RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-07194-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07194-01

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07194-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirma la sentencia impugnada, por las razones expuestas. 2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 2. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07194-01

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

5 de marzo de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07194-01
Demandante: Eliseo Ordóñez Suárez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07194-01
Demandante: Eliseo Ordóñez Suárez
Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta y otros
Temas: Tutela contra actos administrativos – otro medio de
defensa judicial– improcedencia de la tutela como
mecanismo transitorio.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la
providencia de 11 de diciembre de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, que resolvió:

«Primero: Declarar improcedente la acción de tutela que interpuso el señor Eliseo
Ordóñez Suárez, por las razones expuestas en la presente providencia. […]»

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 6 de noviembre de 2025, el señor Eliseo Ordóñez Suárez, en nombre propio,
interpuso acción de tutela contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, la
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta,
por considerar vulnerados los derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna,
a la seguridad social y el debido proceso administrativo. En consecuencia, formuló las
siguientes pretensiones:

«2- Se ordene a COLPENSIONES actualizar mi historia laboral sumando los ciclos
que relaciono, uno en su totalidad de las semanas, y los que le faltan semanas
dejados de cancelar por el empleador en su momento, ya sea la Fiscalia General
de la Nación y/o la Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta, en razón
a que se allano a la mora, por no realizar el cobro correspondiente, conforme lo
establecen los artículos 24 y 57 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 2633 de 1994
y la Sentencia T-024 de 2025.

3- Se ordene a COLPENSIONES, resolver de fondo mi solicitud de pensión de
vejez en un término no superior a treinta (30) días hábiles, con la tasa de reemplazo
del 74%, por haber cotizado 1.602, 77 semanas durante 31 años y 1 mes. Y como
tal no alegar, el no pago de las cotizaciones por el empleador, ello de acuerdo con
las Sentencia U-226 (sic) de 2019, reiterada en la Sentencia T-411 de 2023 y T-
024 de 2025, que dice: “En síntesis, el incumplimiento en el deber de efectuar el
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07194-01
Demandante: Eliseo Ordóñez Suárez

cobro coactivo de aportes pensionales adeudados por el empleador configura el
fenómeno de allanamiento a la mora por parte de la administradora del fondo de
pensiones e implican que deban ser reconocidas las semanas adeudadas”.

4- Se ordene al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta y/o a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, (Norte de Santander)
disponer, que mientras se reconoce la pensión, se realice a mi favor el pago
transitorio de una asignación mensual equivalente al 70% del salario promedio
devengado, o el reintegro temporal hasta el reconocimiento de mi pensión de
vejez.»

2. Hechos:

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El señor Eliseo Ordóñez Suárez se desempeñaba como juez primero promiscuo
municipal de Santiago, Norte de Santander.

El 30 de septiembre de 2025, el accionante fue notificado formalmente, mediante el
oficio DESAJCUO251214 del 8 de septiembre de 2025, sobre su proximidad a cumplir
la edad de retiro forzoso.

El 2 de octubre de 2025, el actor solicitó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cúcuta una prórroga de la relación laboral hasta el 31 de diciembre de 2025, con
fundamento en que dependía de su salario para cancelar una obligación económica y
que necesitaba completar 12 semanas adicionales para acceder a una mejor tasa
pensional.

El 6 de octubre de 2025, mediante la Resolución núm. 79, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cúcuta negó la solicitud y ordenó su retiro a partir del 17 de octubre
del mismo año.

El 14 de octubre de 2025, el accionante interpuso recurso de reposición contra la
decisión de desvinculación, el cual fue negado mediante la Resolución núm. 84 del 15
de octubre de 2025. Como consecuencia, el actor procedió a solicitar el retiro de sus
cesantías con saldo al 31 de diciembre de 2024, trámite que le fue autorizado y cuyos
recursos, según manifiesta, debió destinar al pago de obligaciones financieras, por lo
que se encuentra sin ingresos para su subsistencia.

Sobre la actualización de la historia laboral y trámite pensional

En marzo de 2025, debido a la falta de respuesta a sus gestiones previas para lograr
la actualización de su historia laboral, el accionante presentó una acción de tutela en
contra de Colpensiones y Porvenir.

El 21 de abril de 2025, la referida acción fue resuelta a su favor mediante fallo proferido
por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cúcuta, bajo el radicado 54001-31-09-005-
2025-00036-00.

El 13 de junio de 2025, ante el incumplimiento del fallo constitucional por parte de
Colpensiones, el actor debió iniciar un incidente de desacato.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07194-01
Demandante: Eliseo Ordóñez Suárez

El 24 de junio de 2025, derivado del trámite incidental, la entidad pensional informó
que había realizado actualizaciones, en el sentido de remitir al actor la historia laboral
en la que se registraban 1.568,43 semanas de cotización.

El 27 de octubre de 2025, el actor solicitó información a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial sobre el trámite pensional que el tribunal debía
adelantar en su nombre. Al recibir como respuesta que el trámite era personal,
procedió por su cuenta.

El 29 de octubre de 2025, el accionante radicó ante Colpensiones la solicitud de
reconocimiento de su pensión de vejez.

El 1 de noviembre de 2025, al descargar nuevamente su historia laboral, encontró un
total de 1.585,57 semanas, sin embargo, advierte que aún persistían 17,20 semanas
faltantes.

Conforme a su cálculo, de sumarse dichos periodos completaría 1.602,77 semanas,
circunstancias que le permitiría acceder a una tasa de reemplazo del 74 %.

El 14 de noviembre de 2025, mediante la Resolución SUB365504, Colpensiones le
reconoció la pensión de vejez a partir del 17 de octubre de 2025, con una mesada
inicial de $ 12.323.279 y un retroactivo de $ 28.228.422 y ordenó su inclusión en la
nómina del periodo 12 de 2025.

Contra este acto, el actor interpuso recurso de reposición para que se corrigieran las
semanas cotizadas y la fecha de inclusión en nómina.

El 22 de diciembre de 2025, Colpensiones resolvió el recurso mediante la Resolución
SUB404315, acto en el cual, según advierte el accionante, la entidad modificó de oficio
aspectos no recurridos, reduciendo su retroactivo en más de catorce millones de pesos
y disminuyendo su mesada pensional.

3. Argumentos de la tutela

Frente a la actuación del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, el actor
sostuvo que la negativa a prorrogar su nombramiento operó de manera automática y
en desconocimiento de la jurisprudencia constitucional que exige un análisis
particularizado en los casos de edad de retiro forzoso.

Expresó que la entidad omitió valorar su condición de sujeto de especial protección y
la inminente afectación a su mínimo vital, toda vez que lo dejó sin ingresos para cubrir
sus deudas adquiridas y su edad le impide acceder a otras fuentes de subsistencia.
Bajo este argumento, justificó su pretensión de que se ordene su reintegro temporal o,
en su defecto, el pago transitorio de una asignación equivalente al 70 % de su salario
hasta que se materialice el reconocimiento de su pensión.

En segundo lugar, respecto al trámite pensional, el accionante manifestó haber
actuado siempre con suma diligencia en la búsqueda de la actualización de su historia
laboral, por lo que rechazó que se le atribuyera algún tipo de renuencia.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07194-01
Demandante: Eliseo Ordóñez Suárez

Adujo que la persistencia de inconsistencias obedece exclusivamente a fallas
administrativas de Colpensiones y a la omisión de su empleador (la Dirección
Seccional de Administración Judicial y, en su momento, la Fiscalía) en el reporte y
pago oportuno de los aportes.

En ese sentido, argumentó que la historia laboral es el insumo fundamental para el
reconocimiento de la pensión y debe reflejar de manera veraz y exacta el esfuerzo de
cotización. Enfatizó que las administradoras de pensiones tienen el deber estricto de
custodiar y corregir dicha información, sin que les sea permitido trasladar al trabajador
las cargas derivadas de sus propias deficiencias logísticas o de la mora del empleador,
por ser el afiliado la parte más débil de la relación.

Como consecuencia de lo anterior, el actor alegó que Colpensiones incumplió su deber
de adelantar el cobro coactivo de los periodos adeudados, configurándose así el
fenómeno del «allanamiento a la mora». Con base en este principio, argumentó que la
administradora debe asumir las consecuencias de su inactividad y reconocer a su favor
las 17,20 semanas faltantes.

De este modo, sustentó su pretensión dirigida a que se ordene a Colpensiones
actualizar su historia laboral y resolver de fondo su solicitud de pensión de vejez,
liquidándola sobre un total de 1.602,77 semanas para garantizarle una tasa de
reemplazo del 74 %.

Finalmente, concluyó que la suma de estas omisiones por parte de Colpensiones y la
Dirección Seccional, aunadas a la decisión de retiro proferida por el Tribunal sin
garantizar una transición económica adecuada, lo dejaron en un estado de
desprotección absoluta que vulnera de manera grave y actual sus derechos a la vida
digna, la seguridad social y el debido proceso.

4. Trámite previo

Mediante auto del 18 de noviembre de 2025, la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado admitió la acción de tutela, ordenó notificar al tutelante y a las
autoridades judiciales demandadas.

5. Oposición

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, manifestó que actuó dentro del
marco legal correspondiente a su función como nominador. Explicó que solicitó al actor
información sobre su situación pensional y analizó de fondo la petición de prórroga,
concluyendo que este no acreditó una afectación real a su mínimo vital y que, además,
reconoció no haber iniciado oportunamente el trámite de su pensión, situación que,
según la corporación, constituye una omisión atribuible únicamente al propio actor.

Asimismo, precisó que mediante la Resolución 79 del 6 de octubre de 2025 se rechazó
la solicitud de extender el nombramiento y se ordenó la cesación definitiva del cargo a
partir del 17 de octubre de 2025, en razón del cumplimiento de la edad de retiro
forzoso. Aunque la causal tiene naturaleza objetiva, indicó que se valoraron las
circunstancias del caso conforme a la jurisprudencia, pero se concluyó que el señor

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07194-01
Demandante: Eliseo Ordóñez Suárez

Ordóñez Suárez no demostró elementos excepcionales que justificaran su continuidad
en el cargo.

El Tribunal añadió que el recurso de reposición fue igualmente negado el 15 de octubre
de 2025, reiterando que la extensión del nombramiento solo procede cuando el acceso
a la pensión se encuentra demorado por circunstancias ajenas al trabajador o cuando
se acredita la condición de pre-pensionado. Sostuvo que el actor no cumplió con la
carga probatoria necesaria, ya que los argumentos sobre deudas y semanas faltantes
constituían simples expectativas sin soporte documental suficiente.

De igual forma, señaló que el amparo constitucional es improcedente dado que se
dirige contra actos administrativos de carácter particular, salvo que exista un perjuicio
irremediable o se demuestre la insuficiencia del medio ordinario de defensa,
presupuestos que no se configuran. Recordó que el accionante cuenta con el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho y con la posibilidad de solicitar
medidas cautelares como la suspensión provisional.

Finalmente, el Tribunal concluyó que no hubo vulneración de derechos fundamentales,
afirmando que la edad de retiro forzoso constituye una causal objetiva establecida por
la ley que no puede dejar de aplicarse por negligencia del funcionario. En esa línea,
defendió la legalidad de sus decisiones y solicitó que se declarara improcedente la
tutela, al considerar que el actor pretende obtener un beneficio derivado de sus propias
omisiones para permanecer en el cargo más allá del límite legal.

El Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial –DEAJ–, manifestó que los tiempos de servicio del actor se
encuentran registrados en la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta
y no en la DEAJ, y aclaró que la Rama Judicial opera bajo un modelo desconcentrado
en el que las direcciones seccionales son las responsables de administrar recursos,
ejecutar el gasto y custodiar la información laboral de los funcionarios adscritos. Por
tal razón, afirmó que la autoridad competente para atender la situación del accionante
es exclusivamente la Dirección Seccional de Cúcuta.

En consecuencia, la DEAJ solicitó que se declarara su falta de legitimación en la causa
por pasiva y se dispusiera su desvinculación del trámite, al no ser la entidad llamada a
responder por las presuntas vulneraciones de derechos alegadas por el actor.

Por su parte, Colpensiones informó que, mediante la Resolución SUB-365504 del 14
de noviembre de 2025, reconoció y ordenó el pago de la pensión de vejez del señor
Eliseo Ordóñez Suárez, lo cual configura un hecho superado que torna improcedente
la acción de tutela. Añadió que no se demostró un perjuicio irremediable que habilitara
el uso excepcional de la tutela como mecanismo transitorio, pues no se evidenció una
afectación grave al mínimo vital del actor.

Colpensiones también sostuvo que el accionante no agotó los medios judiciales
ordinarios disponibles para la discusión de temas pensionales, como los procesos
laborales o contenciosos administrativos, razón por la cual la acción de tutela, dada su
naturaleza residual, no podía sustituir los mecanismos institucionales previstos por el
legislador. Frente a la historia laboral, afirmó que actuó conforme a la normatividad
vigente, reportando la información proveniente del ISS y respondiendo de fondo todas
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07194-01
Demandante: Eliseo Ordóñez Suárez

las solicitudes, recordando que corresponde al afiliado demostrar los errores que
alegue y que las dificultades operativas no pueden imputarse automáticamente a la
administradora.

Finalmente, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta señaló
que el actor cumplió la edad de retiro forzoso y que él mismo inició su trámite pensional
ante Colpensiones el 29 de octubre de 2025, afirmando que su actuación se limitó a
cumplir la orden impartida por el Tribunal Superior del Circuito Judicial de Cúcuta en
la Resolución 79 de 2025. Indicó que no tiene competencia para incluir al accionante
en la nómina de pensionados ni para efectuar pagos transitorios, pues dichas
funciones corresponden estrictamente al fondo de pensiones. En consecuencia,
solicitó negar el amparo respecto de esa dirección seccional, aduciendo que todas sus
actuaciones se ajustaron a la ley y a lo dispuesto por el Tribunal, sin vulnerar derechos
fundamentales del actor.

6. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A consideró que el actor
pretende, a través de la acción de tutela, controvertir la legalidad de las Resoluciones
79 y 84 de 2025, mediante las cuales el Tribunal Superior del Distrito de Cúcuta negó
la prórroga de su nombramiento y declaró su retiro por edad de retiro forzoso.

Advirtió que dichas pretensiones corresponden a un debate propio de la jurisdicción
contencioso administrativa, pues buscan la nulidad de actos administrativos y no son
susceptibles de ser discutidas en sede de tutela.

También indicó que el tutelante ha presentado solicitudes, trámites administrativos y
recursos, lo que demuestra que conoce y ha utilizado las vías ordinarias, reafirmando
que la tutela no puede desplazar los mecanismos previstos por la ley ni reemplazar un
proceso que exige debate probatorio. Enfatizó que la causal de retiro forzoso no
habilita por sí sola el uso de la tutela.

Adujo que el actor cuenta con un medio de defensa judicial idóneo que es el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, ante el cual puede solicitar la
suspensión provisional y demás medidas cautelares pertinentes para proteger sus
derechos mientras se surte el proceso. Por ello, no existe vacío de protección que
justifique la intervención del juez de tutela.

Respecto al perjuicio irremediable alegado, manifestó que este no fue demostrado.
Resaltó que la afectación económica del actor proviene de decisiones personales,
como el pago de una deuda con sus cesantías, y no de una conducta arbitraria de las
entidades. Además, que ya le fue reconocida la pensión, lo que desvirtúa la urgencia
y elimina la configuración de un daño grave, inminente o actual, aunado al hecho de
que las inconsistencias de semanas o liquidación son asuntos técnicos que pueden
resolverse en la vía ordinaria sin riesgo de daño irreparable.

Finalmente, concluyó que la tutela es improcedente porque no cumple el requisito de
subsidiariedad, pues existen mecanismos idóneos, eficaces y actualmente disponibles
para controvertir los actos y decisiones cuestionadas. La intervención del juez
constitucional en este escenario desbordaría sus competencias y convertiría la tutela
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07194-01
Demandante: Eliseo Ordóñez Suárez

en un mecanismo alternativo de revisión judicial, en contravía de su naturaleza y de la
jurisprudencia constitucional.

7. Impugnación

El impugnante sostuvo que la decisión de primera instancia incurrió en un error al
declarar la improcedencia de la tutela con base en una visión estricta del requisito de
subsidiariedad.

Afirmó que los actos administrativos del Tribunal Superior del Distrito de Cúcuta (en
especial la Resolución 79 de 2025, que negó la prórroga de su nombramiento y ordenó
su retiro por edad) vulneraron directamente sus derechos al mínimo vital, vida digna,
seguridad social y debido proceso.

Sumó a ello que Colpensiones no actualizó su historia laboral y que, además, con la
Resolución SUB-365504 del 14 de noviembre de 2025, la administradora de pensiones
le reconoció al señor Ordóñez Suárez la pensión de vejez a partir del 17 de octubre de
2025, con una mesada inicial de $ 12.323.279, y efectuó la liquidación del retroactivo
por un valor total de $ 28.228.422, correspondiente a mesadas y mesadas adicionales
menos los descuentos de salud.

Además, ordenó que tanto la mesada como el retroactivo fueran incluidos en la nómina
del periodo 12 de 2025, cuyo pago se realizaría el último día hábil de diciembre de
2025; sin embargo, interpuso de recurso de reposición contra el anterior acto, el cual
fue resuelto mediante la Resolución SUB-404315 del 22 de diciembre de 2025, que
modificó aspectos no recurridos, afectando su retroactivo y su mesada, agravando la
vulneración de sus derechos.

Explicó que el recurso de reposición tenía dos fines concretos: corregir el número de
semanas y días cotizados según la historia laboral descargada el 1.º de noviembre de
2025, y modificar la fecha de inclusión en nómina para que esta se efectuara una vez
quedara en firme el acto administrativo.

Sin embargo, afirmó que Colpensiones fue más allá, alterando la liquidación del
retroactivo sin que ello hubiera sido solicitado, lo que redujo en más de catorce millones
de pesos el valor que debía recibir y disminuyó su mesada. Sostuvo que esta actuación
constituyó una extralimitación que continúa afectando gravemente su situación
económica.

El impugnante insistió en que la vulneración de sus derechos fundamentales es actual
y continua porque, desde su retiro el 17 de octubre de 2025 hasta enero de 2026, no
ha recibido ingresos salariales ni pensionales, afectando completamente su
subsistencia. Alegó que, pese a su condición de adulto mayor (sujeto de especial
protección constitucional), las entidades accionadas no realizaron análisis
individualizado de su situación y aplicaron automáticamente la causal de retiro forzoso.
Enfatizó en que sus cesantías fueron utilizadas para pagar una obligación dineraria, lo
cual agudizó su afectación económica.

Frente al requisito de perjuicio irremediable, argumentó que se cumplen plenamente
los criterios jurisprudenciales: inminencia, gravedad, urgencia e impostergabilidad.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07194-01
Demandante: Eliseo Ordóñez Suárez

Explicó que la afectación no es meramente económica, sino que compromete su
dignidad y su mínimo vital, pues quedó sin ningún ingreso pese a que la pensión
reconocida solo será pagada al finalizar enero de 2026. Además, consideró que los
medios ordinarios no son idóneos ni eficaces, ya que no puede esperar el tiempo que
demanda un proceso contencioso para obtener protección.

Finalmente, solicitó revocar la sentencia que declaró la improcedencia de la tutela y,
en su lugar, garantizar sus derechos fundamentales. Además, solicitó lo siguiente: (i)
ordenar el pago transitorio del 70% de su salario o su reintegro temporal mientras se
hace efectiva su pensión; (ii) que se dejara sin efectos la Resolución SUB-404315 por
exceder lo pedido en el recurso de reposición; (iii) restablecer la liquidación del
retroactivo calculada en la Resolución SUB-365504 de 14 de noviembre de 2025; y (iv)
ordenar a Colpensiones corregir su historia laboral incluyendo las semanas adeudadas
conforme al allanamiento a la mora.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Problema Jurídico

A la Sala le corresponde determinar si, en los términos de la impugnación presentada
por la parte actora, resulta procedente revocar o modificar la sentencia de primera
instancia que declaró improcedente la solicitud de amparo.

En particular, la Sala debe establecer si la tutela satisface el requisito de subsidiariedad
para: (i) controvertir las Resoluciones 79 y 84 de 2025, proferidas por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, mediante las cuales se negó la prórroga
solicitada y se dispuso el retiro del actor por cumplimiento de la edad de retiro forzoso,
y obtener como consecuencia su reintegro temporal o el pago transitorio de una
asignación; y (ii) cuestionar las actuaciones de Colpensiones relativas al
reconocimiento de la pensión del accionante.

La Sala anticipa que confirmará la decisión impugnada, por cuanto la acción de tutela
no supera el requisito de subsidiariedad, al existir medios ordinarios de defensa judicial
idóneos para controvertir: (i) la legalidad de los actos administrativos de retiro y de
negativa de prórroga, y (ii) las controversias de contenido prestacional y de legalidad
asociadas al acto pensional.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07194-01
Demandante: Eliseo Ordóñez Suárez

Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a (i) el requisito general de
subsidiariedad; (ii) el análisis del caso concreto.

Del requisito general de la subsidiariedad1 y la procedencia excepcional de la
acción de tutela como mecanismo transitorio

Para el caso concreto, es preciso hacer referencia al requisito general de la
subsidiariedad como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra actos
administrativos, porque existen medios ordinarios de defensa judicial para controvertir
las decisiones de la administración.

Para la Corte Constitucional, el principio de subsidiariedad, conforme al artículo 86 de
la Constitución, implica que la acción de tutela solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Sobre el carácter subsidiario de la
acción, la Corte ha señalado que “permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y
recursos ordinarios de protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos” 2. Es ese reconocimiento el que obliga a los asociados a
incoar los recursos jurisdiccionales con los que cuenten para conjurar la situación que
estimen lesiva de sus derechos.

En otras palabras, las personas deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y
extraordinarios que el sistema judicial ha dispuesto para conjurar la situación que
amenaza o lesiona sus derechos, de tal manera que se impida el uso indebido de este
mecanismo constitucional como vía preferente o instancia judicial adicional de
protección.

No obstante, como ha sido reiterado por la jurisprudencia constitucional, el
presupuesto de subsidiariedad que rige la acción de tutela debe analizarse en cada
caso concreto. Por ende, en aquellos eventos en que existan otros medios de defensa
judicial, la Corporación ha determinado que existen dos excepciones que justifican su
procedibilidad3:

(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver
las controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales
circunstancias del caso estudiado, procede el amparo como mecanismo
definitivo; y,

(ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no
impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la
acción de tutela procede como mecanismo transitorio.

En cuanto a la primera hipótesis, que se refiere a la idoneidad del medio de defensa
judicial al alcance del afectado, se tiene que ésta no puede determinarse en abstracto,
sino que, por el contrario, la aptitud para la efectiva protección del derecho debe

1
Sentencia T-375 de 2018, Corte Constitucional.
2
Sentencia T-603 de 2015; Sentencia T-580 de 2006, Corte Constitucional.
3
Sentencia T-662 de 2016 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07194-01
Demandante: Eliseo Ordóñez Suárez

evaluarse en el contexto concreto4. El análisis particular resulta necesario, pues en
éste podría advertirse que la acción ordinaria no permite resolver la cuestión en una
dimensión constitucional o no permite tomar las medidas necesarias para la protección
o restablecimiento de los derechos fundamentales afectados.

En cuanto a la segunda hipótesis, cabe anotar que su propósito no es otro que el de
conjurar o evitar una afectación inminente y grave a un derecho fundamental. De este
modo, la protección que puede ordenarse en este evento es temporal, tal y como lo
dispone el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991. Así mismo, dicha excepción al
requisito de subsidiariedad exige que se verifique: (i) una afectación inminente del
derecho -elemento temporal respecto del daño-; (ii) la urgencia de las medidas para
remediar o prevenir el perjuicio irremediable; (iii) la gravedad del perjuicio -grado o
impacto de la afectación del derecho-; y (iv) el carácter impostergable de las medidas
para la efectiva protección de las garantías fundamentales en riesgo5.

Las anteriores reglas implican que, de verificarse la existencia de otros medios
judiciales, siempre se debe realizar una evaluación de la idoneidad de estos en el caso
concreto, para determinar si aquellos tienen la capacidad de restablecer de forma
efectiva e integral los derechos invocados. Este análisis debe ser sustancial y no
simplemente formal y reconocer que el juez de tutela no puede suplantar al juez
ordinario. Por tanto, en caso de evidenciar la falta de idoneidad del otro mecanismo, la
acción puede proceder de forma definitiva.

De este modo, cuando el amparo es promovido por personas que requieren especial
protección constitucional, como niños, niñas y adolescentes, personas cabeza de
familia, en situación de discapacidad, de la tercera edad o población desplazada, entre
otros, el examen de procedencia de la tutela se hace menos estricto, a partir de
criterios de análisis más amplios, pero no menos rigurosos6.

Del incumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso concreto

Para efectos del análisis, la Sala abordará separadamente (i) la controversia
relacionada con el retiro por edad de retiro forzoso y la negativa de prórroga del
nombramiento, y (ii) las pretensiones asociadas a la historia laboral y a las decisiones
pensionales adoptadas por Colpensiones.

(i) De la negativa de prórroga y retiro por edad de retiro forzoso (pretensión de
reintegro o pago transitorio)

El impugnante sostiene que las Resoluciones 79 y 84 de 2025, proferidas por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, vulneraron sus derechos al mínimo
vital, vida digna, seguridad social y debido proceso, al aplicar (a su juicio de manera
automática) la causal de retiro forzoso sin valorar de forma individualizada su situación,
pese a su condición de adulto mayor. Con base en ello, solicita que se ordene su

4
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha establecido que “el medio debe ser idóneo, lo que significa que debe ser
materialmente apto para producir el efecto protector de los derechos fundamentales. Además, debe ser un medio eficaz, esto es,
que debe estar diseñado de forma tal que brinde oportunamente una protección al derecho”. Sentencia T – 040 de 2016.
5
Sentencias: T – 225 de 1993, T – 789 de 2003, entre otras, Corte Constitucional.
6
Sentencias T-401 de 2017; T-163 de 2017; T-328 de 2011; T-456 de 2004; T-789 de 2003, T-136 de 2001, entre otras, Corte
Constitucional.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07194-01
Demandante: Eliseo Ordóñez Suárez

reintegro temporal o, en su defecto, el pago transitorio de una asignación equivalente
al 70% del salario, mientras se hace efectivo el pago de su pensión.

Sobre la desvinculación por edad, la Corte Constitucional ha señalado que, aun
cuando el retiro forzoso constituye una causal objetiva prevista en la ley, su aplicación
no puede traducirse en una medida mecánica que desconozca situaciones en las
cuales se compromete de manera intensa el mínimo vital de la persona mayor.

En particular, en la sentencia T-294 de 2013, la Corte sistematizó escenarios en los
que ha considerado procedente el amparo (principalmente como mecanismo
transitorio) para evitar una afectación desproporcionada, tales como: (i) cuando el
servidor ya reúne los requisitos para pensionarse pero el reconocimiento se encuentra
retardado por circunstancias no atribuibles a este y ello impide su inclusión efectiva en
nómina; (ii) cuando al trabajador le falta un tiempo corto para completar el requisito de
cotización; o (iii) cuando existen vacíos o controversias probatorias relevantes sobre
el tiempo efectivamente cotizado, que impiden establecer con certeza su acceso a la
pensión, hipótesis en las que la protección se concede de forma temporal y
condicionada al ejercicio de las acciones judiciales ordinarias.

De igual modo, en la sentencia T-413 de 2019, la Corte reiteró que no resulta
constitucionalmente admisible una desvinculación automática cuando su efecto es
dejar al servidor público en una situación de desprotección material por la falta de
garantía real de la transición hacia la pensión; sin embargo, también precisó que la
protección excepcional se justifica en la medida en que se acredite la afectación del
mínimo vital y se demuestre que la discusión no puede esperar el trámite ordinario sin
generar un daño impostergable.

En el caso concreto, la Sala advierte que las circunstancias alegadas por el actor no
se enmarcan en los supuestos excepcionales descritos. En efecto, el accionante no se
encuentra ante una situación de incertidumbre insuperable sobre su acceso a la
prestación, ni frente a un escenario en el cual la transición hacia la pensión sea
meramente eventual: por el contrario, Colpensiones reconoció su pensión de vejez
mediante la Resolución SUB 365504 del 14 de noviembre de 2025, con efectos a partir
del 17 de octubre de 2025, y ordenó su inclusión en nómina, junto con el pago del
retroactivo correspondiente.

Ahora bien, las inconformidades que el actor plantea (negativa de prórroga y el retiro
dispuesto por el nominador) suponen, en esencia, controvertir la legalidad y los efectos
de actos administrativos particulares.

Frente a ello, el ordenamiento prevé un medio judicial ordinario idóneo y eficaz, esto
es, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el
artículo 138 del CPACA, mediante el cual el interesado puede cuestionar la validez de
las Resoluciones 79 y 84 de 2025 y solicitar el restablecimiento correspondiente.

Además, en dicho trámite puede pedir medidas cautelares para conjurar eventuales
afectaciones mientras se decide de fondo, de conformidad con los artículos 229 y
siguientes del mismo estatuto.

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07194-01
Demandante: Eliseo Ordóñez Suárez

De igual manera, aunque el impugnante invoca la configuración de un perjuicio
irremediable por ausencia de ingresos tras el retiro, la Sala observa que no acreditó,
siquiera sumariamente, la inminencia, gravedad, urgencia e impostergabilidad del
daño alegado, ni que la intervención del juez constitucional sea necesaria para evitarlo.

Por consiguiente, al existir un mecanismo judicial ordinario disponible y no verificarse
la procedencia excepcional del amparo como mecanismo transitorio, la acción de tutela
no supera el requisito de subsidiariedad respecto de las pretensiones orientadas a
obtener la prórroga del nombramiento, el reintegro temporal o el pago transitorio
pretendido.

• De las actuaciones de Colpensiones

Frente a la pretensión de actualización de la historia laboral, el accionante solicita que
Colpensiones incorpore los periodos que, a su juicio, no han sido contabilizados, de
manera que se reconozcan como cotizadas las semanas faltantes y se ajuste, en
consecuencia, el cómputo total para efectos del reconocimiento y liquidación de su
pensión de vejez.

En particular, refiere que Colpensiones le reportó inicialmente 1.568,43 semanas y
que, posteriormente, el registro fue ajustado a 1.585,57 semanas con corte al 1.º de
noviembre de 2025; no obstante, afirma que aún persiste un faltante de 17,20
semanas, correspondiente a ciclos y lapsos que (en su criterio) debieron incorporarse
en cumplimiento del fallo de tutela.

Sobre el particular, se encuentra que el 14 de noviembre de 2025, mediante la
Resolución SUB365504, Colpensiones reconoció al actor la pensión de vejez a partir
del 17 de octubre de 2025, con una mesada inicial de $12.323.279, un retroactivo de
$28.228.422 y ordenó su inclusión en la nómina del periodo 12 de 2025.

Contra dicho acto administrativo, el accionante interpuso recurso de reposición con el
propósito de que se corrigieran las semanas cotizadas y la fecha de inclusión en
nómina, que fue resuelto el 22 de diciembre de 2025, mediante la Resolución
SUB404315, acto en el cual, según advierte el actor, Colpensiones modificó de oficio
aspectos que no fueron objeto de impugnación, lo que derivó en la disminución de su
mesada pensional y la reducción de su retroactivo en más de catorce millones de
pesos.

En consecuencia, las circunstancias expuestas evidencian un debate de legalidad. Por
tal razón, se trata de un asunto que debe ser resuelto por el juez natural mediante el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138
del CPACA.

En estos escenarios, el juez constitucional no puede desplazar los procedimientos
ordinarios ni convertir la tutela en una vía paralela para resolver controversias que
requieren debate probatorio técnico (semanas cotizadas y reliquidaciones
pensionales), máxime cuando el propio actor ya venía activando trámites y recursos
administrativos.

12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07194-01
Demandante: Eliseo Ordóñez Suárez

Aunado a lo anterior, la Sala observa que no se acreditó, siquiera sumariamente, la
configuración de un perjuicio irremediable que habilite la procedencia excepcional del
amparo como mecanismo transitorio.

Por consiguiente, al constatarse la improcedencia de la acción por no superar el
requisito de subsidiariedad, la Sala se encuentra relevada de emitir un
pronunciamiento de fondo frente a las pretensiones específicas de la impugnación
(reintegro temporal, pago transitorio de salarios, anulación de los actos administrativos
expedidos por Colpensiones), pues, se reitera, estas deben ser debatidas y resueltas
integralmente por el juez natural a través del medio de control correspondiente.

En suma, al existir medios judiciales ordinarios idóneos y eficaces disponibles y no
verificarse inminencia, gravedad y actualidad del daño en los términos exigidos es que
el amparo constitucional resulta improcedente.

Por lo anterior, se confirmará la sentencia impugnada.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirma la sentencia impugnada, por las razones expuestas.
2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
2. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.