Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07226-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07226-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-07226-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
15 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07226-00
Accionante: LUIS EDUARDO LLINAS CHICA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA-
SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN C Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra sentencia de tutela y auto que impuso sanción de
desacato. Improcedencia por ejercer la acción de tutela contra una sentencia de
tutela. Parcialmente improcedente tutela contra auto que impuso sanción de
desacato, pues no satisface requisitos de procedencia. Por otro lado, los
argumentos contra el auto de desacato que si superan el examen de procedencia
formal se niega amparo pues, las autoridades judiciales demandadas no incurrieron
en los defectos alegados.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Antecedentes
1. Luis Eduardo Llinás Chica se identificó como ex director general de la unidad
administrativa especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante
UAE-DIAN), en nombre propio, presentó acción de tutela contra los autos proferidos,
en primera instancia, por el Juzgado Dieciocho Administrativo de Oralidad del
Circuito de Bogotá y, en grado jurisdiccional de consulta, por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y que le impusieron multa por desacato a una
decisión de amparo dentro del expediente 11001-33-35-018-2025-00104-00. En el
escrito de amparo, además presenta censuras constitucionales contra la sentencia
de tutela proferida en primera y segunda instancia por las mismas autoridades
dentro del mismo trámite de tutela. Por ello, con el fin de facilitar la exposición de
los antecedentes, en primer lugar, se mencionará el decurso del proceso judicial
que se cuestiona y luego los fundamentos del escrito de amparo.
Antecedentes del proceso de tutela 11001-33-35-018-2025-00104-00
2. El escrito de amparo no sigue un orden expositivo que permita comprender con
claridad los fundamentos fácticos. Sin embargo, se extrae que, Paula Andrea Rojas
Siabato ejerció acción de tutela contra la DIAN. No se precisan los fundamentos de
aquella petición de protección constitucional. El amparo fue repartido en primera
instancia al Juzgado Dieciocho Administrativo de Bogotá, autoridad que, en fallo de
21 de abril de 2025, ordenó a la DIAN agotar el trámite de nombramiento en periodo
de prueba de los elegibles faltantes de la resolución 7484 del 12 de marzo de 2024
correspondiente al gestor I Código 301, grado 01. Además, ordenó reportar todas
las vacantes ofertadas y no ofertadas de empleo, y solicitar a la Comisión Nacional
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07226-00
Accionante: Luis Eduardo Llinás Chica
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros
Referencia: Primera instancia acción de tutela
del Servicio Civil – en adelante CNSC- la autorización de uso de lista. Finalmente,
el fallo prescribió efectuar los nombramientos en estricto orden descendente.
3. En sentencia de 28 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca-Sección Tercera, Subsección C confirmó integralmente el fallo.
4. Luis Eduardo Llinás sostiene que el fallo de los jueces de amparo desconoció los
límites funcionales establecidos por la jurisprudencia respecto de los efectos inter
comunis de las decisiones de protección constitucional. Reprochó que los fallos de
los jueces ordenaron actuaciones administrativas que exceden el marco subjetivo
de protección propio de la acción de tutela “al disponer medidas que se proyectan
sobre terceros elegibles no vinculados al proceso y sobre el universo general de
plazas asociadas a la OPEC 198341”1. Sostuvo que ese tipo de decisiones solo
puede ser expedidas por la Corte Constitucional.
5. Puesto que los fallos profirieron órdenes estructurales, a criterio del tutelante, las
sentencias incurrieron en exceso. En todo caso, afirmó que en el cumplimiento del
fallo se dio la instrucción a las áreas de la DIAN competentes para adelantar la
solicitud de uso de la lista, remitir reportes técnicos y realizar el cargue de vacantes
en SIMO. Mediante comunicaciones de 21 de abril y 13 de junio de 2025, la CNSC
autorizó el uso de la lista de elegibles.
6. El Juzgado Dieciocho Administrativo Oral de Bogotá, en agosto de 2025, abrió
incidente de desacato en contra de Luis Eduardo Llinás Chica, por presunto
incumplimiento del fallo constitucional. Dentro del término que concedió el Juzgado,
la DIAN remitió certificado respecto de las vacantes asociadas al empleo Gestor I,
Código 301, Grado 01, precisando que los cargos objeto de verificación se
encontraban provistos o en trámite de provisión y posesión. Por ello, en criterio del
tutelante, se acreditó que la entidad “había dado inicio al procedimiento reglado del
parágrafo transitorio del artículo 36 del Decreto Ley 927 de 2023”2 .
7. Mediante auto de 6 de agosto de 2025, el Juzgado Dieciocho Administrativo de
Oralidad de Bogotá declaró al tutelante “responsable del presunto incumplimiento
del fallo, imponiendo una sanción de multa y arresto domiciliario”. En el mismo auto,
se ordenó “la compulsa de copias para el inicio del traslado a grado jurisdiccional
de consulta”. La decisión quedó ejecutoriada a finales de septiembre de 2025 y “en
consecuencia fue remitida a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para
su cobro coactivo”. Mediante comunicación de 25 de septiembre de 2025, dirigida a
la DIAN se inició el trámite persuasivo.
8. Afirmó que actuó con diligencia, buena fe y en sujeción al marco normativo
vigente, sin incurrir en dolo, culpa o desobediencia. La imposibilidad material de
cumplimiento inmediato obedeció a las exigencias del Sistema Específico de
Carrera de la DIAN.
Fundamentos del escrito de amparo
1
Folio 4 del escrito de amparo
2
Folio 6 del escrito de amparo.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07226-00
Accionante: Luis Eduardo Llinás Chica
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros
Referencia: Primera instancia acción de tutela
9. El tutelante explicó que las decisiones que le impusieron las sanciones de
desacato incurrieron en causales específicas de tutela contra providencia.
Concretamente el defecto fáctico pues, en su criterio, el cumplimiento inmediato
desconoce medios de prueba que acreditan que la DIAN dio inicio al trámite
ordenado y se encuentra ejecutando etapas obligatorias del proceso de la lista de
elegibles. Afirmó que, la DIAN inició y adelantó el trámite reglado para el cargo
Gestor I Código 301, grado 01, correspondiente a la OPEC 198341 según lo
ordenado en el fallo de 21 de abril de 2025. Además, se informó el cumplimiento
progresivo de los actos de nombramiento, reporte de vacantes y solicitudes de uso
de la lista a la CNSC. Adicionalmente argumentó que se presenta una imposibilidad
material de cumplimiento pues, existen requisitos técnicos para el cumplimiento del
fallo y además se allegaron al despacho accionado estos argumentos, pero, “tal
como se demostró en la solicitud de inaplicación que el despacho judicial no ha
resuelto”3.
10. Sostuvo que no hay responsabilidad subjetiva y que la misma no fue evaluada
por las decisiones cuestionadas, ya que no se acentúan todas las actuaciones
positivas que se han desarrollado para dar cumplimiento en la medida de lo posible.
11. Concluyó que, la Sentencia C-197 de 2025 precisó que el uso de la lista de
elegibles sólo procede cuando los requisitos del empleo sean los mismos y sus
funciones equivalentes. Adicionalmente, recordó que el fallo reconoció que
corresponde al director general de la DIAN distribuir y proveer los empleos creados,
atendiendo las necesidades del servicio. Finalmente insistió en que la Corte
Constitucional reiteró que los integrantes de una lista de elegibles no ostentan un
derecho adquirido, sino una mera expectativa condicionada a la existencia de
vacantes equivalentes y a la autorización de la CNSC. “Por tanto ordenar
nombramientos sin vacantes reales configura un defecto sustantivo”4.
12. Por lo anterior, solicitó que se amparen sus derechos fundamentales y se
inaplique la sanción proferida por las autoridades judiciales accionadas por haberse
acreditado el cumplimiento material de la orden y/o la existencia de imposibilidad
jurídica y material debidamente demostrada. Solicitó que se comunique a la
Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial el archivo del proceso de cobro
coactivo.
Trámite de la tutela.
13. Admitida la demanda, el despacho sustanciador vinculó a las autoridades
accionadas, a la Unidad Administrativa Especial de Dirección de impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN), al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la
Comisión Nacional de Servicio Civil, la Procuraduría General de la Nación, al
Juzgado 005 Civil del Circuito de Tolima, al Ministerio Público, al Consejo Superior
de la Judicatura, a los ciudadanos Hernán Jaramillo, Paula Alejandra Rojas Siabato,
Víctor Leonardo Bellón Heredia, William Cruz Rojas, Diana Carolina Gómez Gómez,
3
Folio 10 del escrito de tutela.
4
Folio 12 del escrito.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07226-00
Accionante: Luis Eduardo Llinás Chica
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros
Referencia: Primera instancia acción de tutela
Leisver Castro Calero, así como a los demás intervinientes dentro de la acción de
tutela e incidente de desacato identificado con el radicado núm. 11001-33-35-018-
2025-00104-00/01/02 y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en
calidad de terceros con interés en las resultas del proceso.
14. El tribunal administrativo accionado5 remitió enlace del expediente digital del
incidente de desacato. En el mismo se encuentra la providencia de 12 de agosto de
2025 en la que se confirmó el auto de 6 de agosto de 2025 proferido por el Juzgado
18 administrativo del circuito de Bogotá. El director de la División de Cobro Coactivo
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial6 intervino con el fin de explicar
los trámites adelantados en el caso del tutelante. Precisó que con resolución de 15
de octubre de 2025 se libró mandamiento de pago por valor de un millón
cuatrocientos veintitrés mil quinientos pesos en favor del Consejo Superior de la
Judicatura en contra de Pedro José Arrieta Jiménez, identificado con cédula
18.761.901. Puntualmente, informó:
“Al señor Pedro José Arrieta Jiménez, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 18.761.901, el Juzgado Dieciocho Administrativo de Oralidad del Circuito
de Bogotá, mediante providencia del 6 de agosto de 2025, le impuso una multa
por valor de 1 SMMLV, fallo este que fue confirmado mediante providencia del
12 de agosto de 2025, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección “C”, con fecha de ejecutoria del 22 del mismo
mes y año”7
15. El juzgado Dieciocho Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá8 remitió
enlace digital del trámite de desacato en primera instancia. La autoridad judicial
accionada estimó que la acción de amparo es improcedente por interponerse contra
las sentencias de tutela de 21 de abril y 28 de mayo de 2025, máxime cuando no
fueron seleccionadas para revisión por parte de la Corte Constitucional. Agregó que
el fallo de amparo profirió órdenes necesaria para el cumplimiento de la protección
constitucional, motivo por el cual, se otorgó 48 horas para que se realizaran las
gestiones, sin embargo, pasaron más de tres meses sin que se cumpliera la orden
judicial, motivo por el cual, resultó forzoso sancionar al tutelante, Luis Eduardo
Llinás Chica, como director general de la DIAN. Agregó:
“Así las cosas, el Despacho estima que no existe una imposibilidad material y
jurídica de cumplimiento de la sentencia de 21 de abril de 2025, pues si bien es
cierto, la entidad tiene que realizar un trámite administrativo previo a los
nombramientos, ello no justifica la mora en hacer efectiva la lista de elegibles la
Resolución 7484 del 12 de marzo de 2024, que originó tanto la tutela como la
sanción pecuniaria y, ahora, se continúa en proceso de requerimientos
destinados única y exclusivamente a que se cumpla la orden de tutela, sin
consideración alguna sobre los terceros que forman parte de la aludida lista de
elegibles.”
16. Insistió en que el juzgado considera que son desbordadas las apreciaciones que
motivan la acción de tutela, pues el demandante y, en general, las autoridades de
la DIAN han contados con el tiempo suficiente para cumplir la orden de tutela aquí
5
Índice samai 10
6
Índice samai 12
7
Folio 5 del informe.
8
Índice samai 14 y 15.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07226-00
Accionante: Luis Eduardo Llinás Chica
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros
Referencia: Primera instancia acción de tutela
enjuiciada, máxime cuando, en total, desde el juicio de tutela, durante los trámites
de desacato y hasta la actualidad, la DIAN ha contado con aproximadamente seis
meses para hacer efectiva la lista de elegibles de la que forma parte la señora Paula
Alejandra Rojas Siabato.
17. La apoderada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público9 solicitó que, en
relación con la entidad, se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva,
pues no cuenta con facultades constitucionales o legales para la protección de los
derechos invocados por el actor. En caso de examinarse de fondo el amparo, solicitó
que se niegue pues no ha incurrido en acciones u omisiones que afecten derechos
fundamentales.
18. El delegado del ministerio Público10intervino con el fin de solicitar que se
desvinculara a la entidad por carecer de legitimación en la causa por pasiva, pues
no tiene competencias normativas para materializar la petición de amparo. Además,
señaló que no existe ningún reproche que se pueda hacer a la entidad, por haber
omitido o actuado en contra de los derechos fundamentales del accionante. Recordó
que la oficina jurídica de la Procuraduría General de la Nación no puede emitir
pronunciamientos frente a asuntos particulares.
19. Una abogada de la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial11intervino
para informar que, el tutelante es objeto de cobro coactivo por valor de un salario
mínimo legal vigente. Mediante comunicación de 25 de octubre de 2025, se libró
mandamiento de pago contra el obligado.
CONSIDERACIONES
Competencia
20. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019.
Problema jurídico
21. Como se indicó en las exposición de los antecedentes, el tutelante, en el mismo
escrito de tutela, sin distinguir adecuadamente cuáles cuestionamientos se dirigen
contra la sentencia de amparo y cuáles contra los autos que le impusieron sanción
de desacato, señala que las providencias se profirieron excediendo las facultades
de los jueces constitucionales; la sentencia de amparo es de imposible cumplimiento
o ya está cumplida; y los autos de desacato impusieron una sanción sin verificar el
elemento subjetivo de la conducta y sin percatarse que se ha avanzado en el
cumplimiento de la providencia de amparo.
22. Por lo anterior, corresponde hacer varios exámenes de procedencia formal, por
un lado, estudiar si se satisfacen las causales jurisprudenciales de procedencia de
9
Índice samai 20.
10
Índice samai 22.
11
Índice samia 26
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07226-00
Accionante: Luis Eduardo Llinás Chica
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros
Referencia: Primera instancia acción de tutela
la acción de tutela contra sentencia de tutela. Esto respecto de los argumentos del
actor en los que afirma que la sentencia de amparo se profirió por fuera de los límites
de los jueces constitucionales. Respecto de dichas aseveraciones y
argumentaciones contenidas en el escrito de amparo se examinará si en el caso
concreto resulta procedente el amparo invocado. Un segundo examen de
procedencia formal respecto de los argumentos que el tutelante dirigió contra los
autos que impusieron sanción de desacato. Concretamente respecto de los
siguientes tres tipos de argumentos que el tutelante enrostró contra las providencias
que impusieron la sanción: qué es una sanción proferida dentro de un fallo que
excedió las competencia de los jueces constitucionales; que no se verificó que la
sentencia ya está cumplida o es de imposible cumplimiento; e incurriendo en un
defecto sustantivo por no examinar el elemento subjetivo y en defecto fáctico por no
estudiar que, la DIAN ha avanzado en el cumplimiento de la sentencia. En relación
con dichos ataques constitucionales también resulta necesario examinar si en el
caso concreto se satisfacen los requisitos de procedencia formal.
23. En caso de que se concluya que la acción de tutela resulta procedente frente a
ambas providencias, se estudiará lo siguiente: (i) ¿el fallo desconoció los derechos
del actor, al emitir órdenes que desbordaron la competencia del juez de instancia?;
y (ii) ¿ el auto que impuso la sanción de desacato incurrió en un defecto fáctico por
no tener en cuenta los esfuerzos de la DIAN para dar trámite oportuno a la orden
judicial y si incurrió en defecto sustantivo por haber impuesto una sanción de
desacato sin haber examinado el elemento subjetivo del comportamiento del
tutelante?
24. Con el fin de resolver estos dos problemas jurídicos se reiterará el precedente
constitucional sobre la acción de tutela contra tutela y la acción de tutela contra las
providencias proferidas por el juez de desacato.
Acción de tutela contra sentencia de tutela
25. La jurisprudencia constitucional12 ha señalado que por regla general no resulta
procedente ejercer la acción de tutela contra la sentencia que pone fin al proceso
de tutela, esto debido a que resulta necesario poner fin a las discusiones
constitucionales respecto de la garantía de derechos fundamentales13. Al punto que
una causal de improcedencia de una petición de amparo es aquella que se
promueve contra la sentencia que pone final a una instancia de tutela proferida por
un juez de instancia o al trámite de revisión que ejerce la Corte Constitucional. No
obstante, de manera excepcional esta resulta procedente cuando, el actor
comprueba que se está ante el evento de Fraus Omnia Crrumpit. Quiere decir esto
que resulta procedente cuestionar un fallo de tutela a través de una acción de tutela,
cuando se verifica en el caso concreto que el juez incurrió en fraude14.
26. Se ha explicado que la acción de tutela puede proceder de manera excepcional,
cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de
12
Corte Constitucional, Sentencia T-322 de 2019, T-218 de 2012, T-399 de 2013 y T-272 de 2014.
13
Corte Constitucional, Sentencia SU-1219 de 2001.
14
Corte Constitucional, Sentencia, SU-627 de 2015.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07226-00
Accionante: Luis Eduardo Llinás Chica
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros
Referencia: Primera instancia acción de tutela
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela
presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada;
(ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la
sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit);
y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la
situación.
27. En esa medida, el tutelante debe ofrecer evidencia de la ocurrencia del fraude
que afecta la cosa juzgada, y adicional a ello debe ser claro que no se presenta
identidad procesal entre la sentencia cuestionada y la nueva acción de tutela, es
decir, que no se presentan dos veces la misma acción de tutela, sino que se trata
de un ataque constitucional contra un fallo de tutela, y finalmente, el medio
constitucional debe ser el único instrumento procesal para cuestionar la decisión.
Acción de tutela contra autos de desacato
28. La jurisprudencia constitucional15 ha señalado que resulta procedente promover
acción de tutela contra providencias que imponen sanciones dentro del incidente de
desacato con miras a garantizar el cumplimiento de los fallos de tutela. Se ha
precisado que, puesto que, una providencia que impone una sanción de desacato
es diferente a la sentencia de tutela, la misma es pasible de acción constitucional,
siempre que satisfaga los mismos requisitos de una acción de tutela contra
providencia judicial, salvo el de subsidiariedad, puesto que, el legislador no previó
ningún medio judicial que permita controvertir un auto ejecutoriado en que se
impuso una sanción dentro del incidente de desacato.
29. Recientemente la Sentencia T-170 de 2023 precisó que, para que sea
procedente la acción de tutela contra un auto que pone fin a un incidente desacato
se requiere: “(i) la decisión que puso fin al trámite incidental se encuentre
debidamente ejecutoriada, pues será improcedente aun si lo que resta es que se
surta el grado de consulta; (ii) sean acreditados los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y sustentar la
solicitud de amparo, al menos, en la configuración de una de las causales
específicas (defectos); y (iii) haya consistencia entre los argumentos planteados en
la demanda de tutela y los esgrimidos en el curso del incidente de desacato,
evitando incluir nuevas alegaciones y solicitar pruebas nuevas o que de oficio el
juez no debía practicar.”
30. En este aspecto, la Sentencia SU-034 de 2018 resolvió una acción de tutela
formulada por quien en su momento era la directora de la UARIV, puesto que, varios
jueces de tutela habían impuesto sanciones dentro del trámite de desacato. En la
providencia, la Corte aclaró que el incidente de desacato es un mecanismo dirigido
a que el juez constitucional cuente con un instrumento para garantizar el
cumplimiento del fallo. En esa medida, se descarta que el incidente tenga como
única y principal finalidad la imposición de la sanción. Se insistió que la finalidad
15
Cfr. T-170 de 2023 M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar. En el mismo sentido SU-034 de 2018 M.P.
Alberto Rojas Ríos.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07226-00
Accionante: Luis Eduardo Llinás Chica
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros
Referencia: Primera instancia acción de tutela
principal del incidente de desacato es que, a través de la disuasión de la sanción,
buscar que se cumpla la decisión de amparo.
31. Por lo anterior, el incidente de desacato examina la responsabilidad subjetiva de
un servidor público o persona renuente al cumplimiento de un fallo, y se excluye la
responsabilidad objetiva. En aquel caso, se protegió el derecho al debido proceso
de la actora, pues se verificó que las autoridades judiciales impusieron sanciones
de desacato, desconociendo la lógica de dicha institución procesal, es decir, el
examen subjetivo del comportamiento de un servidor público, y cuya única finalidad
es el cumplimento de los fallos de tutela, no la imposición de la sanción en si misma.
La Sala Plena de la Corte reprochó a las autoridades judiciales que no tuvieron en
cuenta que, impusieron la sanción “respecto a órdenes complejas y se pasó por alto
que el no pago inmediato de las medidas de reparación reconocidas a los
solicitantes no era imputable a la negligencia de las funcionarias”. Indicó el fallo:
“La Sala evidenció que las providencias acusadas incurrieron en un defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente, en la medida en que hicieron
caso omiso de que, a raíz de la complejidad que implicaba la ejecución
inmediata de las órdenes de tutela –por estar inmersas en un estado de cosas
inconstitucional–, era preciso atender la jurisprudencia conforme a la cual el juez
está revestido de singulares atribuciones para modular las órdenes impartidas
en sentencia –en este caso, las órdenes de pago de la indemnización
administrativa–, considerando los elementos del contexto y los informes
allegados por la entidad obligada. Específicamente, se advirtió que en el marco
de lo que esta Corte ha denominado órdenes complejas, el precedente
habilitaba al juez para que modulara la orden de pago en uno de sus aspectos
accidentales (tiempo, modo y lugar) con el propósito de hacer posible el
cumplimiento, dado el allanamiento a los fallos por parte de la obligada,
contrastado con la problemática estructural asociada al estado de cosas
inconstitucional en materia de víctimas de desplazamiento forzado.
Asimismo, se constató que la pretermisión del estudio sobre la responsabilidad
subjetiva conllevó un desconocimiento del precedente jurisprudencial sobre la
finalidad del incidente de desacato. Se pasó por alto que el no pago inmediato
de las medidas de reparación reconocidas a los solicitantes no era imputable a
la negligencia de las funcionarias sino a la situación coyuntural ocasionada por
la violación masiva de derechos en el marco del conflicto, y dicha omisión
condujo a una desnaturalización de las sanciones de arresto y multa como
mecanismos para propiciar la efectividad de la salvaguarda dispensada en los
fallos de tutela.
32. El fallo que se comenta argumentó que el juez del desacato, tiene del deber de
verificar, más allá del cumplimiento objetivo de la decisión de amparo, examinar si
los servidores o particulares obligados actuaron de manera negligente, o si, por el
contrario, existe una imposibilidad jurídica o fáctica de cumplir el fallo. La Sala Plena
de la Corte indicó que, el juez del desacato debe tener cuenta, entre otras cosas, el
contexto que rodea la ejecución de la orden impartida; la presencia de un estado
de cosas inconstitucional; la complejidad de las órdenes; la capacidad funcional de
la persona o institucional del órgano obligado para hacer efectivo lo dispuesto en el
fallo; y entre los factores subjetivos el juez debe verificar circunstancias como (i) la
responsabilidad subjetiva (dolo o culpa) del obligado, (ii) si existió allanamiento a las
órdenes, y (iii) si el obligado demostró acciones positivas orientadas al
cumplimiento.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07226-00
Accionante: Luis Eduardo Llinás Chica
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros
Referencia: Primera instancia acción de tutela
33. Adicionalmente, el Decreto con fuerza de ley 2591 de 1991 y la jurisprudencia
constitucional16 ha indicado los requisitos de procedencia de la acción de tutela
contra el trámite del recurso de amparo. Se ha indicado que, el actor de tutela debe
satisface seis causales generales de procedencia formal17, a saber_ (i) que se
acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13, Decreto-Ley 2591 de 1991);
(ii) que la providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela18, ni una decisión
proferida con ocasión del control abstracto de constitucionalidad por parte de la
Corte Constitucional19 o el Consejo de Estado20, ni una sentencia interpretativas
(SENIT) proferida por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la
Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-21; (iii) que se cumpla con el requisito de
inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se
identifique de forma clara, detallada y comprensible los hechos que amenazan o
afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos
hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de
subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que agotó todos los medios de
defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un
perjuicio irremediable22 o los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos
o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia
constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional
y no meramente legal o económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad
procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es
decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido
sustancialmente distinto.
34. Con base en las anteriores consideraciones se resolverá la procedencia del
amparo en el caso concreto.
Caso concreto
35. La Subsección declarará improcedente la petición de amparo por las siguientes
razones. Respecto al primer problema jurídico, esto es aquel relacionado con los
ataques constitucionales dirigidos contra las sentencias de tutela que ampararon,
en efecto, a lo largo del escrito, el tutelante sostiene que los fallos de amparo
proferidos por el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Bogotá y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrieron en extralimitación de sus
funciones como jueces constitucionales. Se trata de censuras a la validez jurídica
de las providencias que contienen órdenes concretas contra la DIAN.
36. El tutelante no satisfizo la carga dirigida a mostrar que los fallos fueron producto
del fraude, motivo por el cual, las afirmaciones explícitas dirigidas contra los fallos
16
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
17
Se sigue la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU-215 de
2022.
18
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
19
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
20
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
21
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
22
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07226-00
Accionante: Luis Eduardo Llinás Chica
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros
Referencia: Primera instancia acción de tutela
judiciales no resultan procedentes al no satisfacer las condiciones de la procedencia
excepcional de una acción de tutela contra sentencias que ponen fin al proceso
constitucional de amparo.
37. Respecto al segundo problema jurídico relacionado con los señalamientos
contra los autos proferidos en sede de desacato, esta sala divide el examen de
procedencia en los dos grupos de argumentos. En un primer grupo se trata de
argumentos que están pendientes de ser resueltos por el juez del desacato en
primera instancia, por ello, como se explica a continuación, respecto de esos
argumentos, se declarará la improcedencia. Se presentó un segundo tipo de
razones las cuales, si satisfacen las causales de procedencia formal de la acción de
tutela. En primer lugar, se examinará el primer grupo de argumentos.
38. En efecto, el tutelante propone varios tipos de argumentos. En primer lugar,
señala que el juez constitucional excedió su competencia como juez de instancia,
pues profirió órdenes estructurales. Otro grupo de argumentos van dirigidos a que,
la orden judicial proferida en el fallo de amparo ya está cumplida y al mismo tiempo
existe imposibilidad material de cumplimiento. Finalmente, un tercer argumento se
erige para cuestionar que el juez constitucional de desacato no realizó un examen
subjetivo a su comportamiento y que incurrió en un defecto fáctico pues no ha tenido
en cuenta que la DIAN ya inició el trámite para el cumplimiento del fallo de tutela.
39. El actor no presenta con adecuada delimitación sobre qué reproches se dirigen
contra la sentencia de tutela y cuáles se dirigen contra el auto de desacato que le
impuso una sanción pecuniaria. En gracia de discusión si los mismos argumentos
que se dirigen contra la sentencia de tutela, el tutelante los dirige contra el auto
sancionatorio, estos son improcedentes toda vez que, como se indicó más arriba, la
jurisprudencia constitucional admite la acción de tutela contra un auto de incidente
de desacato, siempre que no se trate de una censura que reabra el debate
constitucional referido al amparo de los derechos fundamentales.
40. Adicional a lo anterior, los argumentos planteados en el escrito de tutela
conforme a los cuales, al mismo tiempo, la sentencia ya fue cumplida o es de
imposible cumplimiento debían ser puestos en conocimiento del juez competente
del desacato antes de acudir a una acción de tutela contra el auto de desacato. El
tutelante sostiene en su escrito que esas razones fueron puestas de presente ante
el juez competente pero que no han sido resueltas a través de una providencia
judicial. No señala la fecha en que dirigió petición al juez del desacato o si existe
mora judicial respecto de la omisión de respuesta de aquella petición. No obstante,
en relación con el examen de procedencia formal de la acción de tutela resulta
importante verificar que, conforme el precedente fijado en la Sentencia SU-034 de
2018, el juez en sede de tutela sólo puede pronunciarse después de que esos
argumentos han sido puestos en consideración del juez del desacato. En el sub lite
resulta fundamental que, el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Bogotá
resuelva la petición que formuló el actor referido a la inaplicación de la sanción de
desacato.
41. En el escrito de amparo no se precisó la fecha de esa petición de inaplicación,
ni se solicitó pronunciamiento a esta corporación respecto de la eventualidad de
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Accionante: Luis Eduardo Llinás Chica
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Referencia: Primera instancia acción de tutela
mora judicial. No obstante, se concluye que, los argumentos referidos a la
imposibilidad de cumplimiento o de cumplimiento de la providencia deben ser
resueltos en primer lugar por el juez competente en el desacato. Así en la parte
resolutiva de la providencia se advertirá al Juzgado Dieciocho Administrativo del
Circuito de Bogotá para que resuelva las peticiones pendientes referidas a la
inaplicación de la sanción de desacato.
42. En este sentido, debe recordarse que el juez constitucional23 tiene la
competencia para modificar las órdenes instrumentales de amparo, cuando verifica
que, las dadas originalmente son, entre otras cosas, de imposible cumplimiento. En
Auto 387 de 2019 la Sala Plena de la Corte Constitucional precisó que, el juez tiene
la facultad de modificar la orden de amparo cuando: “a) la orden original nunca
garantizó el goce efectivo del derecho fundamental tutelado, o lo hizo en un
comienzo, pero luego devino inane; b) porque implica afectar de forma grave,
directa, cierta, manifiesta e inminente el interés público o c) porque es evidente que
lo ordenado siempre será imposible de cumplir”24.
43. En todo caso, la jurisprudencia constitucional ha aclarado que la facultad debe
ejercerse de acuerdo a la siguiente finalidad: las medidas deben estar encaminadas
a lograr el cumplimiento de la decisión y el sentido original y esencial de la orden
impartida en el fallo con el objeto de asegurar el goce efectivo del derecho
fundamental tutelado, y en todo caso, al juez le es dado alterar la orden en sus
aspectos accidentales, esto es, en cuanto a las condiciones de tiempo, modo y
lugar, siempre y cuando ello sea necesario para alcanzar dicha finalidad. Nunca en
el primer ordinal de la providencia de amparo, es decir, la decisión de proteger el
derecho fundamental del tutelante. Y la nueva orden que se profiera debe buscar la
menor reducción posible de la protección concedida y compensar dicha reducción
de manera inmediata y eficaz.
44. En el mismo sentido, puesto que el escrito de amparo indica que está pendiente
de resolverse una petición de inaplicación de una sanción de desacato,
especialmente, referida a una orden que, en criterio del tutela es de imposible
cumplimiento o ya está en camino de ser cumplida, además, el juzgado accionado
deberá verificar, en los términos de la Sentencia SU-034 de 2018 si el actor es la
persona competente para garantizar el cumplimiento del fallo, pues la única finalidad
del incidente de desacato es sancionar a la persona que tiene la competencia para
cumplir el fallo, ello teniendo en cuenta la afirmación del escrito de amparo,
conforme a la cual, el tutelante es “Ex director General de la Unidad Administrativa
Especial Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales”.
45. Finalmente, a partir del escrito de tutela resalta un tercer argumento dirigido
contra el auto de desacato conforme al cual, las providencias que impusieron la
sanción de desacato incurrieron en un defecto sustantivo pues no examinaron el
elemento subjetivo de la conducta y en un defecto fáctico dado que, no verificaron
que existe evidencia de que la DIAN inició oportunamente el trámite y se encontraba
ejecutando las etapas obligatorias del proceso de la lista de elegibles. Respecto de
23
Corte Constitucional Auto 387 de 2019.
24
Ibidem.
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este argumento, el actor no manifiesta que haya presentado una petición que esté
pendiente de resolver ante el juzgado accionado y se trata de un argumento que,
fue presentado consistentemente durante el desarrollo del incidente de desacato
que llevó a las decisiones judiciales cuestionadas.
46. En esa medida, respecto de ese argumento se satisfacen los requisitos de
procedencia formal de tutela contra auto de desacato, pues, se insiste, el auto ya
está ejecutoriado, no buscan reabrir la discusión procesal relacionada con el amparo
de los derechos fundamentales adoptado en la sentencia y han sido
consistentemente presentados en la defensa del tutelante durante el trámite de
desacato y en el escrito de tutela.
47. Respecto a los demás requisitos de procedencia formal de tutela contra auto
desacato, y únicamente en relación con los argumentos referidos a un supuesto
defecto sustantivo por no examinar el elemento subjetivo de la conducta y un
defecto fáctico por no verificar que existe evidencia de que la DIAN inició
oportunamente el trámite y se encontraba ejecutando las etapas obligatorias del
proceso de la lista de elegibles, la Sala encuentra que se satisface los requisitos de
procedencia formal.
48. Se satisface el requisito de inmediatez pues se ataca un Auto de 12 de agosto
de 2025 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que se
confirmó el auto de 6 de agosto de 2025 proferido por el Juzgado Dieciocho
Administrativo del Circuito de Bogotá. La acción de tutela se promovió dentro del
plazo razonable de 6 meses, pues se ejerció el 14 de noviembre de 2025. Se
satisface el requisito de subsidiariedad pues no existe otro medio judicial pendiente
de agotar. Los mencionados argumentos contenidos en el escrito de tutela revisten
relevancia constitucional, toda vez que se relacionan con la garantía del derecho
fundamental al debido proceso en un trámite del incidente de desacato señalado de
imponer una sanción de manera objetiva. De igual manera, se cumple el requisito
de legitimación en la causa por activa y por pasiva. La tutela la ejerce quien resultó
sancionado en desacato y la ejerció en contra de las autoridades judiciales que
profirieron las decisiones de sanción.
49. Además, se satisface el requisito relacionado con la identificación de forma
clara, detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos
fundamentales en cuestión, pues se identifican sucintamente los supuestos errores
de las providencias atacadas. Finalmente, respecto a los dos argumentos indicados,
se trata de un ataque constitucional contra un auto proferido por el juez del desacato,
excluyendo las hipótesis de que se traté de tutela contra tutela o contra sentencias
proferidas en sede de control abstracto o por la sección de apelación de la JEP.
50. Frente al problema jurídico relacionado con que las autoridades judiciales
accionadas incurrieron en los defectos alegados, esta sala encuentra que, no se
presentaron los mencionados yerros. Examinado el auto de sanción de desacato
proferido el 6 de agosto de 2025 por el Juzgado 18 Administrativo Oral del Circuito
de Bogotá y confirmado el 12 del mismo mes y año por la Sección Tercera,
Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se verifica que, las
autoridades judiciales si examinaron el elemento subjetivo de la conducta del
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tutelante. Es decir, no aplicaron la sanción de manera objetiva, corroborando,
únicamente si se presentó el incumplimiento objetivo del fallo. En el folio 11 y
subsiguientes del auto de segunda instancia se lee:
“Elemento subjetivo. Sin perjuicio de lo anterior, lo siguiente será determinar
la responsabilidad subjetiva frente al incumplimiento de la orden de tutela, para
lo cual, de forma primera, se efectuará la determinación de las causas que
ocasionaron el incumplimiento, para luego estudiar la responsabilidad de cada
uno de los funcionarios incidentados. Hechos probados jurídicamente
relevantes. Para tal efecto, en el expediente se encuentra acreditado que,
mediante oficio 2025RS049198, la Dirección de Administración de Carrera
Administrativa de la CNSC comunicó a la directora de Gestión Corporativa de
la DIAN la autorización para el uso de listas de elegibles con el fin de proveer 1
vacante para el cargo de gestor I, correspondiente a la OPEC 198341 (anex.
“342551 (2)”, arch. 094, exp. electr. 1ª inst.).
Posteriormente, el 13 de junio de 2025, mediante oficio 2025RS078828, la
CNSC comunicó que, en aplicación del artículo 13 del Acuerdo 19 de 2024 y
previa realización del estudio técnico correspondiente, se determinó la
procedencia del uso de listas de elegibles para proveer nuevas vacantes de los
empleos reportados en el SIMO, surgidas con posterioridad al Proceso de
Selección 2497 de 2022, una vez agotados los tres primeros órdenes de
provisión previstos en el artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015, en los
siguientes términos (anex. “uso (…) junio 13- 25”, ib.):
(…)
Como resultado, se autorizó a la DIAN a utilizar las listas de elegibles para
proveer 138 nuevas vacantes de los empleos señalados, habilitando para su
consulta, en el módulo BNLE del portal SIMO 4.0, los datos de los elegibles
autorizados, con el fin de facilitar su comunicación y la verificación de requisitos.
Asimismo, se dispuso que, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la
recepción de la comunicación, la DIAN debía verificar el cumplimiento de los
requisitos mínimos de los candidatos, conforme a lo establecido en los artículos
2.2.5.1.4 y 2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015 y en los artículos 4° y 5° de la
Ley 190 de 1995, para posteriormente efectuar los nombramientos en período
de prueba (ib).
Particularmente, y tal como lo señaló el a quo, se autorizó a la DIAN para
proveer las vacantes ofertadas hasta el puesto 60, con lo cual se agota la lista
de elegibles correspondiente a las vacantes ofertadas en la Resolución 7484
del 12 de marzo de 2024; pero, las vacantes no ofertadas fueron autorizadas
para ser provistas con los aspirantes ubicados desde el puesto 61 hasta el 147,
dentro de las cuales se encuentra la aquí actora.”
51. Posteriormente, el auto examinó las razones de los servidores públicos
encargados del cumplimiento del fallo, entre ellos, el tutelante, y de estudiaron si las
causas del incumplimiento tenían el alcance de justificar el mismo. El Tribunal
concluyó:
“Con todo, no se advierte justificación válida que ampare el incumplimiento del
fallo de tutela, por lo que la omisión resulta subjetivamente imputable a la
entidad accionada. En efecto, el término legal para efectuar los nombramientos
en período de prueba, contado desde la autorización de uso de listas de
elegibles, fue excedido en más de un mes, sin que se hubiesen aportado
razones objetivas o pruebas que acrediten la imposibilidad material o jurídica de
su ejecución oportuna, circunstancia que permite deducir negligencia en el
acatamiento de la orden judicial.”
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52. Situación similar se predica del auto de 6 de agosto de 2025, proferido por el
Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Bogotá, autoridad judicial que en
la providencia examinó el elemento subjetivo de la conducta del tutelante con el fin
de establecer si el incumplimiento se presentaba por capricho, arbitrariedad o
negligencia, o si concurrían razones objetivas que impidieron el cumplimiento del
fallo25. En el auto de primera instancia, explícitamente se encuentra un acápite sobre
el estudio del elemento subjetivo de la conducta y el juzgado concluyó que, las
justificaciones de los servidores de la DIAN no se fundamentaban jurídicamente en
las normativas aplicables para la carrera administrativa de esa entidad26.
53. Examinado lo anterior se concluye que el Tribunal accionado, cuando confirmó
la decisión del Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Bogotá examinó el
elemento subjetivo de la conducta del tutelante como servidor público y encontró
que las razones que presentó como justificante para el incumplimiento del fallo no
tenían el alcance de explicar los motivos por los cuales no se había cumplido la
decisión de amparo. En esa medida, respecto al supuesto defecto sustantivo se
negará el amparo, pues durante el trámite de desacato si se examinó el elemento
subjetivo de la conducta del servidor público.
54. También se negará el amparo respecto al supuesto defecto fáctico, pues las
entidades accionadas corroboraron que la DIAN había iniciado los trámites de
cumplimiento del fallo, no obstante, el solo inició del proceso no tiene el alcance de
explicar el incumplimiento del fallo de amparo, puesto que, en criterio del Juzgado
Dieciocho Administrativo oral del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca no existen razones jurídicas para que, la sentencia de abril de 2025
no se haya cumplido en su totalidad teniendo en cuenta el plazo de varios meses
transcurrido entre el amparo de primera instancia y la decisión de grado
jurisdiccional de consulta del desacato.
55. Se aclara que a este juez de tutela no le corresponde reemplazar al juez del
desacato y hacer por tercera vez el razonamiento respecto del cumplimiento del fallo
de amparo de 21 de abril de 2025 proferido por el Juzgado Dieciocho Administrativo
del Circuito de Bogotá y confirmado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Corresponde, como se indicó en el acápite de formulación del problema jurídico,
examinar si los autos que impusieron la sanción de desacato incurrieron en las
omisiones alegadas por el actor. Respecto a este punto, la sala concluye que no se
presentó el supuesto defecto fáctico pues si se analizó el material probatorio
respecto del inicio del trámite de cumplimiento del fallo por parte de la DIAN, pero
las autoridades judiciales accionadas encontraron que, se presentaba
25
Índice Samai 14 y 15.
26
Sostuvo que el parágrafo transitorio del artículo 36 del Decreto Ley 927 de 2023 no exige
procedimientos previos para el nombramiento de vacantes no ofertadas autorizadas por la CNSC.
La normatividad pertinente establece que el único procedimiento previo es la verificación de
requisitos, antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales del aspirante, para lo cual la Ley 190 de
1995 fija un plazo máximo de 15 días. De tal forma, dado que la DIAN recibió la autorización el 13
de junio de 2025, dicho plazo estaba ampliamente vencido. En consecuencia, el a quo derivó que no
existía justificación para el incumplimiento de la orden contenida en el fallo de tutela, y que la DIAN
debió aportar los actos de nombramiento en período de prueba con constancia de comunicación a
los elegibles autorizados, particularmente respecto de la demandante, ubicada en el puesto 121 de
la lista.
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incumplimiento, pues las normas reglamentarias, a diferencia del criterio del
tutelante, no impedían el cumplimiento del fallo constitucional.
56. Por lo anterior, respecto de los argumentos que la acción de tutela resultó
procedente, se negará el amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE, la acción de tutela dirigida contra el
fallo de tutela del 21 de abril de 2025 proferido por el Juzgado Dieciocho
Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, confirmado en sentencia del 28 de mayo
de 2025 por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca,
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela dirigida contra los
Autos de 6 y 12 de agosto de 2025, proferidos por el Juzgado Dieciocho
Administrativo Oral del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, respectivamente, por no superar
los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra auto de desacato,
conforme las razones expuestas en la parte motiva de la providencia.
TERCERO: ADVERTIR al Juzgado Dieciocho Administrativo Oral del Circuito de
Bogotá el deber de resolver inmediatamente el escrito formulado por el tutelante
relacionado con la solicitud de inaplicación de la decisión de desacato atendiendo a
las razones referidas a la imposibilidad de cumplimiento del fallo de tutela.
CUARTO: NEGAR el amparo solicitado respecto con los argumentos relacionados
con el supuesto defecto sustantivo y fáctico en que incurrió el Juzgado Dieciocho
Administrativo del Circuito de Bogotá en el auto de 6 de agosto de 2025, y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, en el auto de 12
de agosto de 2025.
QUINTO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el medio
más expedito.
SEXTO: En caso de no ser impugnada la presente decisión, REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07226-00
Accionante: Luis Eduardo Llinás Chica
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros
Referencia: Primera instancia acción de tutela
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manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
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VF
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