentó el 11
de noviembre de 202524, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto por la
jurisprudencia constitucional25 y del Consejo de Estado26 como razonable.

57. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera expuesto la vulneración reclamada en sede del
proceso ordinario, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra
de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

58. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de reparación directa.

59. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad con relación a las causales de los defectos fáctico,
sustantivo y desconocimiento del precedente y, en ese orden, continuará con el
análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.

3.4. Problema jurídico

60. Corresponde a la Sala determinar si ¿el Tribunal Administrativo del Cauca
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la igualdad de la parte actora, al incurrir en los defectos
sustantivo y fáctico, así como en el desconocimiento del precedente, al proferir la

23
Samai, exp. 19001-33-33-001-2016-00101-02, índice 27.
24
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-07123-00, índice 1.
25
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
26
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
10

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sentencia del 8 de mayo de 2025, mediante la cual confirmó la providencia del 28
de febrero de 2022, expedida por el Juzgado Primero Administrativo de Popayán,
que declaró la caducidad de la demanda de reparación directa promovida por la
tutelante?

61. Para el efecto, se estudiarán: (i) las generalidades de los defectos invocados; y
(ii) el caso concreto.

3.4.1. El defecto sustantivo

62. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado27.

63. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.

64. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:

[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los
jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar
su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar el
ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones de
la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los contenidos,
postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación […]28.

65. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de
los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.

27
Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
28
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
11

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66. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).29

3.4.2. El defecto fáctico

67.
De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»30. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión31» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.

68. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…]
aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados
o, efectúa una valoración por “completo equivocada”»32. Por su parte, la dimensión
negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no
valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan
la solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas
suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de
oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo
determinan»33.

69. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones
en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez
de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio
dentro del proceso34.

70. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial35, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
29
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
30
Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.
31
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
32
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
33
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
34
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
35
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
12

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concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez
que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia»36.

71. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas
en cada caso:

50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]

51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.

52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]37.

3.4.3. El desconocimiento del precedente judicial

72. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la
República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales
vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la
efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza
legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas38.

73. Al respecto, la Corte Constitucional39 ha considerado que el precedente se
define como aquella la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con
anterioridad a un caso determinado que, por su semejanza en los hechos
analizados y en los problemas jurídicos resueltos, debe ser necesariamente
considerado por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo posterior.
Frente a la obligatoriedad del precedente, la Corte ha dicho:

90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto de
la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio

36
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010.
37
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
38 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el ordenamiento
constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar” la vigencia de un orden justo,
lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento en estos principios, una autoridad judicial
tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”.
El juez cuenta, desde luego, con autonomía para valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y,
en caso de que lo sea, de apartarse de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo
contrario desconoce el precedente horizontal».
39 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
13

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de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia para
fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley.
Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la
Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el
legislador, sino además comprende todas las fuentes del derecho incluidas las
sentencias que interpretan la Constitución como norma de normas, el bloque de
constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido proceso
y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo principal
garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los principios de
seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el ordenamiento
constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un principio
relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la aplicación de
la ley y por otras prescripciones constitucionales40.

74. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo
funcionario; y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior
jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia41.

75. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que
los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «sin determinar si él
mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en
relación con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por
autoridades judiciales funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de
la jurisprudencia»42.

76. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del
principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente,
pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en
caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una
violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de
tutela43.

77. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que las
decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de un

40 Se transcribe incluso con errores.
41 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
42 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
43 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del precedente horizontal
o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y suficiencia. El primero exige que el juez
enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares (es decir, que reconozca expresamente el
precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo
requiere exponer razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que
justifiquen el cambio jurisprudencial o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido, correcto
o suficiente para resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto
el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e independencia de los operadores judiciales.»
14

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tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco de
la función judicial, pues se trata de una sola corporación44.

78. Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela ante
la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora
de este derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de
criterio» de manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarde las
exigencias de la autonomía judicial.

3.4.4. Presupuesto de caducidad del medio de control de reparación directa
en asuntos de delitos de lesa humanidad

79. El artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 prevé en su numeral 2, literal i)45, que el
término de 2 años de vigencia del medio de control de reparación directa inicia a
partir del día siguiente a la ocurrencia de los hechos, o desde que los demandantes
debieron tener conocimiento de estos, siempre y cuando se demuestre que no
pudieron conocerlo antes. En cuanto al delito de desaparición forzada, tiene su
propia regulación.

80. Por otra parte, la Corte Constitucional, al abordar el derecho fundamental a la
reparación integral de la población víctima del desplazamiento forzado, consideró
en la sentencia SU-254 de 2013 lo siguiente en relación con la caducidad del medio
de control:

VIGÉSIMO CUARTO. DETERMINAR que para efectos de la caducidad de futuros
proceso[s] judiciales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, los términos
para la población desplazada sólo podrán computarse a partir de la ejecutoria del
presente fallo y no se han de tener en cuenta trascursos de tiempo anteriores, por
tratarse de sujetos de especial protección constitucional, en atención a sus
circunstancias de vulnerabilidad extrema y debilidad manifiesta.

81. Lo anterior tuvo fundamento en que la población víctima del desplazamiento
forzado son sujetos de especial protección constitucional en atención a las
circunstancias de vulnerabilidad extrema y debilidad manifiesta, en concordancia
con la sentencia C-099 de 2013, puesto que la indemnización por vía administrativa
no podía constituir el goce efectivo a la reparación integral.

82. En este punto, cabe destacar que la sentencia SU-254 de 2013 tuvo por objeto
el alcance y desarrollo de los derechos fundamentales de las víctimas del

44 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.
45
«Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados
a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o
debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en
la fecha de su ocurrencia.
Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se
contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el
proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los
hechos que dieron lugar a la desaparición».
15

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desplazamiento forzado y no la regulación en sí misma del presupuesto de
caducidad del medio de control de reparación directa.

83. Por otro lado, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado
profirió sentencia de unificación de jurisprudencia el 29 de enero de 2020 46, dado
que no existía un criterio uniforme en cuanto a la exigibilidad del término de
caducidad para demandar en reparación directa por delitos de lesa humanidad o un
crimen de guerra. En esa oportunidad, determinó lo siguiente:

PRIMERO: UNIFICAR la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con
ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro
asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al
Estado, bajo las siguientes premisas: i) en tales eventos resulta aplicable el término
para demandar establecido por el legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la
desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando
los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del
Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el
término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido
materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas, empezará a
correr el plazo de ley.

84. En particular, el alto tribunal estableció que no resultaba exigible el presupuesto
de la caducidad en aquellos casos en los que se configuraban circunstancias que
obstaculizaban materialmente el ejercicio del derecho de acción, como secuestros
o enfermedades; pero que, una vez fueran superadas dichas situaciones, iniciaría
el término de 2 años.

85. En esa oportunidad no se efectuaron precisiones excepcionales para eventos
de desplazamientos forzados, por lo que debe entenderse que aplican las reglas
generales de la sentencia de unificación a las demandas presentadas para reclamar
la reparación de los perjuicios causados con ese delito.

86. Por su parte, la Corte Constitucional también incurrió en sus diferentes salas de
revisión en posturas encontradas respecto del análisis del término de caducidad del
medio de control en asuntos de graves violaciones de derechos humanos, motivo
por el que la Sala Plena dictó la sentencia de unificación SU-312 de 2020, decisión
en la que acogió la tesis de la sentencia de la Sección Tercera del Consejo de
Estado del 29 de enero de 2020.

87. La Corte fijó como subreglas, entre otras, que el presupuesto de caducidad no
podía aplicarse de «manera rígida» sino que, bajo ciertas particularidades procedía
su flexibilización para garantizar el acceso a la administración de justicia, las cuales
debían ser valoradas en cada caso; que el término previsto es razonable en el
entendido de que exige que el interesado tuviera la posibilidad de conocer la
participación de un agente del Estado en los hechos y de acudir a la administración

46
Expediente núm. 85001-33-33-002-2014-00144-01.
16

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de justicia a presentar su reclamación; y que, debido a que las víctimas tienen
dificultades para cumplir la carga probatoria, tal estándar debía flexibilizarse.

88.Por último, la postura de la sentencia SU-312 de 2020 fue reiterada por la Corte
Constitucional en el fallo SU-439 de 2024.

3.5. Caso concreto

89. En el asunto bajo estudio, la señora Ángela del Socorro Galvis Rodríguez y su
grupo familiar presentaron escrito en ejercicio del medio de control de reparación
directa contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Policía
Nacional y otros, con la pretensión de obtener el resarcimiento de los perjuicios
causados por el fallecimiento de Rubén Dario Fernández González, ocurrido el 7
de noviembre de 1989.

90. En primera instancia, el Juzgado Primero Administrativo de Popayán,
mediante providencia del 28 de febrero de 2022, declaró probada la excepción de
caducidad del medio de control de reparación directa interpuesto por Gustavo
Ángela del Socorro Galvis Rodríguez y otros.

91. Apelada la anterior decisión, el Tribunal Administrativo del Cauca emitió
sentencia el 8 de mayo de 2025, en la que confirmó en todas sus partes el fallo de
primera instancia.

92. Ahora bien, la parte accionante argumentó en el escrito de tutela que el Tribunal
accionado, al proferir la sentencia objeto de amparo, incurrió en un defecto
sustantivo, por cuanto declaró la caducidad de la demanda de reparación directa a
partir de una aplicación estricta del literal i), numeral 2, del artículo 164 del CPACA,
sin tener en cuenta que el daño reclamado provenía de un hecho considerado como
un «crimen de lesa humanidad».

93. Asimismo, expuso que la providencia acusada incurrió en desconocimiento del
precedente, debido a que omitió dar aplicación a los criterios jurisprudenciales
establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, sobre la imprescriptibilidad de los delitos
cometidos en contra de miembros de la Unión Patriótica y la posibilidad de definir el
término de caducidad desde el momento en que la víctima tiene elementos de juicio
suficientes para inferir la responsabilidad del Estado.

94. De igual manera, refirió que la decisión cuestionada desconoció el precedente
horizontal, pues en un caso análogo, el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante
sentencia del 5 de junio de 202547, revocó la providencia que declaró la caducidad
y ordenó continuar con el trámite.

95. Por otra parte, dijo que en el presente asunto se configuró un defecto fáctico,
porque, en su criterio, la autoridad judicial omitió valorar las circunstancias que le
47
Proceso con radicado núm. 19001-33-33-003-2019-00047-01.
17

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dificultaron el acceso a documentos esenciales para confirmar los hechos (como los
expedientes de la investigación penal).

96. Pues bien, al examinar el contenido de la providencia objeto de tutela 48, se
observa que el Tribunal Administrativo del Cauca precisó que de acuerdo con lo
dispuesto en el literal i) del numeral 2 del artículo 164, el medio de control de
reparación directa debe promoverse dentro del término de «dos (2) años, contados
a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del
daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue
en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la
fecha de su ocurrencia».

97. Con fundamento en dicha norma, la sentencia cuestionada indicó que la
caducidad en materia de reparación directa distingue dos escenarios, esto es: i) la
ocurrencia del hecho causante del daño, como regla general o, ii) el conocimiento
de este, siempre que se demuestre que el sujeto afectado no pudo enterarse del
hecho dañoso en el momento de la ocurrencia, lo cual opera a manera excepción.

98. Seguidamente, la providencia acusada explicó que la Sección Tercera del
Consejo de Estado, en la sentencia de unificación del 29 de enero de 202049, precisó
que el término de caducidad en la reparación directa «se computa desde cuando
los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión
del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial».

99. Asimismo, la autoridad accionada también destacó que la sentencia de
unificación indicó que el término para solicitar la declaratoria de responsabilidad
patrimonial del Estado y reclamar judicialmente una indemnización por daños
derivados de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra es inaplicable en
aquellos eventos en los que se adviertan circunstancias que le hubiesen impedido
a la parte demandante, desde el punto de vista material, el ejercicio del derecho de
acción, pues en estos asuntos no es determinante la situación causante del daño,
sino la condición particular de quien acude a la administración de justicia.

100. A partir de este contexto normativo y jurisprudencial, el Tribunal Administrativo
del Cauca señaló que el argumento expuesto por la parte demandante en el recurso
de apelación se centró en afirmar que el fallecimiento del señor Rubén Darío
Fernández González, ocurrido el día 7 de noviembre de 1989 en el municipio de
Santander de Quilichao, constituía un crimen de lesa humanidad por su militancia
política en la UP, razón por la cual no le era aplicable término de caducidad alguno
y estaban habilitados para demandar en cualquier tiempo, conforme con la regla
fijada en la sentencia de unificación del Consejo de Estado.

101.Con el fin de responder la inconformidad de la parte demandante, la autoridad
judicial accionada aclaró que, en los casos en los que se pretende derivar una
responsabilidad del estado por actos relacionados con delitos de lesa humanidad,

48
Sentencia del 27 de junio de 2025.
49
Sentencia del 29 de enero de 2020, Rad. 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
18

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07123-01 (3473)
Accionante: Ángela del Socorro Galvis Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca

no se prescinde el requisito de caducidad del medio de control de reparación directa.
De esta manera, consideró que fue correcto el análisis que desarrolló el juez de
primera instancia cuando fundamentó su decisión en el fallo de unificación del
Consejo de Estado, cuyo criterio y aplicabilidad fue validada por la sentencia SU-
167 de 2023 de la Corte Constitucional en los siguientes términos:

218. El fallo de unificación del 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo
de Estado es de aplicación inmediata, pues en este no se incluyeron precisiones
particulares dirigidas a modular sus efectos temporales. Por tanto, debía ser aplicado
en el trámite de reparación directa iniciado por la accionante, ya que se trataba de un
proceso en curso al momento de la variación jurisprudencial.

102.Adicionalmente, se observa que la providencia objeto de tutela examinó el
contenido de los documentos obrantes en el expediente del proceso ordinario
relacionados con el deceso de Rubén Darío Fernández González, así como las
circunstancias relevantes ocurridas en el asunto para determinar el momento en que
los demandantes tuvieron conocimiento del daño, lo cual resultaba esencial para
calcular el término de caducidad. Sobre el particular, verificó el contenido de los
siguientes elementos:

Copia del registro civil de defunción de Ruben Darío Fernández González indicativo
serial núm. 242220 […] finalmente la fecha del registro es «08 – noviembre – 1989».

Comunicación expedida el 20 de marzo de 1988 por el Consejo Nacional Electoral al
señor Rubén Darío Fernández González que ha sido declarado electo como concejal
del municipio de Santander de Quilichao por el movimiento político Unión Patriótica
para el periodo 1988 – 1990.

Copia del expediente penal tramitado ante la Fiscalía 92 Especializada Unidad
Nacional de Derechos Humanos y DIH, identificado como «PREVIA 7844 – DELITO:
HOMICIDIO AGRAVADAO – SINDICADO: AVERIGUATORIO – DENUNCIANTE: DE
OFICIO – OFENDIDO: RUBÉN DARÍO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ – LUGAR Y
FECHA DE LOS HECHOS: SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA 9 DE
NOVIEMBRE DE 1989». Del contenido del expediente referido, para efectos de
resolver el problema jurídico se extrae:

Petición fechada 21 de agosto de 2009 suscrita por Angela del Socorro Galvis,
Andrés Julián Fernández Galvis, Ángela Isadora Fernández Galvis y María
Teresa Fernández Galvis, radicada ante la Unidad Nacional de DDHH y DIH de
la Fiscalía General de la Nación, en la cual sostienen los peticionarios que:

«La presente solicitando de la manera más respetuosa se inicie, reinicie la
investigación del homicidio de mi padre PRESIDENTE DEL CONSEJO (sic)
MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO y perteneciente a la
EXTERMINADA UNIÓN PATRIÓTICA el señor RUBÉN DARÍO FERNÁNDEZ
GONZÁLEZ… ocurrido el 7 DE NOVIEMBRE DE 1989 A LAS 6:30 PM EN EL
BARRIO LA JOYITA calle 11 bis No. 14-15 del municipio de Santander de
Quilichao Cauca, Colombia. De igual manera yo que en primera medida no fue
en un HOMICIDIO independiente sino que obedeció a la sistemática orden
estatal de exterminio y posterior desaparición del partido político UNIÓN
PATRIÓTICA y tal como se observa no ha habido respuesta alguna de la justicia
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07123-01 (3473)
Accionante: Ángela del Socorro Galvis Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca

colombiana en esto (sic) casi por completarse 20 años de impunidad y activarse
la prescripción del delito HOMICIDIO, se realicen las labores necesarias para
cambiar el tipo penal de HOMICIDIO por GENOCIDIO ya que este es un claro
delito de lesa humanidad.

En concordancia con lo anteriormente expuesto envío las pruebas o soportes que
prueban que todo lo dicho es cierto». (Subraya por la Sala)

103. A partir de lo anterior, el Tribunal Administrativo del Cauca advirtió que desde
el momento del fallecimiento del señor Rubén Darío Fernández González, sus
familiares tuvieron pleno conocimiento que se trata de un hecho violento derivado
de su condición política.

104. Por otra parte, la autoridad judicial accionada destacó que dentro de la
investigación penal adelantada por los hechos ocurridos el 7 de noviembre de 1989
y tramitada ante la Fiscalía 92 Especializada Unidad Nacional de Derechos
Humanos y DIH, era posible inferir que la parte demandante presentó escrito en el
que solicitó al ente investigador continuar las diligencias respectivas, por cuanto ese
suceso «obedeció a la sistemática orden estatal de exterminio y posterior
desaparición del partido político UNIÓN PATRIÓTICA», debido a que, en su criterio,
se trataba de un delito de lesa humanidad.

105. De esta manera, el Tribunal puso de presente que los familiares del señor
Rubén Darío Fernández González desde el año 2009 contaban con elementos que
les permitían deducir que en el fatídico hecho intervino o tuvo participación del
Estado, por lo que se encontraban en capacidad de ejercer oportunamente el medio
de control judicial para reclamar el reconocimiento y pago de los perjuicios causados
por la posible omisión de las entidades públicas que derivaron en los nefastos
sucesos acaecidos.

106.Al respecto, la autoridad judicial accionada expuso las siguientes
consideraciones:

Así las cosas, atendiendo las previsiones del literal i) del numeral 2º del artículo 164
del CPACA, así como las previsiones jurisprudenciales de unificación emanadas del
Consejo de Estado, es claro que en un primer momento, en el caso concreto el inicio
del cómputo del término de caducidad inicia desde el día siguiente al deceso de
Rubén Darío Fernández González, esto es, a partir del 8 de noviembre de 1989 y se
extiende por dos años hasta el 8 de noviembre de 1991, encontrándose configurada
la caducidad acorde lo señaló el A quo.

No obstante lo anterior y en gracia de discusión, teniendo como fecha de inicio de la
contabilización de la caducidad el 21 de agosto de 2009, momento en que la parte
actora reclamó ante la Fiscalía General de la Nación la reapertura de la investigación
por la posible intervención estatal en los lamentables hechos sucedidos, el término de
caducidad se extendería hasta el 22 de agosto de 2011, fecha en la que igualmente
se encuentra configurado el fenómeno extintivo, toda vez que la parte actora solo
hasta el 26 de febrero de 2016 radicó la demanda de la referencia, fechas en las
cuales se encontraba más que vencido el plazo límite para ejercer el derecho de
acción ante la jurisdicción contencioso administrativa.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07123-01 (3473)
Accionante: Ángela del Socorro Galvis Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca

Es necesario enfatizar en relación con el caso objeto de estudio, que la parte
demandante no logra acreditar de ninguna manera su imposibilidad en acudir ante la
jurisdicción administrativa en un tiempo anterior al 26 de febrero de 2016 con la
finalidad de incoar la demanda de la referencia, además que las pruebas obrantes en
la foliatura acreditan plenamente que desde el mismo momento del deceso de Rubén
Darío Fernández González en el año 1989, e inclusive en el año 2009 daban cuenta
de la posibilidad de intervención de agentes estatales en el hecho, por lo tanto, de
conformidad con los parámetros de unificación aplicables, pese a que se trata de un
delito de lesa humanidad, los demandantes debían acudir en la temporalidad legal
establecida a fin de incoar la demanda en contra del Estado en aras de perseguir sus
intereses e indemnización, no obstante, acorde se previno, en el caso concreto opera
el fenómeno extintivo de la caducidad.

Corolario de lo expuesto, los argumentos narrados por el apoderado de la parte actora
en su alzada así como en el líbelo de la demanda, tendientes a sostener que el
término de caducidad en delitos de lesa humanidad no debe operar, no son de recibo
para la Corporación luego de examinados los precedentes jurisprudenciales así como
las pruebas obrantes en la foliatura y a partir de las cuales se comprobó que como
plazo máximo para interponer la demanda de la referencia la parte actora contaba
hasta el 22 de agosto de 2011, no obstante, solo radicó la demanda el 26 de febrero
de 2016 fecha en la cual había operado la caducidad.

107.De acuerdo con lo anterior, para el Tribunal Administrativo del Cauca los
postulados previstos en el literal i) del numeral 2º del artículo 164 del CPACA y en
la sentencia de unificación del Consejo de Estado, el plazo para presentar la
demanda inició el 8 de noviembre de 1989, al día siguiente de la ocurrencia del
hecho dañoso, y venció el 8 de noviembre de 1991.

108. La autoridad judicial accionada también consideró la posibilidad de contabilizar
el término de caducidad a partir de la petición de reapertura de la investigación penal
que la parte demandante radicó en el año 2009, y verificó que el plazo máximo para
acudir a la jurisdicción vencía el 22 de agosto de 2011. No obstante, dado que la
demanda fue presentada el 26 de febrero de 2016, el Tribunal concluyó que el
escrito introductorio fue radicado de manera extemporánea.

109. Además, el Tribunal Administrativo del Cauca enfatizó en que la parte
demandante no acreditó ni justificó alguna situación que le hubiese impedido acudir
a la jurisdicción en el tiempo legal, máxime cuando las pruebas demostraban que la
actora tenía conocimiento de la posible intervención de agentes del estado en el
hecho dañoso en los años de 1989 y 2009, por lo que concluyó que la caducidad
debía operar en este caso, incluso tratándose de un delito de lesa humanidad.

110. En este orden de ideas, la Sala considera que la sentencia del 8 de mayo de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, no incurrió en defecto
fáctico, pues la decisión de confirmar la providencia de primera instancia50, que negó
las pretensiones de la demanda de reparación directa promovida por la tutelante,
estuvo soportada en un estudio razonable de los hechos y las pruebas aportadas al
proceso.

50
Sentencia del 28 de febrero de 2022, proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Popayán.
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Accionante: Ángela del Socorro Galvis Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca

111. En efecto, contrario a lo expuesto por la parte actora, no es cierto que la
autoridad accionada haya realizado una valoración defectuosa de los medios
probatorios aportados al proceso ordinario, pues resulta evidente que examinó el
contenido de la demanda y sus anexos para precisar que existían elementos de
juicio que permitían inferir que la familia de Rubén Darío Fernández González,
desde el momento de la ocurrencia de los hechos tenían la posibilidad de deducir la
participación de agentes estatales en la muerte del mencionado señor.

112. Ciertamente, la autoridad judicial accionada efectuó un análisis del registro civil
de defunción de Rubén Darío Fernández González y del expediente del proceso
penal tramitado ante la Fiscalía 92 Especializada Unidad Nacional de Derechos
Humanos y DIH, con lo cual constató que la parte demandante aun cuando tuvo
conocimiento pleno del daño en 1989, también tenía elementos de juicio para
atribuirle una responsabilidad al Estado desde el año 2009 cuando radicaron la
solicitud de reapertura de la investigación; sin embargo dejó transcurrir el tiempo y
para la fecha en que se radicó la demanda (26 de febrero de 2016), ya se había
configurado la caducidad del medio de control de reparación directa.

113. Adicionalmente, se observa que la providencia objeto de tutela tampoco incurrió
en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente, pues desarrolló un análisis
adecuado de la figura de la caducidad a partir supuestos descritos en el literal i) del
numeral 2 del artículo 164 del CPACA y se apoyó en la sentencia de unificación
emitida por esta corporación con relación a la oportunidad para ejercer el medio de
control de reparación directa en casos de delitos de lesa humanidad y crímenes de
guerra, la cual tiene un carácter vinculante para las autoridades de esta jurisdicción.

114. Sobre el particular, es importante señalar que, contrario a lo expuesto por la
tutelante, el término legal para acudir a la jurisdicción es un presupuesto de
obligatorio cumplimiento al momento de demandar, pues tal y como se afirmó en la
providencia acusada, la jurisprudencia de esta corporación unificó sus criterios, en
el sentido de indicar que las normas que regulan la figura de la caducidad son
aplicables a todos los asuntos de reparación directa, sin importar que se trate de
delitos de lesa humanidad o de crímenes de guerra. Tal parámetro jurisprudencial
debía tomarse como referente para el caso de la parte accionante dado que se
trataba de un litigio que aún se encontraba en discusión en sede judicial.

115. En este orden de ideas, es pertinente aclarar que, si bien la Corte
Constitucional en distintos pronunciamientos (sentencias SU-312 de 2020, 167 de
2023 y 439 de 2024) ha flexibilizado la carga probatoria para determinar el término
de caducidad del medio de control de reparación directa en casos de daños
derivados de crímenes de lesa humanidad, lo cierto es que dichos precedentes se
refieren a asuntos en los que se demostró la existencia de circunstancias o barreras
que dificultaron a los accionantes acudir oportunamente a la administración de
justicia.

116. En el presente asunto, tales eventualidades no se plantearon ni acreditaron al
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Accionante: Ángela del Socorro Galvis Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca

interior del proceso ordinario, pese a que la demandante tuvo conocimiento de la
declaratoria de caducidad desde la sentencia de primera instancia y pudo, a través
del recurso de apelación, exponer las circunstancias que, en su criterio, no le
permitieron acudir oportunamente al medio de control de reparación directa. Por lo
anterior, no es dable inferir que la decisión judicial fue imprevista para la parte actora
y que no tuvo la oportunidad de explicar su tardanza. En consecuencia, es claro que
la providencia cuestionada de ninguna manera fue arbitraria o irregular.

117. Dicho esto, conviene mencionar que la Corte Constitucional se ha pronunciado
sobre el respeto de los plazos judiciales y la relevancia de la figura de la caducidad,
en el sentido de indicar que «[…] esta constituye un mecanismo que limita el tiempo
durante el que las personas pueden acudir a la jurisdicción para la definición judicial
de las controversias, el cual privilegia la seguridad jurídica y el interés general. Bajo
esa perspectiva se ha destacado la obligatoriedad de los términos de caducidad, y,
por ende: “(…) la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede
ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las
oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá
expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado” 51 […]»52.

118. Por lo expuesto, la Sala advierte que la autoridad accionada, en ejercicio de los
principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de las pruebas obrantes en el expediente de
reparación directa, las normas procesales y los criterios jurisprudenciales aplicables
al caso concreto. Por estas razones, si bien la providencia objeto de tutela no resultó
favorable a la parte tutelante, esto no significa que se hayan desconocido sus
garantías constitucionales.

119.De esta manera, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer
uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de
reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de
reparación directa, con el único propósito de obtener un pronunciamiento que se
acomode a sus intereses y pretensiones.

4. Conclusiones

120. Por lo anterior, se concluye que la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca no vulneró los derechos fundamentales invocados por la
accionante, por cuanto no se evidencia en su contenido un análisis arbitrario,
infundado o caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal,
que constituya una vía de hecho por los defectos sustantivo, fáctico y
desconocimiento del precedente, que exija la intervención del juez de tutela.

121. En consecuencia, se confirmará la sentencia del 19 de febrero de 2026
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

51
Corte Constitucional, Sentencia SU-447 de 2011.
52
Corte Constitucional, Sentencia SU-498 de 2016.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07123-01 (3473)
Accionante: Ángela del Socorro Galvis Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Confirmar la sentencia del 19 de febrero de 2026, proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, por los motivos contenidos en esta providencia.

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y Cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

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