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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07141-00

Fecha
11 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07141-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL), por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por Mario Hernán Duarte Méndez, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)”. 21 Corte Constitucional. Sentencia T-554 del 20 de noviembre de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido). Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-07141-00 Accionante: Mario Hernán Duarte Méndez Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá y otro CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07141-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

11 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07141-00
Demandante: Mario Hernán Duarte Méndez
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá y otro
Acción: Acción de tutela- Primera Instancia
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por no cumplir
con los requisitos generales de inmediatez y
subsidiariedad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la acción de tutela interpuesta por Mario Hernán Duarte
Méndez, en contra del Tribunal Administrativo del Caquetá y la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional - Ejercito Nacional - Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.

1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Mario Hernán Duarte Méndez, actuando a través de apoderado judicial,
interpuso acción de tutela en contra de las precitadas entidades y para ello, formuló las
siguientes pretensiones1:

PRIMERO: Solicito a Usted Señor Juez, se sirva declarar violados los derechos
Constitucionales fundamentales laborales al mínimo vital, a la vida, a la salud, al
trabajo, a la seguridad social, la dignidad humana, libre desarrollo de la
personalidad, derecho de petición, el debido proceso y el derecho a la defensa, y
todos aquellos que resultaron probados dentro de este accionar, ordenando al
Ejército Nacional que responda las peticiones incoadas y junto al accionado
Cremil, que se pronuncien quien de los dos va a cancelar las sumas pretendidas
o les corresponderían a ambos.

SEGUNDA; Ordenar al Tribunal Administrativo de Florencia que modifique la parte
final del punto cuarto de la sentencia de marras y deje sin efecto el párrafo que
dice que; A la suma resultante se le deberá descontar lo pagado por concepto
de asignación de retiro, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
Las diferencias resultantes se ajustarán en su valor aplicando la fórmula de
indexación señalada en la parte motiva de esta providencia”. Igualmente,
ordene que Cremil deberá continuar cancelando la mesada mensual, así como los
emolumentos pensionales de ley al accionante TC Mario Hernán Duarte Méndez,
así mismo ordenar a la Caja de Retiros Cremil, que solo podrá revocar el derecho
pensional, al accionante si este da su consentimiento y en caso contrario, Cremil
deberá iniciar las acciones contenciosas administrativas para su revocatoria y las
acciones adicionales, para la devolución de dichas mesadas.

1 Aparte del escrito de tutela.

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Accionante: Mario Hernán Duarte Méndez
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá y otro

TERCERA. Ordenar a los accionados, CREMIL, si el Honorable Tribunal lo
encuentra pertinente, pagar al accionante el incremento de los 6 primeros meses
de enero a junio de 2025, más el sueldo de junio, más la prima de medio año por
un valor de un salario actual, equivalente a $12.952.968,43. m/cte, así mismo
continuar cancelando las mesadas pensionales al accionante.

CUARTO. Ordenar al accionado Ejercito Nacional, a cancelar un factor salarial
denominado “Prima Vacacional” por valor de $3.564.291.oo, pagadero desde el
mes de diciembre del año 2015 y que fue reclamado vía petición y nunca
respondido ni pagado, así mismo ordenar al Ejercito Nacional si lo considera
pertinente, pagar la prima de mitad de año del 2025, por un valor de un salario
actual, equivalente a $12.952.968,43. m/cte, más el incremento salarial y demás
emolumentos por los 7 meses que demoro el reintegro y el cumplimiento de la
sentencia, más el incremento o aumento salarial del 2025, así como la prima de
mitad de año del 2025.

CUARTO. En caso de que la tutelada no responda dentro del término y se dé o
configure el allanamiento, solicito se sirva proceder a aplicar el artículo 20 del
decreto 2591 de 1991 que declara todos los hechos ciertos y proceda a resolver
de fondo. (Sic a toda la cita)

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que fue retirado del servicio mediante la Resolución nro. 0369 del
20 de enero de 2016, decisión que, según afirmó, estuvo motivada en hechos falsos e
inexistentes.

Agregó que, en virtud de dicho retiro, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL,
mediante la Resolución nro. 1478 del 29 de febrero de 2016, le reconoció la asignación
de retiro.

Señaló que, al considerar ilegal su retiro, presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho con el fin que se declarara la nulidad la precitada Resolución nro. 0369 de
2016. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo de
Florencia que, en sentencia del 31 de julio de 2019 negó las pretensiones.

Inconforme con la decisión anterior, interpuso recurso de apelación y el Tribunal
Administrativo del Caquetá, en sentencia del 17 de octubre de 2024 la revocó y, en su
lugar, resolvió lo siguiente:

(…) PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por la magistrada
Anamaría Lozada Vásquez, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución 0369 del 20 de enero de
2016, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, por la cual se dispuso el
retiro del servicio activo de las Fuerzas Militares – Ejército Nacional, en forma
temporal con pase a reserva “Por llamamiento a calificar servicios”, al teniente
coronel Mario Hernán Duarte Méndez, por las razones expuestas en precedencia.

TERCERO: Como restablecimiento del derecho, ORDENAR a la NACIÓN –
MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, reintegrar de manera
inmediata sin solución de continuidad a MARIO HERNÁN DUARTE MÉNDEZ,
teniendo en cuenta para efectos de ascensos al grado superior el tiempo que

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estuvo desvinculado de la entidad, permitiéndose concursar para ascensos a
grados superiores.

CUARTO: Como restablecimiento del derecho, ORDENAR a la NACIÓN –
MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, reconocer y pagar a
MARIO HERNÁN DUARTE MÉNDEZ, los sueldos, prestaciones y demás
emolumentos dejados de devengar desde la fecha del retiro y hasta que se haga
efectivo el reintegro, atendiendo al cargo a que haya lugar de conformidad con lo
establecido en la anterior condena. A la suma resultante se le deberá descontar
lo pagado por concepto de asignación de retiro, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva.

Las diferencias resultantes se ajustarán en su valor aplicando la fórmula de
indexación señalada en la parte motiva de esta providencia. (…)

Expuso que, tras la sentencia de segunda instancia, por una parte, el Ministerio de
Defensa Nacional, mediante la Resolución nro. 2743 del 4 de junio de 2025, ordenó su
reintegro al servicio activo en el Ejército Nacional; y por otra, mediante la Resolución nro.
6242 del 1 de julio de 2025, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL, revocó
la resolución por la cual le había reconocido la asignación de retiro y declaró la extinción
de dicho derecho.

Continuó relatando que, mediante la Resolución No. 7688 de 2025, CREMIL lo declaró
deudor y le exigió devolver todas las mesadas pensionales pagadas durante los años que
percibió la asignación de retiro, argumentando que, al reintegrarse al servicio,
desapareció el fundamento legal de la pensión y que el fallo del Tribunal retrotrajo las
actuaciones.

Indicó que CREMIL suspendió el pago de la mesada pensional hasta mayo de 2025, pero
quedaron pendientes el incremento salarial correspondiente a los meses de enero a junio
de 2025 y la prima de medio año, valores que no fueron cancelados. La entidad alegó
que tales sumas debían ser asumidas por el Ejército Nacional debido al reintegro, pero
ni CREMIL ni el Ejército han efectuado dichos pagos.

Añadió que, tras el reintegro efectivo el 4 de junio de 2025, el Ejército Nacional
únicamente le pagó 27 días de salario correspondientes a ese mes, omitiendo reconocer
la prima de mitad de año, el incremento salarial y otros emolumentos derivados del
reintegro.

Afirmó que mientras CREMIL sostuvo que estos pagos correspondían al Ejército, esta
última entidad guardó silencio. En vista de ello, radicó derechos de petición solicitando el
incremento salarial de enero a junio, el salario completo del mes de junio y la prima de
mitad de año, sin que a la fecha haya recibido respuesta o pago, pese a encontrarse
vencido el término legal.

Manifestó que el punto cuarto de la sentencia del Tribunal, que ordena devolver las
mesadas pensionales indexadas, es erróneo, contrario a la Constitución y fue
interpretado de manera indebida por CREMIL.

Sostuvo que resulta injustificado que, pese a haber ganado el proceso, ser reintegrado
sin solución de continuidad y obtener el reconocimiento de salarios como indemnización,
se le obligue a devolver las mesadas recibidas durante los años de desvinculación.

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Al respecto, argumentó que tal devolución desconoce el carácter indemnizatorio de los
salarios y emolumentos ordenados por la sentencia, los cuales tienen por objeto reparar
el daño ocasionado por el retiro injusto.

Como fundamento de la acción de tutela, el accionante señaló lo siguiente:

Indicó que enfrenta un perjuicio grave, pues la situación afecta directamente su
estabilidad económica y familiar. Precisó que atraviesa una condición financiera delicada
y que, desde 2022, adelanta un proceso de insolvencia de persona natural no
comerciante, el cual culminó sin éxito en noviembre de 2023.

Señaló que, si bien existen medios ordinarios para reclamar los pagos laborales, estos
resultan ineficaces en su caso, dado que actualmente se encuentra en servicio activo y
depende de sus salarios y demás emolumentos para su subsistencia.

En su criterio, carece de lógica que, estando vinculado laboralmente, deba acudir a un
proceso ordinario para obtener retroactivos o primas que debieron pagarse de forma
automática. La falta de pago, sumada a la inacción tanto del Ejército Nacional como de
CREMIL, afecta de manera directa sus derechos fundamentales.

Aclaró que no ha ejercido ningún otro cargo público distinto al que desempeña como
oficial reintegrado. Planteó que el problema central consiste en determinar si CREMIL,
con fundamento en el reintegro sin solución de continuidad ordenado por el Tribunal,
puede declararlo deudor de una obligación que nunca contrajo y retirarle un derecho
pensional adquirido legalmente por el cumplimiento de requisitos.

Sostuvo que no existe razón válida para que CREMIL suspenda el pago de sus mesadas
ni de los emolumentos prestacionales, bajo el argumento de la prohibición de recibir doble
asignación del Tesoro Público. Además, cuestionó que se pretenda exigir la devolución
de las mesadas recibidas durante el periodo de retiro, que posteriormente fue declarado
ilegal, mediante descuentos sobre su salario actual, cuando él fue la víctima del acto
administrativo anulado.

Sostuvo que el fallo del Tribunal no motivó adecuadamente la orden de devolver las
mesadas pensionales, pese a que la pensión le había sido reconocida válidamente hacía
nueve años. Consideró que revocar ese derecho y exigir la devolución de las sumas
pagadas carece de sustento legal y constitucional.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes dentro del trámite fueron las siguientes:

3.1. La acción de tutela fue admitida mediante auto de 14 de noviembre de 20252, en el
cual se ordenó notificar3 al Tribunal y a la Nación- Ministerio de Defensa Nacional –
Ejercito Nacional- Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL), en su condición de
autoridades accionadas. Igualmente, se dispuso vincular al Juzgado, con el fin de que
rindiera informe sobre la presente solicitud de amparo.

2 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001-

03-15-000-2025-07141-00.
3 Esta orden se cumplió el 19 de noviembre de 2025. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la

Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001-03-15-000-2025-07141-00.

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En la misma decisión, se requirió al Juzgado y al Tribunal para que remitiera copia digital
del expediente correspondiente al proceso identificado con el radicado nro. 18001-33-33-
002-2016-00267-00/01.

3.2. El Ministerio de Defensa Nacional4, rindió informe en el que solicitó negar las
pretensiones de la acción de tutela, al considerar que el accionante no demostró el
cumplimiento de los requisitos específicos de procedencia del amparo, ni acreditó la
presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados.

Señaló que, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, tanto el
Juzgado como el Tribunal realizaron un análisis juicioso de las pruebas allegadas en
debida forma al expediente, así como de las normas aplicables al caso.

3.3. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL)5 allegó informe en el que solicitó
declarar la improcedencia de la acción de tutela, por considerar que no es la entidad
llamada a responder por las pretensiones formuladas por el accionante.

Sostuvo que la acción de tutela resulta improcedente, pues el actor no demuestra
encontrarse en condición de vulnerabilidad. Indicó que se pretende acudir a la tutela para
obtener el pago de sumas derivadas de una sentencia judicial, pese a que existen
mecanismos ordinarios idóneos para tal fin.

Agregó que la decisión judicial cuestionada fue proferida hace más de seis meses, lo cual
desconoce el requisito de inmediatez. Recordó que la tutela no puede emplearse para
revivir términos legales ni para que el juez constitucional asuma competencias propias
del juez natural, en contravía del principio de subsidiariedad.

Afirmó que CREMIL no ha vulnerado derecho fundamental alguno, pues el accionante
contó con los medios judiciales de defensa y participó plenamente en todas las etapas
procesales, sin restricciones para acceder a la administración de justicia.

Expuso la existencia de falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto las
pretensiones del accionante se refieren a efectos de una decisión judicial que ordena el
pago de sumas a cargo del Ejército Nacional, y no de CREMIL.

Finalmente, manifestó que la orden judicial dispuso el reintegro del actor al servicio activo,
por lo que no tiene fundamento fáctico ni jurídico que CREMIL continúe pagando una
asignación de retiro a una persona actualmente vinculada al servicio.

3.4. El Juzgado Segundo Administrativo de Florencia (Caquetá)6 allegó el vínculo del
expediente ordinario, sin embargo, no se observa informe alguno.

3.5. El Tribunal Administrativo del Caquetá guardó silencio.

4 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001-

03-15-000-2025-07141-00.
5 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001-

03-15-000-2025-07141-00.
6 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001-

03-15-000-2025-07141-00.

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4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 7 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,8 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 20219, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 201910, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10
de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la
distribución de procesos entre las secciones.

4.2. CUESTIÓN PREVIA

Sobre la legitimación en la causa por pasiva, la Corte Constitucional en sentencia T-416
del 28 de agosto de 1997 señaló lo siguiente:

[…] 2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha
calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe
entonces simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo.

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al
demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor
le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

(…)

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución
como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se
promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por
la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de
las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto. (Subrayas fuera del texto
original).

En atención a lo expuesto, la Sala considera que no procede acceder a la solicitud de
declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que, del análisis del
expediente de nulidad y restableciendo del derecho con número de radicado 18001-33-
33-002-2016-00267-00/01, se observa que CREMIL fungió como autoridad demandada
dentro del referido medio de control.

Por lo tanto, la participación de dicha autoridad resulta necesaria para garantizar la
eficacia de la decisión judicial que llegue a adoptarse, razón por la cual deberá

7 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
8 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece

las reglas de reparto de la acción de tutela.
9 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
10 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.

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permanecer vinculada al presente trámite constitucional, sin que sea procedente su
desvinculación.

4.3. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente11:

4.3.1. El accionante interpuso demanda de nulidad y restableciendo del derecho contra
el Ministerio de Defensa nacional- Ejercito Nacional, pretendiendo la nulidad de la
Resolución nro. 0369 de 2016 y a título de restablecimiento del derecho, solicitó el
reintegro laboral inmediato sin solución de continuidad, que sea llamado al ascenso a
grado de coronel efectivo, que se ordene el pago de los sueldos y demás prestaciones
sociales dejadas de percibir y que se pague los perjuicios materiales y morales causados.

4.3.2. Mediante sentencia del 31 de julio de 2019, el Juzgado resolvió negar las
pretensiones de la demanda. Contra dicha decisión, el accionante interpuso recurso de
apelación.

4.3.3. El Tribunal, mediante sentencia de segunda instancia del 17 de octubre de 2024,
resolvió el recurso de apelación con la cual revocó la decisión de primera instancia.

4.4. ANÁLISIS DE LA SALA

El accionante presentó acción de tutela con el fin que se amparen de sus derechos
fundamentales al mínimo vital, la vida, la salud, el trabajo, la seguridad social, la dignidad
humana, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho de petición, el debido proceso
y la defensa, los cuales estima conculcados con ocasión de: (i) la sentencia de segunda
instancia proferida el 17 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Caquetá,
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro.
18001 33 33 002 2016 00267 00/01; (ii) la suspensión en el pago de la mesada pensional;
y (iii) la falta de pago de “la prima de mitad de año, el incremento salarial y demás
emolumentos a que tiene derecho laboralmente por efectos de su reintegro”12.

Conforme lo anterior, la Sala analizará, por una parte, el reproche orientado a controvertir
la sentencia de segunda instancia dictada por el tribunal accionado; y por otra, los
reproches relacionados con el pago de la mesada pensional y demás emolumentos que
considera se le adeudan.

4.4.1. Reproche contra la decisión judicial

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.

Frente a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, se tiene lo siguiente:

11 Lo que se desprende del expediente identificado con el radicado nro. 18001-33-33-002-2016-00267-

00/01
12 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 07141 00.

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La jurisprudencia constitucional ha considerado que, dado que la finalidad de la tutela es
la protección urgente e inmediata de los derechos fundamentales, ésta debe formularse
en un plazo razonable contado a partir del hecho que originó la amenaza o vulneración,
pues aceptar lo contrario desvirtuaría su carácter excepcional.

En este sentido, la Corte Constitucional13 destacó que la importancia de exigir un término
razonable entre la notificación de la providencia que se controvierte y la interposición de
la acción de tutela, radica en que dicho requisito: “(…) (i) garantiza una protección urgente
de los derechos fundamentales presuntamente amenazados o vulnerados; (ii) evita una
lesión desproporcionada a atribuciones jurídicas de terceros; (iii) resguarda la seguridad
jurídica; y (iv) desestima las solicitudes negligentes (…)”.

La citada Corporación estableció dos eventos en los que es posible valorar la
admisibilidad de una acción de tutela presentada luego de que hubiese transcurrido un
largo período respecto de la vulneración o amenaza de derechos: (i) cuando se
demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho
que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la
situación es continua y actual; y (ii) cuando la especial situación de aquella persona a
quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, hace desproporcionado el hecho
de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo, el estado de indefensión,
interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros 14.

La razonabilidad del plazo debe ser valorada en cada caso concreto, teniendo en cuenta,
entre otros, los siguientes criterios: (i) si existe un motivo válido para la inactividad del
accionante; (ii) si la inactividad injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados, y (iv) si el
fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de
los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha
de interposición15.

De manera similar, la Corte Constitucional, en la sentencia SU - 069 del 21 de junio de
2018, explicó lo siguiente:

[…] la tutela debe interponerse dentro de un término oportuno y razonable, es
decir, en un momento cercano a aquel en que se presentó la vulneración o
amenaza. No obstante, también ha considerado que en los eventos donde la
afectación permanece en el tiempo el requisito debe flexibilizarse no solo porque
la posición desfavorable es continua y actual, sino por la situación de debilidad en
que puede hallarse el accionante […].

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia del
5 de agosto de 2014, unificó su jurisprudencia16 y, en cuanto al requisito de inmediatez,
estableció que “(…) la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses,
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para
determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente
(…)”. (Negrillas del texto).

13 Corte Constitucional, Sentencia SU-354 de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-584 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
15 Corte Constitucional, Sentencias T-648 de 2003, T-322 de 2008, T-581 de 2012, entre otras.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014.

M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Rad.:11001 03 15 000 2012 02201 01.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07141-00
Accionante: Mario Hernán Duarte Méndez
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá y otro

Así entonces, en los casos que se controvierten providencias judiciales, por regla general,
la acción se debe interponer dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de
la providencia que se cuestiona, teniendo en cuenta la naturaleza del acto jurisdiccional,
los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y
extraordinarios y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y
estabilidad, plazo que deberá ser analizado en cada caso particular, tomando en
consideración las circunstancias especiales de tiempo, modo y lugar en que se encuentre
el accionante.

En el asunto bajo examen, el accionante cuestiona un aparte del numeral cuarto de la
sentencia del 17 de octubre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá,
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único
de radicación 18001-33-33-002-2016-00267-00/01.

En ese sentido, comoquiera que la providencia del 17 de octubre de 2024 fue notificada
el 1 de noviembre de 202417 al demandante, hoy accionante, y que la presente acción
de tutela fue radicada el 12 de noviembre de 202518, se advierte que no se cumple con
el requisito de inmediatez, pues la solicitud de amparo fue presentada más de seis meses
después de la notificación de la providencia cuestionada.

Adicionalmente, la Sala observa que la parte accionante no expuso motivo alguno que
justifique su inactividad para promover la tutela dentro de un término razonable, ni se
advierte, prima facie, que se encuentre en situación de debilidad manifiesta. En
consecuencia, no se identifica circunstancia alguna que permita validar la interposición
tardía de la presente acción.

Por lo anterior, la Sala concluye que no se cumple el requisito de inmediatez exigido para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. En consecuencia, el
amparo resulta improcedente y no es posible emitir un pronunciamiento de fondo sobre
las pretensiones formuladas.

4.2.2. Reproches frente a la suspensión en el pago de la mesada pensional y la falta
de pago de “la prima de mitad de año, el incremento salarial y demás emolumentos
a que tiene derecho laboralmente por efectos de su reintegro”.

Frente a los reproches relacionados con la suspensión del pago de la mesada pensional
y la falta de reconocimiento de primas, incrementos salariales y demás emolumentos
derivados del reintegro, la Sala observa que tales cuestionamientos recaen sobre
decisiones administrativas19 susceptibles de ser controvertidas a través del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho. Dicho mecanismo resulta idóneo y
eficaz para debatir la legalidad de los actos que presuntamente afectan la situación
laboral y económica del accionante y, de ser procedente, obtener la reparación
correspondiente. Incluso, en ese escenario es posible solicitar medidas cautelares
encaminadas a evitar afectaciones durante el trámite judicial.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que el artículo 86 de la Constitución Política20
establece que la acción de tutela sólo procede cuando el afectado no disponga de otro

17 Visto en el índice 41 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 18001-

33-33-002-2016-00267-01.
18 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001-

03-15-000-2025-07141-00.
19 La resolución que revocó el acto administrativo de reconocimiento de la asignación de retiro, entre otros.
20 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001-

03-15-000-2025-07141-00. Artículo 86. (…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de

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medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable. En tal caso, de conformidad con el numeral 1º
del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, el juez constitucional debe (i) apreciar la
existencia del medio de defensa judicial, (ii) analizar su eficiencia en relación con las
circunstancias concretas del solicitante y (iii) establecer si se acredita el perjuicio
irremediable21.

En esa línea, la Corte Constitucional ha señalado que el perjuicio irremediable no se
configura por la sola existencia de afectaciones económicas derivadas de decisiones
administrativas desfavorables. Por el contrario, su demostración exige acreditar que la
afectación sea grave, actual, inminente y que comprometa directamente el mínimo vital
del accionante, de forma tal que requiera una intervención urgente e impostergable del
juez constitucional.

Así mismo, la jurisprudencia ha reiterado que la acción de tutela no puede convertirse en
un mecanismo paralelo o sustitutivo de los medios judiciales ordinarios, pues ello
desnaturalizaría su carácter excepcional dentro del ordenamiento jurídico.

En el caso bajo examen, si bien el accionante manifiesta afectaciones económicas
derivadas de la suspensión de la mesada pensional y del no pago de otros conceptos
laborales, no allegó prueba que permita concluir que dicha situación compromete su
subsistencia o su mínimo vital, ni que el mecanismo judicial disponible resulte ineficaz
para la protección de sus derechos. Por el contrario, se advierte que cuenta con
herramientas procesales adecuadas dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, en el que incluso puede solicitar medidas cautelares para
evitar perjuicios mientras se adopta la decisión de fondo.

En consecuencia, al existir un mecanismo judicial ordinario idóneo para resolver las
inconformidades planteadas y no acreditarse la existencia de un perjuicio irremediable
que habilite la intervención excepcional del juez constitucional, la acción de tutela resulta
improcedente frente a estos reproches.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Caja de Retiro de
las Fuerzas Militares (CREMIL), por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por Mario
Hernán Duarte Méndez, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable (…)”.
21 Corte Constitucional. Sentencia T-554 del 20 de noviembre de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).

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Accionante: Mario Hernán Duarte Méndez
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá y otro

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 11 de
diciembre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

CARLOS FERNANDO MANTILLA GERMÁN EDUARDO OSORIO
NAVARRO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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