Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07221-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07221-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-07221-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07221-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: DIVINA ZAPATEIRO VARGAS
TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, PERO POR LAS
RAZONES EXPUESTAS, ESTO ES, INCUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS GENERALES DE INMEDIATEZ INCLUSO EN TUTELAS
PROMOVIDAS CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN LAS QUE SE
CONTROVIERTEN ASUNTOS SOBRE PRESTACIONES PERIÓDICAS Y
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD,
SEGURIDAD SOCIAL, MÍNIMO VITAL Y FAMILIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la
sentencia de 5 de marzo de 2026, mediante la cual la SECCIÓN
QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 declaró improcedente la
solicitud de amparo.
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En adelante SECCIÓN QUINTA.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07221-01
Actora: DIVINA ZAPATEIRO VARGAS
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
La señora DIVINA ZAPATEIRO VARGAS, actuando a través de
apoderada judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la
seguridad social, al mínimo vital y a la familia, los cuales estima
vulnerados por la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”-2 y la
SALA DIECINUEVE ESPECIAL DE DECISIÓN DEL CONSEJO DE
ESTADO3 al haber proferido las sentencias de 21 de octubre de 2021
y 19 de mayo de 2025, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y el recurso extraordinario de revisión
identificados con los números únicos de radicación 47001-23-33-
000-2016-00001-01 y 11001-03-15-000-2022-05550-00,
respectivamente.
I.2.- Hechos
Afirmó que el 1o. de agosto de 2015 falleció el señor ABSALÓN
2
En adelante SECCIÓN SEGUNDA.
3
En adelante SALA 19 ESPECIAL DE DECISIÓN.
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Actora: DIVINA ZAPATEIRO VARGAS
RUFINO ÁVILA VIDAL (q.e.p.d.), quien era beneficiario de una
pensión reconocida por el FONDO DISTRITAL DE PENSIONES DE
SANTA MARTA, por lo que en su calidad de compañera permanente
y la ciudadana ATALA PATRICIA MAESTRE ÁVILA, como cónyuge
de aquel, solicitaron la sustitución pensional.
Indicó que mediante resoluciones núms. 954 de 24 de diciembre de
2015 y 660 de 11 de octubre de 2016, el DISTRITO TURÍSTICO,
CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA4 reconoció el 100%
de la pensión a favor de la cónyuge, razón por la que presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, la cual fue identificada con el número
de radicación 2016-00001-00.
Sostuvo que el citado proceso fue repartido en primera instancia al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA5 que, mediante
sentencia de 2 de mayo de 2019, accedió a las pretensiones de la
demanda, razón por la que la parte allí demandada interpuso recurso
de apelación, el cual fue resuelto por la SECCIÓN SEGUNDA que,
mediante sentencia de 21 de octubre de 2021, revocó la decisión del
a quo y, en su lugar, denegó las súplicas incoadas al considerar que
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En adelante DISTRITO.
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En adelante TRIBUNAL.
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no acreditó el requisito de convivencia de 5 años previos al deceso
del causante.
Señaló que interpuso recurso extraordinario de revisión contra la
decisión de segunda instancia, el cual le correspondió a la SALA 19
ESPECIAL DE DECISIÓN que, a través de sentencia de 19 de mayo
de 2025, declaró infundado el recurso y la condenó en costas.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
A juicio de la actora, haberle negado el reconocimiento de la
prestación reclamada pese a que compartió gran parte de su vida y
dependía económicamente del causante, vulneró sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la igualdad, a la seguridad social y
a la vida digna, razón por la que, en su sentir, el juez constitucional
debe garantizar que la aplicación del derecho pensional se oriente
por los principios de solidaridad, equidad y justicia material, propios
del Estado social de derecho.
Precisó que la SECCIÓN SEGUNDA incurrió en defecto fáctico, al
haber efectuado una apreciación parcial y errónea de las pruebas,
pues no tuvo en cuenta un conjunto significativo de elementos que
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demostraban su convivencia real, estable y continua con el
pensionado durante más de tres décadas, incluidos los cinco años
inmediatamente anteriores a su fallecimiento.
Manifestó que la autoridad judicial accionada dio mayor valor
probatorio a las declaraciones extra-proceso del causante, en las que
aseguró que habían terminado su relación desde el 2008, lo que se
contradice con las pruebas allegadas al expediente ordinario.
Aseguró que la SECCIÓN SEGUNDA vulneró su derecho
fundamental a la igualdad, por cuanto se dio un trato preferente a la
cónyuge pese a que contrajo matrimonio con el causante 1 año y 11
meses antes de su fallecimiento, pasando por alto el largo período
en el que convivió con ella.
Frente a la SALA 19 ESPECIAL DE DECISIÓN aseguró que incurrió
en defecto procedimental absoluto al centrarse en la inexistencia
de un evento de fuerza mayor que justificara el hecho de no haber
solicitado antes los elementos probatorios faltantes, en lugar de
tener en cuenta los documentos aportados ni su incidencia sustancial
en la controversia pensional.
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Para el efecto, referenció las sentencias SU-817 de 2010, SU-424 de
2012 y SU-215 de 2016 proferidas por la Corte Constitucional, las
cuales establecen que el formalismo judicial no puede primar sobre
el derecho sustancial.
I.4.- Pretensiones
La actora solicitó lo siguiente:
“[…] PRIMERA: Tutelar los derechos fundamentales de la señora
DIVINA ZAPATEIRO VARGAS al debido proceso, a la igualdad, al
mínimo vital y vida digna, a la seguridad social y a la protección
integral de la familia, los cuales fueron desconocidos por las
decisiones judiciales cuestionadas.
SEGUNDA: Dejar sin efectos jurídico la sentencia de 21 de
octubre de 2021, proferida por la Sección Segunda, Subsección B
del Consejo de Estado y la sentencia de 19 de mayo de 2025,
dictada por la Sala Diecinueve Especial de Decisión, por haberse
incurrido en defectos fáctico, sustantivo y procedimental que
vulneraron los derechos fundamentales de la accionante.
En consecuencia, se ordene a la Sección Segunda, Subsección B
del Consejo de Estado que, dentro del término de diez (10) días,
profiera una nueva sentencia que:
Valore de manera integral, razonada y armónica el acervo
probatorio relacionado con la convivencia efectiva entre la
accionante y el causante.
Aplique los estándares constitucionales fijados por la Corte
Constitucional en materia de protección del derecho a la seguridad
social y de la familia […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El DISTRITO solicitó declarar improcedente la acción
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constitucional de la referencia y ser desvinculado del presente
trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva.
I.5.2.- El TRIBUNAL señaló que su vinculación se realizó en calidad
de tercero por haber proferido la sentencia de primera instancia
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, la cual fue revocada por el ad quem mediante la providencia
aquí cuestionada.
I.5.3.- La señora ATALA PATRICIA MAESTRE ÁVILA solicitó
declarar improcedente la presente acción de tutela por no cumplirse
el requisito general de la inmediatez.
I.5.4.- La SECCIÓN SEGUNDA y la SALA 19 ESPECIAL DE
DECISIÓN pese a ser notificadas en debida forma del presente
trámite, guardaron silencio.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 5 de marzo de 2026, la SECCIÓN QUINTA
declaró improcedente la acción de tutela de la referencia por no
cumplir con el requisito general de la relevancia constitucional y
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denegó la solicitud de desvinculación presentada por el DISTRITO.
Frente a los reparos contra la sentencia proferida dentro del recurso
extraordinario de revisión, señaló que existe una insuficiencia
argumentativa en la acción de tutela y lo que se observa es que la
actora pretende que, a través de este mecanismo constitucional, se
desconozcan los fundamentos que empleó la autoridad judicial
accionada y se pasen por alto las exigencias sustanciales de dicho
recurso, lo cual resulta improcedente pues no constituye un análisis
sobre la vulneración de derechos ius fundamentales, sino un
desacuerdo con lo allí resuelto.
Consideró que asimismo ocurre respecto de la sentencia cuestionada
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, pues lo que se advierte es un desacuerdo con la valoración
probatoria realizada por el juez de instancia y la intención de la actora
es que el juez de tutela imponga un criterio interpretativo distinto.
Además, adujo que el escrito de la presente tutela carece de una
argumentación sólida que demuestre que lo resuelto por la SECCIÓN
SEGUNDA fue arbitrario o irracional.
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III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La actora impugnó la decisión proferida en primera instancia, con
fundamento en lo siguiente:
Señaló que, contrario a lo afirmado por el a quo, el presente asunto
no constituye un simple desacuerdo con la valoración probatoria
realizada por el juez ordinario, sino que plantea un problema de
naturaleza constitucional relacionado con la configuración de un
defecto fáctico y la afectación de derechos fundamentales.
Insistió en que la decisión proferida por la SALA 19 ESPECIAL DE
DECISIÓN desconoce que la configuración del defecto
procedimental absoluto se centra en que las pruebas presentadas
tales como constancias de conciliación, demandas y documentos que
acreditan la vida en común no fueron valoradas adecuadamente,
pese a su relevancia directa para demostrar su convivencia y
dependencia económica con el causante.
Hizo un recuento del material probatorio que, a su juicio, no fue
tenido en cuenta y aseguró que dichos documentos no pudieron ser
aportados oportunamente debido a que se encontraban extraviados,
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puesto que su hija, la señora ORIANA ÁVILA ZAPATEIRO, se
encontraba en Europa y los llevó accidentalmente entre sus
documentos personales a Portugal.
Así las cosas, solicitó revocar la decisión de primera instancia y, en
su lugar, amparar sus derechos fundamentales.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
Cuestión Previa
Previo a resolver el asunto sub examine, la Sala advierte que el señor
magistrado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES, mediante
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escrito obrante en el índice 4 del expediente digital, manifestó su
impedimento para actuar en el proceso de la referencia, por cuanto
como integrante de la SALA 19 ESPECIAL DE DECISIÓN, suscribió
la sentencia la sentencia cuestionada de 19 de mayo de 2025, dentro
del recurso extraordinario de revisión identificado con el número
único de radicación 2022-05550-00.
Por lo anterior, considera que se encuentra incurso en la causal de
impedimento prevista en el numeral 6 del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal, la cual prevé lo siguiente:
“[…] Artículo 56. Causales de impedimento.
Son causales de impedimento:
6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya
revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso, o
sea cónyuge o compañero o compañera permanente o
pariente dentro del cuarto grado de consaguinidad o civil, o
segundo de afinidad, del funcionario que dictó la providencia
a revisar […]”.
A juicio de la Sala, los hechos esgrimidos por el doctor GERMÁN
EDUARDO OSORIO CIFUENTES configuran la causal de
impedimento alegada, toda vez que suscribió la sentencia de 19 de
mayo de 2025, aquí cuestionada.
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En virtud de lo anterior, debe declararse fundado el impedimento
manifestado por el citado magistrado, como en efecto se dispondrá en
la parte resolutiva de esta providencia.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
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unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir,
que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que
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la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
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a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera
del texto)
En el caso bajo examen, la actora pretende que se dejen sin efecto
las sentencias de 21 de octubre de 2021 y 19 de mayo de 2025,
proferidas por la SECCIÓN SEGUNDA y la SALA DIECINUEVE
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del derecho y el recurso extraordinario de revisión identificados con
los números únicos de radicación 2016-00001-01 y 2022-05550-00,
respectivamente.
A las citadas providencias la actora les atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la
seguridad social, al mínimo vital y a la familia, habida cuenta que, de
una parte, la SECCIÓN SEGUNDA incurrió en defecto fáctico, al
haber efectuado una apreciación parcial y errónea de las pruebas,
pues no tuvo en cuenta un conjunto significativo de elementos que
demostraban su convivencia real, estable y continua con el
pensionado durante más de tres décadas, incluidos los cinco años
inmediatamente anteriores a su fallecimiento.
De otra parte, precisó que la SALA DIECINUEVE ESPECIAL incurrió
en defecto procedimental absoluto al centrarse en la inexistencia
de un evento de fuerza mayor que justificara el hecho de no haber
solicitado antes los elementos probatorios faltantes, en lugar de
tener en cuenta los documentos aportados ni su incidencia sustancial
en la controversia pensional.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
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SECCIÓN QUINTA que, mediante sentencia de 5 de marzo de 2026,
declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el
requisito general de la relevancia constitucional.
Inconforme con lo anterior, la actora impugnó la decisión proferida
en primera instancia para lo cual expuso que el presente asunto no
constituye un simple desacuerdo con la valoración probatoria
realizada por el juez ordinario, sino que plantea un problema de
naturaleza constitucional relacionado con la configuración de un
defecto fáctico y la afectación de derechos fundamentales.
Asimismo, insistió en que la decisión proferida por la SALA
DIECINUEVE ESPECIAL desconoce que la configuración del defecto
procedimental absoluto se centra en que las pruebas presentadas
tales como constancias de conciliación, demandas y documentos que
acreditan la vida en común no fueron valoradas adecuadamente,
pese a su relevancia directa para demostrar su convivencia y
dependencia económica con el causante.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
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verificará si se cumplen con los presupuestos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de
ser así, se establecerá si las autoridades judiciales accionadas
vulneraron los derechos alegados al proferir las sentencias
cuestionadas, cuyo estudio se hará de manera independiente frente
a cada una de ellas.
• Frente a la providencia proferida dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.
En el presente caso, la actora pretende que se deje sin efecto la
sentencia de 21 de octubre de 2021 proferida por la SECCIÓN
SEGUNDA, mediante la cual revocó la decisión del a quo y, en su
lugar, denegó las pretensiones de la demanda dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 2016-00001-02.
De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la
Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
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por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de
la inmediatez.
Requisito general de procedencia de la inmediatez cuando se
controvierten providencias judiciales
Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha
sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está instituida
como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de
los derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que,
aunque no tenga previsto un término de caducidad para su
presentación, es necesario que se invoque tal protección dentro de
un plazo razonable y prudente, dado que, “[…] de transcurrir un lapso
injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la protección y
la gravedad de la afectación, por ende, no cabría la procedencia del
mecanismo […]”6.
Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada caso,
para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el
momento en que ocurre la presunta vulneración de los derechos y la
instauración de la tutela.
6
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
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Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción
constitucional se ejerce contra una providencia judicial, en razón a
que exige un examen más riguroso en aras de preservar los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica y de salvaguardar el
interés de terceros, cuya situación podría verse injustamente
afectada por el otorgamiento tardío de la protección constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que 7:
“[…] Según la Jurisprudencia Constitucional, la exigencia de
inmediatez responde a necesidades adicionales. En primer lugar,
proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por
una tutela ejercida en un plazo irrazonable, caso en el que ‘se
rompe la congruencia entre el medio de protección y la finalidad
que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos
fundamentales de las personas’. En segundo lugar, impedir que
el amparo ‘se convierta en factor de inseguridad [jurídica]’. En
tercer lugar, evitar ‘el uso de este mecanismo constitucional
como herramienta supletiva de la propia negligencia’ en la
agencia de los derechos […]”.
En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia en torno a los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, sostuvo8:
7
Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, op. cit.
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“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales y el
respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros
afectados.
[…]
De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la
situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho
fundamental sea un elemento consustancial para la
protección que se ofrece.
Este requisito que opera de forma general frente a todas
las acciones de tutela es más estricto cuando se interpone
contra providencias judiciales, por lo que, como lo ha
sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un tiempo
significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos, resulta
claramente desproporcionado el control constitucional de una
providencia judicial por la vía de tutela’. Por tal razón, debe
mediar un término razonable entre la ejecutoria de la decisión
judicial que se aduce como violatoria de los derechos
fundamentales del accionante y la presentación de la acción de
tutela para buscar su amparo.
[…]
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere
que la acción se ejerza en un tiempo razonable,
prudencial, requisito que garantiza la realización del
principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el
grado de certeza material, que la hace definitiva e
inmutable.
[…]
[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente […]”.
(Destacado fuera de texto).
Precisado lo anterior, la Sala advierte que de acuerdo con las
constancias obrantes en el expediente del proceso origen de la
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controversia visible en el aplicativo de consulta SAMAI 9, la
providencia de segunda instancia de 21 de octubre de 2021, aquí
cuestionada, fue notificada vía correo electrónico, el 3 de diciembre
de ese año10, por lo que en aplicación del artículo 203 de la Ley
1437 de 18 de enero de 201111, se entiende notificada el 7 de
diciembre de esa anualidad.
Ahora bien, la Sala observa que la solicitud de amparo de la
referencia se radicó el 14 de noviembre de 2025, esto es,
transcurridos más de 3 años y 11 meses, superando así los 6
meses que han sido estimados por la jurisprudencia como término
razonable para impugnar por vía de tutela el contenido de una
decisión judicial, sin que se hubiesen presentado razones válidas
para la inactividad de la actora o que justifiquen la tardanza en la
presentación de la solicitud de amparo.
En este punto, se resalta que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de esta Corporación, en la precitada sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, estableció como razonable el
término de 6 meses, sin perjuicio de que el mismo pueda variar ante
circunstancias especiales, como ocurre, entre otras, cuando se
9
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=470012333000201600
001021100103
10
Constancia de notificación visible a índice 21 del expediente digital del proceso 2016-00001-02.
11
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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trata de prestaciones periódicas, en aras de proteger los
derechos al “mínimo vital, la dignidad, la salud y la vida de
sujetos de especial protección constitucional”. En el mismo
sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional, entre otras, en
sentencia T-374 de 18 de mayo de 201212, al referirse a la
inaplicación del requisito de inmediatez cuando se trata de
prestaciones periódicas de carácter vitalicio, así:
“[…] La jurisprudencia constitucional también ha dado un
alcance específico al requisito de inmediatez en la interposición
de la acción de tutela en este tipo de casos. Si bien a lo largo de
sus pronunciamientos la Corte Constitucional ha exigido, como
regla general, que entre el hecho que supuestamente da lugar a
la violación o amenaza de derechos fundamentales y la
interposición de la acción de tutela medie un término razonable,
el contenido mismo del requisito de inmediatez varía
cuando se trata de una prestación periódica que, como las
mesadas pensionales, se vincula directamente al ejercicio
de los derechos fundamentales al mínimo vital, la
dignidad, la salud y la vida de sujetos de especial
protección constitucional. En suma, dado el carácter
periódico y la particular importancia de las mesadas
pensionales para el ejercicio de los derechos más básicos
de los pensionados, la Corte ha considerado que la
actualización continua de los perjuicios presentes y
sustantivos derivados de la falta de indexación de la
mesada resta relevancia al requisito de inmediatez en la
presentación de la tutela. En otras palabras, como la
afectación de los derechos fundamentales por la pérdida de poder
adquisitivo de las pensiones se renueva mes a mes y día a día,
en forma presente, las personas afectadas en su mínimo vital por
esta situación pueden recurrir a la acción de tutela, cumpliendo
eso sí con unas reglas que hacen admisible el que se haya
prolongado en el tiempo la presentación de la acción [...]”
(Resaltado fuera de texto).
12
Corte Constitucional, Sentencia T–315 de 1o. de abril de 2005, M.P. Ponente Jaime Córdoba
Triviño
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Cabe precisar que con fundamento en la mencionada sentencia de
la Corte Constitucional y la jurisprudencia de esta Sección,
relacionada con acciones de tutelas promovidas contra providencias
judiciales en las que se controvirtieron asuntos sobre prestaciones
periódicas, como ocurre en el caso sub lite, la Sala concluyó que “[…]
siempre que se trate de una acción de tutela contra
providencia judicial que verse sobre prestaciones periódicas,
se realizará el análisis del cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad, incluido el de inmediatez, el cual
deberá efectuarse desde los criterios de i) que se demuestre
que la vulneración de los derechos permanezca, esto es, que
sea continua y actual, pese a que el hecho que la originó sea
muy antiguo respecto de la presentación de la tutela; y ii) que
el actor se encuentre en condición de debilidad manifiesta13
[…]”.
En lo que respecta al primer requisito mencionado en precedencia,
esto es, que se trate de una prestación periódica y, de contera, una
vulneración continua y actual, en sentencia de 30 de julio de 2015 8,
la Sala señaló:
“[…] La Sección Segunda de esta Corporación se ha pronunciado
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo
de 2014, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación número: 11001-03- 15-000-2013-02423-01.
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de manera reiterada y uniforme con relación a qué debe
entenderse por prestaciones periódicas.
Así, en proveído de 1° de octubre de 20149, la Sección Segunda
del Consejo de Estado, consideró lo siguiente:
“No es de recibo la tesis planteada por el recurrente, según la
cual el tema que aquí se discute corresponde a la reclamación de
prestaciones periódicas, ya que tal calidad se predica tan sólo del
derecho a la pensión de jubilación de las personas de la tercera
edad como claramente lo tiene sentado esta Corporación en su
jurisprudencia, como a continuación se precisa en uno de sus
apartes10:
“Si la interpretación sobre lo que debe entenderse por
prestación periódica fuera el significado lingüístico de las
palabras, sería elemental que el actor tendría razón.
No obstante, tal método, cuando la ley se encarga de poner
ejemplos sobre los cuales son las prestaciones periódicas, no es
eficaz y debe atenderse a la orientación que brinda aquella. En
efecto, el artículo 131,6 letra b) del CCA, se refiere a las
pensiones de jubilación y de invalidez como prestaciones
periódicas, referencia que debe observase para los efectos del
inciso 3º del artículo 136 ibídem, pues la norma en últimas lo que
da a entender es que tratándose de derechos que existen durante
la vida del titular y después respecto de los beneficiarios
llamados a sustituirse también en forma vitalicia (cónyuge,
compañera o hijo inválidos), es lógico, justificable y razonable
que en cualquier tiempo pueda discutirse tales prestaciones,
para diferenciarlas de los demás derechos laborales que no son
vitalicios y por consiguiente la definición de las controversias
sobre los mismos, debe hacerse en los términos de la caducidad
establecida para ellos, vale decir, a meses.
[…]
Visto lo anterior, resulta claro para la Sala que las prestaciones
periódicas son aquellos emolumentos que se reciben de manera
vitalicia e indefinida y que son susceptibles de ser sustituidos a
sus beneficiarios (cónyuge, hijos, hermanos, etc.). Asimismo,
se consideran como tales, aquellos valores devengados de
manera constante, en virtud de un vínculo laboral vigente,
de tal manera, que si éste se termina, desaparece la
calidad de periodicidad de dichos reconocimientos […]”
(Resaltado fuera del texto).
Frente a lo anterior, para la Sala es importante resaltar que en el
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presente caso se trata de una prestación periódica, pues, como
quedó visto en párrafos anteriores, la actora pretende que a través
del medio de protección constitucional se deje sin efecto la
providencia de 21 de octubre de 2021 y, en consecuencia, se ordene
el reconocimiento y pago de la sustitución pensional.
En cuanto al segundo requisito, relativo a la condición de debilidad
manifiesta, conviene traer a colación las precisiones hechas por esta
Sección en sentencia de 28 de mayo de 201514, a través de la cual
unificó su jurisprudencia frente a la aplicación de los criterios que
deben tenerse en cuenta para analizar el requisito de la inmediatez
en estos casos particulares, especialmente, el que hace referencia a
la “condición de debilidad manifiesta”, en la que señaló:
“[…] Pues bien, comoquiera que por medio de la providencia
transcrita, se estableció “el criterio que, en adelante observará
la Sala para analizar la procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias que traten de prestaciones periódicas”; en
casos como el presente, en que se controvierte una sentencia
relacionada con la reliquidación de una prestación periódica, se
ha acudido al citado lineamiento Jurisprudencial de
manera invariable, para determinar si el hecho de haber
superado el plazo prudencial para interponer la acción de tutela
merece ser tratado en forma especial, esto es, a la luz de los
criterios de ”que i) se demuestre que la vulneración de los
derechos permanece en el tiempo, esto es, que es continua y
actual, pese a que el hecho que la originó sea muy antiguo
respecto de la presentación de la tutela; y que ii) el actor se
encuentre en un condición de debilidad manifiesta.”
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de mayo
de 2015, C.P. María Elizabeth García González, radicación número: 11001- 03-15-000-2015-00001-01.
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Sin embargo, cuando el tema ha involucrado prestaciones
periódicas en las modalidades de pensión o asignación de
retiro, la aplicación de dichos criterios frente al requisito de la
inmediatez, en cada caso concreto, ha dado lugar a soluciones
divergentes, habida cuenta de que la Sala ha aceptado que el
pensionado, por el simple hecho de serlo, ostenta una calidad
que le permite enervar dicho requisito de procedibilidad, pero
también ha entendido que en ocasiones se requieren elementos
adicionales a tal condición para proceder al estudio de fondo […]
Dichas divergencias merecen ser precisadas y, por lo tanto, en
esta oportunidad la Sala, con el propósito de unificar su
Jurisprudencia, determinará como lineamiento único y preciso,
en cuanto a la exigencia o no del requisito de inmediatez de la
tutela contra providencias judiciales, cuando el solicitante del
amparo constitucional es un pensionado o persona que goza
de Asignación de Retiro, que tal condición no es per se
circunstancia que permita enervar el citado requisito, habida
cuenta de que es necesario que confluyan elementos adicionales
que permitan concluir que el actor se encuentra en “la especial
situación” que “convierte en desproporcionado el hecho de
adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de
edad, incapacidad física, entre otros”, tal como lo ha
señalado la Corte Constitucional en sentencia T-158 de 2006 y
esta Sala en el Expediente núm. 2013-02423-01, Consejero
Ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno.
Obsérvese que la Corte cita, solo a manera de ejemplo, algunas
circunstancias que pueden tenerse en cuenta para determinar si
el actor está o no en una ESPECIAL SITUACIÓN, que justifique
su inactividad en el tiempo frente a la defensa de sus derechos,
dentro de las cuales sugiere “el estado de indefensión, abandono,
minoría de edad, incapacidad física, entre otras…” sin que éstas
constituyan taxatividad alguna. Justamente por ello, esta Sala
introdujo dentro de dicha lista al pensionado, por tratarse de
un sujeto de protección especial, conforme lo ha determinado la
Jurisprudencia Constitucional.
Pero, ocurre que el concepto de sujeto de especial protección
incluye, además de los pensionados, a otros grupos de personas,
tales como: indígenas, padres y madres cabeza de familia, mujer
embarazada, menores de edad, minusválidos, ancianos,
defensores de derechos humanos, enfermos graves,
desplazados, entre otros; sin que sea aceptable concluir que en
todos los casos, éstos resulten eximidos de cumplir el requisito
de procedibilidad de inmediatez, cuando acudan a la tutela para
obtener la pérdida de efectos de una providencia judicial, por el
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solo hecho de ser denominados sujetos de especial protección
[…]”.
Al respecto, se advierte que la actora no demostró, ni siquiera con
prueba sumaria, que se encontrara en un estado de debilidad
manifiesta que justificara la tardanza en la presentación de la
acción de tutela contra las providencias que presuntamente
vulneraron sus derechos fundamentales invocados.
Se destaca que, en la sentencia SU-354 de 201715, la Corte
Constitucional, además de reiterar la importancia del requisito de
inmediatez en la acción de tutela contra providencia judicial, para
resolver el caso concreto exceptuó el término de los seis meses
establecido por regla general como tiempo razonable, dadas las
particularidades especiales del asunto que allí se estudiaba en el que
existió un hecho relevante que justificaba la tardanza en la
interposición de la solicitud de amparo. Empero, tal situación no se
observa en el presente caso.
• Frente a la providencia proferida en el marco del recurso
extraordinario de revisión
En el caso bajo examen, la actora solicitó que se deje sin efecto la
15
M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.
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providencia 19 de mayo de 2025, proferida por la SALA
DIECINUEVE ESPECIAL dentro del recurso extraordinario de
revisión identificado con el número único de radicación 2022-05550-
00.
Así las cosas, la Sala procede a determinar si el caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial y, de ser así, establecer si la al proferir la
decisión judicial cuestionada la citada autoridad judicial vulneró los
derechos deprecados e incurrió en el defecto sustantivo alegado.
Por lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
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tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional 16, de manera
tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».17
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación18, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
16
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
17
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [19]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [20].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [21].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [22].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
[19] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[20] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[21] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[22] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [23]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [24].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [25]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
[23] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[24] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[25] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho
requisito tiene como finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
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constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales; y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
ordinario.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la controversia
objeto de estudio es de carácter meramente legal, además de recaer
sobre aspectos que ya fueron resueltos por el juez natural del asunto,
sin que se observe que su actuar haya sido arbitrario.
En efecto, la divergencia recae sobre un asunto de mera legalidad
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porque los motivos que fundamentan la inconformidad de la actora
se sustentan, básicamente, en que la autoridad judicial accionada al
proferir la decisión cuestionada incurrió en defecto fáctico, al haber
efectuado una apreciación parcial y errónea de las pruebas, pues no
tuvo en cuenta un conjunto significativo de elementos que
demostraban su convivencia real, estable y continua con el
pensionado durante más de tres décadas, incluidos los cinco años
inmediatamente anteriores a su fallecimiento.
Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva
constitucional, gira en torno a la inconformidad con la decisión
adoptada por el juez natural del asunto, circunstancia que fue
resuelta por la SALA 19 ESPECIAL DE DECISIÓN, así:
“[…] En relación a la circunstancia que se alega, es pertinente
subrayar que desde el momento en que se interpuso el recurso y
posteriormente, al llevarse a cabo la subsanación del mismo,
aunque se expuso en qué consiste la presunta imposibilidad de la
señora Divina Zapateiro Vargas para aportar los documentos ahora
presentados al proceso, lo cierto es que la justificación que ofrece
la actora de ninguna forma es posible encuadrarla dentro de la
«fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria».
Esta situación se fundamenta en la premisa de que los documentos
en cuestión estaban disponibles antes del inicio del proceso de
instancia sin que existiera una causa insuperable para su obtención
y, por consiguiente, la recurrente mediante el ejercicio del derecho
de petición tenía la facultad de solicitarlos y presentarlos durante
el desarrollo del proceso o incluso con anterioridad.
La actora disponía entonces de diversas vías para obtener los
documentos que hoy pretende se ventilen por esta vía
extraordinaria. Así, pudo haber solicitado las partidas de bautismo
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directamente a la parroquia donde se celebraron los sacramentos;
requerir al centro de conciliación y al despacho judicial las
constancias relativas a la audiencia de conciliación y a la demanda
de alimentos; acudir al organismo de tránsito para obtener el
historial del vehículo; solicitar a la EPS el registro de afiliación;
gestionar la certificación médica ante el profesional tratante;
dirigirse al fondo de pensiones para obtener copia de la solicitud de
reliquidación. Además, tenía la opción de solicitar la documentación
necesaria a la compañía de seguros que emitió la póliza
correspondiente.
Es importante destacar que, en la era digital, existen múltiples
formas de obtener documentos de manera rápida y eficiente. Por
ejemplo, la solicitud de documentos podría haberse realizado en
formato digital a través de medios electrónicos, como el correo
electrónico o los servicios de mensajería de datos, lo que habría
facilitado aún más el acceso a la información requerida.
En consecuencia, ninguno de los documentos invocados es
verdaderamente «nuevo» ni su obtención estaba fuera del alcance
razonable de la recurrente durante el curso del proceso ordinario.
Todos ellos corresponden a registros oficiales o documentos
personales que estaban a disposición de la interesada y pudieron
haber sido solicitados y aportados con una mínima diligencia
procesal.
De modo que, para la Sala resulta necesario concluir que la
situación fáctica descrita por la recurrente escapa de los alcances
de la causal primera de revisión establecida en el artículo 250 del
CPACA pues, lejos de ser esta una circunstancia «imprevisible e
irresistible» que le allane el camino para replantear el debate,
evidencia incuria o, cuando menos, falta de cuidado en el manejo
de la información y de los archivos que poseía o podía obtener la
actora vía derecho de petición o haberse solicitado al juez de la
causa se exhortara su aporte al proceso ante la negativa de las
entidades que tuvieran la custodia de los documentos; hecho que
no permitía que se abriera paso al remedio extraordinario.
Además, debe tenerse en cuenta que el medio extraordinario no es
una instancia adicional ni con ella se puede perseguir mejorar la
prueba de los hechos ventilados en el proceso cuya sentencia se
pide revisar. Así lo ha sostenido esta Corporación:
«Por ello, tradicionalmente, se han establecido como inadmisibles
en este recurso extraordinario documentos generados con
posterioridad al fallo, al tiempo que tampoco resulta válido que la
causal se funde en aquellos que no pudieron ser aportados o
solicitados en las oportunidades procesales correspondientes pues,
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como quedó explicado, el recurso extraordinario de revisión no fue
establecido con ese fin.
Y es que, de aceptarse la posibilidad de revisar una sentencia
ejecutoriada cada vez que surgieran nuevos medios probatorios,
no habría entonces cosa juzgada, pues bastaría al vencido que, una
vez conocida la decisión desfavorable, intentara la producción o el
mejoramiento de la prueba para que se reabriera el litigio.
Circunstancia que, por sus consecuencias indeseables en términos
de seguridad y estabilidad jurídica, es preciso evitar»
Ahora bien, en cuanto a la invocación de una jurisprudencia distinta
a la aplicada en la sentencia objeto de reproche, así como al
contraste que la parte recurrente intenta establecer entre los
documentos que ya obraban en el expediente y aquellos que ahora
presenta como sustento de la causal de revisión, advierte la Sala
que dichos argumentos giran en torno a hechos ya debatidos y
valorados en sede ordinaria — en particular, la supuesta
convivencia con la señora Zapateiro y la cuestionada legitimidad
del vínculo con la señora Maestre Ávila—. Esto revela una intención
de reabrir el debate probatorio y jurídico resuelto previamente, lo
cual desnaturaliza la finalidad del recurso de revisión, que no está
concebido como una nueva instancia. […]”. (Negrilla pertenece
al texto).
De los apartes transcritos de la sentencia objeto de tutela, se
evidencia que la autoridad judicial, en primer lugar, realizó un
estudio jurídico respecto de la causal de revisión prevista en el
numeral 1 del artículo 250 del CPACA, la cual prevé: “[…] 1. Haberse
encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión
diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por
fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria […]”.
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En segundo lugar, al resolver el problema jurídico la autoridad
judicial consideró que la justificación que ofrece la actora para no
haber aportado dentro del proceso ordinario los documentos que
probaban su convivencia con el causante, no constituían fuerza
mayor o caso fortuito, pues los mismos estaban disponibles antes
del inicio del medio de control cuestionado sin que existiera una
causa insuperable para su obtención y, por consiguiente, aquella
mediante el ejercicio del derecho de petición tenía la facultad de
solicitarlos y presentarlos durante el desarrollo del proceso o incluso
con anterioridad.
Destacó que, no se puede perder de vista que en la era digital existen
múltiples formas de obtener documentos de manera rápida y
eficiente, máxime si en el caso de la actora ninguno de los
documentos invocados es verdaderamente “nuevo” ni su obtención
estaba fuera de su alcance razonable durante el curso del proceso
ordinario.
Así las cosas, la SALA 19 ESPECIAL DE DECISIÓN concluyó que
no se reunían las exigencias mínimas para la procedencia de la
causal invocada y lo que realmente pretendía la actora era expresar
su inconformidad, razón por la que declaró infundado el recurso.
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En ese orden de ideas, la Sala advierte que dicha Sala Especial se
pronunció frente a los aspectos que alude la actora, sin que se
vislumbre que pudo haber actuado de forma abiertamente arbitraria
o desbordado los límites del principio de la autonomía judicial, por lo
que el asunto carece del requisito general de la relevancia
constitucional.
Situación distinta es que la accionante no comparta la tesis allí
dispuesta, lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que
de conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de
conocimiento, la SALA 19 ESPECIAL DE DECISIÓN decidió el
asunto sometido a su consideración.
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la actora,
sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como
si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en
relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la
autoridad judicial accionada, por lo cual el juez de tutela no puede
inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela
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un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la
competencia y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
Así las cosas, la Sala advierte que la acción de tutela de la referencia
es improcedente por falta del requisito general de la
relevancia constitucional, porque a través de esta la actora lo que
pretende es cuestionar una decisión judicial como si este mecanismo
se tratase de un recurso o instancia adicional al proceso ordinario.
Consecuente con lo anterior, la Sala confirmará la decisión del a quo
que declaró improcedente la solicitud de amparo presentada por la
actora, pero por las razones aquí expuestas, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por
el magistrado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES para
intervenir en el proceso de la referencia, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia y, en consecuencia, se le separa
del conocimiento del mismo.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, pero por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Actora: DIVINA ZAPATEIRO VARGAS
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 23 de abril de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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