Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07228-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07228-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-07228-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
30 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026)
RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2025-07228-00
ACCIONANTE: PEDRO JOSÉ ARRIETA MELÉNDEZ
ACCIONADOS: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA-
SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN C Y OTRO
PROCESO: ACCIÓN DE TUTELA
ASUNTO: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional ni un mecanismo para reabrir debates ya
resueltos por el juez natural.
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Pedro José Arrieta Meléndez contra el
Juzgado Dieciocho Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá D.C. y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección C. La controversia se
circunscribió a los autos proferidos en el incidente de desacato y a la decisión adoptada
en grado jurisdiccional de consulta, sin cuestionar la sentencia de tutela inicial.
I. ANTECEDENTES
1. Acción de tutela
El 14 de noviembre de 2025, Pedro José Arrieta Meléndez, en nombre propio, interpuso
acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la defensa, a la presunción de inocencia, al buen nombre, al patrimonio,
de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, que estimó
vulnerados por el Juzgado Dieciocho Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá
D.C. y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección C, con
ocasión de las decisiones adoptadas dentro del incidente de desacato1.
En virtud de la acción de tutela, el accionante solicitó textualmente:
1 Proceso identificado con número de radicación: 11001-33-35-018-2025-00104-00 del Juzgado Dieciocho
Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá D.C.-Sección Segunda.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07228-00
Accionante: Pedro José Arrieta Meléndez
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
«10.1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela
judicial efectiva y al buen nombre del suscrito.
10.2. En consecuencia, ORDENAR al JUZGADO DIECIOCHO (18)
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. y al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA — SECCION SEGUNDA —
SUBSECCION “A” lo siguiente:
10.3. Inaplicar la sanción y dejar sin efectos el Auto del 6 de agosto de 2025,
proferido por el Juzgado 18 Administrativo Oral de Bogotá D.C., confirmado por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca en grado de consulta, dentro del
incidente de desacato del radicado 11001-33-35-018-2025-00104-00, por haberse
acreditado el cumplimiento material de la orden de tutela y/o la existencia de
imposibilidad jurídica y material debidamente demostrada.
10.4. Comunicar a las autoridades encargadas de la ejecución de la sanción, en
especial a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que la sanción
impuesta ha sido levantada y, por tanto, carece de efectos jurídicos, para lo de su
competencia.
10.5. Ordenar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial — Consejo
Superior de la Judicatura el archivo del proceso de cobro persuasivo/coactivo
iniciado para la ejecución de la multa derivada del incidente de desacato, dejando
constancia de su extinción por pérdida de fundamento jurídico.
10.6. Disponer que los despachos judiciales involucrados acaten y apliquen el
precedente constitucional según el cual procede levantar o inaplicar sanciones de
desacato cuando (i) exista cumplimiento material del fallo, o (ii) se acredite
imposibilidad jurídica o fáctica, conforme a los precedentes SU-556/2014, SU-
050/2022, C-197/2025, entre otros».
La Sala advierte que, aunque en las pretensiones el accionante mencionó al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección A, del expediente se
desprende que la providencia que decide el grado jurisdiccional de consulta del incidente
de desacato fue proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Tercera-Subsección C, autoridad que fue accionada en este trámite.
2. Hechos relevantes
La controversia tuvo origen en la acción de tutela2 promovida por una ciudadana3 que
había superado un concurso de méritos adelantado por la Comisión Nacional del Servicio
Civil e integraba una lista de elegibles vigente correspondiente a una OPEC del sistema
específico de carrera administrativa de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
–DIAN-. La accionante consideró que la DIAN y la CNSC vulneraron sus derechos
fundamentales al no hacer uso efectivo de dicha lista para la provisión del cargo
2 Proceso identificado con número de radicación: 11001-33-35-018-2025-00104-00 del Juzgado Dieciocho
Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá D.C.-Sección Segunda.
3 Paula Alejandra Rojas Siabato.
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Accionante: Pedro José Arrieta Meléndez
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respectivo, pese a su vigencia y a la existencia de vacantes que, a su juicio, debían ser
provistas con fundamento en el principio del mérito.
Dicha acción de tutela inicial fue conocida por el Juzgado Dieciocho Administrativo de
Oralidad del Circuito de Bogotá D.C., autoridad judicial que realizó un análisis amplio
sobre la procedencia excepcional del amparo en materia de concursos de mérito, el
alcance constitucional del principio del mérito y las obligaciones que recaían sobre la
DIAN frente a la provisión de cargos de carrera administrativa. En dicha providencia 4, el
juez constitucional concluyó que la entidad había incurrido en una omisión injustificada
frente al uso de la lista de elegibles y, en consecuencia, amparó los derechos
fundamentales de la accionante inicial.
Como resultado de ese análisis, el Juzgado Dieciocho Administrativo de Oralidad del
Circuito de Bogotá D.C. impartió órdenes dirigidas a que la DIAN adelantara las
actuaciones administrativas necesarias para hacer uso de la lista de elegibles
correspondiente, conforme al marco normativo aplicable y con la coordinación de la
Comisión Nacional del Servicio Civil. En la sentencia reconoció de manera expresa la
complejidad normativa y operativa del sistema específico de carrera administrativa de la
DIAN y precisó que el cumplimiento de la orden exigía la realización de trámites
administrativos reglados y coordinados, sin que se dispusiera un nombramiento
automático ni inmediato. La providencia no formuló reproche personal alguno contra los
funcionarios responsables de su ejecución ni efectuó valoración sobre su conducta
subjetiva.
Una vez ejecutoriada la sentencia de tutela, la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales adelantó actuaciones administrativas orientadas a su cumplimiento,
relacionadas con la verificación de vacantes, la aplicación de criterios de equivalencia
funcional y la coordinación institucional con la Comisión Nacional del Servicio Civil. No
obstante, la provisión efectiva del cargo no se materializó dentro del término inicialmente
concedido en la orden judicial, situación que generó inconformidad en la accionante. Ante
esa circunstancia, el 19 de mayo de 2025, la accionante, por intermedio de apoderado
judicial, promovió incidente de desacato5 con el fin de obtener el cumplimiento de la orden
impartida en la sentencia de tutela. Dicho incidente fue tramitado por el mismo despacho
judicial que profirió la decisión de amparo. Dentro de ese trámite, la DIAN expuso las
4 Sentencia del 21 de abril de 2025.
5 El incidente de desacato se tramitó dentro del mismo expediente de la acción de tutela mencionada.
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Accionante: Pedro José Arrieta Meléndez
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actuaciones adelantadas y las razones jurídicas y operativas que, a su juicio, incidieron
en la materialización de la orden judicial en los plazos fijados.
Mediante providencia del 6 de agosto de 2025, proferida dentro del incidente de desacato,
el juez constitucional concluyó que persistía el incumplimiento de la orden impartida en
la sentencia de tutela, estimó que esta era clara, exigible y conocida por la entidad, e
impuso sanciones personales al señor Pedro José Arrieta Meléndez, quien para ese
momento ejercía funciones directivas en la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, al considerarlo responsable del cumplimiento de la orden judicial.
Contra la decisión adoptada en el incidente de desacato se surtió el respectivo grado
jurisdiccional de consulta. En dicho trámite, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-
Sección Tercera-Subsección C confirmó mediante providencia del 12 de agosto de 2025,
la imposición de las sanciones, al compartir la valoración efectuada sobre la existencia
de incumplimiento de la orden de tutela y la procedencia de las medidas adoptadas.
Con ocasión de las decisiones proferidas dentro del incidente de desacato y de su
confirmación en grado de consulta, el señor Pedro José Arrieta Meléndez promovió la
presente acción de tutela.
3. Fundamentos de la acción
El accionante fundamentó la acción de tutela en que las decisiones proferidas dentro del
incidente de desacato vulneraron sus derechos fundamentales, al haberse impuesto
sanciones personales sin observar las garantías constitucionales que rigen el ejercicio de
la potestad sancionatoria judicial. Sostuvo que el juez del desacato partió de una
concepción objetiva del incumplimiento de la orden de tutela y omitió analizar si dicho
incumplimiento le era subjetivamente imputable, pese a que la jurisprudencia
constitucional exige la verificación de dolo o culpa para la procedencia de sanciones por
desacato.
En ese sentido, afirmó que las providencias cuestionadas desconocieron el precedente
constitucional reiterado sobre la naturaleza no objetiva del desacato, al equiparar el
incumplimiento material de la orden con responsabilidad automática del funcionario.
Indicó que el juez prescindió del análisis de la conducta personal del accionante y de las
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Accionante: Pedro José Arrieta Meléndez
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circunstancias concretas que rodearon el cumplimiento de la orden, lo que, a su juicio,
configuró una aplicación indebida del régimen jurídico del desacato.
De igual forma, el accionante sostuvo que las decisiones sancionatorias incurrieron en
una indebida valoración del acervo probatorio, pues no se tuvieron en cuenta las pruebas
aportadas que acreditaban las actuaciones administrativas adelantadas por la DIAN para
dar cumplimiento a la sentencia de tutela, los cronogramas de trabajo, las
comunicaciones institucionales y las explicaciones relativas a la complejidad normativa y
operativa del uso de listas de elegibles en el sistema específico de carrera administrativa.
Afirmó que esa omisión probatoria condujo a conclusiones carentes de sustento fáctico
suficiente.
Asimismo, señaló que el juez del desacato desconoció el alcance real de la sentencia de
tutela que dio origen al incidente, en tanto dicha providencia no ordenó un nombramiento
inmediato ni automático, sino que reconoció expresamente que el cumplimiento exigía la
realización de trámites administrativos reglados y coordinados con la Comisión Nacional
del Servicio Civil. En criterio del accionante, esa circunstancia fue ignorada al momento
de imponer las sanciones, al exigirse un resultado inmediato incompatible con el
contenido de la orden judicial.
El accionante adujo, además, que las sanciones impuestas vulneraron el principio de
presunción de inocencia, al derivarse reproche personal sin prueba de intención o
negligencia en su actuar, lo cual afectó su buen nombre como servidor público. Señaló
también que la imposición de sanciones pecuniarias y el inicio de actuaciones de cobro
coactivo generaron una afectación directa a su patrimonio.
Finalmente, sostuvo que la acción de tutela constituía el único mecanismo judicial eficaz
para cuestionar las decisiones adoptadas en el incidente de desacato, dado que estas
adquirieron firmeza tras surtirse el grado jurisdiccional de consulta y produjeron efectos
inmediatos, lo que, a su juicio, comprometió su derecho de acceso a la administración de
justicia.
4. Trámite procesal
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Accionante: Pedro José Arrieta Meléndez
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El 24 de noviembre de 2025 se admitió la acción de tutela6 y se ordenó su notificación a
las autoridades judiciales accionadas, así como a Paula Andrea Rojas Siabato, como
tercera interesada en el resultado de la acción. Se vinculó a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado y se publicó la providencia en la página del Consejo de
Estado, para quienes tengan interés en el asunto. Asimismo, se solicitó al Juzgado
Dieciocho Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá D.C. que remitiera copia
digital del expediente identificado con el radicado 11001-33-35-018-2025-00104-00,
contentivo del proceso de tutela iniciado por Paula Andrea Rojas Siabato contra la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN y la Comisión Nacional de Servicio
Civil-CNSC. Además, se negó la medida provisional, al no observar el riesgo de un
perjuicio irremediable que se materializara mientras se resolvía la presente acción.
En el escrito de contestación, el Juzgado Dieciocho Administrativo de Oralidad del
Circuito de Bogotá D. C allegó el enlace del expediente requerido y solicitó declarar la
improcedencia de la acción de tutela. Sostuvo que la tutela se interpuso contra sentencias
de tutela proferidas el 21 de abril y el 28 de mayo de 2025, dictadas en primera y segunda
instancia por ese despacho y por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Tercera-Subsección C, las cuales adquirieron firmeza y no fueron seleccionadas para
revisión por la Corte Constitucional. No obstante, la Sala precisa que el accionante dirigió
el amparo únicamente contra los autos del incidente de desacato y la decisión adoptada
en el grado jurisdiccional de consulta que impusieron sanciones personales, sin
cuestionar la sentencia de tutela inicial.
Explicó que la orden impartida en la sentencia del 21 de abril de 2025 fue clara, concreta
y exigible, en cuanto imponía al director corporativo de la DIAN el deber de reportar las
vacantes del cargo correspondiente, solicitar el uso de la lista de elegibles contenida en
la Resolución 7484 del 12 de marzo de 2024 ante la Comisión Nacional del Servicio Civil
y efectuar los nombramientos en período de prueba. Indicó que dicha orden se sustentó
en la prevalencia del principio del mérito y en la aplicación del artículo 125 de la
Constitución Política y del artículo 36, parágrafo transitorio, del Decreto Ley 927 de 2023,
los cuales no podían verse desplazados por trámites internos o por la autonomía
administrativa del nominador.
El despacho afirmó que no existió imposibilidad material ni jurídica de cumplimiento, pues,
aunque la entidad debía adelantar trámites administrativos internos, ello no justificaba la
6 SAMAI, índice 4.
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Accionante: Pedro José Arrieta Meléndez
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mora prolongada en hacer efectiva la lista de elegibles. Señaló que, pese a concederse
un plazo inicial de 48 horas y al transcurrir más de tres meses sin cumplimiento, la DIAN
persistió en anteponer consideraciones administrativas, lo que hizo procedente la
imposición de sanciones por desacato mediante auto del 6 de agosto de 2025, decisión
que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante auto del 12
de agosto de 2025.
Finalmente, el Juzgado Dieciocho Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá D.C.
indicó que las razones expuestas por el accionante constituían simples discrepancias con
decisiones judiciales adoptadas en ejercicio regular de la función jurisdiccional, advirtió
la existencia de otra acción de tutela promovida por un exdirector de la DIAN por los
mismos hechos y pretensiones, y concluyó que la presente acción carecía de vocación
de prosperidad.
Por su parte, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales-DIAN, a través de su apoderada, coadyuvó la acción de tutela promovida por
Pedro José Arrieta Meléndez y solicitó acceder a las pretensiones del amparo. Sostuvo
que las sanciones pecuniarias impuestas dentro del incidente de desacato por el Juzgado
Dieciocho Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá D.C., y confirmadas por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, vulneraron los derechos fundamentales del
accionante, al desconocer la complejidad material y jurídica del procedimiento aplicable
al uso de listas de elegibles en el sistema específico de carrera administrativa de la DIAN.
Explicó que dicho procedimiento exigió etapas regladas como la verificación de vacantes,
la resolución de empates, la aplicación de criterios de preferencia, la intervención de la
Comisión Nacional del Servicio Civil y la evaluación de situaciones de estabilidad laboral
reforzada, conforme al Decreto Ley 927 de 2023, el Acuerdo CNSC 166 de 2020 y normas
internas vigentes.
La entidad afirmó que el término de cuarenta y ocho (48) horas concedido para el
cumplimiento de la orden de tutela resultó materialmente imposible y desconoció la
autonomía del nominador para planificar y administrar el talento humano, en los términos
del Decreto 1083 de 2015. Señaló que las autoridades judiciales incurrieron en una
valoración probatoria incompleta, al no considerar las pruebas que acreditaban que la
DIAN inició oportunamente los trámites, adoptó un cronograma concreto y adelantó
acciones positivas orientadas al cumplimiento del fallo. Destacó que, a la fecha, la orden
judicial ya había sido cumplida mediante el nombramiento de la accionante inicial.
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Accionante: Pedro José Arrieta Meléndez
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Finalmente, la DIAN sostuvo que no se configuró responsabilidad subjetiva en cabeza de
los funcionarios sancionados, incluido Pedro José Arrieta Meléndez, pues no existió dolo
ni culpa, sino una actuación diligente dentro de los límites fácticos y jurídicos posibles,
conforme a los criterios objetivos y subjetivos fijados por la Corte Constitucional para el
trámite del desacato. En consecuencia, solicitó revocar o inaplicar las sanciones
impuestas, ordenar el archivo de los incidentes de desacato y disponer la terminación del
proceso de cobro coactivo derivado de dichas sanciones. Junto con el memorial,
adjuntaron copia del cronograma adoptado para cumplir las órdenes del fallo y la relación
de nombramientos y posesiones.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección C guardó
silencio.
II. CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela contra los autos proferidos dentro
del incidente de desacato y la decisión adoptada en grado jurisdiccional de consulta 7,
dictados por el Juzgado Dieciocho Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá D.C.
y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección C, cumplen
con los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
de ser el caso, si con su expedición se vulneraron los derechos fundamentales invocados
por el accionante.
6. Análisis de la sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86
de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo No. 80 del 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de la Corporación.
7 Providencias del 6 de agosto y 12 de agosto de 2025.
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Accionante: Pedro José Arrieta Meléndez
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente
contra providencias judiciales, si se advierte la afectación manifiesta y grosera de un
derecho constitucional fundamental 8 . De conformidad con su jurisprudencia, la tutela
contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) que
la controversia tenga relevancia constitucional; (ii) que el afectado haya agotado todos
los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que
se configure un perjuicio irremediable; (iii) que la tutela se formule con inmediatez; (iv) si
se trata de una irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; (v)
que la solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; y (vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de
tutela9.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una prueba;
falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un precepto; error
inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del «precedente»
constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación directa de la
Constitución.
Relevancia constitucional
La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional 10:
(i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo cual no basta con
enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se deben expresar las
razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto de tales
derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) que la tutela no constituya
una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia
acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto constitucional y no meramente
legal y/o económico.
8 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
9 Ibidem.
10 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03
15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07228-00
Accionante: Pedro José Arrieta Meléndez
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
En sentencia SU-215 de 2022 la Corte Constitucional reiteró que los elementos antes
expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que «la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que excluye su
formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a la
controversia judicial». Precisó que el requisito de relevancia constitucional es
consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad de los
jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional. Además de
lo anterior, la Corte indicó que:
«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades principales; a
saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad
de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia
adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal».
Caso concreto
En el presente asunto, la Sala examina la acción de tutela promovida por Pedro José
Arrieta Meléndez contra los autos proferidos dentro del incidente de desacato y la
decisión adoptada en el grado jurisdiccional de consulta, dictados por el Juzgado
Dieciocho Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá D.C. y por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección C, mediante los cuales se
le impuso una sanción pecuniaria derivada del incumplimiento de una orden judicial.
Desde el inicio del análisis, la Sala precisa que la acción no se dirigió contra la sentencia
de tutela inicial, ni cuestionó su legalidad, corrección o fuerza vinculante, sino que se
circunscribió de manera exclusiva a controvertir la constitucionalidad de las decisiones
adoptadas al decidir el incidente de desacato que impusieron sanciones personales al
accionante.
Como antecedente relevante, se constató que la sentencia de tutela proferida el 21 de
abril de 2025, confirmada el 28 de mayo del mismo año, ordenó a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN adelantar las actuaciones necesarias para hacer
uso de una lista de elegibles vigente, conforme al principio constitucional del mérito. En
dicha providencia, el juez constitucional reconoció que el cumplimiento de la orden exigía
actuaciones administrativas regladas, como la identificación de vacantes, la solicitud de
autorización para el uso de la lista ante la Comisión Nacional del Servicio Civil y la
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Accionante: Pedro José Arrieta Meléndez
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expedición de los actos administrativos correspondientes, sin disponer un nombramiento
inmediato ni automático y sin formular reproche personal alguno contra los funcionarios
responsables de su ejecución. Al respecto falló:
«PRIMERO. TUTELAR los derechos constitucionales fundamentales de acceso a
la función pública o a la carrera administrativa por concurso de méritos, al trabajo
y al debido proceso administrativo de la señora PAULA ALEJANDRA ROJAS
SIABATO, que fueron vulnerados por la DIRECCION DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES – DIAN, por las razones expuestas a lo largo de este
proveído.
SEGUNDO. ORDENAR al representante legal, al Director General y al Jefe de
Talento Humano de la DIAN y/o las personas que hagan sus veces para estos
asuntos, que en el término cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la comunicación
de la presente providencia, agote el trámite de nombramiento en periodo de prueba
de los elegibles faltantes que integran la Resolución 7484 del 12 de marzo de 2024
y, en las siguientes cuarenta y ocho (48) horas reporte las vacantes, tanto
ofertadas como no ofertadas del cargo Gestor I, Código 301, Grado 1, ficha del
MERF AF-LF-3007, correspondiente a la OPEC 198341, y solicite el uso de la lista
de elegibles contenida en la Resolución 7484 del 12 de marzo de 2024 a la CNSC.
En caso de respuesta afirmativa de la CNSC, dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la comunicación de la autorización por parte de la CNSC,
proceda a efectuar el nombramiento en periodo de prueba en estricto orden
descendente hasta que se provean las vacantes reportadas del aludido cargo, sin
perjuicio de las acciones afirmativas frente al personal en provisionalidad que sean
sujetos de especial protección constitucional, conforme a lo aquí expuesto.
TERCERO. ORDENAR al representante legal, al Presidente y al Director(a) de
Administración de Carrera Administrativa (DACA) de la Comisión Nacional del
Servicio Civil, CNSC, y/o las personas que hagan sus veces que, una vez recibido
el reporte de vacantes en el cargo de Gestor I, Código 301, Grado 1 ficha del MERF
AF-LF 3007, correspondientes a la OPEC 198341, con la solicitud de uso de la lista
de elegibles contenida en la Resolución 7484 del 12 de marzo de 2024, por parte
de la DIAN, expida dentro de los dos (2) días siguientes, la comunicación de
autorización o no autorización de uso de la citada lista de elegibles con destino a
la DIAN, conforme a lo aquí expuesto.
(…)11».
Posteriormente, ante la falta de materialización de la orden dentro del término fijado, se
promovió incidente de desacato. En ese trámite, el Juzgado Dieciocho Administrativo de
Oralidad del Circuito de Bogotá D.C. requirió a la entidad para que informara sobre el
estado de cumplimiento y evaluó las explicaciones ofrecidas. De la contestación rendida
por dicho despacho dentro de la presente acción de tutela se desprendió que la orden
impartida en la sentencia fue clara, concreta y exigible, pues imponía deberes específicos
al director corporativo de la DIAN, relacionados con el reporte de vacantes, la solicitud de
uso de la lista de elegibles y la adopción de los nombramientos correspondientes.
Asimismo, se indicó que la entidad contó con un plazo suficiente para adelantar dichas
11 Juzgado Dieciocho Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá D.C.-Sección Segunda, juez Javier Leonardo
López Higuera. 21 de abril de 2025. Rad. No. 11001-33-35-018-2025-00104-00.
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Accionante: Pedro José Arrieta Meléndez
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
actuaciones, que superó ampliamente el término inicial concedido, sin que se evidenciara
un avance efectivo orientado a materializar el resultado ordenado.
En ese contexto, el juez del desacato concluyó que persistía el incumplimiento de la orden
judicial y que las razones expuestas por el accionante no demostraban una imposibilidad
material o jurídica que excluyera su responsabilidad. En consecuencia, impuso una
sanción pecuniaria consistente en multa equivalente a un (1) salario mínimo mensual
vigente. Al respecto sostuvo:
«El análisis objetivo y subjetivo del comportamiento del Director General, Director
de Gestión Corporativa y el Subdirector de Gestión de Empleo Público de la DIAN,
permite arribar a la conclusión que no ha cumplido con el fallo de tutela de 21 de
abril de 2025, confirmado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
mediante sentencia de 28 de mayo de 2025 y, por consiguiente, se configura el
desacato a orden de judicial.
Por manera que el Despacho declarará responsable a las autoridades judiciales
arriba identificadas, lo que implica sancionarlos con multa de un (1) salario mínimo
legal mensual vigente, de acuerdo con el artículo 52 del decreto 2591 de 1991.
Igualmente, se les prevendrá que, de continuar con la conducta de desacato, se
pueden imponer nuevas sanciones pecuniarias, incluso hasta el arresto, pues la
orden judicial no es imposible de cumplir12».
Dicha decisión que fue confirmada en grado jurisdiccional de consulta por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección C, al estimar que la orden
había sido desatendida pese al tiempo transcurrido y a los requerimientos efectuados:
«La Sala constata que el mandato judicial objeto de examen se encuentra, de
manera objetiva, incumplido. En consecuencia, se tiene por demostrado el primer
elemento constitutivo de la responsabilidad por desacato, en la medida en que, tal
como lo advirtió el a quo, la DIAN no acreditó haber emitido los actos
administrativos de nombramiento ordenados, pese al tiempo transcurrido entre la
fecha de autorización emitida por la CNSC, el 13 de junio de 2025, y 6 de agosto
siguiente.
(…)
Particularmente, y tal como lo señaló el a quo, se autorizó a la DIAN para proveer
las vacantes ofertadas hasta el puesto 60, con lo cual se agota la lista de elegibles
correspondiente a las vacantes ofertadas en la Resolución 7484 del 12 de marzo
de 2024; pero, las vacantes no ofertadas fueron autorizadas para ser provistas con
los aspirantes ubicados desde el puesto 61 hasta el 147, dentro de las cuales se
encuentra la aquí actora.
(…)
12 Juzgado Dieciocho Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá D.C.-Sección Segunda, juez Javier Leonardo
López Higuera. 6 de agosto de 2025. Rad. No. 11001-33-35-018-2025-00104-00.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07228-00
Accionante: Pedro José Arrieta Meléndez
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Con todo, no se advierte justificación válida que ampare el incumplimiento del fallo
de tutela, por lo que la omisión resulta subjetivamente imputable a la entidad
accionada. En efecto, el término legal para efectuar los nombramientos en período
de prueba, contado desde la autorización de uso de listas de elegibles, fue
excedido en más de un mes, sin que se hubiesen aportado razones objetivas o
pruebas que acrediten la imposibilidad material o jurídica de su ejecución oportuna,
circunstancia que permite deducir negligencia en el acatamiento de la orden
judicial.
(…)
En consecuencia, tanto Luis Eduardo Llinás Chica, en su calidad de director
general de la DIAN, como Pedro José Arrieta Melendrez, director de Gestión
Corporativa, y Carlos Andrés Vargas García, subdirector de Gestión de Empleo
Público, ostentan competencia funcional y responsabilidad directa en la
materialización de la orden impartida mediante el fallo de tutela del 21 de abril de
2025. Esta competencia no se limita a una atribución meramente formal, sino que
comporta la obligación jurídica de velar por la ejecución eficaz y oportuna del acto
de nombramiento, de modo que su omisión configura un incumplimiento
susceptible de sanción por desacato.
(…)
Siendo así, la Sala estima razonable sancionar con la multa indicada al director
general, al director de Gestión Corporativa y al subdirector de Gestión de Empleo
Público de la DIAN por haber incurrido en desacato. Adicionalmente, aquélla tiene
la potencialidad de persuadirlos a acatar la orden de tutela y así materializar el
amparo en la efectiva protección de los derechos fundamentales de la accionante.
(…)
Estando acreditada la responsabilidad objetiva y subjetiva por desacato de los
funcionarios incidentados, y habiendo concluido que una multa individual de 1
salario mínimo mensual vigente cumple con la finalidad propia del incidente de
desacato y su aplicación fue el resultado de trámite adelantado con respeto del
derecho fundamental al debido proceso, la Subsección concluye la procedencia y
necesidad de confirmar la decisión proferida por en primera instancia13».
A partir de ese marco, el accionante sostuvo que las decisiones sancionatorias vulneraron
sus derechos fundamentales, por cuanto, a su juicio, se impuso la sanción con base en
una concepción objetiva del desacato, sin análisis suficiente de la responsabilidad
subjetiva. Alegó, en primer lugar, que existió imposibilidad material y jurídica para cumplir
la orden dentro del término fijado, debido a la complejidad normativa del procedimiento
administrativo requerido. No obstante, la Sala advierte que dicho planteamiento fue
examinado por las autoridades judiciales al decidir el incidente de desacato, las cuales
concluyeron que la complejidad del trámite no justificó la ausencia de resultados
concretos ni la falta de avances sustanciales durante un lapso prolongado. La valoración
efectuada por el juez del desacato y por la autoridad de consulta no evidenció
arbitrariedad, sino un juicio razonado sobre la suficiencia de las gestiones desplegadas.
13 Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección C, M.P. José Élver Muñoz Barrera. 12 de
agosto de 2025. Rad. No. 11001-33-35-018-2025-00104-02.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07228-00
Accionante: Pedro José Arrieta Meléndez
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
El accionante también afirmó que se desconoció la autonomía técnica y administrativa
del nominador. Sin embargo, la Sala observa que la orden judicial no sustituyó la
competencia administrativa de la DIAN ni impuso decisiones discrecionales específicas,
sino que exigió el cumplimiento de deberes constitucionales y legales previamente
definidos, orientados a garantizar el acceso a la función pública con base en el mérito.
En ese sentido, la intervención judicial no desbordó los límites del control constitucional
ni anuló la autonomía administrativa, sino que buscó asegurar la eficacia de un fallo de
tutela ejecutoriado.
De igual forma, el accionante sostuvo que el juez del desacato omitió valorar las pruebas
aportadas y las actuaciones adelantadas por la entidad. Al respecto, la Sala constata que
los autos reprochados hicieron referencia expresa a las explicaciones presentadas, a los
documentos allegados y al tiempo transcurrido sin que se materializara el cumplimiento.
La conclusión adversa al accionante no obedeció a una omisión probatoria, sino a una
valoración judicial desfavorable de dichos elementos, lo cual se inscribió dentro del
margen de apreciación propio del juez natural y no configuró un defecto fáctico de
relevancia constitucional.
En cuanto al argumento relativo al desconocimiento del precedente constitucional sobre
la exigencia de dolo o culpa en el desacato, la Sala advierte que las autoridades judiciales
no prescindieron de ese análisis, sino que, a partir de las circunstancias del caso,
consideraron que el incumplimiento persistente, pese a los requerimientos y al tiempo
concedido, permitió predicar responsabilidad subjetiva en cabeza del accionante. Esa
inferencia, aunque discutible desde la óptica del accionante, no resultó irrazonable ni
contraria de manera manifiesta a la jurisprudencia constitucional.
Finalmente, la Sala observa que el conjunto de reproches formulados en la acción de
tutela se orientó a obtener una nueva valoración sobre la razonabilidad de los plazos
otorgados, la suficiencia de las gestiones administrativas y la procedencia de la sanción
impuesta. Tales aspectos corresponden al núcleo del debate resuelto por el juez del
desacato y por la autoridad de consulta, y no constituyen, por sí mismos, un problema
constitucional autónomo que habilite la intervención excepcional del juez de tutela, dado
que del análisis realizado por los jueces no se evidencia la ausencia de un juicio de
responsabilidad de las autoridades judiciales llamadas cumplir con la orden, si no una
inconformidad con el resultado por parte del accionante. El juez constitucional de tutela
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07228-00
Accionante: Pedro José Arrieta Meléndez
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
no puede intervenir en una decisión que ya surtió su trámite natural. Desplazar a los
jueces naturales, implicaría la materialización de una tercera instancia, circunstancia
ajena a la procedencia de la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por Pedro José
Arrieta Meléndez contra el Juzgado Dieciocho Administrativo de Oralidad del Circuito de
Bogotá D.C. y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección
C, por no cumplirse el requisito de relevancia constitucional, de conformidad con la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
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