RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-07153-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07153-00

Fecha
4 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07153-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar la solicitud de desvinculación presentada por Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB, conforme a las razones esbozadas en la parte motiva de esta decisión. Segundo: Negar la acción de tutela interpuesta por el señor Alirio Blanco Blanco, en contra de la Sección Primera del Consejo de Estado, conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia. 16Corte Constitucional, sentencia SU 128 de 6 de mayo de 2021, magistrado ponente: Cristina Pardo Schlesinger. www.consejodeestado.gov.co 15 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-07153-00 Accionante: Alirio Blanco Blanco Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-07153-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

4 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07153-00
Accionante: Alirio Blanco Blanco
Accionados: Consejo de Estado – Sección Primera

Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro de acción
popular

Decisión: Niega el amparo de tutela porque no se acreditaron los defectos
endilgados

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela1 presentada por el señor Alirio Blanco Blanco contra el Consejo de
Estado – Sección Primera por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, buena fe, acceso a la administración
de justicia, prevalencia del derecho sustancial, preámbulo de la constitución2, a
la vida, integridad personal y vivienda digna, ocurrida con ocasión de la
providencia proferida el 30 de octubre de 2025, al interior de la acción popular con
radicado 68001233300020220040201.

II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos

2. Su residencia se encuentra ubicada en la diagonal 54A No. 23D-19,
apartamento 201, barrio Altos de Carrizal en el municipio de Girón Santander,
inmueble en situación de riesgo inminente y grave, por un talud de tierra inestable
que amenaza con deslizarse sobre varias viviendas del sector.

3. El municipio de Girón inició la construcción de un muro de contención destinado
a mitigar esta amenaza, no obstante, la obra quedó inconclusa y el terreno
inestable, además dejó el talud expuesto a la erosión y en peligro de deslizamiento
sobre las viviendas colindantes, sumado a la existencia de un árbol de gran
tamaño que amenaza con caer.

4. Ante la omisión de las autoridades de culminar la obra, presentó acción popular
que fue fallada en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Santander

1 Acción de tutela presentada el 12 de noviembre de 2025
2 “(A la justicia), la prevalencia del interés general del articulo uno (1), atenta y vulnera el artículo dos “Son
fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” para asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado.” SIC en toda la cita.

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07153-00
Accionante: Alirio Blanco Blanco

el 24 de julio de 2024, oportunidad en la cual amparó los derechos colectivos
invocados y como consecuencia ordenó al municipio de Girón en el término de un
mes realizar todos los estudios necesarios para la construcción del muro de
contención y una vez realizados los estudios, en el término de 6 meses construirlo.

5. La decisión fue apelada por el Municipio de Girón y en segunda instancia la
Sección Primera del Consejo de Estado profirió sentencia el 30 de octubre de
2025, en la que modificó la protección otorgada por el Tribunal, así: i) revocó la
protección del derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente; ii) revocó la orden de construir un muro y la sustituyó por una
sanción; iii) ordenó al municipio ejercer sus funciones policivas en materia
urbanística respecto de los predios objeto de litigio, con el fin de asegurar el
cumplimiento de las licencias urbanísticas y de las normas contenidas en el POT
y la Resolución 1294.

6. Considera la parte actora que la decisión de segunda instancia es contraria a la
Constitución, toda vez que revocó la protección contra desastres y la orden de
construir el muro, además dejó su vida y la de su familia en un riesgo de muerte,
de otra parte, le ordena al municipio investigarlo y sancionarlo por habitar una
zona de riesgo que el propio municipio generó al dejar el muro inconcluso, lo que
constituye una revictimización.

2.2. Fundamento jurídico

7. La parte actora señaló que la providencia cuestionada incurrió en un defecto
fáctico por valoración irrazonable y desproporcionada de los medios de prueba.
No se valoró debidamente el informe CDMB del 22 de julio de 2022, lo anterior
teniendo en cuenta que, afirmó que el fenómeno de inestabilidad era de baja
intensidad, conclusión que no obedece a una valoración racional, toda vez que, la
prueba técnica describe deslizamientos masivos y caída de bloques de roca,
situación que fue minimizada por el ad quem.

8. Insiste que la autoridad judicial accionada cometió un error fáctico al evaluar el
segmento equivocado del muro, toda vez que analizó la parte construida, más no
la parte inconclusa que dejó el talud expuesto y con amenaza o riesgo de
desprendimiento.

9. Asimismo, alegó un defecto sustantivo por interpretación errónea y aplicación
indebida de la Ley 1523 de 2012, alega que la Corporación accionada utilizó el
principio de autoconservación para anular el principio de protección, invirtiendo la
jerarquía de deberes en un Estado Social de Derecho y utilizando la Ley de gestión
de riesgos como instrumento de exculpación estatal, en lugar de uno de protección
ciudadana.

10. Finalmente, aduce que la decisión recurrida desconoce el precedente
constitucional, toda vez que ignora y contradice la línea jurisprudencial
vinculante de la Corte Constitucional contenida en las sentencias T–206 de 2019
y T–122 de 2024, sobre la protección de la vida y la vivienda digna en
asentamientos irregulares en zonas de riesgo. Así mismo la orientación según la
cual el hecho de que una persona habite un terreno de forma irregular o violando
normas urbanísticas, no exime al Estado de su deber de mitigar el riesgo o

www.consejodeestado.gov.co 2
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07153-00
Accionante: Alirio Blanco Blanco

reubicar, una vez es conocido por la autoridad.

2.3. Pretensiones

11. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«(…)
PRIMERO: Que se ampare judicialmente los derechos fundamentales al debido
proceso /artículo 29), derecho a la igualdad (artículo 13), el principio de la buena fe (art
83 C.N.), el derecho a la administración de justicia y la prevalencia del derecho
sustancial ( artículo 228 y 229), el preámbulo de la constitución nacional (a la justicia),
la prevalencia del interés general del artículo uno (1), atenta y vulnera el artículo dos
“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitución”, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado”,
DERECHO ALA VIDA (Art. 11 C.P.), INTEGRIDAD PERSONAL y VIVIENDA DIGNA
(Art. 51 C.P.).

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS en su totalidad la sentencia proferida
el treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025) por la Sección Primera del
Honorable Consejo de Estado (Rad. 68001-23-33-000-2022-00402-01), por incurrir en
graves defectos fácticos y sustantivos.

TERCERO: Como medida de restablecimiento del derecho, ORDENAR que, en su
lugar, se DEJE EN FIRME Y CO PLENOS EFECTOS JURIDICOS la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo Oral de Santander el veinticuatro (24) de julio
de dos mil veinticuatro (2024) (Rad. 68001-23-33-000-2022-00402-00), la cual amparó
correctamente los derechos colectivos y fundamentales en conexidad, y ordenó la
construcción de las obras de mitigación necesarias para proteger mi vida y la de mi
comunidad.
(…)» (SIC en toda la cita)

2.4. Intervenciones

12. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 13 de
noviembre de 2025 a través del cual se ordenó notificar a la Sección Primera del
Consejo de Estado como accionado y al Tribunal Administrativo de Santander, al
municipio de Girón, a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la
Meseta de Bucaramanga (CDMB), al señor Juan Carlos Albarracín Muñoz y todos
los demás vinculados a la acción popular con radicación 68001-23-33-000-2022-
00402-00/01 como terceros interesados en las resultas del proceso.

13. La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga – CDMB se opuso a las pretensiones incoadas por el accionante,
toda vez que no se encuentra acreditada vulneración a los derechos
fundamentales invocados, además solicitó su desvinculación del proceso.

14. La decisión cuestionada no solo revisó cada uno de los elementos fácticos y
técnicos del expediente, sino que lo hizo bajo los parámetros jurisprudenciales
exigidos por las autoridades judiciales en el ejercicio del control de sus decisiones;
además no niega la existencia de dinámicas naturales de erosión en el talud, pero
tampoco declara en los términos absolutos planteados por el accionante, la
configuración de un riesgo inminente y probado sobre su inmueble.

15. No se configura el defecto fáctico alegado toda vez que sí se valoró la totalidad
de la prueba incluyendo los informes de la CDBM y del Departamento de

www.consejodeestado.gov.co 3
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07153-00
Accionante: Alirio Blanco Blanco

Santander, la decisión interpretó el riesgo dentro del contexto completo del
expediente al compás de la Ley 1523 de 2012, además analizó la existencia del
tramo inconcluso del muro y evaluó la incidencia del muro existente, así como las
condiciones de ocupación y construcción de los residentes.

16. Contrario a lo manifestado por el accionante, la decisión no atribuyó la causa
exclusiva del riesgo a los residentes, sino la existencia de vulnerabilidad generada
por la ocupación del área sin aislamientos, situación que incide en la forma como
se manifiestan las dinámicas naturales del terreno o de como se muestra la
amenaza, en consecuencia, no se eliminó la consideración de riesgo natural, sino
que se contextualizó dentro del marco de la gestión del riesgo, donde la
corresponsabilidad ciudadana es un principio legal y constitucional.

17. En torno al defecto sustantivo indicó que la sentencia hizo una interpretación
sistemática y razonable de la Ley 1523 de 2012, particularmente reconoce que el
Estado tiene deberes de protección, no obstante, la acción popular no puede
convertirse en un mecanismo para ordenar obras cuya competencia, financiación
o titularidad no corresponde a la entidad demandada.

18. La decisión no empleó el término autoconservación para anular la protección
a los derechos colectivos, lo que hizo fue integrar ambos principios, en tanto la
autoridad debe proteger al ciudadano, pero este no debe aumentar su propia
vulnerabilidad.

19. Finalmente, en relación con el desconocimiento del precedente, indicó que se
cita las sentencias de tutela T-122 de 2024 y T 206 de 2019, no obstante, se
presentan de manera aislada y desvinculada de los hechos que rodean el caso.

20. La Sección Primera del Consejo de Estado, a través del Magistrado
ponente de la decisión, rindió informe en el que señaló que la acción impetrada
carece del requisito de procedencia de relevancia constitucional, toda vez que el
asunto debatido no gira en torno al alcance, aplicación y/o desarrollo de un
derecho fundamental, sino frente a la inconformidad con la decisión adoptada por
el juez natural.

21. De otra parte y en torno a los defectos alegados, indicó que la sentencia de
30 de octubre de 2025 no incurrió en el defecto fáctico alegado, toda vez que se
efectuó una valoración amplia e integral del material probatorio recaudado en el
trámite de la acción popular, incluyendo informes técnicos, visitas, diagnósticos y
respuestas de las entidades demandadas, y se explicó cuáles pruebas eran
relevantes, cómo se articulaban entre sí y de qué manera permitían concluir la
existencia de afectaciones al derecho colectivo, así como la responsabilidad
concurrente de las entidades involucradas

22. Tampoco se configura el defecto sustantivo, porque la decisión hizo una
interpretación correcta, sistemática y probatoria fundada en la Ley 1523 de 2012
y de los principios de la gestión de riesgo; aplicó adecuadamente los principios de
protección, autoconservación, vulnerabilidad y seguridad territorial, reconociendo
que la gestión del riesgo es un proceso corresponsable entre autoridades y
particulares.

www.consejodeestado.gov.co 4
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07153-00
Accionante: Alirio Blanco Blanco

23. La decisión se ajustó al precedente del Consejo de Estado, según el cual los
riesgos propios del predio que no se proyectan a la comunidad no son objeto de
acción popular. Las sentencias T-122 de 2024 y T-206 de 2019, no resultan
aplicables al presente asunto, por cuanto la situación analizada no corresponde al
escenario de asentamientos informales ni a contextos de alto riesgo no mitigable
definidos por la Corte Constitucional.

24. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia

25. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Cuestión previa

3.2.1. De la solicitud de desvinculación

26. Sobre el particular, se tiene que, si bien la Corporación Autónoma Regional
para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB solicita la desvinculación
del presente proceso, lo cierto es que esta Sala no encuentra mérito suficiente para
acceder a dicha pretensión, toda vez que fue vinculada como tercera interesada
en las resultas del proceso por ser parte dentro de la acción popular donde se
profirió la sentencia objeto de tutela y resulta necesario garantizar su derecho de
defensa.

3.3. Problema jurídico

26. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si la Sección Primera del Consejo de Estado, al proferir la sentencia
del 30 de octubre de 2025, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, buena fe, acceso a la administración de justicia, prevalencia del derecho
sustancial, preámbulo de la constitución3, a la vida, integridad personal y vivienda
digna, al incurrir en los defectos fáctico, sustantivo y por desconocimiento del
precedente. Previamente se verificará el cumplimiento de los requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

27. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de
2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de
las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa

3 “(A la justicia), la prevalencia del interés general del articulo uno (1), atenta y vulnera el artículo dos “Son
fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” para asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado.” SIC en toda la cita.

www.consejodeestado.gov.co 5
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07153-00
Accionante: Alirio Blanco Blanco

judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene
el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

28. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.

29. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito
garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la
autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de
asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

30. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación fáctica que
devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente
individualizados.

3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

www.consejodeestado.gov.co 6
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07153-00
Accionante: Alirio Blanco Blanco

3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde que se profirió la providencia objeto de cuestionamiento, esto
es, el 30 de octubre de 2025, ejecutoriada el 19 de noviembre de la misma
anualidad y la interposición de la acción de tutela, es decir, el 12 de noviembre de
la presente anualidad.

3.4.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida
que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental al debido
proceso, igualdad, buena fe, acceso a la administración de justicia, prevalencia
del derecho sustancial, preámbulo de la constitución4, a la vida, integridad
personal y vivienda digna, al presuntamente incurrir en los defectos fáctico,
sustantivo y por desconocimiento del precedente, los cuales se encuentran
fundamentados razonablemente.

31. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.5. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

32. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional5 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa6, que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa y sin razón valedera da
por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara
y objetivamente. Esta dimensión, comprende las indebidas valoraciones
probatorias determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez.

b. Una dimensión positiva7, que se presenta generalmente cuando el
juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

33. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez
de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al
juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le
corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta

4 “(A la justicia), la prevalencia del interés general del articulo uno (1), atenta y vulnera el artículo dos “Son
fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” para asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado.” SIC en toda la cita.
5 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010,

T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
6 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
7 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

www.consejodeestado.gov.co 7
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07153-00
Accionante: Alirio Blanco Blanco

más convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos
probatorios»8.

34. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina
a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que
ordinariamente conoce de un asunto.

3.6. Análisis del presunto defecto fáctico en el caso concreto

35. La parte actora señala que la decisión cuestionada en esta sede adolece de
un defecto fáctico por valoración irracionable y desproporcionada de los medios
de prueba, en especial del informe técnico CDBM del 22 de julio de 2022 emitido
por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga y del informe técnico del 12 de julio de 2023 de la Secretaría de
Infraestructura y la Dirección de Gestión de Infraestructura del departamento de
Santander, toda vez que concluyó que el fenómeno de inestabilidad natural era
de baja intensidad, cuando las pruebas técnicas dejan en evidencia
deslizamientos masivos y caída de roca, además valoró la parte del muro de
contención construida más no la parte inconclusa que es la que ocasiona el riesgo.

36. Sobre el particular, se tiene que la Sección Primera del Consejo de Estado en
la providencia cuestionada consideró:

«(…)
V.4.1.1. La prueba sobre la vulneración o amenaza del derecho colectivo
previsto en el literal l) del artículo 4.° de la Ley 472

(…)
58. El 22 de julio de 2022 la Subdirección de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial
de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga
realizó una visita técnica a dicho predio con el propósito de identificar las
características geológicas y geotécnicas del sector.

59. Ese concepto explica que el municipio de Girón se asienta sobre formaciones
geológicas correspondientes a materiales sedimentarios antiguos combinados con
depósitos aluviales recientes producto de la acción de los ríos y quebradas que
conforman su red hídrica.

60. Se precisó que en la zona donde se localizan los inmuebles objeto de estudio
confluyen sectores de ladera con pendientes pronunciadas y materiales fracturados,
así como zonas de depósito aluvial con baja capacidad portante. Ello configura un
escenario natural de vulnerabilidad frente a fenómenos de inestabilidad y
deslizamientos, que se agrava cuando las construcciones no observan las distancias
de aislamiento y las condiciones técnicas requeridas para garantizar la estabilidad del
terreno.

61. Respecto de la problemática judicial, se destaca el siguiente apartado del informe
de visita:

(…)
• En la zona objeto de la visita, existes dos viviendas, las cuales carecen de
sistemas de control y conducción de aguas de escorrentía y pluviales; la
ubicada en pie de talud (nomenclatura Diagonal 54ª No 22C – 96); presenta
una placa de entrepiso que actualmente funciona como cubierta, donde no
presenta un sistema de recolección y conducción de aguas lluvias,
igualmente para la vivienda ubicada en corona del talud (nomenclatura
Diagonal 54ª No. 23D – 19), aunque en su cubierta exista un sistema de
recolección y conducción de aguas lluvias, este no es continuo

8 Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.

www.consejodeestado.gov.co 8
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07153-00
Accionante: Alirio Blanco Blanco

observándose que el mismo vierte las aguas en la parte lateral del inmueble,
cuyo flujo captado discurre hacia el talud objeto de la petición (Ver
fotografía 7, 8, 9, 10 y 12).

• Como medidas de mitigación a largo plazo evidenciadas en el presente sector
se da la presencia de 2 obras de mitigación tipo Muro de Contención en
concreto reforzado, enfocadas en brindar control a la erosión bajo las
condiciones geológicas y geotécnicas propias de la zona, la primera obra
con un apariencia en figura escalonada, cuenta con acceso peatonal a la
corona del talud mediante unas escaleras en concreto y la instalación de
barandas metálicas sobre la corona preservando la caída de peatones
debido a su altura elevada que varía entre 8 a 10 metros aproximados y la
segunda obra está formando un segmento lineal de un tramo de 10 metros
aproximadamente, con una altura que varía desde su flanco derecho al
izquierdo, la cual no fue posible determinarla por la abundante cobertura vegetal
(Ver fotografía 1, 17 y 18) […]”. (Negrilla fuera del texto).

62. El informe contiene el siguiente registro fotográfico de las dos viviendas
colindantes: (…)

64. En el plenario obra el informe técnico de 23 de julio de 2023, elaborado por la
Secretaría de infraestructura y la Dirección de Gestión de Infraestructura del
departamento de Santander. Dicho documento valoró dos componentes: la condición
física del muro de contención y la estabilidad del talud.

65. Sobre el muro “[…] construido frente a la vivienda de dos pisos en la Diagonal
54A #23D-19 […]”, se precisó que “[…] es un muro en voladizo con espesor de 30
cm en su corona con alturas variables de aproximadamente 4,40 m, 5,85 m y 6,90
m, así como longitudes desde 3,0 m hasta 3,30 m […]”.

66. Dicho concepto da cuenta del estado normal del muro en los siguientes apartados:

“[…] No se observa ningún tipo de desplazamiento, hundimiento,
abultamiento en caras, inclinación del muro o fisuración excesiva; no
obstante, en la cara delantera del muro se evidencian fisuras en las cuales se ha
realizado resane con mortero cuyas especificaciones se desconocen, sin
embargo, las fisuras se están reflejando nuevamente razón por la cual es
recomendable la realización de ensayos para poder determinar las implicaciones
de dichas fisuras (Ver: Fig. 4). En la cara trasera de la pantalla específicamente
en la parte superior de la misma se puede observar segmentos de varillas de
refuerzo, aunque por medio de la inspección visual no se puede determinar si
hacen parte realmente del refuerzo longitudinal de la pantalla o si son varillas
puestas con finalidades constructivas (Ver: Fig. 5).

Se observa que el muro cuenta con tubos de PVC a modo de drenaje lo cual
es importante para prevenir empujes adicionales de presión de agua en el
caso de no contar con el adecuado drenaje (Ver: Fig. 6, Fig. 7). No se puede
determinar si adicional a los tubos que son visibles existe en la base del muro una
tubería perforada u otro sistema de drenaje. Se observa manchas ocasionadas
por el agua lluvia en ambas caras del muro dada la ausencia de alfajías en
la corona del muro (Ver: Fig. 8, Fig. 9), pudiéndose tratar con algún producto
con la finalidad de eliminar dichas manchas y recuperar la estética original
de las caras si así se quiere; no obstante, sin alfajías las manchas volverán
a producirse. […]”. (Negrilla fuera del texto).
(…)

70. Finalmente se acreditó que el ente territorial realizó una visita el 2 de noviembre
de 2023, en la que consideró:

(…)
Es importar resaltar que las viviendas construidas colindando con el talud en
mención, se encuentran en estado de riesgo, ya que con presencia de lluvias el
agua se infiltra y a su vez genera movimiento de material que pueden llegar
hasta el colapso de las estructuras. Para mitigar la afectación de los predios,
como medida temporal y para mantener la conformación del talud, se
recomienda de ser posible impermeabilizar o proteger con plástico, lo

www.consejodeestado.gov.co 9
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07153-00
Accionante: Alirio Blanco Blanco

anterior con el objetivo de evitar que el agua se filtre, también es importante
abrir una zanja o canal firme que permita el desagüe de agua adecuado o
manejo de aguas de escorrentía en la corona del talud.

Se recomienda realizar estudios para la estabilidad del talud que considere
geomorfología del talud, topografía, propiedades geotécnicas del material
que lo componen y así poder definir una obra de contención que garantice
la estabilidad de las viviendas y del sector, y su vez disminuya el riesgo por
remoción en masa. […]”. (Negrilla fuera del texto).

71. De conformidad con el material probatorio y los informes técnicos allegados al
expediente, la Sala observa que en el sector objeto de estudio, ubicado en la diagonal
54A # 23D–19, apartamentos 101 y 201, del barrio San Antonio del Carrizal del
municipio de Girón, se localiza un talud de tierra con presencia de procesos erosivos
leves, los cuales se asocian principalmente a la intervención antrópica realizada sobre
la ladera y a su costado.

72. Se insiste que el fenómeno de inestabilidad natural es de baja intensidad. Las
evaluaciones de campo realizadas por la Corporación Autónoma Regional para la
Defensa de la Meseta de Bucaramanga, el municipio de Girón y el departamento de
Santander, coinciden en señalar que no se han identificado daños estructurales
graves en la obra de mitigación de riesgo existente, derivados de eventos naturales
de gran magnitud.

73. Aunado a ello, el muro cuestionado se encuentra en estado normal de
funcionamiento. Los exámenes visuales efectuados por la Secretaría de
Infraestructura departamental evidenciaron que, aunque existen algunas fisuras
menores, no se observan desplazamientos, hundimientos o inclinaciones
preocupantes. El muro, además, cuenta con un sistema de drenaje básico mediante
tubos de PVC, lo que favorece el control hidráulico.

74. A partir de lo anterior, esta autoridad judicial considera que el riesgo debatido no
se origina en la estructura y condiciones del muro, sino en el talud adyacente. Su
origen adicionalmente resulta atribuible a la conducta de los propietarios de los dos
predios, quienes no demostraron el cumplimiento de los aislamientos mínimos
establecidos en la Resolución CDMB 1294 de 2009, norma que en su numeral 7.4.2
prevé una separación mínima de 5 metros entre la base del talud y las edificaciones
localizadas en su parte inferior. Esos inmuebles tampoco cuentan con un sistema
adecuado de drenaje para las aguas lluvias y de escorrentía.

75. Conforme a las pruebas, la presente problemática no compromete bienes de uso
público, infraestructura vial, redes de servicios o un sector en riesgo que cobije a varios
miembros de la comunidad, entre otros factores relacionados con el interés colectivo.
Por el contrario, la evidencia técnica indica que la causa principal del deterioro
proviene del uso inadecuado del suelo por los propietarios y residentes de los dos
inmuebles.

76. En la sentencia de 9 de marzo de 2023, la Sala precisó que “[…] los riesgos propios
de un predio, cuyos efectos colaterales aún no se extienden a la ciudadanía en general
no deben ser ventilados por este medio judicial preferente, pues ello excedería la
finalidad constitucional de esta acción pública […]”. En la sentencia de 26 de mayo de
20239, al resolver un caso con similares supuestos, se negó el amparo al advertir que
el riesgo fue generado por los propietarios de las dos viviendas colindantes a un talud
con fenómenos de revenimiento.

77. Por lo tanto, el cargo prospera respecto de la inexistente vulneración del derecho
colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.»

37. A partir de las transcripciones realizadas, la Sala considera que la autoridad
judicial accionada no incurrió en un defecto fáctico, teniendo en cuenta que realizó
un análisis probatorio integral de todos los medios de prueba recaudados en el
expediente, en especial de los informes técnicos rendidos por la Subdirección de

9 Consejo de Estado, Sección Primera, radicación núm.: 17001-23-33-000-2021-00195-01. C.P. Roberto

Augusto Serrato Valdés.

www.consejodeestado.gov.co 10
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07153-00
Accionante: Alirio Blanco Blanco

Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial de la Corporación Autónoma Regional
para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y la Secretaría de Infraestructura
y la Dirección de Gestión de Infraestructura del departamento de Santander, lo
que le permitió concluir que: i) los procesos erosivos del talud eran leves y no
evidenciaban daños estructurales graves en las obras de mitigación existentes; ii)
el muro de contención funcionaba normalmente y que las fisuras observadas no
comprometían su estabilidad; y iii) que el riesgo se originaba en el incumplimiento
de los aislamientos geotécnicos y la falta de drenaje adecuado por parte de los
propietarios de los inmuebles.

38. Así las cosas, la decisión cuestionada no se basó en una indebida valoración
de los informes técnicos rendidos en el curso del proceso, sino en una
ponderación razonada de su contenido, en la medida que, para la autoridad
judicial no se acreditó una vulneración al derecho colectivo a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente.

39. Además, no evidencia arbitrariedad ni capricho, pues la conclusión adoptada,
se fundamenta en inferencias lógicas y razonables derivadas del material
probatorio aportado en el proceso, pues, contiene una apreciación integral,
coherente conforme con las reglas de la sana critica. De modo que, la valoración
probatoria efectuada por la autoridad judicial accionada se enmarca en un margen
de apreciación judicial y no resulta arbitraria, irracional ni caprichosa, razón por la
cual, no adolece de defecto fáctico.

3.7. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

40. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo
de aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los
siguientes términos:

«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente
aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic) que
contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite la
aplicación de una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. En suma,
el defecto sustantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de la
normatividad al caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad
y razonabilidad que orientan al sistema jurídico»10.

41. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal específica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:

«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de
juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando la
autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal aplicables
en un caso determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación
indebida, por error grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de
las sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se ubican en el
mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.

10Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo
Montealegre Lynett.

www.consejodeestado.gov.co 11
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07153-00
Accionante: Alirio Blanco Blanco

En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:

(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta
por el fallador.

(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a
las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de
una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial
para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y,
finalmente.

(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la
jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa
juzgada respectiva”.

Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es cierto que los
jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e
independencia judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad no
es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la
función pública de administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden
jurídico preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho».

«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que
convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el
juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse
en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i)
porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii)
porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto es
inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte
Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa
a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo,
se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador»11.

42. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las normas
que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría
los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció la
normativa aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una
sentencia con efectos erga omnes.

3.8. Análisis del presunto defecto sustantivo en el caso concreto

43. La parte actora alega que la decisión cuestionada interpretó en forma indebida
la Ley 1523 de 2012, toda vez que utilizó el principio de autoconservación para
anular el principio de protección, invirtiendo la jerarquía de deberes en un Estado
Social de Derecho y utilizando la Ley de gestión de riesgos como instrumento de
exculpación estatal, en lugar de uno de protección ciudadana.

44. Sobre el particular, observa la Sala que en la sentencia objeto de censura, en
el numeral 4.1.1., la autoridad judicial se refirió al contenido de la Ley 1523 de
2012 que define el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, así como
los principios generales que orientan la gestión del riesgo, entre los que se
encuentran el principio de protección y autoconservación, así:

11 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt

Chaljub.

www.consejodeestado.gov.co 12
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07153-00
Accionante: Alirio Blanco Blanco

«(…) 53. Nótese que el artículo 1.° de la Ley 1523 de 24 de abril de 2012 definió el
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, así:

“[…] Artículo 1°. (…) La gestión del riesgo de desastres, en adelante la gestión del
riesgo, proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y
evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones,
instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción
del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir
a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo
sostenible.

[…]. La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable
para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e
intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las
comunidades en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la
planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial
sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de la
población. […]”. (Negrilla fuera del texto).

54. Esa norma estableció como principios generales que orientan la gestión del
riesgo, entre otros, los siguientes:

“[…] 2. Principio de protección: Los residentes en Colombia deben ser protegidos
por las autoridades en su vida e integridad física y mental, en sus bienes y en sus
derechos colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la salubridad públicas y a
gozar de un ambiente sano, frente a posibles desastres o fenómenos peligrosos
que amenacen o infieran daño a los valores enunciados.

4. Principio de autoconservación: Toda persona natural o jurídica, bien sea de derecho
público o privado, tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para una
adecuada gestión del riesgo en su ámbito personal y funcional, con miras a
salvaguardarse, que es condición necesaria para el ejercicio de la solidaridad social.»

45. Ahora bien, contrario a lo manifestado por el accionante, las conclusiones a las
que llegó la autoridad judicial accionada en la sentencia objeto de censura, no
obedecen a una indebida interpretación de los principios rectores contenidos en
la Ley 1523 de 2012, sino que en aplicación de ellos y con fundamento en los
medios de prueba obrantes en el plenario, se llegó a la conclusión de que el riesgo
debatido también era atribuible a la conducta de los propietarios de los dos
predios, que no demostraron el cumplimiento de los aislamientos mínimos
establecidos en la Resolución CDMB 1294 de 2009, así como tampoco cuentan
con un sistema adecuado de drenaje para las aguas lluvias y de escorrentía.

46. Aunado a lo expuesto, concluyó que la problemática debatida en el curso del
proceso, no compromete bienes de uso público, infraestructura vial, redes de
servicios públicos o un sector en riesgo que cobije a varios miembros de la
comunidad, contrario a ello la causa principal del deterioro corresponde al uso
inadecuado del sueldo por los propietarios y residentes de los inmuebles, razones
válidas que le llevaron a concluir la inexistencia de vulneración del derecho
colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.

47. Para la Sala, la autoridad judicial no incurrió en un defecto sustantivo como lo
alega la parte actora, en la medida que efectuó un análisis detallado de los
elementos probatorios conforme a las disposiciones normativas y precedente
jurisprudencial vigente aplicable al asunto, lo que le permitió concluir entre otras
que el riesgo imputado al ente territorial también era atribuible a la parte
accionante.

www.consejodeestado.gov.co 13
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07153-00
Accionante: Alirio Blanco Blanco

3.9. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales

48. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de
exequibilidad respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 1896 12, precisó que de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están
sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma
forma como lo han hecho en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan clara
y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión».

49. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-
590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por
parte del juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de
tutela.

50. Respecto del precedente vertical13, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto
hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial,
por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.

51. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que al mismo tiempo, surge
de los presupuestos fácticos relevantes de cada caso14.

52. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y
razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido
en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la
igualdad y de la independencia judicial; por tanto, no podrá reprocharse a la
sentencia arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los
justiciables ningún género de discriminación15.

53. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por
parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad
por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en
idénticas circunstancias frente a la Ley.

3.10. Análisis del presunto defecto por desconocimiento de precedente en
el caso concreto

54. Cuestiona la parte demandante que la decisión atacada ignora y contradice la
línea jurisprudencial vinculante de la Corte Constitucional contenida en las
sentencias T–206 de 2019 y T–122 de 2024, sobre la protección de la vida y la
vivienda digna en asentamientos irregulares en zonas de riesgo.

12
Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
13
Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
14
Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
15
Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

www.consejodeestado.gov.co 14
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07153-00
Accionante: Alirio Blanco Blanco

55. Sobre el particular, sea del caso señalar que las sentencias de tutela de la
Corte Constitucional, no constituye un precedente de obligatorio cumplimiento,
pues, no se trata de una sentencia de unificación a través de la cuales se fijan
unos parámetros, sino decisiones que tienen fuerza vinculante para las partes
procesales.

56. Así las cosas, no es factible entender que se incurrió en un desconocimiento
de precedente y, menos aún, en una decisión arbitraria o caprichosa, pues, lo que
se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con la conclusión a la
que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la transgresión de
derechos fundamentales.

57. De esta manera, lo que se observa es la divergencia de criterios frente al
análisis que se realizó en la decisión objeto de censura, hecho que no puede ser
calificado como violatorio de los derechos fundamentales, en respeto de los
principios de autonomía e independencia judicial.

58. Por tal razón, no es posible considerar que la decisión adolece de algún
defecto, sino que la parte accionante se encuentra inconforme con la
interpretación efectuada por la autoridad judicial accionada, situación que, dada
la finalidad prevista para la tutela, sale de la órbita de competencia del juez
constitucional.

59. Es necesario recordar que el análisis que le corresponde realizar al juez
constitucional al estudiar la procedencia de tutela contra providencia judicial no es
de corrección sino de validez16, motivo por el cual solo habrá lugar a amparar los
derechos fundamentales en los eventos en los que se advierta que el
razonamiento es arbitrario o caprichoso.

60. En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante
con la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales, razón por la que la Sala procederá a
negar el amparo deprecado, por las consideraciones expuestas en la presente
providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar la solicitud de desvinculación presentada por Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB,
conforme a las razones esbozadas en la parte motiva de esta decisión.

Segundo: Negar la acción de tutela interpuesta por el señor Alirio Blanco Blanco,
en contra de la Sección Primera del Consejo de Estado, conforme a las
consideraciones plasmadas en esta providencia.

16Corte Constitucional, sentencia SU 128 de 6 de mayo de 2021, magistrado ponente: Cristina Pardo
Schlesinger.

www.consejodeestado.gov.co 15
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07153-00
Accionante: Alirio Blanco Blanco

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

www.consejodeestado.gov.co 16
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.