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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07255-01

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07255-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 11 de diciembre de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-07255-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

19 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-07255-01
Accionante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN B
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se confirma el fallo
impugnado. Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no
cumplir con el requisito general de procedencia de inmediatez frente a la
sentencia de 25 de septiembre de 2017 - No cumple con el requisito general
de procedencia de relevancia constitucional respecto de la providencia de
19 de agosto de 2025.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de
11 de diciembre de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El Instituto de Desarrollo Urbano solicitó, a través de apoderado, la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia, cuya vulneración le atribuyó a las providencias de 25 de septiembre de
2017 y 19 de agosto de 2025, proferidas por la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado dentro de la acción de reparación directa con radicado
número 25000-23-26-000-2007-00411-00/01/03.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Refirió que la Empresa Colombiana de Vías Férreas - Ferrovías en liquidación,
presentó la acción de reparación directa con radicado núm. 25000-23-26-000-2007-
00411-00/01/03 contra el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, para que se
declarara la responsabilidad administrativa y extracontractual de la demandada por
la ocupación temporal o permanente de los predios denominados “[…] corredor

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Accionante: Instituto de Desarrollo Urbano

Férreo del Sur […]”, en las que se realizaron obras de construcción de la Troncal
de Transmilenio de la Autopista Sur.

2.2. Relató que el conocimiento del asunto le correspondió a la Subsección B de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, autoridad judicial
que, mediante sentencia de 22 de julio de 2009, declaró la existencia de
responsabilidad patrimonial del IDU y lo condenó a pagar por concepto de perjuicios
materiales la suma de $14.283.947.800.

2.3. Señaló que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y que la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de providencia
de 25 de septiembre de 2017 modificó la sentencia de la condena por daño
emergente, e indicó que la suma se determinaría mediante incidente de liquidación
de perjuicios.

2.4. Manifestó que el 9 de abril de 2018 Ferrovías formuló incidente de regulación de
perjuicios y mediante providencia de 5 de mayo de 2023 la Subsección B de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca liquidó la condena
en abstracto y condenó al IDU a pagar por concepto de perjuicios materiales en la
modalidad de daño emergente ocasionados al Ministerio de Transporte, sucesor
procesal de Ferrovías, o a quien hiciera sus veces, la suma de $ 26.585.306.10.

2.5. Comentó que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y el 19
de agosto de 2025, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
modificó la condena impuesta por la suma de $ 29.330.546.384,7.

2.6. Expuso que las providencias vulneraron sus derechos fundamentales al acceso
a la administración de justicia y debido proceso por haber incurrido en los defectos
fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la
constitución.

2.7. Refirió que las providencias incurrieron en un defecto sustantivo, por cuanto se
realizó una interpretación “[…] errónea de la norma procesal aplicable al caso en
concreto […]”.

2.8. Adujo frente al defecto fáctico que “[…] la decisión judicial no encuentra respaldo
adecuado en los hechos probados del proceso […]”, por “[…] omitir el decreto a la
valoración de pruebas esenciales, por valorar irrazonablemente las existentes, por
suponer pruebas inexistentes o por otorgar a los medios probatorios un alcance
contraevidente […]”.

2.9. Indicó que las providencias incurrieron en una violación directa de la Constitución
por cuanto desconocieron “[…] las normas y sentencias respecto de la naturaleza
de bienes de uso público, errando en la aplicación e interpretación en el caso
particular y conculcando DERECHOS FUNDAMENTALES expuestos por el
Instituto de Desarrollo Urbano – IUD (sic) […]”, lo que conllevó a una “[…] disparidad
de criterios y la aplicación errónea del derecho por parte de las accionadas, que

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Accionante: Instituto de Desarrollo Urbano

configuran una vía de hecho que justifica la intervención constitucional mediante
tutela […]”.

2.10. Refirió respecto al desconocimiento del precedente que, se desconocieron las
sentencias de 28 de septiembre de 20221 y de 12 de junio de 20142 proferidas por
el Consejo de Estado; los conceptos 1640 de 2005 y 1469 de 2002 de la Sala de
Consulta y Servicio Civil; y las sentencias C-082 de 2014, T-115 de 2003 y T-572
de 1994 de la Corte Constitucional.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, el
derecho de acceso a la administración de justicia, vulnerados por el Consejo
de Estado- Sección Tercera Subsección "B" al proferí (sic) la sentencia de
reparación directa bajo el radicado No 25000232600020070041103
Sentencia del 25 de septiembre de 2017 dentro del proceso 38141, conforme
a las razones expuestas se cometieron vías de hecho (defectos sustantivos.
Facticos (sic), desconocimiento del precedente jurisprudencial, entre otros.

SEGUNDO: Dejar sin efectos la sentencia de reparación directa bajo el
radicado No 25000232600020070041103 fechada el 25 de septiembre de
2017 dentro del proceso 38141proferidos (sic) por el Consejo de Estado -
Sección Tercera - Subsección "B".

TERCERO: Ordenar el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso, en el núcleo esencial de la de la administración de justicia y
prevalencia del derecho sustancial, derecho a la igualdad, debido proceso,
derecho a la defensa y las garantías judiciales, acatamiento del precedente
judicial, respeto a la Constitución Política, dejando sin valor ni efecto la
sentencia bajo radicado No 25000232600020070041103 fechada el 25 de
septiembre de 2017 dentro del expediente (38141) proferida por el Consejo
de Estado. Ordenando una nueva decisión que tenga como base tanto la
debida interpretación de las normas constitucionales, legales y doctrinales
respecto de los bienes públicos y las relacionada con vías férreas como
bienes públicos de uso público, y que ponga fin a los ataques que el fallo
censurado irrogó a los derechos fundamentales del Instituto de Desarrollo
Urbano […]”. [Negrilla del texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 20 de noviembre de 2025, el magistrado a cargo de la
sustanciación del proceso de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado admitió la presente acción de tutela. Asimismo, ordenó vincular en
calidad de tercero con interés directo en el resultado del proceso al Ministerio de
Transporte sucesor procesal de la Empresa Colombiana de Vías Férreas -
Ferrovías.

1
Radicado núm. 25000-23-26-000- 2006-02101-01.
2
Radicado núm. 66001-23-31-000-2003- 00678-01.

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Accionante: Instituto de Desarrollo Urbano

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a la vinculada,
se allegaron los siguientes informes:

5.1. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado puso de
presente que las providencias acusadas contienen los argumentos y elementos
necesarios para adoptar la decisión de tutela que en derecho corresponda.

5.2. El Ministerio de Transporte solicitó declarar la improcedencia de la acción de
amparo por incumplimiento del requisito de inmediatez, en razón a que los
argumentos expuestos por la parte actora están encaminados a controvertir la
sentencia de 25 de septiembre de 2017. Sin embargo, han transcurrido más de
ocho años, desde la notificación de providencia que se acusa.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediantefallo de tutela de 11 de diciembre de 2025, la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela
por no cumplir con el requisito general de inmediatez.

7. El juez de primera instancia advirtió que “[…] la parte accionante afirmó que su
pretensión se dirige a que «se deje sin valor ni efectos jurídicos la sentencia de
segunda instancia y la liquidación de perjuicios ordenada en la misma, de la cual
fuere notificada mediante estado del 21 de agosto de 2025, comunicada el 2 de
septiembre del hogaño (sic)» […]”.

8. A su vez, señaló que el accionante “[…] no planteó ningún reparo concreto en
cuanto a la decisión adoptada sobre la liquidación de los perjuicios, sino que, en
cambio, se enfocó en discutir la determinación contenida en la sentencia del 25 de
septiembre de 2017 respecto a la naturaleza de los bienes ocupados que dieron
lugar a la instauración del medio de control de reparación directa […]”.

9. Por lo anterior, estudió el requisito de inmediatez frente a las pretensiones de “[…]
deje sin valor ni efectos jurídicos la sentencia de segunda instancia […]”, y concluyó
que “[…] del 26 al 30 de octubre de 2017 se fijó edicto para notificar a las partes del
proceso de reparación directa la sentencia del 25 de septiembre de 2017 proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sin embargo, se observa
que el accionante radicó esta acción el 18 de noviembre de 2025, esto es,
transcurridos más de 8 años desde que la decisión controvertida en esta sede fue
notificada y adquirió ejecutoria, lo que evidencia el incumplimiento del requisito de
inmediatez […]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

10. La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia y solicitó revocar la
sentencia para en su lugar tutelar los derechos fundamentales al debido proceso y

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Accionante: Instituto de Desarrollo Urbano

acceso a la administración de justicia, para lo cual reiteró las pretensiones del
escrito de tutela y argumentó:

“[…] Al respecto es claro que en el caso en concreto y sumado a lo manifestado
por la misma Corte Constitucional, que no es de manera objetiva e inflexible el
análisis que debe realizarse al respecto, pues existió no solamente la
cuantificación en más de 29 mil millones de pesos de lo condenado hace menos
de 4 meses mediante auto ejecutoriado que liquidó los perjuicios, si no que al
realizarse y aprobarse el auto de la liquidación de perjuicios, estuvo atado a lo
que se desarrolló en parte de la sentencia quien orientó la liquidación de los
mismos, por lo que se está frente la vulneración de los derechos fundamentales
y el desconocimiento de precedente judicial.

Razón por la cual, esta entidad pone a su consideración sea revisado el requisito
conforme a los hechos y situaciones jurídicas mencionadas en la tutela, que no
solamente se enfocan en la sentencia de segunda instancia proferida por el
Consejo de Estado, sino que el mismo consejo de estado en un caso análogo
deja en evidencia la transgresión constitucional y desconocimiento en materia de
bienes públicos de uso público, sino que ahora ante el daño actual e inminente
como es la consolidación de la vulneración y sus interpretaciones se busca el
pago de cifras de dinero que claramente no corresponde con la realidad ni
jurídica pero adicional, que se origina en una sentencia judicial y el auto de
liquidación de perjuicios que ya fueron allegados al IDU para efectos de su pago
[…]”.

11. Adujo que “[…] El perjuicio irremediable o daño inminente respecto de los
derechos fundamentales hoy alegados, carecerían de cualquier discusión pues los
mismos no se hubieran podido alegar 8 años antes por su falta de materialización
y cuantificación […]” por lo que “[…] ha de verificarse si el momento procesal
permitía el conocimiento de los detalles hoy expuestos y reprochados […]”, por lo
que será la fecha del incidente y el auto que lo resuelve el término para efectos de
contabilizar este requisito como se procede a explicar así:

“[…] El desconocimiento de la destinación económica del predio como sub
tema de la naturaleza de los bienes de uso público, que ya fueron
ampliamente alegados y como ya se expuso se reinvierte una carga
probatoria del auto del 19 agosto del 2025 que resolvió el incidente de
perjuicios así:

38. Finalmente, en relación con el argumento relativo a la omisión
de la “destinación económica” del predio para realizar el avalúo, se
advierte que, si la parte demandada consideraba que dicha
destinación incidía en el valor del inmueble, debió allegar el
respectivo medio probatorio que sustentara dicha afirmación,
conforme a lo previsto en el artículo 167 del CGP. En ausencia
de dicha prueba, no es posible tener por demostrado el efecto
alegado por la parte. (negrilla y subrayado fuera del texto original)

Lo que es sine qua non respecto de lo manifestado también en la sentencia
de segunda instancia al decir:

“13.1.4 Se insiste en este punto que no se ve impedido el
surgimiento de la responsabilidad en el sub lite por el hecho de que
la ocupación haya sido causada por una entidad pública pues, tal
como se define en el artículo 86 del Código Contencioso

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Accionante: Instituto de Desarrollo Urbano

Administrativo, el legislador no hace distinción alguna en lo que
tiene que ver con el carácter de la entidad causante de la
perturbación, o el tipo del inmueble afectado por ese tipo de
hecho dañoso”.(Negrilla y subrayado fuera de texto original).

(…)

15.1.2. Por la misma razón, tampoco se comparte el reparo atinente
al hecho de que el avalúo se realizara con base en el valor
comercial de los predios pues, según insiste la sala, los bienes
materiales litigio son fiscales, y ello no quiere decir que su precio
pueda ser inferior al de los bienes privados pues por mandato
de las leyes 9 de 1989 y 388 de 1997 se calcula con base en el
valor comercial la eventual compra o expropiación que el
estado haga de los bienes privados para afectarlos al uso
público. […]”. [Negrillas y subrayado fuera de texto original]

12. Expuso que es “[…] más que manifiesta la vía de hecho que se adoptó en el auto
que liquidaron y aprobaron los perjuicios, pues los mismos pretenden que en el
artículo 86 se relacione lo que ya en las diferentes sentencias citadas en esta tutela
se han referido para aclarar, que la NATURALEZA DEL BIEN no cambió en cuanto
su destinación al ser utilizado para medios de transporte, por entidades públicas y
no hace parte de la órbita de ningún particular, sino sigue siendo el Estado el titular
de dominio en cumplimiento del artículo 2 de la CP, en línea con las sentencias
citadas en los procedentes (sic) jurisprudenciales de la tutela […]”.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

13. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19913, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20154, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20215 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20256, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20197, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20248.

VIII.2. Problemas jurídicos

14. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado9, la Sala debe establecer:

3
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
4
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
5
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
7
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
8 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
9
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:

b) Determinar si la autoridad accionada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante.

15. Con el fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: (i) procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y (ii) resolver el caso concreto.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

16. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201210, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

17. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

18. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

19. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial11, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución12.

10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
11
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
12
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.

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20. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”13 que encaje en dichos
parámetros.

21. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

22. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

23. El Instituto de Desarrollo Urbano solicitó, a través de apoderado, la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia, cuya vulneración le atribuyó a las providencias de 25 de septiembre de
2017 y 19 de agosto de 2025, proferidas por la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado dentro de la acción de reparación directa con radicado
número 25000-23-26-000-2007-00411-00/01/03.

24. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela, en especial, el requisito de inmediatez.
Asimismo, se analizará si en el caso de la providencia de 19 de agosto de 2025 se
cumple con los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia
judicial.

VIII.4.1. Del cumplimiento del requisito general de procedencia de inmediatez
respecto de la sentencia de 25 de septiembre de 2017

25. En cuanto al requisito general de inmediatez, se debe señalar que la acción de
tutela no tiene un plazo específico para su interposición. Sin embargo, la Corte

Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
13
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

9

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Accionante: Instituto de Desarrollo Urbano

Constitucional ha dicho, refiriéndose a este requisito, que la acción de tutela debe
ser interpuesta: “[…] en un término razonable y proporcionado a partir del hecho
que originó la vulneración14. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de
tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de solución de conflictos […]”15.

26. Al respecto, la jurisprudencia constitucional16, ha señalado lo siguiente:

“[…] En el caso específico de tutelas contra providencias judiciales, el requisito
de inmediatez adquiere una connotación aún más precisa y exigente,
pues el carácter excepcional de esta figura obedece precisamente a la
necesidad que existe de conciliar la protección de derechos
fundamentales con los principios constitucionales de seguridad jurídica
y autonomía judicial, que podrían comprometerse si la tutela contra
providencias judiciales se convierte en práctica generalizada. De ahí que
la jurisprudencia de la Corte Constitucional haya sido particularmente
reiterativa en considerar que el principio de inmediatez es particularmente
importante cuando se trata de examinar la procedencia de tutelas contra
providencias judiciales. En la citada sentencia C-590 de 2005, se afirmó que
“de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos
de resolución de conflictos” […]”17. [Negrilla fuera del texto y cursiva original del
texto]

27. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante
sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, fijó una regla jurisprudencial según
la cual el plazo considerado como razonable era de seis (6) meses, contados a
partir de la notificación de la decisión judicial objeto de tutela. Ello con sustento en
el siguiente raciocinio:

“[…] Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se
ejerza en un tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la
realización del principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el grado de certeza
material, que la hace definitiva e inmutable.

Anotase que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las
diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre
este aspecto. Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de
seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra
providencias judiciales se ejerce oportunamente.

Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza
del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los

14
Ver entre otras, Sentencia T-315 de 2005.
15
Sentencia C-590 de 2005, T-743 de 2008, T-343 de 2012.
16
Corte Constitucional, Sentencia T-739 de 2010.
17
Ibidem.

10

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recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela
judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren
certeza y estabilidad. La regla general del plazo de seis meses se acoge,
además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como
razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se trata
de una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional […]”18.
[Negrilla fuera del texto].

28. La jurisprudencia constitucional19 ha establecido excepciones a la aplicación del
requisito de inmediatez, las cuales deberán demostrarse y justificarse por el
accionante en cada caso particular20, así:

“[…] La acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida transcurrido
un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que: i)
exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad
física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre
el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en
el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de
la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del
irrespeto por sus derechos, continúa y es actual […]”21.

29. La Sala pone de presente que, para determinar si la presente acción de tutela
satisface el requisito general de procedibilidad de inmediatez, se debe tener en
cuenta la fecha de notificación de la providencia controvertida. Ello en razón a que
la jurisprudencia de esta Sección ha sido pacífica en sostener que el plazo
razonable se contabiliza a partir de la fecha en que se notifique la providencia
acusada por vía de tutela.

30. El accionante solicitó como pretensión “[…] Dejar sin efectos la sentencia de
reparación directa bajo el radicado No 25000232600020070041103 fechada el 25
de septiembre de 2017 dentro del proceso 38141proferidos (sic) por el Consejo de
Estado - Sección Tercera - Subsección "B" […]”.

31. Con fundamento en lo expuesto, la Sala estima oportuno precisar que: (i) la
sentencia de 25 de septiembre de 2017 que motivó la interposición de esta acción
de tutela fue notificada por edicto del 26 de octubre de 201722, y (ii) la presente
solicitud de amparo fue presentada el 18 de noviembre de 2025, lapso que no
puede considerarse como razonable.

32. El accionante en su escrito de impugnación manifestó que “[…] [e]l perjuicio
irremediable o daño inminente respecto de los derechos fundamentales hoy
alegados, carecerían de cualquier discusión pues los mismos no se hubieran
podido alegar 8 años antes por su falta de materialización y cuantificación […]” por
18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, expediente 11001-
03-15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
19
Sentencia T-584 de 2011.
20
Sentencia T-695 de 2017 de la Corte Constitucional. Cfr. Sentencia de Unificación proferida por la Sala Plena del Consejo
de Estado el 5 de agosto de 2014. Exp. 2012-02201-01 (IJ).
21
Sentencia T-246 de 2015, Corte Constitucional.
22
Índice 77 SAMAI, expediente núm. 25000-23-26-000-2007-00411-01.

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lo que “[…] ha de verificarse si el momento procesal permitía el conocimiento de los
detalles hoy expuestos y reprochados, por lo que será la fecha del incidente y el
auto que lo resuelve el termino (sic) para efectos de contabilizar este requisito […]”.

33. Para la Sala, los argumentos expuestos por la parte actora no justifican la demora
en la interposición de la presente acción constitucional, la Sala considera que no se
satisface el requisito general de procedibilidad de inmediatez, resaltándose que
tampoco se cumplen los presupuestos para acceder a la aplicación de la sentencia
SU-354 de 2017, proferida por la Corte Constitucional.

34. Sin perjuicio de lo anterior, y atendiendo a que el accionante identificó la
providencia de 19 de agosto de 2025 como vulneradora de sus derechos
fundamentales, esta Sección estudiará el cumplimiento de los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial
el de relevancia constitucional.

VIII.4.2. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
frente a la providencia de 19 de agosto de 2025

35. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental23 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones24.

36. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales25, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces26.

37. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación27, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.

23 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr.
Jaime Córdoba Triviño.
24 Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
25 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
26 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
27
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.

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El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].

38. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202228 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,

28
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

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pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].

39. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202329.

40. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales30.

41. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso
a la administración de justicia, por haber incurrido, presuntamente, los defectos:
fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la
constitución.

42. Refirió que las providencias incurrieron en un defecto sustantivo, por cuanto se
realizó una interpretación “[…] errónea de la norma procesal aplicable al caso en
concreto […]”.

43. Adujo frente al defecto fáctico que “[…] la decisión judicial no encuentra respaldo
adecuado en los hechos probados del proceso […]”, por “[…] omitir el decreto a la
valoración de pruebas esenciales, por valorar irrazonablemente las existentes, por
suponer pruebas inexistentes o por otorgar a los medios probatorios un alcance
contraevidente […]”.

29
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
30
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

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44. Indicó que las providencias incurrieron en una violación directa de la Constitución
por cuanto desconocieron “[…] las normas y sentencias respecto de la naturaleza
de bienes de uso público, errando en la aplicación e interpretación en el caso
particular y conculcando DERECHOS FUNDAMENTALES expuestos por el
Instituto de Desarrollo Urbano – IUD […]”, lo que conllevó a una “[…] disparidad de
criterios y la aplicación errónea del derecho por parte de las accionadas, que
configuran una vía de hecho que justifica la intervención constitucional mediante
tutela […]”.

45. Refirió respecto al desconocimiento del precedente que, se desconocieron las
sentencias de 28 de septiembre de 202231 y de 12 de junio de 201432 proferidas
por el Consejo de Estado; los conceptos 1640 de 2005 y 1469 de 2002 de la Sala
de Consulta y Servicio Civil; y las sentencias C-082 de 2014, T-115 de 2003 y T-
572 de 1994 de la Corte Constitucional.

46. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional, ii) no se satisfizo la carga mínima argumentativa, iii) la pretensión
guarda relación con un asunto de contenido económico, y iv) la parte accionante
pretende utilizar este mecanismo como una tercera instancia, con lo que busca
reabrir la discusión que fue resuelta por el juez natural de lo contencioso
administrativo.

47. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que el accionante motive suficientemente las razones por
las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.

48. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la
providencia de 19 de agosto de 2025:

“[…] 31. 1) Sobre la fundamentación de la solicitud de incidente de
liquidación de perjuicios es cierto que la solicitud de liquidación de perjuicios
estuvo soportada, en principio, en el dictamen practicado en el marco del
proceso inicial. No obstante, se debe destacar que la prueba utilizada por el
tribunal para demostrar la existencia del perjuicio fue el informe técnico de
avaluó comercial elaborado por el IGAC que se decretó y practicó en el
transcurso del incidente.

32. Respecto a este informe no puede pasarse por alto que en el escrito
incidental se solicitó al tribunal que se allegara esta prueba, la cual fue
debidamente decretada y practicada en el transcurso del proceso. En este
sentido, es equivocado concluir, que la solicitud de incidente de liquidación de
perjuicios carecía de sustento. Ello por cuanto la única prueba que determinó

31
Radicado núm. 25000-23-26-000- 2006-02101-01.
32
Radicado núm. 66001-23-31-000-2003- 00678-01.

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la existencia del perjuicio fue debidamente incorporada al expediente y hace
parte integral de las pruebas allegadas para probar la existencia del perjuicio.

2) Sobre el desconocimiento de la Sentencia del Consejo de Estado Lla
(sic) parte demandada indicó que el Auto le otorga valor probatorio a un
dictamen ya descartado por esta Corporación y, además, no descontó del
monto de la condena el valor correspondiente al pago del impuesto por
valorización. En relación con el primer argumento, se observa que la decisión
adoptada por el tribunal se fundamentó de manera exclusiva en el informe del
IGAC, toda vez que, respecto del dictamen del proceso inicial se manifestó que
este arrojaba conclusiones que permitieran establecer con certeza la cuantía
del perjuicio reconocido. Ahora bien, el Tribunal indicó que tuvo en cuenta las
consideraciones contenidas en el informe del IGAC para verificar la existencia
de los perjuicios alegados, ya que este informe contenía un estudio idóneo
sobre el avaluó comercial del bien. No obstante, aclaró que no adoptó la cifra
determinada en dicho informe por cuanto esta excedía el monto máximo
permitido. Lo anterior, no implica que el informe carezca de fuerza probatoria
para acreditar la existencia del perjuicio.

33. Frente al segundo punto, se destaca que el tribunal no restó el concepto de
valorización sobre el monto total reconocido en la sentencia. Ello, en la medida
en que el operador judicial restó la suma de valorización al valor señalado como
avaluó comercial del bien determinado en el informe del IGAC, cuyo resultado
de esta operación no fue el reconocido como monto total de la condena. De
esta manera, la providencia desconoció la orden de esta Corporación,
concerniente a reducir del valor de la condena la proporción correspondiente al
pago por concepto de valorización de los predios afectados.

34. En consecuencia, se actualizará a fecha de hoy tanto el monto total
reconocido en la condena ($ 26.585.960.306,10) como el monto por concepto
de valorización ($18.987.433,26). Posteriormente, se restará del valor
actualizado de la condena (29.357.650.679,64) el valor actualizado de la
valorización del predio (27.104.294,98). En consecuencia, se procederá a
modificar el valor de la condena al resultado de la anterior operación, cuyo
resultado es la suma de $29.330.546.384,7, conforme a lo dispuesto por esta
Corporación.

[…]

37. Por otra parte, lo que exigen las disposiciones legales citadas es que la
entidad o perito encargado del avalúo tenga en cuenta la normativa urbanística
o municipal vigente. En el presente caso, el IGAC indicó que, para la
determinación del valor del terreno, se tuvo en cuenta la normatividad general
de uso del suelo para Bogotá, prevista en el POT contenido en el Decreto 190
de 2004, sus fichas reglamentarias y los desarrollos urbanísticos existentes.
Por tal razón, se concluye que el informe fue elaborado por una entidad
competente, y que este dio cumplimiento a los requisitos legales exigidos por
esta Corporación.

38. Finalmente, en relación con el argumento relativo a la omisión de la
“destinación económica” del predio para realizar el avalúo, se advierte que, si
la parte demandada consideraba que dicha destinación incidía en el valor del
inmueble, debió allegar el respectivo medio probatorio que sustentara dicha
afirmación, conforme a lo previsto en el artículo 167 del CGP. En ausencia de
dicha prueba, no es posible tener por demostrado el efecto alegado por la parte.
[…]”. [Negrilla del texto y subrayado fuera del texto].

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49. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por el Juez de lo Contencioso Administrativo y no se
observa que la decisión proferida en sede contenciosa hubiese sido arbitraria o, se
hubiesen desconocidos los derechos fundamentales de la parte accionante en el
trámite del proceso administrativo.

50. En este punto, vale la pena señalar que de conformidad con los principios de libre
valoración de la prueba, autonomía e independencia judicial (artículos 228 y 230 de
la Constitución Política), los jueces gozan de amplias facultades para valorar las
pruebas dentro del proceso. En ese sentido, es al juez natural de la causa a quien
le corresponde determinar el valor de cada medio de prueba, bajo las reglas de la
sana crítica.

51. De ahí que la posibilidad de cuestionar una providencia judicial por una
inconformidad con la valoración de las pruebas sólo tiene cabida cuando la decisión
contenga errores graves, que desconozcan los principios de la sana crítica. En esta
oportunidad lo perseguido por la parte accionante es controvertir el análisis
probatorio efectuado por el juez contencioso, lo que claramente constituye una
desnaturalización de este mecanismo, en tanto que está siendo utilizado como una
tercera instancia.

52. La Sala considera que el alcance de la discusión en esta oportunidad es
estrictamente económica y legal, que no involucra el desarrollo del núcleo esencial
de un derecho fundamental, por lo que la intervención del juez de tutela se
encuentra restringida.

53. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”33. Significa lo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional,
que este “[…] mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”34.

54. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”35.

55. Con fundamento en lo anterior, esta Sección confirmará el fallo impugnado, pero
por las razones expuestas en la presente providencia.

33
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
34
Ibid.
35
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 11 de diciembre de 2025, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, pero por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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