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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07206-00

Fecha
15 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07206-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

R E S U E L V E PRIMERO. AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la señora Dolly Rocío Ríos Bernal, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia. Como consecuencia, (i) se deja sin efectos el auto del 16 de junio de 2025, dictado por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento con radicado 25269-33-33-004-2023-00187-01, y (ii) se ordena a dicha autoridad judicial que, en el término de diez (10) días, contado a partir de la notificación de esta providencia, profiera la correspondiente decisión de reemplazo, en los términos expuestos en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito y eficaz. TERCERO. De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-07206-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

15 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE (E): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07206-00
Accionante: DOLLY ROCÍO RÍOS BERNAL
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Procede porque
satisface los requisitos generales / FACULTAD EXTRA Y ULTRA PETITA DEL JUEZ DE
TUTELA - La acción de tutela no se limita a los estrictos y precisos términos de la solicitud,
sino que habilita al juez para desplegar un control integral orientado a la protección efectiva
de las garantías superiores / AMPARA – DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO - Se
produce cuando la autoridad judicial actúa por fuera del procedimiento establecido para
determinado asunto / DERECHO AL DEBIDO PROCESO – El Tribunal accionado confirmó
el rechazo de la demanda cimentado en su falta de subsanación, pero no analizó la
legalidad de la actuación surtida en primera instancia, en la que se pretermitió la
oportunidad para corregir el libelo inicial.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada
por la señora Dolly Rocío Ríos Bernal, de conformidad con lo consagrado en el
Decreto 333 del 20211.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 14 de noviembre de 2025, la señora Dolly Rocío Ríos Bernal, mediante
apoderado, presentó acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, los cuales considera vulnerados con motivo del auto del 16 de junio de 2025,
emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, a través del cual se confirmó el proveído del 6 de noviembre de 2024,
proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo de Facatativá, que declaró la
caducidad parcial de la demanda en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 25269-33-33-004-2023-00187-01.

Pretensiones

2. Solicita la parte accionante lo siguiente (transcripción literal):

1
Que ingresó al despacho para fallo del 1º de diciembre de 2025.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07206-00
Accionante: Dolly Rocío Ríos Bernal
Accionado: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

PRIMERA.- De una parte, amparar de manera inmediata los derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso, seguridad jurídica y
acceso a la administración de justicia, que han sido violados por la autoridad
colegiada judicial accionada, consagrados en el Preámbulo, Artículos 1, 2, 4, 6,
29, 48, 58, 85, 93, 228 y 230 de la Constitución Política; Artículos 22 y 25 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos; Artículo 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José); Artículos 3, 9 y 11
del Pacto Internacional de los Derechos Humanos, Económicos, Sociales y
Culturales; Sentencias de Constitucionalidad números 539, 634 y 816 de 2011,
y 179 de 2016, y los precedentes judiciales de la corporación de cierre de la
jurisdicción contencioso administrativa explicitados in extenso en el presente
escrito de tutela, en favor de Dolly Rocío Ríos Bernal; y de otra de manera
consecuencial, dejar sin valor y sin efecto jurídico alguno, la providencia judicial
de segunda instancia de fecha de junio 16 de 2025 -notificada electrónicamente
en junio 19 de 2025-, dictada por la Subsección A de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ponencia de la Magistrado Dr.
Andrés José Quintero Gnecco, dentro del expediente número 25269 3333 004
2023 00187 01.

SEGUNDA.- Como consecuencia de la anterior declaración, ordénese a la
Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, con ponencia del Magistrado Dr. Andrés José Quintero Gnecco,
que en el término de 15 días hábiles, profiera nueva providencia judicial en sede
de segunda instancia, en consonancia con las consideraciones que para el
caso imparta el juez constitucional de tutela.

Fundamentos de la demanda de tutela

3. De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

4. La demandante prestó sus servicios como trabajadora social en la ESE Hospital
San Rafael de Facatativá desde el 19 de noviembre de 2004 hasta el 7 de enero de
2020, en virtud de la suscripción sucesiva de contratos de prestación de servicios
con las siguientes empresas: Cooperativa de Trabajo Asociado de Servicios en Salud
COOPSEIN, Fundación Esperanza y Amor y el Sindicato Colombiano de
Trabajadores Integrados del Sector Salud, INTEGRASALUD.

5. Posteriormente, desde el 8 de julio de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2020, la
ESE Hospital San Rafael de Facatativá suscribió los contratos de prestación de
servicios directamente con la señora Dolly Rocío Ríos Bernal, a fin de garantizar la
continuidad del servicio.

6. Dado que ejerció las labores contratadas bajo la subordinación propia de una
relación laboral, solicitó a la entidad empleadora el reconocimiento de esta, con el
respectivo pago de los haberes prestacionales causados a su favor. La petición se
negó mediante el Oficio AJUR-0131-20 de diciembre 14 de 2020, notificado el 3 de
mayo de 2021.

7. El 2 de agosto de 2023, la señora Ríos Bernal radicó nueva petición en el mismo
sentido, que se resolvió desfavorablemente mediante el Oficio AJUR 056-2023 de
septiembre 29 de 2023, notificado el 13 de octubre de 2023.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07206-00
Accionante: Dolly Rocío Ríos Bernal
Accionado: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

8. En virtud de lo anterior, el 27 de octubre de 2023, la tutelante ejerció el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, que correspondió, por reparto, al
Juzgado Cuarto Administrativo de Facatativá, bajo el radicado 25269 3333 004 2023
00187 00.

9. Mediante auto del 20 de marzo de 2024, se inadmitió la demanda, por considerar
que no se enjuició la «proposición jurídica completa», dado que no se solicitó la
nulidad del Oficio AJUR 0131-20 de diciembre 14 de 2020.

10. Inconforme con la decisión, el apoderado de la actora interpuso el recurso de
reposición, que se desestimó con auto del 6 de noviembre de 2024. En esa misma
oportunidad, el operador judicial continuó con la calificación de la demanda y la
rechazó parcialmente, por encontrarla caducada en relación con las pretensiones
encaminadas a la declaratoria de la existencia de la relación laboral, de modo que,
admitió el libelo inicial, exclusivamente en lo atinente al reconocimiento y pago de los
aportes a la Seguridad Social, que consideró imprescriptibles.

11. La interesada apeló la providencia y la Subsección A de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca la confirmó mediante auto del 16 de junio
de 2025. Dicho tribunal consideró que el Oficio AJUR 0131-20 de diciembre 14 de
2020 era el único acto administrativo demandable, puesto que mediante él se
resolvió la situación jurídica de la demandante.

12. Afirma que las providencias censuradas incurren en los siguientes defectos:

13. Orgánico. Reprocha que la autoridad judicial accionada haya invocado la falta
de competencia para conocer la solicitud de nulidad del Oficio AJUR 056-2023 de
septiembre 29 de 2023, solo por el hecho de no haber demandado también el Oficio
AJUR 0131-20 de diciembre 14 de 2020, cuando lo cierto es que, el artículo 19 de la
Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1º de la Ley Estatutaria 1755 de 2015,
consagra la competencia discrecional y potestativa de la administración, de resolver
de fondo las peticiones reiterativas, salvo en materia de derechos laborales
imprescriptibles -en las cuales debe siempre resolver de fondo-.

14. En ese orden, considera que la nueva petición originó un acto administrativo que
resolvió su situación jurídica de fondo y, por ende, podía ser demandado con
independencia del Oficio AJUR 0131-20 de diciembre 14 de 2020, sin que operara
el fenómeno de la caducidad, por tratarse las pretensiones del reconocimiento de un
«contrato realidad», y, en consecuencia, no opera la falta de competencia invocada
por la autoridad judicial.

15. Sustantivo. Considera que el operador judicial acogió la decisión censurada sin
realizar un análisis claro sobre la caducidad y la prescripción, dado que, a su juicio,
asimila los dos conceptos, y por ello no se refirió puntualmente a la prescripción.

16. Afirmó que la accionante estaba facultada para radicar una nueva petición para
obtener el reconocimiento de la relación laboral encubierta, siempre que no hubiera
ocurrido el fenómeno de la prescripción, como ocurrió en este caso, puesto que la
segunda solicitud se impetró dentro de los tres años siguientes a la primera
reclamación, es decir, que interrumpió su configuración.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07206-00
Accionante: Dolly Rocío Ríos Bernal
Accionado: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

17. Agregó que, pese a que la última petición no tiene la virtualidad de revivir los
términos, originó un nuevo acto administrativo, susceptible de ser enjuiciado, y que
en efecto lo fue dentro del término de caducidad, de conformidad con lo consagrado
en el artículo 164 del CPACA.

18. Desconocimiento del precedente. Señaló que la providencia censurada
desconoció la regla fijada en la sentencia de unificación 0260 del 25 de agosto de
20162, en relación con la prescripción de los haberes que surgen a favor del
contratista luego de ser declarada la existencia de la relación laboral, excepto de los
aportes para pensión.

19. En el mismo sentido, adujo que se desatendió la sentencia de octubre 17 de
20193.

Trámite impartido

20. Mediante auto de 20 de noviembre de 2025, se admitió la solicitud de amparo,
se ordenó notificar la decisión a los magistrados que integran la Subsección A de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como autoridad
judicial accionada y, como tercero con interés, al gerente de la E.S.E. Hospital San
Rafael de Facatativá.

21. También se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado y se tuvieron como prueba los documentos aportados con la demanda.

Intervenciones

22. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, a través del magistrado ponente de la decisión censurada, manifestó
que la tutela era improcedente porque pretende reabrir el debate surtido en sede
ordinaria.

23. En todo caso, afirmó que la providencia cuestionada se profirió de conformidad
con el análisis normativo, jurisprudencial y probatorio realizado, y se enfocó en
resolver los puntos objeto del recurso de apelación interpuesto por la accionante
contra la providencia que declaró la caducidad parcial de la demanda.

24. Señaló que el Oficio AJUR 0131-20 de diciembre 14 de 2020 es el que define la
situación particular de la actora, por cuanto le negó la existencia de la relación laboral
y el reconocimiento de las prestaciones reclamadas, razón por la cual, debió ser el
acto demandado, tal y como el a quo ordenó que se subsanara la demanda.

2
Expediente 23001 2333 000 2013 00260 01 [00882015], M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
3
Expediente: 20001 23 33000 2014 00015 01, M.P. William Hernández Gómez.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07206-00
Accionante: Dolly Rocío Ríos Bernal
Accionado: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

25. La E.S.E. Hospital San Rafael de Facatativá, citada como tercero con interés,
no intervino en esta oportunidad, pese a ser notificada en debida forma4.

26. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino en esta
ocasión.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

27. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del
Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de
2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

Problema Jurídico y metodología de la decisión

28. En primer lugar, la Subsección debe establecer si la acción de tutela de la
referencia satisface los requisitos de procedibilidad formal, conforme el precedente
constitucional fijado en la sentencia C-590 de 20055.

29. En caso de que se resuelva positivamente el anterior interrogante, se examinará
si la decisión censurada, proferida por la autoridad judicial accionada dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
25269-33-33-004-2023-00187-01, incurrió en los defectos orgánico, sustantivo y por
desconocimiento del precedente alegados por la parte actora, o cualquier otro que
resulte probado de conformidad con los supuestos fácticos y jurídicos de la
demanda.

30. Recuérdese que el juez de tutela tiene amplios poderes para interpretar la
demanda, y así lo ha considerado la Corte Constitucional en reiteradas ocasiones.
Por ejemplo, en la sentencia T-452 de 2022 señaló que «a partir del principio iura
novit curia (“el juez conoce el derecho”), la carga del accionante consiste en
presentar el fundamento fáctico de sus pretensiones, mientras que al juez le
corresponde la interpretación y adecuación de los hechos a las instituciones
jurídicas que sean aplicables a las situaciones planteadas por el primero».

31. Asimismo, en los eventos en que se cuestiona una providencia judicial, como en
el caso que ahora ocupa la atención de la Sala, la Corte6 precisó que,
excepcionalmente, el juez de tutela con fundamento en el principio iura novit curia,
está facultado para abordar el estudio de causales específicas distintas a las
alegadas por la parte actora.

4
Fue notificada al correo electrónico notificacionesjudiciales@hospitalfacatativa.gov.co el 24 de
noviembre de 2025, tal como se puede observar en el índice 7 de Samai, certificado
3CAC76570A64BB8B 4DB2971D0AF63925 CB7FC6B465AA85ED DBF5F197529369C8.
5
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
6
Sentencia T-410 de 2024, M.P. Natalia Ángel Cabo.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07206-00
Accionante: Dolly Rocío Ríos Bernal
Accionado: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

32. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20057, reiterado de
manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una especifica.

33. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar8; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela9, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, como tampoco la que
resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del
Consejo de Estado, ni se trate de sentencias interpretativas (Senit) adoptadas por
la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la JEP, «como consecuencia
de una petición específica de algún órgano de dicha Jurisdicción y que detenten
exclusivamente un carácter general, impersonal y abstracto»10; (iii) que se cumpla
con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un plazo
razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable11 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

Análisis de la Sala

Cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad

34. Legitimación en la causa. La señora Dolly Rocío Ríos Bernal se encuentra
legitimada para interponer la acción de tutela, toda vez que es la titular de los
derechos fundamentales que considera vulnerados, en su condición de demandante

7
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
8
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
9
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
10
Al respecto, pueden consultarse las sentencias de unificación 128 de 2021, 103 de 2022 y 215 de
2022, así como la sentencia T-131 de 2021.
11
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07206-00
Accionante: Dolly Rocío Ríos Bernal
Accionado: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25269-33-33-
004-2023-00187-01, en el que se adoptó la decisión cuestionada.

35. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A fue la
autoridad judicial que profirió el auto de segunda instancia al que se le atribuye la
vulneración de los derechos fundamentales de la accionante.

36. Inmediatez. Se cumple con este requisito, toda vez que el auto de segunda
instancia objeto de censura fue proferido el 16 de junio de 2025 y notificado por
estado del 20 de junio siguiente, mientras que la tutela se instauró el 14 de
noviembre de los corrientes, es decir, dentro de un término razonable.

37. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela, un tipo de
decisión que, por regla general, no admite cuestionamientos mediante otra acción
de la misma naturaleza12. Tampoco se trata de aquellas dictadas por la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, que, en su orden, resuelven acciones de
inconstitucionalidad o de nulidad por inconstitucionalidad13, ni de sentencias
interpretativas (Senit) adoptadas por la Sección de Apelación del Tribunal para la
Paz de la JEP, «como consecuencia de una petición específica de algún órgano de
dicha Jurisdicción y que detenten exclusivamente un carácter general, impersonal y
abstracto».

38. Subsidiariedad. Este requisito también está acreditado, pues se agotaron todos
los recursos procedentes en el proceso ordinario.

39. Relevancia constitucional. La Sala encuentra satisfecha esta exigencia, dado
que los cargos se encuentran suficientemente argumentados y la parte accionante
explicó, con total claridad, las razones por las cuales considera que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, los cuales son tradicionalmente relevantes en la institución de la acción de
tutela, sin que se advierta la finalidad de convertir este juicio de amparo
constitucional en una instancia adicional del proceso ordinario.

40. Adicionalmente, se advierte que también se cumplió con la carga argumentativa
mínima en relación con los defectos alegados, así:

12
En la sentencia de unificación 627 de 2015, la Corte Constitucional explicó lo siguiente: «Si la
acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede (...). Si la
sentencia de tutela ha sido proferida por [un juez o un tribunal distinto a la Corte Constitucional], la
acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando (…) se esté ante el fenómeno de
la cosa juzgada fraudulenta (…). Si la acción se de tutela se dirige contra (…) [una actuación anterior]
a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o
vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela (…), la acción de tutela sí
procede, (…). Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el
cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si
se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite
del incidente de desacato (…), la acción de tutela puede proceder de manera excepcional».
13
Al respecto, ver, entre otras, las sentencias SU-573 de 2017, SU-585 de 2017, SU-215 de 2022,
SU 114 y SU-391 de 2023 de la Corte Constitucional.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07206-00
Accionante: Dolly Rocío Ríos Bernal
Accionado: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

• Sustantivo. Señaló con claridad la norma que considera se aplicó
erróneamente (Art. 164 del CPACA) y, expuso en qué consiste el yerro invocado,
al indicar que en el proceso de origen no es posible declarar la caducidad parcial
de la demanda, dado que, los actos que resuelven sobre prestaciones periódicas
se pueden enjuiciar en cualquier tiempo.

• Desconocimiento del precedente. Invocó la sentencia de unificación del 25
de agosto de 2016, para señalar que la prescripción de los haberes reclamados
en esta clase de controversias se determina una vez establecida la existencia de
la relación laboral.

• Orgánico. Bajo este defecto, la actora insiste en que la autoridad judicial
accionada no debió abstenerse de conocer de fondo el oficio demandado, bajo
el argumento de que existía una decisión anterior, dado que, al encontrarse en
discusión derechos imprescriptibles (aportes pensionales), la administración
podía manifestar su voluntad en un nuevo acto administrativo, susceptible de ser
demandado de forma autónoma, esto es, sin necesidad de enjuiciar la primera
decisión.

Caso concreto

41. Verificado el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra la providencia judicial censurada, sería del caso que la Sala
pasara a pronunciarse sobre los defectos invocados por la parte accionante, en aras
de establecer si la Sección Segunda, Subsección A, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca incurrió en ellos; no obstante, de la revisión integral del material
probatorio allegado al expediente, se aprecia una vulneración protuberante del
derecho al debido proceso, que obligatoriamente tiene que ser abordada por el juez
constitucional.

42. En ese orden de ideas, la constatación de una vulneración ostensible del
derecho fundamental al debido proceso impone al juez constitucional la obligación
de pronunciarse de manera directa sobre dicha irregularidad, aun cuando no haya
sido expresamente alegada por la parte accionante. Conforme a lo anterior, el juez
de tutela, en ejercicio de su función de garante de los derechos fundamentales,
cuenta con competencia para adoptar decisiones ultra y extra petita, incluso en
aquellos casos en que se cuestionan providencias judiciales1415. Ello obedece a que
la acción de tutela no se limita a los estrictos y precisos términos de la solicitud, sino

14
En la sentencia T-271 de 2023, la Corte Constitucional señaló lo siguiente en relación con las
facultades ultra y extra petita del juez de tutela, en casos en que se cuestionan providencias
judiciales: «De esta forma se puede otorgar una protección más efectiva, acorde con el rol que le
corresponde ejercer al juez constitucional. (…) Así las cosas, en principio, la controversia se
circunscribe a evaluar los defectos identificados por la parte accionante. Sin embargo, la revisión de
los argumentos que esta expuso le permite a la Sala observar la posible ocurrencia de otros defectos
no alegados, como lo son la falta de motivación y la violación directa de la Constitución. Por tanto, el
análisis también comprenderá yerros diferentes a los indicados en la acción de tutela».
15
Ver, entre otras: sentencia T-060 de 2016 (M.P. Alejandro Linares Cantillo), sentencia SU-654 de
2017 (M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo), T-153 de 2024 (M.P. Natalia Ángel Cabo).

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07206-00
Accionante: Dolly Rocío Ríos Bernal
Accionado: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

que habilita al juez para desplegar un control integral orientado a la protección
efectiva de las garantías superiores, lo cual puede implicar pronunciamientos más
allá de lo pedido o distintos de lo solicitado, siempre que resulten necesarios para
protegerlos.

43. Esta facultad encuentra respaldo en la jurisprudencia constitucional que
reconoce la competencia del juez para adoptar decisiones ultra y extra petita, en
aras de garantizar la efectividad de los derechos fundamentales. Precisamente, esta
Subsección considera oportuno traer a colación lo señalado por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-056 de 2025, criterio que ha sido reiterado por
esa corporación incluso frente a providencias judiciales emanadas de altas cortes.
Esto consideró:

“En efecto, ‘[E]n cuanto a la posibilidad de que los fallos puedan ser extra y
ultra petita en materia de tutela, esta Corte de manera pacífica ha señalado que
el juez puede, al momento de resolver el caso concreto, conceder el amparo,
incluso a partir de situaciones o derechos no alegados, atendiendo la
informalidad que reviste el amparo y además quien determina los derechos
fundamentales violados’.
(…)

Entonces, si bien el análisis de los requisitos de procedencia es más riguroso
cuando la sentencia judicial atacada ha sido proferida por una alta corte, en
esta oportunidad es posible superar el hecho de que no se hayan señalado de
manera técnica y en el lenguaje de la Corte Constitucional cuáles serían los
defectos de la providencia, porque el debate gira en torno al reconocimiento de
una sustitución pensional puede poner en riesgo el mínimo vital de una o más
personas. En efecto, en la jurisprudencia se ha señalado que “el derecho a la
sustitución pensional es un derecho fundamental cuando está vinculado a otros
derechos, tal como ocurre cuando la negativa del reconocimiento y pago de
esta prestación pone en riesgo el mínimo vital de los beneficiarios”16.

44. Asimismo, avalado por el principio iura novit curia, el juez constitucional puede
incluso analizar causales específicas distintas a las alegadas por la parte accionante
para cuestionar una providencia judicial, siempre que de los planteamientos de la
solicitud de amparo se infiera su configuración. En ese sentido, en la sentencia T-
410 del 30 de septiembre de 2024, la Corte Constitucional sostuvo lo siguiente:

“71. Adicionalmente, dado que las providencias judiciales hacen
tránsito a cosa juzgada, el juez de tutela debe limitarse a analizar los
defectos puntuales que el accionante plantea como transgresores de
sus derechos. Esto significa que al juez de tutela le está prohibido
“adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia
reprochada”17. Solo de manera excepcional, basándose en el principio
iura novit curia (el juez conoce el derecho), puede abordar el estudio
de causales específicas distintas a las alegadas por el accionante,
siempre que el cuestionamiento sea planteado en la acción de tutela.
Es necesario que el juez pueda inferir con claridad de la demanda los
defectos planteados por el accionante, aunque sean indebidamente

16
M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
17
Ibid.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07206-00
Accionante: Dolly Rocío Ríos Bernal
Accionado: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

denominados18. Finalmente, si el juez constata alguna irregularidad,
debe comprobar que sea grave y amerite la intervención urgente del
juez de tutela”19.

45. Ahora bien, partiendo de lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia
C-590 de 2005, se destaca que, dentro de las causales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, además de las alegadas por la señora Dolly
Rocío Ríos Bernal, se encuentra el defecto procedimental absoluto, que se
produce cuando la autoridad judicial actúa por fuera del procedimiento establecido
para determinado asunto.

46. Más concretamente, la Corte ha señalado que este defecto se materializa
cuando «(…) el juez se aparta por completo del procedimiento establecido
legalmente para el trámite de un asunto específico, ya sea porque (i) se ciñe a un
trámite completamente ajeno al pertinente –desvía el cauce del asunto–; (ii) omite
etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente, afectando el derecho
de defensa y contradicción de una de las partes del proceso, o porque (iii) pasa por
alto realizar el debate probatorio, natural en todo proceso, vulnerando el derecho de
defensa y contradicción de los sujetos procesales al no permitirles sustentar o
comprobar los hechos de la demanda o su contestación, con la consecuente
negación de sus pretensiones en la decisión de fondo y la violación a los derechos
fundamentales.»20

47. Del mismo modo, la Corporación ha señalado que para la configuración del
defecto procedimental absoluto, se requiere, además, «(…) (i) que se trate de un
error de procedimiento grave y trascendente, valga decir, que influya de manera
cierta y directa en la decisión de fondo; (ii) que la deficiencia no pueda imputarse ni
directa ni indirectamente a la persona que alega la vulneración del derecho a un
debido proceso; (iii) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna
otra vía; (iv) que la irregularidad se haya alegado al interior del proceso, a menos
que ello hubiere sido imposible conforme a las circunstancias del caso; y (v) que,
como consecuencia de lo anterior, se vulneren derechos fundamentales.»21

48. En el proceso de origen, la señora Dolly Rocío Ríos Bernal afirma que prestó
sus servicios a la E.S.E. Hospital San Rafael de Facatativá, en virtud de la
suscripción sucesiva de contratos de prestación de servicios entre el 19 de
noviembre de 2004 y el 30 de septiembre de 2020.

18
Ver sentencia SU-201 de 2021. En esa decisión, la Corte explicó que en ciertas ocasiones los
accionantes no presentan de forma técnica los defectos de la tutela contra providencia judicial, pero
que eso no releva a los jueces de interpretar razonablemente su acción. En ese sentido, la Sala
Plena estableció que “el juez de tutela deberá estudiar los cargos que el accionante proponga contra
la providencia judicial, siempre que pueda inferir con claridad las causales a las que se adecúan
dichos cargos a partir de los hechos y los elementos de prueba que se acrediten en el expediente”.
En consecuencia, esta posibilidad está limitada a los eventos en que los accionantes plantean una
discusión de derechos fundamentales relevantes, pero no adecúan correctamente todos los hechos
a los defectos específicos que corresponden.
19
Sentencia SU-072 de 2018.
20
Ver sentencia T-029 de 2025.
21
Sentencia T-029 de 2025, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07206-00
Accionante: Dolly Rocío Ríos Bernal
Accionado: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

49. En el mes de noviembre de 2020, la accionante presentó petición ante la entidad
empleadora, a fin de que se reconociera la relación laboral subyacente, dado que
considera que durante el tiempo en que ejecutó los contratos se presentaron los
tres elementos que configuran dicho vínculo. Así mismo, solicitó el reconocimiento
y pago de todos los emolumentos salariales y prestacionales surgidos de la relación
laboral, incluidos los aportes al sistema pensional.

50. Mediante Oficio AJUR 0131-2020 del 14 de diciembre de 2020, notificado el 3
de mayo de 2021, la gerencia de la E.S.E. negó dicha reclamación.

51. El 2 de agosto de 2023, la accionante radicó otra petición de similar contenido,
que también fue resuelta desfavorablemente, esta vez, mediante el Oficio AJUR-
056-2023 del 29 de septiembre de 2023, notificado el 13 de octubre siguiente.

52. Inconforme con la decisión, la señora Ríos Bernal interpuso demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en la que
solicitó declarar la nulidad del Oficio No. AJUR-056-2023 del 29 de septiembre de
2023 y, como consecuencia, pidió que se reconociera la existencia de la relación
laboral originada en la suscripción sucesiva de contratos de prestación de servicios
entre ella y la E.S.E. Hospital San Rafael de Facatativá, desde el 19 de noviembre
de 2004 hasta el 30 de septiembre de 2020, con el respectivo pago de todos los
emolumentos salariales y prestacionales dejados de percibir.

53. Mediante auto del 20 de marzo de 2024, el Juzgado Cuarto Administrativo de
Facatativá inadmitió la demanda, porque algunos de los documentos anexos que se
adjuntaron no eran legibles y porque «Las pretensiones de la demanda están
dirigidas contra el oficio AJUR-056-2023 del 29 de septiembre de 2023; sin
embargo, la entidad demandada ya se había pronunciado sobre la reclamación
laboral a través del Oficio AJUR-0131-20 del 14 de diciembre de 2020, siendo este
el que definió de fondo el asunto (Art. 43 del CPACA). Pero, la parte demandante
no presenta pretensiones en su contra».

54. El apoderado de la accionante aportó los documentos solicitados por el juez e
interpuso recurso de reposición contra la decisión de inadmisión, dado que
consideró que la reclamación primigenia interrumpió el término de prescripción, pero
para el momento en que se interpuso la demanda, el acto administrativo que la
resolvió (Oficio AJUR-0131-20 de diciembre 14 de 2020) ya había caducado, de ahí
la necesidad de radicar otra petición, para que la administración emitiera un nuevo
pronunciamiento que se pudiera demandar por vía del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho.

55. Por auto del 6 de noviembre de 2024, el operador judicial de primera instancia
decidió no reponer la decisión, bajo los siguientes argumentos:

Si bien el acto demandado, es decir el oficio No. AJUR-056-2023 del 29 de
septiembre de 2023 define la situación jurídica, se hace por la reclamación
posterior, a la que suscitó el pronunciamiento recogido en el oficio No. AJUR-
0131 20 del 14 de diciembre de 2020, por tanto, aunque la entidad haya
realizado un nuevo pronunciamiento lo cierto es que el asunto ya se había
definido, y es por eso por lo que la disposición anotada hace la distinción, pues

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07206-00
Accionante: Dolly Rocío Ríos Bernal
Accionado: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

de otro modo, el solo hecho de provocar un pronunciamiento de la
administración daría lugar a que el medio de control pueda ser interpuesto
tantas veces como respuestas se susciten.

Así las cosas, la inadmisión de la demandada a fin de que se precise lo
pertinente, respecto al acto administrativo que definió el asunto y sobre aquel
que verse el medio de control, es ajustado a derecho y está dentro de los
aspectos de forma que deben contemplarse a fin de que se dé trámite a la
demanda, por cuanto debe establecerse el acto que es susceptible de control
judicial teniendo en cuenta lo previsto en el numeral 3° del artículo 163 del
C.P.A.C.A.

Por lo anterior el Despacho no repondrá la decisión adoptada mediante el auto
del 20 de marzo de 2024, debiendo la parte actora estarse a lo allí resuelto.

56. Dicho lo anterior, el juzgado procedió a calificar la demanda en la misma
providencia, para concluir que operó la caducidad frente «(…) a la declaratoria de
la existencia de un contrato realidad, y el reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales, compensación por vacaciones e intereses moratorios». Sobre el particular,
el juez consideró lo siguiente:

Como se indicó en precedencia, la demanda versa sobre la presunta relación
laboral entre el demandante con la E.S.E. Hospital San Rafael de Facatativá,
según la cual el 23 de noviembre de 2020 la actora solicitó su reconocimiento
y existencia, a cuyo efecto, mediante el oficio No. AJUR-0131-20 del 14 de
diciembre de 2020 la entidad se pronunció negando dicha vinculación (hecho
42), posteriormente elevó nueva reclamación, el 2 de agosto de 2023, a la cual
se le dio respuesta mediante el oficio No. AJUR-056-2023 del 29 de septiembre
de 2023, en el que se dio respuesta negativa.

Revisada la demanda se advierte que dicho oficio, es decir el No. AJUR-0131-
20 del 14 de diciembre de 2020, fue notificado el 3 de mayo de 2021
(Expediente electrónico, folios 3 a 5, Archivo 2_12 Pruebas … (1).pdf.).

Por consiguiente, los cuatro (4) meses de plazo para acudir a demandar en
medio de control de nulidad y restablecimiento del acto que negó el
reconocimiento de la relación laboral, comenzaron a correr o contabilizarse a
partir del día siguiente a la notificación de su notificación, es decir, del 4 de
mayo de 2021, terminó que no fue interrumpido.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la demanda fue interpuesta el 27 de octubre
de 2023, a través de la plataforma digital dispuesta para ello, es evidente que
como medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se encuentra
presentada por fuera del término legal, por lo cual operó el fenómeno de la
caducidad, en la medida en que los 4 meses habrían vencido 4 de agosto de
2021.

Así las cosas, la caducidad recae sobre la reclamación de los derechos
laborales, es decir, la declaratoria de existencia de un contrato de trabajo; no
obstante, frente a lo que corresponde a la seguridad social integral, el H.
Consejo de Estado ha manifestado que tales pretensiones pueden demandarse
en cualquier tiempo, en esa medida, habrá de declararse la caducidad de las
pretensiones frente a la declaratoria de la existencia de un contrato de trabajo,
en virtud del cual se solicita el reintegro del demandante, y subsidiariamente la
indemnización por terminación sin justa causa, así como los emolumentos
laborales, y se dará trámite a la demanda únicamente frente a las pretensiones
de restablecimiento del derecho en cuanto al reconocimiento de aportes a la

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07206-00
Accionante: Dolly Rocío Ríos Bernal
Accionado: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

seguridad social, teniendo en cuenta que es concomitante al contrato de
trabajo.

57. De acuerdo con lo anterior, la autoridad judicial demandada resolvió:

PRIMERO: NO REPONER el auto del 20 de marzo de 2024, por las razones
expuestas en precedencia.

SEGUNDO: RECHAZAR parcialmente la demanda presentada por la señora
Dolly Rocío Ríos Bernal, por haber operado el fenómeno de la caducidad frente
a la declaratoria de la existencia de un contrato realidad, y el reconocimiento y
pago de las prestaciones sociales, compensación por vacaciones e intereses
moratorios.

58. Inconforme con la decisión, el apoderado de la señora Dolly Rocío Ríos Bernal
la apeló y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, la confirmó mediante auto del 16 de junio de 2025 (aquí censurado).
Así analizó el Tribunal el caso concreto:

De lo expuesto se concluye que, en la primera reclamación administrativa
(resuelta mediante el Oficio No. AJUR-0131-2020 del 14 de diciembre de 2020),
la parte demandante solicitó el reconocimiento de una relación laboral
subordinada y detalló los emolumentos que pretendía obtener. En contraste, la
segunda solicitud (presentada el 2 de agosto de 2023 y resuelta mediante el
Oficio No. AJUR-056- 2023 del 29 de septiembre de 2023) plantea
esencialmente las mismas pretensiones, aunque de forma más general,
solicitando el reconocimiento de la relación laboral y el pago de “conceptos
salariales, prestacionales, vacacionales y de seguridad social”, con una breve
referencia posterior a algunos de esos emolumentos.
Asimismo, se verifica que en ambos oficios la entidad demandada negó las
solicitudes planteadas, argumentando que no existió relación laboral ni
contractual entre las partes, y por tanto no había lugar al reconocimiento del
contrato realidad ni de los emolumentos derivados del mismo.

En consecuencia, resulta evidente que las peticiones relacionadas con
prestaciones sociales y salariales ya fueron resueltas en el Oficio No. AJUR-
0131-2020, y posteriormente reiteradas en la segunda solicitud. Por lo tanto, se
comparte la postura del juez de primera instancia al concluir que no le asiste
razón a la parte demandante cuando sostiene que ambas reclamaciones
difieren en cuanto a hechos o fundamentos.

De ello se desprende que la demandante debió controvertir la legalidad del
Oficio No. AJUR-0131-2020 del 14 de diciembre de 2020, habida cuenta que
fue este acto el que definió de manera clara y definitiva, la postura de la
autoridad demandada sobre la inexistencia de una relación laboral y, por ende,
sobre el no reconocimiento de las prestaciones reclamadas. Dicho
pronunciamiento consolidó la situación jurídica de la demandante y, en
consecuencia, debió ser el objeto de impugnación a través del medio de control
correspondiente.

En consecuencia, al no haber atendido el requerimiento formulado por el
juzgado de primera instancia y no haber dirigido la demanda contra el acto
administrativo indicado, se concluye que la misma no fue subsanada en debida
forma, por lo que debía rechazarse de manera parcial, conforme a lo previsto
en el artículo 169 del CPACA.

No obstante, lo anterior, se recuerda que el rechazo de la demanda sólo resulta
factible respecto de las pretensiones relativas al reconocimiento de

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07206-00
Accionante: Dolly Rocío Ríos Bernal
Accionado: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

prestaciones sociales y demás acreencias laborales, mas no respecto de los
aportes al sistema de pensiones, los cuales, debido a su naturaleza, pueden
reclamarse en cualquier tiempo por ser imprescriptibles.

Así las cosas, en lo que atañe a las pretensiones relacionadas con los aportes
a seguridad social, la parte demandante sí podía controvertir la legalidad del
Oficio No. AJUR-056-2023, toda vez que ese acto resolvió de fondo la solicitud
respectiva y cuya naturaleza permite su cuestionamiento en cualquier
momento.

Por tanto, se confirmará el auto del 6 de noviembre de 2024, mediante el cual
se resolvió el recurso de reposición y se rechazó parcialmente la demanda,
conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia.

59. Nótese que el ad quem fundamentó el rechazo de la demanda en que la parte
actora no subsanó la demanda conforme lo requirió el juez conductor del proceso,
mas no en que estuviera caducada.

60. Del anterior recuento, para la Sala aparece de bulto el defecto procedimental
absoluto, que materializa la transgresión al derecho al debido proceso, dado que,
claramente, la autoridad judicial accionada se apartó por completo del
procedimiento legal establecido, porque:

(i) En el mismo auto en el que se resolvió el recurso de reposición, el
operador judicial de primera instancia procedió a realizar la calificación de
la demanda y la rechazó parcialmente. Es decir, que rechazó la demanda
sin encontrarse ejecutoriado el auto de inadmisión de la demanda, y sin
conceder previa oportunidad para subsanar los defectos anotados;
(ii) El juez de primera instancia declaró la caducidad frente a un acto (Oficio
AJUR-0131-20 del 14 de diciembre de 2020) que no se demandó.
(iii) El Tribunal accionado confirmó el rechazo de la demanda cimentado en
que aquella no se subsanó en el término de ley, pero no advirtió que el
mismo no se concedió.

61. Para la Sala, la autoridad judicial accionada, pese a haber señalado que el
rechazo de la demanda se originaba en la falta de subsanación de los yerros
acotados por el juzgado sustanciador (no haber dirigido la demanda contra el Oficio
AJUR-0131-20 del 14 de diciembre de 2020), pasó por alto que el plazo para corregir
la demanda se pretermitió por completo, dado que, sin encontrarse en firme el auto
mediante el cual se inadmitió el libelo introductorio, y sin correr el término de ley
para la respectiva subsanación, el juez conductor del proceso procedió a calificar la
demanda en la misma providencia y la rechazó porque no fue corregida.

62. En suma, omitió una etapa sustancial del procedimiento legalmente establecido,
con lo cual afectó ostensiblemente el debido proceso de la parte actora y, de paso,
incurrió en el defecto anotado.

63. Salta a la vista la vulneración del derecho fundamental al debido proceso de la
señora Dolly Rocío Ríos Bernal, a quien le fue rechazada parcialmente la demanda,
sin ofrecerle previamente la oportunidad prevista en el artículo 170 de la Ley 1437

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07206-00
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Accionado: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

de 201122 para su corrección, en los términos ordenados por el juzgado
sustanciador.

64. En este orden, para la Subsección es claro que el Tribunal demandado, antes
de desatar la alzada, debió examinar que el trámite del proceso se hubiera surtido
correctamente, máxime si la decisión de confirmar la providencia impugnada se
cimentó en que «(…) al no haber atendido el requerimiento formulado por el juzgado
de primera instancia y no haber dirigido la demanda contra el acto administrativo
indicado, se concluye que la misma no fue subsanada en debida forma, por lo que
debía rechazarse de manera parcial, conforme a lo previsto en el artículo 169 del
CPACA».

65. De haber realizado este control de legalidad, y advertido el yerro en el trámite
normal del proceso, otra hubiera sido la decisión de la autoridad judicial accionada,
dado que no se habría podido pronunciar sobre el rechazo de la demanda sin antes
ordenarle al juez conductor del proceso que agotara el procedimiento en debida
forma, según lo establecido en el citado artículo 170 de la Ley 1437 de 2011.

66. Para la Subsección, resulta evidente que la omisión de la autoridad judicial
accionada, constituye un error de procedimiento grave y trascendente, dado que
influyó de manera cierta y directa en la decisión de fondo censurada en el sub lite.

67. Esta situación, aunque no fue invocada expresamente en la solicitud de amparo,
no puede pasar inadvertida por el juez constitucional, quien, investido de su función
de garante de los derechos fundamentales, y en virtud del principio iura novit curia,
se encuentra facultado para adoptar decisiones ultra y extra petita, con miras a
materializar la protección efectiva de las prerrogativas superiores.

68. Como consecuencia, la Sala dejará sin efectos la providencia del 16 de junio de
2025, dictada por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
con radicado núm. 25269-33-33-004-2023-00187-01, y ordenará a dicha
Corporación que, en un lapso no mayor a diez (10) días, contado a partir de la
notificación de esta sentencia, profiera una decisión de reemplazo, en la que, de
manera previa a examinar los argumentos del recurso de apelación interpuesto por
la parte actora contra el auto del 6 de noviembre de 2024, proferido por el Juzgado
Cuarto Administrativo de Facatativá, revise la actuación surtida en primera instancia,
a fin de determinar que se haya cumplido a cabalidad el procedimiento previsto en
la legislación vigente, en especial, el establecido en el artículo 170 de la Ley 1437
de 2011. De este modo, se garantiza la legalidad de la actuación y se salvaguarda
el derecho al debido proceso.

22
ARTÍCULO 170. INADMISIÓN DE LA DEMANDA. Se inadmitirá la demanda que carezca de los
requisitos señalados en la ley por auto susceptible de reposición, en el que se expondrán sus
defectos, para que el demandante los corrija en el plazo de diez (10) días. Si no lo hiciere se
rechazará la demanda.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07206-00
Accionante: Dolly Rocío Ríos Bernal
Accionado: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. R E S U E L V E

PRIMERO. AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la señora
Dolly Rocío Ríos Bernal, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta
providencia. Como consecuencia, (i) se deja sin efectos el auto del 16 de junio de
2025, dictado por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
con radicado 25269-33-33-004-2023-00187-01, y (ii) se ordena a dicha autoridad
judicial que, en el término de diez (10) días, contado a partir de la notificación de
esta providencia, profiera la correspondiente decisión de reemplazo, en los
términos expuestos en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito y eficaz.

TERCERO. De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

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