Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07153-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07153-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-07153-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
19 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07153-01
Accionante: ALIRIO BLANCO BLANCO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA
Tema: Relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación de la parte actora contra la sentencia proferida
el 4 de diciembre de 2025 por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto
2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los
Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 2019 1 de la
Sala Plena del Consejo de Estado.
Por auto del 13 de noviembre de 20252, el a quo admitió la acción constitucional
y, mediante la providencia 20 de enero de 2026 concedió la impugnación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El señor Alirio Blanco Blanco, actuando en nombre propio, presentó acción
de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Primera. Con la solicitud de
amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y a los principios
de «prevalencia del derecho sustancial (…) [y] del interés general».
2. Las anteriores garantías constitucionales las estimó vulneradas con
ocasión de la sentencia del 30 de octubre de 2025 proferida por la autoridad
judicial accionada, mediante la cual se modificó el fallo de primera instancia
dictado por el Tribunal Administrativo de Santander en el proceso de acción
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 de Samai. Mediante este auto se notificó como accionado a la Sección Primera del Consejo de
Estado. A su vez, se ordenó vincular como terceros con interés al Tribunal Administrativo de Santander, al
Municipio de Girón, a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, al
señor Juan Carlos Albarracín y a todos los demás vinculados al proceso de acción popular objeto de este
mecanismo de amparo.
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popular3 promovido por el actor y el señor Juan Carlos Albarracín Muñoz contra
el municipio de Girón (Santander) y la Corporación Autónoma Regional para la
Defensa de la Meseta de Bucaramanga.
3. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERO: Que se ampare judicialmente los derechos fundamentales al debido
proceso (artículo 29), derecho a la igualdad (artículo 13), el principio de la buena
fe (art 83 C.N), el derecho a la administración de justicia y la prevalencia del
derecho sustancial (artículo 228 y 229), el preámbulo de la constitución nacional
(a la justicia), la prevalencia del interés general del articulo uno (1), atenta y vulnera
el artículo dos “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución”, para asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado”, DERECHO A LA VIDA (Art. 11 C.P.), INTEGRIDAD
PERSONAL y VIVIENDA DIGNA (Art. 51 C.P.).
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS en su totalidad la sentencia
proferida el treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025) por la Sección
Primera del Honorable Consejo de Estado (Rad. 68001-23-33-000-2022-00402-
01), por incurrir en graves defectos fácticos y sustantivos.
TERCERO: Como medida de restablecimiento del derecho, ORDENAR que, en su
lugar, se DEJE EN FIRME Y CON PLENOS EFECTOS JURÍDICOS la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo Oral de Santander el veinticuatro (24) de
julio de dos mil veinticuatro (2024) (Rad. 68001-23-33-000-2022-00402-00), la cual
amparó correctamente los derechos colectivos y fundamentales en conexidad, y
ordenó la construcción de las obras de mitigación necesarias para proteger mi vida
y la de mi comunidad.
1.2. Hechos
4. En el barrio Altos de Carrizal del municipio de Girón (Santander), se inició
la construcción de un muro de contención destinado a mitigar el riesgo de
deslizamiento en un talud –una superficie inclinada–. Dicha obra no fue
terminada, lo que habría dejado en riesgo de remoción del terreno a las viviendas
ubicadas en dicho sector.
5. Los señores Alirio Blanco Blanco y Juan Carlos Albarracín Muñoz
solicitaron al municipio de Girón una inspección ocular al sector, debido al peligro
que dicha construcción inconclusa representaba para los habitantes de la zona.
De dicha visita técnica se habría constatado el peligro de erosión y deslizamiento
para las viviendas colindantes. La Secretaría de Infraestructura del ente territorial
verificó la existencia de procesos erosivos y el riesgo estructural que podría
afectar a dos viviendas del sector. En tal sentido, esta autoridad recomendó
completar el muro de contención y puso de presente que esta intervención
dependería de la disponibilidad presupuestal.
6. En dicha medida, los señores Blanco Blanco y Albarracín Muñoz
presentaron demanda contra el municipio de Girón y la Corporación Autónoma
3 Proceso identificado con el radicado 68001-23-33-000-2022-00402-00/01.
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Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (en adelante, CDMB),
en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos. En concreto, solicitaron la salvaguarda de las garantías contenidas en
los literales c, g, h, j, l y m4 del artículo 4 de la Ley 472 de 1998. Con fundamento
en ello, solicitaron que las viviendas afectadas fueran reubicadas en caso de que
la construcción de obra de mitigación del riesgo no fuera posible.
7. En sentencia del 24 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo de
Santander amparó los derechos colectivos contenidos en los literales l y m del
artículo 4 de la Ley 472 de 1998, los cuales consideró vulnerados por las
autoridades demandadas. Consideró que el muro de contención que se
construyó en el barrio Altos de Carrizal generaba un riesgo a los habitantes del
sector.
8. De conformidad con el material fotográfico y los informes allegados al
trámite, concluyó que la falta de terminación de la obra de construcción del muro
implicaba que parte del terreno permanece expuesto y con riesgo de
desprendimiento. Agregó que ello permitía verificar la amenaza de deslizamiento
existente y la necesidad de culminar el muro de contención.
9. Puso de presente que dos viviendas ubicadas en la parte superior e inferior
del muro no cumplían con los aislamientos mínimos exigidos por la Resolución
CDMB 1294 del 7 de enero de 2009, lo que evidenciaba una falta de control
urbanístico por parte del municipio y la consecuente obligación de garantizar la
estabilidad o reubicación de las viviendas afectadas. En relación con la CDMB
consideró que, si bien no causó directamente la vulneración de derechos
colectivos, dicha autoridad ambiental tenía las obligaciones de asesorar al
municipio en el ejercicio de sus funciones y de apoyar las actividades pertinentes
de gestión de riesgo.
10. En virtud de lo anterior, ordenó lo siguiente:
TERCERO: ORDÉNASE al Municipio de GIRÓN para que en el término de 1 mes
luego de ejecutoriada la sentencia proceda a realizar todos los estudios que sean
necesarios para la construcción del muro de contención en el sector del Barrio San
Antonio del Carrizal en la DIAGONAL 54A # 23D-19 y una vez realizados los
estudios, en el término de 6 meses lo construya. En el evento que no resulte viable
la construcción del muro de contención, proceda a adoptar las medidas,
administrativas, financieras y/o contractuales que sean necesarias con el fin de
superar la vulneración de los derechos colectivos aquí debatida.
4 Respectivamente: La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los
recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La
conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia
ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la
comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente; la seguridad y salubridad
públicas; el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; el acceso a los
servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; el derecho a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente; La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos
urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la
calidad de vida de los habitantes.
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CUARTO: ORDÉNASE a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA
DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB- para que en virtud de
sus competencias asesore al municipio en lo que este le requiera, sin perjuicio de
las medidas que deba adoptar en su labor de gestora del riesgo para la
sostenibilidad ambiental dentro del territorio.
11. Inconforme con lo anterior, el ente territorial promovió recurso de
apelación. Sostuvo que los actores no acreditaron la amenaza o vulneración de
los derechos colectivos, puesto que la Resolución 1294 de 2009 de la CDMB
establece la prohibición de construir cerca de los taludes y define un aislamiento
mínimo de cinco metros para edificaciones de alto riesgo, normatividad con la
que no cumplen las viviendas del sector que se consideran afectadas. Agregó
que los residentes que se instalaron en esta área lo hicieron bajo su propia
responsabilidad, motivo por el cual la administración no debía responder por sus
decisiones.
12. Mediante fallo del 30 de octubre de 2025, la Sección Primera del Consejo
de Estado modificó los ordinales segundo y tercero de la sentencia de primera
instancia, en el siguiente sentido:
SEGUNDO: AMPARAR el derecho colectivo a la realización de las construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de
manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: ORDENAR al municipio de Girón que ejerza sus funciones policivas
en materia urbanística respecto de los predios objeto del presente litigio, en aras
de asegurar el cumplimiento de las licencias urbanística y de las normas
contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial y en la Resolución 1294 de 7 de
enero de 2009, en defensa del orden jurídico y del medio ambiente. Para el
cumplimiento de la orden se le otorga un plazo de 12 meses contados a partir de
la ejecutoria de este fallo.
13. Con fundamento en el material probatorio y en los informes técnicos
allegados al expediente, la Sección Primera del Consejo de Estado concluyó que
las viviendas del sector objeto de estudio se localizaba en un talud de tierra con
procesos erosivos leves, esto es, que presentaba un fenómeno de inestabilidad
natural de baja intensidad que se asociaba principalmente a la intervención
antrópica realizada. Agregó que las evaluaciones de campo coincidían en señalar
que no se habían identificado daños estructurales graves en la obra de mitigación
de riesgo existente, aunado a que el muro de contención se encuentra en estado
normal de funcionamiento.
14. Puso de presente que, según los exámenes visuales efectuados por la
Secretaría de Infraestructura departamental, a pesar de que existen fisuras en el
muro, no se observaban desplazamientos, hundimientos o inclinaciones
preocupantes y, a su vez, contaba con un sistema de drenaje básico que
favorecía el control hidráulico. En este sentido, consideró que el riesgo debatido
no se origina en la estructura y condiciones del muro, sino en el talud adyacente,
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cuyo origen se acreditó atribuible a los propietarios de los predios, los cuales no
demostraron el cumplimiento de los aislamientos mínimos establecidos en la
Resolución CDMB 1294 de 2009 –relativo a la separación mínima de 5 metros
que debe existir entre la base del talud y las edificaciones en su parte inferior–.
15. En tal sentido, sostuvo que la problemática no compromete bienes de uso
público, infraestructura vial, redes de servicios o un sector en riesgo que cobije a
varios miembros de la comunidad, puesto que la evidencia técnica indicaba que
la causa principal del deterioro provenía del uso inadecuado del suelo por los
propietarios de los inmuebles. Por tanto, con sustento en sentencias del 9 de
marzo de 2023 y 26 de mayo de 2023 de la misma sala que resolvieron casos
con supuestos de hecho similares, concluyó que se debía negar el amparo del
derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente, puesto que «los riesgos propios de un predio, cuyos efectos
colaterales aún no se extienden a la ciudadanía en general no deben ser
ventilados por este medio judicial».
16. No obstante, sostuvo que en el proceso se había probado que el municipio
de Girón tenía conocimiento de la transgresión de una norma urbanística de
orden ambiental, al constatarse que las edificaciones colindantes al talud no
cumplen con los aislamientos mínimos exigidos por la Resolución CDMB 1294
de 2009. Con sustento en la sentencia del 15 de noviembre de 2018, expuso que
cuando se construyen predios sin las especificaciones de sismo resistencia
requeridas para la zona, es pertinente ordenar al municipio que ejerza sus
funciones policivas en materia urbanística con el fin de asegurar el cumplimiento
de las licencias y de la normativa del POT. Por tanto, concluyó que se había
transgredido el derecho colectivo a la realización de construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos en respeto de las disposiciones jurídicas.
1.3. Sustento de la vulneración
17. La parte actora consideró que la autoridad judicial accionada incurrió en
defecto fáctico por indebida valoración probatoria, pues, a su juicio, no se
valoró debidamente el informe de la CDMB de julio de 2022, puesto que este
documento describe una situación de deslizamientos masivos y caídas de
bloques de roca. Afirmó que esto había sido minimizado por la autoridad judicial
accionada, al considerar que el fenómeno de estabilidad era de baja intensidad.
18. Alegó que la autoridad judicial cometió un error fáctico al evaluar el
segmento equivocado del muro, puesto que analizó la parte construida pero no
la inconclusa que dejó el talud expuesto y con amenaza o riesgo de
desprendimiento. De tal forma, indicó que la correcta forma de valorar las pruebas
aportadas era, tal como fue establecido por el Tribunal Administrativo de
Santander, establecer una «causalidad concurrente» ante la existencia de un
talud inestable, un muro inconcluso y construcciones permitidas por falta de
control. Indicó que, por el contrario, la Sección Primera del Consejo de estado
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«rompió esta cadena causal y atribuyó la causa principal y única a los
residentes».
19. A su vez, alegó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
sustantivo por indebida aplicación de la Ley 1523 de 2012, al considerar que el
juez de segunda instancia «utilizó el principio de autoconservación para anular el
principio de protección» con lo que habría invertido «la jerarquía de deberes en
un Estado Social de Derecho». Argumentó que, con ello, utilizó la ley de gestión
de riesgos como un instrumento de exculpación estatal, en lugar de uno de
protección ciudadana.
20. Expuso que ello implicó un desconocimiento del artículo 3, numeral 2 de
dicha ley puesto que, según la jurisprudencia constitucional, el deber de
autoconservación del ciudadano no puede ser utilizado por el Estado como una
excusa para incumplir su deber prevalente de protección de la vida. Agregó que
una vez una construcción existe –sea o no por omisión de control estatal– y el
Estado conoce de un riesgo de control geológico inminente que amenaza la vida,
es necesaria la activación del principio de protección.
21. Por su parte, aseguró que se incurrió en desconocimiento del
precedente de la sentencia T-122 de 2024, en la medida en que en este fallo, la
Corte Constitucional amparó los derechos a la vida, seguridad personal y
vivienda digna ante la omisión de la autoridad en señalar si era posible mitigar
los riesgos o si era necesaria una reubicación, ante una situación similar a la
estudiada en el proceso de acción popular.
22. De igual forma, aseguró que la Sección Primera del Consejo de Estado
desatendió el precedente de la sentencia T-206 de 2019 en el que se establece
«la conexidad directa entre el riesgo de desastre y el derecho a la vivienda digna
en su componente de habitabilidad y seguridad». Agregó que dicha providencia
establece el deber en cabeza de las autoridades municipales de «mitigar el riesgo
generado por la inestabilidad del terreno adoptar políticas de reubicación cuando
los hogares estén situados en una zona de alto riesgo no mitigable».
23. Finalmente, argumentó que, en contraste con la sentencia cuestionada en
sede de tutela, el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Santander llevó
a cabo una debida valoración de las pruebas obrantes en el expediente,
desarrolló una «correcta ponderación de la culpabilidad» y, por tanto, no incurrió
en los defectos endilgados a la Sección Primera del Consejo de Estado.
1.4. Intervenciones
24. La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga indicó que en la decisión cuestionada se llevó a cabo una
valoración de todos los elementos probatorios que reposan en el expediente y
estuvo fundamentada en los parámetros jurisprudenciales y normativos
aplicables al caso. Indicó que ello le permitió a la autoridad judicial concluir que
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no se había configurado un riesgo inminente y probado, a pesar de la existencia
de dinámicas naturales de erosión del talud.
25. Sostuvo que, contrario a lo afirmado por el tutelante, la decisión no atribuyó
la causa de riesgo exclusivamente a los residentes, puesto que la derivó de la
vulnerabilidad generada por la ocupación del área sin aislamientos, lo que incide
en la forma como se manifiestan las dinámicas naturales del terreno. Agregó
que, por tanto, no se eliminó la consideración del riesgo natural, puesto que se
contextualizó dentro del marco de la gestión del riesgo.
26. Puso de presente que en la sentencia no se usó el término de
«autoconservación» para anular la protección a los derechos colectivos, dado
que se integraron ambos principios. A su vez, aseguró que las sentencias
alegadas como desconocidas se exponen de forma descontextualizadas sin
aterrizarlas al caso en concreto.
27. El Consejo de Estado, Sección Primera aseguró que la acción de tutela
carece de relevancia constitucional puesto que el debate propuesto no versa
sobre el alcance, la aplicación o el desarrollo de un derecho fundamental y lo
pretendido es una manifestación de inconformidad frente a la decisión adoptada
por el juez natural.
28. Argumentó que no se incurrió en defecto fáctico puesto que se efectuó una
valoración amplia e integral del material probatorio recaudado en el trámite de la
acción popular con inclusión de informes técnicos, visitas, diagnósticos y
respuestas de las entidades demandadas. Agregó que en el fallo se expuso
cuáles pruebas eran relevantes para el caso y cómo se articulaban entre sí, lo
que permitió concluir la existencia de afectaciones al derecho colectivo y una
concurrencia de responsabilidad.
29. Señaló que aplicó debidamente la Ley 1523 de 2012 y de los principios de
gestión del riesgo, con lo que reconoció que este es un proceso corresponsable
entre autoridades y particulares. Añadió que la decisión se fundamentó en el
precedente del Consejo de Estado y que las sentencias alegadas como
desconocidas no son aplicables al asunto.
1.5. Sentencia de primera instancia
30. Mediante fallo del 4 de diciembre de 2025, la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado negó el amparo solicitado al concluir que
no se acreditó la configuración de los defectos formulados. Frente al defecto
fáctico, señaló que la autoridad judicial llevó a cabo un análisis probatorio
integral, razonado y conforme con las reglas de la sana crítica, lo que le permitió
concluir que no se acreditó una vulneración del derecho colectivo a la seguridad
y prevención de desastres previsibles técnicamente.
31. Puso de presente que en el fallo censurado se aplicaron los principios
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rectores contenidos en la Ley 1523 de 2012, motivo por el cual no fueron
desconocidos. Indicó que, de conformidad con tales principios, se determinó que
el riesgo debatido también era atribuible a la conducta de los propietarios de los
predios, al no cumplir con lo establecido por la Resolución CDMB 1294 de 2009
y al no tener un sistema adecuado de drenaje. Concluyó que se atendieron las
normas aplicables al caso, a la luz del estudio de las pruebas obrantes en el
expediente.
1.6. Impugnación
32. El actor solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, se acceda al amparo de los derechos fundamentales invocados. Señaló
que el juez de primer grado incurrió en un «error de juicio» al no tomar en
consideración los «graves defectos fácticos, sustantivos y de desconocimiento
del precedente constitucional» que se presentan en la sentencia cuestionada.
Agregó que el fallo impugnado reduce la controversia a una simple discrepancia
interpretativa, con lo que el juez omitió su deber constitucional de «verificar si la
valoración probatoria y la aplicación normativa respetaron los mínimos de
rac9ionalidad y los mandatos de protección del Estado Social de Derecho».
33. Sostuvo que la autonomía judicial no puede confundirse con la
arbitrariedad, por lo que no es posible avalar la postura de un juez que
desconoce la literalidad de una prueba, con sustento en dicha autonomía. Por
su parte, indicó que la Corte Constitucional ha reiterado que la ratio decidendi de
sus sentencias de revisión de tutela tienen fuerza vinculante para los jueces, en
virtud de principio de igualdad y de supremacía de la Constitución. En tal sentido,
insistió a detalle en los argumentos expuestos en el escrito de tutela y en los
cargos formulados.
II. CONSIDERACIONES
34. La Sala revocará la decisión de primera instancia que negó el amparo
solicitado por la parte actora y, en su lugar, declarará la improcedencia de la
acción de tutela presentada. En tal sentido, se demostrará que en el asunto no
se supera el requisito general de relevancia constitucional.
2.1. Caso concreto
2.1.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales
35. El Consejo de Estado5 y la Corte Constitucional6, han condicionado la
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P.
María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y, Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez,
Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
6 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023; SU-388 de
2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
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procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales7 y a la configuración de algún
defecto especial8 en el que puede incurrir una autoridad judicial.
36. De no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se
declara improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del
asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se
configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial.
37. La solicitud de amparo no cumple con todos los requisitos de
procedibilidad, como pasa a explicarse.
38. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).
39. La Sala advierte que el señor Alirio Blanco Blanco está legitimado en la
causa por activa, en la medida en que fue demandante en el proceso de acción
popular objeto de esta acción. A su vez, se evidencia que la Sección Primera del
Consejo de Estado está legitimada en la causa por pasiva al haber proferido la
providencia controvertida en este proceso.
40. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional9, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.
41. Con fundamento en lo expuesto, se advierte que la acción de tutela no
cumple con el requisito de relevancia constitucional puesto que: (i) la parte actora
7 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v) efecto
decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho; y
(vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma naturaleza, una sentencia de control
abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por
inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida por la Sección de Apelación del Tribunal
Especial para la Paz.
8 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o
sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial; y
(viii) violación directa de la Constitución.
9 Sentencia SU-215 de 2022.
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presentó argumentos tendientes a buscar una instancia adicional del proceso y,
con ello, reabrir etapas procesales zanjadas por el juez natural de la causa y, (ii)
no cumplió con la carga argumentativa mínima requerida en clave de derechos
fundamentales.
42. En primer lugar, en relación con el defecto fáctico alegado, si bien en el
escrito de tutela se alude a algunas de las pruebas que, a juicio del actor, habrían
sido desatendidas –que, en síntesis, corresponde al informe de la CDMB de julio
de 2022–, lo cierto es que estos argumentos simplemente dan cuenta de una
inconformidad con el proceder valorativo de la autoridad judicial accionada. De
las razones expuestas no es posible concluir que se haya incurrido en alguna
arbitrariedad o error manifiesto en la valoración de tales pruebas, dado que la
formulación de este cargo está directamente relacionada con la interpretación
que, a juicio de la parte actora, se ha debido efectuar del material probatorio
obrante en el expediente.
43. En el escrito de tutela el señor Blanco Blanco insistió en la supuesta
arbitrariedad en la que, en su opinión, incurrió la Sección Primera del Consejo de
Estado en la valoración del conjunto de pruebas obrantes en el expediente. De
tal forma, enfatizó en que las conclusiones a las que llegó esta autoridad fueron
erróneas, lo que llevó a que se revocara la decisión del Tribunal Administrativo
de Santander que, desde su perspectiva, era la acertada.
44. A partir de estos argumentos, es posible concluir que lo pretendido por el
actor es usar este mecanismo con el fin de que el juez de tutela efectúe un juicio
de corrección de un asunto ya decidido por el órgano de cierre en la materia. Ello
se evidencia en el recurrente contraste que efectuó el accionante entre lo
decidido por la Sección Primera del Consejo de Estado y lo fallado en primera
instancia por el tribunal, a partir del cual concluyó que una providencia en la que
no se hubiera incurrido en los cargos formulados sería, necesariamente, aquella
favorable a sus intereses.
45. Frente al cargo por defecto sustantivo, el hilo argumentativo propuesto es
similar. Al respecto, el razonamiento desarrollada por el actor se centra en la
indebida aplicación de los principios de autoconservación y de protección
establecidos en la Ley 1523 de 2012, lo que habría implicado que la autoridad
judicial usara la gestión de riesgos como un instrumento de exculpación estatal,
en contravía de la protección ciudadana.
46. Si bien el tutelante identificó las normas que, a su juicio, el tribunal
accionado habría desconocido, lo cierto es que lo expuesto en el escrito inicial
simplemente da cuenta de una inconformidad con la interpretación y aplicación
de las disposiciones llevadas a cabo en el fallo cuestionado. Los argumentos
esbozados no dan cuenta de alguna arbitrariedad o error evidente por parte del
operador judicial, puesto que el señor Blanco Blanco se limitó a exponer la forma
en la que, a su juicio, se han debido interpretar las normas aplicables al caso en
concreto.
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47. Las razones otorgadas por el interesado, en relación con este defecto
formulado, no cuentan con la relevancia constitucional que permitan al juez de
tutela llevar a cabo un estudio de fondo del litigio propuesto, en la medida en que
lo pretendido es que se efectúe un análisis correctivo con respecto al ejercicio
hermenéutico del operador judicial, a fin de que se concluya cuál interpretación
de las normas aplicadas era la más adecuada.
48. Lo anterior, puesto que el la Sección Primera del Consejo de Estado
explicó los motivos fácticos, normativos y jurisprudenciales por los cuales el
riesgo debatido en la acción popular tenía un origen atribuible a los propietarios
del predio, quienes no demostraron el cumplimiento de los requisitos mínimos
establecidos en la Resolución CDMB 1294 de 2009 con relación a la separación
mínima que debía existir entre la base del talud y la parte inferior de dichas
edificaciones. En tal sentido, la autoridad judicial consideró que la causa principal
del deterioro del talud provenía del uso inadecuado del suelo por parte de tales
propietarios de los inmuebles. Por tanto, con sustento en el precedente de la
misma sala de decisión, concluyó que los riesgos propios de un predio, cuyos
efectos colaterales no se extienden a la ciudadanía en general, no pueden ser
ventilados mediante la acción popular, al no afectarse un bien o un derecho de
naturaleza colectiva.
49. En este orden de ideas, es posible concluir que lo afirmado por la parte
actora corresponde a un simple desacuerdo con la decisión cuestionada. En
efecto, no se formularon argumentos que controvirtieran las razones normativas
y jurisprudenciales dadas por la autoridad judicial accionada sobre la
imposibilidad de plantear pretensiones relacionadas con el estado particular de
un inmueble, mediante un mecanismo que tiene como objeto la defensa y
protección de derechos e intereses colectivos. Por tanto, la sala considera que
no se efectuó ninguna mención acerca de alguna arbitrariedad en la que hubiera
incurrido la Sección Primera de esta Corporación en la aplicación del precedente
y las normas que sustentaron las consideraciones del fallo.
50. Por su parte, los reproches que fundamentan el cargo por
desconocimiento del precedente carecen de la argumentación mínima requerida.
Esta exigencia no se acreditó pues, si bien el actor referenció dos sentencias de
la Corte Constitucional e identificó las reglas de derecho que, a su juicio, son
aplicables al caso en concreto, no cumplió con el deber de especificar
mínimamente en qué sentido los asuntos tratados en tales providencias guardan
similitud fáctica con el litigio objeto de esta acción, con lo que no cumplió con la
carga requerida para que exista un pronunciamiento de fondo por parte de la sala.
51. Al respecto, en el escrito inicial y en el de impugnación el actor aseguró
que los casos decididos por el Alto Tribunal guardaban identidad con la
controversia que en segunda instancia conoció la Sección Primera del Consejo
de Estado. Sin embargo, no expuso el sentido en que los presupuestos fácticos
de aquellas providencias son análogos a aquellos hechos en los que se generó
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la vulneración alegada, como por ejemplo, la naturaleza de la controversia
constitucional decidida en sede de revisión, las acciones u omisiones que
generaron la vulneración estudiada por la Corte Constitucional, entre otros.
52. Al no contar con un contexto mínimo sobre los presupuestos fácticos que
rodearon las decisiones alegadas como desconocidas, no es posible llevar a
cabo un estudio del cargo propuesto. Sobre el defecto por desconocimiento del
precedente es preciso resaltar que esta Sección ha considerado que la parte que
invoca este defecto debe cumplir con la carga mínima de identificar: (i) la
decisión que considera desatendida; (ii) la ratio aplicable a la solución del nuevo
caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior y (iii) la
incidencia de esta en la decisión final que adopte el fallador de instancia.
53. Los anteriores criterios no fueron desarrollados plenamente por la parte
demandante, por lo que no se satisface el deber de una carga mínima que
permita superar la relevancia constitucional.
54. En tal medida, se evidencia que la formulación de este litigio constitucional
se sustenta en una inconformidad con la decisión adoptada en segunda instancia
del asunto conocido por el juez natural de la causa, finalidad para la cual no fue
prevista la acción de tutela contra providencias judiciales.
55. Por su parte, se pone de presente que la Corte Constitucional ha
reiterado10 que, respecto de las acciones de tutela contra providencias dictadas
por altas cortes –como lo es el Consejo de Estado–, las razones presentadas
deben cumplir con una carga argumentativa transversal, elemento que se
concreta en un estudio más restrictivo y riguroso de los requisitos generales de
procedencia, en especial, el de relevancia constitucional. Esto tiene justificación
en que tales corporaciones cumplen un rol especial en el sistema judicial, en la
medida en que son los órganos de cierre de las respectivas jurisdicciones. Por
tal motivo, la intervención del juez de tutela se justifica exclusivamente cuando la
providencia judicial cuestionada sea abiertamente incompatible con el alcance y
límite dado por la Corte Constitucional a los derechos fundamentales, o cuando
se genere una anomalía en el sistema judicial de tal envergadura que posibilite
la procedencia excepcional del mecanismo de amparo.
56. Finalmente, se enfatiza en que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento cumpla con el
presupuesto bajo estudio. En estos asuntos, se requiere que en el escrito inicial
medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la controversia gira
en torno al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental.
57. Así las cosas, la Sala revocará la decisión de 4 de diciembre de 2025, que
negó el amparo solicitado, para, en su lugar, declarar la improcedencia de la
acción de tutela de la referencia por no superar el requisito de relevancia
constitucional.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 4 de diciembre de 2025, mediante la cual
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó el amparo
solicitado. En su lugar, DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela
interpuesta por la parte actora.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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