Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07149-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07149-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-07149-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07149-01
Demandante: LUZ DELFINA NEIRA DUEÑAS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A
Tema: Confirma decisión que declara improcedencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la parte accionante contra
la sentencia de primera instancia proferida el 11 de diciembre de 2025, mediante la
cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, declaró la improcedencia
del mecanismo constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
La señora Luz Delfina Neira Dueñas, actuando en nombre propio, promovió acción de
tutela1 contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en la que
solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a
la administración de justicia y a la igualdad, en concordancia con el «principio de
congruencia».
Tales garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de la sentencia
del 27 de marzo de 2025, proferida por la autoridad judicial accionada, que revocó la
providencia del 5 de septiembre de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo del
Meta, Sala de Decisión Oral 1 que accedió a las pretensiones y, en su lugar, negó las
pretensiones formuladas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado 50001-23-33-000-2018-00336-00/01.
1 Índice 002 de Samai. Tutela radicada el 12 de noviembre de 2025 con secuencia 11536.
1
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Demandante: Luz Delfina Neira Dueñas
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07149-01
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la accionante solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió que:
[…]
Segundo: Como consecuencia de la protección de los derechos fundamentales
mencionados, deje sin efectos la sentencia de fecha mayo de 2025, proferida por el
CONSEJO DE ESTADO.
Tercero: Ordenar al CONSEJO DE ESTADO, adoptar las medidas necesarias para
resolver de fondo y de manera completa, el recurso de apelación.2
1.3. Hechos
La señora Luz Delfina Neira Dueña formuló medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP)
para que se estudiara la legalidad de las resoluciones RDP 038278 del 6 de octubre
de 2017 y RDP 046766 del 13 de diciembre de 2017 que negaron el reconocimiento
y pago de la pensión gracia a la demandante y, en consecuencia, se le reconociera la
prestación a partir del 10 de enero de 2019, fecha en la que estimó haber adquirido el
estatus de pensionada, tras cumplir 20 años de servicios y 50 años de edad, en
cuantía del 75% del promedio de lo devengado por concepto de salarios y demás
factores salariales en el último año de servicios inmediatamente anterior a la fecha
referida, junto con los ajustes legales correspondientes.
La demanda le correspondió al Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión Oral
1, bajo radicado 50001-23-33-000-2018-00336-00, que en sentencia del 5 de
septiembre de 2024 accedió a las pretensiones y ordenó a la demandada el
reconocimiento de la pensión solicitada, desde el 20 de octubre de 2013 [fecha de
adquisición del estatus pensional], en cuantía del 75% del promedio de todos los
factores devengados en el año anterior a la consolidación de su estatus pensional. En
tal sentido, ordenó el pago de la pensión desde el 22 de junio de 2014 en adelante,
por la prescripción trienal también declarada.
Lo anterior tras considerar que la demandante cumplió con los 20 años de servicio
como docente nacionalizada o territorial y consolidó su estatus el 20 de octubre de
2013, para lo cual desglosó minuciosamente los periodos de vinculación que se
encontraban probados en el expediente y que comprendieron entre el 15 de febrero
de 1973 al 28 de febrero de 2017 [exceptuando el periodo del 4 de agosto de 1988 al
18 de abril de 1993 para el cual desempeñó un cargo administrativo, así como los
tiempos en que se le otorgó licencia no remunerada].
2 Transcripción original del texto con posibles errores.
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Demandante: Luz Delfina Neira Dueñas
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
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En tal sentido, concluyó que la docente reunió los requisitos al observar buena
conducta en el desempeño de su labor; contar con 50 años, los cuales cumplió el 3
de julio del 2000; prestar sus servicios como docente nacionalizada o territorial por 20
años, que en este asunto fueron discontinuos; y acreditar que tuvo una vinculación
nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980.
Inconforme con la decisión, la UGPP formuló recurso de apelación argumentando que
la docente no acreditó el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para el
reconocimiento de la prestación reclamada y, en general, señaló que de las pruebas
obrantes en el plenario no era posible determinar de manera inequívoca el tipo de
vinculación que tuvo la demandante al servicio de la docencia y solicitó dar aplicación
integral de la regla jurisprudencial dispuesta por el Consejo de Estado en la sentencia
de unificación 04683 de 2018, referente a que de forma inequívoca se determine que
la plaza no es nacional.
Para el efecto cuestionó que durante el 15 de febrero de 1973 hasta el 30 de abril de
1974 la vinculación de la actora fue de carácter nacionalizado y entre el 23 de marzo
de 1981 hasta el 30 de julio de 2003, nombrada mediante el Decreto 029 del 23 de
marzo de 1981, tuvo vinculación nacional. La misma situación la refutó respecto de
los demás tiempos en los que advirtió que existían historias laborales que señalaban
una vinculación nacional, como la expedida por la Secretaría de Educación del Vaupés
del 13 de septiembre de 2013, que la certificaba para el periodo trabajado del 23 de
marzo de 1981 al 30 de julio de 2003, así como advirtió sobre la Resolución 704 de
2017, la cual le reconoció la pensión de jubilación como docente de calidad nacional.
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 27 de marzo
de 2025 revocó lo resuelto por el a quo y, en su lugar, negó las pretensiones. Para el
efecto, realizó nuevamente la verificación de los tiempos de servicio reportados y tuvo
en cuenta que entre el 15 de febrero de 1973 al 30 de abril de 1974 (1 año, 2 meses
y 16 días), la demandante tuvo la calidad docente territorial y entre el 23 de marzo de
1981 y el 20 de septiembre de 1981 (6 meses y 8 días) como educadora
nacionalizada.
Frente a este último interregno advirtió que si bien la UGPP alegaba que en el
certificado de historia laboral se observaba que el vínculo de la educadora había sido
como nacional, lo cierto es que los actos administrativos daban cuenta de una
situación diferente, en la medida que allí constaba la voluntad que tuvo el nominador
respecto de la plaza a ocupar, siendo esta una nacionalizada.
Respecto a los tiempos entre el 14 de marzo de 1995 al 1° de febrero de 1996 y el 2
de febrero de 1996 al 23 de julio de 2003, señaló que la demandante se desempeñó
como maestra oficial nacionalizada y territorial, respectivamente, y no como lo estimó
la entidad demandada. Término al cual descontó los periodos en que la docente
obtuvo licencias no remuneradas.
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Subsección A
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Sin embargo, respecto al periodo comprendido entre el 24 de julio de 2003 al 28 de
febrero de 2017 cuestionó que la docente ocupó una plaza nacional, pues por solicitud
propia, fue trasladada del departamento del Vaupés con destino al Meta por medio de
la Resolución 0013 del 23 de enero de 2003 expedida por el gobernador, nombrada
en dicha entidad territorial mediante la Resolución 398 del 24 de julio de 2003, fecha
en la que tomó posesión del cargo donde laboró hasta el 28 de febrero de 2017 a
causa del retiro forzoso efectuado a través de la Resolución 904 de 2017.
Al respecto precisó que «la educadora venía ejerciendo su actividad docente en una
plaza de carácter territorial pero con el traslado efectuado, pasó a ocupar una plaza
de distinta naturaleza, una nacional», toda vez que la Resolución 398 de 2003 señaló
que el departamento del Meta celebró un contrato con la Conferencia Episcopal de
Colombia para administrar de manera conjunta el servicio educativo en algunos
establecimientos educativos de la entidad territorial, por lo que al ser su vinculación a
través de dicha modalidad contratada, la actora contaba con un vínculo laboral de
naturaleza jurídica nacional de acuerdo con el desarrollo jurisprudencial y legal.
Por ello, se apartó de lo estimado por el tribunal de primera instancia, el cual
erradamente concluyó que la naturaleza de la categoría ocupada fue territorial por
entender que la competencia para celebrar dichos contratos fue trasladada a los entes
territoriales pese a la jurisprudencia de esta corporación que le atribuye un carácter
nacional a los vínculos docentes que surgen de la educación contratada.
El anterior proveído fue notificado a las partes por correo electrónico el 12 de mayo
de 2025.
1.4. Fundamentos de la vulneración
La parte actora atribuyó a la sentencia del 27 de marzo de 2025 dictada el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A una vía de hecho por falta de congruencia.
Refirió que la UGPP nunca planteó una discusión alrededor de la vinculación y
cómputo del tiempo de servicios como docente por el periodo comprendido entre el
24 de julio de 2003 al 28 de febrero de 2017, por lo que el ad quem no podía revocar
lo decidido frente a ello, pues los reparos de la alzada únicamente refutaron lo relativo
a los periodos entre 1973 y 1974 y desde 1981 hasta 2003. Irregularidad que de no
haberse presentado conllevaría que la decisión cuestionada fuese diametralmente
opuesta a la que se adoptó.
Señaló que «en ningún aparte, el recurso de apelación se refiere a la Resolución 398
de 2003 de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL META ni al Decreto1286 del 2001,
ni al tipo de vinculación de LUZ DELFINA a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
META, ni a la modalidad de "educación contratada". Nada de esto fue siquiera
enunciado, sugerido, esbozado ni mínimamente propuesto por la UGPP en su recurso
de apelación», por lo que dicho aspecto debió quedar intacto en la sentencia acusada.
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1.5. Trámite de la acción de tutela
Por auto del 14 de noviembre de 20253, el Magistrado Ponente del Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, admitió la solicitud de amparo, ordenó la notificación
a la parte accionante4 y como accionados al Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A5.
Igualmente, dispuso la vinculación en calidad de terceros con interés, al Tribunal
Administrativo del Meta y a la UGPP6.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social –UGPP 7
Adujo que la entidad no ha transgredido las garantías constitucionales invocadas, ni
cuenta con trámite o solicitud alguna por atender. Señaló que los hechos y
pretensiones del presente mecanismo están dirigidas únicamente al Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A que sería el competente para resolverlas,
por lo que advirtió sobre su falta de legitimación en la causa por pasiva y solicitó la
desvinculación de este asunto.
1.6.2. Tanto el Tribunal Administrativo del Meta como el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, allegaron los enlaces de acceso al expediente
50001-23-33-000-2018-00336-00/01, sin realizar pronunciamiento alguno.8
1.7. Sentencia de primera instancia9
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, profirió fallo el 11 de
diciembre de 2025 en el que declaró la improcedencia de la tutela, al no cumplir con
el requisito de subsidiariedad, por cuanto la actora dispone del recurso extraordinario
de revisión
3 Ver índice 004 de Samai.
4 Ver Índice 007 de Samai. Notificación enviada al correo electrónico solicitudesnpg@gmail.com.
5Ver Índice 007 de Samai. Notificación enviada a los correos electrónicos
notifjduque@consejodeestado.gov.co, dperezc@consejodeestado.gov.co,
notifjmoralest@consejodeestado.gov.co, dgavirias@consejodeestado.gov.co,
notiflmesa@consejodeestado.gov.co y ces2secr@consejodeestado.gov.co.
6 Ver Índice 007 de Samai. Notificación enviada a los correos electrónicos
sgtadmvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co y notificacionesjudicialesugpp@ugpp.gov.co
7 Ver índice 010 de Samai.
8 Ver índice 008 y 009 de Samai.
9 Ver índice 013 de Samai.
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Estimó que las inconformidades planteadas por la parte demandante deben ser
dilucidadas por el juez natural del asunto a través de tal recurso en los términos de los
artículos 248 y 250 de la Ley 1437 de 2011, toda vez que la falta de congruencia es
causal de nulidad de la sentencia, siendo esta enlistada por la norma en comento y
conforme la providencia del 13 de octubre de 2020 dictada por la Sala 14 Especial de
Decisión del Consejo de Estado, dentro del radicado 2019-00119-00.
Observó que «la exigencia en la interposición de los recursos de manera oportuna
tiene como finalidad evitar que la solicitud de amparo suplante los mecanismos
ordinarios y/o extraordinarios establecidos en nuestro ordenamiento jurídico. Es decir,
se persigue que, en la tutela contra providencias judiciales, no haya negligencia en el
deber de acudir ante la administración judicial, para la concreción de las garantías
otorgadas por la Constitución Política; frente a lo cual se advierte que en el sistema
jurídico no puede permitirse el paralelismo o la concurrencia de competencias entre el
juez natural del asunto y el de tutela, ni el ciudadano puede elegir entre uno y otro,
como aquí se propone».
1.8. Impugnación10
La accionante refirió que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional
la acción de tutela desplaza al recurso extraordinario de revisión, por lo que se podría
acudir directamente al juez constitucional, cuando no se configuran las causales del
mecanismo en comento y cuando no se proteja de forma integral el derecho
fundamental invocado a través de aquel.
Destacó que «el fallador de primera instancia es el mismo organismo emisor de la
sentencia judicial que en sede tutela acusa de tener "los elementos estructurales para
que proceda el recurso extraordinario de revisión en los términos de la causal quinta"».
Discutió que no se configura ninguna de las causales de nulidad prevista en el artículo
133 del C.G.P. que se pueda invocar para la activación del numeral 5° del artículo 250
del C.P.A.C.A.
Consideró que el recurso en cuestión no protegería integralmente los bienes jurídicos
constitucionales invocados porque su procedencia no está prevista en la norma que
regula las causales de nulidad y correspondería su decisión a la misma corporación
que se acusa en esta acción.
10 Ver índice 017 de Samai. Escrito radicado oportunamente el 16 de enero de 2026. Sentencia de
primera instancia notificada el 14 del mismo mes y año.
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1.9. Manifestaciones de impedimento
Efectuado el reparto del presente asunto, la Magistrada Ponente en escrito del 13 de
febrero de 2026 elevó manifestación de impedimento con fundamento en la causal
prevista en el numeral 5.° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal por
sostener amistad entrañable con el magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez, quien
suscribió la providencia cuestionada en la presente acción.
A su vez, el consejero Omar Joaquín Barreto Suárez con escrito del 24 de febrero de
la misma anualidad manifestó estar incurso en la misma causal de impedimento por
compartir una amistad íntima con el magistrado Juan Camilo Morales Trujillo quien
también participó en la Sala que dictó la decisión controvertida.
En razón a lo anterior, mediante providencia del 27 de febrero de 2026, se ordenó a
la Secretaría General de esta Corporación la designación de dos conjueces, puesto
que no se contaba con la mayoría requerida, por lo que una vez designados los
doctores Alexei Julio Estrada y Juan Carlos Galindo Vácha, se profirió la
decisión del 12 de marzo de 2026 que declaró infundadas las referidas
manifestaciones de impedimento y ordenó la devolución al Despacho de origen.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la alzada formulada por la actora, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5.° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo
080 de 201911.
2.2. Problema jurídico
Conforme lo establecido en los antecedentes, las pretensiones invocadas por la parte
accionante, el material probatorio recaudado, la intervención presentada, y el fallo de
primera instancia, corresponde a la Sala definir si confirma, modifica o revoca la
sentencia proferida el 11 de diciembre de 2025, mediante la cual el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, declaró la improcedencia de la acción por no cumplir
con el requisito de subsidiariedad. Para lo que, se deberán abordar los siguientes
interrogantes:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
11 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
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En caso de superarse, se determinará si:
• ¿Se configuró la vulneración de los derechos fundamentales de la señora Luz
Delfina Neira Dueñas con ocasión de la sentencia del 27 de marzo de 2025,
proferida por la autoridad judicial accionada, que revocó la providencia del 5 de
septiembre de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo del Meta y, en su
lugar, negó las pretensiones formuladas en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 50001-23-33-000-
2018-00336-00/01?
Para resolver los interrogantes planteados, se analizará: (i) el criterio de la Sección
sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii)
los requisitos de procedibilidad y, (iii) el caso concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 12
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema13 y declaró su procedencia.14
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se
dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice
el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de
los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la
que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido
de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
13 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
14 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
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interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.4.1. Subsidiariedad
El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela
no procede en los eventos en los que la parte accionante tenga a su alcance otro
mecanismo de defensa judicial, a menos que el amparo se promueva a efectos de
evitar la consumación de un perjuicio irremediable.
Dicho requisito se reiteró en el Decreto 2591 de 1991, el cual, en su artículo 6º numeral
1º establece:
La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante.
Conforme lo anterior, se tiene que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario
que no puede desplazar los mecanismos ordinarios que previamente ha establecido
el legislador. Al respecto, la Corte Constitucional ha indicado:
La acción de tutela es un mecanismo judicial de carácter excepcional que garantiza la
protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o violados con ocasión
de la actuación u omisión de una entidad pública o de manera excepcional por un
particular. En efecto, tal y como se expresó en las consideraciones del presente fallo,
para que proceda la tutela contra providencias judiciales resulta necesario que quien
alega la vulneración de sus derechos fundamentales haya agotado todos los medios de
defensa judicial disponibles. Esta exigencia responde principalmente al principio de
subsidiariedad de la tutela, en virtud del cual se busca impedir su utilización como: (i)
una instancia más dentro de un proceso judicial ordinario; (ii) un medio de defensa que
remplace a los otros diseñados por el legislador para tal fin; (iii) un instrumento para
subsanar errores u omisiones de las partes; y (v) un camino para corregir oportunidades
vencidas. En el caso concreto no se cumple con el requisito de procedibilidad, relativo a
la subsidiariedad de la acción de tutela, toda vez que el tutelante no utilizó los
mecanismos ordinarios dispuestos por la ley penal para hacer valer sus derechos
fundamentales, pues tal y como pudo evidenciarse a partir del material probatorio
obrante en el expediente, el accionante omitió solicitar la nulidad por violación del
derecho al debido proceso dentro del respectivo trámite judicial. El legislador ordinario
ha creado múltiples mecanismos entre ellos la nulidad para evitar la producción de vicios
dentro del proceso penal que puedan atentar en alguna medida en contra del derecho
al debido proceso de las personas involucradas ya sea en la investigación previa,
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instrucción o juzgamiento, las cuales tiene la posibilidad de incoarla cuando quiera que
vean afectadas sus garantías constitucionales.15
Finalmente, no sobra indicar que el análisis de la existencia de otros mecanismos de
defensa debe hacerse en cada caso de forma concreta, para determinar la idoneidad
del medio y las circunstancias particulares de cada caso.
2.4.2 Relevancia constitucional
La Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202216 explicó que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, por tanto, cuando se interponga
un mecanismo de amparo constitucional debe atenderse lo siguiente:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que, cuando
se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más
restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no
solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor
jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de
las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental
para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así se
previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se
garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad
de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia
adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal17 (Énfasis de la Sala).
15 Sentencia T-355-08 Corte Constitucional
16 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
17 Sentencia SU-573 de 2019.
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De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste
relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente
a un asunto meramente legal y/o económico18; es decir, la cuestión “debe revestir una
“clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional19.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de
relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no
a problemas de carácter legal20”. En este orden, se reitera que el examen de relevancia
constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con
las decisiones adoptadas por los jueces naturales21”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental.
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto22, lo que implica verificar que en efecto
se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los
derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal23.
(Resaltado de la Sala)
2.5. Caso concreto
A partir de los hechos expuestos en la solicitud de amparo, las manifestaciones de las
partes, los documentos aportados al plenario y las anteriores consideraciones, la Sala
confirmará la sentencia del 11 de diciembre de 2025, del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, pero por motivos diferentes, conforme pasa a exponerse.
18 Sentencia SU-103 de 2022.
19 Sentencia SU-103 de 2022.
20 Sentencia SU-103 de 2022.
21 Sentencia SU-128 de 2021.
22 Sentencia SU-573 de 2019.
23 Ibid.
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La señora Luz Delfina Neira Dueñas señaló que se vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
igualdad y el «principio de congruencia», con ocasión de la providencia del 27 de
marzo de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
que revocó la sentencia del 5 de septiembre de 2024, dictada por el Tribunal
Administrativo del Meta y, en su lugar, negó las pretensiones formuladas en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el que perseguía el
reconocimiento y pago la pensión gracia.
Lo anterior, porque tal decisión se adoptó tras estudiar un aspecto que, en su sentir,
no había sido objeto de reproche en la alzada que formuló la UGPP, incurriendo en
una vía de hecho por incongruencia en la sentencia.
En primera instancia, el a quo constitucional declaró la improcedencia de la acción por
no superar el requisito de subsidiariedad, en razón a que la actora contaba con el
recurso extraordinario de revisión en el que podría discutir tal cuestión bajo la causal
de nulidad de la sentencia.
Decisión que adoptó con base en la providencia del 13 de octubre de 2020 de la Sala
14 Especial de Decisión del Consejo de Estado, dentro del radicado 2019-00119-00
en la que se indicó que la incongruencia genera la nulidad de la sentencia cuando esta
trastorna completamente los términos de referencia que sirvieron al desarrollo del
proceso y sustentó la idoneidad del mecanismo conforme a la sentencia SU 026 de
2021 de la Corte Constitucional.
No obstante, en su escrito de impugnación la accionante indicó que la nulidad aludida
no se encuentra contemplada en las causales taxativas previstas en el artículo 133
del C.G.P., por lo que cuestiona la procedencia del recurso extraordinario de revisión,
máxime cuando correspondería al mismo cuerpo colegiado accionado resolver dicha
herramienta extraordinaria.
En ese sentido, se advierte que la procedencia y por tanto la idoneidad de tal
mecanismo extraordinario se sujeta a una estricta verificación del cumplimiento de la
causal invocada, tal como lo señaló esta Corporación anteriormente, así:
Es necesario aclarar que, solo podrán ser revisadas aquellas decisiones que se subsuman
en el supuesto de hecho de la causal de revisión, debido a que, el legislador, de manera
expresa, consagró ciertas hipótesis que, por su gravedad, permiten romper el principio de
cosa juzgada de las decisiones ejecutoriadas. (…) este recurso persigue como finalidad
principal la revisión de las decisiones que fueron adoptadas injustamente, es decir, por
medios ilícitos o irregulares, pero no para tratar de enmendar los errores judiciales como
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los casos de inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), falta de aplicación de
la norma correspondiente, o indebida aplicación de esta (error de derecho).24
Por lo tanto, no basta con plantear que la actora pudo formular tal recurso
extraordinario invocando la causal de nulidad de la sentencia por falta de congruencia,
cuando se pasa por alto un análisis donde se refleje que la nulidad es de tal magnitud
que trastorna completamente los términos de referencia que sirvieron de base para la
adopción de la decisión acusada, con lo que se descarte que el mecanismo no sería
empleado para un fin no establecido por el legislador.
Del expediente ordinario la Sala observa que la UGPP al formular los reparos contra
la sentencia del Tribunal Administrativo del Meta planteó, entre otros argumentos, lo
siguiente:
«Dado que se considera que la prueba documental que reposa en el plenario no es
posible determinar de manera inequívoca el tipo de vinculación que tuvo el demandante
al servicio de la docencia, comedidamente se solicita dar aplicación integral de la regla
jurisprudencial emitida por el Consejo de Estado en sentencia de unificación 04683 de
2018, referente a que de forma INEQUIVOCA se determine que la plaza NO es nacional.
Corolario de lo expuesto, del contenido de los documentos que fueron incorporados al
plenario como prueba y tenidos en cuenta al momento de proferir sentencia, no se
advierte alguno del cual se desprenda información de ordenanza o acuerdo donde el ente
territorial haya creado la plaza, lo cual generaría un cargo propio al Departamento o el
Municipio. Por tanto, a falta de este se debe presumir que es nacional la plaza».
Fue así, como el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A al momento de
proferir la sentencia del 27 de marzo de 2025 que revocó y negó las pretensiones de
reconocimiento de la pensión reclamada, debió verificar conforme al material
probatorio recaudado si se cumplía o no con el tiempo de servicio como docente
nacionalizado o territorial para arribar a la conclusión a la que llegó.
Así, sin realizar mayores consideraciones que desplacen la competencia del juez
natural encargado de determinar la procedencia del recurso extraordinario aludido, se
observa que el estudio de idoneidad de dicha herramienta judicial no está claramente
determinado para el caso concreto porque la presunta incongruencia o extralimitación
del ad quem no es palmaria ni de tal envergadura que de no existir se hubiese
adoptado una decisión contraria a la cuestionada. Basta para ello observar el cargo
de apelación de la UGPP y el estudio que al respecto realizó el operador judicial de
segunda instancia.
24Consejo de Estado Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente: Alberto
Montaña Plata, Bogotá D.C., 13 de octubre de 2020, Radicación número: 11001-03-15-000-2019-
00119-00
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En ese orden de ideas el presupuesto de procedibilidad de la tutela por subsidiariedad
debe ser superado para continuar con el análisis de relevancia constitucional.
Igualmente respecto al argumento de impugnación relativo a que «el fallador de
primera instancia es el mismo organismo emisor de la sentencia judicial que en sede
tutela acusa de tener "los elementos estructurales para que proceda el recurso
extraordinario de revisión en los términos de la causal quinta"» resulta preciso advertir
que la decisión de primera instancia en la presente tutela la expidió la Sección
Segunda, Subsección B de esta Corporación, mientras la sentencia del proceso
ordinario la profirió la Sección Segunda, Subsección A, lo que quiere decir que se trata
de dos Salas diferentes por cuanto están integradas por distintos magistrados y sus
providencias no se verían afectas por conocimiento previo alguno.
Entonces, de cara al motivo dio que origen a esta tutela, la Sala estima que los reparos
formulados por la señora Luz Delfina Neira Dueñas en realidad denotan una
inconformidad con la decisión del juez ordinario, el cual consideró que la demandante
no cumplía el requisito de tiempo de servicio como docente nacionalizado o territorial
para el reconocimiento de la pensión gracia pretendida, en razón a que el periodo que
tuvo por acreditado el Tribunal Administrativo del Meta como desempeñado por la
actora en calidad de docente territorial [del 24 de julio de 2003 al 28 de febrero de
2017] en realidad correspondía a una vinculación de carácter nacional y, por tanto,
incompatible con la finalidad de la prestación requerida conforme a los presupuestos
de la Ley 114 de 1913, lo que conllevó la negativa de las pretensiones.
Desde el ámbito argumentativo, los reparos expuestos en el escrito de tutela, pese a
hacer una enunciación de garantías y usar un lenguaje de carácter constitucional, no
exponen con suficiencia razones de peso que justifiquen la intromisión del juez de
tutela, cuando, además, no se evidencia prima facie, la vulneración de los derechos
fundamentales por parte de la autoridad judicial accionada.
Se recuerda que la administración de justicia garantiza que los funcionarios judiciales
gocen de autonomía e independencia en sus decisiones, circunstancia por la que, en
principio, no es procedente reprochar sus sentencias vía acción de tutela; máxime
cuando se advierte, como en el presente caso, que el debate planteado busca mutar
el amparo constitucional en una instancia adicional y reabrir un debate ya zanjado por
el juez contencioso, conforme las etapas que para tal efecto estableció el legislador.
Igualmente, la carga argumentativa a la que hace alusión la Corte Constitucional
requerida para la procedencia de este mecanismo no se satisface simplemente con
enunciar y transcribir artículos de la Constitución Política para cumplir el mencionado
ejercicio, aún más cuando se trata de una providencia de una alta Corporación, tal
como se indicó:
[…] el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes debe
ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una actuación
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judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela
contra providencias judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios
ordinarios, ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas
de corrección legal. Como las altas cortes son tribunales de cierre, es a ellas a quienes
corresponde “la unificación de jurisprudencia como forma de precisar con autoridad y
vocación de generalidad el significado y alcance de las diferentes áreas del
ordenamiento jurídico”.25
Por último y como se indicó anteriormente, el examen de la acción de tutela dirigida
contra las decisiones de las altas cortes debe ser estricto, lo que implica verificar que
en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales invocados, en los términos que indicó la Corte
Constitucional en la sentencia SU-353 de 2020, cuya carga argumentativa no se
satisface de manera plena por la parte actora.
Si bien la tutela puede ser procedente para controvertir decisiones de cualquier grado,
sin excluir las de las corporaciones de cierre, también es importante resaltar que la
jurisprudencia de la Corte Constitucional hace especial énfasis en la carga
argumentativa que se debe tener cuando se pretende dejar sin efectos una decisión
de la Sección Segunda que la Constitución Política26 y la Ley27 determinaron como
suprema autoridad en la materia.
En consecuencia, se confirmará la improcedencia del presente mecanismo, pero por
no superar el requisito de relevancia constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
25 Corte Constitucional, sentencia SU-0125 del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
26 «Artículo 237. Son atribuciones del Consejo de Estado: 1. Desempeñar las funciones de tribunal
supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley. […]» (Énfasis
de la Sala).
27 Ver Ley 2430 de 2024, artículo 14 «INTEGRACIÓN Y COMPOSICIÓN. El Consejo de Estado es el
máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno y estará
integrado por elegidos por la misma Corporación para los períodos individuales que determina la
Constitución Política, de listas de diez (10) candidatos enviados por el Consejo Superior de la
Judicatura, para cada vacante que se presente, elaboradas previa convocatoria pública adelantada de
conformidad con lo previsto en esta ley.
[…]».
El Consejo de Estado es el máximo Tribunal de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
y estará integrado por treinta y un (31) magistrados, elegidos por la misma Corporación para los
períodos individuales que determina la Constitución Política, de listas superiores a cinco (5) candidatos,
que reúnan los requisitos constitucionales, por cada vacante que se presente, enviadas por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura». (subrayado fuera de texto)
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Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07149-01
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 11 de diciembre de 2025, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B que declaró la improcedencia
de la tutela, pero por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes e intervinientes.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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