Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07192-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-07192-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07192-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-07192-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07192-01
Accionante: John Alirio Rodríguez Parra
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
subsecciones D y E, y otro
Tema: Derechos a la igualdad, petición, debido proceso, defensa y acceso a la
administración de justicia. Tutela contra providencias judiciales. Nulidad y
restablecimiento del derecho. Inmediatez y hecho superado. CONFIRMA
SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el accionante en contra de la
sentencia del 19 de enero de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, a través de la cual declaró improcedente la acción.
ANTECEDENTES
El señor John Alirio Rodríguez Parra pretende que se protejan sus derechos
fundamentales a la igualdad, petición, debido proceso, defensa y acceso a la
administración de justicia, así como los principios de seguridad jurídica y de buena
fe, los cuales considera vulnerados por i) el Juzgado Veintiuno Administrativo del
Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, con las sentencias del 24 de noviembre de 2011 y 4 de septiembre
de 2012 proferidas, respectivamente, en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, al que se le asignó el radicado 11001-33-31-021-2011-00087-00/01; ii)
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, con
sentencia del 23 de marzo de 2006, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-25-000-2003-08403-01; y iii)
por las autoridades judiciales señaladas por la falta de respuesta a varias
solicitudes.
HECHOS
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Rad icad o: 1100 1 -03 -1 5 -000 -2025 -0 7192 -01
La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
El hoy accionante instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de la Caja Nacional de Previsión Social (en adelante CAJANAL), en la que
solicitó la nulidad de las resoluciones 3884 del 3 de marzo y 5060 del 1 de
septiembre de 2003, mediante las cuales se le negó el reconocimiento de una
pensión de jubilación como detective del Departamento Administrativo de Seguridad
(en adelante DAS).
El 23 de marzo de 2006, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, accedió parcialmente a las pretensiones y condenó a
CAJANAL a reconocer y pagar al demandante una pensión de jubilación a partir del
8 de julio de 2002, equivalente al 75 % del promedio del salario devengado durante
el último año de servicios, por lo cual la entidad demandada interpuso recurso de
apelación, pero fue rechazado por improcedente, debido a que se trataba de un
proceso de única instancia, en razón de la cuantía.
El 23 de febrero de 2011, el actor instauró una nueva demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la extinta CAJANAL, para lograr la
reliquidación de su pensión en cuantía del 75 % del promedio de los factores
salariales devengados durante el año de servicio anterior al retiro, con inclusión de
la prima de navidad.
El 24 de noviembre de 2011, el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de
Bogotá profirió sentencia, en la que declaró probada la excepción de cosa juzgada,
por lo cual el demandante interpuso recurso de apelación en su contra y el 4 de
septiembre de 2012, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, la confirmó.
Los días 21 de febrero, 4 de junio, 27 de agosto y 29 de septiembre de 2025, el
accionante solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, que se realizara un nuevo estudio de la sentencia del 23 de marzo
de 2006, teniendo en cuenta nuevos supuestos, pero no ha obtenido respuesta; así
mismo, el 27 de agosto y el 29 de septiembre de 2025, presentó solicitud al Juzgado
señalado en similar sentido, y el 8 de octubre de ese año, el despacho ordenó remitir
el expediente por competencia a la Subsección E de la Sección Segunda del
Tribunal indicado.
Considera que las autoridades judiciales accionadas omitieron el análisis de los
nuevos supuestos y su efecto respecto al fenómeno de la cosa juzgada, en los
términos de la Sentencia SU-353/20 de la Corte Constitucional, teniendo en cuenta
una nueva certificación laboral, en la que consta los factores que le fueron
reconocidos, y el proferimiento de decisiones judiciales posteriores por parte del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional sobre los derechos adquiridos en el
régimen especial de carrera del personal de detectives del extinto DAS; así como la
normativa anterior a la Ley 100 de 1993 que reconoce los factores salariales
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Rad icad o: 1100 1 -03 -1 5 -000 -2025 -0 7192 -01
reclamados, incluyendo la prima de riesgo y de navidad, como son los decretos
3135 de 1968, 1933 de 1989, 1045 de 1978, 1047 de 1978 y 1835 de 1994.
PRETENSIONES
Solicitó que se revoquen las sentencias cuestionadas y se ordene la nulidad del
Acto Administrativo 03181 del 4 de febrero de 2008 expedido por CAJANAL E.I.C.E.
y el pago tanto de la pensión mensual con la inclusión de todos los factores
salariales, como del respectivo retroactivo.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 14 de noviembre de 2025, se admitió la acción; se vinculó a la Unidad de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales (en adelante la UGPP), como tercero con
interés; y se corrió el respectivo traslado.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Segunda,
adujo que mediante auto del 8 de octubre de 2025 declaró la falta de competencia
para emitir pronunciamiento sobre las solicitudes para el análisis de nuevos
supuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y ordenó remitir
el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, lo que no constituye una afectación de los derechos fundamentales
del accionante.
Que la tutela no es procedente por incumplir el requisito de inmediatez,
especialmente cuando lo pretendido es obtener un nuevo pronunciamiento o
revisión de las providencias que declararon el fenómeno de la cosa juzgada, las
cuales quedaron ejecutoriadas el 18 de septiembre de 2012, máxime cuando no
existe alguna justificación para la tardanza en la instauración de la tutela.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
E, manifestó que se atenía a lo que resultare probado, teniendo en cuenta que
actualmente existe una nueva composición de la Sala, sin perjuicio de lo cual
precisó que la tutela no cumple con el requisito de inmediatez.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
D, remitió el expediente digital del proceso ordinario.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
La UGPP indicó que la tutela es improcedente porque no se cumplen los requisitos
de subsidiariedad e inmediatez ni se demostró la existencia de un perjuicio
irremediable; además, afirmó que las decisiones judiciales discutidas no pueden ser
catalogadas como vía de hecho porque los accionantes no están de acuerdo con
ellas, máxime cuando son acordes al ordenamiento jurídico y no se configuró algún
defecto que habilite el amparo ni se vulneraron derechos fundamentales.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Rad icad o: 1100 1 -03 -1 5 -000 -2025 -0 7192 -01
Expuso que la solicitud presentada por el accionante se efectuó en el marco de un
proceso judicial, por lo cual no puede ser analizada conforme a las normas del
derecho de petición, y en todo caso la petición fue resuelta mediante auto del 25 de
noviembre del 2025. En consecuencia, solicitó negar el amparo.
SENTENCIA IMPUGNADA
El 19 de enero de 2026, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado declaró improcedente la acción por incumplir el requisito de inmediatez, ya
que el 30 de junio de 2006 adquirió ejecutoria la providencia que rechazó por
improcedente el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia del 23
de marzo de 2006 proferida en el proceso 2003-08403-00, y el 11 de septiembre de
2012 fue notificado por edicto la sentencia del 4 de septiembre de 2012 proferida en
el proceso con radicado 2011-00087-01, pero la tutela fue instaurada el 13 de
noviembre de 2025, por lo que superó ampliamente el plazo de 6 meses previsto
como prudencial.
Además, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado respecto a la
protección del derecho de petición del actor, ya que las solicitudes del 21 de febrero,
27 de agosto y 29 de septiembre de 2025 fueron adecuadas a solicitudes de adición
y fueron resueltas el 21 de noviembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en el expediente 2003-08403-01,
mientras que la solicitud del 27 de agosto de 2025 fue decidida el 25 de noviembre
de 2025 por la Subsección E de la Sección mencionada, en el proceso 2011-00087-
01, en el sentido de estarse a lo resuelto en la sentencia del 4 de septiembre de
2012.
IMPUGNACIÓN
El actor impugnó la sentencia, al considerar que no se resolvieron de fondo sus
desacuerdos, lo que lo deja en un estado de indefensión, con mayor razón si se
tiene presente que los factores salariales que deben ser incluidos para liquidar su
pensión no prescriben, por lo que pueden reclamarse en cualquier tiempo, lo que
desvirtúa el incumplimiento del requisito de inmediatez.
Que no se presentó un hecho superado porque no se ha efectuado un análisis de
fondo sobre sus desacuerdos con las sentencias discutidas y, en cambio, existe un
daño permanente que afecta directamente su derecho pensional, lo que permite el
análisis del caso, a pesar de que el hecho que lo originó sea muy antiguo, aún más
si se tiene en cuenta que la solicitud de amparo no ha perdido su sustento jurídico.
Que también resulta procedente el estudio del asunto, acorde con la Sentencia C-
597/98 de la Corte Constitucional, en la que se pronunció sobre la prescripción
extraordinaria de la acción de nulidad absoluta por el transcurso de 20 años.
Que se han presentado razones de fuerza mayor que le han impedido acudir con
anterioridad ante la jurisdicción, pues fue vinculado a un proceso penal, en el que
fue privado de su libertad, y no ha contado con una defensa «digna».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Rad icad o: 1100 1 -03 -1 5 -000 -2025 -0 7192 -01
Expresó que las autoridades judiciales accionadas fundamentaron las decisiones
objeto de esta acción en normas inaplicables y se abstuvieron de pronunciarse de
fondo sobre los nuevos supuestos relacionados con la incorrecta liquidación de los
factores salariales y el desconocimiento del cómputo del tiempo prestado durante el
servicio militar obligatorio, lo que modificó la fecha de adquisición de su estatus
pensional.
En consecuencia, solicitó que se revoque la sentencia recurrida y se acceda a las
pretensiones.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidades de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales; y iii) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales 1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,
estas se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (...).
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
1
Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Rad icad o: 1100 1 -03 -1 5 -000 -2025 -0 7192 -01
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. (...)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido
posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que
haber incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello. (…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»3
En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:
«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela
se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de
cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente
exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una
3
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Rad icad o: 1100 1 -03 -1 5 -000 -2025 -0 7192 -01
argumentación cualificada4.
(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5. Esto
implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata alguna
irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite
la intervención urgente del juez de tutela6»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Caso concreto
A esta Subsección corresponde inicialmente definir si se encuentra cumplido el
requisito de inmediatez, que no se halló satisfecho en la sentencia recurrida, pues
solo de ser así, habría lugar a analizar las inconformidades expuestas por la
accionante respecto a las providencias discutidas en esta acción.
La Corte Constitucional ha establecido que el objetivo del requisito señalado es que
no se sacrifiquen los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan
la certidumbre de las decisiones de las autoridades judiciales. Lo anterior teniendo
en cuenta que, primero, una eventual determinación en sede de tutela podría dejar
sin efectos un proveído, y, segundo, está de por medio la protección de un derecho
fundamental, situaciones que exigen una actividad pronta por parte de quien
considera que se le ha transgredido o amenazado un derecho con ocasión de la
emisión de cierta providencia.
En ese orden de ideas, se ha entendido que, si bien la tutela no está sometida a un
término de caducidad, sí debe ser formulada en un plazo razonable y proporcionado.
Así, esta corporación ha estimado como término prudencial para instaurar la acción
constitucional referida para controvertir decisiones judiciales seis meses contados
desde la notificación o ejecutoria, según el caso, del respectivo auto o sentencia 7.
No obstante, resulta pertinente aclarar que dicho plazo debe ser analizado según
las particularidades de cada asunto a efectos de determinar si el mecanismo de
salvaguarda de derechos fundamentales se formuló en un lapso razonable. Así las
cosas, el juez constitucional debe examinar si 1) existe un motivo válido para la
inactividad; 2) la tardanza injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos
de terceros afectados con la decisión; 3) hay un nexo causal entre el ejercicio tardío
y la vulneración alegada; 4) el fundamento de la acción surge después de ocurrida
la actuación violatoria de los derechos fundamentales, en un plazo no muy alejado
4
Sentencia SU-074 de 2022.
5
Sentencia SU-074 de 2022.
6
Sentencia SU-072 de 2018.
7 Al respecto, ver, entre otras: Sentencia del 5 de agosto de 2014 dictada por la Sala Plena del Consejo de
Estado, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), Demandante:
Alpina Productos Alimenticios S.A.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Rad icad o: 1100 1 -03 -1 5 -000 -2025 -0 7192 -01
de la instauración; 5) la vulneración es permanente en el tiempo y 6) la carga de la
presentación de la acción en un plazo razonable resulta desproporcionada, dada la
condición de debilidad manifiesta de la parte accionante 8.
Esclarecidas las generalidades de esta primera exigencia, se aclara que el estudio
se limitará a las sentencias de segunda instancia, por ser las que pusieron fin al
litigio. En esa medida, se advierte que el actor pretende discutir las sentencias del
23 de marzo de 2006 dictada por la Subsección D de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-25-000-2003-08403-01, y del
4 de septiembre de 2012 proferida por la Subsección E de la Sección señalada, en
el proceso de igual naturaleza, al que se le asignó el radicado 11001-33-31-021-
2011-00087-01.
Las anteriores decisiones judiciales fueron notificadas mediante edictos, el primero
fijado el 4 de abril de 2006 y desfijado el 6 del mismo mes y año, y el segundo con
fecha del 11 de septiembre de 2012, respectivamente; sin embargo, el accionante
radicó esta acción el 13 de noviembre de 2026, esto es, transcurridos más de 13
años desde que las decisiones controvertidas en esta sede fueran notificadas y
adquirieran ejecutoria, lo que evidencia el incumplimiento del requisito de
inmediatez.
Sobre el particular, el solicitante del amparo afirmó que estuvo privado de su libertad
lo que le impidió instaurar oportunamente la tutela; sin embargo, se advierte que,
según el propio accionante lo expuso, dicha restricción duró 33 meses, período que
no da cuenta de los más de 13 años que el actor dejó transcurrir sin acudir a la
jurisdicción.
Tampoco resulta de recibo el argumento expuesto en la impugnación como
justificación para la interposición tardía de la acción, con base en la Sentencia C-
597/98 de la Corte Constitucional, pues esta no guarda relación alguna con el caso
aquí analizado.
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que con la decisión cuestionada en esta
sede no se vulnera el núcleo esencial de derechos de terceros, no existe un nexo
causal entre el ejercicio tardío y la transgresión invocada, esta no es permanente
en el tiempo y la exigencia de la instauración de la acción en tiempo no resulta
desproporcionada para el accionante.
Ahora bien, en cuanto al desacuerdo del accionante por la falta de resolución de las
solicitudes presentadas ante las autoridades judiciales accionadas, se observa que
el 21 de febrero, 27 de agosto y 29 de septiembre de 2025 el actor radicó ante el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
peticiones para que se efectuara un nuevo estudio de la sentencia proferida el 23
de marzo de 2006 en el proceso con radicado 25000-23-25-000-2003-08403-01, las
cuales fueron adecuadas a solicitudes de adición de esa providencia y rechazadas
por extemporáneas el 21 de noviembre de 2025.
8 Ver, entre otras: sentencias SU184/19, T246/15 y T187/12.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Rad icad o: 1100 1 -03 -1 5 -000 -2025 -0 7192 -01
Igualmente, se advierte que el 27 de agosto de 2025, el actor solicitó al Juzgado
Veintiuno Administrativo de Bogotá ordenar a la UGPP la reliquidación de su
pensión con la inclusión de la prima de riesgo y navidad, por lo cual en el marco del
proceso 11001-33-31-021-2011-00087-01, esa autoridad judicial remitió el
expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, el cual el 25 de noviembre de 2025 ordenó estarse a lo resuelto en
la sentencia del 4 de septiembre de 2012. Además, se aclara que no se encuentra
alguna petición del 4 de junio de 2025, la cual, en todo caso, según expuso el
accionante, se dirige a un nuevo estudio de la decisión adoptada en la sentencia
mencionada.
En ese orden de ideas, se evidencia que respecto a las solicitudes efectuadas al
interior de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, ya se superó la
situación que dio lugar a la instauración de esta acción. Si bien el solicitante del
amparo insiste en su desacuerdo porque, a su juicio, no se ha efectuado un nuevo
análisis de la reliquidación de su pensión, lo cierto es que ese reparo constituye un
mero desacuerdo con la decisión de fondo adoptada por las autoridades judiciales
accionadas en las sentencias que adquirieron ejecutoria hace más de 13 años, por
lo que no resulta procedente un análisis sobre el particular.
En consecuencia, se confirmará la sentencia del 19 de enero de 2026 proferida por
la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la acción instaurada en contra de las autoridades judiciales
accionadas y declaró la carencia actual de objeto por hecho superado respecto a
las solicitudes presentadas por el actor.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia del 19 de enero de 2026 proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la acción instaurada en contra de las autoridades judiciales
accionadas y declaró la carencia actual de objeto por hecho superado respecto a
las solicitudes presentadas por el actor, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.
Segundo. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Rad icad o: 1100 1 -03 -1 5 -000 -2025 -0 7192 -01
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.