Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07223-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-07223-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07223-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07223-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2025 07223 01
Accionante: Claudio Alejandro Monsalve Almeida
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otros
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Confirma la sentencia impugnada que declaró
improcedente el amparo solicitado
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el accionante en contra del fallo de tutela
proferido el 13 de febrero de 2026 por la Subsección “A” de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, que declaró improcedente el amparo solicitado.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Claudio Alejandro Monsalve Almeida, actuando en nombre propio, interpuso
acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Magdalena, el Juzgado Cuarto
Administrativo de Santa Marta, la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el Juzgado Tercero Penal del Circuito
con Funciones de Conocimiento de Santa Marta, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito
Especializado de Sincelejo y la Fiscalía Quinta Delegada ante el Juzgado Único Penal
del Circuito Especializado de Santa Marta y, para ello, formuló las siguientes
pretensiones1:
1. Declarar la nulidad de las sentencias de reparación directa.
2. Ordenar la protección inmediata de mis derechos fundamentales.
3. Ordenar la corrección y unificación jurídica del caso.
4. Ordenar valoración integral del daño continuado.
5. Restablecer plenamente mis derechos como víctima.
6. Restitución de mi predio, e indemnizaciones por todos los daños ocasionados
como lucro cesante etc.
2. SITUACIÓN FÁCTICA
De la revisión del escrito introductorio de la acción de tutela, el accionante indicó como
situación fáctica la siguiente:
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 07223 00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 07223 01
Accionante: Claudio Alejandro Monsalve Almeida
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otros
1. Desde 1993 fui víctima de abandono forzado y amenazas en el predio San
Pedro – La Avianca, Pivijay.
2. La explotación ilegal del predio ha continuado por más de 30 años.
3. La Fiscalía Delegada 34 (2016) precluyó cualquier conducta en mi contra y
reconoció:
• Que la compraventa es válida.
• Que no cometí ningún delito.
• Que los denunciantes estaban en posesión irregular
4. El Juzgado 3 Penal del Circuito de Sincelejo emitió un fallo donde se acreditan
los hechos violentos y mi condición de víctima.
5. El Juzgado 4 Administrativo de Santa Marta profirió sentencia NEGATIVA de
reparación (sic) directa en 2022 desconociendo todas estas pruebas.
6. El Tribunal Administrativo del Magdalena declaró caducidad en el proceso de
reparación directa, entre 2024–2025, ignorando mi condición de víctima, el daño
continuado y el precedente SU-254/13 y C-099/13.
7. En 2020 la jurisdicción de restitución de tierras me reconoció formalmente como
víctima de abandono forzado continuado.
8. Las decisiones se contradicen entre sí y desconocen pruebas concluyentes.
Ahora bien, de la lectura de la sentencia del 17 de agosto de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, dentro del medio de control de reparación directa
con radicado núm. 47001 23 33 000 2017 00319 00, se relatan, en síntesis, los siguientes
hechos:
El señor Claudio Alejandro Monsalve Almeida, hoy accionante, afirmó que es propietario,
desde 1992, de la finca “San Pedro”, ubicada en el municipio de Pivijay (Magdalena), con
una extensión aproximada de 49 hectáreas sembradas con palma de aceite.
Señaló que, al intentar ejercer la posesión del predio, comenzó a recibir amenazas debido
a la presencia de grupos armados ilegales en la zona, lo que lo obligó a no regresar al
inmueble y, posteriormente, a abandonar su administración; incluso, el administrador
también fue amenazado y desplazado.
Indicó que, tras la desmovilización paramilitar, intentó retomar el predio, pero encontró a
terceros ocupándolo y alegando posesión. Estas personas promovieron un proceso de
prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, cuyas pretensiones fueron negadas
judicialmente; sin embargo, continuaron, según afirmó, realizando actos para impedirle
ejercer su derecho de propiedad y explotando las plantaciones de palma.
Sostuvo además que presentó diversas solicitudes ante distintas autoridades, incluyendo
denuncias penales por invasión de tierras, daño en bien ajeno y amenazas, así como
solicitudes de medidas de protección a su favor. No obstante, la Fiscalía General de la
Nación precluyó la investigación penal, situación que, a su juicio, consolidó su
desplazamiento forzado, afectó su situación económica y le generó daños físicos y
psicológicos.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 07223 01
Accionante: Claudio Alejandro Monsalve Almeida
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otros
Manifestó que solicitó la inscripción del predio en el Registro de Tierras Despojadas y
que, pese a contar con decisiones judiciales que reconocían su dominio, no ha podido
retornar al inmueble por falta de apoyo de la Policía, el Ejército y las autoridades
municipales. En su criterio, la omisión de estas entidades permitió la ocupación del predio
y el desplazamiento forzado del cual fue víctima.
Adujo que presentó solicitud de conciliación extrajudicial en marzo de 2017, la cual
terminó sin acuerdo, lo que dio lugar a la presentación de la demanda de reparación
directa, conocida por el Tribunal Administrativo del Magdalena que, mediante sentencia
de 17 de agosto de 2022, declaró probada la excepción de caducidad propuesta por la
Fiscalía General de la Nación.
Como fundamento de la solicitud de amparo, el accionante señaló que las decisiones
judiciales adolecen de defectos sustantivo y fáctico, por cuanto se ignoraron pruebas
relevantes, se aplicó indebidamente el fenómeno jurídico de la caducidad, se
desconocieron precedentes constitucionales y del Consejo de Estado y, además, se
incurrió en contradicciones con fallos previos.
Advirtió que el perjuicio permanece vigente, porque no ha recuperado la posesión ni el
aprovechamiento del predio, por lo que la caducidad no debería aplicarse mientras
subsista la afectación.
Sostuvo que terceros han explotado durante años el cultivo de palma, obteniendo
beneficios económicos sin derecho y sin que el Estado adoptara medidas para proteger
el inmueble o la cosecha.
Finalmente, alegó que el hurto y la comercialización del fruto, que califica como
receptación, fueron documentados y denunciados; sin embargo, aun así, se aceptaron
opositores sin título ni legitimidad, lo que, a su juicio, vulnera el debido proceso y mantiene
un daño económico permanente.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 14 de noviembre de 20252 y correspondió por reparto a la
Subsección “A” de la Sección Tercera de esta Corporación que, mediante auto del 5 de
diciembre de 20253, la admitió y dispuso notificar4 al Tribunal Administrativo del
Magdalena; a la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cartagena; al Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta; al
Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Santa Marta; al
Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Sincelejo; y al Fiscal Quinto
Delegado ante el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Santa Marta, como
autoridades accionadas.
2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 07223 00.
3 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 07223 00.
4 Esta orden se cumplió el 10 de diciembre de 2025. Visto en el índice 22 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 07223 00.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 07223 01
Accionante: Claudio Alejandro Monsalve Almeida
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otros
Asimismo, ordenó vincular a la Fiscal General de la Nación; a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial; a la Agencia Nacional de Hidrocarburos; al Juzgado Tercero Civil
del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta; a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas; al director
general de la Policía Nacional; y al comandante general del Ejército Nacional, así como
a los señores Jaime Alberto Pallares Mejía, Carlota María Ferrer Montenegro, Florencio
Ruiz Manga, Omar Alfonso Díaz Orozco, Manuel José Montenegro Cantillo y Rita Luz
Pacheco de Montenegro.
De igual forma, en el numeral cuarto del auto admisorio se dispuso lo siguiente:
CUARTO. Requiérase al demandante y a las Secretarías del Tribunal
Administrativo del Magdalena, de la Sala Civil Especializada en Restitución de
Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, del Juzgado
Cuarto Administrativo de Santa Marta y del Juzgado Tercero Penal del Circuito
con Funciones de Conocimiento de Santa Marta, para que, en un plazo de dos
(2) días, suministren los nombres y direcciones de notificación de quienes
intervinieron, salvo las autoridades o personas mencionadas en el ordinal
tercero, en los procesos con los siguientes radicados:
• 47001-23-33-000-2017-00319-00 (Tribunal Administrativo del
Magdalena).
• 47001-3333-004-2015-00321-00 (Juzgado Cuarto Administrativo de
Santa Marta).
• 47001-31-21-004-2020-00080-01 (Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cartagena)
• 47-001-60-01027-2011-00087-00 (Juzgado Tercero Penal del Circuito
con Funciones de Conocimiento de Santa Marta)6
Recibida la información sobre los intervinientes en dichos procesos,
entrégueseles copia de la demanda y de los anexos, a fin de que, si a bien lo
tienen, dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación de la presente
providencia, intervengan en el presente trámite constitucional.
De no ser posible la notificación, publíquese esta providencia por el término
de dos (2) días en la página web del Consejo de Estado, para que, si así lo
deciden, dichos terceros con interés intervengan.
3.2. En cumplimiento de la orden impartida en el numeral cuarto del auto admisorio, el
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Restitución de Tierras de Santa Marta, mediante
correo electrónico del 18 de diciembre de 2025, envío “los datos de contacto que median
en el Portal de Tierras bajo el radicado 47001312100420200008000”5.
3.3. Conforme la anterior información, el 14 de enero de 20266, la Secretaría General de
esta Corporación comunicó la presente acción de tutela a las entidades relacionadas en
la información remitida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Restitución de Tierras,
dentro de las cuales se encontraban la Agencia Nacional de Tierras, Corpomagdalena,
el Centro de Memoria Histórica, la Superintendencia de Notariado y Registro y la
Personería Distrital de Medellín.
5 Visto en el índice 41 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 07223 00.
6 Visto en el índice 50 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 07223 00.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 07223 01
Accionante: Claudio Alejandro Monsalve Almeida
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otros
3.4. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena – Sala Civil Especializada en
Restitución de Tierras7 rindió informe en el que, luego de realizar un recuento de las
actuaciones procesales surtidas al interior de la solicitud de restitución de tierras elevada
por la UAEGRTD, Dirección Territorial Cesar-Magdalena, a favor del accionante, señaló
que mediante sentencia de 28 de julio de 2025 negó dicha solicitud. Asimismo, adujo que
en esa decisión se efectuó un estudio juicioso y exhaustivo de todos los medios de prueba
obrantes en el proceso, lo que condujo a la negativa de las pretensiones de la demanda.
3.5. El Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional8 allegó escrito en el que solicitó
su desvinculación por configurarse su falta de legitimación en la causa por pasiva frente
a los hechos manifestados por el accionante.
3.6. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial9 presentó contestación en la que
indicó que no se observa la vulneración de las garantías fundamentales del accionante,
sino que, por el contrario, lo que este pretende es revivir un debate ya concluido con el
propósito de obtener una decisión diversa en trámites judiciales concluidos, finalidad para
la cual no resulta procedente este mecanismo constitucional. Adicionalmente, solicitó su
desvinculación, por cuanto, en su criterio, se configuró la falta de legitimación en la causa
por pasiva.
3.7. La Agencia Nacional de Hidrocarburos10 allegó respuesta a la tutela, en la cual
solicitó ser desvinculada del presente trámite constitucional, por cuanto no ha existido
amenaza o vulneración de los derechos fundamentales alegados por el accionante. En
consecuencia, consideró que en el presente asunto se configura la falta de legitimación
en la causa por pasiva.
3.8. El Tribunal Administrativo del Magdalena11 presentó informe en el que solicitó negar
la tutela por improcedente, al considerar que no cumple los requisitos de inmediatez y
subsidiariedad, puesto que el accionante pretende reabrir el debate sobre la caducidad
declarada en el proceso de reparación directa, decisión que, según sostuvo, fue adoptada
con base en la valoración de las pruebas y dentro del término legal.
3.9. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas12
presentó contestación en la que solicitó su desvinculación, por cuanto en el presente
asunto se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva, teniendo en cuenta
que los hechos narrados por la parte accionante no corresponden a acciones u omisiones
atribuibles a esa entidad.
7 Visto en el índice 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 07223 00.
8
Visto en el índice 25 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 07223 00.
9
Visto en el índice 26 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 07223 00.
10
Visto en el índice 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001 03 15 000 2025 07223 00.
11 Visto en el índice 28 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 07223 00.
12 Visto en el índice 31 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 07223 00.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 07223 01
Accionante: Claudio Alejandro Monsalve Almeida
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otros
3.10. El Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Santa
Marta13 allegó respuesta en la que manifestó que no vulneró los derechos fundamentales
del accionante, pues el proceso penal seguido en su contra por el delito de falsa denuncia
se tramitó regularmente y finalizó con la preclusión por prescripción; en consecuencia,
solicitó su desvinculación de la acción de tutela.
3.11. El señor Omar Díaz Orozco14 presentó contestación en la que solicitó declarar
improcedente el presente mecanismo constitucional, al no evidenciarse la existencia de
vulneración alguna de las garantías fundamentales alegadas por el accionante.
3.12. La Agencia Nacional de Tierras15 allegó informe en el que solicitó su desvinculación,
por configurarse la falta de legitimación en la causa por pasiva para actuar en el presente
trámite, toda vez que, en su criterio, no se observa ninguna conducta atribuible a la
entidad que permita determinar la vulneración de los derechos fundamentales alegados
por el accionante.
3.13. La Personería Distrital de Medellín16 allegó contestación a la acción de tutela, en la
que indicó que no se configura vulneración de los derechos fundamentales invocados por
el accionante y, por tal motivo, solicitó su desvinculación, al configurarse la falta de
legitimación en la causa por pasiva.
3.14. La Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional de Santa
Marta17 presentó informe en el que solicitó su desvinculación de la acción de tutela, al
señalar que no ha intervenido en los hechos alegados por el accionante y que, en
consecuencia, no se configura vulneración de derechos fundamentales atribuible a esa
dependencia.
3.15. La Corporación Autónoma Regional del Magdalena18 presentó informe en el que
solicitó su desvinculación del presente asunto, por cuanto no es la autoridad que
presuntamente vulneró los derechos fundamentales alegados por el accionante y, en
consecuencia, no tiene legitimación en la causa por pasiva.
3.16. El Centro Nacional de Memoria Histórica19 allegó contestación en la que señaló que
la acción de tutela es improcedente y, adicionalmente, no tiene competencia para
pronunciarse sobre los hechos de la demanda, razón por la cual solicitó su
desvinculación.
13 Visto en el índice 33 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 07223 00.
14 Visto en el índice 44 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 07223 00.
15 Visto en el índice 45 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 07223 00.
16 Visto en el índice 47 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 07223 00.
17 Visto en el índice 49 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 07223 00.
18 Visto en el índice 53 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 07223 00.
19 Visto en el índice 55 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 07223 00.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 07223 01
Accionante: Claudio Alejandro Monsalve Almeida
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otros
3.17. La Fiscalía General de la Nación20 presentó informe en el que solicitó declarar
improcedente la acción de tutela y su desvinculación por falta de legitimación en la causa
por pasiva, al considerar que no intervino en las providencias judiciales cuestionadas, no
se cumplen los requisitos excepcionales para la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales y no se evidencia vulneración del debido proceso, pues la
declaratoria de caducidad en el medio de control de reparación directa fue adoptada por
la autoridad judicial competente sin observase defecto alguno.
3.18. La Superintendencia de Notariado y Registro21 solicitó declarar improcedente la
acción de tutela y su desvinculación, al considerar que no vulneró los derechos
fundamentales del accionante y, adicionalmente, carece de legitimación en la causa por
pasiva, pues no fue la autoridad que profirió las decisiones judiciales cuestionadas.
4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia de
13 de febrero de 2026, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con los
requisitos generales de inmediatez y subsidiariedad.
Se observa que, antes de realizar las consideraciones correspondientes, en la referida
sentencia de tutela de primera instancia se señaló lo siguiente:
La Sala observa que, por error, se notificó7 el auto admisorio a la Personería
Distrital de Medellín, a la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, a la
Cámara de Comercio de Santa Marta, al Centro Nacional de Memoria Histórica,
la Agencia Nacional de Tierras y a la Superintendencia de Notariado y Registro8,
los cuales dieron contestación a la tutela y manifestaron que carecen de
legitimación en la causa por pasiva. La Concesión RUNT 2.0 S.A.S. 9 también fue
notificada e informó que no está en capacidad de suministrar las direcciones
físicas o electrónicas que se requieren para las respectivas notificaciones a las
partes e intervinientes en el proceso. Como los entes señalados no hacen parte
de la controversia, en tanto no fueron vinculados en el auto admisorio ni en
ninguna otra providencia, no se tendrán en cuenta los memoriales que
presentaron, sin que sea necesario hacer pronunciamientos adicionales sobre su
legitimación o sus peticiones de desvinculación. (Se destaca).
Luego, se indicó lo siguiente:
Legitimación en la causa
49. El artículo 86 de la Constitución Política prevé que «toda persona tendrá acción
de tutela para reclamar ante los jueces (…) la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública».
50. El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, por su parte, establece que la acción
de tutela «podrá ser ejercida en todo momento y lugar, por cualquiera persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales».
20 Visto en el índice 57 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 07223 00.
21 Visto en el índice 58 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 07223 00.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 07223 01
Accionante: Claudio Alejandro Monsalve Almeida
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otros
51. En el caso concreto, el señor Claudio Alejandro Monsalve Almeida se
encuentra legitimado en la causa por activa toda vez que es titular de los derechos
fundamentales que estima vulnerados, en su condición de parte en las
actuaciones judiciales e investigativa, en las que se adoptaron las decisiones
cuestionadas.
52. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque
las autoridades judiciales demandadas y la Fiscalía General de la Nación
profirieron las decisiones a las que se les atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales del accionante.
(…)
63. Luego de analizar cada una de las actuaciones cuestionadas, se advierte que
no se reúnen los requisitos generales de inmediatez y/o subsidiariedad para la
procedencia de la acción de tutela, en ninguno de los casos, según se explica a
continuación.
64. En cuanto a la sentencia del 28 de julio de 2025, se observa que en esta el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena – Sala Civil Especializada en
Restitución de Tierras decidió negar la solicitud de restitución de tierras
presentada por el accionante, porque no se acreditó que hubiera sido víctima del
delito de desplazamiento forzado, lo que impedía continuar con el análisis del
caso. Se explicó que ese proceso especial exige acreditar que el predio que se
pretende restituir fue abandonado, de manera forzosa por hechos asociados al
conflicto armado interno, lo que no ocurrió en el caso analizado.
65. Si bien el proceso de restitución de tierras establecido en la Ley 1448 de 2011
es de única instancia, contra la sentencia del Tribunal Superior procedía el recurso
de revisión ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 92 de esa ley.
66. En el caso analizado el accionante no formuló recurso de revisión contra la
sentencia discutida, pese a que era el mecanismo idóneo y, además, célere, para
insistir en la pretensión de restitución, si se tiene en cuenta que su trámite prevé
un término máximo de dos meses para que se adopte decisión de fondo. Lo
anterior denota el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, toda vez que no
se agotaron los mecanismos dispuestos por la ley para garantizar la protección de
los derechos que se pretende proteger y tampoco se instauró la acción de tutela
como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio
irremediable, pues los términos de resolución de esta acción y del recurso de
revisión son muy similares. En todo caso, no se evidencia una situación de
urgencia que imponga al juez constitucional la necesidad de intervenir.
67. En lo que respecta a la resolución de preclusión del 25 de abril de 2013, dictada
por la Fiscalía Quinta delegada ante el Juzgado Único Penal del Circuito
Especializado de Santa Marta, no se observa alguna limitación o razón objetiva
que hubiera impedido al accionante acudir a la acción de tutela con antelación,
máxime cuando interpuso demanda de reparación directa para debatir el presunto
error judicial y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en los
que habría incurrido la Fiscalía General de la Nación al proferir esa decisión.
68. La interposición del proceso ordinario aludido es suficiente para entender que
desde ese momento el demandante era consciente de los supuestos yerros que
le atribuye a la decisión y, además, que no requería una medida de protección
inmediata, en tanto se sometió al trámite del litigio. En esa medida, se considera
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 07223 01
Accionante: Claudio Alejandro Monsalve Almeida
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otros
que la acción de tutela presentada doce años después no cumple el requisito de
inmediatez, porque no se formuló en un plazo razonable.
69. Tampoco resulta satisfecho el requisito de subsidiariedad, toda vez que el
accionante no demostró que hubiera interpuesto los recursos de reposición y
apelación que procedían contra la decisión de preclusión, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 185, 189 y 191 de la Ley 600 de 2000, bajo la cual se
tramitó la investigación penal.
70. Frente a la sentencia de 20 de mayo de 2022, proferida por el Juzgado Cuarto
Oral Administrativo de Santa Marta, en el proceso de reparación directa con
radicado 47001-3333-004-2015-00321-00, se observa que tampoco fue
impugnada a través del recurso de apelación, en atención a lo establecido en el
artículo 24342 del CPACA ni es razonable el plazo en el que se instauró la acción
de tutela, pues transcurrieron tres años desde que se dictó la decisión
cuestionada.
71. Finalmente, en lo que atañe a la sentencia de 17 de agosto de 2022, proferida
por el Tribunal Administrativo del Magdalena, en el proceso de reparación directa
con radicado 47001-23-33-000-2017-00319-00, encuentra la Sala que tampoco se
reúnen los requisitos de subsidiariedad e inmediatez. Esto, por cuanto, no se
interpuso el recurso de apelación contra esa providencia y pasaron al menos tres
años desde que se expidió y notificó la decisión censurada hasta que se acudió al
juez constitucional, sin justificación aparente.
72. Como se observa, el accionante ha acudido a una serie de mecanismos
legales en los que, insistentemente, ha manifestado que fue víctima de
desplazamiento forzado y que fue despojado de la posesión de un inmueble de su
propiedad, sin obtener respuesta favorable a sus pretensiones. Al parecer, la
intención del accionante es que se analicen, una vez más, las controversias que
planteó en los procesos de restitución de tierras, de reparación directa y en la
investigación penal por el delito de desplazamiento forzado, con el propósito de
provocar una nueva postura acorde a su tesis, pero sin un fundamento adicional
a su simple inconformidad con lo resuelto.
73. Tal finalidad, a todas luces, resulta ajena a la acción de tutela que fue instituida
como un mecanismo constitucional de protección de los derechos fundamentales,
ante violaciones surgidas por disonancias entre las decisiones censuradas y el
ordenamiento legal y constitucional. La Sala, con todo, no cuenta con elementos
para considerar que el accionante fue una víctima del delito de desplazamiento
forzado, en la medida en la que sus propias versiones rendidas a lo largo de las
actuaciones analizadas, dejan entrever que desde hace algunos años sostiene un
conflicto por la posesión del predio «San Pedro», ubicado en el municipio de
Pivijay, Magdalena, con unos poseedores que aducen su buena fe, a quienes
nunca les ha acusado de pertenecer a la guerrilla o a algún grupo paramilitar, o
de ser los autores de las amenazas que dijo haber recibido para desistir de su
objetivo de recuperar el inmueble.
74. Cabe recalcar que la acción de tutela sólo procede excepcionalmente contra
providencias judiciales. Esto obedece a la necesidad de respetar los principios de
independencia y autonomía judicial, y para salvaguardar el principio de seguridad
jurídica, presentes en un Estado Social de Derecho como el colombiano. Es por
esto que se deben observar todas las exigencias para la procedencia de la acción
de tutela, entre estas, que la acción se ejerza en un plazo razonable y que se
agoten los mecanismos principales dispuestos por la ley para la protección de los
derechos conculcados, lo cual no se observó en este caso.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 07223 01
Accionante: Claudio Alejandro Monsalve Almeida
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otros
75. Por las razones expuestas, se concluye que la acción de tutela no reúne los
requisitos de inmediatez y subsidiariedad, lo que impone declararla improcedente.
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, el accionante lo impugnó y solicitó que
se revocara y, en consecuencia, se declare procedente la acción de tutela para realizar
el análisis de fondo.
Sostuvo que la providencia impugnada aplicó de manera restrictiva los requisitos de
inmediatez y subsidiariedad, sin considerar su condición de víctima de desplazamiento
forzado y la existencia de una vulneración continuada de sus derechos fundamentales.
Señaló que, tratándose de víctimas del conflicto armado, la jurisprudencia constitucional
exige una interpretación flexible de los requisitos de procedibilidad, pues existen barreras
reales de acceso a la justicia y una situación estructural de vulnerabilidad.
Afirmó que la afectación alegada no es un hecho aislado del pasado, sino una vulneración
permanente, ya que el despojo del predio y la afectación de los derechos a la propiedad y
al acceso a la justicia subsisten en la actualidad. En ese sentido, sostuvo que el requisito
de inmediatez se encuentra satisfecho, dado que la vulneración continúa en el tiempo y
existen actuaciones judiciales y administrativas recientes relacionadas con el mismo
conflicto.
Finalmente, cuestionó la interpretación realizada del requisito de subsidiariedad, al indicar
que la tutela no busca reabrir debates ordinarios, sino controvertir defectos constitucionales
en las decisiones judiciales, particularmente la falta de valoración integral del contexto de
violencia y del material probatorio que acreditaría el desplazamiento forzado. Adujo que ello
configura un defecto fáctico que amerita la intervención del juez constitucional.
5.2. Por auto proferido el 11 de marzo de 2026 se concedió la impugnación22 y la misma
fue asignada a esta Sección por acta de reparto del 26 de marzo de 202623.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 24, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
22 Visto en el índice 78 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 07223 00.
23 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 07223 01.
24 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la
impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 07223 01
Accionante: Claudio Alejandro Monsalve Almeida
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otros
de 201525, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202126, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo
de 201927, modificado por el Acuerdo núm. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido
por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.
6.2. CUESTIÓN PREVIA
De la lectura de la sentencia de primera instancia impugnada se observa que el a quo se
pronunció sobre la legitimación en la causa por activa del accionante y por pasiva del
Tribunal Administrativo del Magdalena, el Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta,
la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena, el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Santa Marta, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de
Sincelejo y la Fiscalía General de la Nación.
Ahora bien, advierte la Sala que, según lo expuesto por el a quo, fueron notificadas “por
error” la Personería Distrital de Medellín, la Corporación Autónoma Regional del
Magdalena, la Cámara de Comercio de Santa Marta, el Centro Nacional de Memoria
Histórica, la Agencia Nacional de Tierras, la Superintendencia de Notariado y Registro y
la concesión RUNT.
Igualmente, se encuentra pendiente de resolver las solicitudes de desvinculación
presentadas por el Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y la Fiscalía
Especializada de Justicia Transicional de Santa Marta.
En vista de lo anterior, y de la revisión de los expedientes en los cuales se profirieron las
providencias cuestionadas, la Sala observa que varias de las entidades antes
mencionadas participaron dentro de los respectivos trámites judiciales, razón por la cual
resulta pertinente resolver sus solicitudes de desvinculación en los siguientes términos:
• En lo concerniente a la Agencia Nacional de Tierras y a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, no se accederá a las
solicitudes de desvinculación, por cuanto dichas entidades fueron vinculadas
formalmente al proceso de restitución de tierras con radicado núm. 47001 31 21
004 2020 00080 00/01.
• Respecto de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Centro Nacional de
Memoria Histórica28, Cormagdalena, la Personería Municipal de Medellín, la
25 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
26 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
27 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
28 Por medio del auto del 10 de noviembre de 2021, el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Santa Marta se verificó las órdenes judiciales dispuestas, entre otros, en el auto
del 28 de junio de 2021 dictado por dicha autoridad judicial, en el que se solicitó, entre otras cosas: “Por
parte del Centro Nacional de Memoria Histórica: 11. INFORMAR sobre el contexto de violencia que afectó
en la vereda San Pedro De La Corona, corregimiento de La Avianca, municipio de Pivijay, departamento
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 07223 01
Accionante: Claudio Alejandro Monsalve Almeida
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otros
Superintendencia de Notariado y Registro, la Fiscalía Especializada de Justicia
Transicional de Santa Marta y el consorcio RUNT, se observa que dichas
entidades únicamente fueron mencionadas en algunos proveídos del proceso de
restitución de tierras con radicado núm. 47001 31 21 004 2020 00080 00, incluido
el auto admisorio29, con el propósito de remitir información y certificaciones, sin
que hubiesen sido vinculadas formalmente al trámite. En consecuencia, se
accederá a sus solicitudes de desvinculación en esta sede constitucional.
• En cuanto a la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de Defensa
Nacional - Policía Nacional, no se accederá a la misma, por cuanto dicha entidad
ostentó la calidad de parte demandada dentro del medio de control de reparación
directa con radicado núm. 47001 23 33 000 2017 00319 00.
• Finalmente, respecto de la solicitud de desvinculación de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, tampoco se accederá, toda vez que dicha autoridad
participó dentro del proceso con radicado núm. 47001 33 33 004 2015 00321 00.
6.3. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente:
6.3.1. El accionante presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación
directa contra la Nación – Fiscalía General de la Nación, con el propósito de obtener la
declaratoria de responsabilidad administrativa y extracontractual por el presunto error
judicial y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia derivados de la
decisión del 25 de abril de 2013, mediante la cual se precluyó una investigación por el
delito de desplazamiento forzado. A dicho proceso se le asignó el radicado núm. 47001
33 33 004 2015 00321 00.
Mediante sentencia del 20 de mayo de 2022, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del
Circuito de Santa Marta resolvió negar las pretensiones de la demanda.
6.3.2. El accionante presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación
directa contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional- Ejercito Nacional y Policía
Nacional y Fiscalía General de la Nación, con el propósito de obtener la declaratoria de
responsabilidad administrativa por falla del servicio, con ocasión de los hechos ocurridos
en el año 1993, cuando el Ejército Nacional y la Policía Nacional pretendían tomar
posesión del predio denominado “San Pedro”, del cual afirma el accionante ser
propietario. A dicho proceso se le asignó el radicado núm. 47001 23 33 000 2017 00319
00.
Mediante sentencia de 17 de agosto de 2022, el Tribunal administrativo del Magdalena
resolvió lo siguiente:
PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de caducidad propuesta por la
entidad demandada -FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN— de conformidad con
las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
del Magdalena en el año 1993, conforme a los hechos violentos descritos en la línea de tiempo construida
por la UAEGRTD en la demanda”.
29 Por medio del auto del 11 de noviembre de 2020, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Sincelejo se ofició, entre otros, a la Superintendencia de Notariado y Registro,
Corpomag y la Personería Municipal de Medellín.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 07223 01
Accionante: Claudio Alejandro Monsalve Almeida
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otros
6.2.3. El accionante presentó solicitud de restitución de tierras respecto del predio
denominado “San Pedro”, ubicado en la vereda La Avianca, municipio de Pivijay,
departamento del Magdalena, dentro del cual actuaron como opositores Jaime Alberto
Pallares Mejía, Carlota María Ferrer Montenegro, Florencio Ruiz Manga, Omar Alfonso
Díaz Orozco, Manuel José Montenegro Cantillo y Rita Luz Pacheco de Montenegro. A
dicho trámite se le asignó el radicado núm. 47001 31 21 004 2020 00080 01.
Mediante sentencia del 28 de julio de 2025, la Sala Civil Especializada en Restitución de
Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena resolvió negar la solicitud
de restitución.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
6.3.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de
31 de julio de 201230, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de
las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de
derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte
Constitucional y su propia jurisprudencia.
Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que
proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto;
ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un
perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de
una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de
inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su
alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial31, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto,
fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento
del precedente judicial y violación directa de la Constitución32.
30 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01, sentencia
de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
31 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado
Jorge Iván Palacio Palacio.
32 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera
absoluta, de jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento
establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio;
o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 07223 01
Accionante: Claudio Alejandro Monsalve Almeida
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otros
De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda
impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de
derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en
primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar,
le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos
especiales explicados, permitiéndole de esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la
decisión […]”33 que encaje en dichos parámetros.
Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad,
por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se
convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como
los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que
gobiernan todo proceso jurisdiccional.
6.3.2. Caso concreto
Teniendo en cuenta lo que es motivo de impugnación, la Sala advierte que el accionante
controvierte, a través de la presente acción de tutela, las siguientes decisiones: (i) la
providencia del 28 de julio de 2025, proferida por la Sala Civil Especializada en
Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena 34; (ii) la
providencia del 20 de mayo de 2022, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Santa Marta; (iii) la providencia del 17 de agosto de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena; y (iv) la decisión del 25 de abril de 2013, proferida
por la Fiscalía Quinta Delegada ante los Jueces Penales Especializados.
De la lectura del escrito introductorio de la acción de tutela, así como de la impugnación,
la Sala observa que las inconformidades del accionante radican en que las autoridades
accionadas adoptaron decisiones contradictorias y arbitrarias que, en su criterio,
ignoraron pruebas determinantes sobre su condición de víctima de desplazamiento
forzado y el daño continuado sufrido desde el año 1993, lo que condujo a negar su
solicitud de reparación y a declarar la caducidad, pese a que, según afirma, el perjuicio
persiste por la ocupación y explotación ilegal del predio que aduce de su propiedad
durante más de treinta años.
Agregó que el juez de tutela de primera instancia aplicó de forma restrictiva los requisitos
de inmediatez y subsidiariedad, sin considerar su condición de víctima de desplazamiento
forzado ni la existencia de una vulneración continuada derivada del despojo del predio;
además, señaló que se configuró un defecto fáctico por falta de valoración integral de las
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o
inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes
y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos
y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance
dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose
del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de
manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política.
33 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado
Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
34 Al expediente se le asignó el radicado núm. 47001 31 21 004 2020 00080 01.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 07223 01
Accionante: Claudio Alejandro Monsalve Almeida
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otros
pruebas, lo que, en su criterio, habilita el estudio de fondo de la presente acción de
amparo.
• Sentencia de 28 de julio de 2025 (Exp. 47001 31 21 004 2020 00080 01)
En lo que respecta a la sentencia del 28 de julio de 2025, proferida por la Sala Civil
Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena, se advierte que mediante dicha providencia se negó la solicitud de restitución
de tierras elevada por el aquí accionante, al considerar que no acreditó su condición de
víctima en los términos previstos en la Ley 1448 de 2011.
Ahora bien, si bien el proceso de restitución de tierras previsto en la Ley 1448 de 2011
es de única instancia, conforme al artículo 79 ibidem, contra la sentencia del Tribunal
Superior procedía el recurso extraordinario de revisión ante la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 de dicha
normativa.
En ese contexto, se observa que el accionante no interpuso el recurso extraordinario de
revisión contra la sentencia cuestionada, pese a tratarse de un mecanismo judicial
disponible para controvertir la decisión adoptada, ni explicó las razones por las cuales
dicho medio resultaba ineficaz en su caso concreto. Lo anterior evidencia el
incumplimiento del requisito de subsidiariedad, en la medida en que no se agotaron los
mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico para la protección de los derechos
invocados, ni se acudió a la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable.
Bajo estas circunstancias, no se advierte la existencia de una situación de urgencia que
amerite la intervención del juez constitucional con el propósito de evitar la ocurrencia de
un perjuicio irremediable.
• Sentencia de 20 de mayo de 2022 (Exp. 47001 33 33 004 2015 00321 00)
En lo que respecta a la sentencia del 20 de mayo de 2022, proferida por el Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito de Santa Marta, se advierte que mediante dicha
providencia se negaron las pretensiones de la demanda de reparación directa formulada
contra la Nación-Fiscalía General de la Nación, con ocasión de la decisión del 25 de abril
de 2013, proferida por la Fiscalía Quinta Delegada ante los Jueces Penales
Especializados, mediante la cual se dispuso la preclusión de la investigación a favor de
Jaime Alberto Pallares Mejía, Manuel José Montenegro Cantillo, Carlota Ferrer
Montenegro, Florentino Ruiz Manga y Etelvina Orozco de Gómez, por el delito de
desplazamiento forzado del que el accionante afirmaba haber sido víctima, al concluir
que la conducta investigada no existió.
En dicha providencia se determinó que no se configuraba el error judicial alegado, por
cuanto el hoy accionante no interpuso los recursos ordinarios procedentes contra la
resolución que precluyó la investigación y, además, no cumplió con la carga
argumentativa mínima para demostrar la ilegalidad de esa decisión, razón por la cual no
se satisfacían los requisitos previstos en el artículo 67 de la Ley 270 de 1996.
Ahora bien, de la revisión del expediente de reparación directa con radicado núm. 47001
33 33 004 2015 00321 00 se observa que contra la sentencia del 20 de mayo de 2022 no
se interpuso el recurso de apelación, a través de su apoderado, pese a tratarse del medio
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 07223 01
Accionante: Claudio Alejandro Monsalve Almeida
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otros
de defensa idóneo y eficaz para controvertir la decisión adoptada, lo que evidencia que
el actor no agotó los mecanismos ordinarios de defensa antes de acudir al presente
mecanismo constitucional, ni acreditó la configuración de un perjuicio de connotación
irremediable.
Adicionalmente, como lo advirtió el juez de tutela de primera instancia, tampoco se
cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que dicha providencia fue notificada el
23 de mayo de 2022, mientras que la acción de tutela se radicó el 14 de noviembre de
2025, superando ampliamente el término razonable fijado por la jurisprudencia
constitucional para acudir a este mecanismo excepcional.
• Sentencia de 17 de agosto de 2022 (Exp. 47001 23 33 000 2017 00319 00)
En cuanto a la sentencia del 17 de agosto de 2022, proferida dentro del medio de control
de reparación directa con radicado núm. 47001-23-33-000-2017-00319-00, mediante la
cual se declaró probada la excepción de caducidad, la Sala observa que la presente
solicitud de amparo resulta improcedente, toda vez que no se satisfacen los requisitos
generales de inmediatez y subsidiariedad.
Ello es así, por cuanto contra la sentencia cuestionada no se interpuso el recurso de
apelación, pese a constituir el medio de defensa idóneo y eficaz para controvertir las
consideraciones allí expuestas. De esta manera, el accionante no agotó los mecanismos
ordinarios de defensa antes de acudir a la acción de tutela.
Adicionalmente, se advierte que la providencia acusada fue notificada el 23 de noviembre
de 2022, mientras que la presente acción constitucional fue presentada en noviembre de
2025, superando ampliamente el plazo razonable fijado por la jurisprudencia
constitucional para acudir a este mecanismo excepcional, sin que se acredite la
configuración de un perjuicio irremediable que justifique la intervención del juez
constitucional.
• Decisión de preclusión de 25 de abril de 2013
El accionante señaló en su escrito de tutela como actuación vulneradora de sus derechos
fundamentales la decisión del 25 de abril de 2013, mediante la cual la Fiscalía Quinta
Delegada ante los Jueces Penales Especializados dispuso la preclusión de la instrucción
a favor de Jaime Alberto Pallares Mejía, Manuel José Montenegro Cantillo, Carlota Ferrer
Montenegro, Florentino Ruiz Manga y Etelvina Orozco de Gómez, por el delito de
desplazamiento forzado del que afirma haber sido víctima, con fundamento en que la
conducta investigada no existió.
Frente a esta determinación, la Sala advierte que la acción de tutela resulta improcedente,
por cuanto el accionante acudió a este mecanismo constitucional doce años después de
proferida la decisión cuestionada, lo que desatiende el requisito de inmediatez. A ello se
suma que no interpuso los recursos de reposición y apelación que procedían contra la
resolución de preclusión, lo cual evidencia el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad.
Adicionalmente, se observa que la legalidad de dicha decisión fue debatida en el medio
de control de reparación directa con radicado núm. 47001 33 33 004 2015 00321 00, de
modo que la presente acción constitucional se orienta a reabrir una controversia que ya
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 07223 01
Accionante: Claudio Alejandro Monsalve Almeida
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otros
fue examinada por el juez natural de la causa, desconociendo el carácter subsidiario y
excepcional de la acción de tutela.
En vista de lo anterior, la Sala advierte que el accionante ha acudido a múltiples
escenarios judiciales con el propósito de obtener la restitución del bien inmueble
denominado “San Pedro”; sin embargo, ante la adopción de decisiones desfavorables a
sus intereses, pretende a través de la presente acción constitucional que se reabran y
reexaminen asuntos que ya fueron objeto de estudio y decisión por distintas autoridades
judiciales competentes.
En ese sentido, del análisis individual de las providencias cuestionadas se concluye que,
en el presente caso, la acción de tutela no satisface los requisitos de subsidiariedad e
inmediatez que habilitan su procedencia, por cuanto el actor omitió hacer uso de los
medios ordinarios de defensa previstos en el ordenamiento jurídico o acudió tardíamente
a este mecanismo excepcional, sin que se advierta la configuración de un perjuicio
irremediable que justifique la intervención del juez constitucional de manera transitoria.
Adicionalmente, la Sala observa que la solicitud de amparo se dirige, en esencia, a
controvertir nuevamente decisiones judiciales adoptadas en procesos de restitución de
tierras y contencioso-administrativos, lo cual desnaturaliza la acción de tutela, pues esta
no constituye una instancia adicional ni un mecanismo para reabrir debates ya definidos,
sino un instrumento excepcional orientado a la protección inmediata de derechos
fundamentales cuando no existen otros mecanismos de defensa judicial o cuando estos
resultan ineficaces.
Finalmente, tampoco se comparte el argumento del accionante según el cual la afectación
de sus derechos fundamentales tiene carácter permanente, pues, aun cuando alega la
existencia de un daño continuado derivado del despojo del predio, lo cierto es que la
presente acción de tutela no se dirige contra dicha situación fáctica, sino contra
providencias judiciales concretas que resolvieron la controversia y quedaron en firme
hace varios años, las cuales pudieron ser controvertidas oportunamente mediante los
mecanismos ordinarios y extraordinarios previstos por la ley, sin que la inconformidad
frente a ellas convierta la presunta vulneración en una afectación actual y continua que
flexibilice el requisito de inmediatez.
En consecuencia, la Sala concluye que la acción de tutela es improcedente por cuanto
no supera los requisitos generales de inmediatez y subsidiariedad, por lo que se
confirmará el fallo impugnado.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: ACCEDER a las solicitudes de desvinculación presentadas por la Agencia
Nacional de Hidrocarburos, el Centro Nacional de Memoria Histórica, Cormagdalena, la
Personería Distrital de Medellín, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Fiscalía
Especializada de Justicia Transicional de Santa Marta y el consorcio RUNT, por las
razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Agencia
Nacional de Tierras, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 07223 01
Accionante: Claudio Alejandro Monsalve Almeida
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otros
Tierras Despojadas, el Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, por las razones expuestas en esta providencia.
TERCERO: CONFIRMAR la sentencia de 13 de febrero de 2026, proferida por la
Subsección “A” de la Sección Tercera de esta Corporación, por las razones expuestas
en esta providencia.
CUARTO NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30
del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de 14 de
mayo de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.