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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07168-01

Fecha
15 de abril de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07168-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 15 de enero de 2026 por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado que negó el amparo deprecado. En su lugar DECLARAR improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-07168-01

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

15 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá, D. C., quince (15) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07168-01
Accionante: Franky Castaño Herrera y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Sala
Transitoria – Subsecciones A y B
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

Se decide la impugnación interpuesta por la parte accionante, a través de apoderado,
contra la sentencia proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de
Estado el 15 de enero de 2026, mediante la cual negó el amparo solicitado.

SÍNTESIS1

Los accionantes interpusieron acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda – Sala Transitoria – Subsecciones A y B, con el
propósito de obtener el amparo de sus derechos al debido proceso, acceso a la
administración de justicia e igualdad, los cuales consideran vulnerados por la
providencia proferida el 11 de agosto de 2025, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido en contra de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas. Se revoca la decisión y, en su lugar, se declara la improcedencia por
falta de relevancia.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 13 de noviembre de 20252, Franky Castaño Herrera, Clarena Moreno Fajardo,
Carmen Esmith Delgado Niño, Eduardo Rodríguez Mora, Fabio Lorenzo Roa Cárdenas,
Ligia Beatriz Sierra Gómez, María Cristina Umaña Galindo y Hugo Fernando Leiva
Gutiérrez interpusieron demanda en ejercicio de la acción de tutela en contra de las
Subsecciones A y B de la Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca. Sostuvieron que la sentencia del 11 de agosto de
2025, proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 11001-33-35-026-2020-00382-01
vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia e igualdad. Dicha sentencia negó el reconocimiento el reconocimiento y pago

1 Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / nulidad y restablecimiento del derecho / segunda instancia /

debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad/ Se revoca primera instancia / Improcedencia / falta
de relevancia constitucional.
2 Índice 001 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07168-01
Accionante: Franky Castaño Herrera y otros
Decisión: revoca y declara improcedencia por falta de relevancia

del auxilio de cesantías de los accionantes de manera retroactiva.

2. Los accionantes formularon las pretensiones que se transcriben a continuación:

“PRIMERA: Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia y a la igualdad de Franky Castaño Herrera, C.C. 17.339.472;
Clarena Moreno Fajardo, C.C. 65.744.495; Carmen Esmith Delgado Niño, C.C.
63.390.360; Eduardo Rodríguez Mora, C.C. 79.456.485; Fabio Lorenzo Roa Cárdenas,
C.C. 19.491.488; Ligia Beatriz Sierra Gómez, C.C. 51.740.260; María Cristina Umaña
Galindo, C.C. 51.642.610 y Hugo Fernando Leiva Gutiérrez, C.C. 79.554.303.

SEGUNDA: Que, como consecuencia de lo anterior, se DEJE SIN EFECTOS, respecto
de los accionantes, el numeral SEGUNDO de la Sentencia proferida el 11 de agosto de
2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Sala
Transitoria – Subsecciones “A” y “B”, en el radicado 11001-33-35 026-2020-00382-01, en
el aparte que negó las pretensiones de la demanda a los aquí tutelantes.

TERCERO: Que, como consecuencia de lo anterior, se ORDENE al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que profiera parcialmente una nueva sentencia en la
que se aplique a los accionantes, afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, el mismo
criterio adoptado para los demandantes que se afiliaron a otras sociedades
administradoras de cesantías, es decir, que resulta necesaria una manifestación
expresa para que resulte procedente el cambio de régimen de cesantías del retroactivo
al anualizado y, por ello, que se acceda a las pretensiones de reliquidación retroactiva
en favor de los accionantes, tal como se hizo con el grupo de demandantes afiliados a
los demás fondos de cesantías” [Negrillas del texto original].

B. Hechos

3. Los accionantes son empleados públicos de la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas desde antes del 31 de diciembre de 1996, por lo tanto, son beneficiarios del
régimen de liquidación retroactivo de cesantías que se rige por las Leyes 6 de 1945 y
65 de 1946, y los Decretos 2767 de 1945 y 1160 de 1947.

4. Se afiliaron al Fondo Nacional del Ahorro, sin existir nunca una manifestación
expresa sobre su voluntad de renunciar al régimen de cesantías retroactivas, ni de
acogerse al nuevo régimen legal de cesantías anualizadas

5. El 16 de marzo de 2023, los accionantes solicitaron a la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas el reconocimiento y pago de las cesantías bajo el sistema
retroactivo estipulado en las Leyes 6 de 1945 y 65 de 1946, y los Decretos 2767 de 1945
y 1160 de 1947. La entidad no respondió la solicitud, motivo por el cual demandaron la
“nulidad del acto administrativo ficto o presunto negativo” resultante del silencio de la
referida universidad.

6. En decisión de primera instancia, del 12 de junio de 2024, el Juzgado Veintiséis
Administrativo de Oralidad de Bogotá D.C. accedió a las pretensiones de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho y, en consecuencia, ordenó la reliquidación
de las cesantías de los accionantes bajo el sistema retroactivo.

7. Como fundamento de su decisión, el juzgado indicó que el traslado de las cesantías
de los demandantes a sociedades privadas constituidas para la administración de tal
auxilio o también al Fondo Nacional del Ahorro no puede interpretarse como la elección
de un nuevo régimen aplicable y, en particular, uno que eventualmente les resulte

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07168-01
Accionante: Franky Castaño Herrera y otros
Decisión: revoca y declara improcedencia por falta de relevancia

desfavorable

8. La Universidad apeló la decisión, al considerar que a los accionantes no se les aplica
el régimen retroactivo de cesantías, porque no tuvieron una única vinculación con el
Alma Mater y siempre estuvieron bajo el régimen anualizado sin presentar reclamación
referente al régimen retroactivo.

9. Mediante Sentencia del 11 de agosto de 2025, el Tribunal accionado revocó
parcialmente la decisión del a quo3. Respecto de los ahora accionantes indicó que:

“a pesar de no acreditarse manifestación expresa de voluntad de dichos demandantes de
pertenecer al régimen anualizado, éstos se encuentran afiliados al FNA, les efectuaron
aportes anuales de cesantías y se les realizaron pagos parciales de cesantías por parte del
FNA, por lo que esos demandantes quedaron sometidos al régimen anualizado y hay lugar
a revocar la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones esbozadas por
dichos demandantes y se negarán las mismas”.

C. Fundamentos de la vulneración

10. Los accionantes señalaron que, respecto de ellos, la sentencia cuestionada incurre
en:

11. Defecto sustantivo, porque aplica simultáneamente precedentes jurisprudenciales
contradictorios para resolver una misma discusión. Sobre el particular, explicaron que
el tribunal accionado mantuvo el régimen retroactivo de cesantías para algunos
demandantes que estaban afiliados a fondos distintos al Fondo Nacional del Ahorro
(FNA), pero negó ese mismo derecho a los demás, con fundamento exclusivo en la
afiliación al mencionado fondo, lo cual constituye una aparente diferenciación que
carece de soporte normativo y comporta una interpretación irrazonable de las normas
que regulan el cambio de régimen de cesantías.

12. Desconocimiento del precedente judicial, al apartarse de la postura reiterada de la
Corte Constitucional que exige una manifestación expresa y escrita de voluntad para
abandonar el régimen retroactivo de cesantías.

13.Para soportar lo anterior, citó las Sentencias T-597 de 1995, SU-519 de 1997, T-
267 de 1997 y C-859 de 2008.

14. Vulneración del derecho a la igualdad, dado que se otorgó un trato desigual
injustificado a servidores públicos que se encontraban en situaciones fácticas y jurídicas
equivalentes, todos vinculados laboralmente antes del 31 de diciembre de 1996,
estableciendo una distinción basada únicamente en la afiliación al Fondo Nacional del
Ahorro, sin una razón objetiva y suficiente.

15.Falta de motivación suficiente y razonable, toda vez que el fallo discutido no explicó
de manera clara y coherente por qué, en el caso de los afiliados al Fondo Nacional del

3 La sentencia cuestionada, en relación con Alexander Bedoya Montalvo, Alfredo Ardila Godoy, Ana Bertilda

Guavita Tibabisco, Clara Marcela Lizarazo Hernández, Eduin Darío Dechamps Guzmán, Freddy Rada
Varela, Jorge Enrique Salas, Juan Hilder González Téllez, Marina Manuela Moreno Ramírez y Miguel
Antonio Sánchez Contreras, ordenó “RELIQUIDAR […] y CONSIGNAR al fondo privado de cesantías al
cual se encuentren afiliados, el auxilio de cesantías conforme al sistema de retroactividad establecido en
las Leyes 6ª de 1945 y 65 de 1946 y los Decretos 2767 de 1945 y 1160 de 1947, desde la fecha de su
ingreso a esa institución universitaria y hasta la fecha en que se cumpla la sentencia o aquella en que se
hubiese producido el retiro del servicio, y así mismo, que se descuenten de ello los valores reconocidos y
pagados por concepto de liquidación y pago parcial o definitivo de la referida prestación”.

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Accionante: Franky Castaño Herrera y otros
Decisión: revoca y declara improcedencia por falta de relevancia

Ahorro, se admitió la existencia de un consentimiento tácito para el cambio de régimen,
mientras que dicha inferencia fue descartada para los afiliados a otros fondos, lo cual
evidenciaría una contradicción interna que vulneró el debido proceso y el acceso a la
administración de justicia.

D. Trámite procesal

16. Por auto del 26 de noviembre de 20254, la Sección Segunda, Subsección A, del
Consejo de Estado admitió la demanda de tutela y ordenó vincular a la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas, al Juzgado 26 Administrativo de Bogotá y a los
señores Diana Inés Cubillos Morales, Eduard Arnulfo Pinilla Rivera, Alexander Bedoya
Montalvo, Alfredo Ardila Godoy, Ana Bertilda Guatavita Tibabisco, Clara Marcela Lizarazo
Hernández, Eduin Darío Dechamps Guzmán, Freddy Rada Varela, Jorge Enrique Salas,
Juan Hilder González Téllez, Marina Manuela Moreno Ramírez, Martha Liliana Mosquera
Vargas y Miguel Antonio Sánchez Contreras5.

17. El 15 de enero de 20266, la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado
profirió sentencia de primera instancia en el presente asunto, en la que negó el amparo
deprecado.

18. El 27 de enero de 20267, los accionantes impugnaron la sentencia de primera
instancia y el 2 de febrero8 se concedió la impugnación.

E. Oposiciones e intervenciones

19. El Juzgado 26 Administrativo de Bogotá adujo que las decisiones emitidas en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se fundamentaron adecuadamente en
referentes normativos y jurisprudenciales aplicables al caso. Además, se notificaron en
debida forma, respetando las garantías procesales de las partes.

20. La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca afirmó que no se incurrió en defecto sustantivo, toda vez que dicha
providencia se fundamentó en la normativa y jurisprudencia aplicable al caso.

21. La Universidad Francisco José de Caldas manifestó que la acción de tutela no
cumplió con el requisito de relevancia constitucional, dado que lo pretendido por la parte
actora fue reabrir el debate analizado y resuelto en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Aunado a ello, expresó que el cargo de desconocimiento
del precedente judicial carecía de argumentación, por lo que tampoco se cumplió con la
exigencia de identificación clara de los hechos que generaron la vulneración de los
derechos invocados.

4 Expediente digital de primera instancia disponible en Samai, NroActua 12.
5 Demandantes del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la sentencia

cuestionada.
6 Índice 001 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
7 Índice 32 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
8 Índice 34 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai

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Accionante: Franky Castaño Herrera y otros
Decisión: revoca y declara improcedencia por falta de relevancia

22. Martha Liliana Mosquera Vargas manifestó su conformidad con los argumentos
expuestos por los accionantes. Añadió que expresó su deseo de continuar con el Fondo
Nacional del Ahorro como administrador de sus cesantías retroactivas. Asimismo, resaltó
que la institución de educación superior no consignó, en los años siguientes, las cesantías
ni sus respectivos intereses dentro del período correspondiente, lo que evidencia que
pertenece al régimen retroactivo.

23. Los demás vinculados guardaron silencio, a pesar de haber sido notificados.

F. Decisión impugnada

24. Mediante la sentencia del 15 de enero de 20269, la Sección Segunda, Subsección
A, del Consejo de Estado negó del amparo solicitado, porque “no se estructuraron
ninguna de las causales de procedibilidad invocadas, pues las Subsecciones A y B de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca efectuaron una
interpretación razonable del marco normativo que rige el régimen de cesantías
retroactivas de cara a la jurisprudencia emitida por el órgano de cierre de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo”.

G. Impugnación

25. En escrito radicado el 27 de enero de 202610, los accionantes señalaron:

26. La decisión de tutela de primera instancia, al igual que la sentencia del Tribunal
sometida a escrutinio, no ofrecen razones reales para justificar que los accionantes
tendrían un estándar normativo o jurisprudencial diferenciado y menos exigente para
valorar la validez de su renuncia al régimen retroactivo de cesantías.

27. No es cierto que en la sentencia cuestionada se haya efectuado una armonización
de precedentes, “ni de forma interna entre las posturas del Consejo de Estado, ni con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional”.

28. No existen razones objetivas para dar un tratamiento diferenciado a los accionantes
respecto de los otros demandantes del proceso ordinario, pues todos son
normativamente iguales respecto de los requisitos para la renuncia al régimen
retroactivo de cesantías, y todos efectuaron los mismos actos de administración.

II. CONSIDERACIONES
H. Competencia

29. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver el asunto, en segunda instancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y en el
Acuerdo 80 de 2019 (Reglamento de esta Corporación).

I. Sentido de la decisión

9 Índice 029 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
10 Índice 0032 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.

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Decisión: revoca y declara improcedencia por falta de relevancia

30. La Sala revocará la decisión de primera instancia que negó el amparo deprecado y,
en su lugar, declarará la improcedencia por falta de relevancia constitucional.

J. Finalidad de la acción de tutela

31. Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones estas que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante
un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz, los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad o de un particular.

32. Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar
los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir con ella términos
precluidos o acciones caducadas.

33. De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos constitucionales
fundamentales del demandante.

K. La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias
judiciales11

34. Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su
procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez
constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.

35. En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no
todos los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la
competencia de los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional
como la seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.

36. Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de
la Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de
requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientados a
preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales se
la imperiosa necesidad de constatar que el debate que se propone reviste una genuina,
verdadera y marcada relevancia constitucional ocupa un lugar central.

37. En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades
concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios,
impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii)
restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos

11 Consejo de Estado, Sentencia del 21 de enero de 2026, radicado 11001-03-15-000-2025-07772-00, M.P.

Fredy Ibarra Martínez.

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Decisión: revoca y declara improcedencia por falta de relevancia

fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se
convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales ejecutoriadas.

38. En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente12, la Corte ha
reiterado que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse
en un medio para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del
juez natural o reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez
constitucional sólo puede intervenir cuando la controversia planteada trasciende el ámbito
de la legalidad y se proyecta como un problema genuinamente constitucional que afecte
derechos fundamentales de las partes involucradas.

39. De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional
enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de índole
constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de un
derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la
interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de
manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos legales
de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma
procesal13”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se acredite de
manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos fundamentales.

40. En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se
había planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este
presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto
constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora “busca
una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos con la
intención de revivir los términos procesales”.

41. En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña
una exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con
invocar, en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste la
carga de explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada
comporta una restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado
por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la
que se dispuso que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales14”,
enfatizando en que corresponde al demandante justificar por qué su pretensión tiene tal
entidad, so pena de rechazo o improcedencia.

42. En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento
más exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las
mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte Constitucional
fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se presume por la sola

12 Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022.
13 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez,

sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de un derecho
fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema jurídico de
naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos que se pretenden atribuir
a la providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre el por qué estos
desbordan el margen de interpretación y conducen a la vulneración concreta de un
derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del requisito “más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con
derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada” de tales derechos:

“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el
asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.”.15

43. En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de
tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o simples
desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela
no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección jurídica de la
decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni reabrir litigios
legalmente concluidos.

44. Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019,
determinó que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de las
decisiones de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta diáfano
que la intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único fin de
cuestionar la interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente por
encontrarse en desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho
mecanismo carece de una verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.

45. El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo
del actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario con
miras a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura,
específicamente, con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la
consecuencia lógica es que es que el amparo así deprecado se torna a todas luces
improcedente pues en esa hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no
compromete directamente mandatos superiores y cuya resolución compete únicamente
a los jueces ordinarios, quienes fueron investidos por el legislador de precisas facultades
para ello.

15 Ídem.

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46. El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces
ordinarios, de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten
una genuina y marcada importancia desde el punto de vista de los derechos
fundamentales, en orden a evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte,
so pena de vaciar de contenido las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol del
juez de tutela no puede ni debe confundirse con el de una instancia revisora de las
providencias proferidas por los jueces naturales en su ejercicio de tal y cualquier intento
dirigido a reemplazar o arrogarse competencias de juez ordinario, desde luego, debe ser
contenido.

47. En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-
128 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la acción de
tutela reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción de tutela debe
trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación, aplicación
o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia no puede
limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de proyección
constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación grave,
concreta y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una decisión
judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una pretensión
dirigida a replantear discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y resueltas en el
proceso ordinario, mediante los recursos propios de la jurisdicción competente.

48. En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio
que condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, en tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación clara y
específica, que la providencia cuestionada desborda el margen de interpretación
razonable y comporta una afectación grave e injustificada de derechos fundamentales.

49. En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga
al juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se pretende
emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear discusiones probatorias
jurídicas o hermeneúticas ya zanjadas, o perseguir fines meramente económicos o
privados; únicamente cuando se supera este umbral es legítimo avanzar al examen de
los defectos alegados en el caso concreto.

L. El análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto

50. La Sala advierte que la acción de tutela sometida a estudio no satisface el requisito
de relevancia constitucional, dado que del examen integral del escrito de amparo se
desprende que los reproches formulados por los accionantes no se dirigen a demostrar
una afectación directa y desproporcionada de derechos fundamentales, sino a
cuestionar la forma en que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas. En particular, la inconformidad planteada se centra
en la interpretación que efectuó el juez natural respecto del régimen jurídico aplicable al
auxilio de cesantías de los demandantes y en la valoración que realizó sobre las
consecuencias jurídicas derivadas de su afiliación al Fondo Nacional del Ahorro.

51.En efecto, la controversia que ahora se pretende trasladar al escenario
constitucional coincide sustancialmente con el debate planteado en el proceso ordinario.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07168-01
Accionante: Franky Castaño Herrera y otros
Decisión: revoca y declara improcedencia por falta de relevancia

Allí los demandantes afirmaron que, por haber estado vinculados a la Universidad
Distrital con anterioridad al 31 de diciembre de 1996, tenían derecho al reconocimiento
de sus cesantías bajo el régimen retroactivo previsto en las Leyes 6 de 1945 y 65 de
1946 y en los Decretos 2767 de 1945 y 1160 de 1947. De igual manera, señalaron que
nunca manifestaron de manera expresa su voluntad de renunciar a dicho régimen ni de
acogerse al sistema anualizado. Así se desprende de la propia demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, en la que se afirmó:

“2.1. Los demandantes son empleados públicos adscritos a la planta de personal del
Distrito Capital – Universidad Distrital Francisco José de Caldas y han prestado sus
servicios a dicha entidad de manera ininterrumpida desde la fecha de vinculación
señalada en el cuadro inicial.
2.2. La vinculación de todos y cada uno de los poderdantes se llevó a cabo con
antelación a diciembre 31 de 1996, fecha en la cual entró a regir la Ley 344 de 1996.
2.3. Consecuencia del anterior numeral es que el reconocimiento y pago de las cesantías
de mis poderdantes se deba realizar bajo el sistema retroactivo estipulado en la Ley 6
de 1945, el Decreto 2767 de 1945, la Ley 65 de 1946 y el Decreto 1160 de 1947.”

52. Esos mismos planteamientos fueron reiterados en la acción de tutela. En efecto, los
accionantes sostuvieron que son “empleados públicos de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas desde antes del 31 de diciembre de 1996, por lo tanto, son
beneficiarios del régimen de liquidación retroactivo de cesantías que se rige por las
Leyes 6 de 194516 y 65 de 194617 y los Decretos 2767 de 194518 y 1160 de 194719”, y
afirmaron que, pese a haberse afiliado al Fondo Nacional del Ahorro, “no existió nunca
una manifestación expresa sobre su voluntad de renunciar al régimen de cesantías
retroactivas ni de acogerse al régimen anualizado”.
53. Asimismo, los accionantes reiteraron en la tutela los mismos argumentos jurídicos
que sustentaron su demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, particularmente
en lo relacionado con la necesidad de una manifestación expresa para el cambio de
régimen de cesantías y con la supuesta inexistencia de fundamento normativo para
diferenciar el tratamiento de los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro respecto de
aquellos vinculados a fondos privados.
54. De hecho, en el escrito de amparo se solicita expresamente que se deje sin efectos
la sentencia proferida el 11 de agosto de 2025 y que se ordene al tribunal accionado
dictar “una nueva sentencia en la que se aplique a los accionantes, afiliados al Fondo
Nacional del Ahorro, el mismo criterio adoptado para los demandantes que se afiliaron
a otras sociedades administradoras de cesantías, es decir, que resulta necesaria una
manifestación expresa para que resulte procedente el cambio de régimen de cesantías
del retroactivo al anualizado”.
55. Estos planteamientos evidencian que la inconformidad de los accionantes no radica
en la configuración de una actuación judicial arbitraria o manifiestamente irrazonable,
sino en el desacuerdo frente a la conclusión jurídica alcanzada por el juez de segunda
instancia al resolver el litigio ordinario. En efecto, el Tribunal Administrativo de

16 “Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales,

conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo.”
17 “Por la cual se modifican las disposiciones sobre cesantía y jubilación y se dictan otras”.
18 “Por el cual se determinan las prestaciones sociales de los empleados y obreros al servicio de los

Departamentales y Municipios”.
19
“En ejercicio de sus atribuciones legales, y teniendo en cuenta lo dispuesto por los artículos 1 y 2 de la
Ley 65 de 1946; 12 y 17 de la Ley 6 de 1945, y 13 de la misma Ley, en armonía con el 7 de la Ley 64 de
1946; y las disposiciones pertinentes del Decreto 2350 de 1944”.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07168-01
Accionante: Franky Castaño Herrera y otros
Decisión: revoca y declara improcedencia por falta de relevancia

Cundinamarca concluyó que, respecto de los demandantes afiliados al Fondo Nacional
del Ahorro, el conjunto de actuaciones administrativas relacionadas con el pago y
administración de sus cesantías permitía inferir su sometimiento al régimen anualizado,
razón por la cual revocó parcialmente la sentencia de primera instancia y negó las
pretensiones de ese grupo de demandantes.
56. Así las cosas, la pretensión que ahora se formula en sede de tutela consiste, en
esencia, en que el juez constitucional revise nuevamente el alcance de las normas que
regulan el régimen de cesantías de los empleados públicos vinculados con anterioridad
a 1996 y determine si la afiliación al Fondo Nacional del Ahorro puede o no interpretarse
como un cambio de régimen, con el propósito de obtener una decisión distinta a la
adoptada por el juez natural.
57. En estas condiciones, la Sala observa que la acción constitucional se dirige a
replantear el mismo debate jurídico que ya fue planteado, discutido y resuelto en el
proceso contencioso administrativo, mediante el uso de los recursos propios de dicha
jurisdicción. La tutela, entonces, se presenta como un instrumento para insistir en la
corrección jurídica de la tesis sostenida por los demandantes en el proceso ordinario y
para cuestionar la interpretación normativa realizada por el tribunal accionado.
58. Tal finalidad resulta incompatible con la naturaleza excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Como lo ha reiterado de manera constante la
jurisprudencia constitucional, este mecanismo no puede ser utilizado como una
instancia adicional para revisar la corrección jurídica de las decisiones judiciales ni para
reabrir controversias que ya fueron resueltas por el juez natural dentro del ámbito de su
competencia.
59. Permitir que el juez de tutela examine nuevamente la interpretación del régimen
jurídico de las cesantías aplicable a los accionantes equivaldría, en la práctica, a
convertir este mecanismo excepcional en una tercera instancia destinada a revaluar el
sentido de las decisiones adoptadas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
lo cual desborda claramente el ámbito de la relevancia constitucional.
60. Por consiguiente, la Sala concluye que los cargos formulados en la demanda de
tutela no trascienden el plano de la legalidad ni revelan la existencia de una afectación
grave, directa y desproporcionada de los derechos fundamentales invocados, sino que
se limitan a expresar la inconformidad de los accionantes con la interpretación jurídica
adoptada por el juez natural y con el resultado adverso de la sentencia de segunda
instancia.

61. En consecuencia, la acción de tutela carece de relevancia constitucional, en la
medida en que su finalidad real es reabrir un debate jurídico ya agotado en el proceso
ordinario y obtener una nueva valoración sobre la corrección de la decisión judicial
cuestionada, lo cual resulta incompatible con el carácter residual y excepcional de este
mecanismo de protección constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07168-01
Accionante: Franky Castaño Herrera y otros
Decisión: revoca y declara improcedencia por falta de relevancia

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 15 de enero de 2026 por la Sección
Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado que negó el amparo deprecado. En su
lugar DECLARAR improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO: COMUNÍQUESELE este fallo a la Sala que resolvió la controversia en
primera instancia y remítasele copia.

CUARTO: ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

QUINTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

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