RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-07212-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-07212-01

Fecha
20 de abril de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-07212-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 12 de febrero de 2026, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2025-07212-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

20 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07212-01
Accionante: RUBÉN DARÍO NÚÑEZ RINCÓN Y OTROS
Accionado: JUZGADO ADMINISTRATIVO TRANSITORIO
DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: carencia actual de objeto– El Tribunal Administrativo de Norte de Santander
profirió sentencia de segunda instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

De conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución política, el
artículo 32 del decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo 080 de 2019, la Sala resuelve el
recurso de impugnación interpuesto por María Paula Martínez Sierra y otros contra
la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

ANTECEDENTES

La demanda

1. El 14 de noviembre de 20251, los señores Rubén Darío Núñez Rincón y Otros2,
quienes actúan a través de apoderado judicial, presentaron acción de tutela contra
el Juzgado Administrativo transitorio de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander. A su juicio, dichas autoridades judiciales vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso.

Hechos relevantes

2. Los accionantes manifestaron que promovieron demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, radicada bajo el número 54001-33-33-003-2020-
00264-00/01/02, con el objetivo de obtener el reconocimiento de factor salarial de la
bonificación judicial. La mencionada demanda fue repartida al Juzgado Tercero (3º)
Administrativo Oral de Cúcuta. Señalaron que, mediante auto del 16 de febrero de
2021, el titular de dicho despacho se declaró impedido, circunstancia que se
extendió a los demás jueces del circuito, lo que motivó la remisión del expediente al
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el cual aceptó el impedimento y
designó juez ad hoc.

1 Índice electrónico 01 de SAMAI. “REPARTO Y RADICACIÓN DEL PROCESO REALIZADAS EL
viernes, 14 de noviembre de 2025 con secuencia: 11671 - Cuad.:1”.
2 Rubén Darío Núñez Rincón, Álvaro Illera Dodino, Jofre Rolong Sterling, Julia Inés Villamizar, Jesús
Antonio Mendoza Cañas, Manuel Guillermo Mantilla Celis, Rafael Antonio Ruiz Poveda y Paul
Valverde Moreno.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07212-01
Accionante: Rubén Darío Núñez Rincón y Otros
Accionado: Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Bucaramanga y Otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

3. Indicaron que, con ocasión de la creación de un juzgado transitorio en
Bucaramanga con competencia en asuntos prestacionales de la Rama Judicial, el
proceso fue remitido a dicho despacho, el cual profirió sentencia de primera
instancia favorable el 24 de abril de 2023, notificada el 27 del mismo mes. Afirmaron
que, al no interponerse recurso de apelación dentro del término legal, el expediente
fue devuelto al juzgado de origen el 24 de julio de 2023, con constancia de proceso
finalizado.

4. Expusieron que, en virtud de lo anterior, solicitaron la expedición de copias
auténticas, las cuales fueron entregadas en agosto de 2023, y posteriormente
adelantaron el trámite de pago de la condena ante la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, entidad que asignó número de expediente administrativo y
turno para pago, reconociendo los efectos de la sentencia.

5. No obstante, señalaron que el 24 de julio de 2024 tuvieron conocimiento de
actuaciones posteriores en el proceso, en particular de una declaratoria de
impedimento por parte del Tribunal Administrativo de Norte de Santander para
conocer una segunda instancia, lo que los llevó a revisar el expediente electrónico.
Indicaron que, en dicha revisión, advirtieron que el Juzgado Transitorio de
Bucaramanga incorporó, con posterioridad a la finalización del proceso, memoriales
relacionados con un recurso de apelación presuntamente presentado en mayo de
2023 y, mediante auto del 20 de marzo de 2024, concedió dicho recurso, pese a
que el proceso ya había sido declarado finalizado.

6. Los tutelantes manifestaron que, el 13 de marzo de 2024, el Juzgado Transitorio
de Bucaramanga incorporó al expediente en SAMAI unos memoriales radicados el
8 de mayo de 2023 en el correo electrónico
j402admbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co, correspondientes al recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia.
Indicaron que, en consecuencia, mediante auto del 20 de marzo de 2024, el
Juzgado concedió dicho recurso, cuyo conocimiento fue asignado al Tribunal
Administrativo de Norte de Santander.

7. Los accionantes manifestaron que el 18 de diciembre de 2024 radicaron solicitud
de nulidad procesal ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, con
fundamento en la causal prevista en el numeral 2 del artículo 133 del Código
General del Proceso, al considerar que se había revivido un proceso legalmente
concluido.

8. Indicaron que, mediante auto del 22 de abril de 2025, dicha autoridad admitió el
recurso de apelación sin pronunciarse sobre la solicitud de nulidad. Señalaron que,
inconformes con esta decisión, interpusieron recurso de reposición, el cual fue
resuelto mediante auto del 17 de junio de 2025, en el que el Tribunal negó la nulidad
propuesta.

9. Asimismo, expusieron que, mediante auto del 9 de octubre de 2025, el Tribunal
negó el recurso de reposición, al considerar que la situación alegada ya había sido
resuelta en la providencia que desestimó la nulidad. Agregaron que la autoridad

2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07212-01
Accionante: Rubén Darío Núñez Rincón y Otros
Accionado: Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Bucaramanga y Otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

judicial sustentó su decisión en que el recurso de apelación había sido interpuesto
oportunamente a través de canales institucionales, lo que impedía concluir que el
proceso se encontraba finalizado y, por tanto, no resultaba procedente retrotraer la
actuación.

Pretensiones

10. Conforme a lo dispuesto en el escrito de tutela, se formularon las siguientes
pretensiones (se transcribe con posibles errores):

“PRIMERO: Con fundamento en los hechos relacionados, muy
respetuosamente, solicito al Juez Constitucional nos sea amparado el
derecho al debido proceso, y que, como consecuencia de ello, del proceso
con radicado número 54-001-33-33-003-2020-00264-02 que actualmente se
encuentra en el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, se ordene la
nulidad de todo lo actuado con posterioridad al auto de fecha 20 de marzo
de 2024, al configurarse la causal establecida en artículo 133 numeral 2° del
Código General del Proceso, por haberse revivido un proceso legalmente
concluido, y como consecuencia de ello, y como consecuencia de ello, se
proceda a dar por terminado el proceso, en razón de los hechos
anteriormente expuestos.
SEGUNDO: Con ocasión a la anterior declaratoria de nulidad, solicito al
despacho se deje en firme la cuenta radicada el día tres (03) de noviembre
del año 2023, así como que se confirme la ejecutoria del proceso en la
sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Administrativo
Transitorio de Bucaramanga de fecha del veinticuatro (24) de abril del año
2023 con su respectiva constancia ejecutoria de fecha del veintidós (22) de
agosto del mismo año, emitida por el juzgado de origen, siendo este el
Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta”3.

Fundamentos de la demanda de tutela

11. Los solicitantes sostuvieron que la acción de tutela, conforme a los artículos 86
de la Constitución y 6º del Decreto 2591 de 1991, constituye un mecanismo
subsidiario orientado a la protección inmediata de derechos fundamentales, que no
puede sustituir los medios ordinarios de defensa judicial, salvo cuando estos
resulten inexistentes o ineficaces.

12. En ese contexto, cuestionaron la decisión del Juzgado Administrativo Transitorio
de Bucaramanga de conceder el recurso de apelación bajo el argumento de
garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia, al considerar que
dicha determinación carece de sustento jurídico. Señalaron que el recurso fue
remitido a un canal electrónico no autorizado, por lo que debió tenerse como no
presentado, sin que su rechazo implicara vulneración de derechos fundamentales.

13. Indicaron que el uso correcto de los canales institucionales para la radicación
de memoriales constituye una carga procesal mínima, especialmente tratándose de
abogados en ejercicio, quienes están sujetos a deberes de diligencia y cuidado
profesional, conforme a la Ley 1123 de 2007. En ese sentido, resaltaron que el

3 Índice electrónico 02 de SAMAI. 1_DemandaWeb_Demanda_Tutelaconanexos(.pdf) NroActua 2.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07212-01
Accionante: Rubén Darío Núñez Rincón y Otros
Accionado: Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Bucaramanga y Otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

apoderado de la entidad demandada —Rama Judicial— contaba con pleno
conocimiento de los canales oficiales dispuestos por el despacho.

14. Adicionalmente, invocaron precedente del Consejo de Estado4, según el cual
los memoriales radicados en direcciones electrónicas no habilitadas deben tenerse
por no presentados, en la medida en que el uso de la sede judicial electrónica
constituye un deber procesal orientado a garantizar la seguridad jurídica, la
eficiencia y la correcta prestación del servicio de justicia.

15. Con base en lo anterior, concluyeron que el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandada no cumplía los requisitos para su trámite, por lo que su
concesión implicó una actuación irregular. Asimismo, señalaron que el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, al negar la nulidad propuesta, omitió valorar
estos argumentos y no tuvo en cuenta que no se les corrió traslado del recurso ni
se les notificó el auto que lo concedió, lo cual, a su juicio, vulneró su derecho al
debido proceso.

Trámite en primera instancia

16. Mediante auto del 21 de noviembre de 20255, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado inadmitió la presente acción de tutela, por cuanto la abogada Johanna
Patricia Ortega Criado no allegó los correspondientes poderes y anexos que la
facultan para interponer la presente acción constitucional en nombre y
representación de los demandantes. En consecuencia, ordenó a la abogada
Johanna Patricia Ortega Criado que, en el término de 3 días, contados a partir de la
notificación de esta providencia, subsane la demanda, en el sentido de aportar los
poderes especiales para formular tutela en nombre y representación de todos los
demandantes. Manifestó que, si la demanda no se subsana en el plazo aquí
señalado, será rechazada, en los términos del artículo 17 del Decreto 2591 de 1991.

17. Posteriormente, a través de auto del 5 de diciembre de 20256, la Sección Cuarta
del Consejo de Estado señaló que en cumplimiento del requerimiento realizado el
21 de noviembre de 2025, la abogada Johanna Patricia Ortega Criado allegó los
poderes especial a ella otorgados por Rubén Darío Núñez Rincón, Álvaro Illera
Dodino, Jofre Rolong Sterling, Julia Inés Villamizar, Jesús Antonio Mendoza Cañas,
Manuel Guillermo Mantilla Celis, Rafael Antonio Ruiz Poveda y Paul Valverde
Moreno. Sin embargo, no remitió el mandato judicial otorgado por Paola Andrea
Sierra Durán. En ese orden de ideas, la tutela se admitirá frente a las mencionadas
personas que le otorgaron poder a la abogada Johanna Patricia Ortega Criado. No
obstante, aunque a Paola Andrea Sierra Durán no es dable considerarla tutelante,
ya que no se allegó poder especial por ella otorgado, se vinculará a este trámite
constitucional como tercera interesada por haber integrado la parte demandante en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 54001-33-33-003-2020-00264-
00/01.

4 En concreto una tutela del magistrado Fredy Ibarra Martínez en un fallo de tutela de fecha 29 de
marzo de 2023.
5 Índice electrónico 06 de SAMAI. 5Autoqueinadmi_2INADMITEPODER202507(.pdf) NroActua 6.
6 Índice electrónico 013 de SAMAI. 11Autoqueadmite_10ADMITE20250721200R(.pdf) NroActua 13.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07212-01
Accionante: Rubén Darío Núñez Rincón y Otros
Accionado: Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Bucaramanga y Otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

18. En consecuencia, dispuso admitir la demanda de tutela presentada por Rubén
Darío Núñez Rincón, Álvaro Illera Dodino, Jofre Rolong Sterling, Julia Inés
Villamizar, Jesús Antonio Mendoza Cañas, Manuel Guillermo Mantilla Celis, Rafael
Antonio Ruiz Poveda y Paul Valverde Moreno, así como notificar a los magistrados
del Tribunal Administrativo de Norte de Santander y al juez tercero administrativo
de Cúcuta, vincular en calidad de terceros con interés A la directora de ejecutiva de
administración judicial, A la señora Paola Andrea Sierra Durán, comoquiera que
integró la parte demandante en el aludido proceso contencioso-administrativo y
finalmente Reconocer a la abogada Johanna Patricia Ortega Criado como
apoderada de los demandantes, en los términos de los poderes a ella conferidos.

Intervenciones

19. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander7 manifestó que, a través
de sentencia del 27 de noviembre de 2025, el Tribunal confirmó la decisión del 24
de abril de 2023 proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de
Bucaramanga, que reconoció la bonificación judicial como factor salarial a los
accionantes.

20. El Despacho se opone a la presente tutela, al considerar que no reviste
relevancia constitucional, pues pretende utilizarse como una tercera instancia para
controvertir decisiones ya adoptadas dentro del proceso ordinario radicado 2020-
00264-02.

21. Asimismo, indicó que mediante auto del 17 de junio de 2025 se negó el incidente
de nulidad procesal propuesto por la parte demandante, al concluir que no se
configuró la causal invocada, en tanto el proceso no se encontraba legalmente
finalizado, dado que la entidad demandada había interpuesto oportunamente
recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondía al Tribunal en segunda
instancia. En consecuencia, solicitó negar la acción de tutela.

22. Adicionalmente, envío el link del expediente identificado con el radicado 54001-
33-33-003-2020-00264-028.

23. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cúcuta –
Norte de Santander9 solicitó negar la tutela. Explicó que la irregularidad en la
radicación del recurso de apelación obedeció a la duplicidad de registros del
proceso, derivada de la creación de juzgados transitorios, lo que generó que el
expediente figurara activo en Cúcuta y Bucaramanga, así como confusión por el uso
de distintos canales electrónicos para la radicación de memoriales.

7Índice electrónico 019 de SAMAI. 17_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
CONTESTACIONACCION(.pdf) NroActua 19.
8 Índice electrónico 018 de SAMAI. 17RECIBEPRUEBAS_54001333300320200026(.zip) NroActua
18.
9 Índice electrónico 022 de SAMAI. 22_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
ContestacionTutela(.pdf) NroActua 22.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07212-01
Accionante: Rubén Darío Núñez Rincón y Otros
Accionado: Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Bucaramanga y Otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

24. Indicó que (i) el recurso de apelación fue presentado oportunamente; (ii) ya
existe sentencia de segunda instancia del 27 de noviembre de 2025 que confirmó
la decisión favorable a los demandantes y se encuentra en trámite de pago; y (iii)
no se ha solicitado ni se solicitará la devolución de los dineros reconocidos y
pagados.

25. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial10 solicitó su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, así como la
vinculación de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta
– Norte de Santander, y la negación de las pretensiones de la tutela.

26. Sostuvo que no intervino en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, en el cual la representación de la Rama Judicial estuvo a cargo de la
Dirección Ejecutiva Seccional, por lo que no le corresponde responder por las
decisiones judiciales cuestionadas, las cuales están amparadas por los principios
de autonomía e independencia judicial. Indicó, además, que su función es de
carácter técnico y administrativo, sin injerencia en las decisiones adoptadas por
jueces y magistrados.

27. De igual forma, consideró que la acción de tutela es improcedente, en tanto
busca reabrir un debate procesal ya resuelto en la jurisdicción ordinaria y no cumple
con el requisito de relevancia constitucional, pues no se acreditan defectos ni se
aportan pruebas que sustenten la alegada vulneración de derechos fundamentales.

28. El Juzgado Tercero Administrativo Oral de Cúcuta11 indicó que su actuación
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado
número 54-001-33-33-003-2020-00264-00, se limitó exclusivamente a la
declaratoria de impedimento por parte del anterior titular del despacho, la cual fue
aceptada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, así como a la
remisión del expediente al Juzgado Administrativo Transitorio de Bucaramanga.
Dichas actuaciones —precisó— se desarrollaron en estricto cumplimiento del
debido proceso y del ordenamiento jurídico aplicable.

29. En ese sentido, destacó que los hechos que dieron origen a la acción de tutela
resultan ajenos a su actuación, en la medida en que su intervención se circunscribió
a la declaratoria de impedimento.

30. Por lo anterior, solicitó negar las pretensiones de la acción constitucional
respecto de esa autoridad judicial, al no evidenciarse acción u omisión atribuible
que comporte vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte
actora.

10Índice electrónico 023 de SAMAI. 23_MemorialWeb_Respuesta-PRONUNCIAMIENTORUBE(.pdf)
NroActua 23.
11 Índice electrónico 024 de SAMAI. 26RECIBEMEMORIAL_Memorial_respuestatutela20250(.pdf)
NroActua 24.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07212-01
Accionante: Rubén Darío Núñez Rincón y Otros
Accionado: Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Bucaramanga y Otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

31. El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Bucaramanga12
guardó silencio a pesar de haber sido notificado.

Sentencia de primera instancia

32. Mediante providencia del 12 de febrero de 202613, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado declaró la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente, al constatar
que, durante el trámite de la acción de tutela, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander profirió sentencia de segunda instancia el 27 de noviembre de 2025,
mediante la cual confirmó el fallo del Juzgado Administrativo Transitorio de
Bucaramanga. Dicha providencia fue notificada a las partes el 4 de diciembre de
2025. En consecuencia, la Sala concluyó que se configuró un hecho sobreviniente
que impedía un pronunciamiento de fondo, en tanto la autoridad judicial accionada
resolvió el proceso ordinario accediendo a las pretensiones.

33. Adicionalmente, advirtió que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cúcuta – Norte de Santander informó que se estaban adelantando los
trámites para dar cumplimiento al fallo y que a los accionantes ya se les reconocía
y pagaba la bonificación judicial como factor salarial, sin que se hubiera solicitado
ni se fuera a solicitar la devolución de los dineros previamente reconocidos.

Impugnación14

34. Los actores sostuvieron que la declaratoria de carencia actual de objeto por
hecho sobreviniente no responde a lo realmente planteado en la acción de tutela,
pues la vulneración alegada no se originó en la falta de decisión judicial, sino en el
trámite irregular del recurso de apelación.

35. Indicaron que dicho recurso fue presentado a un canal electrónico no autorizado,
por lo que debía tenerse como no presentado, sin que su rechazo implicara
vulneración de derechos fundamentales. En ese sentido, afirmaron que el Juzgado
Administrativo Transitorio de Bucaramanga no estaba obligado a darle trámite,
máxime tratándose del apoderado de la Rama Judicial, quien debía actuar con
diligencia y conocimiento de los canales oficiales.

36. Adicionalmente, señalaron que la expedición de la sentencia de segunda
instancia no elimina la afectación al debido proceso, ya que el problema central
radica en el impacto económico y temporal generado por la reapertura del proceso.
Explicaron que ello implicó la reasignación del turno de pago de la condena —
pasando de 14.096 a 23.722—, lo que incrementa de manera significativa el tiempo
de espera, estimado en más de seis años, generando un trato desigual e
injustificado frente a otros beneficiarios.

12 Se notificó al correo: adm03cuc@cendoj.ramajudicial.gov.co.
13 Índice electrónico 027 de SAMAI. 27Sentencia_520250721200RUBENDAR(.pdf) NroActua 27.
14 Índice electrónico 033 de SAMAI. Memorial__31Otro(.pdf) NroActua 33.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07212-01
Accionante: Rubén Darío Núñez Rincón y Otros
Accionado: Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Bucaramanga y Otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

37. En consecuencia, afirmaron que la decisión de declarar la carencia de objeto
desconoce la persistencia de la afectación, pues la emisión del fallo no subsanó el
defecto procedimental alegado. Por lo anterior, solicitaron revocar la decisión
impugnada y acceder a las pretensiones de amparo.

CONSIDERACIONES

Competencia

38. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
201915.

Problema jurídico y metodología de la decisión

39. Los señores Rubén Darío Núñez Rincón y Otros16 presentaron acción de tutela
contra el Juzgado Administrativo transitorio de Bucaramanga y el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, al considerar que dicha autoridad judicial
vulneró su derecho fundamental al debido proceso.

40. Los accionantes manifestaron que el 13 de marzo de 2024 el Juzgado
Transitorio de Bucaramanga incorporó al expediente en SAMAI memoriales
radicados el 8 de mayo de 2023 en un correo electrónico no autorizado,
correspondientes al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada.
Indicaron que, mediante auto del 20 de marzo de 2024, el Juzgado concedió dicho
recurso, cuyo conocimiento fue asignado al Tribunal Administrativo de Norte de
Santander.

41. Señalaron que el 18 de diciembre de 2024 radicaron solicitud de nulidad
procesal ante el Tribunal, con fundamento en la causal de revivir un proceso
legalmente concluido.

42. Expusieron que, mediante auto del 22 de abril de 2025, el Tribunal admitió el
recurso de apelación sin pronunciarse sobre la nulidad, y que, al interponer recurso
de reposición, este fue resuelto mediante auto del 17 de junio de 2025, en el que se
negó la solicitud.

43. No obstante, la Sala advierte que el 27 de noviembre de 2025, el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander profirió sentencia de segunda instancia,
mediante la cual confirmó la decisión del 24 de abril de 2023, emitida por el Juzgado
Administrativo Transitorio del Circuito de Bucaramanga, en la cual se les reconoció
a los accionantes la naturaleza salarial de la bonificación judicial.

15 Artículo 13- “Distribución de los procesos entre las secciones”.
16 Rubén Darío Núñez Rincón, Álvaro Illera Dodino, Jofre Rolong Sterling, Julia Inés Villamizar, Jesús
Antonio Mendoza Cañas, Manuel Guillermo Mantilla Celis, Rafael Antonio Ruiz Poveda y Paul
Valverde Moreno.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07212-01
Accionante: Rubén Darío Núñez Rincón y Otros
Accionado: Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Bucaramanga y Otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

44. En este contexto, y teniendo en cuenta que durante el trámite de la presente
acción de tutela se produjo un pronunciamiento definitivo en el proceso ordinario,
corresponde a la Sala determinar si se configura la carencia actual de objeto.

45. Para abordar y resolver el problema jurídico planteado, esta Subsección
desarrollará una metodología que incluye: (i) reiteración de la jurisprudencia
constitucional sobre la carencia actual de objeto y, (ii) estudio del caso concreto.

La carencia actual de objeto

46. La acción de tutela, consagrada en la Constitución de 1991, tiene como finalidad
la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando estos resulten
vulnerados o amenazados. No obstante, cuando desaparecen o se modifican las
circunstancias que dieron origen a la presunta afectación, el amparo pierde su
finalidad, configurándose la denominada carencia actual de objeto17.

47. En estos eventos, al haberse superado la situación que motivó la solicitud de
tutela, cualquier pronunciamiento judicial carece de efectos prácticos, pues no
subsiste una vulneración que requiera protección.

48. Sin perjuicio de lo anterior, de manera excepcional, el juez constitucional puede
emitir un pronunciamiento de fondo con fines pedagógicos o de unificación
jurisprudencial, especialmente para precisar el alcance de derechos fundamentales
o los requisitos de procedencia de la acción18.

49. El Tribunal Constitucional19 ha identificado tres supuestos para la configuración
de la carencia actual de objeto: (i) hecho superado; (ii) daño consumado;
(iii) situación sobreviniente. Además de estas hipótesis, la Corte ha declarado esta
improcedencia sin calificarla20.

17 Corte Constitucional, Sentencia SU-109 de 2022.
18 Corte Constitucional, Sentencia T-411 de 2024.
19 Corte Constitucional, Sentencia SU-109 de 2022.
20 En la Sentencia T-622 de 2010, la Corte Constitucional analizó si la actuación del Consejo de
Disciplina de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres vulneró los derechos fundamentales
de la señora Carolina Díaz Gil. Del material probatorio se estableció que el 28 de noviembre de
2008 se abrió investigación disciplinaria en su contra; el 3 de diciembre siguiente rindió descargos
de manera libre y voluntaria; y mediante Resolución Nº 006 del 14 de enero de 2009 se le impuso
una sanción de treinta (30) días de aislamiento. Esta decisión fue notificada, recurrida en reposición
y confirmada mediante Resolución N.º 016-2009, ejecutoriada el 26 de enero de 2009. La sanción
se cumplió entre el 3 de febrero y el 4 de marzo de 2009. La Corte concluyó que no se configuró
vulneración del debido proceso, por cuanto la actora ejerció su derecho de defensa, fue debidamente
notificada y contó con los recursos procedentes. Adicionalmente, se evidenció que la acción de tutela
fue instaurada el 11 de febrero de 2009 y, tras su reparto inicial, fue remitida a los juzgados penales
municipales, correspondiendo su conocimiento al Juzgado 27 Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Bogotá, que profirió sentencia el 5 de marzo de 2009, esto es, cuando ya
había finalizado el cumplimiento de la sanción. En ese contexto, la Corte determinó la existencia de
una carencia actual de objeto dada la sustracción de materia, pues la sanción ya había sido cumplida
al momento de decidir la tutela, lo que torna inocua cualquier orden de amparo. Así, al igual que lo
concluyó el juez de instancia, no se acredita vulneración de derechos fundamentales, ni es este el
escenario para evaluar la eventual severidad de la sanción impuesta.En consecuencia, dado que la
tutela no procede para remediar eventuales daños materializados y carecería de efectos prácticos,
lo procedente es declarar la carencia actual de objeto.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07212-01
Accionante: Rubén Darío Núñez Rincón y Otros
Accionado: Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Bucaramanga y Otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

Análisis del caso concreto

50. Los señores Rubén Darío Núñez Rincón y otros21 interpusieron acción de tutela
contra el Juzgado Administrativo Transitorio de Bucaramanga y el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander por la presunta vulneración de su derecho al
debido proceso.

51. Indicaron que el 13 de marzo de 2024 el Juzgado incorporó al expediente en
SAMAI un recurso de apelación radicado en un correo no autorizado y, mediante
auto del 20 de marzo de 2024, lo concedió.

52. Señalaron que el 18 de diciembre de 2024 solicitaron la nulidad procesal por
haberse revivido un proceso concluido.

53. Expusieron que el Tribunal admitió la apelación sin resolver la nulidad y,
mediante auto del 17 de junio de 2025, negó dicha solicitud.

54. La Sala examinará, en primer lugar, la legitimación en la causa y, en segundo
lugar, verificará si en el presente trámite constitucional se configura la carencia
actual de objeto.

La legitimación en la causa por activa y pasiva

55. En primer lugar, los señores Rubén Darío Núñez Rincón, Álvaro Illera Dodino,
Jofre Rolong Sterling, Julia Inés Villamizar, Jesús Antonio Mendoza Cañas, Manuel
Guillermo Mantilla Celis, Rafael Antonio Ruiz Poveda y Paul Valverde Moreno
cuenta con legitimación en la causa por activa, dado que ostentan la titularidad del
derecho fundamental cuya vulneración invocan. En tal condición, actúan como las
personas directamente afectadas por la negativa a la solicitud de nulidad de lo
actuado con posterioridad a la notificación del fallo de primera instancia.

56. De igual manera, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la causa
por pasiva, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra el Juzgado
Administrativo transitorio de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, autoridades judiciales a las que se les atribuye la trasgresión del derecho
fundamental reclamado por los accionantes.

57. La Sala comparte la decisión del 5 de diciembre de 2025, mediante la cual la
Sección Cuarta del Consejo de Estado ordenó vincular a Paola Andrea Sierra Durán
como tercera con interés, dado que así no haya aportado el poder correspondiente
hizo parte de la parte demandante en el proceso contencioso-administrativo.

21 Rubén Darío Núñez Rincón, Álvaro Illera Dodino, Jofre Rolong Sterling, Julia Inés Villamizar, Jesús
Antonio Mendoza Cañas, Manuel Guillermo Mantilla Celis, Rafael Antonio Ruiz Poveda y Paul
Valverde Moreno.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07212-01
Accionante: Rubén Darío Núñez Rincón y Otros
Accionado: Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Bucaramanga y Otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

Carencia actual de objeto

58. Mediante sentencia del 27 de noviembre de 202522, el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander profirió sentencia de segunda instancia23, mediante la cual
confirmó la decisión del 24 de abril de 2023, emitida por el Juzgado Administrativo
Transitorio del Circuito de Bucaramanga.

59. En dicha providencia, el Tribunal consideró acertada la decisión de primera
instancia al reconocer la naturaleza salarial de la bonificación judicial. Señaló que
excluirla de este carácter reduciría las prestaciones sociales del demandante, en
contravía del artículo 53 de la Constitución, el artículo 2 de la Ley 4 de 1992 y el
artículo 1 de la Convención No. 95 de la OIT. En consecuencia, se accedió a la
pretensión de los demandantes de reconocer la bonificación judicial como factor
salarial.

60. Adicionalmente, la Sala observa que la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cúcuta – Norte de Santander24 informó que el fallo de
segunda instancia ha sido tramitado para su reconocimiento desde el 5 de diciembre
de 2025 y que, a la fecha, ya fue reconocido por la entidad demandada. Asimismo,
señaló que dicho trámite se ha surtido de manera adecuada, sin que se hayan
presentado inconvenientes en el reconocimiento ni en la inclusión en nómina de los
representados de la accionante, ni tampoco se ha proferido actuación alguna que
desconozca o deje sin efectos lo decidido en segunda instancia.

61. En el presente caso, la Subsección considera que se configura la carencia actual
de objeto, en la medida en que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander25
ya profirió sentencia de segunda instancia. En efecto, con dicha decisión se satisfizo
la pretensión de los accionantes, al reconocer la naturaleza salarial de la
bonificación judicial.

62. En este contexto, cualquier orden de protección constitucional resultaría inocua,
en la medida en que la situación que dio origen a la acción de tutela ha sido
superada. Por consiguiente, al no subsistir una vulneración actual de derechos
fundamentales que requiera intervención del juez constitucional, lo procedente es
declarar la carencia actual de objeto.

22 Índice electrónico 039 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Norte de Santander. CONFIRMA
SENTENCIA (.pdf) NroActua 39.
23 La cual se notificó el 4 de diciembre de 2025. Índice electrónico 041 de SAMAI del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander.
24Índice electrónico 022 de SAMAI. 22_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
ContestacionTutela(.pdf) NroActua 22.
25 La Corte Constitucional en sentencia T-411 de 2024, señaló que “La jurisprudencia ha declarado
un hecho sobreviniente cuando: (i) el actor mismo es quien asume la carga que no le correspondía
para superar la situación vulneradora; (ii) un tercero –distinto al accionante y a la entidad
demandada- ha logrado que la pretensión de la tutela se satisfaga en lo fundamental; (iii) es
imposible proferir alguna orden por razones que no son atribuibles a la entidad demandada o (iv) el
actor simplemente pierde interés en el objeto original de la litis.” En este punto, la Sala advierte que
no considera que se configure la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente, en tanto la
entidad demandada, en este caso el Tribunal Administrativo de Norte de Santander satisfizo la
pretensión en el fondo de los tutelantes, toda vez que les reconoció la naturaleza salarial de la
bonificación judicial.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07212-01
Accionante: Rubén Darío Núñez Rincón y Otros
Accionado: Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Bucaramanga y Otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

63. Ahora bien, en respuesta a los argumentos de impugnación, la Corporación
considera que la expedición de la sentencia de segunda instancia no solo satisfizo
la pretensión principal de los accionantes, sino que también neutralizó los efectos
constitucionalmente relevantes de la irregularidad procesal alegada. En efecto,
aunque los tutelantes sostuvieron que la concesión del recurso de apelación revivió
indebidamente un proceso que estimaban concluido, lo cierto es que dicha
actuación culminó con una decisión de segunda instancia que confirmó
íntegramente el fallo favorable a sus intereses y mantuvo el reconocimiento de la
bonificación judicial como factor salarial. De este modo, aun si se admitiera la
existencia de una anomalía en el trámite del recurso, esta no produjo una afectación
actual y autónoma del derecho fundamental al debido proceso que hiciera necesaria
la intervención del juez de tutela, pues no alteró el sentido material de la decisión ni
privó a los actores del derecho reconocido en sede ordinaria. En esa medida, las
consecuencias accesorias señaladas por los accionantes, como la modificación del
turno de pago o la prolongación del trámite, no desvirtúan la configuración de la
carencial actual de objeto, ya que no evidencian una lesión constitucional
subsistente que pueda ser reparada por esta vía.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 12 de febrero de 2026, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con las razones expuestas
en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF

12

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.