Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07167-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-07167-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07167-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07167-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
22 de enero de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07167-00
Demandante: Consorcio Obras Berruecos
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., 22 de enero de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07167-00
Demandante: CONSORCIO OBRAS BERRUECOS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
Temas: Contra providencias judiciales dictadas en el medio de control de
controversias contractuales. Improcedencia de la acción de tutela.
Requisitos generales de subsidiariedad y de relevancia constitucional.
Deniega.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el consocio Obras Berruecos contra el
Tribunal Administrativo de Nariño.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 12 de noviembre de 2025, en ejercicio de la acción de tutela, el Consorcio Obras
Berruecos pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión a las siguientes
providencias dictadas por el Tribunal Administrativo de Nariño en el medio de control de
controversias contractuales con radicado 52001-23-33-000-2019-00414-00:
(i) Auto del 23 de febrero de 2023, en el que se vinculó al consorcio Obras Berruecos
al mencionado medio de control de controversias contractuales.
(ii) Auto del 14 de julio de 2023, en el que se tuvo por no contestada la demanda por
parte del consorcio Obras Berruecos.
(iii) Auto del 20 de junio de 2025, en los que se tuvo por no presentado un recurso de
reposición contra el proveído del 23 de febrero de 2023; se denegó reponer la
decisión de no tener por contestada la demanda y se rechazó un recurso de
apelación por improcedente.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
Primera: Declarar la vulneración al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y ordenar
al Tribunal tener por presentados los documentos, recurso de reposición contra auto que vincula al
Consorcio Berruecos en la litis; y escrito de excepciones previas y contestación de demanda,
continuando el proceso desde el estado en que se encontraba antes del rechazo, valorándolos y dándole
el trámite procesal correspondiente.
Segunda: Ordenar se proceda a generar una nueva providencia, en al (sic) que se resuelva en debida
forma el recurso de reposición presentado, y se ordene en consecuencia la desvinculación del
Consorcio Berruecos dentro del proceso adelantado por el Ministerio del Interior, en contra del municipio
de Arboleda.
Tercera: Subsidiaria: Decretar la nulidad de lo actuado desde el rechazo, con base en el artículo 140
del CGP (nulidad por irregularidades que afecten el debido proceso).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07167-00
Demandante: Consorcio Obras Berruecos
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1. Medio de control de controversias contractuales con radicado 52001-23-33-000-
2019-00414-00
El Ministerio del Interior promovió demanda de controversias contractuales contra el
municipio de Arboleda, departamento de Nariño, por el incumplimiento del convenio
interadministrativo F-570 de 2015, que tenía por objeto << Anuar esfuerzos técnicos,
administrativos y financieros entre las partes para promover la seguridad ciudadana, a través de
la ejecución de un centro de integración ciudadana en el municipio de Arboleda – Nariño>>.
Alegó que el municipio de Arboleda no había cumplido el numeral 2 de la cláusula quinta,
que estaba relacionado con la obligación de adelantar acciones pertinentes para liquidar
el convenio.
La demanda se adelanta bajo el radicado 52001-23-33-000-2019-00414-00 y
correspondió al Tribunal Administrativo de Nariño que, por auto del 18 de septiembre de
2019, la admitió.
El 23 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo de Nariño resolvió, entre otras cosas,
vincular como litisconsorte necesario al consorcio Obras Berruecos, debido a que existía
una relación jurídico sustancial con el municipio de Arboleda, en virtud del contrato de
obra 002 – LP. 2016, que tenía por objeto la <<construcción del centro de integración
ciudadana del municipio de Arboleda – departamento de Nariño>>, por medio del cual se
ejecutaron recursos girados en razón al convenio interadministrativo F-570 de 2015.
El 7 de marzo de 2023, el consorcio Obras Berruecos remitió recurso de reposición contra
la decisión del 23 de febrero de 2023, al correo electrónico
tadmin02nrn@notificacionesrj.gov.co, para que se le desvinculara del proceso y,
subsidiariamente, para que se informara y aclarara la calidad en que había sido vinculado.
Dijo que el auto del 23 de febrero de 2023 había sido remitido a su correo electrónico el
28 de febrero de 2023, pero que solo lo conoció el 2 de marzo siguiente, debido a sus
distintas ocupaciones. Que el municipio de Arboleda no había solicitado su vinculación al
proceso, ni como llamado en garantía ni como sujeto procesal, por lo que no existía
claridad sobre su vinculación y que no era parte contractual en el convenio
interadministrativo objeto del proceso.
El 20 de abril de 2023, el consorcio Obras Berruecos envió la contestación de la demanda
al correo electrónico tadmin02nrn@notificacionesrj.gov.co.
El 14 de julio de 2023, el nombrado tribunal decidió, entre otros asuntos, tener por no
contestada la demanda por parte del consorcio Obras Berruecos por falta de
pronunciamiento.
El 26 de julio de 2023, el consorcio Obras Berruecos interpuso recurso de reposición y,
en subsidio, de apelación contra la decisión que tuvo por no contestada la demanda.
Señaló que, por un error involuntario, envió el recurso de reposición del 7 de marzo de
2023 y la contestación de la demanda a una dirección electrónica distinta a la de
recepción de memoriales, que, lo anterior era un error formal que no podía afectar sus
derechos de contradicción y defensa. Que el recurso de apelación era procedente, de
acuerdo con los artículos 306 y 321 del CGP.
El 28 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo de Nariño requirió a la Secretaría de
esa corporación para que informara sobre la notificación personal del auto en que se
vinculó al consorcio Obras Berruecos, el término de traslado y si había contestado la
demanda oportunamente. Luego, el 9 de julio de 2024, la Secretaría informó que el auto
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07167-00
Demandante: Consorcio Obras Berruecos
del 23 de febrero de 2023 se había notificado el 28 del mismo mes y año. Que, además,
en la diligencia de notificaciones se había advertido que la recepción de documentos
sería a través de la dirección electrónica des02tanarino@cendoj.ramajudicial.gov.co.
El 20 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo de Nariño tuvo por no presentado el
recurso de reposición del 7 de marzo de 2023, debido a que no se había remitido a la
dirección electrónica destinada para recibir memoriales.
Por auto separado y de la misma fecha, el tribunal resolvió no reponer la decisión del 14
de junio de 2023 y rechazar el recurso de apelación presentado contra la decisión de no
tener por contestada la demanda por parte del consorcio Obras Berruecos.
Explicó que no había lugar a reponer la decisión de no tener por contestada la demanda,
porque no se había remitido a una dirección electrónica habilitada para recibir
memoriales. Que, de acuerdo con el artículo 243 del CPACA y una providencia del 8 de
octubre de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en
el expediente 88001-23-33-000-2023-00011-01, el recurso de apelación presentado
contra la decisión de no tener por presentada la contestación de la demanda del consorcio
Obras Berruecos debía ser rechazado por improcedente.
3.2. Acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2025-05640-00
El 9 de septiembre de 2025, el consorcio Obras Berruecos presentó acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Nariño, para que se dejaran sin efectos los autos del
23 de febrero de 2023, del 14 de julio de 2023 y del 20 de junio de 2025 dictados en el
proceso con radicado 52001-23-33-000-2019-00414-00.
La acción se adelantó bajo el radicado 11001-03-15-000-2025-05640-00 y correspondió
al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que, por auto del 11 de
septiembre de 2025, la inadmitió para que, en el término de 3 días, se aportara certificado
de existencia y representación del consorcio Obras Berruecos expedido por la Cámara
de Comercio con fecha reciente a la radicación de esa acción constitucional.
El 26 de septiembre de 2025, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
rechazó la acción de tutela, debido a que no se subsanó.
4. Fundamentos de la acción de tutela
La parte actora manifestó que la solicitud de amparo cumplía los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. En cuanto al fondo del
asunto, si bien no identificó los defectos que alegaría, la Sala los resumirá en los
siguientes vicios de fondo:
Defecto fáctico por indebida valoración probatoria del contrato de obra 002 – LP. 2016,
que tenía por objeto la <<construcción del centro de integración ciudadana del municipio de
Arboleda – departamento de Nariño>>, que, según la parte actora, en ninguna de sus
cláusulas se dispuso un deber contractual que indicara algún tipo de relacionamiento para
entrega de información o trato sobre asuntos relacionados con el contrato de obra entre
el consorcio y el Ministerio del Interior. Que, por el contrario, en la cláusula decimoséptima
de la minuta se determinó la independencia del contratista.
Dijo que la construcción del centro de integración, como objeto del contrato de obra, se
había cumplido a cabalidad, de acuerdo con los certificados de recibido a satisfacción y
el acta final de cumplimiento expedida por la supervisión y la secretaría de planeación del
municipio de Arboleda.
Que no tenía ningún tipo de obligación, deber o responsabilidad sobre las acciones que
el municipio de Arboleda realizara en la ejecución del convenio interadministrativo
suscrito con el Ministerio del Interior. Que ello resulta tan claro que el mismo municipio,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07167-00
Demandante: Consorcio Obras Berruecos
en su contestación de la demanda, no mencionó responsabilidad que le fueran atribuibles
o la necesidad de vincularlo.
Que la providencia en la que se ordenó su vinculación no definió con claridad la condición,
rol o calidad en la que se le vinculaba.
Defecto procedimental porque, a su juicio, los memoriales pueden ser presentados a
través de cualquier medio idóneo y la radicación se debe entender realizada el día de su
recepción en secretarías o centros administrativos. Dijo que no era dable rechazar un
documento por un error en la dirección electrónica, cuando el documento ingresó a un
correo institucional y fue efectivamente tramitado.
Desconocimiento del precedente fijado en: i) la sentencia del 16 de febrero de 2023,
dictada por el Consejo de Estado en el proceso con radicado 05001-23-33-000-2017-
01541-01, en el que, la parte accionante, en un asunto similar, se dispuso que la autoridad
judicial incurrió en un exceso ritual manifiesto, porque el memorial había sido remitido a
una dirección electrónica administrada por el despacho.
ii) la sentencia T-286 de 2013 proferida por la Corte Constitucional, en la que, según la
parte actora, se amparó el derecho fundamental al debido proceso, en un caso en el que
se omitió tramitar memoriales por formalidades electrónicas.
5. Trámite procesal
Por auto del 19 de noviembre de 2025, el Despacho sustanciador admitió la demanda de
tutela y, entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, a los magistrados
del Tribunal Administrativo de Nariño y, como terceros con interés, al ministro del interior,
al alcalde del municipio de Arboleda y a los representantes legales de la Aseguradora
Solidaria de Colombia y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial.
Adicionalmente, denegó la solicitud de medida provisional pedida por la parte actora,
relacionada con la suspensión del proceso judicial con radicado 52001-23-33-000-2019-
00414-00, hasta tanto se resolviera la presente acción de tutela y se contara con
sentencia ejecutoriada.
En cumplimiento de lo anterior, la Secretaría de esta Corporación practicó las
notificaciones correspondientes por correos electrónicos del 25 de noviembre de 2025.
6. Intervenciones
El magistrado del Tribunal Administrativo de Nariño, ponente de las decisiones
cuestionadas, solicitó que se denegara el amparo deprecado.
Argumentó que, los señores Johny Wilfredo Narváez Delgado y Eliana Karina Tellez
Salas, quienes promovieron la presente acción de tutela como las personas naturales
que conforman el consorcio Obras Berruecos, carecían de legitimación en la causa por
activa porque no acreditaron tener facultades para actuar en representación del
nombrado consorcio.
Que la solicitud de amparo no tenía relevancia constitucional, porque se utilizaba como
una instancia adicional del proceso ordinario. Que tampoco satisfacía el requisito de
subsidiariedad, porque no se interpuso recurso de queja contra la decisión que rechazó
el recurso de apelación presentado contra el auto del 14 de junio de 2023, que tuvo por
no contestada la demanda por parte de la tutelante.
El municipio de Arboleda, departamento de Nariño, pidió que se declarara
improcedente la acción de tutela o que se denegara la solicitud de amparo y se
mantuvieran incólumes las providencias acusadas.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07167-00
Demandante: Consorcio Obras Berruecos
Adujo que, la acción de tutela incumplía los requisitos de subsidiariedad y relevancia
constitucional, porque la parte actora buscaba reabrir un debate procesal ya definido por
el juez natural y porque no se interpuso recurso de queja contra el auto que rechazó el
recurso de apelación presentado contra la decisión de tener por no contestada la
demanda.
Que el asunto era estrictamente legal y procesal y que la discusión propuesta
correspondía al juez ordinario. Que la autoridad judicial demandada no incurrió en los
yerros alegados por la parte actora.
La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (Enterritorio SA) dijo que
se sometería a lo que resulte probado y que se adhiere a las pretensiones de la parte
actora. Que está de acuerdo con cualquier decisión que favorezca la sanidad del trámite
del proceso ordinario.
La Aseguradora Solidaria de Colombia no se pronunció, pese a que, como se vio, fue
debidamente notificada.
II. CONSIDERACIONES
1. Cuestiones previas. Legitimación en la causa por activa
Según el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela «podrá ser ejercida
por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales,
quien actuará por sí misma o a través de representante». Al respecto, en sentencias T-
511 de 2017 y T-005 de 20221, la Corte Constitucional señaló que la legitimación en la
causa es uno de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela. Por consiguiente,
de no satisfacerse este requisito, el juez deberá declarar improcedente el amparo
solicitado.
La legitimación en la causa por activa en materia de tutela se refiere a exigir que quien
actúa sea el titular de los derechos invocados como supuestamente vulnerados. En
sentencia T-105 de 2020, la Corte Constitucional explicó que «quien demanda tiene
legitimidad en la causa por activa cuando es titular de los derechos fundamentales
vulnerados o está en capacidad de actuar en representación de otras personas a quienes
les es imposible defender sus derechos directamente».
A partir de los artículos 86 de la Constitución Política y 10 del Decreto 2591 de 1991,
también puede establecerse que la acción de tutela puede ser ejercida directamente por
el titular del derecho presuntamente vulnerado o por un tercero que actúe en su nombre.
Sobre esta última posibilidad, la Corte Constitucional ha determinado que quien actúa en
nombre de otro puede hacerlo como: «(i) representante legal del titular de los derechos, (ii)
apoderado judicial, (iii) agente oficioso y (iv) defensor del pueblo o personero municipal»2.
Por su parte, el consorcio Obras Berrucos señaló que era imposible atender el
requerimiento que fue realizado en el auto del 11 de septiembre de 2025, dictado en la
acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2025-05640-00, porque se trataba de una
exigencia imposible de cumplir, por su inexistencia jurídica, debido a que, según dijo, la
Cámara de Comercio no emitía certificaciones de existencia y representación del
consorcio en razón a su naturaleza de acto privado y su temporalidad.
Ahora bien, la Sala advierte que la presente acción constitucional fue presentada por el
representante legal e integrante del consorcio demandante, el señor Johny Wilfredo
Narváez Delgado, calidad que se acredita con el acta de conformación del consorcio que
fue anexada en la contestación de la demanda del proceso ordinario.
1 También pueden consultarse las sentencias T-001 de 1997, T-531 de 2002, T-024 de 2019, entre otras.
2 Sentencia T-292 de 2021.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07167-00
Demandante: Consorcio Obras Berruecos
En consecuencia, para la sala se encuentra acreditada la legitimación en la causa por
activa del consorcio tutelante.
2. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el
Consorcio Obras Berruecos para dejar sin efectos los autos del 23 de febrero y del 14 de
julio de 2023, así como del 20 de junio de 2025, dictados por el Tribunal Administrativo
de Nariño en el medio de control de controversias contractuales con radicado 52001-23-
33-000-2019-00414-00.
La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela, porque, por un lado, las
pretensiones relacionadas con el auto del 23 de febrero de 2023 no satisfacen el requisito
general de subsidiariedad. Por otro lado, las pretensiones propuestas contra los autos del
14 de julio de 2023 y del 20 de junio de 2025 incumplen el requisito general de relevancia
constitucional.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional, (iii) la subsidiariedad,
(iv) la improcedencia general de la acción de tutela cuando el proceso judicial se
encuentra en curso y, (v) el análisis del caso concreto.
3. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales3 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos4 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
4. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-005, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.
Frente al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una instancia
adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
3 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
4 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
5 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07167-00
Demandante: Consorcio Obras Berruecos
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
5. Sobre el requisito de subsidiariedad
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela <<solo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable>>. Eso quiere decir que la
subsidiariedad es un pilar fundamental que busca preservar la naturaleza excepcional de
este mecanismo de protección de derechos fundamentales. La acción de tutela debe ser
el último recurso, no el primero.
La subsidiariedad de la acción de tutela tiene como objetivo principal resguardar la
eficacia y efectividad de esta herramienta en situaciones en las cuales no exista otro
recurso judicial disponible o, incluso en presencia de otros medios, se demuestre la
existencia de un perjuicio irremediable. Este requisito busca, en última instancia, asegurar
que la acción de tutela sea un mecanismo ágil y eficaz para la protección de derechos
fundamentales en circunstancias excepcionales.
6. La Improcedencia general de la acción de tutela cuando el proceso judicial se
encuentra en curso
En sentencia T-113 de 2013, la Corte Constitucional señaló que “si el proceso se encuentra
en curso la intervención del juez constitucional está en principio vedada, pues como se sabe la
acción de tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo, pero puede resultar necesaria para
evitar un perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de derechos fundamentales”.
Asimismo, en sentencia T-126 de 2019, la Corte indicó que “no es dable la intromisión de la
jurisdicción constitucional en la órbita propia de la justicia ordinaria sino cuando se presentan
unas especialísimas circunstancias que hacen procedente el amparo”.
Adicionalmente, en sentencia T-511 de 2020, la Corte Constitucional manifestó que la
acción de tutela no podía ser utilizada en el marco de un proceso judicial en el cual “no
se ha proferido ningún fallo definitivo” y en el que, por tanto, la parte interesada tenía a su
disposición otros medios de defensa judicial.
7. Análisis del caso concreto
7.1. Sobre el auto del 23 de febrero de 2023
Para la Sala, las pretensiones relacionadas con el auto del 23 de febrero de 2023 dictado
por el Tribunal Administrativo de Nariño en el medio de control de controversias
contractuales con radicado 52001-23-33-000-2019-00414-00, en el que, entre otras
cosas, se vinculó como litisconsorte necesario al consorcio Obras Berruecos, no
satisfacen el requisito de subsidiariedad.
Puesto que, el actor contaba con otro medio de defensa judicial para controvertir la
decisión que lo vinculó como tercero con intereses y así garantizar la protección de los
derechos invocados, como lo era la interposición del recurso de reposición.
La Sala no desconoce que la parte actora remitió un recurso de reposición contra el auto
del 23 de febrero de 2023, al correo electrónico tadmin02nrn@notificacionesrj.gov.co, el
cual no estaba destinado para recibir memoriales, tal como se le había informado
previamente, cuando se le notificó la providencia que reprochaba, a saber:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07167-00
Demandante: Consorcio Obras Berruecos
De lo anterior, la Sala extrae que, aunque la parte actora fue debidamente informada de
los canales habilitados para radicar memoriales, lo hizo a un correo electrónico distinto,
con lo cual era dable tener por no presentado el recurso de reposición contra el auto del
23 de febrero de 2023, tal como lo dispuso la autoridad judicial demandada en el proveído
del 20 de junio de 2025.
7.2. Sobre el auto del 14 de julio de 2023 y de 20 de junio de 2025
De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte
que coinciden con los propuestos en el medio de control de controversias contractuales.
Básicamente, en ese proceso y en la acción de tutela la parte actora señala que se debió
tener por debidamente contestada la demandada del proceso ordinario.
En efecto, el 23 de febrero de 2023, el tribunal demandado integró el contradictorio y
vinculó como litisconsorte necesario al Consorcio Obras Berruecos, decisión que fue
comunicada por correo electrónico del 28 febrero de 2023, en la que se precisó:
AVISO IMPORTANTE: Esta dirección de correo
electrónico tadmin02nrn@notificacionesrj.gov.co es de uso único y exclusivo de envío de notificaciones;
todo mensaje que se reciba no será leído y automáticamente se eliminará de nuestros servidores,
apreciado usuario si tiene alguna solicitud, por favor, comuníquese a la siguiente línea
telefónica: 7290328 ext 123 o envíenos un correo electrónico a la siguiente
dirección: des02tanarino@cendoj.ramajudicial.gov.co
El 20 de abril de 2023, la parte actora presentó escrito de contestación de la demanda,
pero al correo electrónico tadmin02nrn@notificacionesrj.gov.co.
El 14 de julio de 2023, la autoridad judicial demandada tuvo por no contestada la
demanda por parte del Consorcio Obras Berrueco. Inconforme, el 26 de julio de 2023, la
parte actora presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, que sí remitió
al correo electrónico des02tanarino@cendoj.ramajudicial.gov.co, en el que se lee lo
siguiente:
En providencia de fecha veintitrés (23) de febrero de 2023, se resolvió en su numeral segundo
“VINCULAR, a LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, y al CONSORCIO OBRAS
BERRUECOS, representado legalmente por el señor Johny Wilfredo Narváez Delgado, dentro del
proceso de controversias contractuales promovido por el MINISTERIO DEL INTERIOR, contra el
MUNICIPIO DE ARBOLEDA, por las razones anteriormente expuestas, para que intervenga en el
proceso.”
Dicha providencia fue enviada de manera electrónica desde el correo
tadmin02nrn@notificacionesrj.gov.co, el día veintiocho (28) de febrero de 2023, a las 12 y 11 de la tarde,
a distintos correos electrónicos, entre ellos obrasing902@gmail.com.
El día siete (07) de marzo de 2023, en ejercicio del derecho de defensa y contradicción, se interpuso
recurso de reposición frente al auto de fecha veintitrés (23) de febrero de 2023, solicitando con este la
desvinculación de mi representado dentro del asunto.
El día veinte (20) de abril de 2023, se presentó escrito de excepciones previas y contestación de
demanda, aportando consigo todas las pruebas documentales, que sirven de fundamento para que su
honorable despacho exima a mi representado de cualquier tipo de responsabilidad que se derive del
presente asunto.
Los precitados escritos se presentaron en los términos procesales correspondientes, conforme lo
determina el artículo 242 C.P.A.C.A. Art. 318 del C.G.P. en consonancia con el artículo 8º de la Ley
2213 de 2022; así mismo, se tuvo en cuenta el término de traslado otorgado por el despacho.
Estos escritos fueron presentados al correo electrónico tadmin02nrn@notificacionesrj.gov.co, y se tiene
constancia de que los mismos fueron recibidos y agregados al expediente digital del presente asunto,
con la nota secretarial correspondiente.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07167-00
Demandante: Consorcio Obras Berruecos
En mi calidad de apoderado judicial desconocía la directriz dada por el despacho en el sentido de
requerir que los memoriales o escritos que se presenten en el asunto se remitan al correo electrónico
des02tanarino@cendoj.ramajudicial.gov.co; puesto que al momento en que se me otorgó poder para la
representación judicial del asunto, solo conocí el link del expediente judicial, por lo cual se cometió este
error de manera totalmente involuntaria, pues partí de la noción de que podía dar contestación y
presentar recursos al mismo correo del que el despacho notificó la demanda, actuación que he realizado
normalmente en mi labor profesional sin que se haya presentado algún conflicto, siendo pertinente
aclarar que este es el único asunto que llevo en este despacho judicial.
Por medio de auto de fecha catorce (14) de julio de 2023, se decidió en el numeral tercero dar por no
contestada la demanda de mi representado, como tampoco se me reconoció personería jurídica para
actuar, situación que afecta gravemente sus derechos de defensa y contradicción, y deja en entredicho
mi labor profesional, pues es una situación no atribuible a mi representado, que corresponde a una mera
formalidad que impide llegar al estudio sustancial de su defensa.
Solo hasta la notificación de esta última providencia como apoderado judicial caí en cuenta del yerro
cometido, al contactarnos de manera física y telefónica con el despacho.
Por su parte, en la acción de tutela la parte actora argumenta lo siguiente:
Se observa que la actuación adelantada por el Tribunal Administrativo de Nariño, al desconocer e
inobservar los recursos y medios de defensa presentados por el suscrito apoderado, se encuentran por
fuera del procedimiento establecido (defecto procedimental), por tanto, esta sustancial carencia de
poder o de desviación del otorgado por la ley, revelan una manifiesta desconexión entre la voluntad del
ordenamiento y la del funcionario judicial, lo que debe traer consigo su descalificación como acto judicial,
por ser contraria al espíritu constituyente, que es garantista a los derechos de defensa y contradicción,
de la parte más débil o vulnerable, que para este caso será el constructor de una obra pública, que
como colaborador del Estado prestó sus servicios a satisfacción, y ahora se ve inmerso en un proceso
judicial en el que no tiene ninguna responsabilidad, y no siendo suficiente, se le niega su defensa dentro
de este entuerto procesal.
Esta situación amerita, por tanto, la intervención del juez constitucional, a efectos de salvaguardar la
integridad constitucional y procesal, en garantía del debido proceso del Consorcio Berruecos,
permitiendo que sus pronunciamientos escritos sean tenidos en cuenta y resueltos a cabalidad, con la
consecuente desvinculación del trámite procesal.
No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Nariño en el
auto del 20 de junio de 2025, en la que consideró:
3) De acuerdo con lo expuesto, se observa que los recursos interpuestos contra el auto de 14 de julio
de 2023 sí se remitieron oportunamente y al canal electrónico respectivo; sin embargo, inicialmente, no
es posible reponer la decisión que se adoptó, por cuanto la contestación de la demanda no se remitió a
la dirección electrónica habilitada para recibir memoriales por parte de este despacho judicial, tal y como
claramente se le informó al consorcio vinculado.
En efecto, el escrito de contestación de la demanda se remitió al buzón electrónico destinado
exclusivamente para efectuar notificaciones judiciales tadmin02nrn@notificacionesrj.gov.co y no a aquél
habilitado para recibir memoriales por parte de los sujetos procesales
des02tanarino@cendoj.ramajudicial.gov.co13, luego, el consorcio vinculado no cumplió con la carga
procesal que le asistía y, por ende, se debe tener como no presentado el escrito de contestación de la
demanda.
En tal sentido carece de fundamento el intento del consorcio vinculado para justificar su error en el
desconocimiento de la directriz impartida y cuando afirmó que era el primer asunto que se tramitaba en
este despacho judicial, cuando desde tiempo atrás se había dispuesto en el directorio de cuentas de
correo electrónico de la rama judicial que la dirección electrónica del despacho 02 del Tribunal
Administrativo de Nariño es des02tanarino@cendoj.ramajudicial.gov.co, tal y como se observa a
continuación:
Por lo expuesto, no hay lugar a reponer la decisión de 14 de junio de 2023 que tuvo por no contestada
la demanda por el Consorcio Obras Berruecos.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07167-00
Demandante: Consorcio Obras Berruecos
Como se ve, la discusión que propone la parte actora ya fue resuelta por el tribunal
demandado, que explicó que el escrito de contestación de la demanda presentada por el
consorcio tutelante fue remitida a un correo electrónico destinado a realizar notificaciones
judiciales y no a aquel habilitado para recibir memoriales por parte de los sujetos
procesales.
En el escenario que propone la demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por las autoridades judiciales demandadas en
el proceso ordinario, finalidad para la que no está previsto este mecanismo constitucional.
Justamente por lo anterior, la Sala, como juez de tutela, no puede volver a examinar si
era procedente o no tener por contestada la demandada ordinaria.
La acción de tutela es un valioso instrumento para proteger derechos fundamentales, que
no puede utilizarse como una instancia adicional para obtener una opinión jurídica diversa
o tratar de imponer una decisión distinta a la adoptada por las autoridades jurisdiccionales
de instancia.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que la parte actora señaló que el tribunal
demandado desconoció el precedente fijado en las sentencias el 16 de febrero de 2023,
dictada por el Consejo de Estado en el proceso con radicado 05001-23-33-000-2017-
01541-01 y T-286 de 2013 proferida por la Corte Constitucional, sin embargo, la Sala
observa que este cargo también está dirigido a asistir en su tesis relacionada con que se
debió tener por contestada la demanda del proceso de controversias contractuales.
Adicionalmente, la Sala observa, de la revisión del expediente 52001-23-33-000-2019-
00414-00 aportado por el Tribunal Administrativo de Nariño, así como de la información
registrada en el aplicativo Samai, que se trata de un proceso judicial en curso, en el cual
no se ha proferido una decisión definitiva, por lo que, no le es dable al juez constitucional
entrometerse en la órbita propia del juez natural del asunto.
La Corte Constitucional ha señalado que las etapas, recursos y procedimiento que
conforman un proceso, configuran el primer espacio de protección de los derechos
fundamentales; por ejemplo, en la sentencia SU-458 de 2010, señaló que las
controversias relacionadas con derechos fundamentales deben ser resueltas, en
principio, por la vía ordinaria y que solo en casos excepcionales se puede acudir a la
acción de tutela.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala no advierte la causación de un perjuicio irremediable
que comprometa la vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora y que
amerite la intervención urgente del juez de tutela.
La Corte Constitucional, con relación al perjuicio irremediable, ha dicho6:
En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado
de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la
causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento
sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño,
entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia
del perjuicio y como respuesta que armonice con las-particularidades del caso. Por último, las medidas
de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia
a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable
Para la Sala, en el sub lite, se itera, no está probada ninguna circunstancia de urgencia,
inminencia, impostergabilidad o gravedad que demuestre la existencia de un perjuicio
irremediable que imponga la necesidad de la intervención del juez de tutela. Máxime si el
medio de control de controversias contractuales aún se encuentra en curso.
6 Corte Constitucional, sentencia T - 1316 de 2001.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07167-00
Demandante: Consorcio Obras Berruecos
Las anteriores razones son suficientes para declarar improcedente la solicitud de amparo.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
III. FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Salvo voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.