Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07239-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07239-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07239-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
22 de enero de 2026
Demandante: Municipio de Tunja
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 2
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07239-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D. C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07239-00
Demandante: MUNICIPIO DE TUNJA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ, SALA DE
DECISIÓN No. 2
Tema: Tutela contra providencia judicial – Declara improcedente por no
superar el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El municipio de Tunja, a través de la directora del Departamento Administrativo de
Gestión Jurídica y Defensa Institucional1, instauró acción de tutela2 contra el
Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 2, con el fin, de que le sea
amparado su derecho fundamental al debido proceso y al ejercicio del derecho de
defensa.
La parte actora consideró vulneradas sus garantías constitucionales, con ocasión
de la sentencia proferida el 17 de octubre de 2025, a través de la cual, la autoridad
judicial accionada revocó el fallo del 3 de septiembre de la misma anualidad
mediante la cual el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Tunja declaró improcedente la acción de cumplimiento promovida por el señor
Nelson Andrés Villabona Rueda, en calidad de personero contra el municipio de
Tunja, identificado con el radicado 15001-33-33-007-2025-00106-00/01, para en su
lugar, acceder a las pretensiones de la demanda.
1 Doctora Ana Evelyn Martínez Acero - índice 02 de Samai-Mediante el Acuerdo 0004 del 2 de enero
de 2024 se delegó en el Director del Departamento de Gestión Jurídica y Defensa Institucional la
representación judicial del municipio
2 La cual fue radicada el 18 de noviembre de 2025 con secuencia: 11714 – índice 01 del aplicativo
Samai.
1
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Demandante: Municipio de Tunja
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 2
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1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…] PRIMERA: ORDENAR, realizar una detallada valoración probatoria del material
aportado al proceso y del que con la presente se aporte, de manera que, al resolver,
se ordene:
SEGUNDA: REVOCAR la decisión tomada por el Tribunal Administrativo de Boyacá,
en sentencia del 17 de octubre de 2025, dentro de la acción de cumplimiento bajo el
radicado 15001 33 33 007 2025 00106 01. Como consecuencia dejar sin efecto la
orden impuesta.
TERCERA: DECLARAR que el Tribunal Administrativo de Boyacá incurrió en vías de
hecho y defectos de fondo al resolver el trámite de segunda instancia de la acción de
cumplimiento, bajo el radicado 15001 33 33 007 2025 00106 01. Como consecuencia
dejar sin efecto la orden impuesta.3
Con el escrito de amparo, la parte accionante solicitó como medida provisional
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991, solicito
a su Honorable despacho ORDENAR la suspensión de lo dispuesto por el Tribunal
Administrativo de Boyacá en providencia del 17 de octubre de 2025, en la cual ordenó
al alcalde de Tunja dar cumplimiento al inciso 2° del artículo 177 de la Ley 136 de
1994, en un plazo máximo de un mes, de acuerdo con lo expuesto anteriormente.
1.3. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
El señor Nelson Andrés Villabona Rueda, en calidad de personero municipal de
Tunja, presentó demanda en ejercicio de la acción de cumplimiento contra el
municipio de Tunja, y solicitó que se le ordenara al alcalde municipal dar aplicación
al inciso 2. °4 del artículo 177 de la Ley 136 de 1994, el cual establece, entre otros
aspectos, que: «Los personeros tendrán derecho a un seguro por muerte violenta,
el cual debe ser contratado por el alcalde respectivo».
El proceso correspondió al Juzgado Séptimo Administrativo Oral el Circuito Judicial
de Tunja5 que, mediante sentencia del 3 de septiembre de 2025, declaró
improcedente la acción, bajo el argumento de que se persigue el acatamiento de
3
Transcripción original del texto con posibles errores.
4 ARTÍCULO 177. Salarios, prestaciones y seguros. Los salarios y prestaciones de los
personeros, como empleados de los municipios, se pagarán con cargo al presupuesto del municipio.
La asignación mensual de los personeros, en los municipios y distritos de las categorías especial,
primera y segunda será igual al cien por ciento (100%) del salario mensual aprobado por el Concejo
para el alcalde. En los demás municipios será igual al setenta por ciento (70%) del salario mensual
aprobado por el Concejo para el alcalde. Los personeros tendrán derecho a un seguro por muerte
violenta, el cual debe ser contratado por el alcalde respectivo. NOTA:(Apartes subrayados,
declarados inexequibles por la Sentencia C-223 de 1995 de la Corte Constitucional) NOTA:(Ver
Sentencia C-1513 de 2000 de la Corte Constitucional).
5 Radicado 15001 33 33 007 2025 00106 00
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una norma que establece un gasto, configurándose una de las causales de
improcedencia establecida en el artículo 9° de la Ley 393 de 19976.
Señaló que la acción de cumplimiento no es procedente para reclamar ante un juez
constitucional la observancia de una norma de contenido material o acto
administrativo que impliquen un gasto público a menos que haya sido ordenado en
el presupuesto de la entidad y se haya realizado la apropiación del mismo.
Igualmente, indicó que, la compra del seguro reclamado por el accionante implicaba
ordenar que se creara una apropiación, pues no se demostró la existencia de un
rubro presupuestal creado para el efecto. En ese sentido, indicó que se evidenciaba
la falta de claridad de la partida que debe afectarse, pues el demandante insistía en
que debía imputarse al presupuesto de la administración central, contario, a la
Alcaldía de Tunja que consideró que el gasto debía hacerse con cargo al
presupuesto asignado a la Personería Municipal.
Inconforme con la decisión, la parte demandante presentó impugnación, la cual fue
decidida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No.2, mediante
sentencia del 17 de octubre de 2025 en el sentido de revocar la decisión del a quo,
y en su lugar, concedió las pretensiones y ordenar al alcalde de Tunja dar aplicación
al inciso 2° del artículo 177 de la Ley 136 de 1994, en un plazo máximo de un mes,
contado a partir de la notificación de esa providencia.
Como argumento señaló que, el demandante logró demostrar que dicho gasto está
apropiado en el rubro A.2.1.2.02.02.007.01 del anexo del Decreto 0477 de 2024
«Por el cual se liquida el Presupuesto General del Municipio de Tunja para la
vigencia fiscal 2025, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los
ingresos y los gastos», por un valor de $1.100.000.000 de pesos, que ciertamente
debe cubrir todos los seguros que la Alcaldía de Tunja debe contratar.
Así mismo, indicó que los alcaldes municipales, como el de Tunja, deben contratar
dicho seguro a favor del respectivo personero municipal, sin necesidad de que se
solicite.
La anterior decisión fue notificada a las partes a través de correo electrónico el 22
de octubre de 2025.7
1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora adujo que el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión
No.2 al proferir la sentencia del 17 de octubre de 2025, dentro de la acción de
6 ARTICULO 9o. IMPROCEDIBILIDAD. La Acción de Cumplimiento no procederá para la protección
de derechos que puedan ser garantizados mediante la Acción de Tutela. En estos eventos, el Juez
le dará a la solicitud el trámite correspondiente al derecho de Tutela. Tampoco procederá cuando el
afectado tenga o haya tenido otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la
norma o Acto Administrativo, salvo, que de no proceder el Juez, se siga un perjuicio grave e
inminente para el accionante. Jurisprudencia Vigencia PARAGRAFO. La Acción regulada en la
presente Ley no podrá perseguir el cumplimiento de normas que establezcan gastos.
7 Índice 016 Samai.
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cumplimiento anteriormente referida, incurrió en defecto fáctico por valoración
indebida del «concepto expediente 1014/2022/GEA» emitido por el Ministerio de
Hacienda, en el cual se indicó que, si bien es cierto que la contratación para la
adquisición del seguro por muerte violenta está a cargo de la alcaldía municipal los
recursos deben provenir del presupuesto «sección personería», de no hacerse así,
la entidad territorial no obedecería con ese requisito de especialización
presupuestal.
De igual manera, expuso que el tribunal acusado no tuvo en cuenta los argumentos
de la entidad, ni del juez de primera instancia respecto de la improcedencia que se
encontraba probada, dado que la sentencia que dirimió la acción de cumplimiento
ordenó el acatamiento de una norma que establece gastos, configurándose una de
las causales de improcedencia establecida en el artículo 9° de la Ley 393 de 1997.
Así mismo, señaló una grave incongruencia entre lo probado y lo resuelto en la
sentencia de segunda instancia dado que el argumento que lo llevo a revocar la
decisión del a quo fue que el Personero municipal logró demostrar que dicho gasto
estaba apropiado en el rubro A.2.1.2.02.02.007.01 del anexo del Decreto 0477 de
20248, argumento que a su juicio es engañoso dado que este rubro que se menciona
corresponde a uno del sector central de la administración, y el seguro por muerte
violenta debe ser contratado por el alcalde municipal con cargo a la «sección
presupuestal personería»9del Decreto 111 de 1996.
Adujo que el defecto fáctico por indebida valoración probatoria es trascendental e
incide de manera directa en la decisión adoptada por el tribunal accionado debido a
las consecuencias y repercusiones sustanciales en el resultado del proceso, dado
que los gastos deben ejecutarse conforme al fin para el cual fueron programados, y
teniendo en cuenta que la personería tiene su propia sección presupuestal, y los
recursos asignados deben usarse exclusivamente para sus funciones, cargar el
gasto de la póliza al sector central rompe de manera flagrante con el principio de
especialización contenido en el artículo 18 del Decreto 111 de 1996, pues se reitera,
no existe norma que autorice al sector central del municipio a asumir gastos que
corresponden a la personería municipal.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Mediante providencia del 2 de diciembre de 202510, la magistrada ponente de esta
decisión admitió la solicitud de amparo y ordenó notificar11 a la parte actora12, a los
8 «Por el cual se liquida el Presupuesto General del Municipio de Tunja para la vigencia fiscal 2025,
se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los ingresos y los gastos»;
9 ARTÍCULO 18. ESPECIALIZACION. Las operaciones deben referirse en cada órgano de la
administración a su objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual
fueron programadas (Ley 38/89, artículo 14, Ley 179/94, artículo 55, inciso 3o.)
10 Índice 04 Samai.
11 Índice 07 y 011 Samai.
12 Notificación al correo electrónico evelyn.martinez@tunja.gov.co juridicaydefensa@tunja.gov.co
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magistrados del Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 213, como
autoridad accionada.
Así mismo, vinculó como terceros interesados en el resultado del proceso al
Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja14 «a quo dentro
de la acción de cumplimiento objeto de debate» y al personero Nelson Andrés
Villabona Rueda15 «quien fungió como extremo activo dentro del aludido trámite».
De igual manera, se negó la medida cautelar solicitada al no encontrarse los
presupuestos para decretarla, esto es, al no advertirse la consumación de un daño
o una afectación cierta a los derechos fundamentales que se invocan, como
tampoco se evidenció una situación urgente y de riesgo que conllevara que el juez
de tutela profiera una orden previa a decidir el fondo del asunto.
1.6. Intervenciones.
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Tunja16
El titular del Despacho realizó un resumen detallado de las actuaciones realizadas
dentro de la acción de cumplimiento.
Expuso que el proceso se desarrolló de acuerdo con las etapas previstas en el
ordenamiento procesal y preservó las garantías de las partes.
Advirtió que los reproches de la parte actora giran en torno a la actuación surtida
por el Tribunal Administrativo de Boyacá, sin cuestionar en modo alguno lo decidido
en primera instancia, motivo por el cual solicitó la desvinculación del trámite
constitucional.
Finalmente, adjuntó el link de consulta en el aplicativo Samai y expediente digital
del proceso referido identificado con radicado 15001-33-33-007-2025-00106-00.
1.6.2. Tribunal Administrativo de Boyacá
El magistrado ponente de la decisión acusada solicitó que se deniegue el amparo,
por cuanto dicha Corporación no ha transgredido derecho fundamental alguno y no
se acreditó el defecto fáctico por indebida valoración probatoria, al no tener en
cuenta el concepto 1014/2022/GEA- emitido por el Ministerio de Hacienda.
13 Notificación a los correos electrónicos sectradmboy@cendoj.ramajudicial.gov.co
sgtadminboy@notificacionesrj.gov.co
14 Notificación al correo electrónico j07admintun@cendoj.ramajudicial.gov.co
15 Notificación al correo electrónico personeriatunja@personeriadetunja.gov.co
16 Índice 10 Samai
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Al respecto refirió que, dado al carácter de criterio auxiliar del concepto mencionado,
no requería ser probado, ni que se le reconociera valor probatorio, por lo que era
discreción del juez colegiado tenerlo o no como prueba.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada el municipio de Tunja, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5° del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021.
2.2. Cuestión previa
El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja solicitó su
desvinculación del presente trámite constitucional. Sin embargo, no se accederá a
lo pedido, puesto que su vinculación se dio en calidad de tercero con interés jurídico
legítimo por ser la autoridad judicial de primera instancia dentro de la acción de
cumplimiento objeto de debate. Por esa razón, se considera pertinente que ejerza
su derecho de defensa y contradicción dentro de la acción de tutela.
2.3. Problema jurídico
Conforme con lo establecido en los antecedentes, las pretensiones invocadas por
la parte accionante, el material probatorio recaudado y las intervenciones
presentadas, corresponde a la Sala resolver el siguiente problema jurídico:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:
• ¿El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 2, vulneró el
derecho fundamental al debido proceso invocado por el municipio de Tunja,
con ocasión de la sentencia proferida el 17 de octubre de 2025 que revocó el
fallo dictado por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Tunja del 3 de septiembre de 2025 que declaró improcedente el referido
medio de control, para, en su lugar, conceder las pretensiones de la demanda
al interior de la acción de cumplimiento identificada con el radicado 15001
33 33 007 2025 00106-01?
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva; y, (iii) el estudio
del caso concreto.
6
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2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 17
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema18 y declaró su
procedencia.19
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.5.1. Relevancia constitucional
Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de
202220, en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara a este
requisito.
En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth
García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
18 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
19 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
20 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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judicial […] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene “vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues
así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento
de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal21 (Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico22; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional23.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal24”. En este orden, se reitera
21 Sentencia SU-573 de 2019.
22 Sentencia SU-103 de 2022.
23 Sentencia SU-103 de 2022.
24 Sentencia SU-103 de 2022.
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que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales25”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental […]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto26, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o
violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal27. (Resaltado de la Sala)
2.6. Caso concreto
El municipio de Tunja adujo que el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de
Decisión No. 2, al proferir la sentencia de segunda instancia del 17 de octubre de
2025, vulneró su derecho fundamental al debido proceso. Lo anterior, dentro de la
acción de cumplimiento identificada con radicado 15001-33-33-007-2025-00106-01.
La parte actora indicó que el tribunal accionado incurrió en defecto fáctico por
valoración indebida del «concepto expediente 1014/2022/GEA» emitido por el
Ministerio de Hacienda. Sin embargo, no acreditó que el estudio de forma diferente
dicha prueba hubiera sido determinante para cambiar el sentido del fallo de segunda
instancia.
Frente a este cargo, advierte la Sala que la autoridad judicial acusada estimó las
pruebas aportadas y practicadas dentro del plenario y concluyó que existía la
apropiación para cubrir la obligación legal establecida en el inciso segundo del
artículo 177 de la Ley 136 de 199428, concretamente señaló el rubro
A.2.1.2.02.02.007.01 del Decreto 0477 de 2024, por un valor de $1.100.000.000,
que cubre todos los seguros que la Alcaldía debe contratar, incluyendo el seguro de
vida para el personero.
25 Sentencia SU-128 de 2021.
26 Sentencia SU-573 de 2019.
27 Ib.
28 ARTÍCULO 177. SALARIOS, PRESTACIONES Y SEGUROS. Los salarios y prestaciones de los
personeros, como empleados de los municipios, se pagarán con cargo al presupuesto del municipio.
La asignación mensual de los personeros, será igual al cien por ciento (100%) del salario mensual
aprobado por el Concejo para el alcalde.
Los personeros tendrán derecho a un seguro por muerte violenta, el cual debe ser contratado
por el alcalde respectivo
9
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Demandante: Municipio de Tunja
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 2
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07239-00
Así pues, la Sala estima que debe accederse a la acción de cumplimiento
porque el demandante logró demostrar que dicho gasto está apropiado en el
rubro A.2.1.2.02.02.007.01 del anexo del Decreto 0477 de 2024 «Por el cual se
liquida el Presupuesto General del Municipio de Tunja para la vigencia fiscal
2025, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los ingresos y los
gastos», por un valor de $1.100.000.000 de pesos, que ciertamente debe cubrir
todos los seguros que la Alcaldía de Tunja debe contratar, como bien lo indica
el demandante en la impugnación, incluyendo por disposición legal el seguro
por muerte violenta para el personero, tal y como se ordena en el inciso 2 del
artículo 177 de la Ley 136 de 1994.
Luego, los alcaldes municipales, como el de Tunja, deben contratar dicho
seguro a favor del respectivo personero municipal, sin necesidad de que aquel
lo solicite, pues como lo indicó el Consejo de Estado en el fallo atrás citado,
dicho derecho «no depende de la voluntad del asegurado, sino que es
obligación del alcalde adquirir el seguro».
Al respecto, la Sala considera necesario mencionar que el estudio del material
probatorio es un ejercicio intelectual en el que el director del proceso, aplicando las
reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia, determina el valor que le
asigna a cada medio de prueba. Lo cual, se encuentra cobijado por la independencia
y autonomía de las cuales gozan las autoridades judiciales, por lo que, salvo en
casos excepcionalísimos, no es viable su reproche en esta instancia judicial.
Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente para la Sala que la inconformidad de la
parte accionante consiste en la valoración de los medios de prueba y la decisión
adoptada dentro de la acción de cumplimiento por parte del Tribunal Administrativo
del Boyacá, Sala de Decisión No. 2, por resultar contrarias a sus intereses, toda vez
que se revocó la decisión del a quo, y accedió a las pretensiones de la demanda a
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favor del personero municipal de esa entidad territorial.
Los argumentos expuestos en el escrito de tutela pretenden reabrir el debate
probatorio ya zanjado por el juez de segunda instancia dentro del proceso judicial
referido, sin sustentar la transgresión de los derechos fundamentales invocados por
la parte actora. Razón por la cual, no amerita la intervención del juez constitucional.
En este sentido, entrar a estudiar la decisión judicial acusada, sin sustentarse la
vulneración de derechos fundamentales invocados por la parte actora, resulta
contrario a la naturaleza del juez constitucional que está llamado a proteger aquellas
garantías fundamentales vulneradas y a proferir decisiones encaminadas a
restablecer las mismas.
La Corte Constitucional ya ha decantado que la acción de tutela no es una vía
alterna, ni un mecanismo para rectificar decisiones judiciales en firme, ni para
desautorizar interpretaciones jurídicas que se hacen dentro del marco de la
autonomía y de la independencia propia de los jueces, ni el instrumento para atacar
o impugnar las decisiones judiciales que tienen fuerza ejecutoria.29
Para la Sala, la acción de tutela presentada por el municipio de Tunja no cumple
con el requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del
marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien
la parte actora enuncia la transgresión de los derechos fundamentales, sus
argumentos buscan mutar la solicitud de amparo en una instancia adicional y reabrir
un debate legal y probatorio ya decidido por el juez natural de la causa, lo cual
implicaría desconocer los principios de autonomía e independencia judicial y
desnaturalizaría el mecanismo constitucional.
Así las cosas, la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo por no superar
el requisito de relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: NO ACCEDER a la solicitud de desvinculación realizada por el Juzgado
Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja, conforme a las razones
expuestas en la parte considerativa.
SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por el municipio de Tunja por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.
29 Sentencia SU134 veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022). Magistrado sustanciador:
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS.
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TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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