Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07152-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07152-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07152-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
22 de enero de 2026
Demandante: William Díaz Miraval
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07152-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07152-00
Demandante: WILLIAM DÍAZ MIRAVAL
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR
Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara la improcedencia de
la acción por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la presente acción de tutela de conformidad con los Decretos 2591
de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de
la Sala Plena de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
Mediante escrito radicado el 12 de noviembre de 2025, el señor William Díaz
Miraval, en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Cesar, con el fin de que se le apliquen los principios de
prevalencia del derecho sustancial, seguridad jurídica y cosa juzgada y le amparen
sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y a la tutela judicial efectiva.
Estimó vulneradas tales garantías constitucionales con ocasión de la sentencia del
6 de noviembre de 2025, que confirmó el fallo del 7 de octubre de 2025, mediante
el cual el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Aguachica negó
las pretensiones de la acción de cumplimiento con radicado 20011-33-33-001-2025-
00271-00/01, promovida contra la Oficina de Instrumentos Públicos de Aguachica
(Cesar).
1.2. Pretensiones
En consecuencia, el accionante elevó las siguientes pretensiones:
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1. Amparar mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la justicia y tutela
judicial efectiva.
2. Que se ordene al Tribunal emitir nueva decisión, valorando integralmente las
pruebas obrantes, en especial las que acreditan la renuencia administrativa, la nulidad
del acto base (Res. INCORA 4627/1976) y la inexistencia de cumplimiento material.
3. Que se garantice la protección de los derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la justicia y eficacia judicial.
1.3. Hechos
La solicitud de amparo presentada por el tutelante se sustenta en los siguientes
hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en
esta sentencia:
Relató que él y los señores José Miguel Miraval Ossa, Gabriel Alexander Pérez
Omeara, Zolia Rosa Omeara Miraval son herederos y demandantes en un proceso
de sucesión de la señora Carmen Cecilia Miraval Cabrales (q.e.p.d.), en el que se
denunciaron como bienes de propiedad de la causante, entre otros, el predio rural
distinguido con el folio de matrícula inmobiliaria 196-8007 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Púbicos de Aguachica.
Señaló que dicha oficina de registro adelantó un procedimiento administrativo con
radicado AA-196-2022-0001 con la finalidad de establecer la real situación jurídica
del folio de matrícula inmobiliaria 196-8007, el cual culminó con la Resolución 012
del 30 de abril de 2023, en la que se trasladó una anotación que declara «extinguido
a favor de la Nación el derecho de dominio privado de cualquiera persona natural o
jurídica y en especial de CARMEN CECILIA MIRAVAL CABRALES sobre el predio
rural denominado SABANAS DE LAZARO y cancela el registro del acto contenido
en la Escritura Nro. 247 del 29/05/1974 otorgada en la Notaria Única de Aguachica.
DE: INSTITUTO COLOMBIANO DE REFORMA AGRARIA.». Decisión que fue
apelada y dejada sin efectos por parte de la Superintendencia de Notariado y
Registro a través de la Resolución 2025-002344-6 del 11 de marzo de 2025, en los
siguientes términos:
Revisado la totalidad del expediente, encontramos que no se realizó por parte de la
Oficina de Registros de Instrumentos Públicos de Aguachica, los procedimientos o
trámites necesarios con el fin de evitar decisiones incompletas como en el presente
caso, debemos tener en claro, que la decisión expresada en el acto administrativo
proviene de la convicción que tiene la autoridad de los elementos que se allegó.
Además, esta decisión debe ser expresada conforme se desprende del mandato
constitucional establecido en el artículo 23, respecto al derecho de petición, así como
las diferentes leyes de la administración. En el trascurso de la actuación administrativa
la ORIP no solicitó o requirió pruebas necesarias como lo son la copia y estado de la
Resolución No. 4627 del 15 de diciembre de 1976 expedida por el INCORA, de igual
forma como parte de la omisión, el Registrador no resolvió la totalidad de los
argumentos de las partes, como el hecho de que pasa con los registros realizados con
posterioridad a la inscripción de la resolución referenciada.
[….]
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO – el Acto Administrativo - Resolución No.
012 de fecha 30 de abril de 2023, expedida por la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Aguachica, por medio de la cual se decidió la actuación administrativa con
la finalidad de establecer la real situación jurídica del folio de matrícula inmobiliaria No.
196-8007, de conformidad con las consideraciones hechas en esta Resolución.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Aguachica que, una vez corregido el procedimiento de la Actuación Administrativa,
tome la decisión que en derecho corresponda y la notifique de conformidad con los
artículos 67 a 69 de la Ley 1437 de 2011.
Afirmó que, junto con los señores José Miguel Miraval Ossa, Gabriel Alexander
Pérez Omeara y Zolia Rosa Omeara Miraval, solicitó ante la Oficina de Instrumentos
Públicos de Aguachica el cumplimiento de las órdenes impartidas en la Resolución
2025-002344-6, sin obtener pronunciamiento de fondo, con lo cual configuró la
prueba de la renuencia de la administración.
Adujo que acudió a la jurisdicción, a través de la acción de cumplimiento, la cual fue
repartida al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Aguachica;
instancia que, mediante sentencia del 7 de octubre de 2025, negó las pretensiones
porque «el mandato, frente a los cuales la parte accionante reclama su
cumplimiento, no es imperativo e inobjetable, a pesar que está radicado en cabeza
de la autoridad accionada, como lo exigen los artículos 5 y 6 de la Ley 393 de 1997».
Indicó que el Tribunal Administrativo del César, a través del fallo del 6 de noviembre
de 2025, confirmó la anterior decisión, en la medida en que la administración expidió
el auto AUT-2025-002688-5 y «está dando cumplimiento a la Resolución RES-
2025-002344-6 del 11 de marzo del 2025, toda vez que, la actuación administrativa
adelantada con el fin de establecer la situación jurídica del folio de matrícula
inmobiliaria No. 196-8007, se encuentra vigente y en curso en la OFICINA DE
INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE AGUACHICA, para lo cual dicho ente dispuso la
práctica de pruebas (etapa que precisamente había sido omitida anteriormente,
según lo considerado en el acto administrativo objeto de la presente acción), la cual
resulta necesaria previo a adoptar la decisión que en derecho corresponda».
1.4. Sustento de la vulneración
El accionante aseveró que la solicitud de amparo cumple los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Puntualizó que la decisión recurrida adolece de defectos fáctico y sustantivo,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.
Consideró que el tribunal accionado no valoró elementos de juicio esenciales como:
(i) la declaratoria de silencio renuente del 22 de septiembre de 2025; y (ii) la prueba
sobreviniente del 24 de septiembre de 2025, donde el Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural (Incoder), la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) ponen de presente la inexistencia jurídica de la
Resolución 4627 de 1976 del Incora [acto base], omisión que transgrede el debido
proceso y acredita el incumplimiento de la Oficina de Registro de Instrumentos
Púbicos de Aguachica.
Advirtió que el auto AUT-2025-002688-5 del 4 de septiembre de 2025, mediante el
cual la Oficina de Registro de Instrumentos Púbicos de Aguachica ordenó la
corrección del procedimiento administrativo en los términos de la Resolución 2025-
002344-6 del 11 de marzo de 2025 y ordenó la práctica e incorporación de pruebas,
es una mera reiteración de oficios antiguos, que no tiene contenido sustancial ni
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repercute en la reanudación real del procedimiento administrativo y, por lo mismo,
configura un defecto fáctico por omisión de valoración probatoria esencial.
Insistió en que la autoridad judicial aplicó indebidamente el artículo 8 de la Ley 393
de 1997, al negar la renuencia pese a estar acreditada con el silencio injustificado
de la Oficina de Instrumentos Públicos de Aguachica y al confundir «el cumplimiento
en trámite con el cumplimiento efectivo», lo cual se aparta de la finalidad de la norma
y los precedentes del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, que exigen
ejecución real de la orden, en este caso, de la Superintendencia de Notariado y
Registro y no simples actuaciones dilatorias.
Recalcó que se desconocieron las providencias T-606 de 2017, SU-556 de 2019,
SU-817 de 2020 y SU-146 de 2023 de la Corte Constitucional, y del 5 de mayo1 y 9
de septiembre de 20212 y del 14 de julio de 20223 del Consejo de Estado, que
destacan que el cumplimiento debe ser material y efectivo, y no meramente formal
o aparente, como ocurre con la Oficina de Registro de Instrumentos Púbicos de
Aguachica.
Estimó que el Tribunal Administrativo del Cesar omitió garantizar la justicia material
y posibilitó la vulneración de los artículos 29, 228 y 229 de la CP.
1.5. Trámite y contestación
Mediante auto del 21 de noviembre de 2025, se admitió la solicitud de tutela y se
ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Cesar, en calidad
de demandados.
Así mismo, se ordenó vincular al juez Primero Administrativo del Circuito Judicial de
Aguachica, al superintendente de Notariado y Registro y al registrador de
Instrumentos Públicos de Aguachica, así como a los señores José Miguel Miraval
Ossa, Gabriel Alexander Pérez Omeara y Zolia Rosa Omeara Miraval (demás
demandantes en la acción de cumplimiento objeto de controversia), en calidad de
terceros con interés en las resultas del proceso.
El tutelante, posteriormente, efectuó unas «precisiones técnicas esenciales
destinadas a facilitar el análisis constitucional del caso, conforme al artículo 16 del
Decreto 2591 de 1991», allegó un enlace de consulta de expedientes y aportó
copias de (i) la constitución en renuencia; (ii) los poderes que facultan la
presentación de la acción de cumplimiento; (iii) del requerimiento efectuado por el
Juzgado Once de Familia de Bogotá D.C.; y (iv) las Resoluciones 012 del 30 de abril
de 2023 y 2025-002344-6 del 11 de marzo de 2025.
Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentó la siguiente intervención:
1.5.1 La Superintendencia de Notariado y Registro indicó que el legitimado para
pronunciarse en este mecanismo es la Oficina de Instrumentos Públicos de
Aguachica, máxime cuando todos los soportes documentales del asunto planteado
1 Radicado 11001-03-15-000-2021-01033- 00.
2 Radicado 2021-01402-00.
3 11001-03-15-000-2022-00312- 00.
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reposan en dicha dependencia.
Finalmente, solicitó su desvinculación.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.
2.2. Cuestión previa
La Superintendencia de Notariado y Registro solicitó su desvinculación porque no
está llamada a responder por las pretensiones del accionante.
La Sala negará tal petición, debido a que la entidad referida fue vinculada como
tercera en atención al interés que puede tener en acción de cumplimiento objeto de
controversia.
2.3. Problema jurídico
Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por el señor William Díaz Miraval
y el material probatorio recaudado, la Sala deberá establecer si el Tribunal
Administrativo del Cesar desconoció los principios de prevalencia del derecho
sustancial, seguridad jurídica y cosa juzgada y vulneró los derechos fundamentales
al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial
efectiva, con ocasión de la sentencia del 6 de noviembre de 2025, proferida dentro
de la acción de cumplimiento con radicado 20011-33-33-001-2025-00271-00/01.
Para resolver lo anterior, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos adjetivos de
procedibilidad; y finalmente, de encontrarse superados se abordará; y (iii) el caso
concreto.
2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20124, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:
[…] [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203),
han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
4 M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
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modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a
que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que
impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: (i) que sea
relevante constitucionalmente; (ii) que no se trate de tutela contra tutela; (iii)
inmediatez, y (iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia
objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los
derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo se requerirá: (i) que la causa, motivo o razón a la que se
atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de
la decisión y (ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.5. El examen de los requisitos de procedencia adjetiva
2.5.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que
la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «(...) el juez de tutela debe
limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados
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por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de
la providencia reprochada».
Igualmente, enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta Corte,
el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la
decisión fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal
constitucional consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación
de las normas que se zanjaron por el juez natural.
A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para verificar
si se supera esta exigencia, los cuales son:
[...] (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia
judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales.
En el asunto que ocupa a la sala, el señor William Díaz Miraval presentó acción de
tutela en contra del Tribunal Administrativo del Cesar, porque en la sentencia del 6
de noviembre de 2025, mantuvo la determinación del Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Aguachica de negar las pretensiones de la
acción de cumplimiento.
En criterio del accionante, la referenciada determinación adolece de (i) defecto
fáctico, por cuanto no valoró elementos de juicio esenciales como: la declaratoria
de silencio renuente del 22 de septiembre de 2025 y la prueba sobreviniente del 24
de septiembre de 2025, y el auto AUT-2025-002688-5 es una mera reiteración de
oficios antiguos; (ii) defecto sustantivo, ya que aplicó indebidamente el artículo 8 de
la Ley 393 de 1997; (iii) desconocimiento del precedente contenido en las
providencias T-606 de 2017, SU-556 de 2019, SU-817 de 2020 y SU-146 de 2023
de la Corte Constitucional, y del 5 de mayo y 9 de septiembre de 2021 y del 14 de
julio de 2022 del Consejo de Estado; y (iv) violación de los artículos 29, 228 y 229
de la Constitución.
Para descender al caso concreto, se observa que la Superintendencia de Notariado
y Registro, mediante Resolución RES-2025-002344-6 del 11 de marzo del 2025,
estableció que la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos de Aguachica no
adelantó los procedimientos o trámites necesarios con el fin de evitar decisiones
incompletas, pues no (i) solicitó o requirió pruebas necesarias como son la copia y
estado de la Resolución 4627 del 15 de diciembre de 1976 expedida por el Incora;
y (ii) no resolvió la totalidad de los argumentos de las partes, en especial, lo relativo
a los registros realizados con posterioridad a la inscripción del mencionado acto.
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Por lo anterior, resolvió dejar sin efecto la Resolución 012 del 30 de abril de 2023 y
ordenar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Aguachica que corrija
el procedimiento administrativo y adopte la decisión que en derecho corresponda,
sin fijar término alguno.
El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Aguachica, mediante
sentencia del 7 de octubre de 2025, negó las pretensiones de la acción de
cumplimiento. Para arribar a esta conclusión estableció que no se cumplen los
requisitos consagrados en el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, por cuanto la Oficina
de Registro de Instrumentos Púbicos de Aguachica no ha sido renuente, si se tiene
en cuenta que está «realizando un nuevo trámite administrativo interno con la
finalidad de dar cumplimiento a la Resolución No. RES-2025-002344-6 del 11 de
marzo de 2025» y anunció que adoptará la decisión que corresponda dentro de los
términos legales.
Evidenció que el mandato, frente al cual la parte demandante reclama su
cumplimiento, no es imperativo e inobjetable, a pesar de que está radicado en
cabeza de la Oficina de Instrumentos Públicos de Aguachica.
El Tribunal Administrativo del Cesar, a través de la sentencia del 6 de noviembre de
2025, confirmó lo resuelto por el a quo. Fundó esa determinación en que no es
posible predicar incumplimiento por parte de la Oficina de Registro de Instrumentos
Púbicos de Aguachica, si se considera que esa autoridad emitió el proveído AUT-
2025-002688-5 del 4 de septiembre de 2025, a través del cual ordenó la corrección
del procedimiento administrativo en los términos de la Resolución 2025-002344-6
del 11 de marzo de 2025, con la consecuente práctica e incorporación de pruebas.
Puso de relieve que (i) el procedimiento se encuentra reanudado por parte de la
Oficina de Instrumentos Públicos de Aguachica, razón por la cual «no es posible
predicar incumplimiento alguno de dicho ente, respecto a lo ordenado por su
superior»; (ii) la Resolución RES-2025- 002344-6 del 11 de marzo del 2025 no
impuso un término perentorio para la adopción de la decisión que en derecho
corresponda; y (iii) la acción de cumplimiento busca lograr la efectividad del anterior
acto administrativo y no analizar de fondo los pronunciamientos que en sede
administrativa se profieran. En lo relevante indicó:
Lo anterior demuestra que, efectivamente, tal y como lo consideró el juez de instancia,
y contrario a lo considerado en la impugnación, se está dando cumplimiento a la
Resolución RES-2025-002344-6 del 11 de marzo del 2025, toda vez que, la actuación
administrativa adelantada con el fin de establecer la situación jurídica del folio de
matrícula inmobiliaria No. 196-8007, se encuentra vigente y en curso en la OFICINA
DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE AGUACHICA, para lo cual dicho ente dispuso la
práctica de pruebas (etapa que precisamente había sido omitida anteriormente, según
lo considerado en el acto administrativo objeto de la presente acción), la cual resulta
necesaria previo a adoptar la decisión que en derecho corresponda, que fue ordenada.
En este punto debe recordarse que, las actuaciones administrativas conllevan trámites
que culminan con la emisión de un acto administrativo (el cual fue ordenado), sin
embargo, se deben respetar plazos y procedimientos establecidos para ello, en aras
de garantizar el debido proceso. Máxime que, para la decisión que debe adoptar la
OFICINA DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE AGUACHICA, la Resolución RES-
2025- 002344-6 del 11 de marzo del 2025 no impuso término perentorio alguno. En
consecuencia, se itera, no es posible predicar incumplimiento alguno de dicho ente,
respecto a lo ordenado por su superior.
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[…]
De igual forma, resulta pertinente resaltar que, la función del juez constitucional en el
presente trámite se circunscribe única y exclusivamente a lograr la efectividad material
de las leyes y de los actos administrativos que contengan mandatos imperativos e
inobjetables; escapando de la órbita de competencia analizar la decisión de fondo que
emitan las entidades públicas en el curso de las actuaciones administrativas,
atendiendo lo relacionado con la prueba sobreviniente alegada por la parte accionante
(que demuestra que la Resolución 4627 de 1976 del INCORA carece de validez
jurídica, por no contar con la firma del Ministro de Agricultura), pues ello puede alegarse
ante la accionada, en el trámite de la actuación administrativa que se encuentra en
curso, y esperar que se adopte la decisión correspondiente.
De los argumentos expuestos por el señor William Díaz Miraval en relación con los
defectos fáctico y sustantivo, se observa que están encaminados a controvertir las
conclusiones a las que arribó el tribunal accionado, toda vez que, según su criterio,
no valoró pruebas esenciales y, en definitiva, no tuvo en cuenta que el auto AUT-
2025-002688-5 no repercute en el avance real del procedimiento administrativo.
Acorde con lo analizado, se hace evidente que el accionante busca imponer su
criterio, el cual estima más acertado, sobre el del Tribunal Administrativo del Cesar,
lo cual denota un desconcierto respecto al sentido de la decisión; máxime si se tiene
en cuenta que esa autoridad judicial, en la sentencia del 6 de noviembre de 2025,
puso de presente que la Oficina de Registro de Instrumentos Púbicos de Aguachica
acorde con lo ordenado en la Resolución RES-2025-002344-6 del 11 de marzo de
2025, ajustó el procedimiento administrativo a través del proveído AUT-2025-
002688-5. Trámite inicial que, sumado a otras actuaciones, dará lugar a una
decisión que no está sujeta a ningún término o condición.
Para dicha autoridad como la finalidad de la acción de cumplimiento es garantizar
la ejecución de la Resolución 2025-002344-6 del 11 de marzo de 2025 y está se
está materializando en la práctica, hay lugar a denegar las pretensiones de la
demanda con radicado 20011-33-33-001-2025-00271-00/01.
Sobre el particular, se advierte que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar sus decisiones
vía acción de tutela.
Así las cosas, se reitera que el juez constitucional no está instituido como órgano
de control de las decisiones judiciales que son adoptadas en el curso de los
procesos, los cuales se adelantaron conforme las etapas que para tal efecto
estableció el legislador. De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de
este mecanismo constitucional y la desarticulación de la organización judicial.
En consecuencia, es claro que la controversia esbozada por el tutelante no satisface
el requisito de relevancia constitucional, debido a que la discusión se circunscribe a
aspectos que fueron ventilados en la acción de cumplimiento, abordados y zanjados
por el juez natural.
Sin embargo, el señor William Díaz Miraval insiste en que la sentencia del 6 de
noviembre de 2025 se apartó de las providencias T-606 de 2017, SU-556 de 2019,
SU-817 de 2020 y SU-146 de 2023 de la Corte Constitucional, y del 5 de mayo y 9
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Demandante: William Díaz Miraval
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07152-00
de septiembre de 2021 y del 14 de julio de 2022 del Consejo de Estado que
enfatizan que el cumplimiento debe ser material y efectivo y no meramente formal
o aparente como ocurrió en su caso, pero no cumple con la carga de acreditar que
los casos en ellas analizados fueran similares o idénticos a su situación particular,
ni argumentó el por qué su proceso debe ser fallado en sentido contrario.
De igual manera, asevera que el Tribuna Administrativo del Cesar con su decisión
posibilitó la transgresión de los artículos 29, 228 y 229 de la Constitución, sin
efectuar ningún esfuerzo argumentativo o explicar la razón de su dicho.
Acorde con lo analizado y de los razonamientos expuestos en la acción de tutela,
concluye la Sala que la controversia planteada ya fue estudiada y definida por la
autoridad judicial, después de hacer un análisis de la finalidad de la acción de
cumplimiento, así como de la actuación adelantada por la Oficina de Instrumentos
Públicos de Aguachica para atender la Resolución 2025-002344-6 del 11 de marzo
de 2025, sin que sea permitido reabrir el debate ya zanjado por el juez natural.
En consecuencia, se considera que, si bien la parte actora intenta exponer las
razones por las cuales estima que la Corporación accionada incurrió en una
vulneración de sus derechos fundamentales, en realidad lo que se evidencia es una
simple inconformidad con lo dispuesto en la providencia censurada, y las
conclusiones a las que arribó el fallador de la sentencia 6 de noviembre de 2025, lo
cual, per se, no implica una trasgresión de las mencionadas garantías.
Así las cosas, en principio, no es evidente la tensión entre derechos fundamentales
en contraste con lo decidido por la autoridad judicial demandada, que amerite la
intervención del juez constitucional.
En tal medida, esta Sala de decisión declarará la improcedencia de la solicitud de
amparo de la referencia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación presentada por la
Superintendencia de Notariado y Registro.
SEGUNDO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela promovida por el
señor William Díaz Miraval por no cumplir el presupuesto de la relevancia
constitucional.
TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, remítase el expediente
el día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte Constitucional para su
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Demandante: William Díaz Miraval
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07152-00
eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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