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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07221-00

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07221-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud del distrito de Santa Marta, en el sentido de que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por Divina Zapateiro Vargas contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y la Sala 19 Especial de Revisión del Consejo de Estado. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-07221-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

5 de marzo de 2026

Demandante: Divina Zapateiro Vargas
Demandados: Consejo de Estado, Sala 19 Especial de
Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07221-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07221-00
Demandante: DIVINA ZAPATEIRO VARGAS
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SALA 19 ESPECIAL DE DECISIÓN
Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la solicitud de tutela presentada por la ciudadana Divina
Zapateiro Vargas contra la Sala 19 Especial de Decisión del Consejo de Estado y
la Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El 14 de noviembre de 20251, la señora Zapateiro Vargas interpuso acción de
tutela con la finalidad de que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad, seguridad social, mínimo vital y a la familia.

Las anteriores garantías superiores las consideró vulneradas con ocasión de lo
resuelto el 19 de mayo de 2025 dentro del recurso extraordinario de revisión con
radicado 11001-03-15-000-2022-05550-00, por la Sala 19 Especial de Revisión
del Consejo de Estado.

A su vez, cuestionó la providencia de 21 de octubre de 2021 proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
47001-23-33-000-2016-00001-02, mediante la cual revocó la sentencia de 2 de
mayo de 2019, con la cual el Tribunal Administrativo del Magdalena había
reconocido a su favor una pensión de sobreviviente.

Por otra parte, solicitó, como medida provisional, que se ordenara al Fondo
Distrital de Pensiones de Santa Marta que consigne, en depósito judicial, un 50%
de la prestación que le fue reconocida a la señora Atala Patricia Maestre Ávila, a
fin de proteger el derecho pensional al que considera que tiene derecho.

1
Según consta en el aplicativo Samai.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Divina Zapateiro Vargas
Demandados: Consejo de Estado, Sala 19 Especial de
Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07221-00

1.2. Pretensiones

La parte actora solicitó lo siguiente:

PRIMERA: Tutelar los derechos fundamentales de la señora DIVINA
ZAPATEIRO VARGAS al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital y vida
digna, a la seguridad social y a la protección integral de la familia, los cuales
fueron desconocidos por las decisiones judiciales cuestionadas.

SEGUNDA: Dejar sin efectos jurídico la sentencia de 21 de octubre de 2021,
proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado y la
sentencia de 19 de mayo de 2025, dictada por la Sala Diecinueve Especial de
Decisión, por haberse incurrido en defectos fáctico, sustantivo y procedimental
que vulneraron los derechos fundamentales de la accionante. En consecuencia,
se ordene a la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado que,
dentro del término de diez (10) días, profiera una nueva sentencia que:

Valore de manera integral, razonada y armónica el acervo probatorio relacionado
con la convivencia efectiva entre la accionante y el causante. Aplique los
estándares constitucionales fijados por la Corte Constitucional en materia de
protección del derecho a la seguridad social y de la familia.

TERCERA: Como medida provisional, se solicita ordenar al Fondo Distrital de
Pensiones de Santa Marta:

Reservar o consignar en depósito judicial el cincuenta por ciento (50%) de la
mesada pensional del causante, o, en subsidio,

Abstenerse de realizar actos de disposición sobre dicha prestación que hagan
nugatoria la eventual restitución del derecho, con el fin de evitar un perjuicio
irremediable que comprometa el mínimo vital y la subsistencia de la accionante.

CUARTA: Disponer la vinculación y notificación de las autoridades judiciales
accionadas y de los terceros con interés legítimo en el proceso: a saber: Átala
Patricia Maestre Ávila, Distrito de Santa Marta, y Tribunal Administrativo del
Magdalena, en cumplimiento de los artículos 13 y 16 del Decreto 2591 de 1991. 2

1.3. Hechos

El 1. ° de agosto de 2015 falleció el señor Absalón Rufino Ávila Vidal, quien era
beneficiario de una pensión reconocida por el Fondo Distrital de Pensiones de
Santa Marta.

Por lo anterior, la actora, en calidad de compañera permanente, y la señora Atala
Patricia Maestre Ávila, en calidad de cónyuge, solicitaron el traslado del derecho
prestacional como sobrevivientes.

Mediante resoluciones 954 de 24 de diciembre de 2015 y 660 de 11 de octubre de
2016, el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta concedió lo
solicitado a favor de la cónyuge en su totalidad.

Por lo anterior, la señora Divina Zapateiro Vargas acudió al medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que fue conocido en primera instancia por
el Tribunal Administrativo del Magdalena, colegiatura que accedió a las
pretensiones en sentencia de 2 de mayo de 2019.

2
Trascripción literal del original con posibles errores.

2
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Demandante: Divina Zapateiro Vargas
Demandados: Consejo de Estado, Sala 19 Especial de
Decisión y otro
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Dicho fallo fue objeto de recurso de apelación, por lo que en providencia de 21 de
octubre de 2021 la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
revocó lo resuelto en primer grado. Esto por cuanto estimó que, mientras la
cónyuge debía demostrar la convivencia mínima de 5 años en cualquier tiempo
con el causante, a la compañera permanente le correspondía hacer lo propio, pero
durante los 5 años previos al fallecimiento del pensionado, sin que ello hubiere
ocurrido en el caso particular.

Igualmente, tuvo en cuenta que la señora Zapateiro no había brindado apoyo y
compañía al señor Ávila Vidal, a pesar de su delicado estado de salud.

En consecuencia, la accionante acudió al recurso extraordinario de revisión, con
base en la causal 1 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, esto es, la obtención
de pruebas sobrevinientes. El cual fue resuelto por la Sala 19 Especial de Decisión
del Consejo de Estado, que en sala de 19 de mayo de 2025 lo declaró infundado y
la condenó en costas.

Lo anterior, por cuanto «ninguno de los documentos invocados es verdaderamente
“nuevo” ni su obtención estaba fuera del alcance razonable de la recurrente
durante el curso del proceso ordinario. Todos ellos corresponden a registros
oficiales o documentos personales que estaban a disposición de la interesada y
pudieron haber sido solicitados y aportados con una mínima diligencia procesal».

1.4. Fundamentos de la solicitud

Frente a lo actuado por la Sala 19 Especial de Revisión del Consejo de Estado,
aseguró que se estaba ante un defecto procedimental absoluto puesto que la
corporación se limitó a centrarse en la inexistencia de una fuerza mayor que
justificara el hecho de no haberse solicitado antes los elementos probatorios
faltantes, en lugar de tener en cuenta el valor suasorio de los documentos que se
allegaron.

En ese sentido, invocó las sentencias SU-817 de 2010, SU-424 de 2012 y SU-215
de 2016, para referenciar que el formalismo judicial no puede estar sobre el
derecho sustancial.

Por otra parte, estableció que, de acuerdo con la Corte Constitucional, la pensión
de sobreviviente tiene una finalidad protectora y, por lo tanto, sus requisitos no
podían limitarse al vínculo formal, sino a la convivencia y apoyo mutuo, con el
objetivo de socorrer a quien dependía del beneficiario.

Partiendo de lo anterior, aseguró que la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado incurrió en un defecto fáctico, puesto que desconoció una serie
de pruebas que dan cuenta de la «convivencia real, estable y continua de la
señora Divina Zapateiro con el pensionado durante más de tres décadas, incluidos
los cinco (5) años inmediatamente anteriores a su fallecimiento».

Para el efecto, presentó la siguiente información 3:

3
En la tabla, se resalta con negrilla aquellos elementos materiales probatorios que la parte actora
presentó como sobrevinientes en el recurso extraordinario de revisión.

3
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Demandante: Divina Zapateiro Vargas
Demandados: Consejo de Estado, Sala 19 Especial de
Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07221-00

Elemento material fecha Observación
Certificación de afiliación 31 de agosto de 2011 La accionante figura
como beneficiaria como beneficiaria desde
el 31 de agosto de 2004
hasta el 31 de agosto de
2011
Depósitos mensuales en Febrero 2013 – Junio 2015 Transferencias a la cuenta
efectivo por $2.000.000 de la hija mayor de edad,
que acreditan dependencia
económica y apoyo
permanente a la accionante
Solicitud de reliquidación 17 de enero de 2011 Dirección reportada:
de pensión Transversal 9C No. 34–45,
Barrio Alejandría
Agotamiento de la vía 21 de octubre de 2010 Dirección reportada:
gubernativa Transversal 9C No. 34–45,
Barrio Alejandría
Oficio No. 00191 – 22 de febrero de 2011 Recibido por la
Secretaría General del accionante en la
Distrito Transversal 9C No. 34–45,
Barrio Alejandría
Memorial manuscrito del 27 de julio de 2010 Autoriza a la señora Divina
señor Ávila a la Zapateiro, “a quien califica
Registraduría como su señora”, para
reclamar su cédula de
ciudadanía
Solicitud a la DIJIN Santa 8 de marzo de 2011 Dirección: Transversal 9C
Marta No. 34–45, Barrio Alejandría
Tiquetes aéreos (Aires) 9 de abril de 2011 Dirección reportada:
Santa Marta– Medellín– Transversal 9C No. 34–45,
Santa Marta Barrio Alejandría
Facturas de materiales de 9 de octubre de 2015 Dirección: Transversal 9C
construcción No. 34–45, Barrio Alejandría
Constancia médica – Dr. 18 de abril de 2016 Certifica que el 20 de
Jaime Smith Motta junio de 2015 prestó
(cardiólogo) atención médica al señor
Ávila, a solicitud de la
señora Zapateiro

Manifestó que, a pesar de lo anterior, el Consejo de Estado dio mayor valor
probatorio a declaraciones extraproceso del causante, en las que aseguró que
había terminado su relación con la actora desde el 2008, lo que se contradice con
las pruebas allegadas al expediente.

En ese sentido concluyó:

El acervo probatorio evidencia que el señor Absalón Ávila Vidal mantuvo su
domicilio, vínculos personales, económicos y afectivos con la señora Divina
Zapateiro hasta su fallecimiento. Además, los testigos Nereyda Josefina
Márquez González, Franky Helí Perea Daza y Lucy Beatriz Vergara de Blanco
coincidieron en afirmar que la pareja convivía desde hacía muchos años, que
la señora Zapateiro y que dependía económicamente del causante. Ninguno

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de ellos manifestó tener conocimiento de un vínculo conyugal con la señora
Maestre Ávila.

Aseguró que se vulneró el derecho fundamental a la igualdad por cuanto se dio un
trato preferente a la cónyuge, quien contrajo matrimonio con el señor Ávila Vidal
apenas 1 año y 11 meses antes de su fallecimiento, pasando por alto el periodo
con el que convivió con la señora Zapateiro Vargas. Al respecto, manifestó:

Al privilegiar el vínculo matrimonial sobre la unión marital de hecho, sin
considerar la realidad fáctica y probatoria que acreditaba la convivencia estable
y duradera con la accionante, la autoridad judicial incurrió en una
discriminación basada en el origen familiar, en abierta contradicción con los
artículos 5°, 13 y 42 de la Constitución Política y con la doctrina reiterada de la
Corte Constitucional. En consecuencia, se configuró una violación directa al
derecho fundamental a la igualdad, al otorgarse un trato desigual y
desproporcionado a la compañera permanente, negándole la protección que en
derecho le correspondía en materia de pensión de sobrevivientes.

Señaló que las declaraciones del señor Absalón Ávila Vidal son contradictorias,
puesto que, a pesar de que afirmó que ya no convivía con la señora Zapaterio
desde 2008, obra un poder conferido por él en el 2010 donde la menciona como
«mi señora».

Resaltó que, en múltiples documentos oficiales de 2010, 2011 y 2012, incluyó su
domicilio en la dirección transversal 9C No. 34-45, Barrio Alejandrina, Santa Marta,
que corresponde al inmueble que compartía con la accionante.

En su sentir, los testimonios allegados al proceso dan fe de «la relación de la
pareja por más de tres décadas, durante las cuales compartieron hogar y
procrearon dos hijos. Tales testimonios, claros y concordantes, fueron
considerados creíbles por el Ministerio Público y por el Tribunal Administrativo del
Magdalena».

Sobre las declaraciones en las que se sustentó el fallo de la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, evidenció lo siguiente:

El testimonio del señor Jorge Eliecer Maldonado Pérez, quien era vigilante del
edificio de residencia de la señora Átala Maestre, manifestó que conoció a la
señora Átala y al señor Absalón desde el 2011 y que convivían siete años
antes del 2011, es decir, según este testimonio la convivencia era desde el
2005, lo cual contrasta con la declaración juramentada del señor Absalón del
4 de septiembre de 2012 (folio 142) declaró que convivió con la señora Átala
Patricia Maestre Ávila hace más de un año, lo cual no coincide con las fechas
y por tanto resta credibilidad al citado testimonio.

El testimonio de la señora Nohora Sánchez Eslava, quien manifestó que
conocía a los señores Átala y Absalón desde hace ocho o siete años, pero no
precisó el año exacto y sobre la convivencia de estos tampoco precisó fecha.

De los testimonios citados no puede establecerse la fecha exacta o
aproximada de la convivencia, toda vez que no fueron precisos y por tanto no
constituyen prueba sobre la convivencia referida de los 5 años anteriores al
fallecimiento del señor Absalón, no obstante para la Subsección a pesar de
sus evidentes imprecisiones fueron suficientes para establecer la convivencia

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dentro del lapso comprendido entre el 15 de agosto de 2010 hasta el 15 de
agosto de 2015, fecha en la que se produjo el deceso del pensionado.

Concluyó que la intensión del de cujus era construir pruebas con el objeto de
excluir a la accionante de su derecho prestacional, al punto que contrajo
matrimonio con la señora Átala Patricia Maestre Ávila a pesar de ser su sobrina.

Expresó que la señora Zapateiro Vargas dependía de los giros bancarios que
hacía el señor Ávila Vidal, con lo que está acreditada la necesidad del
reconocimiento pensional.

Comentó que el causante ya había tenido un matrimonio anterior y que al fallecer
su cónyuge solicitó el reconocimiento de una pensión de sobreviviente, a pesar de
que no cumplía con los requisitos para ello, lo que de muestra una conducta
reprochable de parte de Absalón Ávila Vidal, siendo este un antecedente que
refuerza su actuar de mala fe para con la actora.

1.5. Trámite de la acción

El proceso fue asignado inicialmente al despacho del magistrado Pedro Pablo
Vanegal Gil, quien se declaró impedido por haber sido parte de la Sala 19 Especial
de Revisión del Consejo de Estado, que corresponde a una de las autoridades
accionadas.

En consecuencia, con auto de 11 de diciembre de 2025 se declaró fundada la
mencionada figura y, en consecuencia, se apartó al doctor Vanegas Gil del
conocimiento de la causa.

Con auto de 27 de enero de 2026, el magistrado sustanciador admitió la acción de
tutela, ordenó notificar como autoridades accionadas a la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado y a la Sala 19 Especial de Revisión del
Consejo de Estado.

Adicionalmente, vinculó al Tribunal Administrativo del Magdalena, como autoridad
que conoció el proceso declarativo en primera instancia, y las partes e
intervinientes de los procesos 11001-03-15-000-2022-05550-00 y 47001-23-33-
000- 2016-00001-02, como terceros con interés directo.

Finalmente, se negó la medida provisional, puesto que no se acreditó la urgencia
que justificara la intervención previa.

La magistrada Gloria María Gómez Montoya manifestó que podía encontrarse
inmersa en una causal de impedimento para conocer la controversia, por cuanto
mantiene una relación entrañable con uno de los magistrados que conformaron la
Sala 19 Especial de Decisión del Consejo de Estado.

Lo anterior, fue resuelto mediante auto de 5 de marzo de 2026, en el que se
declaró infundada su proposición, por cuanto la sentencia atacada fue proferida
por la corporación y su amistad con uno de los magistrados no puede predicarse
de toda la sala de decisión.

6
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1.6. Contestaciones

Realizadas las notificaciones correspondientes, de conformidad con las
constancias visibles en la copia digital de la acción de tutela, se presentaron los
siguientes pronunciamientos:

1.6.1. Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta

La apoderada del distrito solicitó la desvinculación de este ente territorial, por no
ser el responsable de la presunta vulneración de derechos fundamentales.

1.6.2. Átala Patricia Maestre Avila

El apoderado de la cónyuge supérstite se opuso a la prosperidad de la solicitud de
amparo, consideró que no se configuraban los defectos específicos contra
providencia judicial y que, en todo caso, se carecía del elemento de la inmediatez
por cuanto la sentencia de segunda instancia fue proferida en octubre de 2021.

1.6.3. Tribunal Administrativo del Magdalena

La magistrada titular del despacho que conoció el proceso declarativo en primera
instancia concurrió para expresar su disposición al cumplimiento de lo que se
decida, en atención a que su vinculación se efectuó en calidad de tercero sin que
se haya presentado reproches en contra de esa corporación.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por Divina Zapateiro Vargas contra la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado y la Sala 19 Especial de Revisión de la misma
colegiatura de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019
de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Cuestiones previas

En primer lugar, se tiene que el distrito de Santa Marta solicitó que se considere,
de su parte, la falta de legitimación en la causa por pasiva. Esta petición se
resolverá desfavorablemente por cuanto su vinculación se realizó en calidad de
tercero interesado como extremo pasivo del proceso declarativo, no como
accionado.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora, con ocasión de la providencia de 19
de mayo de 2025 que declaró infundado el recurso extraordinario de revisión y la

7
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sentencia de 21 de octubre de 2021, por la cual se negaron las pretensiones en
un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, (ii) los requisitos de
procedibilidad adjetiva, y, de superarse, (iii) el caso concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 4
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema5.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 6.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 7, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Sobre la relevancia constitucional debe tenerse en cuenta que en la
sentencia SU – 215 de 2022, la Corte Constitucional refirió que las finalidades de
este requisito son las siguientes:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento
de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las

4
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -
Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth
García González.
5
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
6
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
7
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

8
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jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal8 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no
referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico 9; es
decir, la cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible”
relevancia constitucional.”10

(…)

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

(…)

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva
de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal.”11 En
este orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la
solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales”12
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.

(…)

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto13, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria
o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal14. (Resaltado de la Sala)

Igualmente, como se señaló previamente, sobre esta suficiencia en la
argumentación de una tutela que se interpone contra una providencia judicial, el
Consejo de Estado ha prohijado los parámetros contenidos en la sentencia C –
590 de 2005, en la cual se explica que los accionantes deben exponer los
defectos15 en los que incurrió la decisión atacada.

Ahora bien, en el presente caso se tiene que la actora cuestiona, por un defecto
procedimental absoluto, lo resuelto por la Sala 19 Especial de Revisión del
Consejo de Estado respecto del recurso extraordinario de revisión que radicó

8
Sentencia SU-573 de 2019.
9
Sentencia SU-103 de 2022.
10
Sentencia SU-103 de 2022.
11
Sentencia SU-103 de 2022.
12
Sentencia SU-128 de 2021.
13
Sentencia SU-573 de 2019.
14
Ibid.
15
Sustantivo, fáctico, violación directa de la constitución, procedimental absoluto, orgánico, error
inducido, decisión sin motivación o desconocimiento del precedente.

9
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Demandante: Divina Zapateiro Vargas
Demandados: Consejo de Estado, Sala 19 Especial de
Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07221-00

contra lo resuelto por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en atención al hallazgo de unas pruebas que no fueron reconocidas en el
proceso declarativo.

A su vez, atacó la sentencia de segunda instancia proferida en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, puesto que, en su sentir, está viciada por
un defecto fáctico y una vulneración al derecho fundamental a la igualdad.

Frente a la decisión de la Sala 19 Especial de Revisión del Consejo de Estado, se
tiene que no es posible superar el requisito de la relevancia constitucional, esto
por cuanto se evidencia una insuficiencia argumentativa en la acción de tutela.

Para entender lo anterior, se tiene que la mencionada corporación explicó, sobre
el análisis de la causal 1ra del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, lo siguiente:

En este sentido, por regla general, la configuración de esta causal no se
admite cuando la prueba en cuestión fue generada u obtenida con
posterioridad al fallo recurrido. Tampoco resulta procedente cuando el
documento, aun siendo anterior a la sentencia, pudo haber sido aportado
oportunamente dentro del proceso, pues este mecanismo de revisión no
puede utilizarse para subsanar omisiones, errores o actuaciones
negligentes de las partes en el cumplimiento de su carga probatoria.

Finalmente, se exige que el medio probatorio tenga una incidencia
determinante en el fallo, en la medida en que su consideración hubiera
llevado al juez a proferir una decisión sustancialmente distinta a la impugnada.
Para ello, se ha resaltado la necesidad de demostrar no solo la existencia y
recobro del documento, sino también su estrecha relación con el objeto del
litigio y su influencia en la decisión adoptada. (Resaltado añadido por la
Sala)

Nótese que en la sentencia se indicó que la metodología para abordar este
recurso, por la referida causal, debe ser: (i) verificar si la prueba traída como
sobreviniente sí cumple con los requisitos para ser calificada como tal, y (ii) una
vez constatado lo anterior, se valora la incidencia de la prueba nueva en la
decisión cuestionada.

De acuerdo con los argumentos del escrito inicial, el defecto procedimental
absoluto se configuró, porque la Sala 19 Especial de Revisión del Consejo de
Estado no tuvo en cuenta el peso probatorio de los documentos allegados en
dicho recurso extraordinario; no obstante, debe tenerse en cuenta que el
mecanismo fue declarado infundado por no superar la primera parte del análisis,
esto es, la calidad de los elementos probatorios allegados como nuevos, motivo
por el cual no continuó con la valoración de fondo.

En ese sentido, el hecho de que para el apoderado de la accionante el estudio
sobre la naturaleza de las pruebas sea una mera formalidad, constituye una
apreciación subjetiva que no puede ser tomada como un señalamiento con la
solidez necesaria para calificar de arbitrario o irracional lo resuelto por la Sala 19
Especial de Revisión del Consejo de Estado.

Por lo tanto, lo que se observa es que la parte actora pretende que, a través de la
acción de tutela, se desconozcan los fundamentos de la autoridad accionada para

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su decisión y se pasen por alto las exigencias sustanciales del recurso
extraordinario de revisión. Lo que no constituye un análisis sobre la vulneración de
derechos ius fundamentales, sino un desacuerdo con lo resuelto, para lo cual, no
está instituida la figura del amparo constitucional.

En cuanto la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado como a quo del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, se evidencia que, si bien en el escrito inicial el actor señaló las pruebas
presuntamente desconocidas y los motivos por los que creía que con ellas sí se
acreditaban los requisitos para el reconocimiento pensional a su favor; al verificar
las consideraciones de la sentencia de 21 de octubre de 2021, se evidencia que
las manifestaciones de la parte actora son insuficientes para generar duda sobre
la racionalidad de la decisión controvertida.

Para esto, se observa que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado estableció que la actora, en su calidad de compañera permanente debía
acreditar «la vida en común durante al menos los últimos 5 años de vida del
causante», requisito que no es cuestionado en el escrito inicial.

Partiendo de allí, la autoridad judicial verificó las pruebas que dieran cuenta de la
convivencia y la vida en común del causante entre 2010 y 2015, por lo tanto, a
partir de ellas, concluyó:

En el asunto sub examine, la demandante alega que convivió con el señor
Ávila Vidal (q. e. p. d.) durante más de 30 años; sin embargo,
independientemente de que ello haya sido así, lo cierto es que el causante
dejó expresa constancia de que desde el 2008 no convivía con ella y que a
partir del 2011 sostenía una relación con la señora Atala Maestre, con quien
incluso contrajo nupcias el 15 de agosto de 2013; por tanto, en criterio de la
subsección no se podía desconocer que (i) durante los últimos 5 años de vida
del pensionado no existió el aducido vínculo de pareja, (ii) se extinguió el
compromiso de convivencia, apoyo y amor mutuo y (iii) la ruptura fue tan
clara, que él contrajo matrimonio con otra mujer; entonces, de ninguna
manera se podía concluir que la relación fue estable hasta el deceso del
causante, como lo adujo el a quo, toda vez que desconoció la existencia de
elementos de prueba que, de manera inequívoca, la han desvirtuado.

[…]

Asimismo, la subsección encuentra que si bien la actora fue compañera del
señor Ávila Vidal y de ese vínculo nacieron sus dos hijos, no hay evidencia de
que haya perdurado en el tiempo un hogar fundado en el auxilio y apoyo
mutuo y tampoco se aportaron fotografías recientes a la muerte o documentos
que dieran fe del sostenimiento en común con el fallecido, de la asistencia en
los quebrantos de salud o de la convivencia que asegura se dio durante más
de treinta años, y los testimonios por sí solos no son suficientes para dar
certeza de esas circunstancias.

A guisa de corolario, no se puede generar en esta Corporación la convicción
de que haya existido una verdadera unión entre la actora y el finado hasta el
deceso de este, que permita avalar un reconocimiento de la envergadura que
tiene una sustitución pensional, toda vez que la precariedad de las pruebas
documentales allegadas y su mínima capacidad probatoria se oponen a las
múltiples circunstancias que se suscitan y quedan registradas en una pareja
que realmente hace vida marital durante más de treinta años y hasta el fin de
sus vidas, en consecuencia, en criterio de la subsección el a quo no realizó

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una adecuada valoración probatoria y con los medios aportados arribó a unas
consideraciones que no eran pertinentes.

Por su parte, la accionante presenta en esta acción de tutela un listado de
elementos que, ante la falta de una explicación fundada que justifique su
relevancia constitucional, carecen de la capacidad para oponerse a lo evidenciado
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

De hecho, de los documentos informados como desconocidos, solo 3 de ellos
datan de la fecha próxima a la muerte del señor Absalón Rufino Ávila Vidal y
corresponden a: (i) consignaciones del causante a una de sus hijas entre 2013 y
2015; (ii) compra de materiales de construcción en 2015, y (iii) constancia de
prestación de atención médica al actor en 2015, por solicitud de la actora.

Sin embargo, sobre las dos primeras no se hace una exposición en la que se
informe de qué manera estas demostraban la convivencia y auxilio mutuo entre la
señora Zapateiro Vargas y el señor Ávila Vidal, ausencia argumentativa que
impide su estudio de fondo y que resulta necesaria por cuanto es la premisa por la
cual la corporación accionada negó las pretensiones en el proceso declarativo.

Por su parte, el documento relativo al servicio de salud al que accedió el causante
en el 2015 se corresponde con una de las pruebas que pretendió ser reconocida
como sobreviniente a través del recurso extraordinario de revisión que fue
declarado infundado, por lo que esta Sala no puede emitir valoración alguna sobre
el particular.

Igualmente ocurre con los testimonios cuestionados, puesto que en la sentencia
de 21 de octubre de 2021 la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado emitió una valoración sobre lo manifestado por los deponentes, y encontró
que entre lo dicho por los testigos de la señora Zapateiro Vargas había «evasivas
en algunas respuestas […] quienes, además, incurrieron en contradicciones e
imprecisiones al ser contrastadas sus versiones con los documentos reseñados,
cuanto más si la legislación no admite que se otorgue el beneficio de la sustitución
pensional a una persona que no mantenía una relación real de pareja con el
pensionado, basada en un apoyo mutuo».

En este punto es necesario resaltar que tratándose de una decisión de una alta
corte, como ocurre en este caso, el requisito de la relevancia constitucional es más
estricto, en ese sentido, si el fundamento de la decisión de la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado para desestimar las peticiones de la
actora es que no demostró la comunidad de vida con el señor Absalón Rufino
Ávila Vidal durante los cinco años que transcurrieron entre 2010 y 2015, entonces
era necesario que en esta acción de tutela se presentara una argumentación
sólida que demostrara que lo resuelto fue arbitrario o irracional.

Por el contrario, las pruebas presuntamente desconocidas que se aludieron en el
escrito inicial y, especialmente, la carga argumentativa respecto de ellas, carecen
de la capacidad para que esta Sala pueda considerar, a priori, que la decisión del
órgano de cierre pueda constituir una afectación a los derechos fundamentales de
la accionante.

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En su lugar, lo que se evidencia es un desacuerdo con la valoración probatoria
realizada por el juez de instancia y la intención de que el juez de tutela imponga un
criterio interpretativo distinto.

Siendo así, al margen de si lo resuelto por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado fue acertado o no, se evidencia incumplido el requisito de
la relevancia constitucional y, en consecuencia, se declarará improcedente la
acción de tutela.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud del distrito de Santa Marta, en el sentido de que
se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por
Divina Zapateiro Vargas contra la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado y la Sala 19 Especial de Revisión del Consejo de Estado.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su
notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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