Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07226-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07226-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-07226-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
19 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07226-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: LUÍS EDUARDO LLINAS CHICA
TESIS: SE DECLARA LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA
DE LA RECURRENTE PARA IMPUGNAR LA SENTENCIA PROFERIDA EN
PRIMERA INSTANCIA. SE CONFIRMA EN LO DEMÁS EL FALLO IMPUGNADO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA Y BUEN NOMBRE.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES (DIAN)1, a través de apoderada judicial,
contra la sentencia de 15 de diciembre de 2025, proferida en primera
instancia por la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL
CONSEJO DE ESTADO2.
1
En adelante DIAN.
2
En adelante SECCIÓN CUARTA.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07226-01
Actor: LUÍS EDUARDO LLINAS CHICA
I.– ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El señor LUÍS EDUARDO LLINAS CHICA, actuando en nombre
propio y como ex director general de la DIAN3, en ejercicio de la
acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la tutela judicial efectiva y al buen nombre, los cuales
estima vulnerados por el JUZGADO DIECIOCHO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ4 y la
SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “C”- DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA5, al proferir los fallos de
tutela de 21 de abril y 28 de mayo de 2025 y los proveídos de 6 y 12
de agosto de ese año, respectivamente, dentro del expediente de
tutela y su trámite incidental identificado con el número único de
radicación 2025-00104-01/02.
I.2.- Hechos
Pese a que el actor no fue claro, del escrito de tutela se extraen los
siguientes hechos:
3
En adelante DIAN.
4
En adelante JUZGADO.
5
En adelante TRIBUNAL.
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3
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Actor: LUÍS EDUARDO LLINAS CHICA
Indicó que la señora PAULA ANDREA ROJAS SIABATO presentó
acción de tutela contra la DIAN, la cual fue identificada con el
número de radicación 2025-00104-00 y le correspondió por reparto
al JUZGADO que, mediante sentencia de 21 de abril de 2025,
amparó los derechos invocados y, en consecuencia, ordenó lo
siguiente:
“[…] SEGUNDO. ORDENAR al representante legal, al
Director General y al Jefe de Talento Humano de la DIAN y/o
las personas que hagan sus veces para estos asuntos, que en
el término cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
comunicación de la presente providencia, agote el trámite de
nombramiento en periodo de prueba de los elegibles faltantes
que integran la Resolución 7484 del 12 de marzo de 2024 y, en
las siguientes cuarenta y ocho (48) horas reporte las vacantes,
tanto ofertadas como no ofertadas del cargo Gestor I, código
301, grado 1, ficha del MERF AF-LF-3007, correspondiente a la
OPEC 198341, y solicite el uso de la lista de elegibles contenida
en la Resolución 7484 del 12 de marzo de 2024 a la CNSC.
En caso de respuesta afirmativa de la CNSC, dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la comunicación de la
autorización por parte de la CNSC, proceda a efectuar el
nombramiento en periodo de prueba en estricto orden
descendente hasta que se provean las vacantes reportadas del
aludido cargo, sin perjuicio de las acciones afirmativas frente
al personal en provisionalidad que sean sujetos de especial
protección constitucional, conforme a lo aquí expuesto.
TERCERO. ORDENAR al representante legal, al Presidente y
al Director(a) de Administración de Carrera Administrativa
(DACA) de la Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC,
y/o las personas que hagan sus veces que, una vez recibido el
reporte de vacantes en el cargo de Gestor I, código 301, grado
1 ficha del MERF AF-LF3007, correspondientes a la OPEC
198341, con la solicitud de uso de la lista de elegibles contenida
en la Resolución 7484 del 12 de marzo de 2024, por parte de
la DIAN, expida dentro de los dos (2) días siguientes, la
comunicación de autorización o no autorización de uso de la
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citada lista de elegibles con destino a la DIAN, conforme a lo
aquí expuesto.
CUARTO. DECLARAR la falta de legitimación en la causa por
pasiva del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la
Procuraduría General de la Nación y, por consiguiente, se
desvinculan del trámite de la presente acción, conforme a lo
aquí expuesto.
QUINTO. ACEPTAR como COADYUVANTE al señor Leisver
Castro Calero, conforme a lo antes señalado. […]”.
Afirmó que la impugnación de la tutela fue conocida en segunda
instancia por el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 28 de mayo
de 2025, confirmó en su totalidad la decisión del a quo.
Señaló que, en agosto de 2025, el JUZGADO abrió incidente de
desacato en su contra por el presunto incumplimiento de los citados
fallos constitucionales, razón por la que, en el término concedido, la
DIAN remitió certificado respecto de las vacantes asociadas al
empleo gestor I, código 301, grado 01, precisando que los cargos
objeto de verificación se encontraban provistos o en trámite de
provisión y posesión, lo cual, a su juicio, acreditaba que la entidad
“[…] había dado inicio al procedimiento reglado del parágrafo
transitorio del artículo 36 del Decreto Ley 927 de 2023 […]”.
Sostuvo que pese a lo anterior, mediante auto de 6 de agosto de
2025, el JUZGADO lo declaró responsable del incumplimiento del
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fallo de tutela y le impuso una sanción de multa de un (1) salario
mínimo legal mensual vigente (s.m.l.m.v.), decisión que fue
confirmada en sede de consulta por el TRIBUNAL a través de
proveído de 12 de agosto de ese año.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Manifestó que los fallos de tutela desconocieron los límites
funcionales establecidos por la jurisprudencia constitucional frente a
la extensión de efectos inter comunis y excedieron el marco subjetivo
de protección, al disponer medidas que se proyectan sobre terceros
elegibles no vinculados al proceso, lo cual solo le es permitido a la
Corte Constitucional en el ejercicio de su competencia excepcional de
unificación.
Argumentó que las autoridades judiciales no hicieron una adecuada
valoración del elemento subjetivo de la responsabilidad al momento
de declarar el desacato, pues no se tuvo en cuenta que actuó con
diligencia, buena fe y en sujeción al marco normativo vigente, sin
incurrir en dolo, culpa o desobediencia, pero la imposibilidad material
de cumplimiento inmediato obedeció a las exigencias del sistema
específico de carrera de la DIAN.
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Adujo que las decisiones cuestionadas incurrieron en defecto
fáctico, toda vez que las pruebas aportadas acreditaban que la
DIAN inició y adelantó el trámite reglado para el cargo gestor I
código 301, grado 01, correspondiente a la OPEC 198341 según lo
ordenado en el fallo de 21 de abril de 2025 y, además, resaltó que
se le informó al JUZGADO el cumplimiento progresivo de los actos
de nombramiento, reporte de vacantes y solicitudes de uso de la lista
a la CNSC y la imposibilidad material del cumplimiento total, al existir
requisitos técnicos, “[…] tal como se demostró en la solicitud de
inaplicación que el despacho judicial no ha resuelto […]”.
Sostuvo que también se incurrió en defecto sustantivo, al
desconocer que la Sentencia C-197 de 2025, proferida por la Corte
Constitucional, precisó que el uso de la lista de elegibles sólo procede
cuando los requisitos del empleo sean los mismos y sus funciones
equivalentes y que los integrantes de estas no ostentan un derecho
adquirido, sino una mera expectativa condicionada a la existencia de
vacantes equivalentes y a la autorización de la CNSC
Por último, afirmó que “[…] de mantenerse vigente el proceso
coactivo, podrían generarse medidas de embargo, retención o
aportes negativos que afectarían gravemente mi patrimonio,
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reputación y trayectoria profesional […]”.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:
I.5.- Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL se limitó a enviar los links contentivos del
expediente digital de la acción de tutela y el trámite incidental objeto
del presente estudio, sin hacer pronunciamiento alguno sobre el
fondo del asunto.
I.5.2.- El JUZGADO afirmó que la presente acción constitucional no
tiene vocación de prosperidad, razón por la que solicitó declarar su
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improcedencia, pues se pretende controvertir una sentencia de tutela
que goza de cosa juzgada.
Igualmente, precisó que “[…] son desbordadas las apreciaciones que
motivan la presente acción de tutela, pues el demandante y, en
general, las autoridades de la DIAN han contados con el tiempo
suficiente para cumplir la orden de tutela aquí enjuiciada, máxime
cuando, en total, desde el juicio de tutela, durante los trámites de
desacato y hasta la actualidad, la DIAN ha contado con
aproximadamente seis (6) meses para hacer efectiva la lista de
elegibles de la que forma parte la señora Paula Alejandra Rojas
Siabato, en tanto que la entidad persiste en justificarse aun en la
complejidad de los trámites administrativos y la autonomía
administrativa y técnica del nominador, con desconocimiento de la
primacía de los derechos fundamentales, la Constitución y la ley […]”.
I.6.- Intervinientes
I.6.1.- La DIVISIÓN DE COBRO COACTIVO DE LA DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL informó los
trámites adelantados por esa dependencia y sostuvo que, como
órgano técnico que tiene a cargo la ejecución de las actividades
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administrativas de la Rama Judicial, con sujeción a las políticas y
decisiones del Consejo Superior de la Judicatura, se acoge a lo que
se ordene dentro del presente fallo de tutela.
En escrito posterior, informó que el actor es objeto de cobro coactivo
por valor de un (1) s.m.l.m.v., razón por la que, mediante
comunicación de 25 de octubre de 2025, se libró mandamiento de
pago en su contra.
I.6.2.- El MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
solicitó declarar improcedente la acción de tutela y ser desvinculado
por falta de legitimación en la causa por pasiva e inexistencia en la
vulneración de los derechos fundamentales invocados por el actor.
I.6.3.- La PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN señaló que
una vez revisado el Sistema de Información para la Gestión
Documental - PGN, DOKUS, no se halló solicitud alguna elevada por
el accionante, razón por la que solicitó ser desvinculada del presente
trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto
del escrito de la tutela y de sus pretensiones principales se advierte
que las mismas no van dirigidas contra ella.
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I.6.4.- La DIAN, el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICTAURA y
los señores HERNÁN JARAMILLO, PAULA ALEJANDRA ROJAS
SIABATO, VICTOR LEONARDO BELLÓN HEREDIA, WILLIAM
CRUZ ROJAS, DIANA CAROLINA GÓMEZ GÓMEZ, LEISVER
CASTRO CALERO, vinculados en calidad de terceros con interés
directo, pese a ser notificados en debida forma, guardaron silencio.
II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN TERCERA de esta Corporación, mediante sentencia de
15 de diciembre de 2025, decidió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE, la acción de
tutela dirigida contra el fallo de tutela del 21 de abril de 2025
proferido por el Juzgado Dieciocho Administrativo Oral del
Circuito de Bogotá, confirmado en sentencia del 28 de mayo de
2025 por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela
dirigida contra los Autos de 6 y 12 de agosto de 2025, proferidos
por el Juzgado Dieciocho Administrativo Oral del Circuito de
Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C, respectivamente, por no superar los
requisitos de procedencia de la acción de tutela contra auto de
desacato, conforme las razones expuestas en la parte motiva de
la providencia.
TERCERO: ADVERTIR al Juzgado Dieciocho Administrativo Oral
del Circuito de Bogotá el deber de resolver inmediatamente el
escrito formulado por el tutelante relacionado con la solicitud de
inaplicación de la decisión de desacato atendiendo a las razones
referidas a la imposibilidad de cumplimiento del fallo de tutela.
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CUARTO: NEGAR el amparo solicitado respecto con los
argumentos relacionados con el supuesto defecto sustantivo y
fáctico en que incurrió el Juzgado Dieciocho Administrativo del
Circuito de Bogotá en el auto de 6 de agosto de 2025, y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C, en el auto de 12 de agosto de 2025. […]”
Para tal efecto, indicó que frente a los reproches del actor contra las
ordenes impuestas en las sentencias de tutela por presuntamente
haberse extralimitado en sus funciones como jueces constitucionales,
no se cumplía el requisito de procedibilidad de la solicitud contra una
acción de la misma naturaleza, pues no se acreditó que los fallos
hubiesen sido producto de fraude.
Consideró que debía dividirse el estudio frente a los reparos contra
los autos proferidos en el trámite incidental, por lo que, por un lado,
declaró improcedente los argumentos que están pendientes de ser
resueltos por el juez de desacato en relación con la afirmación del
actor relativa a que la sentencia ya fue cumplida o es de imposible
cumplimiento y señaló que: […] El actor no presenta con adecuada
delimitación sobre qué reproches se dirigen contra la sentencia de
tutela y cuáles se dirigen contra el auto de desacato que le impuso
una sanción pecuniaria. En gracia de discusión si los mismos
argumentos que se dirigen contra la sentencia de tutela, el tutelante
los dirige contra el auto sancionatorio, estos son improcedentes toda
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vez que, como se indicó más arriba, la jurisprudencia constitucional
admite la acción de tutela contra un auto de incidente de desacato,
siempre que no se trate de una censura que reabra el debate
constitucional referido al amparo de los derechos fundamentales
[…]”.
De otro lado, en relación con los argumentos referidos a un supuesto
defecto sustantivo por no examinar el elemento subjetivo de la
conducta y un defecto fáctico por no verificar que existe evidencia de
que la DIAN inició oportunamente el trámite y se encontraba
ejecutando las etapas obligatorias del proceso de la lista de elegibles,
denegó el amparo por considerar que las autoridades judiciales sí
examinaron el elemento subjetivo y el material probatorio aportado,
pero las razones expuestas no tenían el alcance para justificar el
incumplimiento reprochado.
Finalmente, concluyó que los argumentos alusivos a la imposibilidad
de cumplimiento o de cumplimiento de la providencia, deben ser
resueltos en primer lugar por el juez competente en el trámite
incidental, razón por la que le advirtió al JUZGADO resolver las
peticiones pendientes referidas a la inaplicación de la sanción de
desacato.
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III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La DIAN, a través de apoderada judicial, impugnó la sentencia
proferida en primera instancia y solicitó lo siguiente:
“[…] PETICIÓN:
6.1. Se solicita acceder a las pretensiones de la acción de tutela,
al encontrarse acreditada la vulneración de los derechos
fundamentales del accionante por parte del Juzgado 18
administrativo de oralidad de Bogotá y el Tribunal de
Cundinamarca, tal como se desarrolla anteriormente.
6.2. Se ordene la inaplicación o revocatoria de las sanciones
impuestas en el marco del trámite del incidente de desacato toda
vez que la DIAN ha adelantado acciones positivas para el
cumplimiento del fallo de fecha 21 de abril de 2025, observando el
debido proceso y dentro de lo jurídica materialmente posible, así
como el nombramiento de la accionante. Así mismo, a la luz de los
factores subjetivos y objetivos expuestos por la Corte
Constitucional en el marco de un trámite incidental, no existe
responsabilidad subjetiva, dado que la Entidad ha obrado con
diligencia, dentro de los límites fácticos y jurídicos de la Entidad, lo
que excluye cualquier reproche sancionatorio.
6.3. Se oficie al Consejo Superior de la Judicatura Dirección
Ejecutiva de la Rama Judicial para que se dé por terminado o se
archive el proceso de cobro de coactivo No.
11001079000020250043500 en atención al cumplimiento del fallo
judicial y por ende la carencia actual del proceso.
6.4. Se tenga en cuenta que los funcionarios Luis Eduardo Llinás y
Pedro José Arrieta ya no se encuentran vinculados en la entidad y
el doctor Carlos Andrés Vargas García, ya no funge como
Subdirector de Gestión de Empleo Público […]”.
Aseguró que el a quo desconoció la configuración del defecto fáctico,
por cuanto las autoridades judiciales accionadas no tuvieron en
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cuenta las pruebas que acreditan que inició oportunamente el trámite
y se encontraba ejecutando las etapas obligatorias del proceso de la
lista de elegibles, esto es, el desarrollo de los empates, escogencia
de plazas, así como la carga administrativa derivada del volumen de
vacantes y hoy día el cumplimiento del fallo judicial.
Insistió en que no existe responsabilidad subjetiva, dado que no se
advierte negligencia, omisión ni desinterés en el cumplimiento del
fallo y, por el contrario, a su juicio, las actuaciones reseñadas reflejan
un ejercicio diligente, razonable y conforme a los límites fácticos y
jurídicos que rodean la ejecución de la orden judicial.
Agregó que ha demostrado el cumplimiento de la orden judicial, con
la ejecución de acciones positivas y en atención a que no se configura
responsabilidad subjetiva en cabeza de sus funcionarios, resulta
improcedente cualquier reproche sancionatorio en el marco del
trámite incidental. Además, que se debía tener en cuenta que los
sancionados no se encuentran vinculados actualmente a la entidad.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
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conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
Cuestión previa
La Sala advierte que el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO y la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN,
solicitaron ser desvinculados de la presente acción de tutela, por falta
de legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
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pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]”. (Destacado de la Sala).
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Comoquiera que dichas entidades fueron desvinculadas dentro de la
acción constitucional objeto del presente estudio, la Sala aceptará
sus solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa
por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la
presente providencia.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
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perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
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judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
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los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
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h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
De la procedencia de la acción de tutela contra decisiones
dictadas dentro del trámite incidental
La jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela
contra providencias que resuelven incidentes de desacato o
solicitudes de cumplimiento es procedente únicamente de manera
excepcional, “siempre que se cumplan los requisitos de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales y, por tanto, se
constate una vulneración o una amenaza a los derechos
fundamentales del sancionado”6.
Sobre este asunto, la Corte Constitucional ha establecido algunos
requisitos formales y materiales que se deben tener presentes al
6
Cfr. Sentencia T-325 de 2015.
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momento de hacer el examen de procedibilidad. Así, en sentencia
SU- 034 de 20187, esa Corporación señaló:
“[…] [P]ara enervar mediante acción de tutela la providencia
que resuelve un incidente de desacato, es preciso que se
reúnan los siguientes requisitos:
i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre
ejecutoriada; es decir que la acción de tutela es improcedente
si se interpone antes de finalizado el trámite –incluido el grado
jurisdiccional de consulta, si es del caso–.
ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales y se sustente,
por lo menos, la configuración una de las causales específicas
(defectos).
iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben
ser consistentes con lo planteado por él en el trámite del
incidente de desacato, de manera que a) no debe traer a
colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el
incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas
que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y
que el juez no tenía que practicar de oficio […]”.
En el caso bajo examen, el señor LUÍS EDUARDO LLINAS CHICA,
actuando en nombre propio y como ex director general de la DIAN,
pretende que se dejen sin efecto los fallos de tutela de 21 de abril
y 28 de mayo de 2025 y los proveídos de 6 y 12 de agosto de
ese año, proferidos por el JUZGADO y el TRIBUNAL,
7
M.P. Alberto Rojas Ríos.
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respectivamente, dentro del expediente de tutela y su trámite
incidental identificado con el número único de radicación 2025-
00104-01/02.
A través de los referidos proveídos las autoridades judiciales aludidas
sancionaron, entre otros, al actor con multa de un (1) s.m.l.m.v., por
incumplir las órdenes emitidas por el JUZGADO en el fallo de 21 de
abril de 2025, confirmado por el TRIBUNAL a través de sentencia
de 28 de mayo de ese año, dentro de la acción de tutela identificada
con el número único de radicación 2025-00104-01.
El disenso del actor deviene del hecho de que, en su sentir, las
autoridades judiciales al proferir las sentencias de tutela se
extralimitaron frente a la extensión de efectos inter comunis y
excedieron el marco subjetivo de protección. Asimismo, aseguró que
no se hizo una adecuada valoración del elemento subjetivo de la
responsabilidad al momento de declararlo en desacato, pues no se
tuvo en cuenta que, si bien se adelantaron acciones positivas para
cumplir, la imposibilidad material de cumplimiento inmediato
obedeció a las exigencias del sistema específico de carrera de la
DIAN.
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En el curso de la primera instancia, la SECCIÓN TERCERA de esta
Corporación, mediante sentencia de 15 de diciembre de 2025, de una
parte, declaró improcedente el amparo por no cumplir los requisitos
de procedibilidad y, por otra, denegó las pretensiones en relación con
los defectos fáctico y sustantivo alegados, por considerar que las
autoridades judiciales sí examinaron el elemento subjetivo y el
material probatorio aportado, pero las razones expuestas no tenían
el alcance para justificar el incumplimiento reprochado.
La DIAN, a través de apoderada judicial, impugnó la sentencia
proferida en primera instancia, alegando que ha demostrado el
cumplimiento de la orden judicial, con la ejecución de acciones
positivas y en atención a que no se configura responsabilidad
subjetiva en cabeza de sus funcionarios, resulta improcedente
cualquier reproche sancionatorio en el marco del trámite incidental.
Además, que se debía tener en cuenta que los sancionados no se
encuentran vinculados actualmente a la entidad.
En primera medida, la Sala debe determinar si la DIAN está
legitimada en la causa para impugnar la sentencia proferida en
primera instancia.
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De la legitimación por activa del impugnante
Al respecto la Sala destaca que el artículo 86 de la Constitución
Política establece que toda persona podrá ejercer la acción de tutela
en nombre propio o mediante apoderado para obtener la protección
inmediata de sus derechos fundamentales.
En relación con la legitimación en la causa por activa para la
interposición de acciones de tutela, el artículo 10° del Decreto 2591
de 19918 preceptúa:
“[…] Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela
podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular
de los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse
en la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los
personeros municipales […]”.
De la norma transcrita, se desprende que quien promueve acción de
tutela puede hacerlo i) en nombre propio, actuando por sí mismo o
8
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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mediante apoderado, o ii) a través de la figura de la agencia oficiosa,
caso en el cual se debe manifestar expresamente tal circunstancia,
además de demostrar las razones por las cuales el agenciado no está
en capacidad de ejercer su propia defensa.
La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la causa
por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la
medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes
respecto del interés sustancial que se discute en el proceso
de tutela, de modo que el derecho cuya protección se persigue
debe ser propio del demandante y no de otra persona9.
Ahora bien, la legitimación por activa también debe ser analizada en
relación con los recursos que se interponen en el trámite de una
acción de tutela, con la finalidad de que los reparos respectivos
puedan ser estudiados.
En lo que respecta a la legitimación para impugnar un fallo de tutela,
el artículo 31 del Decreto 2521 de 1991 prevé que dicho recurso
puede ser interpuesto por “[…] el Defensor del Pueblo, el solicitante,
9
Sentencia T-086 de 2010; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Caljub.
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la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente
[…]”.
De igual forma, en aplicación del inciso 2 del artículo 1310 del Decreto
2591 de 1991, la Corte constitucional11 ha señalado que el afectado
por un fallo de tutela tiene derecho a impugnarlo, incluso si no forma
parte de los sujetos enunciados en el artículo 31 aludido, así:
“[…] Se plantea el tema de quién puede impugnar la
sentencia de primera instancia.
El Tribunal no concedió el recurso invocando argumentos
contenidos en la sentencia T-173 de 4 de mayo de 1993. Ocurre
que, con posterioridad a tal fecha la sala Plena de la Corte
Constitucional, el 26 de junio de tal año, (Ponente: Jorge Arango
Mejía), mediante Auto decretó la nulidad de una sentencia de
tutela de la misma Corte Constitucional y lo hizo a petición de
alguien que no había sido parte en la tutela.
Con ese antecedente, la Corte ha considerado que tiene
derecho a impugnar el afectado por un fallo de tutela. Se
convierte en interviniente con interés legítimo. El artículo
13, in fine, del decreto 2591 de 1991 dice:
“Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso
podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la
persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la
solicitud”.
Una de las formas de intervención es la de formular recursos,
10
“[…] ARTICULO 13. PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA ACCION E INTERVINIENTES.
[…]
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la
solicitud […]”. (Destacado fuera de texto)
11
Corte Constitucional, Sala séptima de Revisión, Auto 031 de 1996, MP. Alejandro Martínez Caballero.
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luego, en el presente caso, hay razón suficiente para considerar
que una de las partes en un proceso de lanzamiento, a quien
afecta una sentencia de tutela contra providencia judicial, tiene
interés legítimo suficiente para impugnar la decisión que lo
perjudica. Esta apreciación aparece también en Auto 8 de marzo
de 1993 (Ponente: Dr. Jorge Arango Mejìa); se expresa lo
siguiente:
Observa la Sala que, si bien los impugnantes en este caso
concreto, aparentemente no forman parte de los sujetos
llamados a impugnar las decisiones de tutela -artículo 31 de
decreto 2591-, al existir en ellos un interés legítimo en el recurso
solicitado, toda vez que los efectos del fallo pueden vulnerar
derechos igualmente susceptibles de protección, en este caso en
concreto y en general, la Sala concluye que los impugnantes sí
están legitimados para controvertir la decisión […]”.
Asimismo, frente a las consecuencias que genera la desatención de
una orden de tutela y los requisitos que deben estar cumplidos para
que sea posible imponer una sanción, es pertinente destacar que el
artículo 52 del mencionado Decreto 2591 de 1991 prevé que quien
incumpla una orden de amparo incurrirá en desacato sancionable con
arresto de hasta seis (6) meses y multa de hasta veinte (20)
s.m.l.m.v.; la misma será impuesta previo trámite incidental, luego
de consultada con el superior para que decida si debe o no revocarse.
En efecto, para imponer la respectiva sanción resulta necesario que
concurran tanto el elemento objetivo como el subjetivo, para ello
deberán estar presentes los aspectos propios del régimen
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sancionatorio, verbigracia, los grados y modalidad de la culpa o
negligencia con que haya actuado el funcionario, las posibles
circunstancias de justificación, agravación o atenuación de la
conducta y el derecho de defensa y contradicción.
De lo señalado se colige que, cuando se pretenda controvertir una
providencia proferida dentro del trámite incidental, quien está
legitimado para presentar la acción de tutela es el funcionario
sancionado, ya sea a nombre propio o a través de apoderado
judicial, no otro de la misma entidad a la cual pertenece, dado
que la sanción tiene una naturaleza personal y no
institucional12.
En el presente asunto, el señor LUÍS EDUARDO LLINAS CHICA,
actuando en nombre propio y como ex director de la DIAN, presentó
la acción constitucional de la referencia con el fin de obtener el
amparo de los derechos fundamentales que, a su juicio, le fueron
vulnerados por las autoridades judiciales al momento de proferir las
sentencias de tutela y los proveídos mediante los cuales fue
12
Así lo sostuvo la Sala en un asunto similar, en providencia de 3 de julio de 2025, expediente de tutela
2025-00171-01. M.P. Oswaldo Giraldo López.
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sancionado por incumplimiento, razón por la que el estudio de
primera instancia se hizo a la luz de los derechos invocados en cabeza
de aquel.
Así las cosas, la Sala encuentra que la DIAN carece de legitimación
para impugnar dicha decisión bajo los argumentos que plantea en su
intervención, en la medida en que solicita que se acceda al amparo
pretendido y se ordene que se inapliquen o revoquen las sanciones
impuestas en el trámite incidental objeto de estudio, pero no acreditó
actuar en representación del actor, sino que lo pretendido a través
de su escrito es defender los intereses de la entidad.
Además, la Sala reitera que no se puede perder de vista que la
sanción cuestionada es de carácter personal y no institucional, por lo
que su destinatario, esto es, el señor LUÍS EDUARDO LLINAS
CHICA, quien promovió la solicitud de amparo, estaba facultado para
impugnar la decisión de primer grado y no lo hizo.
Estudiar el fondo del asunto bajo las circunstancias aludidas
implicaría modificar, en segunda instancia, el objeto de la acción de
tutela inicial, la cual por demás fue presentada por el actor en
nombre propio en su calidad de sancionado, y quien ya no funge
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como director ni se encuentra vinculado a la DIAN.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala destaca que la DIAN tuvo la
posibilidad de ejercer su derecho de acción de forma directa para
controvertir las sentencias de tutela proferidas dentro de la acción
constitucional identificada con el número 2025-00104-01, instaurada
en su contra, por lo que su intervención en el presente asunto a
través de la impugnación del fallo de primera instancia que, además
se circunscribió a cuestionar el trámite incidental, no es el escenario
procedente para tal efecto.
Por lo anterior, la Sala se relevará de estudiar la impugnación
presentada por la apoderada de la DIAN y, en su lugar, declarará su
falta de legitimación en la causa por activa para recurrir la sentencia
de 15 de diciembre de 2025 y, por la misma razón, esta será
confirmada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la
presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
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F A L L A:
PRIMERO: ACEPTAR las solicitudes de desvinculación presentadas
por el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y la
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA
CAUSA POR ACTIVA de la DIAN para recurrir la sentencia de 15
de diciembre de 2025, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida en
primera instancia, por las razones expuestas en esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 19 de febrero de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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