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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07230-01

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07230-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. REVOCAR la sentencia de 11 de diciembre de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta que declaró la improcedencia de la acción de tutela. En su lugar, NEGAR las pretensiones formuladas por la señora Esperanza Elena Sierra Ochoa. 2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07230-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

19 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-07230-01
Demandante ESPERANZA ELENA SIERRA OCHOA
Demandada TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA TERCERA
DE DECISIÓN ORAL
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Defecto por violación
directa de la Constitución. Defecto fáctico. Acción de cumplimiento.
Demolición obra.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la señora Esperanza Elena Sierra
Ochoa contra el fallo de tutela de 11 de diciembre de 2025, proferido por el Consejo
de Estado, Sección Quinta que dispuso lo siguiente:
«PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo ejercida por la señora
Esperanza Elena Sierra Ochoa contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera
de Decisión».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 14 de noviembre de 2025, la señora Esperanza Elena Sierra Ochoa interpuso
acción de tutela, en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Tercera de Decisión Oral, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, con
ocasión de la sentencia de 12 de mayo de 2025 proferida en la acción de
cumplimiento 05001-33-33-011-2025-00079-01.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
(transcripción literal)
«9.1. Que se conceda el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso
efectivo a la administración de justicia y a la eficacia de las acciones constitucionales,
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Antioquia al proferir la sentencia del 12 de
mayo de 2025 dentro de la acción de cumplimiento radicada 05001-33-33-011-2025-
00079-00. Dicha providencia fue emitida mediante radicado 05001-33-33-011-2025-
00079 01.
9.2. Que, en consecuencia, se deje sin efectos la providencia emitida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia que revocó la sentencia de primera instancia y declaró
improcedente la acción de cumplimiento, por haberse dictado con violación directa del
artículo 87 de la Constitución Política y por incurrir en un defecto fáctico al fundamentar
su decisión en hechos no probados.
9.3. Que se ordene al Tribunal Administrativo de Antioquia emitir una nueva decisión en la
que: • se valore integralmente el acervo probatorio, • se respete el alcance
constitucional de la acción de cumplimiento, • y se garantice el estudio adecuado de
los mandatos contenidos en los artículos 135 (parágrafo 5) y 223 (parágrafo 3) de la
Ley 1801 de 2016, conforme a la interpretación efectuada por el juez de primera
instancia. O, subsidiariamente —si lo estima más garantista— que se restablezca la
sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Once Administrativo Oral del
Circuito de Medellín, la cual reconoció correctamente la renuencia administrativa y
ordenó el cumplimiento del acto.

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Demandante: Esperanza Elena Sierra Ochoa

9.4. Que se adopten todas las medidas necesarias para asegurar la protección efectiva de
los derechos fundamentales vulnerados, incluida cualquier instrucción adicional para
evitar que la autoridad accionada incurra nuevamente en decisiones contrarias al
alcance constitucional de la acción de cumplimiento, como la condena en costas, entre
otras».

2. Hechos

Del expediente, los hechos relevantes son los siguientes:

2.1. La señora Esperanza Elena Sierra Ochoa interpuso acción de cumplimiento
contra el Municipio de Girardota (Antioquia), a fin de que este último acatara
lo dispuesto en el artículo 135, parágrafo 5 y artículo 223, parágrafo 3 de la Ley
1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana), que
consagran lo siguiente:
Artículo 135, parágrafo 5
«Cuando el infractor incumple la orden de demolición, mantenimiento o reconstrucción, una
vez agotados todos los medios de ejecución posibles, la administración realizará la actuación
urbanística omitida a costa del infractor».
Artículo 223, parágrafo 3
«Si el infractor o perturbador no cumple la orden de Policía o la medida correctiva, la autoridad
de Policía competente, por intermedio de la entidad correspondiente, podrá ejecutarla a costa
del obligado, si ello fuere posible. Los costos de la ejecución podrán cobrarse por la vía de la
jurisdicción coactiva».

Asimismo, consideró incumplido el oficio de 27 de febrero de 2024 emitido por
la Inspección de Policía de Girardota y dirigido a la Secretaría de
Infraestructura, en el que se dispuso lo siguiente:
«Me permito remitir decisión emitida por medio de la Resolución 5432 del 6 de diciembre de
2023, por medio de la cual se impone la medida correctiva de demolición de obra, la cual fue
confirmada por medio de la Resolución Nro. 5565 del 20 de diciembre de 2023, emitida por el
Alcalde Municipal, dentro del proceso verbal abreviado, por comportamientos contrarios a la
integridad urbanística adelantado por la Inspección de Policía:
Radicado: 2022-1801-095
Infractor(a): MARGARITA MARIA GOMEZ SALAZAR
Decisión: Resolución 5432 del 6 de diciembre de 2023 Resolución 5565 del 20 de diciembre
de 2023
Lo anterior, de conformidad a lo establecido en el Decreto Municipal 018 del 19 de enero del
2024, por medio del cual se delegó la competencia para la ejecución de dicha medida
correctiva, a la Secretaría que usted lidera».

La señora Esperanza Elena Sierra Ochoa argumentó que tales preceptos
normativos no han sido cumplidos. Sostuvo que ante la renuencia de Margarita
María Gómez Salazar de demoler la obra que construyó en su predio, el
Municipio de Girardota tiene el deber de realizar la demolición, tal como lo
establecen las normas transcritas.

2.2. En sentencia de 22 de abril de 2025, el Juzgado Once Administrativo de
Medellín (expediente 05001-33-33-011-2025-00079-00) accedió a las
pretensiones de la acción de cumplimiento.

El Juzgado explicó que el articulado invocado por la parte actora y el oficio por
sí solos no tienen fuerza ejecutiva. Sin embargo, adujo que el oficio de 27 de
febrero de 2024 de la Inspección de Policía de Girardota dirigido a la
Secretaría de Infraestructura versa sobre las Resoluciones 5432 del 6 de
diciembre de 2023, 5624 del 27 de diciembre de 2023 y 5565 del 20 de
diciembre de 2023. En estas últimas sí se consagra una obligación que en

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principio correspondió a un particular, pero ante su renuencia en el
cumplimiento correspondía a la autoridad administrativa.

La medida correctiva impuesta por la Inspección de Policía de Girardota a la
particular Margarita María Gómez Salazar consistente en la demolición de
obra no fue cumplida. Por tanto, correspondía al Municipio de Girardota
realizar la actuación urbanística omitida a costa del infractor, la cual a la fecha
no ha sido cumplida, sin justificación alguna.

Con base en lo anterior, el Juzgado Once ordenó a la Alcaldía de Girardota
cumplir la orden impartida en la Resolución 5432 del 6 de diciembre de 2023,
consistente en:
«Imponer la siguiente medida correctiva a la señora MARGARITA MARIA GÓMEZ SALAZAR:
1) DEMOLICIÓN DE OBRA, la cual se deberá realizar conforme al informe técnico emitido
por la Secretaría de Planeación y desarrollo Urbano a folios 2 y 3. Dicha demolición debe
llevarse a cabo en el término de cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria de la presente
decisión, de acuerdo a lo establecido en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016» (transcripción
literal).

2.3. La anterior decisión fue apelada por ambas partes. La señora Esperanza
Elena Sierra Ochoa consideró que debía condenarse en costas a la parte
vencida, es decir a la Alcaldía de Girardota. Por su parte, el Municipio de
Girardota expresó las razones de inconformidad frente a la sentencia de
primera instancia, como el hecho de que la orden de demolición no es más
que una acción excepcional de la entidad territorial.

2.4. Mediante sentencia de 12 de mayo de 20251, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Tercera de Decisión Oral revocó la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, declaró la improcedencia de la acción de
cumplimiento.

La razón de su decisión consistió en que las disposiciones invocadas por la
accionante como incumplidas no contienen un mandato imperativo e
inobjetable dirigido a la Alcaldía de Girardota. En otras palabras, de tales
preceptos normativos no se deriva una obligación irrefutable a cargo del
alcalde municipal; por el contrario, estos tan solo consagran la posibilidad de
que sea la Administración la que ejecute la demolición.

3. Fundamentos de la acción

Tras considerar que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales, la parte actora argumentó que el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión Oral incurrió en los defectos
por violación directa de la Constitución y fáctico, por las razones que a continuación
se expondrán.

3.1. Violación directa de la Constitución: se desconoció el artículo 87
constitucional que consagra la acción de cumplimiento, cuyo fin es garantizar
que las obligaciones fijadas por el legislador o la administración se cumplan
realmente y no queden como letra muerta.

El razonamiento del Tribunal Administrativo de Antioquia, al afirmar que «la
obligación recae en la infractora y no en el ente territorial» y que la intervención de la
administración solo procede «tras agotar todos los medios de ejecución posibles en
contra del infractor» es erróneo y desconoce el propósito constitucional de la
acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la Constitución.

1 El mensaje de datos a efectos de surtir la notificación de la sentencia de segunda instancia se remitió el 22 de abril de
2025.

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Enfatizó que de acuerdo con el artículo 135, parágrafo 5 de la Ley 1801 de 2016
a la administración le corresponde «realizar la actuación urbanística omitida a costa del
infractor», en el evento de que este último incumpla la medida correctiva
impuesta. De manera que la Administración no tiene una facultad discrecional,
sino una obligación clara, perentoria e inobjetable que se activa en el momento
en que el infractor desobedece, como ocurrió en el caso.

Y esa desobediencia quedó plenamente demostrada en el expediente, tanto
por la inactividad de la infractora como por las reiteradas solicitudes hechas
por la Inspección de Policía a la Secretaría de Infraestructura, sin respuesta
efectiva durante más de un año.

El juez de primera instancia entendió correctamente que la responsabilidad se
trasladaba a la administración una vez vencido el plazo sin cumplimiento por
parte del infractor. Pretender lo contrario avala que, en el evento de que la
infractora no cumpla con la medida correctiva, las decisiones administrativas
quedan en letra muerta. Aceptar el criterio del Tribunal implicaría legitimar la
inacción institucional indefinida y frustrar la razón de ser de la acción de
cumplimiento: garantizar que las obligaciones públicas se ejecuten de manera
real y efectiva.

De otra parte, aseguró que la interpretación que hizo el Tribunal del parágrafo
3° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, según la cual la norma no contiene
un mandato claro, expreso y exigible por utilizar la expresión “podrá” es
contraria al artículo 87 de la Constitución.

La expresión “podrá”, en el contexto de las medidas correctivas urbanísticas,
no configura una facultad discrecional, sino una habilitación jurídica para
ejecutar la medida cuando el infractor incumple. Y ese incumplimiento está
plenamente acreditado en el expediente. El verbo “podrá” es empleado en la
norma porque la Administración solo puede ejecutar la medida después de que
el infractor incumpla; es decir, se activa una vez se advierte la desobediencia
del sujeto a quien se le impuso la medida correctiva.

Por su parte, la expresión “si ello fuere posible” no se refiere a la supuesta
libertad de la Administración para decidir si quiere o no ejecutar la demolición.
Esa expresión se refiere, según la estructura normativa del Código de
Seguridad y Convivencia, a imposibilidades materiales inherentes a la
naturaleza de la orden, como sucede cuando la medida correctiva solo puede
ser cumplida por el infractor porque involucra aspectos personalísimos o
actuaciones que exigen una conducta no trasladable a la Administración. Por
ejemplo, medidas correctivas que implican comportamientos no delegables,
como asistir a cursos pedagógicos o abandonar voluntariamente una conducta
específica. Pero la demolición no está en ese grupo. La demolición es por
definición una actuación perfectamente delegable y ejecutable por la autoridad
a costa del infractor. La propia ley lo ordena así.

La finalidad del parágrafo 3° del artículo 223 es impedir que el incumplimiento
del infractor paralice la actuación estatal. La norma no dice ni sugiere que la
Administración pueda optar por no ejecutar la medida. Por el contrario,
establece que debe hacerlo cuando el infractor no cumple.

Por eso, la interpretación del Tribunal lesiona directamente la Constitución,
porque convierte una obligación legal ejecutable en una mera expectativa,
elimina la eficacia de la acción de cumplimiento y avala la inactividad estatal
incluso frente a mandatos expresos de restablecimiento del orden urbanístico.

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3.2. Defecto fáctico: el Tribunal accionado asumió como ciertos los argumentos
de la Secretaría de Infraestructura según los cuales no podía ejecutar la
demolición por no contar con un contrato, por requerir procesos de
planificación, estudios y trámites internos y por otras circunstancias
administrativas. Sin embargo, ninguna de esas alegaciones fue respaldada por
pruebas en el expediente. No existe prueba de gestiones contractuales,
administrativas o técnicas orientadas al cumplimiento.

Si la Secretaría de Infraestructura no realizó ninguna gestión de contratación
en 14 meses, si no aportó solicitudes internas, si no adelantó estudios previos,
si no inició procesos de selección, si no tramitó disponibilidad presupuestal, si
no diseñó plan de intervención, ¿cómo puede afirmar el Tribunal que la
demolición era “imposible”?

En suma, no existe ni un solo documento que demuestre que la entidad
hubiera siquiera iniciado con suficiencia las gestiones que ahora usa como
excusa para justificar su inactividad. Y aceptar como probada la supuesta
imposibilidad de ejecutar la obra sin un solo soporte, constituye un defecto
fáctico en cabeza del Tribunal accionado.

4. Trámite e intervenciones

4.1. Mediante auto de 21 de noviembre de 2025, se admitió la acción de tutela
interpuesta por la señora Esperanza Elena Sierra Ochoa contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión Oral. Asimismo, se
vinculó al Juzgado Once Administrativo de Medellín, al Municipio de Girardota
y a la señora Margarita María Gómez Salazar, propietaria del inmueble objeto
de la acción de cumplimiento; y se ordenó efectuar las notificaciones
correspondientes.

4.2. El Juzgado Once Administrativo de Medellín sostuvo que se atiene a lo
probado y remitió el expediente del medio de control.

4.3. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión Oral
manifestó que la acción de cumplimiento procede únicamente en los eventos
en que el deber jurídico, cuya observancia se exige, esté consagrado en
normas con fuerza de ley o en actos administrativos, de una manera
inobjetable y exigible a la autoridad de la cual se reclama su efectivo
cumplimiento.

En el caso la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia
concluyó que las normas cuyo cumplimiento se solicitaba no contenían un
mandato claro, expreso y exigible. La demandante solicitó que se ordene al
Municipio de Girardota cumplir el parágrafo 5 del artículo 135 y el parágrafo 3°
del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016. Sin embargo, tales normas establecen
una condición previa para que la Administración pueda ejecutar, en este caso,
la demolición ordenada a la infractora. Esto denota que tales normas no
contienen un mandato inobjetable en cabeza de la entidad demandada.

Agregó que la demolición en cabeza de la entidad, luego de agotados todos
los medios de ejecución posibles, «genera gastos a la administración y en
consecuencia no puede ser objeto de la acción de cumplimiento».

En consecuencia, sostuvo que no le asiste razón a la tutelante al afirmar que
la Corporación debió ordenar al Municipio de Girardota proceder con la
demolición, mediante la acción de cumplimiento. Y la razón no es otra que las
normas invocadas no contienen un mandato imperativo, sino que, contrario a
ello, existe un condicionamiento para que la Administración pueda ejecutar lo

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correspondiente. Por ese motivo, la acción de cumplimiento interpuesta es
improcedente.

Agregó que la declaratoria de improcedencia de la acción de cumplimiento no
implica que la Corporación lesionó los postulados constitucionales
relacionados con los fines y deberes del Estado.

Finalmente, indicó que la Administración no contaba con un contrato para
realizar demoliciones, lo cual demuestra una imposibilidad inmediata para
proceder con la ejecución. Sin embargo, subrayó que esa no fue la razón para
declarar improcedente la acción de cumplimiento; insistió que el motivo de su
decisión radicó en la inexistencia de una orden inobjetable en cabeza del
Municipio de Girardota.

4.4. El Municipio de Girardota y la señora Margarita María Gómez Salazar2
guardaron silencio en el curso de la presente acción de tutela.

5. Sentencia impugnada

Mediante sentencia de 11 de diciembre de 2025, el Consejo de Estado, Sección
Quinta declaró la improcedencia de la acción, por considerar que no se cumple con
el requisito de relevancia constitucional.

Explicó que el debate propuesto por la señora Sierra Ochoa ya fue resuelto por el
juez natural y que este, en todo caso, se limita a una discusión de interpretación
legal concerniente a determinar si el parágrafo 5 del artículo 135 y el parágrafo 3
del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 contienen un mandato imperativo, expreso
e inobjetable a cargo de la entidad demandada. En consecuencia, no se advierte
una vulneración evidente que amerite la intervención del juez de tutela.

6. Impugnación y actuaciones posteriores

La señora Esperanza Elena Sierra Ochoa impugnó la sentencia de tutela de
primera instancia por considerar que el asunto sí es de relevancia constitucional. En
su criterio, se cumple con dicho requisito, puesto que de fondo el caso versa sobre
la efectividad de un instrumento que la Constitución ha puesto a disposición de
cualquier persona para hacer valer el imperio de la ley, esto es la acción de
cumplimiento. Permitir que una autoridad incumpla una norma legal clara sin
consecuencia alguna no solo lesiona el principio de legalidad, sino que socava la
seguridad jurídica y la confianza legítima de los asociados en el actuar del Estado;
principios que también tienen raigambre constitucional.

Exigir judicialmente que la administración obedezca la ley salvaguarda el Estado de
Derecho y materializa el derecho ciudadano a la buena administración y al acceso
a la justicia, derecho que también es de consagración constitucional.

Consideró que es posible que el juez de tutela de primera instancia haya incurrido
en un sesgo de trivialización constitucional, dada la naturaleza fáctica del asunto: la
exigencia de cumplimiento de una orden administrativa de demolición en un
municipio pequeño de Antioquia. Subrayó que la relevancia constitucional de un
caso no se determina a partir del tamaño del municipio, ni la dimensión de la obra
ni en la materialidad de la demolición. Lo relevante es el alcance normativo y
garantista de la acción de cumplimiento como instrumento constitucional.

La Constitución no protege derechos fundamentales en función de la magnitud del
conflicto, sino en atención a la naturaleza del mandato constitucional comprometido,

2
En Samai índices 7 y 15 obra la notificación del auto admisorio a las partes. El Municipio de Girardota y la señora
Esperanza Elena Sierra Ochoa fueron notificados a los siguientes buzones electrónicos:
notificaciones.judiciales@girardota.gov.co, wilbertobon@gmail.com y willgogo55@gmail.com

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y en el caso este último es inequívoco: el artículo 87 de la Carta consagra la acción
de cumplimiento como un mecanismo constitucional destinado a hacer efectiva la
ley frente a la renuencia de la administración.

Además, sostuvo que la Corte Constitucional ha sido clara en señalar que la acción
de cumplimiento no es una figura meramente legal, sino que encarna un derecho
constitucional de acceso a la jurisdicción para exigir la eficacia del orden jurídico.
Sin cumplimiento de la ley no hay supremacía constitucional, ni legalidad, ni Estado
Social de Derecho. En suma, aseguró que la acción de cumplimiento no es solo una
vía procesal, sino la expresión concreta de un derecho subjetivo constitucional, cuyo
desconocimiento compromete directamente la vigencia del orden constitucional. Si
el debate es la procedencia de la acción de cumplimiento, entonces el asunto es
constitucional por definición.

La señora Esperanza Elena Sierra Ochoa presentó memoriales en los que solicitó
proferir fallo de segunda instancia.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales4
y especiales5 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional6 ha indicado que cuando se
interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.

3
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
4
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
(iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; (vi) injerencia de la irregularidad procesal
en la providencia atacada.
5
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) defecto
orgánico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) defecto por error inducido,
(vi) defecto por falta de motivación, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y (viii) defecto por violación directa
de la Constitución.
6
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.

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Es por tal razón que la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
una mejor fundamentación del vicio que se le atribuye a la sentencia judicial objeto
de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala
establecer si le asistió razón al juez de primera instancia al declarar la
improcedencia de la acción de tutela a falta del requisito de procedibilidad de
relevancia constitucional.

Solo en caso de superar dicho análisis, y de encontrar satisfechos los demás
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, se determinará si al proferir la sentencia de 12 de mayo de 2025, el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión Oral incurrió en los
defectos alegados por la parte actora.

4. Requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencia
judicial y su análisis en el caso

4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales
vulnerados y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento.

Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional.

Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este
requisito, esta Sala de decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por
la Corte Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos
criterios orientadores7.

La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional
evidencie de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una
marcada importancia constitucional que afecte derechos fundamentales.

7
A saber: Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos
fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir
asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción
de tutela.
Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de
derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La
discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada,
deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia
en el sentido de la propia decisión cuestionada.
Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela
contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida
la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar
las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del
proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario,
pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

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Demandante: Esperanza Elena Sierra Ochoa

El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, tratándose de tutela
contra providencia judicial, implica un conjunto de elementos que deben
reunirse. En ese sentido, son varios los aspectos que se estudian a fin de
definir si un asunto es de relevancia constitucional. Entre estos, se requiere
que la acción constitucional no se esté empleando como una tercera instancia
para reabrir el mismo debate ya surtido ante el juez natural, que se cumpla con
una carga argumentativa suficiente, entre otras condiciones.

4.2. La Sala considera que el asunto sí goza de relevancia constitucional. Por una
parte, no podría entenderse que la tutela se está empleando como una
instancia adicional. Es cierto que la parte actora ejerció el recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia. Sin embargo, este únicamente se
circunscribió a solicitar la condena en costas de la entidad demandada. De
manera que ninguno de los argumentos expuestos en el escrito de tutela fue
desarrollado en el mencionado recurso, en consideración a que la sentencia
de primera instancia fue favorable a sus intereses.

Por otra parte, se advierte que la tutela interpuesta persigue la protección de
los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración
de justicia vulnerados por la presunta configuración de los defectos invocados.
Además, la parte actora alegó que el debate planteado desborda una simple
discusión de legalidad, pues de fondo la controversia versa sobre la finalidad
y efectividad de un mecanismo constitucional, como lo es la acción de
cumplimiento.

Examinados tales elementos en conjunto, la Sala considera que el asunto
planteado por la accionante sí cumple con el requisito de relevancia
constitucional.

4.3. De otro lado, se advierten satisfechos los demás requisitos generales de
procedibilidad de la acción. Primero, se expusieron los hechos y los motivos
por los cuales se considera que la autoridad judicial accionada erró al revocar
la sentencia de primera instancia en la que se concedió la acción de
cumplimiento y se le ordenó a la Alcaldía de Girardota cumplir la orden
impartida en la Resolución 5432 del 6 de diciembre de 2023, consistente en
la demolición de obra.

Segundo, la acción de tutela se presentó (14 de noviembre de 2025) antes de
los seis meses desde la notificación de la sentencia de 12 de mayo de 2025
(el 13 de mayo de 20258 se remitió el mensaje de datos a efectos de surtir la
notificación). Esto demuestra que no hubo dilación ni retardo en cabeza de la
parte actora en la defensa de sus derechos fundamentales.

Tercero, está satisfecho el requisito de la subsidiariedad de la acción, dado
que no se cuenta con otros medios de defensa judiciales idóneos para
exponer los cargos desarrollados en el escrito de tutela.

Así las cosas, al encontrar cumplidos los requisitos generales de procedibilidad
de la acción, la Sala proseguirá a estudiar si el Tribunal accionado incurrió en
los defectos alegados por la parte actora.

5. Alcance de los defectos por violación directa de la Constitución y fáctico

5.1. El defecto por violación directa de la Constitución ha sido definido por la
Corte Constitucional conforme a los siguientes parámetros:

8
La notificación se entiende realizada una vez transcurridos 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje, conforme lo
establece el artículo 205 de la Ley 1437 de 2011.

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«78. Violación directa de la Constitución. El defecto específico de violación de la Constitución
se entendía subsumido como una de las variantes del defecto sustantivo. Sin embargo, la
sentencia T-084 de 2010 empezó a dotarlo de autonomía al considerar que la inaplicación de
la “norma de normas” merece un lugar particular en la acción de tutela contra providencias
judiciales. En tal sentido, destacó lo dispuesto en el artículo 4° de la Carta y el poder normativo
directo de ella:
“7.2.8. Violación directa de la Constitución, causal de procedencia de la acción de tutela que se estructura
cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce, de forma específica, postulados de la Carta
Política. A este respecto, debe insistirse en que el actual modelo de ordenamiento constitucional
reconoce valor normativo a los preceptos superiores, de modo tal que contienen mandatos y previsiones
de aplicación directa por las distintas autoridades y, en determinados eventos, por los particulares. Por
ende, resulta plenamente factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a través de la acción de
tutela cuando desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales postulados”.
79. Con sustento en lo expuesto la jurisprudencia ha afirmado que, aunque se produce la
misma distorsión, el desconocimiento de la Constitución puede darse, al menos, por dos vías.
De un lado, cuando las reglas o principios que deben ser extraídos de su texto son, por
completo, desobedecidos o no son tomados en cuenta en el razonamiento jurídico explícita,
ni implícitamente. De otra parte, cuando las reglas y los principios son tomados en
consideración, al menos implícitamente, pero se les da un alcance insuficiente, como así
quedó planteado en la sentencia T-084 de 2010.
80. Sin embargo, ellos no son los únicos supuestos en los cuales las decisiones
jurisdiccionales terminan por violar la Constitución, pues también se ha reconocido que el
hecho de no acudir a la excepción de inconstitucionalidad también puede dar lugar a ello. En
efecto, “(…) siempre que un juez se encuentra ante una norma que contraría lo estipulado por
la Constitución, éste tiene el deber de inaplicar dicha norma bajo la excepción de
inconstitucionalidad realizando un trabajo argumentativo en el cual determine claramente que
el contenido normativo de la regla resulta contrario a la Constitución Política”.
81. En consecuencia, el hecho de que una providencia incurra en violación directa de la
Constitución es un defecto autónomo y específico, que determina la procedencia de la acción
de tutela. Puede darse, entre otros, cuando (i) se ignora por completo principios o reglas
constitucionales; (ii) se le da un alcance insuficiente a determinada disposición de la
Constitución; o (iii) se omite aplicar la excepción de inconstitucionalidad, en aquellos eventos
en los cuales ello sea procedente»9.

Así las cosas, el defecto por violación directa de la Constitución se estructura
cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce la Carta Política,
ya sea porque (i) deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso
concreto; o (ii) aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución10.

En el primer supuesto, la Corte ha dispuesto que procede, cuando: (i) en la
solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de
conformidad con el precedente constitucional, (ii) se trata de un derecho
fundamental de aplicación inmediata y (iii) el juez en sus resoluciones vulneró
derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación
conforme con la Constitución.

En el segundo evento, la jurisprudencia ha afirmado que el juez debe tener en
cuenta en sus fallos que, con base en el artículo 4º de la Carta Política, la
Constitución es norma de normas y que en todo caso en que encuentre,
deduzca o se le interpele sobre una norma que es incompatible con la
Constitución, debe aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia a
las legales mediante el ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad.

5.2. Por su parte, el defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o
valoración de las pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión. En
este sentido, se ha dicho que para que exista el defecto fáctico, es necesario
que de las pruebas que obren en el expediente no sea posible, de ninguna
manera objetiva y razonable, alcanzar la conclusión a la que llega la decisión
que se cuestiona. En otras palabras, este defecto supone que el apoyo

9
Corte Constitucional. Sentencia SU-495 de 2020.
10
Corte Constitucional. Sentencia SU-198 de 2013.

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probatorio en que se basó el juez para resolver determinado asunto resulta
absolutamente inadecuado para el caso concreto11.

Para analizar si el juez natural pudo incurrir en este defecto, corresponde al
juez de tutela establecer si aquel adoptó criterios objetivos, racionales y
rigurosos, en lo que respecta a la apreciación de las pruebas. No debe
olvidarse que, si bien el juez ordinario goza de una amplia facultad de
valoración probatoria, fundada en los principios de la sana crítica12, dicho
poder no puede ejercerse de manera arbitraria.

La Corte Constitucional13 reconoce dos dimensiones de este defecto. Por una
parte, la dimensión negativa se produce por omisiones del juez, por ejemplo,
(i) por ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria
determinante en el desenlace del proceso14; (ii) por decidir sin el apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión; o (iii) por no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en
que el juez está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo15.

La dimensión positiva tiene lugar por actuaciones del juez, tales como (i)
valorar y decidir con fundamento en pruebas ilícitas, si estas resultan
determinantes en el sentido de la decisión; o (ii) decidir con medios de prueba
que, por disposición legal, no conducen a demostrar el hecho en que se basa
la providencia16.

6. Análisis del caso

6.1. De entrada, la Sala se referirá a las consideraciones de la sentencia de
segunda instancia de 12 de mayo de 2025. En dicha providencia el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión Oral revocó la decisión
de primera instancia y, en su lugar, declaró la improcedencia de la acción de
cumplimiento.

Como primer aspecto, el Tribunal indicó que se inhibiría de emitir
pronunciamiento alguno respecto del oficio 27 de febrero de 2024, que en
criterio de la parte actora estaba siendo incumplido por parte de la entidad
demandada. La autoridad judicial explicó que frente a ese oficio no se cumplió
con el requisito de procedibilidad de la renuencia.

Explicó que el artículo 8° de la Ley 393 de 1997 exige al actor probar que
requirió directamente a la entidad demandada el cumplimiento del deber legal
o administrativo presuntamente desconocido. Este incumplimiento debe
ratificarse por la autoridad, ya sea de manera expresa mediante escrito dentro
de los 10 días siguientes a la presentación de la petición, o tácitamente por
haber guardado silencio durante ese mismo término.

En el caso, se acreditó que tal requisito de procedibilidad se cumplió frente al
parágrafo 5 del artículo 135 y parágrafo 3° del artículo 223 de la Ley 1801 de
2016. Pero no respecto de la solicitud de cumplimiento del oficio de 27 de
febrero de 2024.

Seguido, el Tribunal se refirió a la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre
la acción de cumplimiento. De acuerdo con esta, debe existir la consagración
de una obligación jurídica, contenida en una norma con fuerza material de ley

11
Sobre la descripción genérica del defecto fáctico como vicio de una sentencia judicial que la convierte en una vía de
hecho, pueden consultarse, entre otras, las Sentencias T-231 de 1994 y T-567 de 1998.
12
Corte Constitucional. Sentencia T-442 de 1994.
13
Corte Constitucional. Sentencia SU-159 de 2002.
14
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.
15
Corte Constitucional. Sentencia T-417 de 2008.
16
Corte Constitucional. Sentencia SU-226 de 2013.

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o en un acto administrativo; así como un deber jurídico omitido. Por tal motivo,
para que sea procedente la orden judicial de cumplimiento, es indispensable
que la norma contenga un mandato a cargo de la autoridad o particular, que
tenga la obligación jurídica y se encuentre vigente.

En criterio del juez colegiado, las disposiciones invocadas por la accionante
no contienen un mandato imperativo e inobjetable. Sobre el parágrafo 5° del
artículo 135 de la Ley 1801 de 2016, el Tribunal explicó que lo que allí se
establece es que en los casos en que el infractor incumpla la orden de
demolición «la administración realizará la actuación urbanística omitida a costa del
infractor», pero «una vez agotados todos los medios de ejecución posibles».

Subrayó que en la Resolución 5432 del 6 de diciembre de 2023 la señora
Margarita María Gómez Salazar fue declarada como infractora y que se le
ordenó que en el término de cinco días realizara la demolición de las obras.
De manera que la obligación recae en la infractora y no en el ente territorial. El
Tribunal reconoció que la citada disposición permite que sea la Administración
quien realice la demolición a costa del infractor cuando este no lo haga. Sin
embargo, esto debe estar precedido por el agotamiento de todos los medios
de ejecución posibles en contra del infractor.

No es objeto de la acción de cumplimiento verificar si se agotaron o no los
medios de ejecución previos que indica el parágrafo del artículo 135 de la Ley
1801 de 2016, para determinar si el Municipio de Girardota debe o no proceder
con la demolición de las obras.

A su vez, explicó que el parágrafo 3° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016,
norma cuyo cumplimiento también solicita la parte actora, dispone que «Si el
infractor o perturbador no cumple la orden de Policía o la medida correctiva, la autoridad de
Policía competente, por intermedio de la entidad correspondiente, podrá ejecutarla a costa del
obligado, si ello fuere posible».

Tal precepto tampoco contiene un mandato claro, expreso y exigible, pues no
impone una obligación irrefutable a cargo del alcalde municipal, sino que tan
solo consagra la posibilidad de la realización de ejecutar la orden otorgada
como medida correctiva.

Con base en los argumentos expuestos, el Tribunal concluyó que la acción de
cumplimiento interpuesta es improcedente, teniendo en cuenta que el mandato
debe ser lo suficientemente claro. No puede evidenciarse incertidumbre, en
cuanto a su exigibilidad y vigencia. Justamente, tal aspecto no existe en el
caso.

6.2. Expuesto lo anterior, la Sala se pronunciará sobre el defecto por violación
directa de la Constitución alegado, que en criterio de la parte actora se
configuró por el desconocimiento del artículo 87 de la Constitución Política que
consagra la acción de cumplimiento.

La tutelante aseguró que el razonamiento del Tribunal Administrativo de
Antioquia, al afirmar que «la obligación recae en la infractora y no en el ente territorial» y
que la intervención de la administración solo procede «tras agotar todos los medios
de ejecución posibles en contra del infractor» es erróneo y desconoce el propósito
constitucional de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la
Constitución.

Señaló que la expresión “podrá”, en el contexto de las medidas correctivas
urbanísticas, no configura una facultad discrecional, sino una habilitación
jurídica para ejecutar la medida cuando el infractor incumple.

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En suma, consideró que la interpretación del Tribunal lesiona directamente la
Constitución, porque convierte una obligación legal ejecutable en una mera
expectativa, elimina la eficacia de la acción de cumplimiento y avala la
inactividad estatal incluso frente a mandatos expresos de restablecimiento del
orden urbanístico.

La Sala desestima tal cargo pues considera que el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Tercera de Decisión Oral no contrarió el artículo 87 de la
Constitución, según el cual «Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para
hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo». Al contrario, la
autoridad judicial accionada fundó su decisión en uno de los elementos
fundamentales de la acción de cumplimiento derivados de la Ley 393 de 1997,
mediante la cual «se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política»: la existencia
de un mandato imperativo, inobjetable, claro y exigible en cabeza de la
autoridad demandada.

Al respecto, el Consejo de Estado ha señalado lo siguiente:
Sentencia de 29 de abril de 2021
«2.3.6. De la existencia de un mandato imperativo e inobjetable
La finalidad de la acción de cumplimiento es que toda persona pueda acudir ante la autoridad
judicial competente para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o de un acto administrativo,
tal como lo dispone el artículo 87 constitucional. Sin embargo, a través de esta acción no es
posible ordenar ejecutar toda clase de disposiciones, sino aquellas que contienen
prescripciones que se caracterizan como “deberes”. Los deberes legales o administrativos que
pueden ser cumplidos a través de las órdenes del juez constitucional son los que albergan un
mandato perentorio, claro y directo a cargo de determinada autoridad, un mandato “imperativo
e inobjetable” en los términos de los artículos 5, 7, 15, 21 y 25 de la Ley 393 de 1997»17.
Sentencia de 22 de octubre de 2020
«La finalidad de la presente acción, consagrada en el artículo 87 de la Constitución Política, a
la cual puede acudir cualquier persona natural o jurídica, es hacer efectivo el cumplimiento de
una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo que impone determinada
actuación u omisión a la autoridad. Su objeto es la observancia del ordenamiento jurídico
existente. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 393 de 29 de julio de 1997, que
reglamenta esta acción, exige como requisito de procedibilidad “la renuencia” (artículo 8°),
esto es, haber reclamado en sede administrativa antes de ejercitar la demanda la atención de
la norma o del acto administrativo que se considera desacatado, y que la autoridad no
responda transcurridos 10 días o se niegue a atender su cumplimiento. Para que la demanda
proceda, se requiere:
a) Que la norma legal o acto administrativo contenga un mandato imperativo e
inobjetable radicado en cabeza de una autoridad pública o de un particular en ejercicio
de funciones públicas, al cual se reclama el cumplimiento; y que, en efecto, se establezca
que existe la desatención de la norma o acto»18.
Sentencia de 8 de octubre de 2014
«para que la acción de cumplimiento prospere, deben cumplirse unos requisitos mínimos, los
cuales se desprenden del contenido de la Ley 393 de 1997:
i) Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas aplicables
con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (Art. 1º)5.
ii) Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que esté radicado en cabeza de la
autoridad o del particular en ejercicio de funciones públicas que deba cumplir y frente a los
cuales se haya dirigido la acción de cumplimiento.
iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento del deber,
antes de presentar la demanda, bien sea por acción u omisión o por la ejecución de actos o
hechos que permitan deducir su inminente incumplimiento (Art. 8º). El artículo 8 señala que,
excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito “cuando el cumplirlo a cabalidad
genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable”, caso en el cual deberá ser
sustentado en la demanda.

17
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 29 de abril de 2021. Radicado: 54001-23-33-000-2020-00616-01. M.P:
Luis Alberto Álvarez Parra.
18
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 22 de octubre de 2020. Radicado: 25000-23-41-000-2020-00185-01.
M.P: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

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iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el
efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo, salvo el caso que, de no proceder,
se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción, circunstancia ésta que
hace procedente la acción»19.

De los fragmentos jurisprudenciales transcritos se advierte que un elemento
necesario tratándose de la acción de cumplimiento es la existencia de un
mandato imperativo e inobjetable. Su exigencia en un caso no implica
desatender la finalidad de dicha acción. Por el contrario, tal requisito garantiza
que dicho mecanismo constitucional se emplee para la consecución de
deberes que no sean objeto de discusión, dado su carácter imperativo e
irrefutable.

Por lo tanto, la Sala considera que la decisión controvertida, antes de incurrir
en una transgresión del artículo 87 Constitucional, vela por la satisfacción
cabal de los requisitos de la acción de cumplimiento; y, consecuentemente,
garantiza su finalidad como mecanismo constitucional. En consecuencia, se
considera que en el caso el Tribunal accionado no incurrió en violación directa
de la Constitución.

6.3. Ahora bien, la parte actora también alegó la configuración del defecto fáctico,
pues, según la tutelante, el Tribunal adujo que la Administración estaba
imposibilitada para ejecutar la obra, pese a que al expediente no se allegó un
solo soporte documental de la supuesta imposibilidad de efectuar la
demolición.

La Sala desestima tal argumento, puesto que el cuestionamiento sobre la
procedencia o no de la acción de cumplimiento no versa sobre un asunto
eminentemente probatorio. Por el contrario, la controversia analizada radica
en la interpretación de las normas invocadas por la accionante como
incumplidas. Antes de adentrarse al análisis probatorio sobre el asunto de
fondo, le correspondía a la autoridad judicial determinar si se reunían ciertas
condiciones, como lo es la existencia de un mandato imperativo e inobjetable
en cabeza de la autoridad demandada.

En esa medida, no podría concluirse que el Tribunal accionado erró en la
valoración probatoria, pues el punto central de la discusión no era establecer
si la Alcaldía de Girardota comprobó o no su imposibilidad de ejecutar la
demolición por no contar con un contrato. El debate, antes que nada, consistía
en establecer si las normas alegadas por la accionante realmente eran
exigibles por medio de la acción de cumplimiento.

De ahí que no hay lugar a reprochar la valoración probatoria, cuando el punto
central no radicó en ese elemento, sino en la interpretación normativa
efectuada por la autoridad judicial. Por consiguiente, se considera que el
Tribunal accionado no incurrió en defecto fáctico.

7. Conclusión

Con base en las razones presentadas, la Sala revocará la sentencia de primera
instancia en la cual se declaró la improcedencia de la acción a falta del requisito de
relevancia constitucional. En su lugar, negará las pretensiones solicitadas por la
parte actora, al no haberse configurado los defectos alegados.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

19
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 8 de octubre de 2014. Radicado: 76001-23-33-000-2014-00304-01.
M.P: Alberto Yepes Barreiro.

14
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Demandante: Esperanza Elena Sierra Ochoa

FALLA

1. REVOCAR la sentencia de 11 de diciembre de 2025, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Quinta que declaró la improcedencia de la acción de tutela.
En su lugar, NEGAR las pretensiones formuladas por la señora Esperanza
Elena Sierra Ochoa.

2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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