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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07154-00

Fecha
16 de junio de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07154-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Luz Stella Ramírez Castro contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, conforme la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07154-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

16 de junio de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07154-00
Accionante: Luz Stella Ramírez Castro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., dieciséis (16) junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07154-00
Accionante: Luz Stella Ramírez Castro
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Inmediatez - Relevancia-
Improcedencia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela formulada por Luz Stella Ramírez Castro contra el
Tribunal Administrativo de Antioquia-Sala Tercera de Oralidad.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 13 de noviembre de 2025, Luz Stella Ramírez Castro, por intermedio de apoderado,
presentó acción de tutela en procura de la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad que consideró
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Antioquia-Sala Tercera de Oralidad con
ocasión de la sentencia proferida el 28 de abril de 2025 dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado número 05001-33-33-
032-2019-00408-01.

2. Hechos

De conformidad con el escrito de tutela 1 y los documentos allegados al expediente, se
expone la siguiente relación fáctica:

2.1. Luz Stella Ramírez Castro presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Rama Judicial – Consejo
Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Medellín .

2.2. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Cuatrocientos Quince
Administrativo Transitorio del Circuito de Medellín bajo el radicado núm. 05001-33-33-
032-2019-00408-00, autoridad judicial que mediante sentencia del 28 de noviembre de
2022 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En consecuencia: (i)

1 Índice
00002 del aplicativo SAMAI, certificado 40863C399656BF75 7DD2069C8FF569B4 25AFB72D61853290
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Accionante: Luz Stella Ramírez Castro

declaró la nulidad parcial de los actos administrativos contenidos en las resoluciones
DESAJMR 16-7022 del 8 de julio de 2016, DESAJMR 17-69, del 10 de enero de 2017 y
el Acto ficto derivado del silencio administrativo ante la falta de resolución del recurso de
apelación interpuesto, y (ii) ordenó reliquidar y pagar todas las prestaciones sociales y
factores salariales reconocidos, pagados y causados desde el 23 de junio de 2023,
incluyendo en la base de liquidación como factor salarial, la bonificación judicial creada
mediante el Decreto 383 de 2013. La decisión fue apelada por la demandada.

2.3. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia modificó la sentencia
del a quo. En particular, limitó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y de
los factores salariales causados desde el 1° de junio de 2015.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud:

La parte actora solicitó al juez constitucional el amparo de sus derechos fundamentales
al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad. En
consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“Anular el fallo emitido por el Honorable Tribunal Administrativo de Antioquia, y en su
lugar ordenar fallar nuevamente teniendo en cuenta los hechos y pruebas dentro del
proceso, dejando sin efecto la sentencia de segunda instancia en lo relativo a la fecha
de inicio en que se reconocen los derechos laborales reclamados (1 de junio de
2015); debiendo reconocer la bonificación judicial como factor salarial desde el 23 de
junio de 2013, con pago de diferencias salariales y prestacionales retroactivas (2013-
2015), indexadas e intereses moratorios (art. 1419 C.C.).”2

Si bien la accionante no alegó expresamente la configuración de algún defecto específico,
de la lectura del escrito de tutela se identifican los siguientes reparos:

3.1. Defecto fáctico. Alegó que la autoridad judicial de segunda instancia omitió “la
prueba de la petición inicial del 23 de junio de 2016 con efectos retroactivos al 23 de junio
de 2013, y empeorando la situación de la demandante quien no apeló”.

Asimismo, sostuvo que se desconoció la historia laboral obrante en el expediente, la cual,
en su criterio, acreditaba el reconocimiento de los derechos reclamados desde el 23 de
junio de 2013.

3.2. Decisión sin motivación. La accionante argumentó que la sentencia cuestionada
limitó el reconocimiento de los emolumentos al 1.º de junio de 2015 sin ofrecer una
motivación suficiente que justificara dicha determinación. En su criterio, tanto las
pretensiones de la demanda como la sen tencia de primera instancia establecieron que el
reconocimiento debía efectuarse desde el 23 de junio de 2013.

Agregó que el auto admisorio de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
proferido el 1.º de octubre de 2018, tuvo en consideración los tres años anteriores, esto
es, el período comprendido entre 2015 y 2018, con el único propósito de determin ar la
competencia por razón de la cuantía. No obstante, señaló que la sentencia de primera

2 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 40863C399656BF75 7DD2069C8FF569B4 25AFB72D61853290
1E8B5778C4677E2E.
2

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Accionante: Luz Stella Ramírez Castro

instancia fue clara al establecer que el reconocimiento de los derechos laborales debía
efectuarse desde el 23 de junio de 2013, de conformidad con la historia laboral de la
demandante.

En ese sentido, sostuvo que no puede confundirse el criterio técnico utilizado para la
estimación de la cuantía con un límite sustantivo para restringir el reconocimiento de
derechos laborales.

4. Trámite de tutela e intervenciones

4.1. El 18 de noviembre de 2025 3 los consejeros de estado Adriana Polidura Castillo y
Nicolás Yepes Corrales presentaron manifestación de impedimento con el fin de
salvaguardar las garantías procesales y la imparcialidad en la administración de justicia,
por lo que invocaron la configuración de la causal prevista en el numeral 1 del articulo 56
del CPP.

4.2. El 4 de febrero de 20264 el despacho del magistrado William Barrera Muñóz profirió
auto mediante el cual ordenó a la Secretaría General el sorteo de dos conjueces para
que integren la sala durante el trámite de los impedimentos manifestados.

4.3. La Secretaría General realizó el sorteo correspondiente y, de conformidad con el acta
del 9 de febrero de 2026 5, fueron designados como conjueces los magistrados Fredy
Hernando Ibarra Martínez y Alberto Montaña Plata.

4.4. Mediante auto del 13 de abril de 2026 6, se declaró infundado el impedimento. En
consecuencia, se ordenó el ingreso del expediente al despacho de la consejera
sustanciadora.

Lo anterior, al considerar que las circunstancias expuestas no permitían concluir que los
mencionados consejeros se encontraran incursos en causal de impedimento para
conocer del asunto.

4.5. Por auto del 11 de mayo de 20267, el Despacho de la magistrada ponente admitió
la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia; vinculó como terceros
con interés al a la Nación-Rama Judicial-Consejo Superior de la Judicatura-Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial de Medellín, al Juzgado Cuatrocientos Quince
Administrativo Transitorio Del Circuito De Medellín . También requirió a las autoridades
judiciales mencionadas para que quien tuviera a su cargo, remitiera copia digital del
expediente identificado con el radicado número 05001-33- 33-032-2019-00408-00/01 y
reconoció personería al abogado Manuel Antonio Echavarría Quiroz.

3 Índice 00004 del aplicativo SAMAI, certificado 0909B534D93D79FE 1F3B5942646B6AA4 F1E79AE53B7BF77C

04A1B052DC640992.
4 Índice 00009 del aplicativo SAMAI, certificado 436C342B981AE6AB E5691650CFC9697D F75D1AF943621F03

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5 Índice 00013 del aplicativo SAMAI, certificado 4D4E9E25D1579936 A1B598D78817A7E8 243BF735C1FC1B56

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6 Índice 00016 del aplicativo SAMAI, certificado 873964D69E725167 4863EC30DAFC6D7B 3CBF1217875E7FCC

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7 Índice 00024 del aplicativo SAMAI, certificado 9BFDD2CBC54CCF03 B43E7A838847E835 CF3D36BF8A1B0354

0022983A98E281CD.
3

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Accionante: Luz Stella Ramírez Castro

Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:

4.6. El Juzgado 801 Administrativo Transitorio de Medellín (antes el Juzgado 415
Administrativo Transitorio de Medellín)8 remitió el link en OneDrive y SAMAI para
acceder al expediente del proceso.

Adicionalmente, indicó que el trámite de primera instancia culminó con la sentencia del
28 de noviembre de 2022, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda. Precisó que dicha decisión fue apelada y que, posteriormente, el 28 de
abril de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia mediante la cual
modificó el fallo del a quo.

Finalmente, señaló que, una vez recibido nuevamente el expediente, profirió auto de
obedecimiento y cumplimiento de lo dispuesto por el superior y expidió copias auténticas
a solicitud de la parte demandante.

4.7. El Consejo Superior de la Judicatura 9, solicitó que se negaran las pretensiones de
la acción de tutela. Al respecto, sostuvo que la decisión proferida por el Tribunal
accionado se fundamentó en las pruebas obrantes en el proceso, de las cuales no se
desprende que la señora Ramírez Castro perteneciera al régimen de los acogidos. Por el
contrario, indicó que de la certificación de devengados (folios 66 y siguientes) se
evidencia que los conceptos que integraban su remuneración mensual correspondían al
régimen de no acogidos.

Asimismo, reiteró las consideraciones expuestas por el Tribunal Administrativo de
Antioquia y destacó el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, la cual no
puede emplearse como una instancia adicional para reabrir debates ya resueltos dentro
del proceso ordinario. Por ello, sostuvo que la prosperidad del amparo exige una carga
argumentativa especialmente rigurosa cuando se pretende desvirtuar los efectos de una
decisión judicial ejecutoriada.

4.8. El Tribunal Administrativo de Antioquia 10 solicitó declarar improcedente la acción
de tutela, al considerar que no cumple con el requisito de relevancia constitucional y que
no se configura ninguno de los defectos que habilitan excepcionalmente la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales.

Explicó que la accionante pretende reabrir una controversia propia del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, convirtiendo la acción de tutela en una instancia adicional.

Frente a los defectos alegados, sostuvo que: (i) no existe defecto orgánico, porque la
Sala Transitoria tenía competencia funcional y territorial para conocer del asunto; (ii) no
se configura defecto procedimental absoluto, dado que el trámite se adelantó conforme a
las reglas previstas en el CPACA; (iii) no se presenta defecto fáctico, pues la decisión se

8
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152A5F21C0FF8A16.
9 Índice 00031 del aplicativo SAMAI, certificado A08A57EB5F27197F 67BBA3CD7F501C8D E305E1C5D2645CF6

9C074CAABACF2E65.
10 Índice 00032 del aplicativo SAMAI, certificado 2D9FE76B7EE0044A 7BBB0A750381770C E59348165B3FC438

EA489C4667D8721A.
4

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Accionante: Luz Stella Ramírez Castro

sustentó en una valoración integral de las pruebas, incluida la historia laboral de la
demandante, que permitió establecer que la bonificación judicial comenzó a percibirse de
manera efectiva, periódica y habitual desde junio de 2015; (iv) no existe defecto
sustantivo, porque se aplicaron las normas pertinentes y vigentes; (v) no se configura
error inducido; (vi) la sentencia se encuentra debidamente motivada; (vii ) no hubo
desconocimiento del precedente, puesto que se aplicó la jurisprudencia del Consejo de
Estado; y (viii) tampoco se presenta una violación directa de la Constitución.

Finalmente, precisó que la sentencia cuestionada no negó el reconocimiento de la
bonificación judicial ni su inclusión en la base prestacional, sino que únicamente
determinó, con fundamento en las pruebas obrantes en el proceso, la fecha a partir de la
cual procedía su reconocimiento.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1 La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, toda vez que
Luz Stella Ramírez Castro es titular de los derechos fundamentales que estima
vulnerados, en su condición de demandante dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 05001-33-33-032-2019-
00408-01.

2.2. De igual manera, está acredita la legitimación en la causa por pasiva, en tanto el
Tribunal Administrativo de Antioquia fue la autoridad judicial que, en segunda instancia,
profirió la decisión que según el accionante vulneró sus derechos fundamentales.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los argumentos
expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos

5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07154-00
Accionante: Luz Stella Ramírez Castro

que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200511 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela 12 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 13.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”14.

4.1. Inmediatez

La jurisprudencia constitucional ha desarrollado el principio de inmediatez bajo la premisa
de que su objeto, no es otro que la protección inmediata de los derechos fundamentales.

Así las cosas, lejos de establecer un plazo de caducidad, la inmediatez se comporta como
una garantía de la seguridad jurídica y de los intereses de terceros, que implica que la
acción de tutela debe interponerse en un plazo razonable 15, según las condiciones de

11
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento

de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela, salvo que se busque evitar que se configure un perjuicio irremediable; que la petición cumpla con el
requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, en principio, esta
tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se
identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
13
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decis ión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados. 13 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 14 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004. 15
La sentencia SU-961de 1999 concretó el principio de inmediatez en términos de razonabilidad en el siguiente
sentido:
“Teniendo en cuenta este sentido de proporcionalidad entre medios y fines, la inexistencia de un término de caducidad
no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de
este plazo está determ inada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto. De
acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo
prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros. || Si bien el término para interponer la
acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de
verificar cuándo [e]sta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad,
que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción (…)”. || La seguridad
jurídica es un elemento determinante para la realización de la justicia, por lo que este requisito debe ser más exigente.

Así, cuando el objeto de la tutela es una providencia judicial precisó la sentencia T- 038 de 2017 “(…) si dicho requisito
6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07154-00
Accionante: Luz Stella Ramírez Castro

tiempo, modo y lugar del caso concreto. Sin embargo, tratándose de acciones de tutela
contra providencias judiciales, la garantía de los principios que dirigen la
administración de justicia exige mayor rigurosidad 16, al punto que la Corte Constitucional
ha definido la razonabilidad, prima facie, en un lapso de seis (6) meses17.

El examen de los seis (6) meses puede flexibilizarse cuando hay circunstancias fácticas
que lo admitan. Al respecto, la Corte Constitucional ha identificado las siguientes
variables de análisis, las cuales habilitan determinar cuándo se está ante una situación
excepcional que permite no ceñirse de forma estricta al término en mención:

“(…) que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo,
el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física,
entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos
de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o iv)
cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a
que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela,
la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa
y es actual (…)”18.

La jurisprudencia constitucional, ha establecido que el requisito de inmediatez se supera
cuando “[…] la demanda de tutela se hubiere presentado en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que generó la presunta vulneración”19. Respecto a
este punto, el Consejo de Estado ha sostenido sobre el término razonable que define la
inmediatez que es “[…] un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación
o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra
providencias judiciales se ejerce oportunamente”20.

se abordara con laxitud, la firmeza de las decisiones judiciales estaría siempre a la espera de una controversia
constitucional”.
16 Tal criterio fue sistematizado en la sentencia T-246 de 2015, en estos términos:

“la Corte ha considerado en los asuntos referentes a acciones de tutela contra providencias judiciales, que el análisis
de inmediatez debe ser más estricto, con el fin de no trastocar principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, pues ´la
firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente´. En otras palabras, ser
laxo con la exigencia de inmediatez en estos casos significaría ´que la firmeza de las decisiones judiciales estaría
siempre a la espera de la controversia constitucional que, en cualquier momento, sin límite de tiempo… En un escenario
de esta naturaleza nadie podría estar seguro sobre cuáles son sus derechos y cual el alcance de [e]stos, con lo cual
se produciría una violación del derecho de acceso a la administración de justicia – que incluye el derecho a la firmeza
y ejecución de las decisiones judiciales – y un clima de enorme inestabilidad jurídica´”. || Sobre este punto, ver también
las sentencias T-315 de 2005, T-541 de 2006, T-1009 de 2006, T-594 de 2008, T-410 de 2013 y T-206 de 2014, entre
otras.
17
Sobre este lapso de seis meses, ha habido una continua comunicación concordante entre la jurisprudencia de la
Corte Constitucional y del Consejo de Estado, quienes, como tribunales de cierre en sus jurisdicciones lo han definido
como razonable. Por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Constitucional T-246 de 2015, se alude a este criterio a
partir de la sentencia proferida por la Sala Plena de esta Corporación, del 5 de agosto de 2014, en la que,
explícitamente, “(…) la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias
judiciales se ejerce oportunamente”. (Radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01). Léase también en
las sentencias T-269 de 2018 y T-079 de 2018. || Lo anterior, en todo caso, debe tomarse de manera flexible a partir
de las condiciones del caso concreto, pues, como lo deja claramente dicho la Corte Constitucional en la ya mencionada
sentencia T-246 de 2015, confirmando las sentencias T-328 de 2010, T-860 de 2011, T-217 de 2013 y T-505 del mismo
año, “el requisito de la inmediatez deberá ser abordado desde la discrecionalidad y autonomía judicial, con el fin de
que cada juez evalúe si la solicitud fue presentada dentro de un plazo razonable y proporcional, toda vez que, “(…) en
algunos casos, seis (6) meses podrían resultar suficientes para declarar la tutela improcedente; pero, en otros eventos,
un término de 2 años se podría considerar razonable para ejercer la acción de tutela, ya que todo dependerá de las
particularidades del caso”.
18
Para efectos de este tipo de examen, pueden verse, por ejemplo, las siguientes sentencias proferidas por la Corte
Constitucional: T-1229 de 2000; T-684 de 2003; T-016 de 2006; T-1044 de 2007; T-1110 de 2005; T-158 de 2006; T-
166 de 2010; T-367 de 2010; T-246 de 2015, y T-038 de 2017.
19
Corte Constitucional SU-055 de 2018.Resaltado fuera del texto original.
20 Consejo de Estado, Sala Plena, radicación: 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ) del 5 de agosto de 2014.Resaltado

fuera del texto original.
7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07154-00
Accionante: Luz Stella Ramírez Castro

En este escenario, el examen del requisito de inmediatez en el trámite de tutela en contra
de providencias judiciales goza de cierta certidumbre para efectos de determinar el hecho
generador de la posible afectación iusfundamental. Esta certeza se deriva de la misma
seguridad jurídica que ofrecen las etapas y plazos procesales.

Como se expuso, la jurisprudencia constitucional es diáfana al determinar que la eventual
afectación que surge de una providencia ocurre cuando la parte tiene conocimiento de
esta, lo que resulta plenamente identificable desde el trámite en que se perfecci ona su
notificación y ejecutoria.

4.2. Relevancia constitucional.

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones
judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la
protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina
la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e
indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la
órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía
e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces” 21.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en
tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la
controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo
formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el
análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que
se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

21 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07154-00
Accionante: Luz Stella Ramírez Castro

De manera que la intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente,
ante graves defectos constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de
manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en
la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que
el asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más
amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la
petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con
la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho
tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria,
a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto 22.

5. Caso concreto

La Sala advierte que la presente acción de tutela no satisface el requisito de inmediatez,
por las razones que se exponen a continuación.

5.1. De la revisión de las actuaciones surtidas en el proceso ordinario, la Sala advierte
que la providencia proferida el 28 de abril de 2025 se notificó mediante mensaje de datos
del 30 de abril de 2025, según consta en la anotación núm. 00018 registrada en el
aplicativo SAMAI de la segunda instancia del proceso ordinario, y cobró ejecutoria el 8
de mayo siguiente.

En consecuencia, el término de seis (6) meses, considerado como razonable por la
jurisprudencia constitucional para la interposición de la acción de tutela, venció el 8 de
noviembre de 2025 no obstante, la solicitud de tutela fue presentada hasta el 11 de
noviembre de 202523, cuando dicho término ya había sido superado, razón por la cual no
se satisface el requisito de inmediatez.

5.2. En este punto es preciso indicar que, el apoderado de la parte accionante alegó que
se encontraba médicamente incapacitado desde el 8 hasta el 11 de noviembre de 2025,
por lo que se encontraba imposibilitado para redactar, firmar o radicar la tutela. Sin
embargo, la incapacidad médica invocada no constituye, por sí sola, razón suficiente para
flexibilizar el requisito de inmediatez ni para justificar la inactividad, toda vez que dicha
contingencia se presentó únicamente en los últimos días del plazo de seis meses, sin que
exista explicación válida que justifique la demora anterior.

En consecuencia, la acción de tutela fue presentada por fuera del plazo que la

22
Cfr. sentencia C-590 de 2005.
23 Índice 00002
del expediente digital en samai, certif icado B00490D2123EE2F8 989BE65EDA24263A
3452314314D91726 59EFEB536C405ADD.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07154-00
Accionante: Luz Stella Ramírez Castro

jurisprudencia constitucional ha considerado razonable, sin que se hubiera aportado
prueba alguna que permitiera justificar la extemporaneidad, lo cual impide adelantar el
estudio de fondo de los reproches formulados.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que tampoco se satisface el requisito de
relevancia constitucional, como pasa a explicarse.

5.3. La parte actora cuestiona la sentencia del 28 de abril de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, al considerar que dicha providencia vulneró sus derechos
fundamentales. Aunque no identifica expresamente la configuración de un defecto
específico, de la lectura integral del escrito de tutela se desprende que sus reproches se
orientan a cuestionar: (i) la valoración probatoria efectuada por la autoridad judicial
accionada, en particular respecto de la historia laboral obrante en el expediente; y (ii) la
supuesta ausencia de motivación de la sentencia, en cuanto fijó el 1.º de junio de 2015
como fecha a partir de la cual procedía el reconocimiento y pago de los emolumentos
reclamados, pese a que, en su criterio, la sentencia de primera instancia había
establecido que tales conceptos debían reconocerse desde el 23 de junio de 2013, sin
ofrecer una justificación suficiente para apartarse de dicha conclusión.

5.4. En este contexto, resulta pertinente examinar las consideraciones desarrolladas por
el Tribunal Administrativo de Antioquia en la sentencia del 28 de abril de 2025, con el fin
de establecer la verdadera naturaleza de los reparos formulados por la parte actora y
determinar si estos trascienden el ámbito de la mera discrepancia con la interpretación y
valoración efectuadas por el juez natural.

En la referida providencia, la corporación planteó, como primer problema jurídico,
determinar si la bonificación judicial creada por el Gobierno nacional mediante el Decreto
383 de 2013 debía considerarse factor salarial para efectos de la liquidación de l as
prestaciones sociales y demás emolumentos percibidos por los servidores de la Rama
Judicial. Como segundo problema jurídico, analizó si procedía ejercer el control
constitucional por vía de excepción respecto de la expresión contenida en el artículo 1.º
del citado decreto.

Para efectos de la presente decisión, únicamente se hará referencia a las
consideraciones desarrolladas en torno al primer problema jurídico, por ser el aspecto
directamente relacionado con los cuestionamientos expuestos en la solicitud de amparo.

A partir de dichos planteamientos, el Tribunal Administrativo de Antioquia abordó de
manera individualizada el estudio del régimen salarial y prestacional aplicable a los
empleados públicos y, posteriormente, examinó la situación particular de la hoy
accionante, en los siguientes términos:

“Lo señalado conduce a la respuesta al primer problema jurídico planteado, por lo
que habrá de señalarse que, la bonificación judicial creada por el Gobierno Nacional
a través del Decreto 383 de 2013, debe ser considerada como factor salarial sobre
todos los factores prestacionales y salariales, como bien lo indicó el A-quo.

En el expediente constan certificados emitidos por la Oficina de Administración
Documental (folio 65), la Unidad de Recursos Humanos (folio 59 y ss ), y el
Coordinador del grupo de asuntos laborales de la Dirección Seccional de
10

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07154-00
Accionante: Luz Stella Ramírez Castro

Administración Judicial de Antioquia (folio 66 y ss). Dichos certificados acreditan que
la señora Luz Stella Ramírez Castro ha laborado en la Rama Judicial desde el 1 de
octubre de 1973 y, hasta la fecha de expedición de los mismos (21 y 22 de marzo de
2019, respectivamente), desempeñando el cargo de Oficial Mayor de la Secretaría
de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Antioquia.

Como se citó en forma precedente con la expedición del Decreto 383 de 2013, se
creó la bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial, norma
con efectos fiscales a partir del 1 de enero de 2013, dirigida a quienes se les aplica
el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106
de 1994, y 43 de 1995, y que se rigen por el Decreto 874 de 2012 y sus modificatorios.

En el caso en estudio, de acuerdo con la prueba allegada al proceso, la señora Luz
Stella Ramírez Castro comenzó a devengar la bonificación judicial de forma
periódica, es decir, cada 30 días, en el mes de junio de 2015. Así mismo, lo señala
el apoderado en el folio 33: “Revisada la historia laboral, se advierte que la
demandante viene recibiendo la bonificación judicial desde junio de 2015”. (…)”

De lo anterior, se evidencia que el Tribunal accionado analizó el marco normativo
aplicable y las circunstancias particulares del caso concreto. A partir de dicho estudio,
concluyó que la señora Luz Stella Ramírez Castro se encuentra vinculada a la Rama
Judicial desde el 1.º de octubre de 1973 y que comenzó a percibir la bonificación judicial
de manera periódica a partir del mes de junio de 2015.

Con fundamento en esa premisa, el Tribunal Administrativo de Antioquia abordó el
análisis relativo a la existencia de los dos regímenes salariales y prestacionales aplicables
a los servidores de la Rama Judicial, así como la determinación del régimen al que
pertenece la señora Luz Stella Ramírez Castro. Para tal efecto, desarrolló la siguiente
argumentación:

“Para el caso en concreto es importante tener en cuenta que en la Rama Judicial
existen dos regímenes salariales y prestacionales:

1. El régimen ordinario o de los no acogidos: Este régimen está regulado por el
Decreto 51 de 1993 y los que desde dicho año anualmente lo han remplazado.
Es aplicable a quienes, estando vinculados con anterioridad al 1 de enero de
1993, dentro de los plazos otorgados en los Decretos de salario (1993, 1994 y
1995) por el Gobierno Nacional no renunciaron al mismo y no se acogieron al
nuevo.

Dentro de los factores que componen los ingresos mensuales de los No Acogidos,
se encuentran entre otros: la asignación básica, prima de antigüedad, incremento del
2.5, subsidio de alimentación, auxilio de transporte.

2. REGIMEN ESPECIAL (ACOGIDOS): Consagrado en los Decretos 57 y 110 de
1993, de obligatorio cumplimiento para quienes se vincularon a partir del 1 de
enero de 1993 y para quienes estando vinculados con anterioridad a esta fecha,
dentro del término fijado por el Gobierno optaron por el mismo.

En relación con la liquidación y pago de la bonificación judicial para los servidores
judiciales que se encuentran inmersos dentro del Sistema Salarial de los NO
ACOGIDOS, el artículo segundo del Decreto 383 de 2013 señaló que “los
funcionarios y empleados de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar que no
optaron por el régimen establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994
y 43 de 1995 y que vienen regidos por el Decreto 848 de 2012 y las disposiciones
que lo modifiquen o sustituyan, de percibir en el año 2013 y siguientes, un ingreso
total anual inferior al ingreso total anual más la bonificación judicial que se crea en

11

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07154-00
Accionante: Luz Stella Ramírez Castro

el presente decreto, respecto de quien ejerce el mismo empleo y se encuentra regido
por el régimen salarial y prestacional obligatorio señalado en los Decretos 57 y 110
de 1993, 106 de 1994 y 43 de 1995, percibirán la diferencia respectiva a título de
bonificación judicial, mientras permanezcan vinculados al servicio”.

De acuerdo a lo aquí argumentado, se tiene que no obra constancia dentro del
proceso en la que se señale que la señora RAMÍREZ CASTRO pertenezca al
RÉGIMEN DE ACOGIDOS, por el contrario de la certificación de devengados (folios
66 y ss) se desprende que los conceptos por los cuales recibe su remuneración
MENSUAL corresponden a los del RÉGIMEN DE NO ACOGIDOS.

En razón de lo anterior y atendiendo a que la señora RAMÍREZ CASTRO ha venido
recibiendo el concepto de “bonificación judicial” desde el mes de JUNIO de 2015, será
a partir de esta fecha que se ordenará reliquidar y pagar, todas las prestaciones
sociales y factores salariales reconocidos, pagados y causados, incluyendo en la base
de liquidación como factor salarial, la bonificación judicial que recibe en forma
mensual y periódica. Así las cosas y con fundamento en lo señalado SE
MODIFICARÁ EL NUMERAL CUARTO DEL FALLO, para declarar el reconocimiento
a partir del 01 de junio de 2015. (…)”

Del aparte transcrito se desprende que el Tribunal accionado realizó un análisis de los
regímenes salariales y prestacionales existentes en la Rama Judicial y, al confrontar
dicho marco normativo con el material probatorio obrante en el expediente, concluyó que
la accionante percibe su remuneración mensual conforme al régimen de no acogidos y
que ha venido recibiendo la bonificación judicial desde el mes de junio de 2015.

Con fundamento en tales consideraciones, decidió modificar el numeral cuarto de la
sentencia de primera instancia y establecer que el reconocimiento y pago de los
conceptos reclamados procedía a partir del 1.º de junio de 2015.

5.5. Con fundamento en lo expuesto, la Subsección considera que la presente acción de
tutela se dirige, en esencia, a prolongar el debate surtido en la segunda instancia del
proceso ordinario. En otros términos, su finalidad consiste en reiterar los mismos
planteamientos que fueron formulados y resueltos por el juez natural dentro del trámite
de nulidad y restablecimiento del derecho.

En efecto, la parte actora pretende reabrir la discusión en torno a la valoración de las
pruebas y a las consideraciones jurídicas examinadas por la autoridad judicial accionada,
con el propósito de que el juez constitucional les otorgue el alcance interpretativo que
estima correcto. Sin embargo, prima facie, no se advierte una vulneración de los derechos
fundamentales invocados que justifique la intervención excepcional del juez de tutela.

En particular, respecto del presunto defecto fáctico derivado de la alegada falta de
valoración de la historia laboral de la señora Ramírez Castro, la Sala observa que dicho
elemento probatorio fue expresamente analizado por el juez ordinario para establecer: (i)
la fecha de vinculación de la accionante a la Rama Judicial; (ii) el momento a partir del
cual comenzó a percibir la bonificación judicial de manera periódica; y (iii) su pertenencia
al régimen de los no acogidos. En consecuencia, dado que la conclusión alcanzada por
la autoridad judicial accionada se encuentra sustentada en una valoración razonada del
material probatorio obrante en el expediente, la Sala se abstiene de efectuar un examen
de fondo sobre este reproche.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07154-00
Accionante: Luz Stella Ramírez Castro

De igual manera, en relación con la alegada ausencia de motivación respecto de la
decisión de modificar la fecha a partir de la cual procedía la reliquidación y el
reconocimiento de las prestaciones sociales y factores salariales, del 23 de junio de 2013
al 1.º de junio de 2015, la Sala encuentra que el Tribunal accionado desarrolló un estudio
del marco normativo aplicable, del régimen salarial y prestacional correspondiente y de
las pruebas incorporadas al expediente, a partir del cual concluyó que la accionante
comenzó a percibir la bonificación judicial de manera efectiva y periódica desde junio de
2015.

Así las cosas, no se advierte, en principio, que las consideraciones expuestas por la
autoridad judicial accionada resulten arbitrarias, caprichosas o manifiestamente
irrazonables, al punto de justificar la intervención del juez constitucional para revisar una
controversia que fue debidamente resuelta por el juez competente. Por el contrario, los
cuestionamientos planteados por la accionante evidencian una discrepancia con las
conclusiones alcanzadas por el Tribunal Administrativo de Antioquia, circunstancia que,
por sí sola, no otorga relevancia constitucional al asunto ni habilita la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y explicativa
que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través del amparo,
la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de manera clara qu e no basta
la simple mención de la vulneración de los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, sino que, para entender como acreditado el requisito general
de procedencia de relevancia constitucional, se requiere demostrar: i) su existencia; ii)
su carácter desproporcionado; y iii) su carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela
debe aportar elementos suficientes que permitan al juez constitucional advertir tal
vulneración 24.

Por lo tanto, es claro que no basta con realizar simples afirmaciones con la intención de
lograr que su tesis sea acogida, sino que lo que se requiere es que la parte actora
presente sus reparos de cara a los derechos fundamentales que considera vulnerados y
eleve su argumentación a rango constitucional.

A partir de lo anterior, para la Sala es claro que la parte actora pretende imponer su
interpretación sobre las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada, así como
reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con el debate surtido en
el trámite del proceso primigenio. Esto aunado a que la accionante ni siquiera presentó
los reparos en función de los requisitos especiales, su argumentación se limitó a
reproducir los argumentos presentados en el marco del proceso ordinario.

5.6. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria,
por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión
proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que
ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera

24 Sentencia SU215 de 2022.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07154-00
Accionante: Luz Stella Ramírez Castro

una instancia adicional a lo ya surtido.

En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada 25, lo que se opone a que use indebidamente como
una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario 26.

En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la presente acción de tutela por
no superar los requisitos de inmediatez ni de relevancia constitucional.

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Luz
Stella Ramírez Castro contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, conforme la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en
atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de que no sea impugnada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
Aclara voto

AOB

25 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
26 Ibidem.

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