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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07216-00

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07216-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Denegar las solicitudes de desvinculación presentadas por el Tribunal 15 Visualizar en Samai, expediente 47001-23-33-000-2014-00309-01, índice 89. 16 Visualizar en Samai, expediente 47001-23-33-000-2014-00309-01, índice 92. 17 Visualizar en Samai, índice 2. 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Jackeline del Carmen Gómez Peláez Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-07216-00 Administrativo del Magdalena, la Nación, Ministerio de Transporte, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla y la Defensoría del Pueblo. SEGUNDO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela presentada por la señora Jackeline del Carmen Gómez Peláez por no cumplir el requisito adjetivo de inmediatez. TERCERO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-07216-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

19 de febrero de 2026

Demandante: Jackeline del Carmen Gómez Peláez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07216-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07216-00
Demandante: JACKELINE DEL CARMEN GÓMEZ PELÁEZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
A

Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de inmediatez.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora en ejercicio de
la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución y desarrollada en los
decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el
artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El 14 de noviembre de 2025, la señora Jackeline del Carmen Gómez Peláez,
actuando en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, con el fin de que le fuera amparado su
derecho fundamental a la igualdad.

La parte demandante consideró vulnerada la mencionada garantía con ocasión de
la sentencia del 6 de diciembre de 2024, que modificó el fallo del 12 de mayo de
2021, a través del cual el Tribunal Administrativo del Magdalena accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda de reparación de perjuicios
causados a un grupo identificada con el radicado 47001-23-33-000-2014-00309-
00/01, promovida contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía
Nacional, el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte, el
municipio de Fundación (Magdalena), el Instituto de Tránsito y Transporte de
Fundación, el departamento del Magdalena, el Distrito Industrial y Portuario de
Barranquilla, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla y la Iglesia
Pentecostal Unida de Colombia.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la actora solicitó:

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Demandante: Jackeline del Carmen Gómez Peláez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07216-00

Con fundamento en los hechos expuestos, muy comedidamente solicito a ustedes
señor Juez se CONCEDA LA ACCIÓN DE TUTELA, protegiendo el derecho a la
igualdad y no discriminación, en aplicación del principio procesal de prevalencia de lo
substancial sobre lo formal.1

1.3. Hechos

De la solicitud de amparo presentada por la señora Jackeline del Carmen Gómez
Peláez, y de la revisión del expediente, se extraen los siguientes hechos que, a
juicio de la sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

La actora puso de presente que es de nacionalidad venezolana, y que, en hechos
ocurridos el 18 de mayo de 2014, falleció su hija, la menor de edad Belkis Jhohana
Paut Gómez. Relató que, para ese momento, vivía con su padre, el señor Félix
Gómez, y sus hijos en el municipio de Fundación (Magdalena).

El 10 de junio de 2014, el señor Eduardo Enrique Orozco Torres y otros2, como
integrantes de los núcleos familiares de las víctimas, presentaron demanda de
reparación de los perjuicios causados a un grupo en contra de la Nación, Ministerio
de Defensa Nacional, Policía Nacional, el Ministerio de Transporte, la
Superintendencia de Transporte, el municipio de Fundación (Magdalena), el
Instituto de Tránsito y Transporte de Fundación, el departamento del Magdalena, el
Distrito Industrial y Portuario de Barranquilla, la Secretaría de Tránsito y Seguridad
Vial de Barranquilla y la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, con el fin de que
se le indemnizaran los daños causados, consistentes en las muertes y lesiones por
la «conflagración de la buseta de servicio público especial» ocurrida el 18 de mayo
de 2014, en el municipio de Fundación, mismo suceso en el que perdió la vida la
hija de la accionante. Sin embargo, la señora Gómez Peláez no hizo parte del
extremo demandante en dicho trámite.

El proceso correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo del
Magdalena que, en fallo del 12 de mayo de 2021, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y, en ese sentido, declaró la responsabilidad de la
Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y condenó a dicha entidad a indemnizar los
perjuicios declarados en la sentencia a los demandantes y demás integrantes del
grupo que se acogieran a lo dispuesto en ella.

Frente a esta decisión, tanto los demandantes como la entidad condenada
presentaron recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió a la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado que, por medio de
providencia del 6 de diciembre de 2024, resolvió modificar lo decidido en primera
instancia y, por consiguiente, declaró responsables y condenó a la Iglesia
Pentecostal Unida de Colombia, al municipio de Fundación y al Instituto de Tránsito
y Transporte de Fundación por los perjuicios causados a los demandantes.

Asimismo, concedió a favor de cada uno de los padres de las víctimas directas
fallecidas que comparecieron al proceso el equivalente a 100 SMLMV, por

1 Transcripción literal del texto original con posibles errores.
2 Los señores Yonnys Fred Barón de la Cruz, Fernando Antonio Valencia Morales, Melbis Luz de

León Carranza, José Manjarréz Manga y María Catalina Mercado Bocanegra.

2

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perjuicios morales; mientras que, en relación con los que estuvieron ausentes en el
proceso judicial, como es el caso de la accionante, y se pudo verificar que sufrieron
una afectación, se les reconoció la suma de 50 SMLMV y determinó los requisitos
que debían cumplir para ser beneficiarios de la condena.

El fallo en cuestión fue notificado el 11 de diciembre de 2024 y, por medio de auto
del 7 de febrero de 2025, fueron resueltas dos solicitudes de adición y aclaración
elevadas oportunamente, providencia que fue notificada por estado electrónico el
20 del mismo mes y año.

La accionante manifestó haber presentado, posteriormente, solicitud de corrección
de la sentencia, al considerar errado el monto de indemnización que se le otorgó
en comparación con el de quienes participaron en el proceso. Al respecto, señaló
que no tuvo la posibilidad de demandar en tiempo, dado que se encontraba en una
condición irregular en el país, y no tenía conocimiento de la acción de grupo
impetrada.

La autoridad enjuiciada, por medio de auto del 19 de mayo de 2025, precisó que
las peticiones relativas a correcciones de errores aritméticos o mecanográficos
podían presentarse en cualquier tiempo y no afectaban la ejecutoria de la
providencia respectiva.

Con todo, negó la solicitud al considerar que no medió error en la decisión
reprochada y agregó que, en todo caso, los motivos aludidos por la señora Gómez
Peláez para abstenerse de elevar pretensiones indemnizatorias respecto de la
muerte de su hija no se encontraban comprobados. Además, explicó que en el fallo
se argumentó con suficiencia y soporte normativo y jurisprudencial que no era
posible reconocer los mismos rubros que se otorgaron a favor de quienes
demandaron en el asunto objeto de reproche.

1.4. Sustento de la vulneración

A juicio de la accionante, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado vulneró su derecho fundamental a la igualdad. Al respecto, señaló que la
indemnización otorgada no corresponde a los esfuerzos procesales realizados, sino
al daño ocasionado por la muerte de su hija, «que es igual al dolor y sufrimiento de
los que realizaron los esfuerzos probatorios».

Igualmente argumentó que la Ley 472 de 19983 no sustenta la posición adoptada
por la autoridad enjuiciada con relación a la diferencia en los montos reconocidos,
razonamiento que, a su juicio, no obedece al principio de responsabilidad y «reduce
el nivel de responsabilidad que deben tener los demandados», sino que se apega a
una interpretación judicial que «no se acompasa con los principios del estado social
de derecho».

1.5. Trámite de la acción de tutela

3 Ley 472 de 1998. «Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia

en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones».

3

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El 21 de noviembre de 2025, el magistrado ponente de esta decisión manifestó
impedimento para conocer del asunto de la referencia al invocar la causal prevista
en el numeral 5° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal; sin embargo,
mediante auto del 11 de diciembre de la misma anualidad, la sala declaró
infundada la referida manifestación de impedimento al no encontrar demostrados
los elementos para la configuración de la causal alegada.

Por medio de providencia del 22 de enero de 2026, se admitió la acción de tutela y
se ordenó notificar esta decisión a los magistrados que integran la Subsección A de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, a quienes se les otorgó el término de 3
días para que se pronunciaran.

De igual manera, se ordenó vincular a los magistrados que integran el Tribunal
Administrativo del Magdalena, al director de la Policía Nacional, a la ministra de
Transporte Nacional, al superintendente de Transporte, al alcalde del municipio de
Fundación (Magdalena), al gobernador del departamento del Magdalena, al alcalde
del Distrito Industrial y Portuario de Barranquilla, a la secretaria de Tránsito y
Seguridad Vial de Barranquilla y al representante legal de la Iglesia Pentecostal
Unida de Colombia (demandados en el medio de control ordinario), al igual que al
procurador cuarto delegado ante el Consejo de Estado, al defensor del pueblo
regional del Magdalena y al director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado (vinculados en el trámite), así como a los señores Eduardo Enrique Orozco
Torres, Yonnys Fred Barón de la Cruz, Fernando Antonio Valencia Morales, Melbis
Luz de León Carranza, José Manjarrez Manga, María Catalina Mercado Bocanegra
y demás accionantes e intervinientes en el proceso que dio origen a la providencia
cuestionada; lo anterior como terceros con interés en las resultas del presente
trámite.

Adicionalmente, se ordenó publicar en la página web del Consejo de Estado un
aviso sobre la existencia de la acción, para conocimiento de eventuales
interesados.

1.6 Intervenciones

Efectuadas las notificaciones respectivas, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

Mediante oficio remitido el 26 de enero de 2026 al correo electrónico de la
Secretaría General del Consejo de Estado, allegó enlace del expediente del
proceso objeto de reparo.

Posteriormente, en informe allegado el siguiente 28 de enero, el magistrado titular
del despacho que profirió la providencia enjuiciada realizó un recuento de las
actuaciones relevantes surtidas en el trámite de la acción de grupo. Seguidamente,
precisó que la solicitud de amparo no satisface el requisito de relevancia
constitucional ni amerita un análisis de fondo.

Como sustento de lo anterior, expuso que la jurisprudencia constitucional ha

4

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señalado reiteradamente que, en los eventos de acciones de tutela contra
providencias judiciales proferidas por altas cortes, el tutelante debe acreditar una
especial carga argumentativa dirigida a demostrar que se presentó una
arbitrariedad protuberante que requiera la intervención del juez de amparo. Al
respecto, refirió que la presente acción no cumple el requisito de relevancia
constitucional, toda vez que lo que persigue es que se surta una instancia adicional,
y así reabrir el debate sobre un aspecto ya abordado de manera expresa en la
sentencia enjuiciada. Señaló que la actora manifiesta un criterio diferente al
plasmado en el fallo, es decir, una valoración alternativa a la definición de los
perjuicios, mas no un yerro que afecte la validez de la providencia.

De igual forma, puntualizó que la accionante alude a su situación socioeconómica,
sin formular ni sustentar alguna de las causales específicas de procedencia de la
tutela contra providencias judiciales, de modo que no cumple con la carga
argumentativa mínima requerida.

Adicionalmente, resaltó que el juez de amparo solo puede inmiscuirse en los
asuntos que involucran la real afectación de derechos fundamentales, lo que no se
evidencia en el caso concreto, pues, si bien la accionante aduce el quebranto del
derecho fundamental a la igualdad, lo realmente pretendido es que se analice un
asunto de contenido netamente económico que depende de la aplicación de las
disposiciones legales y el criterio jurisprudencial sobre la materia, mas no propone
un debate de trascendencia constitucional, lo que excede ampliamente el escenario
propio de la acción de tutela.

Añadió que, en caso de estudiarse de fondo el escrito de tutela, lo propio sería
denegar las pretensiones, puesto que la decisión tomada en la sentencia de
segunda instancia fue explicada con suficiencia y estuvo soportada normativa y
jurisprudencialmente. Agregó que el hecho de que la parte actora no comparta esa
conclusión no constituye una transgresión de sus garantías iusfundamentales.

En concordancia con lo anterior, solicitó declarar improcedente la demanda
constitucional o, en su defecto, negar lo pretendido.

1.6.2. Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

Por medio de comunicación enviada el 27 de enero de 2026, el apoderado de la
entidad vinculada trajo a colación la postura jurisprudencial del Consejo de Estado
en torno al requisito de inmediatez como presupuesto general de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencia judicial. Al respecto, puso de presente que el
término acogido por esta corporación para la interposición de la acción de amparo
es de 6 meses a partir del hecho que originó la vulneración.

Adujo que, en el caso concreto, no se cumple el aludido requisito, ya que el amparo
fue presentado el 14 de noviembre de 2025, es decir, más de 6 meses después de
haber sido proferida la sentencia accionada. Por este motivo, solicitó declarar la
improcedencia de la acción de tutela.

1.6.3. Tribunal Administrativo del Magdalena

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En intervención allegada el 28 de enero de la presente anualidad, la magistrada
titular del despacho que conoció en primera instancia del proceso que dio origen a
la providencia reprochada rindió informe, en el cual expuso un breve recuento de
las actuaciones que antecedieron la solicitud de amparo. Luego, sostuvo que la
demanda no dirigió reproche alguno contra el actuar de dicho órgano colegiado, ni
atribuyó a este la vulneración de sus garantías fundamentales, y resaltó que el
tribunal se limitó a tramitar en primera instancia el proceso en cuestión, pero no
profirió el fallo aquí cuestionado. En virtud de lo expuesto, solicitó su desvinculación
de la presente tutela.

1.6.4 Nación, Ministerio de Transporte

Mediante escrito remitido el 28 de enero de 2026, el coordinador del Grupo de
Defensa Judicial de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad se manifestó sobre la
petición de amparo e indicó que no se acreditó que los derechos fundamentales de
la accionante estén en riesgo cierto, grave e inminente, además de que lo aspirado
es reabrir un debate ya estudiado por estar en desacuerdo con lo decidido.

A su vez, solicitó la desvinculación del Ministerio de Transporte, toda vez que no es
la autoridad competente para satisfacer lo pretendido por la parte actora. Además,
explicó que los hechos planteados en la demanda no tienen relación directa o
indirecta de la entidad.

De igual manera se refirió a los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela, y, finalmente, solicitó su desvinculación por carecer de legitimación en la
causa por pasiva, así como la improcedencia del amparo impetrado.

1.6.5 Procuraduría Delegada de Intervención ante el Consejo de Estado

En correo electrónico enviado el 29 de enero de 2026, el procurador delegado
efectuó una recapitulación de los hechos que sustentan la acción constitucional y
precisó que, en este caso, es procedente conceder el amparo solicitado.

Como sustento de lo anterior, arguyó que la sentencia demandada justificó la
diferenciación en el monto del reconocimiento de los perjuicios morales con
fundamento en dos fallos del Consejo de Estado que no son de unificación
jurisprudencial lo que, a su juicio, significa que no comportan precedente obligatorio
conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011.

Igualmente, se pronunció sobre las providencias traídas a colación y sostuvo que
en ellas se abordaron asuntos que no se comparan con el tratado en el caso
concreto, ya que en este se estudia el daño ocasionado a menores de edad en su
calidad sujetos de especial protección constitucional, y citó un marco normativo y
jurisprudencia nacional sobre la especial protección de la cual gozan los niños,
niñas y adolescentes.

Por otro lado, hizo referencia a la finalidad del medio de control de reparación de
los perjuicios causados a un grupo, y argumentó que la norma que regula esta
acción no incluye criterios diferenciadores entre las víctimas que conformaron
inicialmente el grupo respecto de las que lleguen a hacer parte con posterioridad al

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fallo, y adujo que lo relevante es que son víctimas de la misma causa común del
daño, por lo que la reparación debería ser igual para todas.

En conclusión, controvirtió que el fallo del 6 de diciembre de 2024 hubiera decidido
otorgar una reparación menor por daño moral a quienes no fueron parte del grupo
desde un principio, y consideró que en el presente asunto se configura un defecto
material o sustantivo, por fundamentar su razonamiento en providencias que no se
adecuaban a la situación fáctica a la cual se aplicaron, vulnerando el derecho a la
igualdad.

1.6.6 Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla

Por medio de informe allegado el 29 de enero de la presente anualidad, el
apoderado de la entidad vinculada aclaró que esta no fue declarada responsable
dentro del proceso que dio origen al fallo cuestionado, y que no es posible atribuirle
vulneración alguna al derecho fundamental a la igualdad. Añadió que la accionante
busca controvertir el contenido material de una sentencia del Consejo de Estado, lo
cual desnaturaliza el alcance de la tutela y desconoce su carácter subsidiario y
residual.

Por lo anterior, solicitó su desvinculación de la presente acción de amparo y
declarar su improcedencia.

1.6.7 Defensoría del Pueblo

La entidad, en comunicación enviada el 30 de enero de 2026, se pronunció sobre
los hechos y las pretensiones de la demanda constitucional, y señaló que no es
posible atribuirle a la entidad la vulneración a derecho fundamental alguno de la
accionante, motivo por el cual solicitó su desvinculación del trámite de tutela.

1.6.8 Los demás vinculados al presente proceso, a pesar de haber sido notificados
en debida forma, no se pronunciaron al respecto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 20154, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Cuestión previa

El Tribunal Administrativo del Magdalena, en su escrito de intervención, solicitó la
desvinculación en virtud de que en la tutela no se formuló reproche alguno contra
de dicha autoridad. De igual forma lo hicieron la Nación, Ministerio de Transporte, la
Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla y la Defensoría del Pueblo.

4 Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.

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Al respecto, la sala negará las peticiones, puesto que sus vinculaciones se
realizaron en calidad de terceros, en atención al posible interés que les asiste en
las resultas del presente trámite judicial por ser la autoridad que profirió la sentencia
de primera instancia dentro del proceso de acción de grupo que dio origen a la
providencia accionada, en el caso del Tribunal Administrativo del Magdalena, y por
haber sido vinculadas a dicho trámite, en el caso de las demás.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la sala analizar si la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado vulneró el derecho fundamental a la igualdad de la señora
Jackeline del Carmen Gómez Peláez, con ocasión de la sentencia proferida el 6 de
diciembre de 2024, dentro del medio de control de reparación de perjuicios
causados a un grupo identificado con el radicado 47001-23-33-000-2014-00309-
00/01, promovido contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía
Nacional, el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte, el
municipio de Fundación (Magdalena), el Instituto de Tránsito y Transporte de
Fundación, el departamento del Magdalena, el distrito Industrial y Portuario de
Barranquilla, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla y la Iglesia
Pentecostal Unida de Colombia.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y finalmente,
de encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del asunto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20125, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203),
han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.

5 M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

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Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a
que se conceda o niegue el derecho al amparo –sustantiva– o que impiden
efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia
objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los
derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se
atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de
la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. Examen de los requisitos: inmediatez

Frente al requisito de inmediatez se ha insistido en que la acción de tutela debe
incoarse en un plazo razonable6, el cual debe ser ponderado por el juez en cada
caso, pues, de lo contrario, se burlaría el alcance jurídico establecido por el
constituyente y se desvirtuaría su finalidad de medio de protección actual,
inmediato y efectivo.

De acuerdo con lo anterior, esta sala ha declarado la improcedencia de las
acciones de tutela contra providencias judiciales después de haber transcurrido un
lapso considerable desde la ocurrencia del hecho generador que da lugar a la
solicitud de protección y la presentación de la misma, sin que medien razones
suficientes que justifiquen el retardo.

6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Rad. 11001-03-15-000-2008-01018-01.

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Demandante: Jackeline del Carmen Gómez Peláez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07216-00

De igual manera, la Corte Constitucional en la sentencia SU-439 del 13 de julio de
2017, manifestó sobre las reglas de este requisito de procedibilidad adjetiva lo
siguiente:

48. Como es bien sabido, este Tribunal ha puntualizado que de conformidad con el
presupuesto de inmediatez, la acción de tutela debe ser utilizada en un término
prudencial, esto es, con cierta proximidad y consecuencia a la ocurrencia de los
hechos que se dicen violatorios y/o amenazantes de derechos fundamentales, pues
es claro que la solicitud de amparo pierde su sentido y su razón de ser como
mecanismo excepcional y expedito de protección, si el paso del tiempo, lejos de ser
razonable, desvirtúa la inminencia y necesidad de protección constitucional7.

49. En esa medida, para constatar el cumplimiento de dicho requisito de
procedibilidad, el juez de tutela simplemente debe comprobar si resulta razonable el
tiempo comprendido entre el día en que ocurrió o se conoció el hecho vulnerador
y/o constitutivo de la amenaza de un derecho fundamental y, el día en que el
derecho de acción se ejerció mediante la formulación de la acción de tutela8.

Por consiguiente, la finalidad de la acción de tutela como vía judicial es la
protección inmediata de los derechos fundamentales, por lo tanto, la autoridad
judicial está obligada a tomar en cuenta el tiempo que transcurre entre el hecho
generador de la violación de los derechos presuntamente transgredidos y la
solicitud de amparo, lo anterior en virtud de que un lapso irrazonable puede llegar a
demostrar que la medida que se reclama no se requiere con prontitud.

A pesar de lo anterior, en cada caso concreto se estudia si median razonas
suficientes que justifiquen el retardo, para que se flexibilice su consideración y se
pueda entrar al fondo del debate jurídico planteado, tales circunstancias fueron
fijadas por la Corte Constitucional en sentencia T-256 de 2015, cuya tesis es
acogida por esta sala como criterio auxiliar, en los siguientes términos:

(…) i)[E]xista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física,
entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos
de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio de
la acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o iv) cuando se
demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el
hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la
situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y
es actual.9

2.6. Caso concreto

En el caso que ocupa a la sala, la parte actora cuestionó la providencia del 6 de
diciembre del 2024 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, que modificó el fallo del 12 de mayo de 2021, a través del cual
el Tribunal Administrativo del Magdalena accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda de reparación de perjuicios causados a un grupo identificada con el
radicado 47001-23-33-000-2014-00309-00/01.

7 Al respecto, consultar, entre otras, la providencia SU-961 de 1999.
8 Sentencia T-135 de 2015.
9 Ver sentencias T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010 y T-576 de 2010.

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Demandante: Jackeline del Carmen Gómez Peláez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07216-00

En primer lugar, cabe resaltar que, si bien la señora Gómez Peláez no conformó la
parte demandante del proceso referido desde un inicio, se observa el interés que
tiene en el asunto, ya que, de conformidad con los artículos 5510 y 6611 de la Ley
472 de 1998, y en concordancia con la jurisprudencia constitucional, la decisión
adoptada en el proceso de reparación de los perjuicios causados a un grupo
vincula a todas las personas afectadas con la causa común que constituyó el
fundamento de la acción, como es el caso de la accionante.

Superado lo anterior, se advierte que la parte actora alega que la autoridad judicial
demandada vulneró su derecho fundamental a la igualdad, ya que el monto
indemnizatorio que le fue otorgado es menor al concedido a las víctimas que
hicieron parte de la demanda inicialmente. Al respecto, adujo que la indemnización
no corresponde a los esfuerzos procesales realizados, sino al daño ocasionado.

De la misma forma, alegó que la Ley 472 de 1998 no sustenta la posición adoptada
por la autoridad enjuiciada con relación a la distinción en las sumas reconocidas,
razonamiento que, a su juicio, no obedece al principio de responsabilidad.

No obstante, la sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela de la
referencia, por cuanto es claro que no satisface el requisito de inmediatez, bajo los
siguientes argumentos.

Debe precisarse que, de conformidad con el artículo 30212 de la Ley 1564 de 2012,
las providencias proferidas fuera de audiencia adquieren ejecutoria tres días
después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin
haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda
ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. Sin embargo, cuando se
solicite aclaración o complementación de una providencia, solo quedará
ejecutoriada una vez resuelta la solicitud.

En el caso concreto, se encuentra que la sentencia del 6 de diciembre de 2024 fue
objeto de solicitudes de aclaración y adición, resueltas en auto del 7 de febrero de
202513, el cual fue notificado por estado electrónico el siguiente 21 de febrero 14, y
quedó ejecutoriado el 26 del mismo mes y año.

10 Ley 472 de 1998. Art. 55. «Integración al Grupo. Cuando la demanda se haya originado en daños
ocasionados a un número plural de personas por una misma acción u omisión, o por varias acciones
u omisiones, derivadas de la vulneración de derechos o intereses colectiva, quienes hubieren sufrido
un perjuicio podrán hacerse parte dentro del proceso, antes de la apertura a pruebas, mediante la
presentación de un escrito en el cual se indique su nombre, el daño sufrido, el origen del mismo y el
deseo de acogerse al fallo y de pertenecer al conjunto de individuos que interpuso la demanda como
un mismo grupo. Quien no concurra al proceso podrá acogerse posteriormente, dentro de los veinte
(20) días siguientes a la publicación de la sentencia, suministrando la información anterior, pero no
podrá invocar daños extraordinarios o excepcionales para obtener una indemnización mayor y
tampoco se beneficiará de la condena en costas. (...)
11 Íbidem. Art. 66. «Efectos de la Sentencia. La sentencia tendrá efectos de cosa juzgada en relación

con quienes fueron parte del proceso y de las personas que, perteneciendo al grupo interesado no
manifestaron oportuna y expresamente su decisión de excluirse del grupo y de las resultas del
proceso.
12 Ley 1564 de 2012. Art. 302. «Ejecutoria. Las providencias proferidas en audiencia adquieren

ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos.
No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará
ejecutoriada una vez resuelta la solicitud. (…)».
13 Visualizar en Samai, expediente 47001-23-33-000-2014-00309-01, índice 80.
14 Visualizar en Samai, expediente 47001-23-33-000-2014-00309-01, índice 82.

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Ahora, si bien es cierto que la señora Gómez Peláez presentó solicitud de
corrección de la sentencia el 9 de abril de 202515, que fue resuelta por medio del
auto del 19 de mayo de la misma anualidad 16, se debe aclarar que, tal como lo
expuso la autoridad judicial en dicho proveído, las solicitudes de esta naturaleza se
pueden elevar en cualquier tiempo, y no afectan la ejecutoria de la providencia
objeto de la solicitud.

Por tanto, desde la ejecutoria de la providencia del 7 de febrero de 2025 que
resolvió las solicitudes de aclaración y adición hasta la presentación de la acción de
tutela, esto es, el 14 de noviembre de 202517, transcurrieron más de los 6 meses
para promover oportunamente la acción de tutela contra la sentencia dictada en el
proceso ordinario.

Esto quiere decir que no se cumplió el presupuesto de procedibilidad analizado,
pues aquel no es un término que se considere razonable para acudir al juez
constitucional, dado que el paso prolongado del tiempo permite deducir que se ha
disipado la gravedad de la lesión y la urgencia de la protección deprecada,
desvirtuándose así la inminencia de la afectación.

Cabe resaltar que la parte actora, en el escrito de tutela, no expuso algún
argumento que justificara la presentación tardía de este mecanismo, por lo que, al
realizar un análisis de este, no se evidencian razones válidas para no aplicar el
requisito de inmediatez al ejercicio de la acción constitucional por fuera del tiempo
proporcional y razonable señalado por esta corporación para controvertir la
providencia cuestionada, aunado a que no se evidencia alguna de las situaciones
que la Corte Constitucional estableció para que se flexibilice este presupuesto.

Es necesario recordar que controvertir una providencia judicial supone cuestionar
principios como los de cosa juzgada y seguridad jurídica, por lo que el juicio sobre
el requisito de la inmediatez en este tipo de asuntos resulta ser estricto, máxime
cuando solo se requiere que la decisión cuestionada se encuentre ejecutoriada
para que la persona acuda ante el juez constitucional para solicitar el amparo de
sus derechos, por lo que se impone al interesado que lo haga en un plazo
pertinente, salvo justificación razonable, carga que le corresponde alegar a la parte
accionante, la cual se echa de menos en el presente caso.

De acuerdo con lo argumentado, se declarará la improcedencia de la solicitud de
amparo, como quiera que no se encontró satisfecho el requisito de inmediatez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Denegar las solicitudes de desvinculación presentadas por el Tribunal
15 Visualizar en Samai, expediente 47001-23-33-000-2014-00309-01, índice 89.
16 Visualizar en Samai, expediente 47001-23-33-000-2014-00309-01, índice 92.
17 Visualizar en Samai, índice 2.

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Administrativo del Magdalena, la Nación, Ministerio de Transporte, la Secretaría de
Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla y la Defensoría del Pueblo.

SEGUNDO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela presentada por la
señora Jackeline del Carmen Gómez Peláez por no cumplir el requisito adjetivo de
inmediatez.

TERCERO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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