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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-07268-01

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-07268-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 5 de marzo de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por Alonso de Jesús Bedoya Caro, Luz Patricia Bedoya, Juan Esteban, Johan Santiago y Walter Alonso Bedoya Bedoya contra el Tribunal Administrativo de Antioquia-Sala Quinta de Oralidad, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2025-07268-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

22 de mayo de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07268-01
Accionantes: Alonso de Jesús Bedoya Caro y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07268-01
Accionantes: Alonso de Jesús Bedoya Caro y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia-Sala Quinta de Oralidad
Referencia: Acción de tutela

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – Carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales y especiales de procedencia. Relevancia constitucional – improcedencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia
proferida el 5 de marzo de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que negó
el amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Alonso de Jesús Bedoya Caro, Luz Patricia Bedoya, Juan Esteban, Johan Santiago y
Walter Alonso Bedoya Bedoya, por conducto de apoderado judicial, interpusieron acción
de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, a la prueba y a la protección especial
de personas en estado de indefensión como la población desplazada 1, los cuales
consideran vulnerados por el Tribunal Administrativo de Antioquia-Sala Quinta de
Oralidad, con ocasión de la sentencia proferida el 19 de mayo de 2025, que revocó el
fallo emitido el 17 de mayo de 2019 por el Juzgado Trece Administrativo del Circuito de
Medellín y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda dentro del medio de control
de reparación directa identificado con el radicado número 05001-33-33-013-2015-01383-
00/01.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:

2.1. La parte actora manifestó que fueron víctimas de desplazamiento forzado en el año
2009, en consecuencia, en el año 2010, iniciaron la posesión de un lote de terreno

1 Índice 00002 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado B7EBFDC51DBC3113

517000B8BE7B4050 3054434741A0EFC5 E4CBBF9A52239112 .

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Accionantes: Alonso de Jesús Bedoya Caro y otros

denominado “Las Maravillas”, ubicado en la vereda “Los Asientos” del municipio de
Buriticá. Señalaron que, en el año 2012, edificaron en dicho predio una vivienda y un local
comercial, este último destinado al sostenimiento económico de la familia.

2.2. Afirmaron que, en el año 2013, comenzó una explotación minera en el sector y que,
a raíz de dicha circunstancia, el municipio de Buriticá les requirió el desalojo del inmueble,
bajo el argumento de que la construcción se encontraba localizada en una zona de alto
riesgo.

2.3. Indicaron que el 1 de diciembre de 2013, con anterioridad a la demolición del
inmueble, los demandantes fueron objeto de agresiones por parte del Escuadrón Móvil
Antidisturbios-ESMAD, personal del Departamento Administrativo del Sistema de
Prevención, Atención y Recuperación de Desastres de Antioquia-DAPARD y funcionarios
del municipio de Buriticá.

2.4. Como consecuencia de tales hechos, sostuvieron que el grupo familiar se vio forzado
a desplazarse al municipio de Medellín, donde pasó a residir en un inmueble arrendado.

2.5. Por lo anterior, los aquí accionantes presentaron demanda en ejercicio del medio de
control de reparación directa en contra del departamento de Antioquia y el municipio de
Buriticá, con el fin de que se les declarara administrativamente responsables de los
perjuicios causados como consecuencia del desalojo y demolición del que fueron objeto
el 1 de diciembre de 2013 en el predio denominado “Las Maravillas”, vereda Los Asientos
de ese ente territorial.

En criterio de la parte actora, las entidades demandadas son responsables a título de
daño especial, en razón a que fueron los únicos habitantes sometidos al desalojo, sin
medidas de reubicación y mediante el uso de la fuerza, pese a tratarse de un sector
presuntamente amenazado.

2.6. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Trece Administrativo del Circuito de
Medellín bajo el radicado núm. 05001-33-33-013-2015-01383-00, autoridad judicial que,
mediante sentencia del 17 de mayo de 2019, accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda, bajo el argumento de que el municipio de Buriticá incurrió en falla en el
servicio. Sostuvo que, si bien estaba probado que el desalojo y demolición se dio en
atención a la declaratoria de alto riesgo del sector donde se encontraba el inmueble, la
operación no cumplió el procedimiento administrativo previsto en los artículos 77 y 78 de
la Ley 1523 de 20121. Además, declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del
departamento de Antioquia y reconoció por concepto de perjuicios los denominados
pérdida de mejoras y daños causados por el desplazamiento.

2.7. Inconformes con la anterior decisión, las partes presentaron recurso de apelación.

2.7.1. El extremo activo sostuvo que: (i) correspondía reconocer los perjuicios
ocasionados al establecimiento de comercio, dado que el ordenamiento jurídico no
establece una tarifa legal para demostrar la calidad de comerciante; (ii) la negativa de los
perjuicios morales desconoció las declaraciones rendidas por las partes, las cuales

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acreditaban el sufrimiento ocasionado por la demolición intempestiva de su vivienda; y
(iii) el monto reconocido por concepto de gastos de arrendamiento resultó insuficiente,
pues la condena debía incluir todos los cánones causados hasta la fecha de la sentencia.

2.7.2. Por su parte, el municipio de Buriticá debatió la existencia del daño antijurídico, la
imputación y el reconocimiento de perjuicios. Sostuvo que la indemnización reclamada
derivaba de la operación administrativa y no del acto que ordenó la demolición, por lo que
consideró indebida la escogencia del medio de control y afirmó que no se demandó el
verdadero acto generador del daño. Además, señaló que la carga de probar la falla del
servicio correspondía a la parte demandante y negó su participación directa en la
operación.

Alegó que no se acreditó el daño emergente ni su titular, que la construcción carecía de
licencia y que la actuación administrativa resultaba necesaria para proteger la vida e
integridad de los ocupantes. También cuestionó el dictamen pericial, rechazó la condena
en costas y afirmó que el departamento de Antioquia estaba legitimado por pasiva por
haber ejecutado la demolición.

2.8. Mediante sentencia del 19 de mayo de 2025 la Sala Quinta de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda. Adujo que el daño alegado por los demandantes estaba
directamente relacionado con el desalojo y la demolición, es decir, los efectos de la
operación administrativa, mas no con la decisión contenida en el acto administrativo, por
lo que el medio de control idóneo era el de reparación directa, y no en el de nulidad y
restablecimiento del derecho como lo sustentó el apelante. Sin embargo, señaló que,
aunque estaba acreditado el daño, este no era antijurídico, pues la actuación se dio en el
marco de una declaratoria de calamidad pública y urgencia manifiesta, sustentadas en la
Ley 1523 de 2012, razón por la que resultaba innecesario continuar con el estudio de los
demás aspectos cuestionados.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

Como pretensiones la parte actora solicitó

“2.1. Pido muy comedidamente al JUEZ CONSTITUCIONAL DE TUTELA se sirva
tutelar el derecho fundamental al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, a la prueba, y a la especial protección de personas en especial estado de
indefensión como la población desplazada, y por ello ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA sala quinta de decisión magistrado ponente el
doctor RODRIGO VERGARA CORTÉS, en sentencia número 92 de 2025 del día 19-
05-2025 en el radicado número 05001333301320150138300 se sirva en el término
dado por la decisión de fondo de tutela que dicte decisión como derecho corresponda
y haga una valoración de acuerdo a la ley de las pruebas practicadas en el trámite del
proceso contencioso administrativo, teniendo en cuenta los supuestos de hecho y
probatorios presentados en el proceso y en la acción de tutela.

2.2. Como consecuencia de lo anterior, se ordene que en la decisión de fondo se
deban tener en cuenta los hechos y pruebas que muestran el daño especial, el debido
proceso que se llevó a cabo para demolición y los hechos probados en el proceso,
para decidir y valorar las pruebas individual y conjuntamente de acuerdo con las leyes
de la 12 sana crítica.

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2.3. Las demás necesarias para conjurar la vulneración de los derechos de mis
prohijados”2.

Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora señaló que la decisión
cuestionada incurrió en defecto fáctico y en desconocimiento del precedente.

En relación con el primero, afirmó que este se configuró por la indebida valoración
probatoria respecto de la inexistencia de un acto administrativo particular que ordenara
la demolición del inmueble y garantizara el debido proceso. Señaló que, aunque en el
expediente obraban resoluciones y actos relacionados con la declaratoria de emergencia
y con problemas de orden público, no existía una decisión específica, motivada y
debidamente notificada a los propietarios que autorizara la demolición de la vivienda.

Indicó que las normas urbanísticas y de gestión del riesgo, particularmente la Ley 388 de
1997 y la Ley 1523 de 2012, exigían el adelantamiento de un procedimiento previo, con
resolución motivada, notificación y posibilidad de interponer recursos, requisitos que, en
su criterio, no se cumplieron en el caso concreto. En consecuencia, sostuvo que el juez
omitió valorar que no existió una actuación administrativa individual ni se garantizaron las
mínimas garantías de defensa y contradicción, circunstancia que, a su juicio, tenía la
virtualidad de modificar el sentido de la decisión.

Asimismo, afirmó que el tribunal desconoció las pruebas que demostraban que la vivienda
de los demandantes fue la única demolida en la zona. Expuso que la autoridad judicial
descartó injustificadamente el dictamen pericial y omitió valorar integralmente las
declaraciones rendidas por los testigos y las partes, las cuales indicaban que no se
realizaron otras demoliciones. Añadió que el informe de balance de operaciones
únicamente hacía referencia al traslado y manejo de personas afectadas, sin mencionar
la demolición de otros inmuebles, lo que, en su sentir, evidenciaba que la actuación
estatal recayó exclusivamente sobre la vivienda de sus mandantes.

En cuanto al desconocimiento del precedente 3, sostuvo que la autoridad accionada se
apartó de los parámetros jurisprudenciales aplicables para el reconocimiento del daño
especial alegado y omitió otorgar al caso el tratamiento correspondiente conforme a la
jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional.

4. Trámite de tutela e intervenciones

Mediante auto del 25 de noviembre de 20254, la magistrada ponente de la Sección Cuarta
del Consejo de Estado admitió la acción de tutela; vinculó como terceros con interés al

2 Ibid.
3 Citó las siguientes sentencias: “Ver entre otras la SU- 018-2024 M.P. NATALIA ÁNGEL CABO ADEMAS SU-157 de

2022 y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera. 8 de mayo de 1998, C.P: Jesús
María Carrillo Ballesteros.] SU-157 de 2022 y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera. 23 de mayo de 1973. C.P: Alfonso Castilla Saiz. Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia del 13 de
julio de 1993, expediente No. 8163; Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia del 8 de abril de 19 98, expediente
No. 11837; Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia del 3 de febrero de 2000, expediente No. 14.787; Consejo
de Estado. Sección Tercera, sentencia de marzo 8 de 2007, expediente No. 27.434. Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, Sentencia del 2 de julio de 20221, expediente no. 55.019, CP. María Adriana Marín”.
4 Índice 00004 del expediente digital de primera instancia, certificado 3679CF31C69E1693 56223CDE4F2E1A6E

D87B62A385C86F36 0C9FCA5B4DD77784.

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municipio de Buriticá, al departamento de Antioquia y al Juzgado Trece Administrativo de
Medellín; requirió al mencionado juzgado para que remitiera copia del expediente
ordinario objeto de amparo, ordenó notificar a los sujetos procesales y suspendió los
términos.

Una vez efectuadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:

4.1. El Juzgado Trece Administrativo de Medellín 5 allegó copia del expediente digital
del proceso de reparación directa y realizó un recuento de las actuaciones surtidas al
interior de este. Afirmó que no vulneró derecho fundamental alguno que todo el trámi te
fue adelantado con apego a las disposiciones constitucionales y legales.

4.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia-Sala Quinta de Oralidad 6 por conducto
del magistrado ponente de la decisión cuestionada se opuso a las pretensiones de
amparo. Sostuvo que la providencia emitida no vulneró derechos fundamentales, en tanto
se ajustó a la Constitución y a la ley, con fundamento en una valoración razonada del
material probatorio y en la correcta aplicación del régimen de responsabilidad estatal.

Indicó que no se acreditó la antijuridicidad del daño, requisito indispensable para declarar
la responsabilidad del Estado conforme al artículo 90 de la Constitución Política, debido
a que la demolición y el desalojo se realizaron en el marco de una declaratoria de
calamidad pública y urgencia manifiesta, con fundamento en la Ley 1523 de 2012,
normativa que faculta a las autoridades para adoptar medidas orientadas a proteger la
vida e integridad de las personas frente a riesgos inminentes.

Asimismo, afirmó que la tesis relativa a un trato desigual carecía de sustento, pues las
pruebas demostraban que la actuación hizo parte de una intervención general en una
zona de alto riesgo, en la que fueron evacuadas más de 1.400 personas. Agregó que las
construcciones existentes carecían de licencia urbanística.

Igualmente, señaló que no se configuró defecto fáctico alguno, por cuanto la Sala valoró
las pruebas documentales, testimoniales y periciales conforme a criterios de autenticidad,
pertinencia y sana crítica, sin que se acreditara que la demolición hubiese sido irregular
ni que se hubiera desconocido el procedimiento previsto en la Ley 1523 de 2012. También
indicó que no se desconoció el precedente relacionado con el daño especial, dado que
la afectación obedeció a una medida general orientada a conjurar un riesgo grave y no a
la imposición de una carga excepcional.

Finalmente, sostuvo que la decisión cuestionada constituyó un ejercicio legítimo de la
función jurisdiccional y no una vía de hecho, razón por la cual la acción de tutela resultaba
improcedente, al pretender reabrir un debate jurídico ya resuelto conforme al
ordenamiento jurídico, sin que se evidenciara vulneración de derechos fundamentales.

5 Índice 00009 del expediente digital de primera instancia, certificado 78B078F0698DD61E 44033EBBAAE27D8F

CBF0700BCBD9C38A D2ED771C3D922B90.
6 Índice 00010 del expediente digital de primera instancia, certificado F60505548AF5ABEC 07482A594E798D92

D4A989A73FCD3049 4C90451A212F04FF.

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4.3. El municipio de Buriticá7, por conducto de su alcalde, solicitó declarar la
improcedencia de la acción en su contra, al considerar que no se satisfacía el requisito
de legitimación en la causa por pasiva. Indicó que no existía nexo causal alguno entre
sus actuaciones y la presunta vulneración de derechos fundamentales, toda vez que no
se advertía actuación, omisión o competencia atribuible a esa entidad territorial que
pudiera considerarse determinante en los hechos que dieron origen a la solicitud de
amparo.

Por otra parte, solicitó negar las pretensiones de la acción, en la medida en que, a su
juicio, no se vulneró derecho fundamental alguno ni se configuraron los defectos
alegados, pues el tribunal realizó una valoración integral, razonada y completa de las
pruebas, corrigió los yerros advertidos en la decisión de primera instancia y aplicó
adecuadamente el derecho al concluir la ausencia de antijuridicidad del daño.

4.4. El departamento de Antioquia 8, a través del director general del Departamento
Administrativo de Gestión de Riesgo de Desastre, informó que la información solicitada
correspondía a “hechos de carácter histórico que datan de más de una década, y cuya
documentación no reposa físicamente en las dependencias operativas actuales”. Con
fundamento en ello, solicitó la ampliación del plazo concedido para rendir el informe. No
obstante, posteriormente no presentó escrito adicional alguno.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 5 de marzo de 20269, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
negó las pretensiones de amparo, al considerar que no se configuraron los defectos
invocados por la parte accionante.

Sostuvo que la autoridad judicial demandada encontró acreditado el daño; sin embargo,
a partir de la valoración integral del material probatorio allegado al proceso, concluyó que
no era posible predicar su antijuridicidad, en la medida en que la actuación cuestionada
obedeció a razones de interés superior, particularmente la protección de la vida e
integridad de los habitantes de una zona de alto riesgo. Precisó que dicha circunstancia
se encontraba debidamente respaldada por estudios técnicos que sustentaron la
declaratoria de urgencia manifiesta.

Por otra parte, adujo que el tribunal no desconoció precedente alguno, pues realizó el
correspondiente análisis del régimen de responsabilidad del Estado y concluyó que,
aunque los daños alegados por los demandantes estaban acreditados, no podían
catalogarse como antijurídicos. En particular, señaló que no se configuró un desequilibrio
en las cargas públicas, dado que la actuación administrativa se sustentó en la declaratoria
de calamidad pública y urgencia manifiesta, la cual constituía una medida legítima y
necesaria para proteger la vida e integridad de las personas frente a un riesgo inminente.

7 Índice 00011 del expediente digital de primera instancia, certificado FBF88BFFFC6F69D3 FCEFE442E6BBC6D9

748B8AD5D11814A0 ED7FB8B78627BA1B.
8 Índice 00012 del expediente digital de primera instancia, certificado 0173A24EACE7CA6E 135DCFB67617B372

DFA5BA527C0BEC80 3A5600E20E93DDC5.
9 Índice 00015 del expediente digital de primera instancia, certificado DDC5E91342290C89 785CC7040E26E20E

DFD1EC8953CCA949 6D47E6FEC880BC1B.

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Tampoco advirtió vulneración del derecho a la igualdad, toda vez que, con fundamento
en las pruebas aportadas al proceso, estableció que la operación administrativa hizo parte
de un plan general de intervención en una zona catalogada como de alto riesgo, en la
cual fueron evacuadas más de 1.400 personas. Además, encontró acreditado que las
construcciones fueron realizadas sin contar con licencia urbanística, circunstancia que
imponía a los particulares el deber jurídico de asumir las consecuencias derivadas de la
actuación administrativa.

6. Impugnación10

La parte actora presentó escrito de impugnación en contra de la decisión de primera
instancia y reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela. No obstante, agregó
que la decisión censurada incurrió en defecto sustantivo al calificar la antijuridicidad del
daño y confundir los regímenes de responsabilidad.

Por otra parte, indicó que los magistrados de primera instancia mencionaron que los
tutelantes eran víctimas de desplazamiento forzado, sin embargo, no aplicó un enfoque
diferencial, lo que ignora la protección constitucional otorgada a esta población.

En consecuencia, solicitó acceder a las pretensiones y emitir las siguientes órdenes de
reparación y restitución:

“2.3.1. AL MUNICIPIO DE BURITICÁ / UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES (UNGRD): Proceder a la inclusión inmediata de los
accionantes en un programa de reasentamiento efectivo o, en su defecto, asignar un
subsidio de vivienda que garantice condiciones iguales o superiores a las que tenían
antes de la demolición del inmueble objeto de la litis.

2.3.2. RECONOCIMIENTO DE DAÑO ESPECIAL: Ordenar el inicio de un proceso de
concertación para la indemnización de los perjuicios materiales (lucro cesante y daño
emergente por la pérdida de la unidad habitacional y comercial) y morales, derivados
de la operación administrativa de demolición que, aunque bajo el palio de la
emergencia, impuso una carga excepcional y desproporcionada sobre sujetos de
especial protección”11.

Por último, solicitó ordenar a las autoridades accionadas aplicar de manera estricta el
Protocolo de Retorno y Reubicación de Población Desplazada, y garantizar que la
demolición de la vivienda no se convierta en un factor de revictimización que perpetúe su
situación de vulnerabilidad extrema.

Mediante auto del 24 de marzo de 202612, la magistrada ponente de la Sección Cuarta
del Consejo de Estado concedió la impugnación interpuesta por la parte accionante.

10 Índice 00021 del expediente digital de primera instancia, certificado F6446A44FAB933BB EA6F54365D4735E8

6E3F87AA4A9CC8F8 E096ABA21B798830.
11 Ibid.
12 Índice 00023 del expediente digital de primera instancia, certificado F2D5C1B303496770 26A2EBB73FAA527B

1A5CF38CA46505DA E118D3A197C3B2AC.

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II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 32
del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque Alonso
de Jesús Bedoya Caro, Luz Patricia Bedoya, Juan Esteban, Johan Santiago y Walter
Alonso Bedoya Bedoya son los titulares de las garantías constitucionales que afirman
fueron vulneradas, en su condición de demandantes dentro del medio de control de
reparación directa identificado con el radicado núm. 05001-33-33-013-2015-01383-00/01.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva, dado que el Tribunal
Administrativo de Antioquia-Sala Quinta de Oralidad fue la autoridad que profirió la
decisión que, según la parte actora, vulneró sus derechos fundamentales.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del
5 de marzo de 2026, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que negó el
amparo.

Para el efecto, es necesario establecer si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte actora.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, cuando se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200513 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que

13 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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habilitan la interposición de la tutela 14 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 15.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”16.

4.1. Relevancia constitucional.

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones
judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la
protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina
la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e
indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la
órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía
e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces” 17.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en
tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la

14 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento

de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
15 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los

defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decis ión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
15 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
16 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
17 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.

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controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y iii) que el reparo
formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el
análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que
se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
De manera que la intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente,
ante graves defectos constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de
manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en
la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que
el asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más
amplio en la sociedad o en el orden jurídico; y iii) la claridad y fundamentación de la
petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con
la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho
tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria,
a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto 18.

5. Caso concreto

La Sala anuncia que modificará la decisión de primera instancia, al considerar que la
presente acción constitucional no satisface el requisito de relevancia constitucional, por
las razones que se exponen a continuación:

5.1. Al analizar el escrito de tutela, se advierte que la parte actora sostuvo que la
providencia cuestionada incurrió en defecto fáctico y en desconocimiento del precedente
judicial. En relación con el primero, afirmó que las autoridades judiciales omitieron valorar
que no existía un acto administrativo particular, motivado y debidamente notificado que
ordenara la demolición del inmueble y garantizara el debido proceso, pese a que las
normas urbanísticas y de gestión del riesgo exigían el adelantamiento de un

18 Cfr. sentencia C-590 de 2005.

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procedimiento previo, con resolución motivada, notificación y posibilidad de interponer
recursos.

Asimismo, señaló que el tribunal desconoció las pruebas que, en su criterio, demostraban
que la vivienda de los demandantes fue la única demolida en la zona, pues descartó el
dictamen pericial y omitió valorar integralmente los testimonios y el informe de
operaciones, documento que, según indicó, no hacía referencia a otras demoliciones.

Finalmente, alegó el desconocimiento del precedente judicial, al considerar que la
autoridad accionada se apartó de la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional relacionada con el reconocimiento del daño especial.

5.2. Ahora bien, del análisis de los aspectos abordados por el Tribunal Administrativo de
Antioquia-Sala Quinta de Oralidad se advierte que, en la sentencia proferida el 19 de
mayo de 2025, dicha autoridad judicial arribó a la siguiente conclusión:

“Es posible afirmar entonces que, el daño que alegan los demandantes está
directamente relacionado con el desalojo y la demolición de las mejoras realizadas en
el predio denominado “La Maravilla”, así como la pérdida de elementos propios del
establecimiento de comercio “Peñitas”. De manera que, al no cuestionarse la decisión
contenida en el acto administrativo sino los efectos de la operación administrativa, el
medio de control que se ajusta en el sub judice es el de reparación directa y no el de
nulidad y restablecimiento como lo sustentó el apelante.

(…)

La parte demandada Municipio de Buriticá, en el recurso de apelación sustentó como
motivos de inconformidad aspectos relacionados con el daño antijurídico, la
imputación y el reconocimiento de perjuicios. Por su parte, el apoderado de los
demandantes manifestó su desacuerdo con los montos reconocidos y las
pretensiones que fueron negadas por el a quo.

Por lo anterior, la Sala en virtud del principio de congruencia abordará en orden los
aspectos citados, no sin antes advertir que, de acreditarse una ausencia de daño
antijurídico, el análisis subsiguiente carecería de toda utilidad porque no sería posible
declarar la responsabilidad patrimonial del Estado19.

Bajo este contexto la autoridad judicial accionada estudió acervo que obra en el
expediente y respecto de daño antijurídico sostuvo:

“Sobre este elemento de la responsabilidad el Consejo de Estado explicó:
“Daño ha de entenderse como la lesión definitiva a un derecho o a un interés
jurídicamente tutelado de una persona. En este sentido, el daño sólo adquirirá el
carácter de antijurídico y en consecuencia será indemnizable, si cumple una serie de
requisitos como lo son, el de ser personal, cierto y directo, tal y como lo explica
Mazeaud:

“Es un principio fundamental del derecho francés, aun cuando no esté formulado en
ningún texto legal, que, para proceder judicialmente, hay que tener un interés: «Donde
no hay interés, no hay acción». Una vez establecido el principio, ha surgido el

19 Índice 00009 del expediente digital de primera instancia, certificado 4B0539AFA719162D 51323CA2D1AB0B38

86002950DF1EB084 C257509ED5E03319, carpeta “03Segunda Instancia”, carpeta
“05001333301320150138301_T134006131363960682”, carpeta “Cuaderno principal”, archivo
“021Sentencia_013201501383Desalojo”.

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esfuerzo para calificar ese interés que es necesario para dirigirse a los tribunales:
debe ser cierto, debe ser personal. Pero se agrega: debe ser «legítimo y jurídicamente
protegido» […]” (…)

Sin embargo, el daño objeto de la reparación sólo es aquel que reviste la
característica de ser antijurídico. Se considera como tal, aquél que la persona no
está llamada a soportar puesto que no tiene fundamento en una norma jurídica, o lo
que es lo mismo, es aquel que se irroga a pesar de que no exista una ley que justifique
o imponga la obligación de soportarlo.

En cuanto al daño antijurídico, la jurisprudencia constitucional señala que la
“antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta
desplegada por la Administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de
la víctima” (…) Negrilla y subrayado fuera del texto original.

Es importante precisar, que el juez de primera instancia no realizó un análisis
específico sobre este aspecto. Sin embargo, en sus apreciaciones destacó que el
Municipio de Buriticá era responsable por la demolición de las mejoras de propiedad
del demandante “pues se les causó un daño antijurídico en los términos del artículo
90 de la Constitución Nacional dado que dicha operación se surtió supuestamente en
cumplimiento de un acto administrativo del cual no se tuvo conocimiento de su
existencia lo cual hace que la misma se haya realizado de forma irregular””.

En este punto, el tribunal puso de presente que el municipio de Buriticá sustentó su
recurso de apelación en la inexistencia de un daño antijurídico, al considerar que el
desalojo y la demolición del inmueble constituían medidas necesarias para salvaguardar
la vida e integridad de sus ocupantes. Al respecto la autoridad judicial indicó:

“Sea lo primero indicar que es deber de la Sala valorar conjuntamente los elementos
probatorios, de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

Ahora bien, del certificado de tradición y libertad visible a folios 343 a 344 y la escritura
pública No.345 del 16 de marzo de 2012 (Fl.365 a 366), se desprende que, el
demandante Alonso de Jesús Bedoya Caro adquirió en un 0.67% los derechos y
acciones vinculados al inmueble denominado Las Maravillas ubicado en la vereda Los
Asientos del Municipio de Buriticá Antioquia.

Así también del interrogatorio de parte, el certificado de registro mercantil, el oficio
visible a folio 62, las facturas de servicios públicos que obran a folios 53 a 61 y 63 a
74, se infiere que en dicho lote de terreno existían inmuebles que eran destinados por
los demandantes para vivienda y actividad comercial.

En el Acta 01 de 2013, quedó plasmado que el secretario de Planeación del Municipio
de Buriticá en reunión reportó la existencia de construcciones en el ente territorial sin
la presentación de permisos, capacidades técnicas y con violación a las leyes de
urbanismo y según su manifestación “debido a la topografía del municipio y al EOT
esta zona se encuentra en amenaza media alta por deslizamiento en la cual requieren
de obras de mitigación y en los casos donde se realizan estas obras las sobrecargan
con los materiales de la mina generando deslizamientos en diferentes bocaminas”.

Mediante Decreto No.089 del 19 de octubre de 2013, el Municipio de Buriticá, declaró
la calamidad pública con sustento en un deslizamiento que se presentó en el sector
“San Román, vereda Los Asientos”, el incremento desmedido de la minería ilegal y el
aumento de “construcciones sin la presentación de permisos”.

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En Acta No.02 de 201332 se detalló el plan de acción ante la referida calamidad
pública, entre los cuales se incluyó el rescate del deslizamiento que se presentó, el
soporte jurídico, el aspecto técnico (mapa de riesgo) y componente social.

El Departamento de Antioquia, a través del Decreto No.4907 del 2013 decretó una
urgencia manifiesta para conjurar la emergencia que se presentaba en el Municipio
de Buriticá, cuyo fin era salvaguardar la vida e integridad de las personas ubicadas
en las zonas de riesgo de ese municipio. En ella se especificó que, “(…) al consultar
la zona en la norma NSR10 norma sismorresistente se encuentra que el municipio de
Buriticá es una zona de amenaza sísmica alta lo que confirma la gran vulnerabilidad
y fragilidad del sector situación que configura el sector como de riesgo alto”.

En el marco del referido decreto, el Departamento de Antioquia suscribió el contrato
de servicios No.2013-SS-26-002334 con la Corporación Ayuda Humanitaria para “la
atención e intervención para (sic) la evacuación por emergencia en el municipio de
Buriticá con el fin de salvaguardar la vida e integridad de las personas ubicadas en
zonas de alto riesgo”.

En el mes de octubre de 2013, el Departamento Administrativo del Sistema de
Prevención, Atención y Recuperación de Desastres DAPARD, envió a la vereda Los
Asientos a un geólogo, dos ingenieros de minas, un tecnólogo de la Agencia Nacional
Minera y un ingeniero geólogo; quienes luego de analizar y recorrer la zona
concluyeron en su informe que “el área total que encierra el perímetro de alto riesgo
en la vereda Los Asientos corresponde a 381.363 metros cuadrados, equivalente a
38.13 hectáreas.”. Dentro de sus recomendaciones estaba el “demoler todas las obras
construidas en gaviones y en costales que superen los dos metros de altura” y “aislar
toda la zona de alto riesgo (…)”.

Es importante resaltar que, si bien no se aportó la Resolución No. 208 del 18 de
noviembre de 2013 por medio de la cual el Municipio de Buriticá ordenó el desalojo y
demolición de las construcciones realizadas en terrenos de alto riesgo y sin los
requerimientos legales, lo cierto es que, es imposible negar o poner en duda su
existencia como lo expresó el a quo, ya que, tal acto administrativo es mencionado
en la motivación del Decreto No.139 de 2013, en el oficio visible a folio 160, en la
Resolución No.1311-6870 del 5 de noviembre de 2013 mediante la cual la
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia impuso como medida
preventiva “la suspensión inmediata de cualquier tipo de intervención y/o actividad
relacionada con minería informal en el sector San Román vereda Los Asientos del
municipio de Buriticá, departamento de Antioquia (…)”, en el Decreto No.139 del 13
de diciembre de 2013 “Por medio de la cual se prorroga una calamidad pública en el
municipio de Buriticá Antioquia” y en el balance de operación efectuada por el
Departamento de Antioquia”20.

No obstante, el juez ordinario de segunda instancia sostuvo:

“De otro lado, los demandantes en sus declaraciones aseguraron que previo a realizar
las construcciones en el lote objeto de intervención, no solicitaron licencia de
construcción y ello se corroboró con el Oficio No.0000726 del 14 de junio de 2017 que
indicó:

“(…) Revisado cuidadosamente el archivo de la secretaría de Planeación no reposa
ningún documento o resolución por medio del cual se le haya otorgado licencia de
construcción al señor ALONSO DE JESÚS BEDOYA CARO Y OTROS (…)”

Ahora, sobre la demolición que se llevó a cabo en el inmueble que poseían los
demandantes, el Municipio de Buriticá aceptó su ocurrencia en la contestación de la
demanda así:

20 Ibid.

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“en cuanto a la demolición de la casa de la familia Bedoya Bedoya si bien es cierto.
Este es un hecho que sí ocurrió, pero en modo alguno fue arbitrario ni
desproporcionado”

Visto lo anterior, la Sala encuentra acreditado el daño, pero el mismo no es antijurídico
ya que la afectación patrimonial por el desalojo y demolición no es contraria a
derecho, toda vez que el actuar de las demandadas tiene justificación en las
siguientes normas:

La Ley 1523 de 2012 señala:

(…)

De ahí que, los demandantes estaban en el deber jurídico de soportar tal daño,
máxime si se tiene en cuenta que las mejoras que se realizaron en el terreno se
hicieron desconociendo lo establecido en la Ley 388 de 1997 y el Decreto 469 de
2010 (vigente para la fecha de los hechos).

Se encuentra además que no se le impuso una carga desigual respecto a la asumida
por los demás afectados con la decisión de la administración pues contrario a lo dicho
por el juez de primera instancia, los demandantes no fueron los únicos que sufrieron
afectación como se avizora en el balance de operación que obra en el folio 198CD,
páginas 139 a 167”21.

Finalmente, el tribunal puso de presente la sustentación del dictamen pericial aportado
por la actora y citó el siguiente aparte:

“PREGUNTÓ. Frente a esa observación que me puede decir de los bienes aledaños
a donde estaba esa construcción. Hay construcciones, no hay, en qué condiciones
está la zona. CONTESTÓ. Realmente es un sitio donde hay muchas construcciones,
uno se pone a mirar a la calle al frente hay muchas construcciones de tipo residencial
y de tipo mixto (…) cruza uno la calle y ve inmuebles cercanos al inmueble objeto del
litigio. (…) PREGUNTÓ. Observó que existieran otras demoliciones alrededor.
CONTESTÓ. No tuve la oportunidad de ver que estuvieran demoliendo ningún
inmueble alrededor. Todas las edificaciones estaban totalmente construidas no había
ninguna, es más cerca de ahí estaban construyendo. Cerca de ahí no estaban
demoliendo. (…) PREGUNTÓ. Vio usted que el inmueble estuviera en zona de alto
riesgo. CONTESTÓ. No. Vi una zona completamente normal que uno ve la entrada
de un pueblo que ve poquitas casas construidas pero que ve que ya se va ocupando
(…) que yo haya visto zona de alto riesgo, no. De hecho, era una zona con muchísima
vegetación donde yo realmente en mi percepción no noté que el inmueble estuviera
ubicado en zona de alto riesgo (…)”22.

De lo anterior concluyó que esas afirmaciones carecían de sustento técnico, en la medida
en que no era especialista en esa materia. Esto aunado a que la visita se realizó en el
año 2017 y para ese entonces las condiciones del entorno no eran las mismas del año
2013. Por último el tribunal sostuvo que:

“Finalmente, no se allegaron elementos de convicción que dieran cuenta de la
presunta violencia infringida en el desarrollo de la operación o que no se hubiese dado
cumplimiento al procedimiento que detalla la norma y tampoco que no hubiesen sido
parte del plan de acción que brindaba la comisión social del Municipio de Buriticá y el
Departamento de Antioquia y era deber de los demandantes probar los hechos que
sirven de fundamento a las pretensiones, tal y como se señala en el artículo 167 de

21 Ibid.
22 Ibid.

14

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la Ley 1564 de 2012 aplicable por remisión expresa del artículo 306 de la Ley 1437
de 2011” 23.

5.3. El tribunal concluyó que no se acreditó la existencia de un daño antijurídico, debido
a que la demolición y el desalojo del inmueble se realizaron en el marco de una
declaratoria de calamidad pública y urgencia manifiesta adoptada por el municipio de
Buriticá y el departamento de Antioquia en el año 2013, como consecuencia de
deslizamientos, minería ilegal y construcciones levantadas sin permisos en zonas de alto
riesgo. Para arribar a dicha conclusión, valoró de manera conjunta pruebas
documentales, periciales y testimoniales que acreditaban la existencia de construcciones
destinadas a vivienda y actividad comercial, así como múltiples actuaciones
administrativas y técnicas encaminadas a proteger la vida e integridad de la población.

La autoridad judicial destacó que, a partir del estudio de actas, decretos e informes
técnicos, se evidenciaba que la zona de “Los Asientos” presentaba amenaza sísmica alta
y grave riesgo de deslizamiento, razón por la cual se ordenaron medidas de evacuación,
aislamiento y demolición de estructuras peligrosas. Asimismo, señaló que, aunque no se
aportó la Resolución núm. 208 del 18 de noviembre de 2013, mediante la cual se habría
ordenado el desalojo y demolición, su existencia se encontraba acreditada indirectamente
a través de múltiples actos administrativos y documentos oficiales que hacían referencia
expresa a ella.

A partir de lo anterior, se advierte que la autoridad accionada, con fundamento en el
material probatorio obrante en el expediente y en las medidas adoptadas al amparo de la
Ley 1523 de 2012, concluyó que la actuación estatal respondió a una finalidad legítima
de prevención y protección de la población frente a un riesgo grave e inminente, razón
por la cual descartó la configuración de un daño antijurídico imputable a las entidades
demandadas.

Pues bien, los elementos señalados en precedencia le permiten a la Sala inferir, con
claridad, que el debate planteado en este caso fue adecuadamente examinado por el juez
competente. Asimismo, no se advierte que la decisión haya sido adoptada de manera
arbitraria, carente de respaldo probatorio o desprovista de sustento normativo, ni que
durante el trámite del proceso ordinario se hubieran vulnerado los derechos
fundamentales de la parte actora.

Sobre el particular, resulta pertinente recordar que, en relación con la carga
argumentativa y explicativa que recae sobre quien acude a la acción de tutela, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado que no basta con la simple
invocación de la vulneración de los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia. Por el contrario, para entender acreditado el requisito general
de procedencia relativo a la relevancia constitucional, se requiere demostrar: (i) la
existencia de la afectación; (ii) su carácter desproporcionado; y (iii) su naturaleza
arbitraria. En consecuencia, quien acude al amparo constitucional debe aportar
elementos suficientes que permitan al juez advertir la configuración de una vulneración24
iusfundamental.

23 Ibid.
24 Sentencia SU-215 de 2022.

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Por lo tanto, es claro que no basta con formular afirmaciones encaminadas a obtener la
acogida de una determinada tesis, sino que se requiere que la parte actora estructure sus
reparos desde una perspectiva genuinamente constitucional y los vincule de manera
concreta con los derechos fundamentales que considera vulnerados.

5.4. Ahora bien, respecto al defecto fáctico alegado por la parte accionante a la luz del
requisito de relevancia constitucional, es preciso recordar que la Corte Constitucional ha
señalado que este se configura cuando “resulta evidente que el apoyo probatorio en que
se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado
(...)”25 o cuando “se hace manifiestamente irrazonable la valoración probatoria hecha por
el juez en su providencia”26.

En esa medida, la indebida valoración de las pruebas, ya sea desde su dimensión positiva
o negativa27, solo adquiere relevancia constitucional cuando el yerro es ostensible,
flagrante y manifiesto, y tiene la entidad suficiente para incidir en el sentido de la decisión
adoptada28. Por ello, para que se configure este defecto es indispensable identificar la
prueba que no fue valorada o que fue apreciada de manera irrazonable, así como
demostrar que tal irregularidad tenía la potencialidad de modificar el resultado de la
decisión judicial cuestionada.

Bajo ese entendido, la Sala advierte que la parte actora sostuvo que la autoridad judicial
incurrió en un defecto fáctico al no valorar adecuadamente la ausencia de un acto
administrativo particular que ordenara la demolición del inmueble y garantizara el debido
proceso. Señaló que, aunque en el expediente obraban resoluciones y actos relacionados
con la declaratoria de emergencia y problemas de orden público, no existía una decisión
específica, motivada y notificada a los propietarios que autorizara la demolición de la
vivienda. No obstante, los convocantes no desarrollaron argumentos dirigidos a
demostrar de qué manera el análisis realizado por la autoridad judicial vulneraba sus
garantías constitucionales, pues se limitaron a exponer su teoría del caso, en el sentido
que apoyara sus pretensiones de éxito.

En ese orden, los argumentos relacionados con la configuración de un defecto fáctico no
exponen una irrazonabilidad en la interpretación probatoria que el Tribunal Administrativo
de Antioquia efectuó, sino que pretenden, nuevamente, insistir en mostrar una solución

25 Corte Constitucional, sentencia T-393 de 2017, T-567 de 1998, reiterada en sentencias como la T-555 de 1999, T-

1100 de 2008, T-781 de 2011, entre otras.
26
Corte Constitucional, sentencia SU-399 de 2012.
27 Corte Constitucional, sentencia T-385 de 2018. “La Corte Constitucional ha identificado dos dimensiones en las que

se puede apreciar el defecto fáctico: 1.) La dimensión negativa del defecto fáctico, según aquella, abarca supuestos
como los siguientes: i) ignorar o no valorar, injustificadamente, medios de prueba trascendentales frente a la decisión
adoptada; ii) decidir al margen de las pruebas que le hubieren impedido la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la providencia; iii) no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en los que el juez se encuentre
habilitado legalmente para hacerlo, y siempre que de las circunstancias del caso se derive la obligación de hacerlo
para esclarecer hechos oscuros o difusos. 2.) La dimensión positiva del defecto fáctico puede abarcar supuestos
tales como: i) valorar pruebas ilícitas, siempre que las mismas hubieren sido determinantes del sentido de la
decisión; ii) decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conduzcan a demostrar los hechos en que se
fundamenta la providencia judicial que se cuestiona en tutela”.
28 Sentencias T-442 de1994 y T-456 de 2010.“(…) El error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad

que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de
tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia, porque ello sería contrario al principio
de que la tutela es un medio alternativo de def ensa judicial, aparte de que se invadiría la órbita de la competencia y la
autonomía de que son titulares las otras jurisdicciones.(…)”. (Resaltado de la Sala).

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distinta al caso concreto de manera favorable a los intereses de los tutelantes, pues no
advierten reparos concretos en contra del análisis realizado por la autoridad judicial.

Lo expuesto resulta suficiente para que la Sala se releve del análisis de este cargo, en la
medida en que la solicitante no desarrolló sus argumentos en función del defecto fáctico
invocado, pues su reparo se circunscribió en señalar que existió un yerro probatorio, pero
omitió explicar con claridad en qué cambiaría la decisión tal circunstancia.

5.5. En cuanto al cargo por desconocimiento del precedente, la Sala precisa que el
precedente29 se constituye en un pilar del Estado de Derecho, pues busca asegurar la
coherencia en la aplicación del ordenamiento jurídico, a través de las decisiones judiciales
que sean razonablemente previsibles. Por su alcance, se constituye en una herramienta
de protección de los principios de la confianza legítima y la buena fe al momento de
resolver un caso sometido a su jurisdicción.

Adicionalmente, su origen radica en la autoridad judicial que lo crea, por lo que existen dos
clases de precedente a saber: el horizontal y el vertical. El primero, comprende “aquellas
sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador judicial”;
mientras que el segundo, “se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias
superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a
nivel constitucional. Así, para la mayoría de los asuntos, el precedente vertical que deben
seguir los funcionarios judiciales es determinado por la Corte Suprema de Justicia o por
el Consejo de Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción. En los
casos en los que no son susceptibles de ser revisados por las autoridades mencionadas,
son los tribunales los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los
operadores judiciales inferiores”30.

Según lo expuesto, y a partir de la revisión de la jurisprudencia citada en el escrito de
tutela, se advierte que, si bien se trata de pronunciamientos judiciales que abordaron
situaciones similares a la planteada en la presente acción constitucional, ello, por sí solo,
no permite concluir que constituyan precedente con fuerza vinculante y obligatoria en los
términos de una sentencia de unificación. Por tanto, no puede afirmarse que dichas
providencias configuraran un precedente en el cual el juez natural estuviera obligado a
fundamentar su decisión, máxime cuando no existe una posición jurisprudencial unificada
sobre la materia, circunstancia en la que prevalece el principio de autonomía judicial.

Sumado a lo anterior, la parte accionante no desarrolló un análisis metodológico y
comparativo que permitiera establecer la identidad fáctica y jurídica entre los fallos
invocados y la providencia aquí cuestionada, ni demostrar la eventual inaplicación de una
regla jurisprudencial de unificación.

En efecto, el respeto al precedente exige no solo la referencia a decisiones previas, sino
también la exposición clara, estructurada y suficiente de los puntos de coincidencia entre
los casos analizados, con el propósito de demostrar que la providencia objeto de censura
se apartó injustificadamente de la jurisprudencia aplicable. En el presente asunto, la

29 Sentencia SU 113/2018 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
30 Ibid.

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ausencia de un estudio detallado sobre los elementos de similitud impide verificar la
existencia de una contradicción entre la decisión cuestionada y el precedente alegado.

Por consiguiente, no se advierte el cumplimiento de una carga argumentativa suficiente
que sustente el cargo formulado, circunstancia que imposibilita adelantar un análisis de
fondo sobre este aspecto en sede de tutela.

Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela promovida por la
parte actora está encaminada a prolongar el debate surtido dentro del medio de control
de reparación directa, en tanto reitera argumentos de naturaleza legal y probatoria ya
discutidos en el proceso ordinario, sin exponer de manera concreta las razones por las
cuales la providencia cuestionada vulneró los derechos fundamentales invocados. Tal
pretensión desborda la órbita de competencia del juez constitucional, pues, como se
indicó previamente, la decisión censurada se encuentra amparada por el principio de
autonomía judicial.

5.6. Al margen de lo expuesto, esta judicatura advierte que la parte actora incorporó en
el escrito de impugnación nuevos argumentos encaminados a que se efectuara un
análisis desde la perspectiva de un supuesto defecto sustantivo y de la condición de
personas desplazadas por la violencia, pese a que tales aspectos no hicieron parte del
objeto de debate dentro del proceso ordinario ni fueron planteados en la solicitud inicial
de amparo.

Asimismo, formuló nuevas pretensiones dirigidas a: (i) ordenar al municipio la inclusión
inmediata de los accionantes en un programa de reasentamiento efectivo o, en subsidio,
el reconocimiento de un subsidio de vivienda que garantizara condiciones iguales o
superiores a las existentes antes de la demolición del inmueble objeto de controversia; y
(ii) disponer el inicio de un proceso de concertación orientado a la indemnización de los
perjuicios materiales y morales derivados de la operación administrativa de demolición,
al considerar que dicha actuación, aun bajo el contexto de emergencia, impuso una carga
excepcional y desproporcionada sobre sujetos de especial protección constitucional.

Sobre el particular, esta judicatura precisa que tales argumentos y pretensiones no
pueden ser objeto de análisis en esta instancia, toda vez que no fueron expuestos desde
la presentación de la acción de tutela y su incorporación posterior implica una
modificación de la causa petendi inicial y del marco fáctico y jurídico sometido a
consideración del juez constitucional.

5.7. Pues bien, es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria,
por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión
proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que
ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera
una instancia adicional a lo ya surtido.

18

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07268-01
Accionantes: Alonso de Jesús Bedoya Caro y otros

Para el efecto, se reitera que el hecho de que la parte accionante no esté de acuerdo con
el análisis probatorio realizado por el Tribunal Administrativo de Antioquia no habilita para
que el juez constitucional interfiera en la apreciación realizada por la autoridad judicial,
en tanto, no se vislumbra que los argumentos de la solicitud de amparo sean de carácter
constitucional, sino que, se insiste, pretenden reabrir un debate que ya fue zanjado por
el juez de instancia.

En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada 31, lo que se opone a que use indebidamente como
una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario 32.

5.8. En consecuencia, la Sala procederá a modificar la decisión proferida en primera
instancia el 5 de marzo de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, para en
su lugar declarar la improcedencia de los cargos por no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 5 de marzo de 2026 por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción
de tutela promovida por Alonso de Jesús Bedoya Caro, Luz Patricia Bedoya, Juan
Esteban, Johan Santiago y Walter Alonso Bedoya Bedoya contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia-Sala Quinta de Oralidad, conforme a lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
SABF

31 SU-215 de 2022.
32 Ibid.

19

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