Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-07129-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-07129-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2025-07129-01
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
27 de marzo de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07129-01
Accionante: Ibeth Judith Contreras Tatis
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07129-01
Accionante: Ibeth Judith Contreras Tatis
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre-Sala Tercera de Decisión y
otro
Referencia: Acción de tutela
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – Carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales y especiales de procedencia. Relevancia constitucional – improcedencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia
proferida el 22 de enero de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante
la cual se declaró improcedente el amparo.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Ibeth Judith Contreras Tatis, en nombre propio, interpuso acción de tutela con el fin de
obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la
seguridad social, al mínimo vital y “al principio pro actione y la protección reforzada”1, los
cuales considera vulnerados por el Tribunal Administrativo de Sucre-Sala Tercera de
Decisión y el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Sincelejo, con ocasión de las
providencias proferidas el 26 de junio y el 19 de marzo de 2025, respectivamente, dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado núm. 70001-33-33-004-2024-00230-00/01.
2. Hechos
El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:
2.1. Mediante sentencia del 29 de enero de 2015, el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Sincelejo, al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado 70001 33-33-001-2013-00235-00/01, condenó a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
1 Índice 00002 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado 9D4420059F269A56
F88152376EA304A1 9F818BEB43CC9495 526AF626EAF3FDE7 .
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Accionante: Ibeth Judith Contreras Tatis
UGPP a reliquidar la pensión de la señora Ibeth Contreras Tatis en cuantía del 75% de
la asignación más elevada, incluyendo la totalidad de los factores salariales devengados
durante el año inmediatamente anterior a la fecha de retiro (2002-2003), tales como
auxilio de localización, prima de antigüedad, prima de vacaciones y prima de navidad.
Decisión que fue adicionada mediante sentencia del 23 de julio de 2015 por el Tribunal
Administrativo de Sucre, en el sentido de incluir como otros factores salariales adicionales
la prima semestral, la bonificación por servicios y la bonificación quinquenal; en lo demás,
se confirmó la decisión del juzgado.
2.2. En cumplimiento de le referida sentencia, la UGPP expidió la Resolución RDP
023044 del 20 de junio de 2018, mediante la cual reliquidó la pensión y dispuso descontar
del retroactivo pensional la suma de $35.726.936, por concepto de aportes pensionales.
Este acto administrativo fue aclarado por la Resolución RDP 031375 del 30 de julio de
2018, en la que se indicó que la fecha de efectividad de la pensión correspondía al 21 de
enero de 2006.
2.3. La materialización de dicha resolución se reflejó en el cupón FOPEP 306238 de
agosto de 2018, en el cual se registró un pago por valor de $76.454.888 y un descuento
por $35.726.936.
2.4. El 16 de noviembre de 2023, la accionante solicitó a la UGPP (i) la devolución o
reintegro de descontado por aportes, (ii) la reliquidación ajustada y (iii) el pago del
retroactivo insoluto. Esta solicitud que fue resuelta de manera negativa mediante la
Resolución RDP 003260 del 15 de febrero de 2024, decisión que fue confirmada por las
resoluciones RDP 005923 del 30 de abril de 2024 y RDP 007293 del 24 de abril del 2024.
2.5. En razón de lo anterior, la señora Ibeth Contreras Tatis, por conducto de apoderado
judicial, promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la UGPP, con el fin de obtener la nulidad de las Resoluciones RDP
003260 del 15 de febrero de 2024, RDP 005923 del 30 de abril de 2024 y RDP 007 7293
del 24 de abril del 2024, mediante las cuales se negó la devolución y/o reintegro de los
valores cobrados, por concepto de aportes pensionales, así como el reajuste y pago del
retroactivo e intereses moratorios a la demandante.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condenara a la autoridad
demandada a: (i) devolver la suma de $35.726.936, correspondiente al valor descontado
sin justa causa en la Resolución RDP 023044 del 20 de junio de 2018; (ii) pagar el
retroactivo pensional insoluto por valor de $9.475.913,77, fijado en la sentencia del 29 de
enero de 2015; y (iii) reconocer los intereses moratorios sobre las mesadas retroactivas
insolutas.
2.6. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
de Sincelejo, bajo el radicado 70001-33-33-004-2024-00230-00, autoridad judicial que,
mediante auto del 19 de marzo de 2025 rechazó la demanda.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07129-01
Accionante: Ibeth Judith Contreras Tatis
En primer lugar, consideró que una de las pretensiones consistía en la devolución de
valores descontados en virtud de la Resolución RDP 002319 del 24 de enero de 2018 y
de la Resolución RDP 023044 del 20 de junio de 2018, por lo que concluyó que estos
eran los actos administrativos que debieron ser demandados, frente a los cuales operó
la caducidad.
En segundo lugar, en lo relacionado con el pago del retroactivo pensional insoluto
ordenado en la sentencia del 29 de enero de 2015, manifestó que los actos de ejecución
de la sentencia no eran susceptibles de control judicial, salvo cuando la decisión
administrativa iba más allá de lo ordenado por el juez, lo cual en este caso no ocurrió.
Agregó que el proceso ejecutivo era el medio idóneo para hacer efectivo el contenido de
la sentencia.
2.7. Inconforme con esta decisión, la demandante interpuso recurso de apelación. En
sustento de su inconformidad, alegó que el juez de primera instancia incurrió en error al
considerar que el acto demandable era la Resolución RDP 023044 de 2018, cuando en
realidad la demanda se dirigía contra las resoluciones expedidas en 2024, que fueron las
que negaron la devolución de los valores descontados.
Asimismo, sostuvo que el objeto del medio de control era obtener la devolución de dineros
cobrados de manera irregular en el marco del cumplimiento de una sentencia, lo cual se
relaciona directamente con un derecho pensional, de carácter periódico, no sujeto a
caducidad, conforme al precedente del Consejo de Estado.
2.8. El Tribunal Administrativo de Sucre-Sala Tercera de Decisión, mediante providencia
del 26 de junio de 2025, confirmó el proveído de primera instancia. Para el efecto,
consideró que el control de legalidad debía recaer sobre la Resolución RDP 023044 de
2018, por ser el acto mediante el cual se ordenó el descuento de los aportes, el cual
constituye una suma única de dinero y no una prestación periódica, por lo que estaba
sujeto al término de caducidad de cuatro meses.
Adicionalmente, señaló que las resoluciones expedidas en 2024 no eran susceptibles de
control judicial, en la medida en que correspondían a actos confirmatorios, y que la
presentación de nuevas solicitudes no altera la firmeza del acto administrativo que definió
previamente la situación jurídica.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso, a la seguridad social, al mínimo vital, “al principio pro actione y la protección
reforzada”2. En consecuencia, pidió dejar sin efectos las providencias del 19 de marzo y
26 de junio de 2025, y ordenar Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Sincelejo
que admita y tramite la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
Como fundamento de sus pretensiones, alegó la configuración de los siguientes defectos:
2 Índice 00002 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado 9D4420059F269A56
F88152376EA304A1 9F818BEB43CC9495 526AF626EAF3FDE7 .
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(i) Sustantivo. Por inaplicación del artículo 164, numeral 1, literal c) del CPACA, que
permite demandar en cualquier tiempo los actos que reconocen o niegan prestaciones
periódicas. Sostuvo que las resoluciones de 2024 negaron efectos económicos asociados
a una prestación de tracto sucesivo, por lo que no era procedente declarar la caducidad
con base en un acto de 2018 que no fue demandado.
Asimismo, cuestionó la calificación de tales resoluciones como actos confirmatorios, al
considerar que crearon y mantuvieron una situación jurídica actual con efectos
económicos sobre su ingreso pensional.
(ii) Fáctico. Por falta de valoración de: (a) la petición del 16 de noviembre de 2023; (b)
las resoluciones de 2024; y (c) el impacto económico continuado de la negativa.
(iii) Decisión sin motivación. En razón a que no se explicó por qué las resoluciones de
2024, pese a ser actos definitivos, no encajaban en la excepción prevista en el artículo
164 del CPACA.
(iv) Desconocimiento del precedente. Por omitir la aplicación de las sentencias C-590
de 2005 y T-476 de 2013, conforme a las cuales, ante la duda, debe adoptarse la
interpretación más garantista al caso.
(v) Procedimental por exceso ritual manifiesto. Por desconocer que la demanda se
dirigía contra actos administrativos actuales que negaron derechos pensionales, y no
contra actos de 2018, lo que condujo a un rechazo indebido por caducidad.
Finalmente, advirtió la vulneración de la protección reforzada en materia pensional, dada
su condición de adulta mayor, lo que implica una afectación directa a su mínimo vital, en
aspectos como medicamentos, alimentación y vivienda.
4. Trámite de tutela e intervenciones
Mediante auto del 20 de noviembre de 20253, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela; requirió al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Sincelejo para que remitiera copia del expediente ordinario objeto de amparo y ordenó
notificar la actuación a los sujetos procesales.
Una vez efectuadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:
4.1. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Sincelejo4 allegó copia digital
del expediente ordinario. No obstante, guardó silencio respecto de la solicitud de tutela.
4.2. El Tribunal Administrativo de Sucre-Sala Tercera de Decisión, pesar haber sido
notificado en debida forma 5, no se pronunció dentro de esta etapa procesal.
3 Índice 00005 del expediente digital de primera instancia, certificado F6E24223A047FD5B 7E191D1BE97A3AA8
C89BA3D0C5A47273 DC7297C1DB0F59F1.
4 Índice 00013 del expediente digital de primera instancia.
5 Índice 00011 del expediente digital de primera instancia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07129-01
Accionante: Ibeth Judith Contreras Tatis
5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 22 de enero de 20266, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
declaró la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que no superaba el requisito
de relevancia constitucional.
Al respecto, sostuvo que la parte actora pretendía convertir la acción de tutela en un
mecanismo adicional para prolongar la discusión que ya fue conocida y resuelta por el
juez natural. En tal sentido advirtió que los argumentos expuestos en el escrito de tutela,
dirigidos a sustentar la configuración de los defectos sustantivo, fáctico, decisión sin
motivación, desconocimiento del precedente y procedimental por exceso ritual manifiesto,
guardan una estrecha similitud con aquellos planteados en el recurso de apelación
interpuesto contra el auto que rechazó la demanda.
6. Impugnación7
La parte actora impugnó la decisión de primera instancia y reiteró los argumentos
expuestos en la solicitud de amparo. Sostuvo que la conclusión adoptada por el juez
constitucional de primera instancia partía de una lectura reducida del problema jurídico
planteado, en la medida en que omitía considerar que la controversia versaba sobre una
afectación actual y verificable de derechos fundamentales, derivada del cierre absoluto
del control judicial respecto de actos administrativos definitivos.
Asimismo, indicó que el a quo, al declarar la improcedencia de la acción con fundamento
en la similitud entre los cargos formulados en la tutela y los expuestos en sede ordinaria,
incurrió en un entendimiento equivocado, al equiparar indebidamente la continuidad
argumentativa con la inexistencia de un problema de relevancia constitucional.
Agregó que aceptar que un rechazo equivale a una resolución de fondo del asunto
implicaría normalizar que el acceso a la administración de justicia puede agotarse sin que
medie un verdadero juicio de mérito.
De igual forma, señaló que el juez de primera instancia omitió realizar una adecuada
ponderación del principio pro actione, el cual impone a las autoridades judiciales el deber
de interpretar las normas procesales de la manera más favorable al acceso a la
administración de justicia, especialmente cuando se encuentran comprometidos
derechos fundamentales.
Mediante auto del 5 de febrero de 20268, la magistrada ponente de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado concedió la impugnación interpuesta por la parte actora.
6 Índice 00018 del expediente digital de primera instancia, certificado E9402D7767B6A43F 0B81F0BFFF80F85B
D2FF68CDB032A065 19BBA71284E40119.
7 Índice 00023 del expediente digital de primera instancia, certificado A8E31FE8203018BA 13ABACD291CBA4D1
F603F2C682F571F0 B5E9571E64350465.
8 Índice 00026 del expediente digital de primera instancia, certificado F93FAC0AE08809CC 98834A39E9147AF9
F8728E07E7ED109A D521AEC94B235647.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07129-01
Accionante: Ibeth Judith Contreras Tatis
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 32
del Decreto 2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, en tanto la
señora Ibeth Judith Contreras Tatis es la titular de las garantías constitucionales que
afirma vulneradas, en su condición de demandante dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 70001-33-33-004-2024-
00230-00/01.
2.2. De igual manera, se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva,
habida cuenta de que el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Sincelejo y el
Tribunal Administrativo de Sucre-Sala Tercera de Decisión fueron las autoridades
judiciales que profirieron las decisiones que, según la parte actora, vulneraron sus
derechos fundamentales.
2.3. Ahora bien, antes de abordar el análisis de los defectos invocados, la Sala considera
necesario precisar que, si bien la parte actora cuestionó las decisiones proferidas tanto
en primera, como en segunda instancia dentro del proceso ordinario, el examen
constitucional se circunscribirá al auto del 26 de junio de 2025, dictado por el Tribunal
Administrativo de Sucre-Sala Tercera de Decisión, por tratarse de la providencia que puso
fin a la actuación.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar la
sentencia del 22 de enero de 2026, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela por no superarse el
requisito de relevancia constitucional.
Para el efecto, es necesario establecer si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
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Accionante: Ibeth Judith Contreras Tatis
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 20059 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela 10 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 11.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”12.
4.1. Relevancia constitucional.
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones
judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la
protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina
la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e
indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la
órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía
e independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
9 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
11 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decis ión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
11 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
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tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces” 13.
En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en
tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la
controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo
formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el
análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que
se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
De manera que la intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente,
ante graves defectos constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de
manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en
la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que
el asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más
amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la
petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con
la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho
tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria,
a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto 14.
13 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
14 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
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5. Caso concreto
La Sala anuncia que confirmará la decisión de primera instancia, en el sentido de declarar
la improcedencia de la acción de tutela, por no superarse el requisito de relevancia
constitucional, por las razones que se exponen a continuación:
5.1. La parte actora sostuvo que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales al incurrir en diversos defectos. En primer lugar, alegó la configuración de
un defecto sustantivo, por indebida aplicación del artículo 164 del CPACA, al considerar
que las resoluciones expedidas en 2024 debían ser tratadas como actos que afectan
prestaciones periódicas y, en consecuencia, podían ser demandadas en cualquier
tiempo. En ese sentido, cuestionó que dichas decisiones hubieran sido calificadas como
actos confirmatorios de una determinación adoptada en 2018, pese a que, en su criterio,
generaban una situación jurídica nueva con efectos económicos actuales sobre su
pensión.
En segundo lugar, adujo un defecto fáctico, por cuanto, a su juicio, no se valoraron
adecuadamente elementos probatorios relevantes, tales como la petición del 16 de
noviembre de 2023, las resoluciones expedidas en 2024 y el impacto económico
continuado de la negativa en sus ingresos.
Igualmente, invocó un defecto por falta de motivación, al estimar que no se explicaron las
razones por las cuales los actos administrativos demandados no encajaban en la
excepción prevista en el artículo 164 del CPACA.
Asimismo, alegó el desconocimiento del precedente constitucional, en particular de las
sentencias C-590 de 2005 y T-476 de 2013, así como la configuración de un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, al haberse centrado el análisis en un acto
administrativo de 2018 que no fue demandado, lo que condujo a la declaratoria de
caducidad.
Finalmente, sostuvo que dicha interpretación vulneraba la protección reforzada en
materia pensional de las personas adultas mayores, al afectar sus ingresos y, con ello,
sus condiciones mínimas de subsistencia.
5.2. Ahora bien, del análisis de la providencia proferida el 26 de junio de 2025 por el
Tribunal Administrativo de Sucre-Sala Tercera de Decisión, se advierte que dicha
autoridad judicial concluyó que el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho había caducado, en la medida en que el acto administrativo que debía ser objeto
de control era la Resolución RDP 023044 del 20 de junio de 2018, mediante la cual la
UGPP dispuso el descuento de los aportes pensionales. En efecto, el tribunal señaló:
“En el presente asunto, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de
Sincelejo a través sentencia del 29 de enero de 2015, le ordenó a la UGPP, reliquidar
la pensión de la señora Ibeth Contreras, con base al promedio del 75 % de todos los
factores salariales devengados en el último año de servicio. La sentencia fu objeto de
apelación y confirmada por el Tribunal Administrativo de Sucre el 23 de julio de 2015.
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Accionante: Ibeth Judith Contreras Tatis
La UGPP para dar cumplimiento a la sentencia, expidió la Resolución RDP 023044
del 20 de junio de 2018, mediante el cual reliquida la pensión de la demandante y
realiza unos descuentos del retroactivo por concepto de aportes pensionales por la
suma de $35.726.936.
Posteriormente, el 16 de noviembre de 2023, hecho confesado espontáneamente en
la demanda (hecho número 12) la señora Ibeth Contreras Tatis, a través de
mandatario, de manera escrita solicita a la UGPP la devolución de los dineros que
fueron objeto de cobro y deducción por aportes pensionales realizados por dicha
entidad en cumplimiento de los fallos judiciales antes referidos. Asimismo, ello,
concuerda con el contenido de las resoluciones en las que se da respuesta a dicha
petición.
La petición es resuelta de manera negativa a través de las Resoluciones RDP 003260
del 15 de febrero de 2024, RDP 005923 del 30 de abril de 2024 y RDP 7293 del 24
de abril del 2024. Decisiones administrativas que hoy se pretende sean declarados
nulos y se ordene la devolución y/o reintegro de los recursos que fueron objeto de
deducción directa por parte de la UGPP.
Precisado lo anterior, la Sala estima que le asiste razón al A-quo, al declarar la
caducidad del medio de control invocado, teniendo en cuenta que el juicio de legalidad
debió recaer sobre la Resolución RDP 023044 del 20 de junio de 2018, pues es en
este acto administrativo donde se ordenó por parte de la UGPP la deducción de los
dineros por concepto de aportes para pensión de factores de salario no efectuados,
como una suma única de dinero”15.
En ese contexto, el tribunal consideró que la controversia planteada por la demandante
no recaía sobre una prestación periódica, como lo sería la reliquidación pensional, sino
sobre el descuento de una suma única de dinero, razón por la cual no resultaba aplicable
la excepción prevista en el literal c), numeral 1, del artículo 164 del CPACA, sino el
término general de caducidad de cuatro (4) meses.
Por otra parte, en cuanto a la pretensión de nulidad de las Resoluciones RDP 003260 del
15 de febrero de 2024, RDP 005923 del 30 de abril de 2024 y RDP 007 7293 del 24 de
abril del 2024, el tribunal precisó que:
“(…) al ser nuevos actos no son pasibles de control judicial al ser consecuencia de
una petición posterior y no reviven términos 16.
En efecto, la posibilidad de instaurar una nueva petición sobre el mismo derecho no
afecta el acto expreso que ya lo había definido, el cual se mantiene incólume al existir
una decisión primigenia en torno a la suma única descontada a la actora de la
condena a su favor, por lo que la respuesta que la administración emitió no tiene la
fuerza de revivir los términos para interponer la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho17.
15 Índice 00003 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho radicado número 70001 -33-33-004-2024-
00230-01 en el aplicativo SAMAI, certificado 47A368BF30D2240D 6AF373671926FFC7 3CF55DFFC375C3EA
78CC0882EDD9B7CB.
16 Se puede consultar sobre un asunto similar al aquí tratado, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE. Sala
Segunda de Decisión. Sincelejo, veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitrés (2023). Medio de Control: Nulidad y
restablecimiento de derecho. Radicado: 70-001-33-33-001 2021-00139-01. Demandantes: Aura Esther Pérez de
Oviedo. Demandados: UGPP [cita textual].
17 Sección Segunda. Sentencia del 12 de julio de 2001, Magistrado Ponente: Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda. Exp. 3146-
00. Ver también la Sentencia de 17 de mayo de 2007, Expediente No. 13001 -23-31-000-2000-00124-01(6533-05),
Magistrado Ponente: Alejandro Ordóñez Maldonado, actor: Rafael E. Mestre Yunes [Cita textual].
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07129-01
Accionante: Ibeth Judith Contreras Tatis
En síntesis, como quiera que la Resolución RDP 023044 del 20 de junio de 2018 fue
el acto administrativo en que la UGPP ordenó y dispuso la deducción de una suma
única de dinero por concepto de aportes pensionales dejados de pagar, era la llamada
a ser demandada a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho dentro de los 4 meses contados a partir de su notificación. Ad empero, como
no fueron atacada judicialmente a través del mencionado medio de control dentro
término antes dicho, se configuró el fenómeno jurídico de la caducidad.
Valga la pena precisar que, cuando el juez advierta, en cualquier estado del proceso,
la configuración de la caducidad del medio de control es necesaria su declaratoria
para evitar el desgaste de la administración de justicia. En Sentencia C- 146 de 2015,
la Corte Constitucional expuso que el acceso a la administración de justicia no es un
derecho ilimitado y absoluto. Argumento que se ve reflejado en lo estatuido en el
artículo 103 de la Ley 1437 de 2011, cuando sobre el objeto y principios de la
jurisdicción contenciosa administrativa, establece en su inciso final que “quien acuda
ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del deber
constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de
justicia, estará en la obligación de cumplir con las cargas procesales y probatorias
previstas en este Código””18.
En ese sentido, el tribunal señaló que las resoluciones expedidas en 2024 no eran
susceptibles de control judicial, en tanto constituían respuestas a una petición posterior
que no tenía la virtualidad de revivir los términos para demandar el acto administrativo
inicial, el cual ya había definido de manera definitiva la situación jurídica.
Adicionalmente, recordó que el acceso a la administración de justicia no es un derecho
absoluto, de modo que quienes acuden a la jurisdicción deben observar las cargas
procesales establecidas en la ley, entre ellas, el cumplimiento de los términos de
caducidad.
5.3. De lo anterior se desprende que el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera
de Decisión, expuso de manera clara, suficiente y razonada los fundamentos que
sustentaron su decisión de confirmar el rechazo de la demanda.
En efecto, la autoridad judicial estructuró su análisis sobre dos premisas principales: (i)
que el acto administrativo susceptible de control era la Resolución RDP 023044 de 2018,
respecto de la cual operó la caducidad; y (ii) que las resoluciones de 2024 no tenían la
entidad de reabrir el debate ni de revivir los términos procesales, al tratarse de actos que
no modificaban la situación jurídica previamente definida.
Igualmente, en lo atinente al pago del retroactivo pensional, reiteró que los actos de
ejecución de sentencias judiciales no son, por regla general, susceptibles de control
judicial, salvo cuando exceden lo ordenado, circunstancia que no se evidenciaba en el
caso concreto, por lo que el mecanismo idóneo era el proceso ejecutivo.
5.4. Pues bien, los elementos señalados en precedencia le permiten a la Sala inferir, con
claridad, que el debate planteado en este caso fue adecuadamente examinado por el juez
18 Ibid.
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Accionante: Ibeth Judith Contreras Tatis
competente. Asimismo, no se aprecia que la decisión haya sido dictada de forma
arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y fundamentos normativos, ni que se
hayan trasgredido los derechos fundamentales de la parte actora durante el desarrollo
del proceso ordinario.
Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y explicativa
que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través del amparo,
la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de manera clara que no basta
la simple mención de la vulneración de los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, sino que, para entender como acreditado el requisito general
de procedencia de relevancia constitu cional, se requiere demostrar: i) su existencia; ii)
su carácter desproporcionado; y iii) su carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela
debe aportar elementos suficientes que permitan al juez constitucional advertir tal
vulneración 19.
Por lo tanto, es claro que no basta con realizar simples afirmaciones con la intención de
lograr que su tesis sea acogida, sino que lo que se requiere es que la parte actora
presente sus reparos de cara a los derechos fundamentales que considera vulnerados y
eleve su argumentación a rango constitucional.
5.5. Ahora bien, respecto al defecto fáctico alegado por la parte accionante a la luz del
requisito de relevancia constitucional, es preciso recordar que la Corte Constitucional ha
señalado que este se configura cuando “resulta evidente que el apoyo probatorio en que
se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado
(...)”20 o cuando “se hace manifiestamente irrazonable la valoración probatoria hecha por
el juez en su providencia”21.
En esa medida, la indebida valoración de las pruebas, ya sea desde su dimensión positiva
o negativa22, solo adquiere relevancia constitucional cuando el yerro es ostensible,
flagrante y manifiesto, y tiene la entidad suficiente para incidir en el sentido de la decisión
adoptada23. Por ello, para que se configure este defecto es indispensable identificar la
prueba que no fue valorada o que fue apreciada de manera irrazonable, así como
demostrar que tal irregularidad tenía la potencialidad de modificar el resultado de la
19 Sentencia SU-215 de 2022.
20 Corte Constitucional, sentencia T-393 de 2017, T-567 de 1998, reiterada en sentencias como la T-555 de 1999, T-
1100 de 2008, T-781 de 2011, entre otras.
21
Corte Constitucional, sentencia SU-399 de 2012.
22 Corte Constitucional, sentencia T-385 de 2018. “La Corte Constitucional ha identificado dos dimensiones en las que
se puede apreciar el defecto fáctico: 1.) La dimensión negativa del defecto fáctico, según aquella, abarca supuestos
como los siguientes: i) ignorar o no valorar, injustificadamente, medios de prueba trascendentales frente a la decisión
adoptada; ii) decidir al margen de las pruebas que le hubieren impedido la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la providencia; iii) no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en los que el juez se encuentre
habilitado legalmente para hacerlo, y siempre que de las circunstancias del caso se derive la obligación de hacerlo
para esclarecer hechos oscuros o difusos. 2.) La dimensión positiva del defecto fáctico puede abarcar supuestos
tales como: i) valorar pruebas ilícitas, siempre que las mismas hubieren sido determinantes del sentido de la
decisión; ii) decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conduzcan a demostrar los hechos en que se
fundamenta la providencia judicial que se cuestiona en tutela”.
23 Sentencias T-442 de1994 y T-456 de 2010.“(…) El error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad
que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de
tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia, porque ello sería contrario al principio
de que la tutela es un medio alternativo de def ensa judicial, aparte de que se invadiría la órbita de la competencia y la
autonomía de que son titulares las otras jurisdicciones.(…)”. (Resaltado de la Sala).
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Accionante: Ibeth Judith Contreras Tatis
decisión judicial cuestionada.
Bajo ese entendido, la Sala advierte que la parte actora sostuvo que el tribunal incurrió
en un defecto fáctico al valorar de manera indebida la petición de 16 de noviembre de
2023, así como las tres resoluciones de 2024. No obstante, la accionante no desarrolló
argumentos dirigidos a demostrar de qué manera el análisis realizado por la autoridad
judicial vulneraba sus garantías constitucionales, pues se limitó a exponer su teoría del
caso, en el sentido que apoyara sus pretensiones de éxito.
En ese orden, los argumentos relacionados con la configuración de un defecto fáctico no
exponen una irracionabilidad en la interpretación probatoria que el Tribunal Administrativo
de Sucre-Sala Tercera de Decisión, sino que pretenden, nuevamente, insistir en mostrar
una solución distinta al caso concreto de manera favorable a los intereses del tutelante,
pues no advierten reparos concretos en contra del análisis realizado por la autoridad
judicial.
Lo expuesto resulta suficiente para que la Sala se releve del análisis de este cargo, en la
medida en que la solicitante no desarrolló sus argumentos en función del defecto fáctico
invocado, pues su reparo se circunscribió en señalar que existió un yerro probatorio, pero
olvidó por completo mencionar en que cambiaría la decisión tal circunstancia.
5.6. En cuanto al cargo relativo a la aplicación indebida del precedente, se colige que, la
accionante no tuvo en cuenta que la autoridad judicial cuestionada citó jurisprudencia del
Consejo de Estado en su decisión en la que se refirió a la forma en la que se estudiaba
la caducidad en casos como el estudiado y no presentó reparo alguno sobre la manera
en que la interpretó, situación que hace que el cargo carezca de relevancia constitucional
en la medida en que no es del resorte del juez de tutela inmiscuirse en asuntos que
atañen a la autonomía del juez del proceso ordinario, porque esto invadiría su órbita y
propendería al mal uso de esta acción constitucional.
Aunado a lo anterior, huelga precisar que, se hace evidente la falta de subsidiariedad del
presente caso, toda vez que los reparos formulados para sustentar el vicio endilgado a la
providencia acusada (desconocimiento de la C-590 de 2005 y en la T-476 de 2013) no
fueron expuestos en el proceso ordinario, lo que impide que sean objeto de estudio por
el juez constitucional.
5.7. A partir de lo anterior, para la Sala resulta diáfano que la parte actora pretende
imponer su interpretación normativa y jurisprudencial sobre las consideraciones
expuestas por la autoridad enjuiciada, así como su discrepancia frente a la decisión
adoptada y, de esta manera, continuar con el debate surtido en el trámite del proceso
primigenio, sin que haya demostrado la violación de los derechos fundamentales para los
que pidió su protección.
Si bien, parte actora, aduce que se configuraron varios defectos, lo cierto es que sus
argumentos se limitan a reparos de mera legalidad que no tiene la suficiente entidad para
permitir que el juez constitucional entre a revisar el asunto de fondo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07129-01
Accionante: Ibeth Judith Contreras Tatis
5.8. Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada por
la parte actora está encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que reitera argumentos de
índole legal y probatorio desarrollados en el marco del proceso ordinario, sin esbozar las
razones concretas por las cuales los derechos fundamentales invocados fueron
vulnerados con la providencia atacada, lo que escapa de la órbita del juez constitucional,
toda vez que, como ya se dijo, la decisión censurada se sustenta en el principio de
autonomía judicial. Esto aunado a que el actor no presentó reparos concretos en contra
de los argumentos que llevaron al tribunal a declarar la nulidad de los actos.
Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter excepcional,
para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional fundamental y entre
sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria, por lo que su
procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión proveniente de una
autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que ello implique, como
lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera una instancia
adicional a lo ya surtido.
Para el efecto, se reitera que el hecho de que la parte accionante no esté de acuerdo con
el análisis probatorio realizado por el Tribunal Administrativo de Sucre-Sala Tercera de
Decisión no habilita para que el juez constitucional interfiera en la apreciación realizada
por la autoridad judicial, en tanto, no se vislumbra que los argumentos de la solicitud de
amparo sean de carácter constitucional, sino que, se insiste, pretenden reabrir un debate
que ya fue zanjado por el juez de instancia.
En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada 24, lo que se opone a que use indebidamente como
una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario 25.
En consecuencia, la Sala procederá a confirmar la decisión proferida en primera instancia
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción
por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional y, además, tampoco se cumple
la exigencia de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 22 de enero de 2026 por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela que
interpuso Ibeth Judith Contreras Tatis contra el Tribunal Administrativo de Sucre-Sala
24 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
25 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07129-01
Accionante: Ibeth Judith Contreras Tatis
Tercera de Decisión y el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Sincelejo,
conforme la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
SABF
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