Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07149-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07149-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-07149-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
11 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07149-00
Demandante: Luz Delfina Neira Dueñas
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Procedencia del recurso extraordinario de revisión /
Subsidiariedad
Decisión: Declarar improcedente
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud formulada por Luz Delfina Neira Dueñas, en ejercicio de la
acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada
en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
2. Luz Delfina Neira Dueñas promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la igualdad, los cuales consideró vulnerados con
ocasión de la sentencia proferida el 27 de marzo de 2025 por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el radicado 50001-23-33-000-2018-00336-01 (5945-
2024).
3. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
3.1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 2 con la finalidad de
cuestionar la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales se le negó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia.
1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado « 3ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2».
2 En adelante UGPP.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Luz Delfina Neira Dueñas
3.2. El Tribunal Administrativo del Meta, en sentencia del 5 de septiembre de 2024
accedió parcialmente a las pretensiones al considerar que tuvo vinculación territorial
entre el 15 de febrero de 1973 y el 30 de abril de 1974; nacionalizada del 23 de marzo
al 21 de septiembre de 1981 por la aprobación del Ministerio de Educación; y
territorial nuevamente desde el 2 de febrero de 1996 hasta el 28 de febrero de 2017.
Asimismo, indicó que consolidó su estatus pensional el 20 de octubre de 2013 y que
la prescripción de mesadas operó desde el 22 de junio de 2014. En contra de esta
decisión la parte demandada interpuso recurso de apelación.
3.3. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 27
de marzo de 2025 revocó la decisión del a quo y, en su lugar, negó lo pretendido al
considerar que no acreditó el requisito de los 20 años de servicio como docente
territorial o nacionalizada.
3.4. La corporación judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al
pasar por alto el principio de congruencia, pues excedió su competencia al sustentar
su sentencia en razones no mencionadas ni propuestas ni desarrolladas por el
apelante, comoquiera que en ningún momento discutió la vinculación y cómputo del
tiempo de servicios en el periodo del 24 de julio de 2003 al 28 de febrero de 2017.
Aspecto que sirvió de fundamento para tomar la decisión, y configuró la incongruencia
del fallo de segunda instancia respecto de los argumentos planteados en el recurso
de apelación de la UGPP.
1.1.1. Pretensiones
4. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] Primero: Tutelar los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, AL ACCESO
A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, a la IGUALDAD, PRINCIPIO DE CONGUENCIA
y demás derechos que el Honorable despacho encuentre vulnerados, por parte del
CONSEJO DE ESTADO, mediante sentencia del mayo de 2025, a través de la cual
resolvió un recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.
Segundo: Como consecuencia de la protección de los derechos fundamentales
mencionados, deje sin efectos la sentencia de fecha mayo de 2025, proferida por el
CONSEJO DE ESTADO.
Tercero: Ordenar al CONSEJO DE ESTADO, adoptar las medidas necesarias para
resolver de fondo y de manera completa, el recurso de apelación. […]». (sic)
1.2. Informes rendidos en el proceso
5. El Tribunal Administrativo del Meta3 y el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A4 si bien allegaron copia del expediente digital, guardaron
silencio frente a la petición de amparo.
3 Ver índice 8 de Samai. Archivo denominado «9RECIBEPRUEBAS_50001233300020180033(.zip)
NroActua 8».
4 Ver índice 9 de Samai. Archivo denominado «11RECIBEPRUEBAS_50001233300020180033(.zip)
NroActua 9».
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6. La UGPP5 solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva ante la ausencia de vulneración de derecho fundamental alguno de su parte,
y por cuanto lo pretendido desborda su órbita de competencia, tan es así que la tutela
fue dirigida en contra del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, quien
es el legitimado para pronunciarse al respecto.
2. Consideraciones
7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa – falta de legitimación
en la causa por pasiva; iii) procedencia de la tutela contra providencia judicial; iv)
determinación del problema jurídico, y v) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
8. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política
y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el numeral 5 del artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 20216 esta Sala es competente para conocer de la
solicitud de amparo contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
2.2. Cuestión previa - falta de legitimación en la causa por pasiva
9. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene
derecho a presentar solicitud de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o
por quién actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales
fundamentales cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad o de los particulares, tal como lo señala el
artículo 13 del Decreto 2591 de 1991:
Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá
contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o
amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la
acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De
ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el
superior.
10. La Corte Constitucional7 en lo que a la legitimación en la causa por pasiva en
los trámites de solicitudes de tutela se refiere, ha considerado:
«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
5 Ver índice 10 de Samai, en actuación denominada «12_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
RTAAVOCA20250714(.pdf) NroActua 10».
6 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
7 Sentencia T-1015/2006. MP. Álvaro Tafur Galvis.
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persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por
la vulneración o amenaza del derecho fundamental8. En la medida que refleja la calidad
subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso”9, la misma, en principio, no se predica del funcionario que comparece o es
citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será la llamada a
responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya lugar a ello.
Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por
los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe
dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o
dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples
condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta Fundamental.”10
Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales (oficiosidad) y a
interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección del derecho
fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es demandado. […]».
11. La UGPP solicitó su desvinculación del asunto al considerar que no se le
atribuyó la trasgresión que dio lugar a la interposición de la petición de amparo.
12. Respecto de lo anterior, la Sala aclara que, su vinculación al presente asunto
fue en calidad de tercera con interés, al ser la entidad demandada dentro del medio
de control en cuestión, y en aras de salvaguardar sus derechos de defensa y
contradicción, razón por la cual se negará su solicitud.
2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
13. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo
del Consejo de Estado11 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema12. Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto
los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».
14. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
8 Sentencia T-025 de 1995. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
9 Sentencia T-416 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
10 Sentencia T-379 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
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judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
15. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo13 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
16. Ahora bien, la Corte Constitucional14 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante en la constitución; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya
presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y
iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
17. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos15,
el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de
la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de
los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea
de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales16.
18. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.4. Problema jurídico
19. De conformidad con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si la presente
solicitud de tutela cumple con el requisito de procedibilidad adjetiva de la
subsidiariedad?
13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.:
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios.
Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
14 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de
2005.
15 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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2.5. Análisis de la Sala
2.5.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva – de la subsidiariedad
20. El artículo 86 constitucional señala que: «[e]sta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 dispone, entre otras, como causal de improcedencia de la
solicitud de amparo:
[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]
21. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha
definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia17, es decir, no es un
mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios
ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco
constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de
un derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.
2.5.2. Sobre el caso concreto
22. Luz Delfina Neira Dueñas acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos
la sentencia proferida el 27 de marzo de 2025 por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, mediante la cual, en segunda instancia, negó las
pretensiones de reconocimiento y pago de una pensión gracia, pese a que el recurso
de apelación en ningún momento discutió la vinculación y cómputo del tiempo de
servicios en el periodo del 24 de julio de 2003 al 28 de febrero de 2017. Situación que
evidencia un claro desconocimiento del principio de congruencia.
23. Así, considera que, el ad quem contencioso excedió su competencia y
facultades al resolver negar las pretensiones de la demanda, con fundamento en
argumentos que nunca fueron expuestos ni discutidos en el recurso de apelación.
24. En este orden de ideas, se considera que las inconformidades planteadas por
la parte demandante deben ser dilucidadas por el juez natural del asunto a través del
Recurso Extraordinario de Revisión, en los términos de los artículos 248 y 250 de la
Ley 1437 de 201118, que señalan:
17 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121
de 2003.
18 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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Artículo 248.Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y
por los jueces administrativos.
Artículo 250.Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, son causales de revisión:
[…]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación […]
25. Así, respecto a la falta de congruencia como causal de nulidad de la sentencia,
en providencia del 13 de octubre de 2020 la Sala 14 Especial de Decisión del Consejo
de Estado, dentro del radicado 2019-00119-0019, consideró:
«[…] Respecto al principio de congruencia, la jurisprudencia de lo contencioso
administrativo ha desarrollado su contenido bajo los siguientes términos:
“[…] nulidad originada en la sentencia, se configura, entre otras razones, cuando al
demandado se le condena por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido
en la demanda o por causa diferente a la invocada en la misma.
Motivo este que también se desprende del artículo 29 constitucional, cuya violación
puede originar la nulidad del fallo respectivo, cuando la transgresión, se repite, se
presente directamente en el fallo, como cuando no existe coherencia entre la parte
motiva y la resolutiva, por ejemplo.
[…]
En términos generales, la congruencia se entiende como el deber legal que tienen los
funcionarios judiciales al emitir sus decisiones de no incurrir en fallos ultrapetita,
extrapetita o minuspetita, definidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado, en los
siguientes términos: // Este principio de la congruencia de la sentencia [C.C.A. Art. 170],
exige de una parte que exista armonía entre la parte motiva y la parte resolutiva de la
misma, lo que se denomina congruencia interna, y de otra, que la decisión que ella
contenga, sea concordante con lo pedido por las partes tanto en la demanda, como en
el escrito de oposición, denominada congruencia externa, es decir, se tome la decisión
conforme se ha marcado la controversia en el proceso.
Cuando en una providencia judicial, no se respeta el principio de la congruencia, se
incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que consiste en reconocer un
mayor derecho que el invocado por el demandante, “extrapetita”: cuando se reconoce
un derecho que no ha sido reclamado o cuando se reconoce un derecho reclamado o
se acoge la pretensión pero por una causa diferente o deducida de hechos no alegados,
y “minuspetita”: cuando se omite el pronunciamiento sobre una de las pretensiones.”20
En concordancia, la falta de congruencia interna o externa se erige como una causal de
nulidad de la sentencia, que le permite al juez de la revisión infirmar el fallo cuestionado.
Es importante poner de presente que, normativamente este principio estaba previsto en
el artículo 170 del CCA y no de forma expresa en el CPACA.
19 CP Alberto Montaña Plata.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 16 de
agosto de 2002. Expediente: 760012324000199704345-01 (12668). Actor: Productora de Papeles
Propal S.A. Demandado: Municipio de Yumbo – Valle del Cauca. CP Juan Ángel Palacio Hincapié.
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Sin embargo, esa omisión no implica la inexistencia de este principio en la jurisdicción de
lo contencioso administrativo, principalmente, porque el artículo 30621 del CPACA,
establece que aquellos aspectos no desarrollados en ese código se regirían por el CGP.
De esta manera, el principio de congruencia se desprende del artículo 28122 del CGP y
del artículo 29 constitucional, que consagra el derecho fundamental al debido proceso23.
Al respecto, la Corte Constitucional24 ha definido este principio:
“[…] como uno de los elementos constitutivos del derecho fundamental al debido
proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, en la medida que
impide determinadas decisiones porque su justificación no surge del proceso por no
responder en lo que en él se pidió, debatió, o probó.
[…]
De lo expuesto hasta el momento, se puede concluir que el juez debe tomar su decisión
de manera congruente con los hechos, pretensiones y excepciones probadas dentro
del proceso. Por lo tanto, no podrá proferir una sentencia en la que se pronuncie acerca
de algo que no fue solicitado por las partes (extra petita) o en la que otorgue más de lo
pedido (ultra petita), pero tampoco podrá fallar sin pronunciarse acerca de todas las
pretensiones, pues de lo contrario deberá explicar de manera suficiente las razones
por las cuales omitió referirse a algún pedimento. El principio de congruencia de la
sentencia, además garantiza el oportuno uso del derecho de defensa por parte de las
partes, puesto que les permite hacer uso de cada una de las herramientas establecidas
en la ley para ello.”
En ese sentido, la incongruencia genera la nulidad de la sentencia cuando esta trastorna
completamente los términos de referencia que sirvieron al desarrollo del proceso25. Por
esta razón, no cualquier reproche sobre la falta de congruencia externa o interna
estructura la causal de revisión, pues se exige que la disparidad entre lo pedido, lo
debatido y lo probado sea protuberante26, a tal punto que, no exista justificación objetiva
y relacionada con las materias medulares del proceso. […]».
26. En cuanto a la idoneidad y eficacia de este mecanismo y la falta de
subsidiariedad en solicitud de tutela contra providencia judicial, en sentencia SU 026
de 2021, la Corte Constitucional sostuvo lo siguiente:
«[…] 5.1. En la sentencia C-520 de 2009, al estudiar una demanda contra el artículo 57
(parcial) de la Ley 46 de 1998, la Corte Constitucional se refirió a la naturaleza y finalidad
del recurso extraordinario de revisión en el ordenamiento jurídico colombiano. Expuso que
este recurso, previsto por el legislador en la jurisdicción ordinaria –civil, penal y laboral– y
la jurisdicción contencioso-administrativa[36], es una excepción al principio de cosa juzgada
de las sentencias ejecutoriadas, pues busca “enmendar los errores o ilicitudes cometidos
21 Ley 1437 de 2011. “Artículo.306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este
Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.”
22 Ley 1564 de 2012. “Artículo 281 Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidas en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las
excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. // No podrá condenarse al
demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la
invocada en esta. // Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.
// En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el
cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que
haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita
considerarlo de oficio (…)”.
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 8 de mayo de 2019, Radicado
1998-00153-01.
24 Corte Constitucional, Sentencia T-455 de 2016.
25 Corte Constitucional, Sentencia T- 1274 de 2008.
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión,
Sentencia de 7 de abril de 2015, Radicado 2013-00358-00(REV).
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Demandante: Luz Delfina Neira Dueñas
en su expedición, así como restituir el derecho del afectado a través de una nueva
providencia fundada en razones de justicia material, que resulte acorde con el
ordenamiento jurídico”[37].
5.2. El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo de defensa que fue creado
para deshacer las sentencias ejecutoriadas cuando se tiene conocimiento de falencias
que llevaron al juez a emitir un fallo contrario al derecho.[38] En ocasiones, es necesario
dejar sin valor una sentencia ejecutoriada “debido a que, por circunstancias no conocidas
en el momento de adoptar la decisión, o acaecidas con posterioridad a la decisión, se
revela que ésta se fundó en un error, fraude o ilicitud”[39]. Este recurso, entonces,
constituye una excepción necesaria al principio de cosa juzgada, en la media en que busca
restablecer la justicia material al anular una sentencia ilegítima y ordenar emitir un nuevo
fallo acorde con el ordenamiento jurídico.
5.3. En la sentencia C-450 de 2015, esta Corporación reiteró que el recurso de revisión
es una herramienta para restituir los derechos al debido proceso y acceso a la
administración de justicia del afectado a través de una nueva sentencia. Sin embargo,
debido a su naturaleza excepcional, el legislador limitó su ejercicio al cumplimiento de
unas causales taxativas de procedencia. Al respecto, este fallo señaló:
“La revisión, que no es un recurso sino una acción, pretende, como lo ha señalado la
doctrina y la jurisprudencia, un examen detallado de ciertos hechos nuevos que afectan
la decisión adoptada y el sentido de justicia que de ella emana. La acción de revisión,
en la medida en que afecta la certeza brindada por la cosa juzgada, es no sólo
extraordinaria, sino que además procede por las causales taxativamente señaladas por
la ley, y no es posible aducir otras distintas. Y esta taxatividad es razonable, pues se
trata de una figura que modifica providencias amparadas en el principio de cosa
juzgada, y por ello las causales previstas para la revisión deben ser aplicadas e
interpretadas en sentido restringido”[40]
[…]
5.5. Respecto de la tipología y comprensión particular de estas causales, el Consejo de
Estado precisó que, a excepción del numeral 4°, ninguno de los numerales que posibilitan
la revisión extraordinaria apuntan a reabrir el debate jurídico ni refutan el criterio con que
el juez interpretó o aplicó la ley. Por el contrario, las causales cuestionan puntualmente
las irregularidades procesales y probatorias que afectaron la integridad de la decisión y
vulneraron los derechos de las partes. Al respecto, dicha autoridad judicial expuso que
“las causales de los numerales 5 y 8 son de índole procesal, mientras que las causales
de los numerales 1, 2, 3, 6 y 7 recaen sobre aspectos que atañen a la validez o
insuficiencia de los elementos de prueba que determinaron el sentido de la decisión” [41].
5.6. Lo anterior erige al recurso extraordinario de revisión en materia contencioso-
administrativa como un medio de defensa idóneo y eficaz cuando la vulneración del
derecho al debido proceso tiene origen en un fallo judicial que se encuentra ejecutoriado.
De hecho, la jurisprudencia constitucional ha reconocido la innegable semejanza entre la
acción de tutela y el recurso de revisión cuando se busca proteger este derecho:
“A través de ese medio [recurso extraordinario especial de revisión] se plantearía la
controversia sobre el debido proceso en términos idénticos a los que constituyen el
presupuesto para resolver la acción de tutela, al punto que un pronunciamiento del juez
constitucional dejaría sin oficio al juez competente. Los dos procesos, el extraordinario
especial de revisión y el de tutela, tendrían identidad de causa petendi y de petitum, y
resulta claro que no puede haber, sobre la misma causa, dos pronunciamientos judiciales
concurrentes”[42].
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07149-00
Demandante: Luz Delfina Neira Dueñas
5.7. Estas similitudes entre los dos mecanismos de defensa han llevado a la Corte
Constitucional a establecer la siguiente subregla de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales:
“[E]l recurso de revisión constituye un mecanismo idóneo y eficaz de defensa judicial
dependiendo de la naturaleza de los derechos invocados por el peticionario, y la
cobertura brindada por las causales aplicables al proceso específico. Así, el recurso será
eficaz cuando a) la única violación alegada sea el derecho al debido proceso y,
eventualmente, la de otros derechos que no tienen carácter fundamental, o b) cuando el
derecho fundamental cuya protección se solicita sea susceptible de ser protegido de
manera integral dentro del trámite del recurso, porque concurren en él (i) causales de
revisión evidentemente dirigidas a salvaguardar dicho derecho, y (ii) en caso de
prosperar el recurso, decisiones que restauran de forma suficiente y oportuna el
derecho.”[43]
5.8. Dicho de otro modo, la acción de tutela desplazará el recurso extraordinario de
revisión siempre que (i) el derecho fundamental cuya protección se solicita no sea
susceptible de ser protegido de manera integral dentro del trámite del recurso; y (ii) las
causales de revisión no se encuadren dentro de los hechos denunciados por el
accionante. En síntesis, para la Sala Plena “la acción de tutela se torna improcedente
cuando al interior de un proceso contencioso-administrativo se alega la vulneración al
debido proceso y este derecho fundamental es susceptible de ser protegido mediante el
trámite del recurso extraordinario de revisión”[44]. […]»
27. De acuerdo con la normativa y la jurisprudencia en cita, se tiene que la
sentencia del 27 de marzo de 2025, hoy acusada, fue proferida en segunda instancia
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, contra esta no procede
recurso alguno y que, de acuerdo con los motivos en que la parte demandante
sustentó el defecto alegado, esto es, desconocimiento del principio de congruencia,
se evidencia que en el asunto bajo estudio confluyen los elementos estructurales para
que proceda el recurso extraordinario de revisión en los términos de la causal quinta
del artículo 250 del CPACA, que versa sobre la nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso.
28. Dicho lo anterior, sea lo primero indicar que la exigencia en la interposición de
los recursos de manera oportuna tiene como finalidad evitar que la solicitud de
amparo suplante los mecanismos ordinarios y/o extraordinarios establecidos en
nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, se persigue que, en la tutela contra
providencias judiciales, no haya negligencia en el deber de acudir ante la
administración judicial, para la concreción de las garantías otorgadas por la
Constitución Política; frente a lo cual se advierte que en el sistema jurídico no puede
permitirse el paralelismo o la concurrencia de competencias entre el juez natural del
asunto y el de tutela, ni el ciudadano puede elegir entre uno y otro, como aquí se
propone.
29. Por ello, para que el juez constitucional pueda pronunciarse sobre el fondo del
asunto planteado es necesario que este supere los requisitos generales de
procedencia de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, de tal manera
debe concluirse que el amparo de la referencia resulta improcedente por
desconocimiento del principio de subsidiariedad.
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Demandante: Luz Delfina Neira Dueñas
3. Conclusión
30. En este orden de ideas, la Sala declarará improcedente, por no superar el
requisito de la subsidiariedad, la solicitud de amparo presentada por Luz Delfina Neira
Dueñas en contra del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar la solicitud de desvinculación de la UGPP.
Segundo. Declarar improcedente, por no superar el requisito de subsidiariedad, la
solicitud de tutela presentada por Luz Delfina Neira Dueñas en contra del Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A.
Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LVLQ/ LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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