Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07255-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07255-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-07255-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
11 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07255-00
Accionante: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
Tema: Tutela contra providencia judicial. Reparación directa. Incidente de liquidación de
perjuicios. DECLARA IMPROCEDENTE.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección decide la acción de tutela instaurada por el Instituto de Desarrollo
Urbano en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por la
expedición de la sentencia del 25 de septiembre de 2017 y del auto del 19 de agosto
de 2025 en el medio de control de reparación directa y en el incidente de liquidación
de perjuicios, respectivamente, a los que les fue asignado el radicado 25000-23-26-
000-2007-00411-00/01/03.
ANTECEDENTES
La parte actora pretende que se protejan sus derechos fundamentales a la igualdad,
al debido proceso y acceso a la administración de justicia.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
El accionante narra que utilizó el Corredor Férreo del Sur en la ciudad de Bogotá de
propiedad de la Empresa Colombiana de Vías Férreas (en adelante Ferrovías), para
la construcción de la Troncal NQS Sur de Transmilenio (tramo 3), para lo cual instaló
estaciones, puentes y paso a nivel.
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Que, en atención a la ocupación permanente de los bienes, Ferrovías instauró
demanda de reparación directa en su contra, en la que solicitó que se le declarara
responsable por los perjuicios causados y se le condenara a indemnizarlos y a pagar
el valor total del área ocupada.
Que el 22 de julio de 2009, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B, declaró su responsabilidad patrimonial y la condenó a pagar
a favor de la Empresa demandante la suma de $ 14.283.947.800 por concepto de
perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, por lo cual el IDU
interpuso recurso de apelación.
Que el 25 de septiembre de 2017, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, modificó la sentencia, en el sentido de declarar la responsabilidad
del IDU por los daños causados con la ocupación de hecho del bien fiscal
denominado Corredor Férreo del Sur y, en consecuencia, condenarlo al pago del
daño emergente por la suma que incidentalmente se determinara, con deducción
de la plusvalía obtenida por la realización de las obras de construcción de la Troncal
NQS; y ordenar la protocolización e inscripción de la sentencia en la oficina de
registro de instrumentos, para que sirviera como título traslaticio de dominio del bien
señalado en favor del IDU, quien sería su adquirente.
El 9 de abril de 2018, Ferrovías formuló incidente de regulación de perjuicios y el 17
de ese mes y año, el magistrado sustanciador de la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dio apertura al incidente y
ordenó correr traslado a la parte demandada, quien manifestó su oposición.
El 5 de mayo de 2023, la Subsección señalada liquidó la condena en abstracto y
condenó al IDU a pagar por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de
daño emergente ocasionados al Ministerio de Transporte, sucesor procesal de
Ferrovías, o a quien hiciera sus veces, la suma de $ 26.585.306.10, por lo cual la
parte demandada interpuso recurso de apelación, y el 19 de agosto de 2025, el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, modificó el auto recurrido, en
el sentido de establecer el monto de $ 29.330.546.384,7 como valor de la condena.
El actor considera que la autoridad judicial aquí accionada desconoció que los
bienes en litigio son de uso público, lo que implica que son inalienables,
imprescriptibles e inembargables, por lo cual no podía tratarlos como bienes
comerciales o fiscales. En ese sentido, aduce que la Subsección incurrió en las
siguientes causales específicas de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales:
i) violación directa de la Constitución porque vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, al no tener en cuenta todas las pruebas allegadas al proceso,
las normas aplicables y el precedente judicial;
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ii) defecto sustantivo, pues otorgó un tratamiento normativo de bienes
comerciales a los bienes objeto del proceso;
iii) defecto fáctico, ya que la decisión no está soportada en los hechos
probados, se practicó un dictamen pericial, pese a la naturaleza de los
bienes, y «el Consejo de Estado reconoce su propio yerro al aplicar
figuras como la expropiación de bienes de naturaleza pública, lo cual
no aplica (…) la imposibilidad jurídica de cobro de contribuciones o
impuestos (…) pues no puede (sic) hacerse tales deducciones cuando
los mismos nunca fueron objeto de estos cobros, tal como quedó
demostrado en el proceso»; y
iv) desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado y de la
Corte Constitucional sobre las diferencias entre bienes fiscales y bienes
de uso público. Concretamente, las sentencias del 28 de septiembre de
2022 de la Subsección C de la Sección Tercera (rad. 25000-23-26-000-
2006-02101-01) y del 12 de junio de 2014 (rad. 66001-23-31-000-2003-
00678-01) del Consejo de Estado; los conceptos 1640 de 2005 y 1469
de 2002 de la Sala de Consulta y Servicio Civil; y las sentencias C-
082/14, T-115/03 y T-572/94 de la Corte Constitucional.
PRETENSIONES
Solicitó que se deje sin efectos la sentencia del 25 de septiembre de 2017 proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, y la liquidación de
perjuicios allí ordenada y se ordene a la autoridad judicial dictar una nueva decisión
con fundamento en la debida interpretación de las normas respecto de los bienes
públicos y las relacionadas con vías férreas como bienes de uso público.
ACTUACIÓN PROCESAL
El 20 de noviembre de 2025, se admitió la acción; se vinculó al Ministerio de
Transporte, como tercero con interés; y se corrió el traslado respectivo.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, expuso que la
providencia del 19 de agosto de 2025 y el expediente del proceso de reparación
directa y del incidente de liquidación de perjuicios contienen los argumentos y
elementos necesarios para adoptar la decisión de tutela que en derecho
corresponda. En esa medida, indicó que estaría dispuesto a atender lo definido.
POSICIÓN DEL VINCULADO
El Ministerio de Transporte manifestó su oposición a las pretensiones, para lo cual
afirmó que la tutela no es una tercera instancia ni un recurso adicional para debatir
los aspectos resueltos en el proceso ordinario y no cumple con el requisito de
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inmediatez, ya que transcurrieron más de 8 años desde la expedición de la
sentencia de segunda instancia, decisión que es realmente la que se cuestiona.
Adujo que no se configuraron los defectos alegados, pues la autoridad judicial aplicó
las normas pertinentes y basó su determinación en la valoración conjunta y racional
de los elementos probatorios, luego de agotar todas las etapas procesales
legalmente establecidas, en las que la parte actora tuvo la oportunidad de ejercer
su derecho de defensa y contradicción. En consecuencia, solicitó declarar
improcedente la acción o negar el amparo pedido.
Se decidirá previo a las siguientes,
CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales y iii) caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
Procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,
estas se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.
(...).
1
Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
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M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (...)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. (…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
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mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»3
En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:
«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada4.
(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5.
Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a
los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata
alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal
que amerite la intervención urgente del juez de tutela6»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Caso concreto
A esta Subsección corresponde verificar si se superan los requisitos generales de
procedencia que habilitan el estudio de la sentencia controvertida, pues solo en el
evento de encontrarse satisfechos habría lugar a examinar los disensos esgrimidos.
Sin embargo, previo a ese estudio, se advierte que la parte accionante afirmó que
su pretensión se dirige a que «se deje sin valor ni efectos jurídicos la sentencia de
segunda instancia y la liquidación de perjuicios ordenada en la misma, de la cual
fuere notificada mediante estado del 21 de agosto de 2025, comunicada el 2 de
septiembre del hogaño (sic)».
3
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4
Sentencia SU-074 de 2022.
5
Sentencia SU-074 de 2022.
6
Sentencia SU-072 de 2018.
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En ese entendido, podría entenderse que en principio el actor pretende discutir tanto
la sentencia de segunda instancia proferida el 25 de septiembre de 2017 como el
auto del 19 de agosto de 2025, mediante el cual se decidió en apelación el auto que
liquidó la condena en abstracto, de conformidad con los criterios establecidos en
dicha decisión, pero lo cierto es que el solicitante del amparo no planteó ningún
reparo concreto en cuanto a la decisión adoptada sobre la liquidación de los
perjuicios, sino que, en cambio, se enfocó en discutir la determinación contenida en
la sentencia del 25 de septiembre de 2017 respecto a la naturaleza de los bienes
ocupados que dieron lugar a la instauración del medio de control de reparación
directa.
En consecuencia, no puede tenerse como fecha de notificación para efectos de
contabilizar el término de inmediatez el día en que se le comunicó el auto del 19 de
agosto de 2025, como lo pretende el IDU, sino el momento en que se le notificó la
sentencia del 25 de septiembre de 2017, al ser la decisión que realmente el actor
pretende discutir en esta sede, como quedó expuesto.
Aclarado lo anterior, se procederá al estudio del requisito de inmediatez. En primer
lugar, se observa que dicha exigencia ha sido establecida jurisprudencialmente por
la Corte Constitucional, con el objetivo de que no se sacrifiquen los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre de las decisiones
de las autoridades judiciales. Lo anterior teniendo en cuenta que, primero, una
eventual determinación en sede de tutela podría dejar sin efectos un proveído, y,
segundo, está de por medio la protección de un derecho fundamental; situaciones
que exigen una actividad pronta por parte de quien considera que se le ha
transgredido o amenazado un derecho con ocasión de la emisión de cierta
providencia.
En ese orden de ideas, se ha entendido que, si bien la tutela no está sometida a un
término de caducidad, sí debe ser formulada en un plazo razonable y proporcionado.
Así, esta corporación ha estimado como término prudencial para instaurar la acción
constitucional referida para controvertir decisiones judiciales seis meses contados
desde la notificación o ejecutoria, según el caso, del respectivo auto o sentencia7.
No obstante, resulta pertinente aclarar que dicho plazo debe ser analizado según
las particularidades de cada asunto a efectos de determinar si el mecanismo de
salvaguarda de derechos fundamentales se formuló en un lapso razonable. Así las
cosas, el juez constitucional debe examinar si 1) existe un motivo válido para la
inactividad; 2) la tardanza injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos
de terceros afectados con la decisión; 3) hay un nexo causal entre el ejercicio tardío
y la vulneración alegada; 4) el fundamento de la acción surge después de ocurrida
la actuación violatoria de los derechos fundamentales, en un plazo no muy alejado
7 Al respecto, ver, entre otras: Sentencia del 5 de agosto de 2014 dictada por la Sala Plena del Consejo de
Estado, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), Demandante:
Alpina Productos Alimenticios S.A.
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de la instauración; 5) la vulneración es permanente en el tiempo y 6) la carga de la
presentación de la acción en un plazo razonable resulta desproporcionada, dada la
condición de debilidad manifiesta de la parte accionante8.
Esclarecidas las generalidades de esta exigencia, la Subsección advierte que del
26 al 30 de octubre de 2017 se fijó edicto para notificar a las partes del proceso de
reparación directa la sentencia del 25 de septiembre de 2017 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sin embargo, se observa que
el accionante radicó esta acción el 18 de noviembre de 2025, esto es, transcurridos
más de 8 años desde que la decisión controvertida en esta sede fue notificada y
adquirió ejecutoria, lo que evidencia el incumplimiento del requisito de inmediatez.
Adicionalmente, el solicitante del amparo no expuso alguna razón para justificar la
tardanza para acudir ante el juez de tutela y revisado el expediente no se advierte
que se presente alguna situación excepcional que permita conocer de fondo la
acción, ya que con la decisión cuestionada en esta sede no se vulnera el núcleo
esencial de derechos de terceros, no existe un nexo causal entre el ejercicio tardío
y la transgresión invocada, esta no es permanente en el tiempo y la exigencia de la
instauración de la acción en tiempo no resulta desproporcionada para la parte
actora.
El incumplimiento del requisito de inmediatez y la inexistencia de alguna justificación
para ello impide el estudio de los reparos expuestos, por lo cual se declarará
improcedente la acción.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela, de conformidad con la
parte motiva de esta providencia.
Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
8 Ver, entre otras: sentencias SU184/19, T246/15 y T187/12.
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Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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