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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07172-01

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07172-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Revocar la sentencia de 19 de enero de 2026, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En su lugar, 14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-07172-01 Accionante: Mary Luz Posada Posada Segundo.- Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por la señora Mary Luz Posada Posada, quien actúa mediante apoderado judicial, contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas. Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Quinto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-07172-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

30 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07172-01
Accionante: MARY LUZ POSADA POSADA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A

Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con pretensión de declaratoria de
existencia de contrato realidad. Defectos fáctico, sustantivo, por
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la
Constitución

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la señora Mary Luz Posada Posada, quien actúa mediante
apoderado judicial, contra la sentencia de 19 de enero de 2026 proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la
improcedencia de la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 12 de noviembre de 2025, la demandante pidió al juez constitucional la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración
de justicia, al trabajo, al mínimo vital, a la seguridad social y a la igualdad, así como
los principios de la realidad sobre las formas y a trabajo igual salario igual,
supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.

En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:
“1.Sírvanse, honorables Magistrados, de rango Constitucional, tutelar los derechos fundamentales
de mi mandante, señora MARY LUZ POSADA POSADA, C.C. 41.954.113, mencionados en el
acápite “DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS” de la presente Acción, así como los
demás derechos fundamentales que se considere y que hayan quedado en evidencia de haber sido
vulnerados y los que estén en peligro de vulneración por parte del CONSEJO DE ESTADO.

2.Concomitante a lo anterior, sírvanse honorables Magistrados, de rango Constitucional, ordenar al
CONSEJO DE ESTADO, que emita un nuevo pronunciamiento de segunda instancia, que no vulnere
los derechos fundamentales protegidos en la presente acción de Tutela.

3.Para efectos de que la Acción Constitucional no sea asunto ilusorio, sírvanse honorables
Magistrados, de rango Constitucional, en medio de lo procedente y conducente, conceder al
CONSEJO DE ESTADO un plazo perentorio de no más de 30 días siguientes al fallo de su instancia,
para que emita el pronunciamiento de cierre de las instancias judiciales, sin la vulneración de los
derechos fundamentales deprecados en la presente”.

2. Hechos

La parte actora relató que entre el 20 de octubre de 2009 y el 30 de noviembre de
2019, laboró en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (en
adelante DANE), mediante sucesivos contratos de prestación de servicios

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Accionante: Mary Luz Posada Posada

celebrados, ya sea directamente con la entidad o por intermedio de la Asociación
Colombiana para el Avance de la Ciencia – Acac y el Fondo Rotatorio del DANE –
Fondane.

Afirmó que solicitó al DANE el reconocimiento y pago de las prestaciones por el
periodo en que ejerció actividades mediante contratos de prestación de servicio con
dicha entidad. Sin embargo, por medio de las Resoluciones núm. 1825 de 31 de
octubre de 2019 y 0449 de 25 de marzo de 2020, la petición fue negada.

Indicó que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, presentó demanda contra el DANE con el fin de que se anularan las
Resoluciones núm. 1825 de 31 de octubre de 2019 y 0449 de 25 de marzo de 2020,
y a título de restablecimiento del derecho se reconocieran y pagaran las
prestaciones sociales de ley, las indemnizaciones del artículo 99 de la Ley 50 de
1990 y por el no pago de las prestaciones sociales al momento de la terminación
del contrato de trabajo, así como los aportes realizados como independiente al
sistema general de seguridad social.

Sostuvo que el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión, en
sentencia de 3 de noviembre de 2022 declaró la nulidad de los actos administrativos
demandados y que existió una relación laboral entre la señora Mary Luz Posada
Posada y el DANE. En consecuencia, ordenó a la parte demandada reconocer,
liquidar y cancelar el valor de todas las prestaciones sociales de orden legal.

Finalmente, manifestó que contra la anterior decisión el DANE interpuso recurso de
apelación. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante
fallo de 14 de mayo de 2025 la revocó y, en su lugar, negó las pretensiones, al
considerar que no encontró probados los indicios subordinantes de las actividades
realizadas por la accionante, “comoquiera que no existen pruebas documentales o
testimoniales que acrediten la relación laboral encubierta”.

3. Fundamentos de la acción

La demandante aseguró que la acción de tutela cumple con los requisitos generales
de procedencia, entre los que señaló el de inmediatez, pues se radicó dentro de los
6 meses, y de subsidiariedad, en tanto no cuenta con otra instancia a la cual pueda
acudir.

Luego, aseguró que la autoridad judicial incurrió en el defecto fáctico, toda vez que
omitió valorar pruebas relevantes y en conjunto, como los objetos contractuales y
las obligaciones de cada contrato, que tienen intrínseca la subordinación. Agregó
que se apartó de las declaraciones de los testigos de la parte actora, pues todos
ellos dieron cuenta que no es otra que estar plena y constantemente subordinada
al DANE.

Reprochó que la autoridad judicial accionada otorgara mayor credibilidad de una
testigo tachada de sospechosa por el vínculo laboral existente con la entidad
demandada y que no se le otorgara la credibilidad de las declaraciones de los
testigos aportados por la demandante.

De otro lado, indicó que en la sentencia objetada se configuró el defecto sustantivo,
pues si bien “no se apoya en una norma inconstitucional”, lo cierto es que “sí
contiene en su parte motiva una desproporcionada interpretación de la legislación
aplicable, pero especialmente del acervo probatorio, el cual no se valoró en conjunto
ni con detenimiento, más allá del que se pudo tener para inclinar la balanza hacia el
favorecimiento del DANE”.

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Igualmente, sostuvo que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado incurrió en defecto por desconocimiento del precedente judicial, toda vez
que se desconoció la sentencia T-1040 de 2001 de la Corte Constitucional, al “exigir
como condición para probar subordinación, entre otros, la existencia de llamados
de atención o sanciones disciplinarias, lo que implica elevar la carga probatoria de
manera irrazonable”.

Aseguró que en el presente asunto se había constituido una duda respecto al
elemento subordinación y que “si estuviéramos en un asunto penal, se podría
comprar (sic) con una condena porque las dudas del material probatorio no dejaron
sentado que el presunto delincuente fuera inocente”.

Agregó que a la accionante se le vulneró el derecho fundamental a la igualdad, en
tanto en el caso de la señora Rosa Elvira Martínez, quien laboró en el DANE, la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado accedió a las
pretensiones.

Señaló que en el fallo objetado se afirmó que se aplicarían los criterios desarrollados
en la sentencia de unificación SUJ-025-CES2-2021, los cuales fueron probados en
el curso del proceso ordinario, en tanto i) el lugar del trabajo no era donde la
accionante quisiera sino donde debía recoger la información de la encuesta, ii) el
horario en el que desarrollaba la labor, iii) la dirección y control efectivo de las
actividades a ejecutar y iv) que las actividades o tareas desarrolladas correspondan
de manera idéntica, semejante o equivalente a las que tienen asignadas los
servidores de planta.

Indicó que “la lectura que hizo el Consejo de Estado, de los mal llamados contratos
de prestación de servicios, fue apenas en su objeto, que siempre fue el mismo, solo
que en temporalidades distintas (cuando se habla de un número de encuesta, se
habla también de temporalidad porque se da entre los meses tales y tales) o los
unos rurales o urbanos o mixtos (ya se aclaró que el trabajo del encuestador y de
todo el equipo es el mismo tanto en lo rural como en lo urbano); en todo caso, si se
lee las obligaciones de cualquier contrato (escoja el que quiera que todos, palabras
más, palabras menos, dicen lo mismo), se percibe que el DANE (quien elabora el
contrato porque la trabajadora no puede cambiarle ni una coma siquiera) era el
encargado de ORDENARLE a la encuestadora el cómo, el cuándo y el dónde de la
prestación de sus servicios; allí, en esos documentos, se ve diáfanamente que es
el DANE quien define absolutamente todo en cuanto al tiempo, modo y lugar de
trabajar de la supuesta contratista”.

Por último, manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en violación
directa de la Constitución, toda vez que se vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, al
trabajo, al mínimo vital, a la seguridad social y a la igualdad, así como los principios
de la realidad sobre las formas y a trabajo igual salario igual.

4. Oposición

4.1. Respuesta de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado

El magistrado ponente de la decisión objetada solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela, en tanto los demandantes utilizan el
mecanismo constitucional con el fin de generar una instancia adicional o, en su
defecto, se nieguen las pretensiones porque no se demostró la vulneración alegada.

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Afirmó que los argumentos que sustentan la presente acción se refieren a cargos
mencionados en la demanda, por lo que no se cumple con el requisito de relevancia
constitucional dado que pretende convertir la tutela en una nueva instancia.

4.2. Respuesta del DANE

El coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Asuntos Judiciales de la Oficina
Asesora Jurídica pidió que se negaran las pretensiones de la solicitud de amparo,
toda vez que no se demostró la vulneración de los derechos fundamentales de la
demandante ni se configuró alguno de los requisitos especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales desarrollados por la Corte
Constitucional.

Adicionalmente, alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, en razón a
que no ha tenido ninguna injerencia en la providencia que reprocha la demandante
en la acción de tutela.

4.3. El Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión, a pesar
de que se le notificó el auto admisorio, guardó silencio.

5. Sentencia de tutela impugnada

La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en fallo de 19 de
enero de 2026, declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con
el requisito de la relevancia constitucional.

Afirmó que la parte actora pretende imponer su interpretación normativa sobre las
consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada, así como su discrepancia
frente a la decisión adoptada y continuar con el debate surtido en el trámite del
proceso primigenio, sin que haya demostrado la violación de los derechos
fundamentales invocados.

Indicó que la acción de tutela formulada por la parte accionante está encaminada a
continuar con el debate surtido en el trámite del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, toda vez que reitera argumentos de índole legal y
probatorio desarrollados en el marco del proceso ordinario, sin esbozar las razones
concretas por las cuales los derechos fundamentales invocados fueron vulnerados
con la providencia atacada, lo que escapa de la órbita del juez constitucional, toda
vez que la decisión censurada se sustenta en el principio de autonomía judicial.

Con respecto al desconocimiento del precedente judicial, señaló que la actora no
citó las providencias de unificación en específico que la autoridad judicial dejó de
aplicar, además que no mencionó los aspectos que debían aplicarse al caso en
concreto, ni desarrolló un análisis metodológico y comparativo que permitiera
establecer la identidad jurídica entre el fallo, así como la inaplicación de alguna regla
de unificación actual y la decisión objetada.

Agregó que la decisión que adoptó la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en un caso con identidad fáctica a la del presente caso, ello no
permite concluir que constituya precedente horizontal con fuerza vinculante y
obligatoria de una sentencia de unificación. Por tanto, no se puede concluir que esta
providencia compone un precedente en el cual, el juez natural de la causa debió
basar su estudio.

Por último, manifestó que el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez
y no de corrección de la decisión cuestionada, lo que se opone a que se use como
una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario.
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6. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
actora impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó que se revoque, para lo
cual expuso lo siguiente:

Afirmó que el debate planteado en la acción de tutela no se limitaba a una discusión
probatoria o de mera legalidad y menos se usó como una tercera instancia, pues se
reprochó “la forma tan absurda e inconstitucional que se usó para llegar a esa
también absurda e inconstitucional decisión de cierre en el proceso Contencioso
Administrativo; es decir, con el escrito de demanda de tutela lo que se planteaba
era un verdadero problema constitucional que exigía la intervención del juez de
tutela”.

Resaltó que el asunto goza de relevancia constitucional, pues en la demanda de
tutela se identificó de manera clara los derechos fundamentales vulnerados, se
explicó de qué manera la providencia judicial cuestionada desconoció el artículo 4
de la Constitución Política, se debía realizar un análisis de una providencia judicial
que había desconocido principios constitucionales como el de la primacía de la
realidad sobre las formalidades, entre otros. Adicionalmente, aseguró que la
sentencia de tutela impugnada incurre en formalismos al exigir un nivel de desarrollo
argumentativo incompatible con la naturaleza informal de la acción de tutela.

Para terminar, insistió en los defectos fáctico, sustantivo, desconocimiento del
precedente judicial y violación directa de la Constitución invocados en el escrito de
tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
se debe revocar la sentencia de 19 de enero de 2026 de la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción
de tutela por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional y, en caso
afirmativo y que cumpla con los demás requisitos generales de procedencia, si la
autoridad judicial accionada incurrió en la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, al
trabajo, al mínimo vital, a la seguridad social y a la igualdad, así como los principios
de la realidad sobre las formas y a trabajo igual salario igual de la parte actora.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención

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Americana sobre Derechos Humanos1 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles
y Políticos2, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del
bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20123, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 4,
precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales,
lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de
sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden
eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma
decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20055.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado
a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico6; (ii) Defecto procedimental absoluto7; (iii) Defecto
fáctico8; (iv) Defecto material o sustantivo9; (v) Error inducido10; (vi) Decisión sin
motivación11; (vii) Desconocimiento del precedente12 y (viii) Violación directa de la
Constitución13.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el

1
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
2
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
3
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
4
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
6
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia
para ello.
7
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
8
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
9
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente
y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
10
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales.
11
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
12
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
13
Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las sentencias SU-114 de 2023 y SU-061 de 2023,
M. P. Diana Fajardo Rivera y SU-241 de 2024, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
6

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interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo14 y de la Corte Constitucional15.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada
y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural,
atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de
estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Contrario a lo sostenido por el a quo, se cumple con el requisito de la
relevancia constitucional y los demás requisitos generales de procedencia

La Sala encuentra que, a diferencia de lo resuelto en la sentencia impugnada, los
requisitos generales de procedencia están cumplidos en el asunto bajo estudio, por
cuanto (i) goza de relevancia constitucional, en tanto se debe determinar si en la
decisión de segunda instancia proferida en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho mediante el cual la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado revocó la decisión favorable de primera instancia y
negó la pretensiones tendientes a la declaratoria de la existencia de una relación
laboral subyacente o encubierta, por una supuesta indebida valoración de las
pruebas y el desconocimiento del precedente judicial, limita el contenido, alcance y
goce de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, al trabajo, al mínimo vital, a la seguridad social y a la
igualdad, así como los principios de la realidad sobre las formas y a trabajo igual
salario igual, a lo que se agrega que la solicitud de amparo no se propone como una
instancia adicional, ni se plantea con la intención de reabrir el debate o se
desarrollan unos argumentos de naturaleza legal.

Por el contrario, cuenta con la suficiente carga argumentativa por lo que se trata de
un genuino debate constitucional, en el que se deberá determinar si la autoridad
judicial accionada, desconoce los derechos fundamentales invocados por la parte
actora.

Igualmente, (ii) la decisión objetada se dictó al resolver el recurso de apelación
formulado por el DANE, por lo que la accionante no cuenta con otro mecanismo de
defensa judicial ni el asunto se encuadra en alguna de las causales de procedencia
del recurso extraordinario de revisión, previstas en el artículo 250 del CPACA, ni del
de unificación de jurisprudencia descritas en el artículo 257 de la misma normativa;
16
(iii) la solicitud de amparo se instauró dentro de los seis (6) meses establecidos
como plazo razonable precisado por esta Corporación y la Corte Constitucional17;
(iv) los hechos y las pretensiones fueron desarrollados de manera clara y (v) la
acción no es contra un fallo de la misma naturaleza.

Así las cosas, la Sala revocará la decisión de primera instancia que declaró la falta
de relevancia constitucional y procederá a efectuar el estudio de fondo.

14
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7 de
diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C.
P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto
Augusto Serrato Valdés, entre otras.
15
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado,
SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M.
P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
16
La providencia objetada se profirió el 14 de mayo de 2025, cuya notificación se surtió el 24 de junio de 2025, mientras que
la acción de tutela se instauró el 12 de noviembre de 2025, es decir, dentro del plazo razonable de los seis (6) meses.
17
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo
de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencia T-619 de 2019, Corte Constitucional, M.P.:
Antonio José Lizarazo Ocampo.
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Accionante: Mary Luz Posada Posada

4.2. La autoridad judicial accionada no incurrió en los defectos fáctico, por
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la
constitución18

La señora Mary Luz Posada Posada presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el DANE, con la pretensión de que se anularan
las Resoluciones núm. 1825 de 31 de octubre de 2019 y 0449 de 25 de marzo de
2020, por medio de las cuales negó el reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales, por el período en que ejerció actividades mediante contratos de prestación
de servicios en la entidad y, en su lugar, se reconocieran las prestaciones sociales
de ley y las indemnizaciones del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, así como los
dineros equivalentes a los aportes realizados como independiente al sistema
general de seguridad social.

El Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión, en sentencia de 3
de noviembre de 2022 declaró la nulidad de los actos administrativos demandados
y, en consecuencia, que existió una relación laboral entre la señora Mary Luz
Posada Posada y el DANE. Así las cosas, ordenó a la parte demandada reconocer,
liquidar y cancelar el valor de todas las prestaciones sociales de orden legal.

Lo anterior, con sustento en que la valoración individual y en conjunta del material
probatorio se demostraba la prestación personal del servicio y la remuneración,
pues la demandante percibía una contraprestación económica por su labor como
encuestadora, la cual se realizaba directa y mensualmente.

Con respecto al elemento subordinación sostuvo que los contratos de prestación de
servicios suscritos repetían el mismo objeto contractual, lo que mostraba una
continuidad en la relación laboral y la necesidad permanente del DANE de cumplir
con su misión y objetivos estratégicos a través de la actora.

El DANE interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, en el que alegó
la insuficiencia de la planta de personal y que en este no existe un cargo específico
para la recolección de información. Aunado al hecho de que los objetos
contractuales que desarrolló la demandante eran diferentes.

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en fallo de 14 de
mayo de 2025, revocó la decisión favorable de primera instancia y, en su lugar, negó
las pretensiones de la demanda, al considerar que no se probó los indicios
subordinantes de las actividades realizadas por la accionante.

En primer lugar, la autoridad judicial accionada se refirió a la relación laboral
encubierta o subyacente, para lo cual mencionó la sentencia de unificación SUJ-
025-CE-S2-2021 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con el fin de
explicar los criterios elaborados por la jurisprudencia para identificar el elemento
subordinación en el marco de los contratos de prestación de servicios.

Luego, elaboró un cuadro con cada uno de los contratos con las respectivas fechas
de inicio y finalización, así como el objeto contractual y su valor, de los cuales logró
determinar los elementos correspondientes a la remuneración y a la prestación
personal del servicio.

Respecto del elemento de la subordinación, la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado estableció que, frente al lugar de trabajo, las pruebas no
demostraban que las actividades ejecutadas por la demandante fueron
desarrolladas en un lugar determinado, pues los objetos contractuales y las

18
Si bien la demandante también invoca el defecto sustantivo, lo cierto es que los argumentos en los que lo sustenta se
encuadran en el fáctico, razón por la cual serán abordado en conjunto a partir de la caracterización de este último.
8

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obligaciones que consecuentemente cumplía la demandante no detallan de manera
puntual el lugar en el que se concretaba el servicio, únicamente referencian las
actividades de recolección de la Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIH- que
se realizaron de forma urbana, rural o urbana-rural.

Agregó que los testimonios resultaron contradictorios, pues la señora Diana
Carolina Espinoza Sarmiento y Augusto Montoya Mosquera indicaron que las
actividades desarrolladas tanto por ellos como por la demandante eran en campo
entre los lunes y miércoles, y los jueves y viernes eran desarrolladas en la oficina.
Adicionalmente, el segundo aseguró que los hacían ir a las oficinas del DANE en el
municipio de Armenia así hubiesen terminado las actividades. La señora Paula
Andrea García Rincón, referenció que las actividades realizadas por ella y la
accionante eran en otros municipios, por lo que el equipo de encuestadores y
supervisor de campo se encontraban en las oficinas de la mencionada entidad para
partir hacia la zona rural a realizar las actividades contractuales. Mientras que la
señora Berta Stella De Ávila Fajardo dijo que la actora cumplió con sus actividades
de recolector rural en los distintos municipios del departamento del Quindío, y que
el objeto contractual no se desarrollaba en la oficina de la entidad, puesto que las
actividades eran únicamente en campo.

Por otra parte, en relación con el horario de trabajo indicó que de las pruebas
documentales no se podía extraer que la accionante tuviera que cumplir algún
horario impuesto por la entidad.

Igualmente, de los testimonios aseguró que “si bien los declarantes presentados por
la actora en su conjunto referenciaron la necesidad del cumplimiento de horario, no
fueron coherentes en su extensión; al mismo tiempo, la testigo presentada por la
entidad demandada referenció lo contrario, es decir, que para la prestación de los
servicios los contratistas eran autónomos en los horarios y jornadas. Para la Sala
estas particularidades no brindan certeza y claridad sobre la imposición de horario
sobre la demandante”.

Resaltó que la señora Diana Carolina Espinoza Sarmiento declaró que entre los
días lunes a miércoles tenían que encontrarse en las oficinas de la entidad
demandada a las 5:00 o 6:45 am para desplazarse en grupos hacia la zona en la
cual debían realizar el servicio, que se interrumpía a las 2:30 o 3:00 pm para
almorzar y luego continuaban a las 5:30 o 6:00 pm hasta las 10:00 o 10:30 pm.
Además, los jueves y viernes asistían a la oficina del DANE a las 8:00 – 8:30 am
para terminar sus actividades.

Agregó que la señora Paula Andrea García Rincón manifestó que el servicio de
recolección de información era realizado todos los días, incluso, en algunas
ocasiones, los fines de semana y que la jornada iniciaba a las 6:30 o 7:00 am, pues
no contaban con un horario fijo, pero que la demandante no podía escoger la hora
de llegada.

Mencionó que el señor Augusto Montoya Mosquera declaró que la jornada de
trabajo era de lunes a miércoles, comenzaba a las 6:00 am hasta las 10:00 pm y la
señora Berta Stella De Ávila Fajardo declaró que los contratistas encuestadores de
la operación estadística GEIH no les era exigido el cumplimiento de horario.

Asimismo, la autoridad judicial accionada precisó que aun cuando la demandante
cumpliera con un horario en el desarrollo de su servicio, ello en sí mismo no es
suficiente para concluir la anulación de su autonomía, pues el horario si no es
acompañado de elementos adicionales que denoten subordinación, debe ser
entendido como un parámetro lógico y natural que se presenta para lograr la
concreción del objeto contractual.

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Por otra parte, con respecto a la dirección y control efectivo de las actividades a
ejecutar, se indicó que las pruebas tampoco demostraban que la demandante en la
ejecución de sus servicios estuvo sujeta al cumplimiento de directrices u órdenes
de un superior, o que debía ejecutar los contratos en las condiciones impuestas por
la entidad, al punto que se derruyera el principio de coordinación que rige los
contratos de prestación de servicios.

Por último, resaltó que no basta con acreditar que la demandante hubiera trabajado
por más de diez años para concluir la existencia de una relación laboral encubierta,
en tanto si bien este período supera el término estrictamente indispensable para
celebrar contratos de prestación de servicios, lo cierto es que dentro del proceso no
se probó que las actividades realizadas fueran ejecutadas por el personal de planta
de la entidad, pues no hay constancia de su manual de funciones o documento que
certifique tal hecho, como tampoco confluyeron los elementos necesarios que
configuren la subordinación del servicio. Además, que el ordenamiento jurídico
permite que las entidades del Estado cumplan con el cometido que les fue asignado
excepcionalmente con personas distintas a las que integran su planta de personal,
mediante la suscripción de contratos de prestación de servicios, cuando: (i) las
actividades no puedan realizarse con el personal empleado o (ii) requieran
conocimientos especializados.

Luego del anterior relato, se procede abordar el defecto invocado por la parte actora
en el escrito de impugnación, así:

En torno al defecto fáctico, la Corte Constitucional ha considerado que se configura
cuando “(…) se hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al proceso,
o que en la valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya desconocido
manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos casos, que la prueba
sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal trascendencia que sea capaz de
determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo esos supuestos es posible la tutela de
los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, de manera que cuando los mismos no satisfagan estas exigencias, no
procede el amparo constitucional pues se trata de situaciones que se sustraen al
ámbito funcional de esta jurisdicción”.

Así mismo, ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse el defecto
fáctico: 1) una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin
razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez; 2) una dimensión positiva, que se presenta generalmente
cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo,
fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador desconoce la
Constitución19, o cuando se dan por establecidas circunstancias sin que exista
material probatorio que respalde su decisión20.

Es decir que, dado el carácter restringido y excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, no corresponde al juez constitucional reabrir el debate
probatorio o de la interpretación de las normas legales utilizadas para resolver el
caso. Por lo tanto, su labor se limita a evidenciar aquellos errores manifiestos del
fallo, que lo hacen incompatible con los derechos fundamentales.

19
Sentencia T-781 de 2011. M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.
20
Sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
10

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En torno con el desconocimiento del precedente judicial, es necesario precisar que
la Corte Constitucional ha dicho que su aplicación implica que21 «un caso pendiente
de decisión debe ser fallado de conformidad con el (los) caso (s) del pasado, sólo
(i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a
los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia
jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso
presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en
una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su
aplicación».

El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones
que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está
conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las
decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

Para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por
desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas22:

1. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y exponer
las razones por las que estima que se desconoció.
2. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría dejado
de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso análogo ya decidido.
3. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de aplicar.
4. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias entre
el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para apartarse del
precedente judicial. Si existen diferencias no habrá desconocimiento del precedente judicial.
Aunque los casos sean similares, tampoco habrá desconocimiento del precedente si el juez
expone las razones para apartarse.
5. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón central de la
decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la valoración que el juez
hace de las normas frente a los hechos y el material probatorio en cada caso concreto 23.
6. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección del derecho
a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la garantía de la confianza
legítima.

Por otra parte, la violación directa de la Constitución se configura cuando el juez en
la decisión desconoce la Carta Política. Ello puede ocurrir, primero, porque no se
aplica una norma fundamental al caso en estudio, lo cual se presenta porque: (a) al
resolver el asunto se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de
conformidad con el precedente constitucional; (b) se trata de un derecho
fundamental de aplicación inmediata; y (c) en las decisiones se vulneraron derechos
fundamentales y no se tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme a la
Constitución.

En segundo lugar, porque se aplica la ley al margen de los preceptos consagrados
en la Constitución. En este evento, se ha señalado que los jueces, en sus fallos,
deben tener en cuenta la excepción de inconstitucionalidad contenida en el artículo
4º Superior, en tanto la Carta es norma de normas, y cuando existe incompatibilidad
con las disposiciones legales, debe aplicarse de preferencia las constitucionales 24.

Descendiendo al asunto bajo examen, los accionantes afirman que se incurrió en
defecto fáctico, pues se omitió valorar pruebas relevantes y en conjunto, como los

21
Sentencia T-158 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
22
Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
23
Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: “la existencia de un precedente no depende del hecho de que se haya
dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al caso. Es necesario que se
demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de
juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren
a situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el caso objeto
de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica” (se destaca).
24
Sentencia SU-069 de 2018, M.P.: José Fernando Reyes Cuartas.
11

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objetos contractuales y las declaraciones de los testigos de la parte actora, que
demostraban el elemento subordinación, además que otorgó mayor credibilidad de
una testigo tachada de sospechosa por el vínculo laboral existente con la entidad
demandada.

Al respecto, la Sala observa que la autoridad judicial accionada en la sentencia
objetada elaboró dos cuadros en los cuales se señaló i) el número del contrato de
prestación de servicios, ii) fecha de inicio, iii) fecha de finalización, iv) objeto del
contrato y v) valor del contrato. Igualmente, del estudio de esos cuadros logró
determinar los elementos de prestación personal del servicio y la remuneración. Por
consiguiente, se observa que el objeto contractual sí fue motivo de estudio, cuestión
diferente es que estos ofrecieran elementos de juicio solo para demostrar los
elementos de la relación laboral antes mencionados.

De hecho, se evidencia que, de manera general, los objetos contractuales
consistieron en i) la recolección urbana de la información, ii) el apoyo a la gestión
para realizar la recolección rural de la información de la Gran Encuesta Integrada
de Hogares -GEIH- y iii) el apoyo a la gestión para realizar la recolección rural-
urbana de información.

Ahora bien, en la sentencia objetada se señalan estos objetos contractuales y se
advierte que solo de estos no se puede determinar el elemento subordinación y más
en atención a los criterios desarrollados en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-
S2-2021. Por consiguiente, no se evidencia que la autoridad judicial accionada
omitiera la valoración de los mencionados objetos contractuales. Por el contrario,
en la sentencia objetada se observa que fueron estudiados y que, incluso, se
concluyó que estaban probados los elementos de remuneración y prestación
personal del servicio.

Aunado a lo anterior, resulta contradictorio que, por una parte, la demandante afirme
en la solicitud de amparo que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado omitió el objeto de los contratos, pero en otra parte de su argumentación
mencione que “la lectura que hizo el Consejo de Estado, de los mal llamados
contratos de prestación de servicios, fue apenas en su objeto, que siempre fue el
mismo”.

De otro lado, en lo relacionado con la valoración de los testimonios y el elemento de
subordinación, se torna necesario precisar que la autoridad judicial accionada
señaló que, el mencionado elemento, se iba a estudiar a partir de los criterios
desarrollados en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 y que las
pruebas documentales no ofrecieron elementos de juicios suficientes para
demostrarlo.

En efecto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado valoró
las declaraciones rendidas en el proceso ordinario, es decir, la de los señores
Augusto Montoya Mosquera, Diana Carolina Espinoza Sarmiento y Paula Andrea
García Rincón, así como la de la señora Berta Stella De Ávila Fajardo. Luego, a
partir de estas y una vez analizadas en conjunto y conforme a las reglas de la sana
crítica, la autoridad judicial accionada concluyó que las afirmaciones de los testigos
aportados por la demandante fueron generales e incluso contradictorias, aunado al
hecho de que no ofrecieron los suficientes elementos de juicio para demostrar,
porque i) en relación con el lugar de trabajo se demostró que la demandante cumplía
los objetos de sus contratos en campo, pero sin certeza sobre imposiciones del
DANE para que luego del desarrollo de aquellas actividades tuviera que presentarse
en las instalaciones de la entidad. Con respecto, ii) al horario de trabajo, los
declarantes manifestaron diferentes horarios, mientras que la señora De Ávila
Fajardo indicó que no se les exigió horario. Finalmente, frente a iii) la dirección y
control de las actividades, las pruebas fueron claras y asertivas sobre condiciones
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o circunstancias de modo, tiempo y lugar que denotan direccionamiento, control y
órdenes de dicha entidad.

Es decir, que la autoridad judicial accionada reprochó el hecho de que los
testimonios aportados por la demandante no ofrecieron la certeza que pretendía,
mas no por el hecho de que se le otorgara mayor valor a lo declarado por la señora
Berta Stella De Ávila Fajardo.

Ahora bien, es necesario precisar que aun cuando la demandante planteara la tacha
por sospecha frente a la señora Berta Stella De Ávila Fajardo, por estar subordinada
al DANE, lo cierto es que esto no excluye o se desestima de plano como lo pretende
la actora, pues en virtud de lo establecido en el artículo 21125 del Código General del
Proceso se debe apreciar rigurosamente conforme a las reglas de la sana crítica y,
además, se debe confrontar como los demás medios de prueba allegados al
proceso, lo cual la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
realizó en la sentencia objetada, en tanto el estudio que se hizo de la mencionada
testigo fue riguroso, se confrontó con las otras declaraciones, así como con las
pruebas documentales.

En ese orden de ideas, contrario a lo manifestado por la demandante se observa
que en la sentencia objetada se realizó un análisis en conjunto de las pruebas y que
su valoración se ajustó a derecho, sin que se evidencie conclusiones caprichosas o
alejadas del ordenamiento jurídico.

De otro lado, con respecto al cargo referente a que se había constituido una duda
respecto al elemento subordinación y que “si estuviéramos en un asunto penal, se
podría comprar (sic) con una condena porque las dudas del material probatorio no
dejaron sentado que el presunto delincuente fuera inocente”.

Al respecto, la Sala debe precisar que las dinámicas en los procesos penales son
disimiles a los asuntos que se tramitan ante la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa, más aún en los casos de nulidad y restablecimiento del derecho, en
el cual la parte activa debe procurar desvirtuar la presunción de legalidad de un acto
administrativo que es expedido por entidades estatales o privados que prestan
servicios públicos o ejerzan funciones administrativas, mientras que en los juicios
penales lo que se desvirtúa es la presunción de inocencia, carga principal que la
ostenta el Estado por medio de la Fiscalía General de la Nación, y las consecuencias
de que no se cumpla con esta carga difieren. Es decir, si el ente investigador no
desvirtúa la presunción de inocencia en el curso del proceso penal el reo queda
absuelto, de otro lado, en el contencioso el acto administrativo se mantiene en firme.

Por consiguiente, la comparación que propone la demandante en el presente asunto
no guarda relación o no resulta aplicable.

Así las cosas, la Sala negará el cargo bajo estudio, toda vez que la demandante no
demostró la configuración del defecto fáctico

De otro lado, en relación con el defecto por desconocimiento del precedente judicial,
la accionante señala que no se aplicó la sentencia T-1040 de 2001 de la Corte
Constitucional y el caso de la señora Rosa Elvira Martínez, el cual presentaba
igualdad de situaciones fácticas y jurídicas de la señora Mary Luz Posada Posada
y que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado accedió a las
pretensiones.

25
Artículo 211. Imparcialidad del testigo. Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las personas que se
encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos
o interés en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas.

La tacha deberá formularse con expresión de las razones en que se funda. El juez analizará el testimonio en el momento de
fallar de acuerdo con las circunstancias de cada caso.
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En primer lugar, se debe precisar que en la providencia objetada se sustentó en las
reglas desarrolladas en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, junto con la valoración en conjunto del
material probatorio aportado y practicado en el curso del proceso ordinario.

En segundo lugar, la sentencia T-1040 de 2001, no ostenta similitud fáctica y jurídica
respecto al caso de la demandante, pues en esa ocasión la Corte Constitucional
amparó el derecho fundamental de un trabajador que fue desvinculado
unilateralmente y que gozaba de estabilidad laboral reforzada, mientras que lo
debatido por la accionante en el presente asunto es sobre la configuración del
contrato realidad.

Por otra parte, el caso de la señora Rosa Elvira Martínez González fue resuelto por
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de 15
de mayo de 2024 (radicado núm. 63001-23-33-000-2021-00034-01), en la que se
accedió a las pretensiones mencionada de la demanda tendientes al reconocimiento
del contrato realidad durante el tiempo que laboró como encuestadora del DANE,
sin embargo, la Sala advierte que la providencia invocada como precedente judicial
fue dictada por una subsección diferente.

Por consiguiente, se debe recordar que la fuerza vinculante del precedente judicial
horizontal se hace menos estricta, como quiera que al tratarse de autoridades
judiciales que se encuentran ubicados en la misma escala funcional, se debe
privilegiar el principio de autonomía judicial. De allí, que ante la existencia de
decisiones con similares contornos fácticos proferidas por salas de decisión
diferentes, no es posible que el juez constitucional imponga el criterio que favorezca
las pretensiones de la parte interesada, pues ello además de ser un desbordamiento
de la función judicial, supondría desconocer que la Constitución Política garantiza
los principios de autonomía e independencia judicial -interna y externa-.

Por consiguiente, en lo referente con los precedentes judiciales que trae a
consideración la demandante, esta Sala considera que no se configura el defecto,
más aún cuando no se aportaron decisiones proferidas por la misma sala que dictó
la providencia objetada.

Finalmente, con respecto al cargo de violación directa de la Constitución, la Sala
advierte que la demandante no cumplió con la carga de probar la vulneración de los
derechos fundamentales alegados ni que se trata de un escenario en el que por
incompatibilidad entre una norma y la Constitución Política la autoridad judicial
accionada omitió aplicar la excepción de inconstitucionalidad.

Así las cosas, la Sala revocará la sentencia impugnada en la que se declaró la
improcedencia de la acción de tutela y, en su lugar, se negaran las pretensiones de
la acción de tutela, en tanto no se demostró la configuración de los defectos fáctico,
por desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

Primero.- Revocar la sentencia de 19 de enero de 2026, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En su lugar,
14

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Segundo.- Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por la señora
Mary Luz Posada Posada, quien actúa mediante apoderado judicial, contra la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones aquí
expuestas.

Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Quinto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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