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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07184-00

Fecha
12 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07184-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLÁRASE la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del requisito de inmediatez. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07184-00

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

12 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá, D. C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07184-00
Accionante: Edwar Augusto Murcia Sánchez
Accionados: Tribunal Administrativo de Nariño y Juzgado Segundo Administrativo
de Pasto
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Sala resuelve, en primera instancia, la demanda de tutela presentada por el señor
Edwar Augusto Murcia Sánchez contra los autos del 23 de enero de 2024 y 30 de
septiembre de 2024 proferidos por el Juzgado Segundo Administrativo de Pasto y el
Tribunal Administrativo de Nariño, respectivamente, en el proceso ejecutivo radicado con
el núm. 52001-33-33-002-2023-00265-01 (14239), a través de los cuales se negó el
mandamiento de pago por haber operado el fenómeno de la caducidad.

SÍNTESIS1

El actor cuestiona los autos que negaron el mandamiento de pago en el marco de un
proceso ejecutivo por haber operado la caducidad. Según el demandante, el Juzgado
Segundo Administrativo de Pasto y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de
Nariño interpretaron y aplicaron de forma errónea la caducidad pues han debido tener
en cuenta que el título ejecutivo era complejo y no simple. Se declara la improcedencia
de la demanda por incumplimiento del requisito de inmediatez.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 13 de noviembre de 2025, el señor Edwar Augusto Murcia Sánchez presentó una
demanda en ejercicio de la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la defensa técnica y al acceso a la
administración de justicia. En criterio del accionante, esas garantías constitucionales
fueron vulneradas por los autos del 23 de enero de 2024 y 30 de septiembre de 2024
proferidos por el Juzgado Segundo Administrativo de Pasto y el Tribunal Administrativo
de Nariño, respectivamente, en el proceso ejecutivo radicado con el núm. 52001-33-33-
002-2023-00265-01 (14239), a través de los cuales se negó el mandamiento de pago
por haber operado el fenómeno de la caducidad.

1 Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / proceso ejecutivo / Improcedencia / Inmediatez

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07184-00
Accionante: Edwar Augusto Murcia Sánchez
Se declara la improcedencia de la demanda

2. El accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:

PRIMERO: Declarar la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso
judicial, contradicción y defensa, igualdad y accesos a la administración de justicia, por
las vías de hecho configuradas en las providencias impugnadas, y cumplimiento de las
sentencias judiciales a mi nombre.

SEGUND: Dejar sin efecto las providencias del 23 DE ENERO DE 2024 PROFERIDA
POR EL JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE PASTO (RADICACIÓN 52001-
33-33-002-2023-00265-00), y la providencia del 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PROFERIDAD POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO (RADICACIÓN
52001333300220230026501 (14229)).

TERCERO: Ordenar al JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO de
Pasto admitir la demanda ejecutiva radicada bajo el No. 52001-33-33-002-2023-00265-
00 y continuar el trámite respectivo.

CUARTO: Ordenar la suspensión provisional de los efectos de las providencias
impugnadas, mientras se resuelve de fondo la presente acción de tutela, a fin de evitar
perjuicios irremediables al suscrito.

QUINTO: Disponer las demás medidas necesarias para garantizar la efectividad de los
derechos vulnerados. [Negrillas del texto citado].

B. Hechos

3. A través de apoderado judicial, el señor Edward Augusto Murcia Sánchez presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación-Ministerio
de Defensa – Policía Nacional para que se declara la nulidad de la Resolución No. 3350
del 4 de agosto de 2008, por medio de la cual fue retirado del servicio activo de la Policía
Nacional.

4. En sentencia del 19 de abril de 2012, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del
Circuito de Pasto profirió sentencia en donde: (i) declaró la nulidad de la Resolución No.
3350 del 4 de agosto de 2008; (ii) condenó a la Policía Nacional a reintegrar al señor
Edward Augusto Murcia Sánchez al servicio activo, en el grado que ostentaba al
momento de su retiro y al reconocimiento de los ascensos correspondientes; (iii)
condenó a la Policía Nacional a reconocer y pagar los salarios, prestaciones y demás
emolumentos dejados de devengar desde la fecha de retiro y hasta que se haga efectivo
el reintegro y (iv) declaró que no ha existido solución de continuidad en la prestación de
los servicios por parte del señor Edwar Augusto Murcia Sánchez.

5. El Tribunal Administrativo de Nariño, Sala de Decisión del Sistema Escritural en
Descongestión, confirmó la decisión del Juzgado Segundo Administrativo Oral del
Circuito de Pasto el 13 de febrero de 2015.

6. El 31 de diciembre de 2015 el señor Edwar Augusto Murcia Sánchez fue reintegrado
a la Policía Nacional mediante Resolución No. 06014 del 31 de diciembre 2014 emitida
por el Director General de la Policía Nacional. En dicha resolución se ordenó el pago de
los salarios y demás emolumentos dejados de percibir mientras estuvo separado del
servicio activo.

7. Mediante Resolución No. 00789 del 24 de diciembre de 20020 la Policía Nacional,

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07184-00
Accionante: Edwar Augusto Murcia Sánchez
Se declara la improcedencia de la demanda

en cumplimiento a la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño el 13
de febrero de 2015, ordenó el pago de $ 447.071.989.68 a favor del señor Murcia
Sánchez.

8. En vista de que en la suma liquidada por la Policía Nacional no se incluyó lo
correspondiente a la prima de orden público, el señor Murcia Sánchez presentó una
acción de tutela en contra de Policía Nacional en donde solicitó que se le entregara la
liquidación del pago de forma discriminada. La acción de tutela fue resuelta
favorablemente por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Popayán el 16 de
noviembre de 2023.

9. El 3 de noviembre de 2023, la Policía Nacional mediante oficio No. S-2016-DITAH-
ANOPA-1.10 le remitió al señor Murcia Sánchez la liquidación discriminada de su pago
en donde, según alega, no se incluyó la prima de orden público.

10. El 19 de noviembre de 2023, el señor Murcia Sánchez presentó una demanda
ejecutiva ante el Juzgado Administrativo de Pasto en donde solicitó mandamiento de
pago por $27.012.778 correspondiente a la prima de orden público no cancelada. El 23
de enero de 2024, el Juzgado Segundo Administrativo de Pasto negó el mandamiento
de pago por haber operado el fenómeno de caducidad.

11. El 30 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Nariño confirmó el auto
del 23 de enero de 2024 proferido por el Juzgado Administrativo de Pasto.

12. El 13 de noviembre de 2025, el señor Edward Augusto Murcia Sánchez, actuando
en nombre propio, presentó acción de tutela en contra del auto del 23 de enero de 2024
proferido por el Juzgado Segundo Administrativo de Pasto y en contra del auto del 30
de septiembre de 2024 del Tribunal Administrativo de Nariño.

C. Fundamentos de la vulneración

13. El accionante sostiene que las decisiones del Juzgado Segundo Administrativo de
Pasto y del Tribunal Administrativo de Nariño vulneraron sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, al incurrir en:
(i) defecto orgánico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto
sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del
precedente y (viii) por violación directa de la constitución.

13.1.En cuanto al defecto orgánico, afirma que las autoridades judiciales carecían de
competencia absoluta para declarar la caducidad del proceso ejecutivo, al aplicar
normas para títulos ejecutivos simples y “al ignorar que el título ejecutivo es complejo y
su exigibilidad solo surgió con la notificación de la liquidación discriminada el 3 de
noviembre de 2023”2.

13.2.Sobre el defecto procedimental alega que las autoridades judiciales actuaron al
margen del procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo – en adelante CPACA-, para los procesos ejecutivos
con títulos complejos. Además, porque declararon la caducidad sin analizar la

2 Índice 5 del expediente digital disponible en SAMAI.

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Se declara la improcedencia de la demanda

notificación tardía de la liquidación discriminada.

13.3. Respecto del defecto fáctico manifiesta que las providencias “carecen de apoyo
probatorio para declarar la caducidad, al ignorar las pruebas de la notificación de la
liquidación discriminada en noviembre de 2023, que probaba la exigibilidad del título
complejo”.3

13.4. En relación con el defecto sustantivo, señala que el artículo 164 del CPACA fue
interpretado de forma contradictoria ya que se aplicó el término de caducidad de los
títulos simples a los títulos complejos. Alega que en Sentencia SU-424 de 2019, la Corte
Constitucional tuteló por defecto sustantivo las interpretaciones contradictorias de los
términos de caducidad.

13.5. Sobre el error inducido señala que se configuró porque “las providencias fueron
inducidas a error por la omisión de la Policía Nacional en detallar inicialmente la
liquidación (…), revelada solo en 2023 vía tutela, llevando a declarar caducidad sin base
real”4.

13.6.En cuanto a que se trató de una decisión sin motivación, alega que el requisito se
cumple porque las providencias carecen de motivación al declarar la caducidad sin
fundamentar por qué se desestimó el carácter complejo del título y por no haberse
analizado la notificación de 2023.

13.7. Respecto del desconocimiento del precedente judicial señala que las decisiones
impugnadas van en contra de la sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado
del 7 de octubre de 2022, expediente 11001-03-24-000-2021-00581-00 que se refiere a
la caducidad de los títulos ejecutivos complejos.

13.8.Finalmente, en relación con la violación directa de la Constitución, alega que las
providencias violan directamente los artículos 2285 y 536 superiores.

D. Trámite procesal

14.Por auto del 18 de noviembre de 20257 se admitió la demanda de tutela, se negó la
medida provisional, y se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Nariño y al
Juzgado Segundo Administrativo de Pasto y, en calidad de tercero con interés, a la
Nación-Ministerio de Defensa – Policía Nacional, para que un término de dos (2) días

3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Artículo 228. La Administración de justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones

serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial.
Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será
desconcentrado y autónomo.
6 Artículo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los

siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima
vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios
mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles;
situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de
derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía
a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la
maternidad y al trabajador menor de edad. El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de
las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación
interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad
humana ni los derechos de los trabajadores.
7 Índice 4 del expediente digital disponible en Samai

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contados a partir de la notificación, se pronunciaran sobre las pretensiones y los hechos
de la demanda.

E. Oposiciones e intervenciones

15. El Juzgado Segundo Administrativo de Pasto8 (accionado) se opuso a la
prosperidad de las pretensiones de la tutela por las siguientes razones: (i) el asunto
debatido no tiene relevancia constitucional, se trata de un aspecto netamente procesal
ya discutido y resuelto; (ii) el demandante pretende revivir una decisión ejecutoriada que
ya hizo tránsito cosa juzgada, y (iii) no se cumple con el principio de inmediatez porque
ha transcurrido más de un año desde que quedó en firme la decisión Tribunal
Administrativo de Nariño.

16. El Tribunal Administrativo de Nariño guardó silencio.

17. El Ministerio de Defensa – Policía Nacional9 (tercero con interés) pidió declarar la
improcedencia de la demanda de tutela. Sostuvo que en el presente caso no se
vislumbra la existencia de vulneración a derechos fundamentales, un perjuicio
irremediable o una amenaza inminente e injustificada que evidencie la necesidad la
acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES

F. Competencia

18. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver la demanda de acción de tutela interpuesta por el señor Edwar Augusto Murcia
Sánchez en contra de los autos del 23 de enero de 2024 y 30 de septiembre de 2024
proferidos por el Juzgado Segundo Administrativo de Pasto y el Tribunal Administrativo
de Nariño, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política,
en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y en el Reglamento del Consejo de Estado
(Acuerdo 80 de 2019).

G. Sentido de la decisión

19. La Sala declarará la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del
requisito de inmediatez y porque no se dan los presupuestos señalados por la
jurisprudencia Constitucional para flexibilizar el mencionado requisito. En ese sentido, y
por razones metodológicas, en esta providencia no se hará la verificación de los demás
requisitos generales de procedencia de la demanda de la acción de tutela10.

8 Índice 8 del expediente digital disponible en Samai
9 Índice 12 del expediente digital disponible en Samai
10 Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia
constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa judicial al alcance
de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de 2005).

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J. Caso Concreto

20. La Sala observa que la demanda de tutela no cumple con el requisito de inmediatez,
pues el actor interpuso la demanda por fuera del plazo que la jurisprudencia de esta
Corporación ha determinado como razonable para cuestionar providencias judiciales en
sede de tutela, que es seis meses a partir de la notificación de la providencia objeto de
tutela11.

21. La Corte Constitucional ha señalado que, aunque la acción de tutela no está
sometida a un término de caducidad, su ejercicio sí está condicionado por el principio
de inmediatez, entendido como una exigencia de presentar la demanda en un plazo
razonable contado desde la ocurrencia del hecho que origina la vulneración o amenaza
alegada12. Este requisito es esencial para determinar si la situación que afecta el
derecho realmente es apremiante. Cuando existe un retraso excesivo e injustificado,
puede concluirse que ni siquiera el titular del derecho percibe su situación como urgente,
lo que desvirtúa la necesidad de una intervención inmediata del juez constitucional y la
naturaleza expedita propia de la acción de tutela13.

22. Adicionalmente, en relación con demandas de tutela contra providencias judiciales,
la Corte Constitucional ha considerado que el análisis del requisito de inmediatez debe
ser especialmente riguroso, a fin de no comprometer los principios de seguridad jurídica
y cosa juzgada14. Esto, en vista de que la firmeza de las decisiones judiciales no puede
permanecer indefinidamente en incertidumbre. Un escenario así impediría a las partes
conocer con certeza el alcance de sus derechos, afectaría el derecho de acceso a la
administración de justicia, que comprende la firmeza y ejecutoriedad de las decisiones
judiciales, y generaría un clima de inestabilidad jurídica.

23. Sin perjuicio de lo anterior, la Corte Constitucional15 ha reconocido que, de manera
excepcional, la acción de tutela puede ser procedente incluso cuando ha transcurrido
un periodo amplio entre el hecho generador de la vulneración y su interposición cuando
se demuestra: (i) la existencia de un motivo válido que explique la inactividad del
accionante, como situaciones de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad
o una incapacidad física o material; (ii) que la inactividad injustificada compromete el
núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) que existe
un nexo causal entre la presentación tardía de la acción y la vulneración alegada; o (iv)
que la afectación es permanente y actual, de modo que, aunque el hecho que la originó
sea antiguo, los efectos lesivos persisten y continúan vulnerando los derechos del
accionante.

23.1. En el caso bajo estudio, la Sala evidencia que los reparos elevados por el accionante
están dirigidos exclusivamente contra los autos del 23 de enero de 2024 y 30 de

11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado

11001-03-15-000-2012-02201-01. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12
Corte Constitucional. Sentencias T-020 de 2021, T-143 y T-061 de 2019.
13 Corte Constitucional. Sentencia T-444 de 2019, reiterada por la sentencia T-234 de 2020.
14 Corte Constitucional, Sentencia del 30 de abril de 2015, Sentencia T-246 de 2015, MP Martha Victoria Sáchica

Méndez.
15 Corte Constitucional, sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de

2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07184-00
Accionante: Edwar Augusto Murcia Sánchez
Se declara la improcedencia de la demanda

septiembre de 2024 proferidos por el Juzgado Segundo Administrativo de Pasto y el
Tribunal Administrativo de Nariño, respectivamente, en el proceso ejecutivo radicado
con el núm. 52001-33-33-002-2023-00265-01 (14239), a través de los cuales se negó
el mandamiento de pago por haber operado el fenómeno de la caducidad.

24. En ese sentido, de las pretensiones de la demanda de tutela es posible advertir que
la inconformidad de la accionante data desde que se profirió el auto del 30 de septiembre
de 2024, el cual fue notificado a las partes mediante estado electrónico del 18 de
noviembre de 2024. En vista de que la demanda de tutela fue presentada
el 13 de noviembre de 2025, resulta evidente que transcurrió casi un año desde la
notificación de la decisión judicial y, en ese sentido, se superó excesivamente el término
de inmediatez de seis meses previsto por la jurisprudencia de esta Corporación.

24.1. Sumado a lo anterior, en la demanda de tutela el actor no alegó, ni demostró, -y la
Sala tampoco advierte- una situación especial que permitiera flexibilizar o inaplicar el
término de inmediatez según las excepciones desarrolladas por la jurisprudencia
constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLÁRASE la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento
del requisito de inmediatez.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO: Una vez notificada, y si no fuese impugnada, ENVÍESE el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

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