Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-07266-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-07266-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-07266-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-07266-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2025 07266 01
Accionantes: José Óscar Montealegre y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Casanare
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Se confirma la sentencia de tutela de primera instancia
que negó la solicitud de amparo, al no evidenciarse la
configuración de los defectos alegados en la providencia
que declaró la caducidad del medio de control de
reparación directa objeto de reproche
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por los accionantes en contra del fallo de tutela
proferido el 29 de enero de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que negó
la solicitud de amparo.
1. SÍNTESIS DEL CASO
Los señores José Óscar Montealegre, Olga Montealegre Rodríguez, Ana Matilde
Guerrero Montealegre, Blanca Montealegre Rodríguez, Martha Cecilia Sánchez
Montealegre, Sandra Milena Carrillo Montealegre y Jheny Paola Garzón Montealegre,
actuando a través de apoderado judicial, interpusieron acción de tutela en contra de la
providencia dictada el 15 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo del Casanare,
notificada el 19 de mayo del mismo año, dentro del proceso de reparación directa
identificado con el radicado núm. 85001 33 33 002 2018 00130 01, y para ello formularon
las siguientes pretensiones1:
1. PRINCIPALES
1.1. Que sean tutelados los derechos fundamentales de la igualdad (Art. 13 C.N.),
al debido proceso (Art. 29 C.N.), a la reparación integral derivada de la
responsabilidad patrimonial del Estado (Art. 90 C.N.), y al acceso a la
administración de justicia (Art. 229 C.N.), en favor de Olga Montealegre
Rodríguez (madre), José Óscar Montealegre (hermano), Ana Matilde Guerrero
Montealegre (hermana), Blanca Montealegre Rodríguez (hermana), Martha
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 07266 00
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1
Radicación: 11001 03 15 000 2025 07266 01
Accionantes: José Óscar Montealegre y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Casanare
Cecilia Sánchez Montealegre (hermana), Sandra Milena Carrillo Montealegre
(hermana), y Jheny Paola Garzón Montealegre (sobrina), derechos que fueron
vulnerados dentro del proceso administrativo de reparación directa identificado
iniciado por los accionantes en contra de La Nación - Ministerio de Defensa
Nacional - Ejército Nacional, identificado con el radicado No. 85001-33-33-002-
2018-00130-01, por la decisión judicial adoptada por el Tribunal Administrativo de
Casanare contenida en su providencia de fecha 15 de mayo de 2025, notificada
el 19 de mayo de 2025, que revocó la sentencia de primera instancia proferida por
el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito De Yopal.
1.2. Que, como consecuencia del amparo solicitado, en favor de los accionantes,
también con efectos inter comunis o inter pares, por favor se declare nula, y, en
consecuencia carente de efectos jurídicos, la providencia de fecha 15 de mayo de
2025, notificada el 19 de mayo de 2025, que revocó la sentencia de primera
instancia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Yopal,
decretando la caducidad en instancia de cierre, en decisión adoptada por el
Tribunal Administrativo de Casanare dentro del proceso administrativo de
reparación directa identificado con el radicado No. 85001-33-33-002-2018 00130-
01.
1.3. Que por favor, privada de efectos jurídicos la providencia judicial de la que
pedimos se declare su anulación, se ordene al Tribunal Administrativo de
Casanare a tratar con debida diligencia el proceso administrativo de reparación
directa identificado con el radicado No. 85001-33-33-002-2018-00130-01, dando
prioridad para proferir de nuevo la correspondiente providencia de segunda
instancia dentro de un tiempo perentorio de diez días hábiles, teniendo en cuenta
el más alto estándar de garantías pro homine, pro damnato y pro actioni.
1.4. Medida Provisional. Que conforme al artículo 7° del Decreto 2591 de
199114, por favor se conceda la siguiente medida provisional con la finalidad de
que se protejan los derechos fundamentales de los accionantes, así:
1.4.1. Que, con efectos inter comunis o inter pares, se proceda a la
suspensión provisional de los efectos de la providencia de fecha 15 de
mayo de 2025, notificada el 19 de mayo de 2025, dentro del proceso
administrativo de reparación directa identificado con el radicado No.
85001-33-33-002 2018-00130-01 emitida por el Tribunal Administrativo
de Casaanre (sic), para que de esta manera, a casos similares no se les
apliquen los fundamentos y efectos de dicha jurisprudencia hasta tanto
no se resuelva la presente acción de tutela y de esta manera evitar el
menoscabo o vulneración de derechos fundamentales a los actores de la
presente acción y la de casos análogos.
1.5. Con la finalidad de que participen terceros intervinientes, tal cual lo indica el
inciso 2° del artículo 13 del Decreto 2591 de 199115, solicito que por favor y por
el medio más expedito y de amplia circulación a nivel nacional se realice llamado
a la comunidad en general para que quien tenga interés legítimo en el resultado
del proceso, ejerza su derecho e intervenga en coadyuvancia con los accionantes
o accionados dentro de la presente acción constitucional.
2. SUBSIDIARIA A LA TERCERA PETICIÓN PRINCIPAL.
Si no prospera la 3° petición principal basada en el principio de imprescriptibilidad
de la acción de reparación directa cuando se trata de casos de lesa humanidad,
que, por favor, privada de efectos jurídicos la providencia judicial de la que
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 07266 01
Accionantes: José Óscar Montealegre y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Casanare
pedimos se declare su anulación, respetuosamente pido el favor se considere la
siguiente solicitud:
2.1. Que se ordene al Tribunal Administrativo de Casanare a tratar con debida
diligencia el proceso administrativo de reparación directa identificado con el
radicado No. 85001-33-33-002-2018-00130-01, dando prioridad para proferir de
nuevo la correspondiente providencia de segunda instancia dentro de un tiempo
perentorio de diez días hábiles, teniendo en cuenta el más alto estándar de
garantías pro homine, pro damnato y pro actioni. (Negrillas y cursivas originales
del escrito de tutela).
2. SITUACIÓN FÁCTICA
Los accionantes informaron que el 24 de febrero de 2003, el señor Ricardo Andrés Castro
Montealegre desapareció en el municipio de Recetor, Casanare, lugar en el que residía,
y que, posteriormente, se conoció que fue retenido por integrantes de las Autodefensas
Campesinas del Casanare en la escuela de la vereda El Vegón, donde habría sido
sometido a tortura, tratos crueles e inhumanos, ejecución extrajudicial y desaparición
forzada.
Manifestaron que estos hechos ocurrieron en un contexto de connivencia y colaboración
entre ese grupo paramilitar y miembros del Ejército Nacional, particularmente del Batallón
núm. 44 Ramón Nonato Pérez, lo cual, según afirmaron, configuró una grave violación
de derechos humanos.
Indicaron que, debido al contexto de violencia y al ocultamiento de la verdad por parte de
agentes estatales, la familia de la víctima solo pudo acceder progresivamente a
información relacionada con la participación estatal en los hechos.
Expusieron que el 19 de julio de 2010 la Fiscalía General de la Nación hizo entrega de
los restos óseos del señor Montealegre a su madre, la señora Olga Montealegre
Rodríguez.
Continuaron relatando que la investigación penal culminó con la resolución de acusación
proferida el 15 de febrero de 2012 por la Fiscalía 29 de la Unidad de Derechos Humanos,
asimismo, agregaron que posteriormente el Juzgado Único Penal del Circuito
Especializado de Yopal, mediante sentencia del 13 de julio de 2021, condenó a Juan
Carlos Castañeda Villamizar, comandante del Batallón núm. 44 del Ejército Nacional, y a
Flaminio Cocinero Costo por los delitos de homicidio en persona protegida, desaparición
forzada agravada y tortura, decisión que fue confirmada el 29 de septiembre de 2021 por
el Tribunal Superior de Yopal.
Señalaron que, amparados en la jurisprudencia vigente en ese momento sobre la
imprescriptibilidad o flexibilidad de la caducidad en casos de crímenes de lesa
humanidad, presentaron solicitud de conciliación extrajudicial el 16 de agosto de 2017 y,
tras declararse fallida, el 24 de abril de 2018 interpusieron demanda en ejercicio del medio
de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional.
Anotaron que el conocimiento del proceso correspondió al Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Yopal, despacho que mediante sentencia del 18 de
diciembre de 2024 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y declaró no
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 07266 01
Accionantes: José Óscar Montealegre y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Casanare
probada la excepción de caducidad al considerar que el término debía contarse desde el
momento en que los demandantes tuvieron conocimiento calificado de la participación
del Estado, el cual fijó en la sentencia penal condenatoria del 13 de julio de 2021.
Explicaron que, contra la anterior decisión, tanto la parte demandante como la
demandada interpusieron recursos de apelación y que el Tribunal Administrativo de
Casanare, mediante sentencia del 15 de mayo de 2025 la revocó y, en su lugar, declaró
probada la excepción de caducidad de la acción de reparación directa al considerar que
el término de dos años previsto en el artículo 164 del CPACA debía contarse desde el 19
de julio de 2010, fecha en la cual la Fiscalía General de la Nación entregó los restos
óseos de la víctima a su madre.
Aseguraron que dicha decisión desconoció el carácter de juez de convencionalidad y
contravino diversas disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Agregaron que el caso relacionado con la muerte del señor Ricardo Andrés Castro
Montealegre se encuentra en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos bajo el radicado P-930-19.
Alegaron que la sentencia de segunda instancia acusada incurrió en defecto
procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto sustantivo y en error inducido.
Sobre el defecto procedimental absoluto, afirmaron que “se configura por la grave
violación del derecho fundamental al debido proceso de la parte actora, derivada de la
actuación del Tribunal Administrativo de Casanare, quien actuó completamente al
margen del procedimiento constitucionalmente admisible al aplicar normas procesales
con efectos retroactivos y sorpresivos”2.
Al respecto, agregaron que el tribunal accionado violó el principio de confianza legítima
al aplicar de manera retrospectiva la sentencia de unificación del Consejo de Estado del
29 de enero de 2020 a una demanda presentada en 2018, sin permitir a las partes
adecuar el proceso a los nuevos criterios jurisprudenciales, en contravía de lo señalado
por la Corte Constitucional en la sentencia T-202 de 2025.
En cuanto al defecto fáctico, argumentaron que “el Tribunal Administrativo de Casanare
incurrió en un yerro flagrante al realizar una valoración probatoria arbitraria, recortada y
contraevidente, dirigiendo su esfuerzo argumentativo exclusivamente a declarar la
caducidad, en lugar de buscar la verdad material bajo los estándares de flexibilización
exigidos constitucionalmente”3.
Al efecto, reprocharon que “el Tribunal fundó su decisión de caducidad en una única
prueba: la diligencia de entrega de restos óseos realizada por la Fiscalía el 19 de julio de
2010. Al hacerlo, el juez colegiado cometió un error de juicio ostensible al concluir que,
con la simple recepción física de los restos, los familiares obtuvieron automáticamente el
conocimiento cualificado de la participación y responsabilidad del Estado”4.
2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 07266 00
3 Ibidem
4 Ibidem
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 07266 01
Accionantes: José Óscar Montealegre y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Casanare
Frente al defecto sustantivo, manifestaron que la autoridad judicial accionada fundamentó
su decisión en una interpretación del artículo 164 del CPACA que entra en abierta
contradicción con la Constitución Política, el Bloque de Constitucionalidad y el Principio
de Convencionalidad.
Resaltaron que, conforme a los antecedentes legislativos de dicha norma, el medio de
control de reparación directa derivado de conductas constitutivas de delitos de lesa
humanidad no estaría sometido a caducidad. También invocaron providencias del
Consejo de Estado, de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en las que se ha resaltado el derecho de las víctimas de graves violaciones a
los derechos humanos a acceder a la justicia y a obtener reparación integral.
Finalmente, sobre el error inducido, aseguraron que el tribunal accionado incurrió en
dicho defecto “al fundamentar su decisión exclusivamente en la Sentencia de Unificación
del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020, providencia que contiene una tesis
jurisprudencial que induce a equívoco al desconocer la voluntad expresa del legislador y
los mandatos internacionales sobre la imprescriptibilidad de la acción de reparación en
crímenes de lesa humanidad”5.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 18 de noviembre de 20256 y correspondió por reparto a la
Sección Quinta de esta Corporación que, por auto del 20 de noviembre de 20257 la
admitió y dispuso notificar8 al Tribunal Administrativo de Casanare, como parte
accionada; así como vincular9 al Juzgado Tercero Administrativo de Yopal, a la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, al señor Omar Ariel Velandia Montealegre y a
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como terceros con interés en las
resultas del proceso.
De igual forma, requirió al Tribunal Administrativo de Casanare y al Juzgado Tercero
Administrativo de Yopal para que allegara copia digital del expediente correspondiente al
proceso identificado con el radicado núm. 85001 33 33 002 2018 00130 00/01.
3.2. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Yopal10 indicó que debía prosperar
el amparo solicitado, toda vez que, conforme a lo expuesto por la Corte Constitucional en
la sentencia T-202 de 2025, el Tribunal Administrativo de Casanare incurrió en un defecto
por violación del precedente al no realizar un análisis flexible, diferencial y pro-víctima del
material probatorio al momento de computar la caducidad.
5 Ibidem
6 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 07266 00.
7 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 07266 00.
8 Esta orden se cumplió el 24 de noviembre de 2025. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 07266 00.
9 Ibidem.
10 Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 07266 00.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 07266 01
Accionantes: José Óscar Montealegre y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Casanare
3.3. La magistrada ponente de la providencia cuestionada rindió informe11 en el que,
solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela y señaló que la sentencia proferida
el 15 de mayo de 2025 se limitó a aplicar lo dispuesto en el numeral 2.º, literal i), del
artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, así como la jurisprudencia del Consejo de Estado,
a partir de lo cual concluyó que en el proceso de reparación directa había operado el
fenómeno de la caducidad.
Indicó que, con fundamento en dichas reglas, la corporación declaró probada de oficio la
excepción de caducidad del medio de control y revocó la sentencia de primera instancia
proferida el 18 de diciembre de 2024 por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
de Yopal.
3.4. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional12 señaló que la acción de tutela
no tenía vocación de prosperidad, por cuanto la providencia cuestionada contenía los
fundamentos jurídicos para decidir sobre la caducidad en asuntos de desaparición
forzada y no presentaba irregularidades procesales ni sustanciales que justificaran la
intervención del juez constitucional.
Añadió que lo pretendido por la parte actora era reabrir una tercera instancia del proceso
ordinario, ante su desacuerdo con lo decidido por el juez natural, razón por la cual no se
acreditaba la relevancia constitucional. Insistió en que el Tribunal Administrativo de
Casanare se limitó a aplicar el instituto de la caducidad como norma procesal de orden
público, de conformidad con el artículo 164 del CPACA y la jurisprudencia de unificación
del Consejo de Estado, y citó diversos pronunciamientos judiciales que, en su criterio,
respaldan esa interpretación cuando el daño proviene de delitos de lesa humanidad.
3.5. El señor Omar Ariel Velandia Montealegre y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado guardaron silencio.
4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 29 de enero de 202613,
negó la solicitud de amparo al concluir que la providencia proferida el 15 de mayo de
2025 por el Tribunal Administrativo de Casanare no incurrió en los defectos invocados
por la parte accionante.
En primer lugar, la Sala analizó la solicitud de medida provisional consistente en
suspender los efectos de la sentencia cuestionada. Al respecto, señaló que dicha petición
estaba estrechamente vinculada con el estudio de fondo del asunto y que su análisis
dependía de verificar la procedencia de la acción de tutela y la eventual configuración de
los defectos alegados. Por ello, decidió negar la medida provisional solicitada.
Posteriormente, examinó los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales y concluyó que estos se encontraban acreditados. En
particular, consideró que el asunto revestía relevancia constitucional, dado que los
11 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 07266 00.
12 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 07266 00.
13 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 07266 00.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 07266 01
Accionantes: José Óscar Montealegre y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Casanare
accionantes alegaban la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la reparación integral y al acceso a la administración de justicia. Además, advirtió que
el caso se relacionaba con hechos de desaparición forzada y homicidio en persona
protegida, los cuales constituyen graves violaciones a los derechos humanos y generan
deberes reforzados de protección por parte del Estado.
Superado ese análisis preliminar, delimitó el objeto del litigio y precisó que debía
determinar si el Tribunal Administrativo de Casanare incurrió en defecto procedimental
absoluto al aplicar la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de
2020 sin permitir a los demandantes adecuar su estrategia procesal, y si la decisión
incurrió en defectos fáctico y sustantivo al declarar la caducidad del medio de control de
reparación directa.
Frente al presunto defecto procedimental absoluto, concluyó que no se configuraba tal
irregularidad. Para ello, explicó que, aunque la demanda de reparación directa se
presentó antes de la expedición de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020,
durante el trámite del proceso los demandantes contaron con oportunidades procesales
suficientes para ajustar su argumentación a las nuevas reglas jurisprudenciales.
Para sustentar esta conclusión, la Sala examinó el desarrollo procesal del expediente y
señaló lo siguiente:
Pues bien, al revisar las actuaciones procesales al interior del expediente 85001-33-33-
002-2018-00130-00 se advierte:
A partir de ese recuento procesal, concluyó que los demandantes sí tuvieron la
oportunidad de adaptar su estrategia procesal a las reglas jurisprudenciales fijadas por la
sentencia de unificación, pues la etapa de alegatos de conclusión se surtió varios años
después de la expedición de dicha providencia. En ese sentido, afirmó que “del recuento
anterior es posible inferir que la parte actora contó con oportunidades procesales para
adecuar su argumentación a las reglas definidas por la Sección Tercera de esta
corporación”.
Asimismo, observó que en el escrito de alegatos de conclusión los propios demandantes
se refirieron a la sentencia de unificación del Consejo de Estado y expusieron las razones
por las cuales, en su criterio, dicha decisión no resultaba aplicable a su caso concreto.
Posteriormente, analizó de manera conjunta los defectos sustantivo y fáctico invocados
por los accionantes, relacionados con la aplicación de la regla de caducidad del medio
de control de reparación directa.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 07266 01
Accionantes: José Óscar Montealegre y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Casanare
En ese contexto, citó el numeral 2, literal i), inciso segundo del artículo 164 del CPACA
dispone y explicó que la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia
mediante sentencia del 29 de enero de 2020, en la cual se estableció que incluso en los
casos de delitos de lesa humanidad resulta aplicable el término de caducidad previsto
por el legislador.
Al analizar el caso concreto, constató que el Tribunal Administrativo de Casanare
determinó que el 19 de julio de 2010 la Fiscalía General de la Nación realizó la entrega
de los restos mortales del señor Ricardo Andrés Castro Montealegre a sus familiares,
luego de haber sido identificados mediante estudios científicos adelantados por el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Con fundamento en ese hecho, el tribunal concluyó que el término de dos años para
presentar la demanda vencía el 20 de julio de 2012. No obstante, la solicitud de
conciliación prejudicial se presentó el 16 de agosto de 2017 y la demanda fue radicada
el 24 de abril de 2018.
Consideró que esta interpretación se ajustaba al ordenamiento jurídico y a la
jurisprudencia vigente, pues el artículo 164 del CPACA establece de manera expresa
que, tratándose de desaparición forzada, el término de caducidad se cuenta desde la
aparición de la víctima o, en su defecto, desde la sentencia penal definitiva. En
consecuencia, indicó “De ahí que el cómputo de la caducidad del medio de control debía
regir a partir del momento en que aparecieron los restos óseos de la víctima, tal y como
lo hizo el Tribunal Administrativo de Casanare”.
La Sala también descartó el argumento según el cual el término debía contarse desde la
sentencia penal condenatoria proferida en 2021. Al respecto, explicó que esa regla solo
opera cuando no han sido encontrados los restos de la víctima. Adicionalmente, señaló
que, incluso antes de la sentencia penal, existían elementos que permitían inferir la
posible participación de agentes estatales en los hechos, pues desde el año 2004 los
familiares habían denunciado ante la Procuraduría General de la Nación la desaparición
forzada del señor Castro Montealegre y otros hechos similares ocurridos en la región.
Finalmente indicó que el precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia T-
202 de 2025 no resultaba aplicable al caso concreto, dado que en ese asunto se acreditó
un escenario de ocultamiento de información que impidió a las víctimas conocer
oportunamente la posible responsabilidad del Estado, circunstancia que no se
evidenciaba en el presente proceso.
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, los accionantes lo impugnaron14
señalando lo siguiente:
Sostuvieron que el juez de tutela de primera instancia omitió un análisis profundo de los
defectos alegados y avaló una decisión que restringe el derecho de acceso a la
administración de justicia.
14 Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 07266 00.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 07266 01
Accionantes: José Óscar Montealegre y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Casanare
Anotaron que la demanda de reparación directa fue presentada con el acervo probatorio
disponible al momento de su interposición, por lo que, actuando de buena fe, allegaron
el acta de entrega de restos del señor Ricardo Andrés Castro Montealegre bajo la
convicción de la línea jurisprudencial vigente en ese momento, según la cual la caducidad
no resultaba aplicable a acciones derivadas de crímenes de lesa humanidad, conforme a
decisiones del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional.
Explicaron que la sentencia T-202 de 2025 de la Corte Constitucional sí resulta aplicable
al caso concreto, ya que en dicha providencia se analizó un caso de desaparición forzada
con entrega posterior de restos y discusión sobre la caducidad de la acción de reparación
directa.
Al respecto, argumentaron que existe una analogía fáctica y normativa sustancial entre
ese caso y el presente, pues en ambos las víctimas enfrentaron dificultades para conocer
la participación estatal debido al ocultamiento de la verdad y a la existencia de versiones
oficiales distorsionadas. Por ello, afirmaron que, en aplicación del derecho a la igualdad,
la solución jurídica adoptada por la Corte Constitucional debía replicarse en este asunto.
Adujeron que el tribunal accionado, y el fallo de tutela del a quo, incurrieron en defecto
fáctico al equiparar el conocimiento del hecho con la posibilidad de inferir jurídicamente
la responsabilidad del Estado. Precisaron que la Corte Constitucional distingue entre la
mera sospecha de las víctimas y la existencia de elementos de juicio suficientes para
inferir la imputación estatal.
Añadieron que el precedente constitucional reconoce que en estos casos pueden
presentarse barreras materiales para acceder a la justicia, tales como el ocultamiento de
información relevante o el temor fundado de las víctimas, por lo que afirmaron que dichas
circunstancias debieron ser valoradas para inaplicar la caducidad en garantía del derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia.
Advirtieron que el término de caducidad no podía contarse desde la entrega de los restos
mortales, pues ese hecho no implicaba que las víctimas contaran con elementos
suficientes para estructurar una imputación jurídica contra el Estado. Para ello, explicaron
que, para la fecha de entrega de los restos en 2010, la información disponible señalaba
a las Autodefensas Campesinas del Casanare como autores directos del crimen, lo que
ocultaba la eventual participación estatal.
Indicaron que solo con el avance del proceso penal adelantado bajo el radicado núm.
85001 31 07 0001 2012 0098 y, particularmente, con la sentencia condenatoria del 13 de
julio de 2021, confirmada el 29 de septiembre de 2021, se consolidó el conocimiento
suficiente para imputar responsabilidad al Estado. Por ello, afirmaron que el término para
ejercer la acción debía contarse desde ese momento y no desde la entrega de restos.
Agregaron que el tribunal accionado confundió la imputación fáctica con la imputación
jurídica, puesto que la responsabilidad patrimonial del Estado no surge simplemente de
la ocurrencia del hecho dañoso o del conocimiento de la muerte de la víctima, sino de la
posibilidad de atribuir jurídicamente ese daño a la administración, lo cual solo se
consolidó con las decisiones penales de 2021.
Expusieron, además, que el contexto de violencia y control territorial ejercido por las
Autodefensas Campesinas del Casanare en los municipios de Chámeza y Recetor
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 07266 01
Accionantes: José Óscar Montealegre y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Casanare
generó un temor insuperable que impidió a las víctimas acudir oportunamente a la
jurisdicción.
Cuestionaron igualmente que el fallo de tutela hubiera pasado por alto la voluntad del
legislador al expedir el artículo 164 del CPACA e indicaron que el proyecto de ley que dio
origen a la Ley 1437 de 2011 contemplaba que la acción de reparación directa por
crímenes de lesa humanidad podía presentarse en cualquier tiempo, y que la supresión
de esa disposición obedeció a razones de técnica legislativa, pues la imprescriptibilidad
ya se encontraba reconocida en tratados internacionales que integran el bloque de
constitucionalidad.
Insistieron en que la aplicación de las sentencias de unificación de 2020 desconoció el
principio de confianza legítima, comoquiera que la demanda fue presentada en 2018,
cuando la jurisprudencia vigente sostenía la inaplicabilidad de la caducidad para estos
casos. En su criterio, aplicarles retroactivamente un cambio jurisprudencial posterior
vulneró la seguridad jurídica y el principio de buena fe.
Añadieron que dicha interpretación resulta además contraria a los estándares del derecho
internacional de los derechos humanos, pues la Corte Interamericana ha señalado en
diversos casos que figuras como la prescripción o la caducidad no pueden impedir la
reparación por graves violaciones a los derechos humanos.
Afirmaron que el fallo de tutela incurrió en defecto fáctico y en motivación insuficiente al
presumir que los accionantes tenían conocimiento suficiente de la participación estatal
desde años anteriores. A su juicio, el conocimiento de la existencia de una investigación
penal no equivale a contar con elementos suficientes para estructurar una imputación
jurídica contra el Estado, especialmente en contextos de violencia, ocultamiento de
información y asimetría probatoria.
5.2. Por auto proferido el 11 de febrero de 2026 se concedió la impugnación15 y la misma
fue asignada a esta Sección por acta de reparto del 24 de febrero de 202616.
5.3. Mediante correo radicado el 5 de marzo de 202617 los accionantes presentaron
escrito de adición a la impugnación, en el cual señalaron que, mediante sentencia del 25
de julio de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera –
Subsección B, dentro de un proceso de reparación directa adelantado por la desaparición
forzada del señor Luis Alberto Pinto Sarmiento, sostuvo que, al tratarse de conductas
catalogadas como crímenes de lesa humanidad, de manera excepcional no opera el
fenómeno de la caducidad y, por tanto, las víctimas pueden acudir ante las autoridades
en cualquier tiempo.
Afirmó que dicha decisión resulta relevante porque armoniza la voluntad del legislador
contenida en la Ley 1437 de 2011 con los estándares del derecho internacional de los
derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
15 Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 07266 00.
16 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 07266 01.
17 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 07266 01.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 07266 01
Accionantes: José Óscar Montealegre y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Casanare
Con fundamento en lo anterior, solicitó que, en garantía del derecho fundamental a la
igualdad y bajo los principios pro actione, pro homine y pro damnato, se integre la ratio
decidendi de esa providencia al presente caso y se aplique un criterio favorable al acceso
a la administración de justicia de las víctimas.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 18, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201519, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202120, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo
de 201921, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por
la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.
6.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente22:
6.2.1. Los familiares del señor Ricardo Andrés Castro Montealegre presentaron demanda
en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional, con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios
derivados de su desaparición forzada y muerte.
6.2.2. La demanda fue presentada el 24 de abril de 2018 y su conocimiento correspondió
al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Yopal.
6.2.3. Mediante sentencia del 18 de diciembre de 2024, el Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito de Yopal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y declaró
no probada la excepción de caducidad, al considerar que el término debía contarse desde
el momento en que las víctimas tuvieron conocimiento calificado de la participación de
agentes estatales.
18 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la
impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
19 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
20 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
21 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
22 Lo que se desprende del expediente identificado con el radicado núm. 85001 33 33 002 2018 00130
00/01.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 07266 01
Accionantes: José Óscar Montealegre y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Casanare
6.2.4. Contra la anterior decisión interpusieron recurso de apelación tanto la parte
demandante como la demandada.
6.2.5. Mediante sentencia del 15 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de
Casanare, al resolver el recurso de apelación dentro del proceso identificado con el
radicado 85001 33 33 002 2018 00130 01, revocó la decisión de primera instancia y, en
su lugar, declaró probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control de
reparación directa.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
En el asunto bajo examen, la Sala considera que debe confirmarse la decisión del a quo,
por las razones que pasan a explicarse.
6.3.1. De la relevancia constitucional en controversias relacionadas con delitos de
lesa humanidad
El primer requisito general de procedencia que debe verificarse es la relevancia
constitucional. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional23 para que
esté cumplido es necesario que se reúnan los siguientes tres criterios: (i) restringir el
ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales; (ii) preservar la competencia y la independencia de los jueces
de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; e (iii) impedir que la acción de
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
de los jueces.
De este modo, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será
improcedente por no superar la relevancia constitucional24.
(i) El primer criterio, implica que el asunto involucre un debate que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental25.
En el asunto bajo examen, los accionantes alegan la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia e
igualdad, con fundamento en que la providencia acusada, que revocó la de primera
instancia, declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación
directa promovido por los hoy accionantes en contra de la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional, en el que se buscaba la declaración de responsabilidad del
estado por la desaparición forzosa y posterior muerte de su familiar, el señor Ricardo
Andrés Castro Montealegre.
Así las cosas, la Sala considera que, como el reproche de los accionantes tiene que ver
con que no había lugar a declarar la caducidad del medio de control, podría resultar
involucrado el derecho fundamental de acceso efectivo a la administración de justicia en
la medida que la controversia planteada en el proceso ordinario no fue resuelta o decidida
23 Sentencia SU-573 del 27 de noviembre de 2019. Criterio reiterado en la Sentencia SU-128 de 2021 y
SU-103 de 2022.
24 Sobre los elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29 de
septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente nro. 11001 03 15
000 2022 02850 01.
25 Corte Constitucional. Sentencia SU-573 de 2019.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 07266 01
Accionantes: José Óscar Montealegre y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Casanare
de fondo en la sentencia de segunda instancia, y teniendo en cuenta que, dentro de las
garantías del derecho al debido proceso está el acceso efectivo a la administración de
justicia, se tiene que el requisito de relevancia constitucional también está acreditado en
relación con el debido proceso.
Igualmente, la Sala advierte que, en los eventos en los que se alegue la posible
vulneración de derechos fundamentales derivada de providencias judiciales que
decidieron procesos sobre hechos eventualmente constitutivos de delitos de lesa
humanidad, como ocurre en el presente caso con la desaparición forzada y muerte del
señor Castro Montealegre, tales hechos merecen un análisis detallado por parte de los
jueces constitucionales, pues es evidente su relevancia constitucional, al tratarse de
hechos relacionados con el conflicto armado que por años ha padecido nuestro país, en
el que han resultado afectados civiles en estado de indefensión. Por consiguiente, el
primer criterio de la relevancia está cumplido.
(ii) El segundo criterio que compone el requisito general de relevancia constitucional, esto
es, preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional, implica que la discusión planteada no se limite a la
determinación de aspectos legales o de evidente naturaleza o contenido económico 26.
En este caso, el segundo elemento de la relevancia se acredita, toda vez que la discusión
planteada por la parte actora no gira en torno a un aspecto netamente legal o económico,
sino que, como quedó visto, el debate compromete, eventualmente, el contenido y
alcance de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso efectivo a la
administración de justicia posiblemente afectados por una providencia judicial que
declaró la caducidad del medio de control de reparación directa relacionada con delitos
de lesa humanidad.
(iii) El tercer componente de la relevancia constitucional es impedir que la acción de tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces27.
En este caso, el tercer elemento también se supera, debido a que los accionantes no
están utilizando la acción de tutela como una instancia adicional para reabrir el debate y
continuar cuestionando lo resuelto por el juez natural de la causa, comoquiera que en el
proceso ordinario no tuvo la oportunidad de controvertir la decisión de declaratoria de
caducidad dispuesta en el fallo de segunda instancia.
Por lo anotado, el requisito general de relevancia constitucional está superado por cuanto
están cumplidos los tres elementos que la componen.
Ahora bien, frente a los demás requisitos generales de procedencia de la acción de tutela,
la Sala advierte lo siguiente:
(i) La parte actora no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para controvertir la
decisión de segunda instancia acusada; (ii) la acción de tutela se presentó dentro de un
26 Corte Constitucional. Sentencia SU-573 de 2019.
27 Ibidem.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 07266 01
Accionantes: José Óscar Montealegre y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Casanare
término razonable28 habida cuenta que la providencia acusada fue notificada el 19 de
mayo de 2025 y la tutela fue radicada el 11 de noviembre de 2025; (iii) los accionantes
manifestaron en qué irregularidades incurrió la sentencia cuestionada; (iv) no se trata de
una providencia contentiva de una sentencia de tutela y (v) la situación que se afirma
generó la vulneración de los derechos fundamentales fue debidamente puntualizada.
En consecuencia, y comoquiera que están cumplidos los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, hay lugar a descender al
estudio del defecto sustantivo invocado por la entidad accionante.
6.3.2. Caso en concreto
6.3.2.1. Del control oficioso de convencionalidad en los casos en los que se alega
la ocurrencia de delitos de lesa humanidad
La Sala considera indispensable analizar cuáles son los criterios que debe tener en
cuenta el juez al momento de adoptar decisiones en procesos en los que se debate la
responsabilidad del Estado por hechos relacionados con la posible ocurrencia de delitos
de lesa humanidad, lo que, según ha planteado la jurisprudencia, se proyecta desde el
inicio del proceso judicial, incluyendo la posibilidad de inaplicar, o al menos, de hacer
consideraciones particulares frente a las reglas generales sobre caducidad de la acción,
en atención a la especial gravedad de esos hechos y a las consecuencias que ellos dejan
en las víctimas y sus familias, incluyendo la existencia de dificultades adicionales a las
usuales para poder accionar de manera oportuna.
De conformidad con lo planteado de manera coincidente por la jurisprudencia del Consejo
de Estado y de la Corte Constitucional, con el propósito de garantizar los derechos
fundamentales de las víctimas del conflicto armado en Colombia, es claro para la Sala
que los jueces cuentan con una amplia discrecionalidad para analizar los hechos puestos
en su conocimiento, así como para asignar valor a cada prueba obrante en cada
expediente, en aplicación del principio de la autonomía e independencia judicial 29,
incluyendo en ello las circunstancias que hubieren determinado la oportunidad en el
ejercicio de la acción, lo cual no implica que cuenten con una discrecionalidad absoluta,
dado que, en casos extremos, el ejercicio de dichas potestades puede llegar a desbordar
los límites que impone el ordenamiento constitucional.
En esta línea, al momento de estudiar los eventos posiblemente constitutivos de graves
violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, los jueces
deben analizar si dentro de la sentencia acusada se realiza una interpretación sistemática
de la normatividad interna en conjunto con las disposiciones internacionales aplicables al
caso concreto, y en especial en los cuales exista la posible comisión de delitos de lesa
humanidad que, por su excepcional relevancia jurídica, deben ser estudiados conforme
a los postulados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
28 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014,
Radicado nro. 11001-03-15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Demandante: Alpina
Productos Alimenticios S.A., Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera, donde se dijo que
acogiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional era razonable que se presentara el amparo máximo
en seis (6) meses después de notificada la providencia que se cuestionaba en sede constitucional, sin
perjuicio de estudiar en cada caso, las circunstancias particulares para determinar el cumplimiento del
requisito de inmediatez.
29 Corte Constitucional sentencia SU-159 de 2002 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa).
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 07266 01
Accionantes: José Óscar Montealegre y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Casanare
En ese orden de ideas, el juez a cargo de la decisión de este tipo de controversias debe
realizar el control oficioso de convencionalidad cuando quiera que advierta la posible
existencia de delitos de lesa humanidad que afectan el derecho internacional humanitario
y la responsabilidad que les asiste a los jueces de garantizar el cumplimiento de los
postulados internacionales con el fin de proteger los derechos fundamentales de las
posibles víctimas del conflicto armado.
Al respecto, es pertinente recordar que la Sala Plena de esta corporación, en la sentencia
del 29 de junio de 202130, señaló que el control de convencionalidad31, introducido en
nuestro ordenamiento por la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) 32,
implica que los jueces colombianos deben realizar un examen de compatibilidad entre las
disposiciones y actos internos con los tratados internacionales y la jurisprudencia de la
CIDH, lo cual se fundamenta en los principios del efecto útil de la CADH y del principio
pacta sunt servanda33.
De lo anterior, se puede advertir que los jueces están en la obligación de realizar el control
oficioso de convencionalidad cuando estén en presencia de la posible comisión de delitos
de lesa humanidad34, por cuanto éstos atentan de manera directa contra el derecho
internacional humanitario35.
En estas condiciones, una vez determinado el alcance del control de convencionalidad
en el ordenamiento jurídico interno, la Sala debe resaltar que, cuando los hechos puestos
en conocimiento de los jueces implican una clara y grave violación de derechos humanos,
se debe proceder con la verificación de la posible configuración de actos constitutivos de
delitos de lesa humanidad y examinar si la pretensión declarativa de responsabilidad del
Estado excede el interés particular o individual de las víctimas de dichos actos y, por
ende, reviste una relevancia jurídica colectiva que involucra a la humanidad en su
conjunto y se enmarca dentro del concepto de grave violación de derechos humanos
como acto de lesa humanidad. Surge así para el juez la obligación de pronunciarse,
30 Consejo de Estado, sentencia de 29 de junio de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-01175-01. Ref:
Control automático de legalidad de fallo con responsabilidad fiscal (C. P. William Hernández Gómez)
31 Sobre la postura vigente de la Corte Constitucional acerca del control de convencionalidad se pueden
estudiar las sentencias C-792 de 2014, C-327 de 2016 y C-659 de 2016, entre otras.
32 Aprobada en Colombia mediante la Ley 16 de 1972.
33 Valga destacar que, en la disposición citada, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
corporación explicó que el control difuso “es el que deben hacer todos los jueces y autoridades cobijadas
por la CADH, cuando inaplican en casos concretos normas nacionales por ser contrarias a los estándares
internacionales sobre derechos humanos”.
34 En la sentencia C-578 de 2002, al examinar la constitucionalidad de la ley aprobatoria del Estatuto de
Roma, la Corte consideró que los delitos de lesa humanidad son actos inhumanos cometidos como parte
de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, ya sea en tiempo de guerra externo,
conflicto armado interno o paz.
35 En la sentencia C-579 de 2013, la Corte Constitucional ha señalado que estos delitos se caracterizan
por “causar sufrimientos graves a la víctima o atentar contra su salud mental o física; inscribirse en el marco
de un ataque generalizado y sistemático; estar dirigidos contra miembros de la población civil y ser cometido
por uno o varios motivos discriminatorios especialmente por razones de orden nacional, político, étnico,
racial o religioso”, y que, de acuerdo con el artículo 7 del Estatuto de Roma, son: “1. el asesinato, 2. el
exterminio, 3. la esclavitud, 4. la deportación, 5. el traslado forzoso de población, 6. la encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, 7. la
tortura, 8. la violación, 9. la esclavitud sexual, 10. la prostitución forzada, 11. el embarazo forzado, 12. la
esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, 13. la
persecución de un grupo o colectividad, 14. desaparición forzada de personas, 15. el crimen de apartheid;
y 15. otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o
atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física, siempre que se cometan de manera
generalizada o sistemática”.
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 07266 01
Accionantes: José Óscar Montealegre y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Casanare
incluso oficiosamente, sobre los hechos objeto de estudio, atendiendo el contexto
histórico y sociológico en el cual se enmarcan, y en este particular escenario, también
sobre las circunstancias que hubieren podido determinar el ejercicio eventualmente tardío
de la acción.
En ese orden de ideas, es importante indicar también que la Corte Constitucional 36 ha
señalado que los jueces administrativos, en el momento de analizar la responsabilidad
del Estado en los casos en los que se estudie la posible ocurrencia de delitos de lesa
humanidad, deben tener en cuenta que la víctima se encuentra en un mayor grado de
dificultad argumentativa, probatoria y de ejercicio efectivo de la defensa técnica, como
ocurre con la desaparición y el desplazamiento forzados, y por ende, el rigor en la
exigencia a éstas, incluso en cuanto a los elementos de acreditación de la
responsabilidad, debe ceder y atemperarse de manera razonable para hacer posible un
análisis integral de tan graves hechos dentro del contexto histórico, político, social y
económico en que se supone que ellos se enmarcaron.
Por todo lo anterior, se advierte que, en los procesos de reparación directa en los cuales
se esté analizando la posible responsabilidad del Estado por hechos relacionados con la
ocurrencia de delitos de lesa humanidad, deberá el juez realizar: (i) el control oficioso de
convencionalidad frente a la presunta violación del derecho internacional humanitario en
cada caso en concreto, y (ii) un análisis sobre la caducidad de la acción y el fundamento
de las pretensiones, hechos y pruebas aducidas que atienda al particular contexto del
conflicto armado, utilizando los parámetros establecidos por la jurisprudencia
constitucional, con el objetivo de proteger los derechos fundamentales a la vida digna,
dignidad humana, verdad, justicia y la reparación integral.
Por lo tanto, el juez constitucional deberá verificar si en las sentencias que se acusen
dentro del trámite tutelar: (i) se encuentra expuesta la posible comisión de un delito de
lesa humanidad, y (ii) el juez ordinario, al momento de validar el oportuno ejercicio del
medio de control de reparación directa, tuvo en cuenta los postulados jurisprudenciales
dentro del contexto social de las víctimas, puesto que, en los casos en los cuales no se
advierta dicho análisis integral, se podría incurrir en un grave defecto de las decisiones
judiciales, y por ello, resultaría excepcionalmente procedente el amparo constitucional.
En atención a lo anterior, la Sala advierte en el caso concreto que, en la demanda de
reparación directa promovida contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional, los demandantes reclamaron la indemnización de los perjuicios ocasionados
con ocasión de la desaparición forzada y muerte del señor Ricardo Andrés Castro
Montealegre, hechos que, según afirmaron, ocurrieron en el municipio de Recetor,
Casanare, en un contexto de violencia asociado al conflicto armado interno y que
constituyen graves violaciones a los derechos humanos.
Según los demandantes, la sentencia de segunda instancia que revocó la de primera
instancia y declaró probada la excepción de caducidad del medio de control incurrió en
diversas irregularidades constitucionales.
En particular, sostuvieron que el Tribunal Administrativo de Casanare aplicó de manera
retrospectiva la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020
a una demanda presentada en el año 2018; que realizó una indebida valoración de las
pruebas al equiparar la entrega de los restos óseos de la víctima en el año 2010 con el
36 Corte Constitucional, sentencia T-296 de 2018 (M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado)
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 07266 01
Accionantes: José Óscar Montealegre y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Casanare
conocimiento de la participación estatal en los hechos, sin tener en cuenta la sentencia
penal condenatoria proferida el 13 de julio de 2021; y que interpretó de manera restrictiva
el término de caducidad previsto en el artículo 164 del CPACA, lo que, a juicio de los
accionantes, desconoció sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia.
Ahora bien, conforme con lo antes explicado, dentro del proceso de reparación directa les
correspondía a los jueces de instancia realizar de oficio el análisis de convencionalidad para
el caso concreto. Por lo anterior, la Sala analizará la forma en la que la autoridad judicial
demandada adelantó el análisis del caso concreto, de la siguiente manera:
(i) Frente a la sentencia del 15 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Casanare, en sede de segunda instancia dentro del proceso de reparación directa.
En dicha providencia, el Tribunal resolvió declarar probada la excepción de caducidad del
medio de control de reparación directa y, en consecuencia, revocar la sentencia proferida
el 18 de diciembre de 2024 por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Yopal.
Lo anterior, al considerar que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2, literal i)
del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 y la jurisprudencia del Consejo de Estado, la
demanda había sido presentada por fuera del término legal previsto para el ejercicio de
dicho medio de control.
Para sustentar dicha conclusión, expuso las siguientes consideraciones:
Se señala en el recurso interpuesto por la entidad demandada que, conforme a
las pruebas arrimadas al proceso se logró acreditar que los restos óseos del señor
RICARDO ANDRÉS CASTRO MONTEALEGRE fueron entregados a su señora
madre OLGA MONTEALEGRE RODRÍGUEZ el día 19 de julio de 2010 por lo que,
el estudio de la caducidad debió efectuarse de conformidad con las reglas
jurisprudenciales en las que claramente se establece que en los temas de
desaparición forzada el conteo de la caducidad se realizará a partir de la fecha en
que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo
adoptado en el proceso penal.
Pues bien, el artículo 164 del C. P. A. C. A. en relación con la oportunidad para
presentar la demanda cuando se solicita la reparación de daños derivados de la
comisión del delito de desaparición forzada, dispone:
ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA.
La demanda deberá ser presentada:
(…)
i) [Ver Notas del Editor] Cuando se pretenda la reparación directa, la
demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años,
contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u
omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió
tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que
pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.
Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación
directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a
partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde
la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 07266 01
Accionantes: José Óscar Montealegre y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Casanare
perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el
momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición;
(…)” (Se resalta).
Por su parte, el H. Consejo de Estado en sentencia de unificación del 29 de enero
de 2020 respecto del momento en que empieza el conteo del término de caducidad
en tratándose de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra estableció:
“PRIMERO: UNIFICAR la jurisprudencia de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, en relación con la caducidad de las pretensiones
indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa
humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se
pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado,
bajo las siguientes premisas: i) en tales eventos resulta aplicable el
término para demandar establecido por el legislador; ii) este plazo, salvo
el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se
computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la
participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad
de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el término pertinente no se
aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido
materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas,
empezará a correr el plazo de ley. (…)”
Mientras que, sobre la aplicación temporal de la regla de unificación en
pronunciamiento reciente la misma Corporación indicó: “(…) Ahora, en cuanto a
los efectos temporales de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020,
conviene decir que la Sección Tercera del Consejo de Estado nada dijo al
respecto. Luego, en principio, se entiende que esa decisión resulta aplicable para
todos los casos que se encuentren en discusión. Al respecto, la Corte
Constitucional, en sentencia SU-406 de 2016, explicó que «el cambio de una
determinada posición jurisprudencial por el respectivo órgano de cierre implica una
modificación en la interpretación jurídica, es decir, del contenido normativo de
determinada disposición y que, en atención al carácter vinculante general e
inmediato del precedente, determina la aplicación judicial -en el orden horizontal y
vertical- del derecho sustancial o procesal, según sea el caso». (…)” (subrayado
y negrillas del texto original).
Ahora, la H. Corte Constitucional precisó que el cómputo del término de caducidad
en casos de delitos de guerra o de lesa humanidad, se ajusta a la constitución y
no impide que la víctima acuda a otros mecanismos judiciales a fin de obtener la
indemnización de perjuicios, veamos:
“- Unificación de la jurisprudencia constitucional
6.26. Para empezar, este Tribunal observa que en la jurisprudencia
contencioso administrativa, de conformidad con el literal i) del numeral 2°
del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, se ha señalado que el término de caducidad
de dos años del medio de control de reparación directa sólo inicia a
contabilizarse: (i) desde el momento en el cual los interesados tienen
conocimiento de que el daño es imputable al Estado, y (ii) siempre que
se encuentren materialmente en posibilidad de acudir al aparato judicial
para interponer la demanda correspondiente .
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 07266 01
Accionantes: José Óscar Montealegre y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Casanare
6.27. En esta oportunidad, a fin de unificar la jurisprudencia, esta
Corporación estima que dicho entendimiento del término de caducidad
del medio de control de reparación directa es razonable y proporcional
desde una perspectiva constitucional y convencional, incluso en casos en
los que el daño que se pretenda reparar sea causado por un delito de
lesa humanidad, un crimen de guerra o genocidio.
6.28. En efecto, esta Sala considera que el referido plazo es razonable
para que las víctimas de violaciones a los derechos humanos tengan la
oportunidad de acceder a la administración de justicia con el fin de
obtener la declaración de responsabilidad de la administración y
gestionar el resarcimiento de los menoscabos padecidos, porque el
término respectivo sólo empieza a contabilizarse cuando exista claridad
en torno a lo sucedido, incluso sin han trascurrido lustros o décadas
desde el instante en el que ocurrió el delito de lesa humanidad, el crimen
de guerra o el genocidio que causó el perjuicio. Lo anterior, comoquiera
que no es determinante la fecha de ocurrencia de la conducta, sino la
posibilidad del interesado de identificar la participación en la misma de
sujetos vinculados a una autoridad pública y de acudir al sistema
jurisdiccional para presentar la reclamación respectiva.
6.29. De igual forma, este Tribunal evidencia que la exigencia del término
legal de caducidad del medio de control de reparación directa en
tratándose de daños originados en delitos de lesa humanidad, genocidio
y crímenes de guerra permite, en la mayor medida de lo posible, la
optimización de los intereses constitucionales en tensión en asuntos
como el estudiado en la presente oportunidad. Específicamente, por una
parte, protege la seguridad jurídica y, por otra, no implica una afectación
grave al acceso a la administración de justicia de las víctimas de
violaciones a los derechos humanos a efectos de obtener la reparación
patrimonial de los daños causados por las mismas.
6.30. En concreto, por un lado, este Tribunal observa que el principio de
seguridad jurídica es un eje de la Carta Política, el cual subyace a la
consagración superior del Estado de derecho y que puede derivarse de
una interpretación sistemática del preámbulo y el título primero de la
Constitución. En términos generales, dicho mandato “supone una
garantía de certeza” que busca permitir a los ciudadanos anticipar las
consecuencias de sus actuaciones ante la presunción de estabilidad de
las competencias de las autoridades públicas frente a sus acciones u
omisiones
6.31. En este sentido, esta Corte observa que la seguridad jurídica se
protege con el establecimiento de la caducidad del medio de control de
reparación directa, en tanto que la misma “se ha entendido, por regla
general, como la extinción del derecho a la acción judicial por el
transcurso del tiempo. De manera que si el sujeto procesal deja, por su
inactividad o negligencia, transcurrir los plazos fijados por la Ley en forma
objetiva sin presentar la demanda correspondiente o impulsar el litigio, el
mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegar
excusa alguna para revivirlos”.
6.32. Asimismo, es pertinente recordar que este Tribunal ha sostenido
que es imperioso que exista un término de caducidad de las acciones
judiciales, pues a fin de mantener el orden social resulta necesario la
resolución definitiva de los conflictos que surgen a diario entre los
19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 07266 01
Accionantes: José Óscar Montealegre y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Casanare
ciudadanos, garantizando el derecho de acceso a la administración de
justicia dentro de los límites de su ejercicio razonable y proporcional.
6.33. Por otro lado, esta Corte toma nota de que la reparación patrimonial
de los daños causados por el Estado es una obligación contemplada en
el artículo 90 de la Carta Política, la cual, cuando tiene su origen en una
violación a los derechos humanos, se ve reforzada por disposiciones de
instrumentos internacionales incluidas en el bloque de constitucionalidad
, como los artículos 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos , y 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ,
que le imponen al Estado colombiano el deber de garantizar el acceso a
la administración de justicia para proteger de forma efectiva dichas
prerrogativas .
6.34. Al respecto, este Tribunal evidencia que el establecimiento del
término de caducidad para pretender por vía judicial la reparación
de los menoscabos patrimoniales causados por el Estado con
ocasión de un delito de lesa humanidad, un crimen de guerra o
genocidio, no representa una afectación del derecho al acceso a la
justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos con
el fin de obtener una compensación por el daño padecido, porque:
(i) Los interesados en la reparación patrimonial cuentan con
un plazo razonable de dos años para acudir al aparato
jurisdiccional y satisfacer sus pretensiones, el cual no se
cuenta necesariamente desde el momento del daño que
origina el perjuicio, sino que sólo se inicia a contabilizar
cuando el afectado tenga conocimiento de que el menoscabo
fue causado por el Estado y se encuentre en la capacidad
material de imputarle el mismo ante el aparato jurisdiccional;
(ii) La procedencia de la demanda de reparación debe ser
analizada por el juez contencioso administrativo competente,
atendiendo a las particularidades de cada asunto en
concreto; y
(iii) La desestimación del medio de control de reparación
directa por caducidad, no le impide al perjudicado obtener la
compensación económica del daño causado por otras vías,
como el incidente de reparación integral en el marco del
proceso penal que se adelante en contra del responsable
material del delito de lesa humanidad o el trámite de
indemnización administrativa.
6.35. En esta línea argumentativa, cabe recordar que, en la Sentencia C-
115 de 1998, la Sala Plena de la Corte declaró la constitucionalidad de la
norma que fijaba de manera estricta en dos años el término de caducidad
de la pretensión de reparación directa (inciso cuarto del artículo 136 del
Código Contencioso Administrativo) (…)”(Subrayado y negrillas fuera del
texto).
Por otra parte, en cuanto al máximo estrado de la jurisdicción contencioso administrativa
el numeral 1°. del artículo 237 de la Constitución Política, indica que, entre sus
atribuciones se encuentra la de “Desempeñar las funciones de tribunal supremo de lo
contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley.”.
20
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 07266 01
Accionantes: José Óscar Montealegre y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Casanare
En la misma línea, respecto de la potestad del máximo estrado de la jurisdicción
contencioso administrativa para unificar jurisprudencia, el artículo 270 del C. P. A.
C. A., modificado por el artículo 78 de la Ley 2080 de 2021, señala:
“ARTÍCULO 270. SENTENCIAS DE UNIFICACIÓN
JURISPRUDENCIAL. Para los efectos de este Código se tendrán como
sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido
el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica
o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia precisar su
alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación; las
proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas
mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270
de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009.”
(…)
En relación con lo expuesto es preciso tener en cuenta en primer término
que, las sentencias de unificación proferidas por el Tribunal de cierre de
la jurisdicción contencioso administrativa son de obligatorio cumplimiento
dentro de esta, pues ello permite una interpretación homogénea del
ordenamiento jurídico bajo los principios de igualdad y seguridad jurídica
lo cual no desconoce el derecho de acceso a la administración de justicia
de los accionantes puesto que, el C. P. A. C. A. establece un plazo
razonable de 2 años contados a partir de que se halle a la persona
desaparecida o, en su defecto de la ejecutoria del fallo penal proferido
por dicha desaparición para demandar la reparación de los daños sufridos
los cuales pueden ser reclamados a través de otros medios como lo son
la indemnización administrativa o el incidente de reparación integral en el
proceso penal.
Dicho lo anterior se determina que, en relación con la caducidad del
medio de control sub examine se acreditó lo siguiente:
a. El 27 de febrero del 2003 el señor RICARDO ANDRÉS CASTRO
MONTEALEGRE fue víctima de desaparición forzada atribuida al grupo
paramilitar que operaba en el sector, caso que fue puesto en
conocimiento a la ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DETENIDOS
DESAPARECIDOS COLOMBIA y la DEFENSORÍA DEL PUEBLO (fls. 81
a 102 ítem 2 archivo 1 índice 3 SAMAI).
b. El 26 de octubre del 2009 la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ordenó la entrega de los restos óseos del señor RICARDO CASTRO a la
señora OLGA MONTEALEGRE RODRÍGUEZ madre de la víctima
(Expediente Penal 2018 98 –
C. primera instancia - fl. 267 cuaderno 20 - índice 3 SAMAI). c. El 19 de
julio de 2010 en el MUNICIPIO DE RECETOR se hizo entrega de los
restos mortales de quien en vida respondía al nombre de RICARDO
CASTRO, previó a diligencia de inspección a cadáveres apoyada por
funcionarios del CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN “CTI”,
quienes realizaron estudios y análisis de Necropsias y bioantropológicos,
y; el INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES – GRUPO DE GENÉTICA FORENSE DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL BOGOTÁ adelantó la tipificación Molecular y con
posterioridad cotejó los perfiles genéticos de identificación
21
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 07266 01
Accionantes: José Óscar Montealegre y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Casanare
concluyéndose que los restos pertenecían al señor CASTRO
MONTEALEGRE (fls. 31 a 33 ítem 2 archivo 1 índice 3 SAMAI).
De esta manera se concluye que:
a. De acuerdo con lo normado en el inciso 2°. del literal i) del numeral 2
del artículo 164 de la Ley 1437 del 2011 cuando la demanda versa sobre
la reparación de los daños causados con ocasión del delito de
desaparición forzada el término de caducidad empezará a correr desde
el día siguiente a la aparición de la víctima o en su defecto a la ejecutoria
de la sentencia penal proferida por tales hechos de manera que, como el
19 de julio de 2010 la señora FISCAL 29 ESPECIALIZADA DE LA
UNIDAD NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DIH realizó la
entrega de los restos óseos del señor CASTRO MONTEALEGRE
debidamente identificado luego de las pruebas de laboratorio que se le
practicaron a la señora OLGA MONTEALEGRE RODRÍGUEZ por lo que
el término para interponer el presente medio de control feneció el 20 de
julio de 2012, es decir, antes de la radicación de la solicitud de
conciliación prejudicial (16 de agosto del 2017) y de la interposición de la
demanda (24 de abril del 2018)( fls. 92 a 102 ítem 002 archivo 1 índice 3
SAMAI).
b. Pese a que la parte demandante señaló que los restos óseos del señor
CASTRO MONTEALEGRE se entregaron sin el cráneo y la mandíbula lo
que impidió su plena identificación lo cierto es que, el INSTITUTO
NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES – GRUPO
DE GENÉTICA FORENSE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ a
través de pruebas de perfiles genéticos dio fe que los mismos
verdaderamente correspondían a los del señor RICARDO CASTRO.
c. No se expuso en la demanda y tampoco se probaron circunstancias o
situaciones que hubiesen impedido que los demandantes ejercieran el
derecho de acción oportunamente.
Así las cosas, como la fecha límite para la presentación de la demanda
era el día 20 de julio de 2012, la etapa de conciliación prejudicial se realizó
del 16 de agosto al 29 de septiembre del 2017 y la demanda se radicó el
24 de abril del 2018, la acción se encuentra caducada atendiendo lo
prescrito por la norma antes transcrita y la sentencia de unificación
proferida por el H. Consejo de Estado el 29 de enero de 2020 por lo que,
la Sala deberá revocar la sentencia de primera instancia.
Bajo dicho contexto, la Sala evidencia que, tal como lo indicó el a quo, los defectos
invocados por los accionantes no se configuraron, por las siguientes razones:
(i) El Tribunal Administrativo del Casanare analizó, entre otros elementos de prueba, la
documentación relacionada con la exhumación, identificación y entrega de los restos del
señor Ricardo Andrés Castro Montealegre a la señora Olga Montealegre Rodríguez, así
como las actuaciones surtidas dentro del proceso penal adelantado por los hechos
ocurridos en los municipios de Chámeza y Recetor y los demás medios de convicción
allegados al expediente. A partir de ello, determinó el momento a partir del cual debía
examinarse el conocimiento relevante para efectos del cómputo del término de caducidad
del medio de control.
22
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 07266 01
Accionantes: José Óscar Montealegre y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Casanare
Adicionalmente, no se advierte que la autoridad judicial hubiera desconocido de forma
arbitraria la sentencia penal de 29 de enero de 2021, pues explicó que el cómputo desde
la ejecutoria del fallo penal solo procede en defecto de la aparición de la víctima, lo cual
no ocurría en este caso. En esa medida, el tribunal expuso las razones por las cuales
dicho hito no resultaba aplicable para efectos del conteo del término.
A su turno, el tribunal accionado también expuso que, de conformidad con el numeral 2,
literal i) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, tratándose del delito de desaparición
forzada, el término de caducidad debía contarse a partir de la aparición de la víctima, la
cual se materializó con la entrega de los restos óseos el 19 de julio de 2010, previamente
identificados mediante pruebas técnicas adelantadas por las autoridades competentes.
Con fundamento en ello, estableció que el término para ejercer el medio de control
fenecía el 20 de julio de 2012, esto es, con anterioridad a la presentación de la solicitud
de conciliación prejudicial y de la demanda. Además, del estudio de la demanda y del
recurso de apelación, no se advirtió que los demandantes hubiesen acreditado
circunstancias que les hubieran impedido materialmente acudir oportunamente a la
administración de justicia.
Por lo tanto, se advierte que la providencia cuestionada realizó una valoración razonada
de las pruebas y de la normativa aplicable conforme a los estándares jurisprudenciales
vigentes.
(ii) Frente al reproche de la aplicación de la sentencia de unificación del 29 de enero de
2020, la Sala advierte que el tribunal accionado citó en la providencia acusada, apartes
de una providencia en la que, sobre la aplicación temporal de la regla de unificación en
pronunciamiento se indicó lo siguiente: “(…) Ahora, en cuanto a los efectos temporales
de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, conviene decir que la Sección
Tercera del Consejo de Estado nada dijo al respecto. Luego, en principio, se entiende
que esa decisión resulta aplicable para todos los casos que se encuentren en discusión
(…)”.
De acuerdo con ese análisis, la Sala estima que el Tribunal Administrativo de Casanare
aplicó de manera razonable la regla de caducidad prevista en el artículo 164 del CPACA,
en armonía con la sentencia de unificación del Consejo de Estado, la cual ha reconocido
que dicho término resulta aplicable incluso en casos de delitos de lesa humanidad, sin
perjuicio de valorar las circunstancias particulares de cada asunto.
Adicionalmente, el tribunal accionado realizó un amplio análisis jurisprudencial frente a la
caducidad del medio de control de reparación directa relacionados con delitos de lesa
humanidad por desaparición forzada, la cual, se estima razonada y debidamente aplicada
al caso en cuestión.
Ahora bien, se tiene que los accionantes alegaron, tanto en el escrito de tutela como en
la impugnación, que la decisión cuestionada desconoció el precedente constitucional, en
particular la sentencia T-202 de 2025, al no aplicar un enfoque flexible y pro víctima en el
análisis probatorio relativo al cómputo de la caducidad, ni valorar adecuadamente las
barreras que, en su criterio, enfrentaron para acceder oportunamente a la administración
de justicia.
Al respecto, la Sala advierte que, cuando en sede de tutela contra providencia judicial se
alega el desconocimiento del precedente, corresponde a la parte actora identificar con
23
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 07266 01
Accionantes: José Óscar Montealegre y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Casanare
claridad la providencia presuntamente desatendida, así como precisar la regla o subregla
jurisprudencial contenida en su ratio decidendi y explicar por qué esta resulta aplicable al
caso concreto. Además, debe evidenciar que los supuestos fácticos y jurídicos del asunto
invocado como precedente guardan similitud relevante con los del proceso cuestionado.
En el presente asunto, aun cuando los accionantes invocaron la sentencia T-202 de 2025,
lo cierto es que dicha providencia no resulta trasladable automáticamente al caso sub
examine, por no existir identidad fáctica entre ambos asuntos. Además, los fallos de tutela
no constituyen precedente, comoquiera que tienen efectos inter partes.
En conclusión, con fundamento en lo expuesto y pese a la gravedad de los hechos que
dieron lugar al ejercicio del medio de control de reparación directa, la Sala estima que la
providencia objeto de debate en este trámite constitucional no incurrió en los defectos
fáctico, sustantivo ni procedimental absoluto alegados por la parte actora, ni desconoció
el precedente constitucional invocado. Por lo tanto, no se encuentra acreditada la
vulneración de los derechos fundamentales invocados, razón por la cual se confirmará la
sentencia de primera instancia que negó el amparo solicitado.
Por último, y de conformidad con las reglas procesales aplicables, la Sala advierte que la
parte actora allegó, mediante correo electrónico radicado el 5 de marzo de 2026, un
escrito de adición a la impugnación. No obstante, dicho memorial no será tenido en
cuenta, por cuanto fue presentado de manera extemporánea, esto es, por fuera de la
oportunidad prevista para sustentar el recurso. En consecuencia, el análisis de esta
instancia se circunscribió exclusivamente a los argumentos formulados en el escrito de
impugnación allegado oportunamente.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 29 de enero de 2026 proferida por la Sección
Quinta de esta Corporación, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 9 de abril
de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
24
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 07266 01
Accionantes: José Óscar Montealegre y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Casanare
GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
25
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.