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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07224-00

Fecha
11 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07224-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela presentada por el señor Jaider Miguel Cuello Villadiego. SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada esta decisión, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-07224-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

11 de diciembre de 2025

Demandante: Jaider Miguel Cuello Villadiego
Demandados: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07224-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07224-00
Demandante: JAIDER MIGUEL CUELLO VILLADIEGO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio
de la acción constitucional prevista en el artículo 86 de la Constitución y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Jaider Miguel Cuello Villadiego, en nombre propio, presentó acción de
tutela1 en contra del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de San
José del Guaviare y el Tribunal Administrativo del Meta, con el fin de obtener la
protección de sus derechos fundamentales a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia.

Estimó quebrantadas tales garantías con ocasión de los autos de 25 de abril y
30 de julio de 2025, por medio de los cuales las autoridades judiciales rechazaron
la demanda de reparación directa con radicado 95001-33-33-002-2024-00119-
00/01, que promovió el actor contra el Ministerio de Defensa Nacional - Ejército
Nacional.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, el actor solicitó lo siguiente:

PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental a la Igualdad.

1 Samai, índice 1. Mediante escrito presentado el 14 de noviembre de 2025.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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Demandante: Jaider Miguel Cuello Villadiego
Demandados: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07224-00

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO el auto emitido por el JUZGADO SEGUNDO
ADMINITRATIVO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE que rechazo la demanda de
fecha 25 de abril del año 2025 emitido en el accionado.

TERCERO: DEJAR SIN EFECTO la decisión del Tribunal Administrativo del Meta
de fecha 30 de julio del año 2025 que confirmó el auto que rechazó la demanda.

CUARTO: Que no se vuelva a repetir alguna vulneración a derechos
fundamentales.

QUINTO: Las demás que usted señor Juez Constitucional considere pertinente en
su facultad Ultra Petita.2

1.3. Hechos

La petición de tutela tuvo como fundamento, los siguientes:

El accionante indicó que, como soldado profesional en retiro, el 9 de julio de
2017, en desarrollo de una operación de seguridad y defensa en San José de
Guaviare perdió el cien por ciento de su visión. Además, manifestó que el 19 de
agosto de 2021, le notificaron personalmente el dictamen de junta médica
laboral.

Narró que el 17 de agosto de 2023, radicó la conciliación extrajudicial ante la
Procuraduría General de la Nación y que esta se desarrolló el 9 de octubre de
ese mismo año, sin ánimo conciliatorio.

Sostuvo que presentó una demanda de Reparación Directa en contra del Ejército
Nacional, Ministerio de Defensa Nacional, en el año 2024, por los daños
causados que se identificó con el radicado 9500-33-33-002-2024-00119-00.

Explicó que el conocimiento de dicho medio de control le correspondió al
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de San José del Guaviare,
pero que el 25 de abril de 2025 decidió rechazar la demanda por extemporánea,
porque el término de caducidad debía contarse desde la fecha en que ocurrió el
hecho que le causó el daño y no desde la fecha en que se le notificó el Acta de
la Junta Médico Laboral.

Expresó que el 30 de julio de esta vigencia, el Tribunal Administrativo del Meta
confirmó el auto que rechazó la demanda, por lo que aseguró que esta situación
amenaza con causar un perjuicio irremediable porque con su pérdida de visión
debe ser reparada integralmente.

1.4. Sustento de la vulneración

A juicio del accionante, las autoridades cuestionadas incurrieron en el grave
yerro de rechazar la demanda bajo el argumento que el término de caducidad de
la demanda de reparación directa debía contarse desde la fecha en que ocurrió
el hecho, porque solo conoció el perjuicio causado hasta que le notificaron y

2 Transcripción literal del texto original, por lo que puede contener errores.

2

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Demandante: Jaider Miguel Cuello Villadiego
Demandados: Tribunal Administrativo del Meta y otro
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dieron lectura del Acta de Junta Médica.

Aseguró que por su condición no puede tratarse de igual forma que las demás
personas y reiteró que solamente se enteró de la pérdida de la totalidad de su
visión hasta el 19 de agosto de 2021, por lo que es a partir de esa fecha que
empieza a contar el término de caducidad.

Afirmó que no puede la administración de justicia negarle el derecho de acceder
a esta, con argumentos procesales, sin tener en cuenta su condición especial,
sin aplicar el enfoque diferencial y sin darle un trato diferente y positivo al de las
personas que no ostentan esa misma discapacidad, por lo que su situación era
la excepción a la regla general de caducidad.

Expresó que su familia también se ha visto muy afectada y perjudicada y que
anhelaban la reparación integral por el daño causado, por ser personas de
escasos recursos y campesinos, razón por la cual, esa situación amenaza con
causar un perjuicio irremediable debido a que necesita de otros ingresos y otras
condiciones de vida. Afirmó que, por su discapacidad tiene que vivir situaciones
que una persona que no la tenga podría hacer sin ningún problema.

Citó la sentencia T-432 de 1992, relacionada con el principio de la justa igualdad
que exige el reconocimiento de la variada serie de desigualdades entre los
hombres en lo biológico, económico, social, cultural, dimensiones que en justicia
deben ser relevantes para el derecho. También, mencionó la C-221 de 1992 en
la que se dispuso que el principio de igualdad era objetivo y no formal por lo que
se predicaba de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales.

Por último, mencionó la sentencia C-410 de 1996 que establece la igualdad de
todas las personas ante la ley y las autoridades y lo enmarca como un derecho
constitucional fundamental.

1.5. Trámite en primera instancia

Mediante auto del 21 de noviembre de 2025 se admitió la solicitud de tutela y se
ordenó notificar esta decisión a los magistrados que integran el Tribunal
Administrativo del Meta y al juez Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
San José del Guaviare.

1.6 Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de conformidad con las constancias
visibles en el expediente, se presentaron los siguientes informes:

1.6.1. Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de San José del
Guaviare

Aseguró que el accionante pretende convertir la acción de tutela en una tercera
instancia del proceso de reparación directa y señaló que lo cierto es que no existe
un problema de vulneración de derechos fundamentales, sino una inconformidad

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con decisiones judiciales que ya analizaron el caso del demandante y
encontraron acreditada la caducidad del citado medio de control.

Afirmó que en las providencias que rechazaron la demanda de reparación directa
se aplicó el artículo 164 del CPACA, que fija una caducidad de dos años,
contados desde que el interesado conoce o debió conocer el hecho dañoso.

En esa medida, indicó que el juez y el tribunal de instancia concluyeron que el
señor Cuello Villadiego conoció prima facie el hecho dañoso desde el momento
de la pérdida de su visión, tal como él mismo afirmó en el relato de hechos de la
demanda de reparación directa.

Reiteró que las providencias cuestionadas están ajustadas al precedente
unificado en la sentencia del 29 de enero de 2020, dictada por la Sala Plena de
la Sección Tercera del Consejo de Estado (radicado 68001-23-31-000-2012-
00219-01) y que este es claro en indicar que la caducidad inicia cuando la
persona conoce los hechos que generan el daño, no cuando se emite el dictamen
médico administrativo.

Sostuvo que a pesar de la lastimosa lesión que padece el actor, esta
circunstancia no relativiza el inicio del conteo del término de caducidad, pues
asumir lo contrario derivaría en el desconocimiento de la norma que la regula
(artículo 164 del CPACA) y del precedente unificado.

Insistió en que, desde el mismo momento de la ocurrencia del daño, el
demandante lo conoció y tuvo lo elementos suficientes para hacer una atribución
de responsabilidad preliminar y aclaró que el hecho de tener una discapacidad
visual no modifica, ni puede modificar, los criterios legales de caducidad, cuya
aplicación objetiva es parte esencial del debido proceso. Por lo anterior, solicitó
declarar la improcedencia de la tutela de referencia.

1.6.2. Tribunal Administrativo del Meta

Señaló que advirtió que la pretensión indemnizatoria se fundamentó en secuelas
derivadas de un ataque con artefacto explosivo ocurrido el 9 de julio de 2017,
durante el ejercicio de funciones como soldado profesional, por lo que indicó que,
desde ese mismo instante, el demandante sufrió lesiones graves, entre ellas la
pérdida total de la visión.

Puso de presente que el expediente incluía el Acta de la Junta Médico Laboral
No. 117423 del 31 de julio de 2020, que describía traumas craneales, fracturas
faciales, lesiones auditivas y la necesidad de enucleación bilateral. No obstante,
para la sala, dicho dictamen no constituía un hecho novedoso ni acreditaba un
daño de aparición progresiva, sino que confirmaba una condición física severa y
visible desde el momento mismo del ataque.

Sostuvo que conforme con la jurisprudencia de unificación del Consejo de
Estado, cuando el daño es inmediato, ostensible e inmodificable, como ocurre
con lesiones físicas graves, el término de caducidad se cuenta desde el día
siguiente al hecho. Por ello, la fecha de notificación del dictamen médico no

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determinaba el inicio del término, puesto que la pérdida de capacidad laboral no
define el conocimiento del daño sino únicamente su magnitud.

Por lo anterior, la sala concluyó que el daño era conocido desde el 9 de julio de
2017, el término de caducidad inició el 10 de julio de esa vigencia y venció el 10
de julio de 2019, tal como lo había definió el juzgado de primera instancia.

Advirtió que la acción de tutela presentada por el señor Cuello Villadiego no
reúne los presupuestos generales de procedencia establecidos por la Corte
Constitucional para controvertir decisiones judiciales.

Consideró que la parte accionante pretende reabrir el debate jurídico ya resuelto
en las providencias de primera y segunda instancia, sin demostrar la
configuración de un defecto fáctico, sustantivo, orgánico o procedimental.
Asimismo, agregó que tampoco acreditó la vulneración de los derechos
fundamentales invocados, pues se limitó a señalar que, por su condición de
salud, el tribunal debía concederle un trato diferenciado.

Sin embargo, afirmó que el accionante tuvo pleno acceso a la administración de
justicia, intervino en el proceso y sus argumentos fueron analizados conforme al
precedente y a la normativa aplicable.

Precisó que la providencia cuestionada valoró de manera integral las pruebas,
aplicó el precedente de unificación vigente y resolvió dentro de los parámetros
del debido proceso, sin que se hubiese omitido etapa procesal alguna o
desconocido el acceso a la justicia. Afirmó que la tutela, se dirigía
exclusivamente contra la decisión adoptada y no contra una vulneración
autónoma de derechos fundamentales, circunstancia que la tornaba
improcedente.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Cuestión previa

De la revisión del escrito de tutela, se advierte que la solicitud va dirigida contra
el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de San José del
Guaviare y el Tribunal Administrativo del Meta, con ocasión de los autos que, en
primera y segunda instancia, respectivamente, rechazaron la demanda de
reparación directa presentada por el accionante.

Al respecto, se precisa que el análisis se centrará únicamente respecto de la
providencia emitida por el referido tribunal, por tratarse de la decisión que puso
fin a la controversia.

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2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala analizar si el Tribunal Administrativo del Meta vulneró los
derechos fundamentales a la igualdad y al acceso a la administración de justicia,
del señor Jaider Miguel Cuello Villadiego, por confirmar el rechazo de la
demanda de reparación directa que promovió contra el Ministerio de Defensa
Nacional - Ejército Nacional.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio
de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y
finalmente, de encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.
Reiteración3

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de
20124, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó, lo
siguiente:

[S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar los parámetros bajo los cuales se
hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «[…] fijados
hasta el momento jurisprudencialmente […]». En efecto, sabido es que la tutela
es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Decisiones del 13 de marzo de

2025, expedientes n.º 11001-03-15-000-2025-00881-00 y 11001-03-15-000-2025-00808-00.
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 31 de julio de

2012, expediente n.º 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).

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fundamentales, como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo (procedencia
sustantiva) o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto
(procedencia adjetiva).

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedencia. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para
la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud
y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón
a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente
en el sentido de la decisión y, ii) que la acción no intente reabrir el debate de
instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva

2.5.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe señalar que
la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que
las sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo
de amparo constitucional contra una decisión judicial «...el juez de tutela debe
limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados
por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo
de la providencia reprochada».

Enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta Corte, el
análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la
decisión fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal
constitucional consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

Igualmente, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las

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competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en
cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:

[…] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que
la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

Según lo expuesto, la Sala encuentra que el caso objeto de estudio no es
relevante desde el punto de vista constitucional, pues al revisar el escrito que dio
origen a la acción de tutela se puede concluir que la parte actora pretende reabrir
el debate zanjado por el Tribunal Administrativo del Meta, relacionado con el
rechazo de la demanda del medio de control de reparación directa identificado
con el número 95001-33-33-002-2024-00119-00/01, que promovió el actor
contra el Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional.

En el asunto que ocupa a la Sala, el tutelante considera vulnerados sus derechos
fundamentales a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, con
ocasión de los autos de 25 de abril y 30 de julio de 2025, dictados por el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito Judicial de San José del Guaviare y el
Tribunal Administrativo del Meta, respectivamente.

En este caso, el señor Cuello Villadiego presentó una demanda en ejercicio del
medio de control de reparación directa contra el Ministerio de Defensa Nacional
• Ejército Nacional que le correspondió conocer al Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de San José del Guaviare.

Además, el tribunal precisó que debido a que no era necesario un diagnóstico
posterior para percibir la lesión, pues se trató de un daño físico derivado de una
explosión, cuyas consecuencias fueron notorias y ostensibles desde el instante
mismo en que ocurrió el hecho dañoso.

En esa medida, el juzgado contó el término de caducidad en los siguientes
términos:

(i) el hecho dañoso ocurrió y fue conocido el 9 de julio de 2017; (ii) el término para
interponer la correspondiente demanda feneció el jueves 10 de julio de 2019; (iii)
la solicitud de conciliación fue radicada el 17 de agosto de 2023, y (iv) la demanda
fue presentada el 30 de julio de 2024. En definitiva, ocurrió la caducidad porque la
solicitud de conciliación y la demanda fueron radicados por fuera del término
legalmente previsto (2 años).

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Frente a esta decisión, el señor Cuello Villadiego interpuso recurso de apelación,
que fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Meta, autoridad judicial que
confirmó la providencia, porque de conformidad con lo establecido en el artículo
164 del CPACA y la interpretación que de dicha norma ha efectuado de forma
reiterada la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el señor
Cuello Villadiego fundamentó su pretensión de reparación directa en las
secuelas derivadas de un ataque con artefacto explosivo ocurrido el 9 de julio de
2017, mientras cumplía funciones como soldado profesional del Ejército
Nacional, situación directa por la que el demandante sufrió graves lesiones, entre
ellas la pérdida total de la visión.

Según el tribunal, el dictamen no constituye un hecho novedoso que revele un
daño hasta entonces desconocido, ni acredita una afectación de aparición
progresiva, como pretende el demandante. Por el contrario, da cuenta de una
condición física severa, evidente e irreparable que se produjo de manera directa
e inmediata con ocasión del hecho lesivo.

Por lo expuesto, indicó que cuando el daño era visible, ostensible y se manifiesta
con inmediatez, el término de caducidad debe contarse desde el día siguiente a
la ocurrencia del hecho, sin necesidad de esperar valoraciones médicas
posteriores que ratifiquen una condición ya conocida por el afectado, por lo que
la notificación del dictamen médico, ocurrida el 19 de agosto de 2021, carece de
relevancia para efectos del cómputo del término de caducidad, pues no introduce
un nuevo elemento que modifique el conocimiento del daño.

La corporación enjuiciada, también aclaró que frente al alegato de la parte actora
según el cual el juez de primera instancia habría aplicado de forma restrictiva el
requisito de procedibilidad de conciliación prejudicial, el rechazo de la demanda
no se sustentó en la falta de dicho trámite, sino en la verificación de que el medio
de control fue ejercido de manera extemporánea, es decir, por fuera del término
legal de dos años previsto en el artículo 164 del CPACA y concluyó que el
juzgado consideró acertadamente los términos.

Ahora bien, el señor Cuello Villadiego, en su escrito de tutela sostuvo que su
condición no puede tratarse de igual forma que las demás personas y que
solamente se enteró de la pérdida de la totalidad de su visión hasta el 19 de
agosto de 2021, por lo que es a partir de esa fecha que empezaría a contar el
término de caducidad.

Además, de afirmar que la administración de justicia no puede negarle el derecho
de acceder a esta, con argumentos procesales, por su condición especial, por lo
que su situación era la excepción a la regla general de caducidad. Además, de
citar las decisiones T-432 y C-221 de 1992 y C-410 de 1996 relacionadas con el
derecho fundamental a la igualdad.

Con base en lo anterior, para la Sala estos defectos coinciden en una misma
inconformidad que se relaciona con el desacuerdo del señor Jaider Miguel Cuello
Villadiego por haberse rechazado la demanda, con sustento en que el término
de caducidad para presentar el medio de control de reparación directa empieza
a contarse desde que el afectado conoció el daño, esto es, en su caso, desde la

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notificación del acta de la junta médica y no dentro de los dos años contados
desde la ocurrencia del daño o desde cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento del mismo, si prueba que no pudo conocerlo antes.

Por lo anterior, en este caso, la acción de tutela presentada por el señor Cuello
Villadiego no satisface el requisito de relevancia constitucional, pues no existe
una argumentación tendiente a demostrar la grave violación de sus derechos
fundamentales y solo plantea un desacuerdo con la decisión que rechazó el
medio de control de reparación directa. Además, porque esta acción
constitucional no puede ser considerada como una «tercera instancia» que se
emplee, para interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del
juez natural.

En esa medida, proceder en contrario implicaría interferir en cuestiones que
desbordan su competencia y, de paso, desnaturalizar el carácter excepcional y
especial de la solicitud de amparo.

En lo concerniente al desconocimiento del precedente constitucional relacionado
con el derecho a la igualdad, invocado por la accionante, es importante aclarar
que para realizar su estudio de fondo se debe cumplir con la carga mínima de i)
identificar la decisión que considera desatendida, ii) la ratio de la misma aplicable
a la solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía
con la litis anterior y iii) la incidencia de esta en la decisión final que adopte el
fallador de instancia.

No obstante, en el escrito de tutela, la parte actora se limitó a referenciar tres
providencias relacionadas con el derecho a la igualdad, que presuntamente
fueron desatendidas, sin determinar la regla de derecho que fue desatendida en
la sentencia cuestionada, ni mucho menos, cómo lo decidido en ese caso incide
en lo concluido en la providencia debatida.

Por lo anterior, también se advierte que el accionante no cumplió con la carga
iusfundamental exigida para superar el requisito en estudio, pues sus reproches
están dirigidos a que se modifique el raciocinio de la corporación enjuiciada tras
no estar de acuerdo con lo decidido, más allá de sugerir alguna discusión que
justifique razonablemente una afectación desproporcionada de sus derechos
fundamentales.

Lo anterior es de especial importancia, por cuanto el juez de tutela no puede
realizar nuevamente el análisis que respaldó la decisión proferida por otra
autoridad judicial, máxime si se tiene en cuenta que los jueces están amparados
por los principios de autonomía e independencia judicial que imponen el respeto
por la cosa juzgada.

Por lo tanto, al no estar acreditados los criterios fijados por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 para encontrar superado el
requisito de relevancia constitucional, ya que la solicitud de amparo solo
pretende reabrir el debate de instancia, la acción de tutela será declarada
improcedente.

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www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jaider Miguel Cuello Villadiego
Demandados: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07224-00

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela presentada por el
señor Jaider Miguel Cuello Villadiego.

SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta decisión, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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