Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07227-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07227-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07227-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 12 de marzo de 2026
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07227-00
Demandante: Bancolombia S.A.
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Subsidiariedad
Síntesis del caso: La parte actora enjuició las providencias de primera y segunda instancia
que, dentro de un proceso ejecutivo, modificaron la liquidación del crédito y dictaron otras
disposiciones.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Bancolombia S.A., en
contra del Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y el Juzgado 2 Administrativo de Valledupar
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados. 1.3. Actuaciones posteriores a la admisión.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 18 de noviembre de 2025, Bancolombia S.A., mediante apoderado
judicial, presentó una acción de tutela en contra del Consejo Superior de la
Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Juzgado 2
Administrativo de Valledupar, por la presunta vulneración de su derecho
fundamental al debido proceso, con ocasión del oficio DEAJGCC25-9793
de 10 de octubre de 2025 proferido por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y el Auto de 14
de octubre de 2025 proferido por el Juzgado 2 Administrativo de Valledupar
dentro del proceso de reparación directa No. 20001-33-33-002-2021-00203-
00.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora pidió (se trascribe):
“Primero. Que conceda la medida cautelar consistente en la suspensión
provisional de los efectos del oficio DEAJGCC25-9793 del 10 de octubre de 2025
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07227-00
Demandante: Bancolombia S.A.
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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proferido por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura y del Auto del (sic)10 de octubre de 2025 proferido por
el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Valledupar.
Segundo. Que ampare el derecho fundamental al debido proceso, y como
consecuencia de ello, defina el alcance de las competencias de las
autoridades demandadas e indique a mi representada cuál de las órdenes
proferidas en relación con las medidas cautelares debe acatar y en qué
términos lo debe hacer. Si no accede a esa solicitud, le pido que suspenda las
facultades sancionatorias y o de declaratoria de solidaridad de las
demandadas, hasta tanto una autoridad judicial resuelva sobre la materia.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron identificados los siguientes:
4. 1) El abogado Carlos Alberto Vides Palomino es titular de una cuenta
de ahorros en el banco Bancolombia, la cual fue objeto de embargo el 8
de noviembre de 2022, por orden de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial - Consejo Superior de la Judicatura, dentro del
proceso de cobro coactivo No. 11001-07-90-000-2022-00428-00. En la
decisión se ordenó a Bancolombia embargar las cuentas del abogado
hasta cubrir una deuda de $653.000.000 de pesos. Esta orden fue reiterada
con ajuste en el monto en 2023, 2024 y 2025.
5. 2) El 3 de septiembre de 2024, el Juzgado 4 Civil Municipal de
Valledupar le ordenó a Bancolombia embargar la cuenta del señor Vides
por un valor de $186.855.613. Esta medida fue adoptada dentro del proceso
ejecutivo No. 20001-40-03-004-2024-00486-00.
6. 3) El 9 de septiembre de 2024, el Juzgado 4 de Pequeñas Causas y
Competencias Múltiples de Valledupar le ordenó a Bancolombia embargar
la cuenta del señor Vides por un valor de $61.025.694. Esta medida fue
adoptada dentro del proceso ejecutivo No. 20001-40-03-007-2024-00455-00.
7. 4) El 29 de septiembre de 2025, Bancolombia registró el ingreso de una
suma de dinero en la cuenta de ahorros del señor Vides. Dicho dinero fue
consignado por la Policía Nacional, porque el titular actuaba como
apoderado de los demandantes del proceso de reparación directa con
radicado No. 20001-33-33-002-2021-00203-00, tramitado ante el Juzgado 2
Administrativo de Valledupar, porque tenía facultades para recibir.
8. 5) Mediante Auto de 30 de septiembre de 2025, proferido por el
Juzgado 2 Administrativo de Valledupar dentro del proceso de reparación
directa ya mencionado, se ordenó a Bancolombia suspender la ejecución
de las medidas de embargo, orden que fue reiterada mediante Auto de 3
de octubre de 2025. Según el escrito de tutela, esa decisión no fue
notificada a las autoridades que decretaron los embargos.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07227-00
Demandante: Bancolombia S.A.
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
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Decisión: Declara improcedente
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9. 6) Mediante Oficio DEAJGCC25-9793 de 10 de octubre de 2025, la
Dirección Administrativa de Administración Judicial solicitó a Bancolombia
información sobre la ejecución de las medidas cautelares ordenadas, y le
recordó que es obligación de las entidades financieras cumplir de manera
inmediata las órdenes de embargo y retención emitidas por autoridades
competentes, so pena de responder solidariamente por el pago de la
obligación.
10. 7) Mediante Auto de 14 de octubre de 2025, el Juzgado 2
Administrativo de Valledupar ordenó a Bancolombia levantar las medidas
de embargo que recaían sobre la cuenta del señor Vides, pues el dinero
pagado por la Policía Nacional había sido en cumplimiento de la sentencia
que puso fin al proceso de reparación directa y no pertenecía al abogado
sino a sus poderdantes. Esta orden fue reiterada mediante Autos de 6 y 10
de noviembre de 2025.
11. 8) En contra de esta decisión, Bancolombia presentó solicitud de
nulidad por las causales 2 y 8 de la Ley 1564 de 2012 y a su vez, presentó
recurso de reposición y, en subsidio, de apelación.
12. 9) Mediante Autos de 4 de noviembre de 2025, el Juzgado 2
Administrativo de Valledupar rechazó de plano la solicitud de nulidad
presentada por Bancolombia y rechazó el recurso de reposición por haber
sido presentado de manera extemporánea.
13. Como fundamento de la vulneración, pese a que no se alegó ningún
defecto específico contra la providencia judicial ni contra el acto
cuestionado, Bancolombia sostuvo que se vulneró su derecho fundamental
al debido proceso, en la medida en que 2 autoridades distintas le
impartieron órdenes contradictorias, cuyo incumplimiento conllevaba a la
imposición de sanciones. Esto, a su vez, generaba una violación al principio
de legalidad, pues se amenazaba con sancionar una conducta que
resultaba simultáneamente lícita e ilícita, dependiendo de la autoridad.
1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados2
14. El Juzgado 4 de Pequeñas Causas de Valledupar3 adujo que en su
despacho tramitó un proceso ejecutivo iniciado por Banco AV Villas contra
2 Mediante Auto de 20 de noviembre de 2025, el despacho sustanciador resolvió (1) admitir la acción de tutela de
la referencia, (2) tener como parte demandada al Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y el Juzgado 2 Administrativo de Valledupar (3) vincular, en calidad de terceros interesados
a Juzgado 4 Civil Municipal de Valledupar, el Juzgado 4 Civil de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de
Valledupar, la Policía Nacional, el Banco Agrario de Colombia SA, el Banco AV Villas y a Carlos Alberto Vides
Palomino y 4) negar la medida provisional solicitada.
Posteriormente, mediante Auto de 16 de febrero de 2026, el despacho ordenó la vinculación en calidad de
terceros de los señores Yeidis Romero Ternera, Isabella Sofía Gómez Romero, Frank José Gómez Romero, Yeider
Manuel Camacho Romero, Abelardo Antonio Gómez Guevara, Andrés David Gómez Romero; Damaris Rodríguez
Durán, Rober Ninsson Jiménez Rodríguez, Dayiabel Edith Gómez Rodríguez, Herminia Cristina Gómez Núñez,
Abelardo José Gómez Rodríguez y Camilo Andrés Gómez Álvarez.
3 Índice 17 de SAMAI.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07227-00
Demandante: Bancolombia S.A.
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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el señor Carlos Alberto Vides Palomino, en el cual se decretaron embargos
en septiembre de 2024, pero el proceso fue terminado por pago total y las
medidas cautelares fueron levantadas el 28 de octubre de 2025. Señaló que
no recibió comunicaciones de otros juzgados sobre embargos concurrentes
y que al encontrarse terminado el proceso ejecutivo y haberse levantado
las medidas cautelares decretadas por ese juzgado sin existencia de
depósitos judiciales remitidos por Bancolombia para custodia de dicho
juzgado, este no tenía injerencia en las resultas del trámite de tutela, por lo
que solicitó su desvinculación del proceso.
15. El Juzgado 2 Administrativo de Valledupar4 expuso que la tutela era
improcedente porque las órdenes de desembargo se dictaron dentro de un
incidente tramitado con plenas garantías, con base en pruebas que
demostraron que los recursos consignados en la cuenta del abogado Vides
pertenecían a los beneficiarios de una sentencia dictada por dicho juzgado.
Señaló que Bancolombia omitió responder de manera oportuna a los
requerimientos, no ejecutó las órdenes judiciales del 14 y 17 de octubre de
2025 y por ello se le impuso sanción que, para el momento en que se rindió
el informe no se encontraba en firme.
16. Afirmó que la acción de tutela repitió los mismos cuestionamientos de
una acción anterior promovida por el Consejo Superior de la Judicatura, la
cual fue declarada improcedente y que la situación alegada ya no subsiste
porque Bancolombia levantó el embargo el 19 de noviembre de 2025.
Solicitó que se negara el amparo solicitado porque Bancolombia actuó
como tercero en el trámite incidental y no como parte del proceso y
ninguna de sus garantías procesales fueron vulneradas.
17. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial5 rindió informe en el
que solicitó que se declarara la improcedencia de la tutela, pues actuó
dentro de sus competencias al adelantar el cobro coactivo contra el
abogado Carlos Alberto Vides Palomino por el doble pago que este recibió
en un proceso de reparación directa, lo que justificó los embargos
decretados desde 2022. Explicó que la contradicción alegada por
Bancolombia surgió realmente de la orden posterior del Juzgado 2
Administrativo de Valledupar, que dispuso el levantamiento del embargo
sobre la misma cuenta, pese a no ser la autoridad que decretó
originalmente la medida. Para la DEAJ, ese hecho constituía una
interferencia indebida en su facultad legal de recaudo.
18. La Policía Nacional6 solicitó su desvinculación de la presente acción,
al considerar que las decisiones adoptadas fueron proferidas por
autoridades judiciales y carecía de competencia para modificarlas. En
4 Índice 19 de SAMAI.
5 Índice 20 de SAMAI.
6 Índice 21 de SAMAI.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07227-00
Demandante: Bancolombia S.A.
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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consecuencia, estimó que no vulneró derecho fundamental alguno y que
no existía perjuicio irremediable que habilitara la procedencia de la tutela.
19. El Juzgado 4 Civil Municipal de Valledupar7 informó que en su
despacho cursaba un proceso ejecutivo en contra del señor Carlos Alberto
Vides Palomino, en el cual decretó embargos desde agosto de 2024 y todas
sus actuaciones se han ajustado a derecho. Explicó que Bancolombia
cumplió la orden de embargo, pero con posterioridad le informó que el
Juzgado 2 Administrativo de Valledupar le ordenó el levantamiento de
dicha medida, lo cual era ajeno a dicho proceso. Por lo anterior, solicitó ser
desvinculado de la acción de tutela, por no haber vulnerado derecho
fundamental alguno.
20. El Banco AV Villas8 rindió informe en el que explicó que su
participación se limitó al proceso ejecutivo que adelantó en contra de
Carlos Alberto Vides Palomino, en el cual se decretó un embargo general
sobre sus cuentas en el 2024 y lo levantó tras el pago total de la obligación
en octubre de 2025. Solicitó que se le desvinculara de la presente acción, al
considerar que no intervino en las decisiones cuestionadas y, por ello, no era
la entidad responsable de los hechos alegados y carecía de legitimación
pasiva en la causa.
21. El Banco Agrario9 informó que su actuación se limitó a ser acreedor
dentro del proceso ejecutivo contra Carlos Alberto Vides Palomino, por lo
que no ha vulnerado sus derechos fundamentales. Por ello, solicitó que se
declarara su falta de legitimación pasiva en la causa y la improcedencia de
la acción.
22. El señor Carlos Alberto Vides Palomino10 informó que la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial también inició una tutela en contra del
Juzgado 2 Administrativo de Valledupar, con similares argumentos a los
planteados en la presente acción. Sin embargo, la misma fue declarada
improcedente11, por lo que consideró que la presente también debía ser
declarada improcedente, en la medida en que no hubo vulneración a
derechos fundamentales.
23. Los señores Yeidis Romero Ternera12, Isabella Sofía Gómez Romero,
Frank José Gómez Romero, Yeider Manuel Camacho Romero, Abelardo
7 Índice 22 de SAMAI.
8 Índice 23 de SAMAI.
9 Índice 26 de SAMAI.
10 Índice 47 de SAMAI.
11 La tutela fue conocida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cesar bajo el radicado 2025-00515-
00. En la tutela la parte actora cuestionó otra decisión, esto es, el Auto de 3 de octubre de 2025, proferido por la
accionada pero se declaró la improcedencia de la acción porque la accionante no interpuso recurso de
reposición en contra de este. Esta decisión fue confirmada por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, mediante Sentencia de 19 de enero de 2026.
12 El abogado Carlos Alberto Vides Palomino informó que la señora Yeidis Romero Ternera falleció el 30 de mayo
de 2022. Índice 47 de SAMAI.
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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Antonio Gómez Guevara, Andrés David Gómez Romero; Damaris Rodríguez
Durán, Rober Ninsson Jiménez Rodríguez, Dayiabel Edith Gómez Rodríguez,
Herminia Cristina Gómez Núñez, Abelardo José Gómez Rodríguez y Camilo
Andrés Gómez Álvarez, pese a haber sido notificados en debida forma13,
guardaron silencio.
1.3. Actuaciones posteriores a la admisión
24. El 21 de noviembre de 2025, Bancolombia informó que, mediante Auto
de 18 de noviembre de 2025, el Juzgado 2 Administrativo de Valledupar
sancionó a su representante legal y compulsó copias para investigación
disciplinaria y penal en su contra, pese a que el banco cumplió con la orden
de levantar el embargo el 19 de noviembre de 2025. Explicó que el
cumplimiento fue notificado al juzgado y además le informó de la
disposición inmediata que hizo el titular de la cuenta. Señaló que, pese a
esto, aún persistía el conflicto de órdenes que amenazaba su debido
proceso, por lo que no podía hablarse de carencia actual de objeto.
25. El 16 de diciembre de 2025, el accionante informó que, mediante Auto
de 4 de diciembre de 2025, el Juzgado 2 Administrativo de Valledupar
confirmó la sanción contra el banco, a pesar de haberse cumplido con la
orden de levantamiento de embargo. Su decisión se justificó, entre otras, por
haber presentado esta acción de tutela, lo cual, para el juzgado, era una
“barrera dilatoria”. Estimó que dicho argumento era una prueba
sobreviniente de la vulneración a su debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, pues el juzgado estaría “castigando” al
accionante por acudir legítimamente a la tutela para resolver el conflicto
entre órdenes contradictorias.
26. Mediante Auto de 16 de febrero de 2026, el despacho ponente
ordenó vincular como terceros con interés en el asunto, a los demandantes
del proceso de reparación directa, dentro del cual se profirió la orden de
desembargo.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Solicitudes de desvinculación. 2.2. Procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial. 2.3. Procedencia de la acción de tutela contra actos de trámite
o preparatorios. 2.4. Conclusión.
2.1. Solicitudes de desvinculación
27. En relación con las solicitudes de desvinculación del Juzgado 4 de
Pequeñas Causas de Valledupar, el Juzgado 4 Civil Municipal de
Valledupar, la Policía Nacional y el banco AV Villas, estas se negarán porque
su vinculación se hizo en calidad de terceros interesados en el proceso y la
13 Índice 38 a 45 y 48 a 50 de SAMAI.
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eventual decisión de amparo de los derechos fundamentales que reclama
la parte actora podría llegar a tener incidencia en el proceso ordinario en el
que actuaron.
2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
28. En relación con el Auto de 14 de octubre de 2025, la Sala declarará la
improcedencia de la presente acción de tutela, por no satisfacer el requisito
de subsidiariedad.
29. Para estudiar el requisito en comento, debe aclararse que lo
pretendido por la parte actora fue que se suspendieran los efectos del Auto
de 14 de octubre de 2025, proferido dentro del proceso de reparación
directa No. 2021-00203-00, por medio del cual se le ordenó levantar una
medida de embargo.
30. En relación con este asunto, es preciso recordar que el numeral 1 del
artículo 6 del Decreto 2591 de 199114, que desarrolló el artículo 8615
constitucional, señaló que la tutela resulta improcedente cuando existan
otros recursos o medios de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
31. La Corte Constitucional16 ha sostenido que es un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico
le otorga para la defensa de sus derechos, pues de no ser así, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales.
32. En ese orden de ideas, en el presente caso, no se configuró el
mencionado requisito (subsidiariedad) porque la parte actora 1) no agotó
el recurso de reposición y 2) tampoco acreditó un perjuicio irremediable.
33. De conformidad con el artículo 242 del CPACA, el recurso de
reposición procede en contra de todos los autos, salvo norma legal en
contrario. En esa medida, el auto que le ordenó a Bancolombia levantar los
embargos sobre la cuenta del señor Carlos Alberto Vides Palomino era
susceptible de reposición. Si bien, está demostrado que el accionante sí
presentó dicho recurso, este fue rechazado por haberse presentado de
14 “Artículo 6. causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros
recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)”
15 “Artículo 86—Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden
para que aquél respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de
inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte
Constitucional para su eventual revisión. Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable (…)”.
16 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.
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manera extemporánea; decisión que, además, no se cuestiona en la
presente acción. Así las cosas, existía un medio ordinario idóneo para
controvertir el Auto de 14 de octubre de 2025 y el no haberlo agotado
oportunamente, no puede habilitar la acción de tutela como una vía
sustitutiva de los mecanismos procesales ordinarios.
34. La Sala no pasa por alto que la decisión cuestionada se profirió dentro
de un trámite irregular, denominado por el juez que la profirió como un
“incidente de desembargo” que no tiene sustento normativo, pues se inició
con el fin de dar cumplimiento a una sentencia de reparación directa y el
mecanismo previsto para ello en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo es el proceso ejecutivo, según lo dispuesto en los artículos 297
y siguientes del CPACA17. No obstante, estos reparos, entre otros, se
plantearon en el recurso de reposición y, al no haber sido presentado en
tiempo, la acción de tutela no puede ser utilizada para revivir términos pues
ello desnaturalizaría su carácter subsidiario y residual.
35. Tampoco se alegó ni acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable. Aun si se entendiera que la acción de tutela buscaba evitar la
imposición de una sanción correccional, en este caso la sanción al
representante legal de Bancolombia se impuso el mismo día que la acción
de tutela ingresó al despacho para estudiar su admisibilidad18, por lo que ni
siquiera hubo oportunidad para que el juez constitucional interviniera frente
a este asunto.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra actos de trámite o
preparatorios
36. En relación con el oficio DEAJGCC25-9793 de 10 de octubre de 2025,
expedido por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura -DEAJ-, la Sala considera que tampoco se cumplen
los requisitos para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
actos de trámite.
37. Sea lo primero advertir que, el oficio de 10 de octubre de 2025 fue
proferido dentro de un procedimiento administrativo de cobro coactivo
adelantado en contra del abogado Carlos Alberto Vides Palomino con
radicado No. 11001-07-90-000-2022-00428-00. En este, la DEAJ le solicitó a
Bancolombia información sobre la ejecución de las medidas cautelares
impuestas sobre la cuenta del señor Vides Palomino y citó una norma del
Estatuto Tributario relativa al cumplimiento inmediato de esas medidas. Así
mismo, le solicitó que, de no haberse realizado, indicara los argumentos que
17 Además, el “incidente de desembargo” no está previsto en el artículo 209 de la Ley 1437 de 2011.
18 La tutela fue presentada el 14 de noviembre de 2025 e ingresó al despacho para decidir sobre su admisibilidad
el 18 de noviembre de 2025, según consta en el índice 3 de SAMAI, fecha en la cual se impuso la sanción referida.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07227-00
Demandante: Bancolombia S.A.
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sustentaban el no cumplimiento de lo ordenado. En consecuencia, se trató
de una actuación de impulso propia del trámite de cobro coactivo.
38. La Corte Constitucional ha señalado que los actos administrativos de
trámite, no crean, modifican o extinguen una situación jurídica concreta,
sino que contribuyen a la adopción del acto definitivo19. En ese sentido, la
Corte ha indicado que la tutela frente a estos actos procede, solo de
manera excepcional, cuando: 1) se presente antes de proferirse el acto
definitivo; 2) que el acto de trámite resuelva algún asunto especial y
sustancial que se proyecte en la decisión principal y 3) que la actuación de
la autoridad resulte arbitraria o desproporcionada y sea susceptible de
amenazar o vulnerar derechos fundamentales20.
39. En virtud de lo anterior, para la Sala la presente acción no cumple con
los requisitos aludidos, ya que el oficio cuestionado se limita a solicitar
información al accionante, la cual resulta relevante para el trámite del
proceso coactivo y para proferir algún acto definitivo, sin que por sí mismo
comprometa la responsabilidad disciplinaria del accionante. Además, se
trata de una actuación proferida en el marco de la autonomía
administrativa de la entidad para adelantar sus procedimientos de cobro
coactivo y verificar el cumplimiento de las medidas decretadas. Cualquier
eventual consecuencia sancionatoria exigiría la iniciación y el trámite del
procedimiento correspondiente, con observancia de las garantías del
debido proceso y, no se tiene conocimiento de que este se haya
promovido. Por ello, no resulta necesaria la intervención del juez
constitucional frente a este asunto.
2.4. Conclusión
40. Por las consideraciones expuestas, la Sala concluye que, respecto del
Auto de 14 de octubre de 2025 la acción de tutela no cumple con el
requisito de subsidiariedad y frente al oficio DEAJGCC25-9793 de 10 de
octubre de 2025, no se cumple con los requisitos jurisprudenciales para su
procedencia excepcional. En consecuencia, se declarará la
improcedencia de la acción.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
19 Corte Constitucional, Sentencia SU 077 de 2018.
20 Sobre los requisitos de procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos administrativos de trámite
o preparatorios ver Sentencia SU-077 de 2018 y SU-275 de 2025.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07227-00
Demandante: Bancolombia S.A.
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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RESUELVE
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por el
Juzgado 4 de Pequeñas Causas de Valledupar, el Juzgado 4 Civil Municipal
de Valledupar, la Policía Nacional y el banco AV Villas, por lo expuesto en
esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Bancolombia S.A., por las razones expuestas.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para ello21.
CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
21 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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